jueves 15 de setiembre de 2016
EL CEPA REGISTRÓ 13.658 CESANTÍAS EN AGOSTO
Los despidos, sin freno
Agosto fue el mes en el que el Estado volvió a echar trabajadores. Se mantiene la intensidad con la que se destruye el empleo desde la asunción de Cambiemos.
Por Laura Vales
La pérdida de puestos de trabajo sigue sin freno a la vista. En agosto, otras 13.658 personas fueron echadas o sufrieron suspensiones. El número refleja que la intensidad con la que se destruye el empleo se mantiene, ya que mientras que en junio se produjeron 11.721 casos, en julio fueron 15.137 y el mes pasado sumaron 13.658. "Esto muestra la falacia del acuerdo del presidente Mauricio Macri con los empresarios", señalaron en el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que realizó el relevamiento: independientemente de la vigencia del acuerdo que en teoría suspendía los despidos por 90 días, desde mayo a julio, el promedio de cesantías mensuales no tuvo grandes cambios. Agosto fue, también, el mes en el que el Estado volvió a echar gente.
"En julio los despidos en el sector público habían sido poco significativos, pero se activaron en agosto, tanto en la Nación como en la provincia. Estos despidos sucedieron con anterioridad a que el propio Ministerio de Modernización anunciara que habrá una nueva revisión de los contratos", apuntó Hernán Letcher, director del CEPA.
El centro viene haciendo un seguimiento de la situación laboral mes a mes. Desde la asunción del macrismo, los despidos y suspensiones acumulados llegan a 208 mil. De ese total, el 66,07 por ciento ( 137.483 casos) corresponden al sector privado y un 33,93 por ciento (70.597 casos) a trabajadores del Estado.
"La nueva ola de despidos del sector público, junto con la continuidad en despidos de la industria y los servicios, lejos está de mostrar un cambio de etapa hacia el 'segundo semestre' sino antes bien refleja la agudización de las tendencias evidenciadas en los primeros 7 meses de gobierno", advierten los investigadores.
Secuencia. Como se recordará, los despidos tuvieron como señal de largada la decisión del presidente Macri de impulsar las cesantías masivas en la administración pública. Con el argumento de "limpiar de ñoquis" o militantes de La Cámpora al Estado, más de 60 mil contratados quedaron en la calle durante el verano. Pero ya en marzo, las cesantías del sector privado superaban a las del sector público. En los meses siguientes, las pérdidas de puestos de trabajo en el orden privado no ganaron peso: pasaron de representar el 56,84 por ciento del total en ese mes al 61,22 en abril, 61,83 en mayo, a 62,96 en junio, 65,34 en julio, y 66,07 en agosto. En ese mismo período, las del sector público (en el nivel nacional, provincial y municipal) redujeron su participación del 43,16 en marzo a un 33,93 en agosto. Sin embargo, en este último mes se registró la vuelta de los los despidos en el Estado. En julio habían sido sólo 988 despidos; en agosto fueron 3.205.
¿Dónde? En el orden nacional, resaltan 200 casos de despidos en el Ministerio de Educación y más de 250 del call center del Ministerio de Energía. Además, hubo 800 ingresos suspendidos en el Conicet a pesar de haber ganado los concursos. En las provincias hubo despidos entre los estatales de Córdoba, los talleristas culturales de Tierra del Fuego y los capacitadores educativos de Jujuy, además de casos en la Dirección de Lucha contra la violencia hacia la Mujer y la Trata de Personas de Córdoba y en el Hospital Pediátrico del Chaco.
En la industria. Los textiles tuvieron otro mes difícil. Como resultado de la apertura importadora sufrieron un nuevo ajuste en la producción, con más de mil cien suspensiones. Alpargatas ha suspendido 150 personas en su planta de Florencio Varela y Karavell ha hecho lo propio en Mercedes. Los despidos registrados fueron 124, pero el número real podría ser más alto, si se considera que es un rubro con altos índices de trabajo en negro. También fueron golpeados los metalúrgicos y los trabajadores de automotrices (entre otros, hubo suspensiones en Ford, Volkswagen y FIAT, y despidos en Renault). Las empresas de electrodomésticos y artículos electrónicos encabezaron el ranking de despidos (más de 800), como uno de los efectos de la baja en el consumo interno.
Comercio. Por el mismo motivo, los trabajadores de Comercio son los que perdieron más empleos en Servicios, aunque en general se ve que este sector tuvo una nítida baja de los despidos con respecto al mes anterior.
CRUCE DE MIRADAS ENTRE STURZENEGGER Y EL MINISTRO DE
HACIENDA EN TORNO DE LA INFLACIÓN
Prat-Gay se entusiasma con la cuenta regresiva
"La inflación está bajando en escalera: 4, 3, 2, 1", se ilusionó el ministro. El titular del Banco Central, que integró otro panel, advirtió que "el riesgo que tenemos con respecto a la inflación es la complacencia".
Alfonso Prat-Gay le habla a la platea. Roca, desde el viejo billete de 100, mira para otro lado. Evita no fue invitada al evento.
Por Cristian Carrillo
El enfrentamiento de criterios entre el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, en torno al tema de la inflación tuvo ayer un nuevo capítulo. "Si barremos la incidencia de tarifas, la inflación de agosto se ubicó en 0,9 por ciento, con lo cual está bajando al estilo escalera en los últimos meses: 4, 3, 2, 1", aseguró el ministro ante el público empresario. Prat-Gay incluso fue más allá con sus conceptos y consideró que no será necesario reabrir las paritarias con niveles de inflación en torno al uno por ciento. Más tarde, en un panel sobre calidad institucional, Sturzenegger dijo que "una inflación de uno por ciento mensual no le sirve a Argentina". "El riesgo más grande que tenemos hoy con respecto a este tema es la complacencia", remató el banquero.
Las diferencias entre ambas posturas se hicieron evidentes en las últimas semanas y hasta merecieron una mención del propio Presidente durante la apertura del Foro que se desarrolla en el Centro Cultural Kirchner. Sturzenegger volvió a explicar ayer su visión. "Cuando el Banco Central establece una posición disonante con el Ejecutivo, se confunde la sociedad y lo ve como algo negativo cuando es una señal positiva", sostuvo el banquero. Pero los inversores no lo ven de la misma manera. Tanto en Estados Unidos como en Europa, jurisdicciones desde donde el macrismo pretende que llegue la lluvia de inversiones, la autoridad monetaria y la cartera económica trabajan en tándem.
En tanto, en un discurso que tuvo varios puntos de contacto con el ofrecido por Macri, Prat-Gay resaltó las medidas pro mercado que impulsó el gobierno desde su asunción. "Este es el punto de partida en el que empiezan a madurar algunas decisiones que tomamos y será la confirmación de lo que muchos de ustedes están mirando con demasiada cautela", aseguró el ministro. En los pasillos, el día anterior, este diario había recogido opiniones de empresarios que daban cuenta de una preocupación por la inflación y el costo salarial (ver aparte). Prat-Gay buscó ahuyentar ambos fantasmas, pese a que la medición interanual se mantenga cerca del 45 por ciento. El ministro consideró que la inflación ronda un punto mensual y que los gremios no deberían reclamar una mejora en la paritaria de este año si la medición no supera el 2,5 por ciento, que es el promedio de aumento pactado con las cámaras empresarias. Incluso sostuvo que, en los últimos meses, hubo recuperación de poder adquisitivo a través de las paritarias vigentes.
Sturzenegger fue menos optimista y directo al grano. Incluso utilizó los mismos argumentos de Prat-Gay para contradecirlo. "Venimos de una inflación del 6 por ciento en abril, 4 por ciento en mayo, 3 por ciento en junio, 2 por ciento en julio y casi 1 por ciento en agosto", replicó el banquero central, pero insistió en que se trata de una pelea de largo plazo, con lo que dejó en claro que no modificará la política monetaria en breve. Las altas tasas de interés que determinó el BCRA para frenar la inflación son un condicionante para la inversión. Pero Sturzenegger dijo que "un uno por ciento es un número altísimo". "Cuando la inflación llega al 1 por ciento es cuando los países serios inician la batalla para bajarla", alertó. Pero sostuvo que el camino que se recorre es el correcto.
Respecto de los números de agosto, subrayó la incidencia del revés judicial sobre el aumento de las tarifas. "Un 1 por ciento en agosto y no digo deflación, porque la diferencia es la reversión del aumento de tarifas que, probablemente, vuelva a darse vuelta dentro de unos meses", aclaró Sturzenegger, quien agregó que "la expectativa de la inflación se va a coordinar a la baja en base a la credibilidad del Banco Central".
En su discurso, más temprano, Prat-Gay aseguró que "las cosas se van ordenando". Insistió sobre "la situación heredada" del gobierno anterior y destacó que el actual gobierno eliminó "con responsabilidad todas las restricciones cambiarias, y lo hicimos bien". "A pesar de quienes decían que el tipo de cambio iba a subir fuertemente", aseguró el ministro, pese a la evidencia de un dólar que subió 60 por ciento.
COINCIDENTES PROPUESTAS DE REFORMAS LABORALES DE TRIACA
Y CEO EUROPEOS
La flexibilización como anzuelo
El ministro Jorge Triaca puso su cartera a disposición de los directivos de corporaciones europeas que reclamaron flexibilizar las normas laborales. "Combatir la informalidad", ayer sinónimo de eliminar la competencia de pequeñas empresas.
Jorge Triaca, con visión empresaria. "El objetivo es recuperar los niveles de productividad".
Por Cristian Carrillo
La flexibilización laboral será una de las prendas de negociación para atraer al capital extranjero. Durante el Foro de Negocios e Inversiones del gobierno se organizó una mesa plenaria en la que participó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, junto a un grupo de CEO de empresas europeas que pidieron una flexibilización de las normas laborales. Triaca reconoció que la negociación salarial en el país se lleva buena parte de la discusión, pero consideró que cuando baje la inflación habrá que debatir cuestiones relacionadas "con las condiciones de trabajo en cada ámbito, como los procesos de producción, las mejores dotaciones y temas asociados como el financiamiento, la burocracia y el impacto de los impuestos". Para ello consideró necesario que se realicen modificaciones a los convenios laborales colectivos. Los empresarios que lo acompañaron hablaron sin eufemismos: "Necesitamos más flexibilidad, combatir la informalidad y reducir el peso de los impuestos porque en ciertas zonas es difícil competir", dijo Francis Mauger, director ejecutivo de Carrefour France.
El evento careció de un espacio de debate sobre temas laborales, en el que hubiera lugar para la mirada de referentes gremiales. En su defecto, disertó Triaca, rodeado de empresarios, a los que les prometió: "las puertas del Ministerio estarán siempre abiertas". En otro gesto de pleitesía, consideró necesario dar previsibilidad a los empresarios para generar condiciones objetivas de creación de empleos, e incluyó en la agenda oficial la actualización de "convenios laborales colectivos escritos hace 40 años, en otros sistemas productivos que no contemplaban los avances tecnológicos".
El ministro aseguró que "el nivel de empleo es aún muy bajo en relación con otros países de la región" y agregó que se enfrenta "una situación de informalidad muy grande". "Más de 30 por ciento de la población sigue sin cobertura de seguridad social ni contribuciones al sistema de salud", dijo Triaca. El funcionario definió que "el objetivo es recuperar niveles de productividad, que son hoy en las empresas grandes un 65 por ciento superiores a la de las pymes". También envió un mensaje a los gremios. "Los sindicatos tienen mucho poder, también capacidad de generación de empleo y cuidado de los derechos laborales, pero extendiéndolos al conjunto de los trabajadores, y no sólo a los sindicalizados", concluyó el ministro de Trabajo.
Las definiciones de los CEO fueron más contundentes. David Herranz, de Adecco Argentina, filial de la consultora en recursos humanos con sede en Zurich, Suiza, destacó que las empresas necesitan "políticas claras y previsibles para crear empleos formales". "La informalidad es una lacra que acepta América latina y en menor medida la Argentina, donde están las mejores universidades de la región, pero el desempleo joven ronda el 20 por ciento", alertó. "Se puede hacer mucho más para la formación en el empleo, con lo cual el empresario mejora la productividad y empleabilidad", agregó. El CEO de Adecco llamó también a capacitar a desempleados e informales para cubrir la necesidad de industriales que no encuentran personal.
Miguel Kozuszok, presidente para Latinoamérica de la multinacional anglo-holandesa Unilever, advirtió que "el primer factor para que se afiance la inversión tiene que ver con la seguridad legal y las reglas de juego, ya que las compañías no tienen problemas para lidiar con la macro o la microeconomía y las crisis globales, sino cuando suman inseguridad jurídica". El titular de Unilever admitió que "los sindicatos están preocupados o sospechosos de que mayor flexibilidad puede implicar pérdida de trabajos", pero aseguró que "con diálogo y acuerdos todos seguimos ganando".
El director general de Carrefour insistió en que se necesita "más flexibilidad, combatir la informalidad y reducir el peso de los impuestos, porque en ciertas zonas es difícil competir". Juan Rosell, presidente de la Confederación de Organizaciones Empresarias de España y vice de Business Europe, relacionó la generación de empleo con la creación de empresas, que nacen pequeñas o informales y después crecen y se formalizan. Destacó que el problema de la informalidad existe aun en países desarrollados como Alemania e Italia, y se combate por vía del "convencimiento".
MIGUEL BRAUN DESTACÓ EL AVANCE DE LAS NEGOCIACONES CON
LA UE PARA UN CONVENIO DE LIBRE COMERCIO
Acuerdo con Europa, en dos años máximo
"Los optimistas como yo pensamos que en un año puede cerrarse el acuerdo de libre comercio con Europa; según los pesimistas, en dos años", afirmó el secretario de Comercio en el foro de inversiones. Pagani, de Arcor, pidió bajar impuestos.
Miguel Braun, secretario de Comercio, compartió panel con el titular de Arcor y otros empresarios
Por Javier Lewkowicz
A la hora de analizar la estrategia de atracción de inversiones del macrismo, el secretario de Comercio, Miguel Braun, destacó el impacto que podría tener la celebración de acuerdos de libre comercio con la Unión Europea (UE) y con otros países de la región. "Hemos analizado los casos de México, Chile y Egipto y vemos que la inversión europea creció muchísimo luego de la firma de acuerdos", dijo el funcionario, quien pronosticó que el entendimiento entre ese bloque y el Mercosur se cerrará en no más de dos años. El impacto económico de este tipo de convenios de liberalización no está, ni por asomo, fuera de debate: sobran voces que alertan sobre el efecto negativo al que se expone la industria nacional. Atento a eso, Braun buscó diferenciarse de la estrategia de apertura de los 90. Por otro lado, el presidente de Arcor, Luis Pagani, pidió reducir la carga tributaria, lo que supone, bajo la concepción oficial, equilibrar el presupuesto con austeridad fiscal.
El control de las importaciones fue debilitado apenas asumió Cambiemos y durante el verano hubo una apertura indiscriminada que propició grandes problemas a las empresas locales. Tal fue el daño denunciado durante meses por los industriales nacionales que el Frente Renovador recientemente se puso al frente de esa agenda con un proyecto para frenar durante un tiempo las importaciones que tienen reemplazo por producción nacional. La gestión de las importaciones y las compras públicas en favor de empresas nacionales son dos factores que están sujetos a liberalización con los acuerdos de libre comercio.
"La firma de nuevos acuerdos comerciales como el que estamos negociando con la Unión Europea va a generar un flujo de inversiones en el sector de infraestructura y nos va a permitir insertarnos en las cadenas globales de valor", dijo Braun, y mencionó también que el Gobierno trabaja en la celebración de acuerdos comerciales con México, Colombia y Chile y en un acuerdo bilateral de inversiones con Japón. Como lo hizo en otras oportunidades, Braun aclaró que las reformas "se van a realizar de manera gradual y con toda la gente adentro, porque eso le va a dar sostenibilidad política. No tenemos una visón tecnocrática, queremos que las empresas argentinas sean socias, no como pasó en otro momento". El funcionario anticipó además que "en 2017 va a haber crecimiento económico y con ello vamos a tener más apoyo político". Además, Braun hizo hincapié en la importancia de mejorar el sistema de gestión de trámites en el Estado a través del esquema de ventanilla única.
Luis Pagani, CEO de Arcor, la empresa de alimentos más grande del país, le advirtió a Braun que "hace veinte años que se habla del acuerdo con la UE. No quisiera esperar otros veinte años, Miguel". Arcor, como gran exportador en un rubro donde el país cuenta con ventajas competitivas, sería uno de los primeros beneficiarios de la apertura comercial con la UE. "Los optimistas como yo pensamos que en un año puede cerrarse el acuerdo, según los pesimistas, en dos años", respondió Braun a Pagani. También Pagani advirtió la sombra de la apertura indiscriminada de los 90. "En los 90 tuvimos una mala experiencia por no haber tenido contraparte, no se produjo un ida y vuelta", reconoció. El empresario también criticó la política económica del kirchnerismo y elogió explícitamente a Mauricio Macri.
El hombre de Arcor enfatizó que los costos logísticos y la carga tributaria constituyen dos problemas para el empresariado. "Tenemos dificultad para llegar de la tranquera al puerto y en los últimos años se ha duplicado la carga tributaria. Hemos llevado esta agenda a los distintos ministros", recordó.
Son indicios que dan cuenta de que el megaevento de marketing en el CCK no convence a nadie en sí mismo. En cambio, las empresas buscan obtener ventajas y los funcionarios ofrecer beneficios que implican riesgos y costos. Por su parte, el presidente del banco norteamericano de importación y exportación, Fred Hochberg, dijo a Braun que la institución está dispuesta a financiar proyectos para el país y se mostró complacido de que el macrismo haya cubierto una gran cantidad de cargos ejecutivos con gente que proviene del sector privado.
NVERSIONES CONDICIONADAS
Por ahora sólo miran
Por Javier Lewkowicz
La agenda de inversiones que promociona el Gobierno tiene claroscuros. Los empresarios exigen garantías de beneficios, lo cual supone en general recortes de derechos para la clase trabajadora. También piden máxima seguridad para proteger sus inversiones, que trae aparejado costos adicionales para el Estado. Además, hay muchas formas de invertir en el país, desde la compra de una empresa nacional o la adquisición de tierras, que no tiene impacto favorable sobre el empleo, hasta la puesta en marcha de una nueva fábrica, que sí puede beneficiar el desarrollo. Este diario conversó con varios empresarios sobre las particularidades de cada negocio y las condiciones necesarias para concretar las inversiones.
"Nuestra empresa está en el negocio petrolero argentino desde hace unos cuatro años a través de la importación de equipos de perforación. La idea es potenciar el negocio con el cambio de Gobierno. Empezaremos trayendo manufactura china y en función de todo este ambiente, ver de poner plantas en Argentina para manufacturar acá utilizando tecnología china", explicó Luis Analla, de la compañía china Kerui. Consultado sobre qué medidas concretas esperan de parte del Gobierno para activar las inversiones, el empresario dijo que "los costos laborales acá son altos. Creo que en este evento quedó claro que hay problemas de infraestructura y de costos laborales. Los gremios petroleros tienen que empezar a entender que tienen que trabajar por productividad. Para hacer un negocio rentable en el mundo hablamos de un peso del 20 al 25 por ciento de la mano de obra en los costos. Eso es hacer un negocio, si no pongo la plata en el banco. Acá en Argentina ese porcentaje es del 50 al 60 por ciento". Agregó que "en otros lugares del mundo, el precio del petróleo baja y las empresas bajan la actividad y reducen personal. Eso acá no pasa y es un problema".
La empresa Swarco, de Austria, confecciona sistemas inteligentes para la coordinación del tráfico en las ciudades y está radicada hace cinco años en Buenos Aires. "La idea es crecer más en el país. Nosotros vinimos a ver, no a invertir, es la verdad. La mayoría está en eso, según estuve hablando con gente de Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Hay pocas empresas que van a poner plata ahora, seguramente las grandes, que ya están apalabradas hace tiempo. Vinimos a ver cuál es el ambiente de negocios del país. El clima es muy bueno", dijo el representante local de la empresa. Este diario preguntó en qué consiste ese clima. "Hay un punto principal: una empresa extranjera no va a invertir si no le dan una garantía legal y económica. Puede ser una carta de crédito de un banco internacional, que asegura el repago de la operación. Es como un seguro. Ya sabemos que la política cambia muy rápido aquí. Nadie va a venir a poner plata si esto de las garantías no está resuelto por el Gobierno", agregó.
"Vemos más flexibilidad, baja de impuestos y apoyo del gobierno. Queremos conectarnos más con el mercado argentino en el tema girasol, ya veníamos adquiriendo algo de pescado", contó Salim Hameed, de la empresa Pace International, de Dubai. La firma adquiere productos primarios para fabricar alimentos para animales en otros lugares del mundo. "Nos contactó el embajador argentino en Dubai, dijo que el Gobierno está cambiando muchas cosas, nos dio información y empujó para que viniéramos. Esta mañana vi a varios ministros que hablaron del apoyo del Gobierno a la inversión extranjera, que van a minimizar el riesgo para los inversores y a reducir impuestos. Esto nos va a ayudar", agregó.
OPINIÓN
Afuera de la Ballena Azul
Por Mario Wainfeld
Funcionarios nacionales, apenas llegados al Gobierno, denunciaron que el Centro Cultural Kirchner (CCK) estaba infestado por cucarachas y otras alimañas. Además, carecía de habilitación municipal (o como se la denomine en la Ciudad Autónoma) lo que, en conjunto, generaba asco y temores. Por lo visto, las tareas de desinsectación y apuntalamiento llegaron más rápido que la lluvia de inversiones y la reactivación económica. Seguramente ese fue uno de los incentivos para que el Mini Davos se realizara en el CCK.
Tal vez haya influido, aunque no se diga, que es un formidable edificio público que (guste o no) integra y enriquece el patrimonio nacional. Los invitados VIP también disfrutaron de una velada en el Teatro Colón, otro templo del acervo estatal (en este caso porteño). Dos ejemplos acerca de la importancia de la inversión para fomentar actividades extraeconómicas, culturales, con recursos del erario.
La escenografía importa, a menudo más que los discursos. La lista de no invitados locales es tan ilustrativa como la de asistentes. Casi no hay empresarios Pyme, ni dirigentes de la oposición política, ni sindicalistas. Apenas un puñado de gobernadores, del ala opo oficialista.
El diputado Sergio Massa, líder del Frente Renovador (FR), quedó afuera del ágape a diferencia de lo que ocurrió con el Davos primermundista. Las recientes divergencias del FR con la apertura importadora indiscriminada, los despidos y la baja del salario real seguramente explican el cambio. El kirchnerismo está "naturalmente" raleado del mapa de invitaciones del Gobierno cuyo pluralismo es cada día más angosto. Y los popes sindicales se han puesto irritantes, malestar que crecerá a medida que representen mejor el creciente malestar de sus bases.
La pesada herencia: El prospecto de "venta" de la Argentina (dicho, tal vez, en sentido figurado) ostenta que el país es el primero en el índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, también con puesto número uno en Educación. Asimismo cuenta con "mano de obra de primer nivel, reconocida por sus capacidades técnicas, creatividad y versatilidad". Y ranquea con el segundo puesto en conectividad de la región (65 por ciento de usuarios de Internet).
Dejamos a especialistas calcular con cifras cómo andaban al comienzo del siglo esos índices y el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad y que coloca a la Argentina arriba en el podio. Para esta columna, impresionista e historicista, basta decir que estaban significativamente peor. La malhadada herencia K los mejoró palpablemente merced a políticas que modificaron otros indicadores socio económicos: niveles de desempleo relativamente bajos, niveles salariales y de consumo popular comparativamente altos, aumento de la tasa de afiliación a sindicatos, con varios etcéteras conocidos por quienes leen este diario.
Resulta chocante que el Gobierno celebre los standards educativos y de conectividad: se contradice con su "relato" tanto como con sus políticas públicas. Las diatribas contra la falta de resultados observables del programa Conectar Igualdad, propaladas por el Ministerio de Educación y magnificadas sin beneficio de inventario por el diario Clarín, se dan de patadas con la alegría exhibida a los (potenciales) inversores. Mucho más divergente es el desmembramiento del programa, a través de dos metodologías predilectas de la gestión Cambiemos: los despidos masivos de personal (sin duda capacitado, versátil y creativo) y la asfixia presupuestaria. Desligar a la tasa de conectividad del acceso universal de chicos y chicas en edad escolar es un artilugio de la narrativa oficial.
Los problemas: La desvinculación es más sutil en lo referente a lo que, en el dialecto común de anfitriones y paseantes, se denomina "mano de obra" y que uno llamaría "trabajadores" o algún sinónimo similar. Esa masa goza de derechos superiores a la media regional y también posee apetencias más elevadas. Sus ingresos, la protección contra los despidos arbitrarios, el acceso a la jubilación universal entre tantos. Todo impacta en el "costo laboral" que tanto inquieta al oficialismo y seguramente a los cofrades empresarios extranjeros.
El incordio se disimula en los folletos publicitarios pero es reconocido en los discursos del presidente Mauricio Macri y de los ministros de su equipazo. Por si fuera necesario, lo remachó anteayer el CEO de Techint, Paolo Rocca. Reducir los derechos y los salarios de los laburantes integra la propuesta que se completa verbalmente porque es pianta votos hacerlo constar por escrito.
No hace falta ser lacaniano para saber que lo silenciado gravita tanto como lo explícito. En este caso, tal vez más. Esa es la parte de la pesada herencia que se desea repudiar, en el marco precioso de la Ballena azul.
Ocurre que el macrismo quiere cambiar de paradigma y que ciertos logros de los gobiernos precedentes son un escollo. El "modelo" kirchnerista, pueden admitirlo quienes acuerdan con sus objetivos, encontró límites en sus últimos años. Las herramientas que produjeron avances se mostraron insuficientes para profundizarlos. Se amesetaron el crecimiento, el alto porcentaje de trabajadores informales, entre otras variables sensibles. Era forzoso aggiornarlo, producir reformas de "segunda generación", renovar sus instrumentos. El macrismo ofrece otra receta, que solo puede revertirlos.
Las capacidades de la clase trabajadora, imaginan los populistas, tienen que ver con sus condiciones de vida. Comer bien, disfrutar de vacaciones de vez en cuando, precaverse del frío en invierno o del calor en verano. Para colmo de escándalos, un número apreciable de ciudadanos se creen con derecho a tener buenos televisores o acceder a una motito, un buen aparato de tevé, un auto usado. Ese es el pasado funesto a remover… tal vez uno de los puntos en cuestión sea que la sociedad sea refractaria al retroceso.
Los que conviven en el Mini Davos expresan, caramba, una parcialidad, que podría traducirse en términos de clase. Afuera queda el noventa y tantos por ciento de la sociedad argentina. Thomas Piketty podría comentar que los excluidos del cónclave son minoría si se mide en capitales… pero un estudioso de la democracia o cualquier "puntero" con olfato señalaría que desde el punto de vista electoral sí importan. -
@dos: Los funcionarios oficiales siguen preocupados por los límites que la sociedad civil trata de imponer a los tarifazos. Macri mandó postergar por unos días la imprescindible (y para el Gobierno acuciante) audiencia pública para el gas a fin de despejar de nubes el cielo de los visitante. Comenzará mañana, con movilización sindical entornándola. Posiblemente insuma varios días y aun así ya está impugnada judicialmente porque no bastará para que se expresen todos los sectores con derecho a hacerlo.
Si el turismo de aventura integrara el programa ofrecido a los visitantes ayer mismo hubieran podido costearse a la Plaza de Mayo, sita a pocas cuadras del CCK, y presenciar el "verdurazo". Protesta de productores de economía popular y sintomática presencia de gentes de a pie haciendo cola para llevarse un poquito de comida.
La movida no es aislada, se complementa con las movilizaciones de trabajadores formales, informales (que también se organizan en estas pampas indómitas), usuarios de servicios públicos sin agotar la lista.
Muchos trabajadores hacen huelgas, incluyendo a los docentes, soportes de la educación que al mismo tiempo avergüenza al Gobierno y le sirve de propaganda.
La prensa dominante y los funcionarios macristas se arroban con la fragancia que el dinero no tiene pero sí sus mayores poseedores. Por unos días la Ballena Azul, concebida para auditorios plurales, estuvo solo ocupada por gente linda, gente como uno dirían el presidente y su elenco.
La Vulgata macrista asegura que hay que colmar la copa de los invitados para que ésta derrame sobre la población nacional. He ahí uno de los ejes más relevantes de la discusión política actual, que el macrismo prefiere ocultar hablando solo de episodios del pasado.
Desde fines del siglo XX, desaparecida la alternativa del "socialismo real", el capitalismo convive con las democracias representativas en buena parte del planeta, en tensa dialéctica. En algunos trances históricos la contradicción se aminora, en otros se exacerba. Ahora mismo, cuando el péndulo regional bascula hacia la derecha.
La pregunta del millón es si el "mundo" que se autocelebró dentro del CCK recibirá aprobación y convalidación democrática de todo y todos los que quedaron afuera.
EL GOBIERNO OFICALIZÓ LA DISOLUCIÓN DEL RENATEA Y LA
VUELTA DEL RENATRE
Una ofrenda para el Momo
El Gobierno terminó de dar forma a la anulación del organismo estatal que fiscalizaba el empleo agrario y devolvió esas funciones a Uatre, el sindicato de Venegas. Su administrador será la mano derecha del Momo.
El Gobierno avanzó en la disolución del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) y en el reestablecimiento del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), institución que volverá a funcionar a partir del 1 de enero de 2017. La medida se publicó ayer en el Boletín Oficial, donde también se dispuso la designación de Erica Utrera como liquidadora del Renatea y de Ernesto Ramón Ayala, mano derecha del Momo Venegas, como delegado normalizador del Renatre. Ambos funcionarios tendrán la responsabilidad de realizar una auditoría conjunta sobre los bienes inmuebles, muebles, créditos, fondos, derechos y acciones que se transferirán de un organismo a otro, según lo precisa la normativa oficial.
El Renatea se creó en enero de 2012, como complemento del estatuto del peón rural, con el objetivo de ampliar los derechos de los trabajadores rurales, estableciendo, por ejemplo, la jornada de trabajo de 8 horas. En los cuatro años en que funcionó el organismo, registró a 154 mil trabajadores, dio unas 15 mil coberturas por desempleo y protección a víctimas de trata de personas, abrió 260 puntos de alfabetización y brindó talleres a los trabajadores migrantes sobre sus derechos.
El organismo hizo también operativos de fiscalización que permitieron hallar trabajadores en condiciones cercanas al esclavismo. Dos de los episodios con mayor resonancia son los que detectaron trabajadores en condiciones de extrema precariedad en campos del ex gobernador Ramón Puerta, en Misiones, y en una finca del titular de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere. Estas investigaciones requirieron un trabajo minucioso de la planta calificada de trabajadores.
La Corte Suprema, a finales de 2015, confirmó un fallo de la justicia que declaraba inconstitucional la creación del Renatea, dejando el camino preparado para que el gobierno de Cambiemos ponga en marcha nuevamente el Renatre a regular el sector, un organismo que se caracterizó por hacer "la vista gorda" a situaciones de fuerte precariedad laboral entre los peones rurales.
El libro De patrones y peones. Los aliados esclavistas de Mauricio Macri, del periodista Sebastián Premici, es un aporte para observar las situaciones opacas en las que se desenvolvió el Renatre. En el trabajo se señala que el director de ese organismo, Gerónimo Momo Venegas, titular del sindicato Uatre, tercerizaba en una empresa de sociedad anónima las fiscalizaciones de los trabajadores. Esa firma cobró 10.000.000 de pesos entre 2010 y 2011 para hacer las inspecciones, aunque se denuncia que nunca se llevaron adelante. Del total de los trabajadores registrados que se computaban en los registros del Renatre al 2011, sólo el 40 por ciento estaba efectivamente formalizado ante la AFIP.
El trabajo de Premici pone en evidencia la complicidad del Momo Venegas en los casos de explotación laboral de los peones y tareferos, en la que también participaron empresarios, funcionarios, jueces y medios de comunicación hegemónicos. "En la campaña presidencial de 2015, Macri le había prometido a Venegas que le devolvería el Renatre. Es decir, le entragaría al Momo una formidable caja para ser utilizada políticamente, nuevamente, en detrimento de la vida de cientos de miles de peones rurales", plantea. "Así ocurrió, no sin antes una ayudita de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el Renatea, con el argumento de que los institutos de seguridad social deben ser manejados por los trabajadores. No se tuvo en cuenta el testimonio de los propios peones sobre el accionar oscuro de la Uatre", cierra.
EL CONGRESO APROBÓ LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
Obligados a dar información
En Diputados, el oficialismo y parte de la oposición rechazaron los cambios introducidos por el Senado y aprobaron la ley con 182 votos a favor y 16 en contra. Todos los poderes del Estado deberán brindar información en un plazo de 15 días.
Con una amplia mayoría que incluyó a Cambiemos, el Frente para la Victoria-PJ y el Frente Renovador, entre otras fuerzas, la Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley de Acceso a la Información Pública, que obliga a los tres poderes del Estado a brindar información a todo ciudadano que la solicite en un plazo de quince días. Con 182 votos a favor y 16 en contra, el macrismo logró aprobar su proyecto original y revertir los cambios que habían introducido en la Cámara de Senadores el FpV-PJ y el bloque que responde a Sergio Massa. De este modo, para ser director de la futura Agencia de Información Pública no será necesario contar con acuerdo del Senado y no será impedimento haber ejercido cargos electivos o partidarios, y quedaron excluidas de la obligación de dar información las empresas con participación estatal que coticen en Bolsa.
La ley era una vieja deuda del Congreso, reclamada por ONG y asociaciones civiles, tratada varias veces en ambas cámaras legislativas pero nunca hasta ayer con el consenso suficiente. La obligación de brindar información regirá para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público Fiscal, organismos centralizados y descentralizados, empresas, sociedades estatales y cualquier entidad privada que reciba subsidios o aportes del Estado. La ley crea un órgano de aplicación por cada poder del Estado, con autarquía y con funcionarios elegidos por concurso, y la Agencia ante la cual cualquier persona tendrá derecho a pedir y recibir información.
El interbloque de Cambiemos logró ayer incorporar al temario el debate del proyecto sobre tablas, ya que no contaba con dictamen de comisión y necesitaba dos tercios de los votos para incluirlo en la sesión e insistir con la redacción original. El proyecto había obtenido media sanción en Diputados el 18 de mayo último, con 229 votos afirmativos. La semana pasada, cuando el macrismo se aprestaba a aprobarlo sin cambios en el Senado, el FpV y el Peronismo Federal plantearon críticas que se tradujeron en la aprobación de un proyecto distinto, con 44 votos contra 15 macristas: por un lado, se establecía la obligación de remitir al Senado el pliego del candidato a director de la Agencia, que será propuesto por el Presidente y durará cinco años en el cargo; por otro, se quitaba la prohibición de candidatearse a quienes hubieran ocupado cargos electivos o partidarios; y a partir de un proyecto de la neuquina Lucila Crexell se modificaba además la exclusión de la obligación de dar información a las empresas con capital estatal que cotizan en bolsa como YPF.
Los tres cambios fueron anulados ayer por 182 diputados. En contra de la norma finalmente aprobada se pronunciaron el Frente de Izquierda, el interbloque Progresistas GEN de Margarita Stolbizer, Libres del Sur, el Partido Socialista y el Frente Cívico por Santiago.
"Es un éxito de todos tener finalmente una ley de acceso a la información, aunque es una pena que no se mantuviesen las modificaciones", lamentó el senador Juan Manuel Abal Medina. La radical Karina Banfi consideró que "las modificaciones del Senado no son de fondo"; destacó que la ley corre para los otros dos poderes y que "la Corte Suprema va a tener que presentar las declaraciones juradas (de sus miembros) y además las va a tener que publicar".
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