lunes 26 de setiembre de 2016
¿Suma para sobresueldos?
Por Andrés Klipphan
La causa de la fundación de Michetti. La Justicia investiga en qué se usaba el dinero robado a la vicepresidenta, que era de supuestas donaciones a la Fundación SUMA. Explicaciones que no convencen.
La Justicia ya no investiga a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, solo por el presunto lavado de 245.000 pesos y 50.000 dólares, robados de su casa el 22 de noviembre de 2015, sino también por posibles manejos indebidos de fondos donados a su ONG, la Fundación SUMA. Las explicaciones que hasta ahora brindó para justificar el origen del dinero dejan preguntas sin responder, según entienden el juez de la causa, Ariel Lijo, y el fiscal, Guillermo Marijuán.
La Fundación SUMA fue puesta bajo la lupa porque la dirigente del Pro aseguró que parte del dinero que le hurtaron, según su primera declaración, era para "donaciones". Pero en posteriores declaraciones a la prensa dijo que eran "donaciones que hicieron amigos y allegados para la cena anual de recaudación de fondos de la Fundación SUMA", prevista para el día 30 del mismo mes.
Lijo. El juez investiga dos hipótesis: financiamiento político y sobresueldos.
A pesar del hurto, la noche de gala se llevó a cabo igual y con éxito.
Solo el año pasado por SUMA habrían sido canalizados 4.100.000 pesos.
La investigación ahora está centrada no sólo en verificar el origen de los fondos robados de su casa, sino de todas las entradas y salidas de dinero que se realizaron a través la fundación de Michetti.
SUMA no es una fundación más. Su consejo de administración está integrado por varios popes del Pro: entre ellos el senador Federico Pinedo; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; Silvana Giudici, integrante del directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom); Guillermo Montenegro, embajador argentino en Uruguay, y Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.
El defensor: Ricardo Gil Lavedra
El diputado nacional Juan Cabandié, uno de los denunciantes en la causa contra Michetti por posible lavado de dinero, cree que la Fundación SUMA fue utilizada por los dirigentes del Pro para "canalizar dinero negro para las pasadas elecciones presidenciales" pero también muy posiblemente, tal como le dijo a Veintitrés, "para pagar sobresueldos a los funcionarios del Pro cuando ocupaban cargos públicos en la Jefatura de Gobierno porteña".
Según pudo saber este semanario de fuentes judiciales, estos dos supuestos son analizados por el juzgado de Ariel Lijo. A sabiendas de esto, el magistrado realiza un monitoreo de todas las supuestas donaciones que circularon por SUMA desde su creación, esto es en abril de 2011. En el último escrito presentado en Comodoro Py por Ricardo Gil Lavedra (nuevo abogado de la vicepresidenta de la Nación) se sostiene que el "objeto procesal que surge de la imputación fiscal es solo el dinero sustraído en mi domicilio, sin que se advierta qué relación puede tener esto con las actividades de las fundaciones que se enumeran".
Sucede que Michetti no quiere que los peritos contables del juzgado metan las narices en otras fundaciones vinculadas a funcionarios del Pro, como Pensar, el "tanque de pensamiento" de Mauricio Macri que fue relanzado en 2010 con el objetivo de elaborar "políticas públicas" para el proyecto presidencial.
El "think tank", como le gusta llamarlo al jefe de Estado, es presidido por Francisco "Pancho" Cabrera, ministro de la Producción, y su director académico es Iván Petrella, secretario de Integración Federal y Cooperación Internacional en el Ministerio de Cultura de la Nación.
Las sospechas sobre los desvíos de partidas de dinero a través de estas ONG vinculadas al partido del Gobierno no son nuevas. De hecho, Hernán Lombardi es investigado por supuesta "defraudación" por una denuncia realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), cuando era ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, por el desvío de 1.302.153 pesos en concepto de donaciones a la Fundación Pensar, dinero que debía ser utilizado para actividades culturales pero que, según la denuncia fiscal, se desviaban de su fin originario y terminaban financiando las actividades políticas de la Fundación Pensar.
Defensa. El senador Pinedo fue a la TV pública a defender a la vice.
Por pedido del fiscal Guillermo Marijuán, el juez Lijo también puso bajo investigación otras fundaciones ligadas a dirigentes del Pro: Fundar, Seguridad y Justicia, Creer y Crecer y Formar.
La atención judicial sobre SUMA terminó de acentuarse cuando desde la Inspección General de Justicia (IGJ) le informaron al juez Lijo que la fundación de Michetti no había presentado los balances contables y los certificados de las donaciones entre los años 2011 y 2015.
La documentación debe presentarse de forma anual, del mismo modo que las declaraciones juradas ante la AFIP. Esta violación derivó en allanamientos a la sede de SUMA para secuestrar los libros contables. El resultado fue negativo. Tan solo el 18 de agosto pasado los contadores de Michetti pusieron presuntamente en orden las cosas. Así se lo hizo saber Gil Lavedra al juez en la presentación escrita de la semana pasada.
El juez ya le pidió a la IGJ esas constancias. Ahora viene la parte más engorrosa, contrastar cada ingreso de dinero, corroborar que las donaciones estén acompañadas con la certificación correspondiente y que se hayan cumplido todas las disposiciones antilavado que exige la Unidad de Información Financiera (UIF).
"Las donaciones no se pueden realizar en efectivo. Deben estar bancarizadas. Estamos investigando si este paso se cumplió o no", le dijeron a Veintitrés desde el juzgado de Lijo.
"La fundación SUMA no es una ONG armada entre cuatro amigos para ayudar a un comedor de barrio en la que cada uno pone unos pesos para vender choripán y así juntar unos mangos. A esos cuatro amigos no les vas a pedir que bancaricen las donaciones para comprar un gancho de chorizos. A la Fundación SUMA sí, lo mismo que a cualquier ONG por el estilo", razonaron desde Comodoro Py.
En su primer descargo, la vicepresidenta no informó quiénes habían aportado esos 200.000 pesos para la cena de recaudación. Ahora sí lo hizo. Primero aclaró que en realidad los 200.000 pesos no eran tales, sino 189.500 exactos.
Y sobre su origen precisó que los aportantes fueron "Carlos Diez, Marcelo Domínguez, Claudia Nunia, Marcela Layún, Mario Michetti, Marta Mangas, Gerard Hugon y Alain Dujean, Andrés Ibarra, Marina Klemensiewitz, Francisco Irarrazábal, Hernán Lombardi, Gabriela Ricardes, Daniel Chain y Guillermo Montenegro".
También explicó que "cada uno de ellos aportó cantidades no demasiado significativas, que oscilaron entre $ 2.500, $ 5.000, $ 10.000 y el aporte más elevado fue de $ 15.000".
Ahora el juez no sólo deberá acreditar este hecho, sino la forma en que la plata fue ingresada a la fundación o a las manos de Michetti. En caso de haber sido en efectivo, y no a través de un sistema de pago electrónico, se habrían violado las normas vigentes. Cada persona de la lista, además, debe justificar el origen del importe donado.
Sobre el origen del resto del dinero robado, Michetti mantuvo sus dichos anteriores: los otros 45 mil pesos eran parte de su salario e iban a ser utilizados "para refacciones" en su domicilio particular.
Los 50 mil dólares eran "un préstamo" que le había hecho su pareja, Juan Tonelli, para pagar una maestría de su hijo en los Estados Unidos. Según la funcionaria, ese préstamo estaba volcado en las declaraciones juradas tanto de ella como de su pareja.
Como ya informó esta revista, el novio de Michetti es director ejecutivo de la Cámara Argentina de Medicamentos de Venta Libre (CAPEMVeL). Él mismo se presenta o acepta ser denominado como "lobista" del sector. Desde 2013, además, es director general de la Industria Latinoamericana de Automedicación Responsable (ILAR).
Michetti, también es público, intentó mantener oculta la información acerca del robo ocurrido en su domicilio. Pero tomó estado público a través de un trascendido que realizó el oficial mayor de la Policía Metropolitana David Juan Pablo Cruzado, hasta entonces custodio de Michetti, que fue procesado como autor del atraco.
Cruzado estuvo preso hasta el 16 de junio pasado. Ese día la Sala IV de la Cámara del Crimen confirmó su procesamiento por el delito de "hurto agravado por haber sido cometido mediante el uso de llave, ganzúa o algún elemento semejante, agravado por su condición de policía"; se le trabó embargo por 1.000.069,67 pesos; fijó una fianza de 20.000 pesos y le concedió la excarcelación mientras espera el juicio oral y público.
Después de los allanamientos ordenados por Lijo, la Fundación SUMA quedó bajo la lupa por otras posibles irregularidades que ya no tendrían que ver con el posible lavado de dinero.
No solo no tenía al día sus libros contables, ni los había presentado ante la IGJ desde que se creó. Sus empleados estaban en negro y recibió fondos de contratistas del Estado, como por ejemplo el grupo Farallon, cuyo titular, Eduardo Ramón Gutiérrez, es el propietario de la casa en que vivía el ex secretario de Obras Públicas José López antes de ser detenido tratando de esconder 9 millones de dólares en un convento.
Otros aportantes a la Fundación SUMA son las empresas Microsoft, Techint, Banco Santander Río, Banco Comafi, Banco Macro, Banco Galicia, Grupo Techint, Pan American Energy, Grupo Petersen, Swiss Medical, Louis Dreyfus Commodities, entre otras.
Conocida la ampliación de la investigación hacia las otras fundaciones Pro, Pinedo, presidente provisional del Senado e integrante de SUMA, utilizó la pantalla de la TV Pública desde el programa La quinta pata para defender a la vicepresidenta: "Es muy gracioso que Michetti, que es víctima de un robo, esté imputada. Nadie sabe de qué está imputada. Yo no sé de qué está imputada. Acá nadie dice que cometió un delito. Quieren hacer creer que Michetti es una especie de Al Capone, que mata chiquitos por la noche".
"Los dirigentes políticos del Pro están acostumbrados a financiar su actividad política con este tipo de fundaciones." – respondió desde Radio Continental el diputado Rodolfo Tailhade, denunciante junto con Cabandié, ambos del Frente para la Victoria – "Por eso queremos que se investigue a esa fundación. Queremos saber si cumple con la normativa preventiva de lavado de activos".
Como se ve, en el expediente que se agranda en el despacho de Lijo hay mucha tela para cortar e investigar. Por ejemplo, además de las dudas señaladas, en el juzgado llama la atención que en la foja 415 del expediente, Tonelli, el novio de la funcionaria, declarara que fue él quien llevó "los 200 mil pesos" a la casa de Michetti. Ahora el magistrado lo convocará una vez más para conocer en detalle quién le entregó la bolsa con la plata en efectivo, o si la retiró del banco. Pero, si así fuera, Michetti, deberá explicar algo que hasta ahora no hizo su abogado en Tribunales, y es por qué razón, tal como está establecido, no entregó a la AFIP el formulario RG3166 para donaciones.
Las explicaciones de Michetti y Tonelli no alcanzan para convencer a los denunciantes y al propio juzgado, por más que el senador Pinedo intente ayudarla y trate de victimizarla porque la comparan con el mafioso norteamericano Al Capone, quien terminó en prisión no por ser un gángster sino por evasión impositiva.
Denunciantes
Juan Cabandié
Las explicaciones judiciales todavía no convencen, al menos al diputado Juan Cabandié, quien expresó algunas de sus dudas a esta revista:
- "SUMA hasta ahora no justificó el origen de sus donaciones ni cumplió con las normas antilavado".
- "Michetti y SUMA no cumplieron con las exigencias de la Unidad de Información Financiera (UIF) que exige que las fundaciones que reciben donaciones por más de 50 mil pesos en un lapso de no más de treinta días, deben presentar una declaración jurada anual de información sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Esto se debe realizar ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Obviamente esta obligación es para dar cuenta de la legitimidad del origen del dinero".
- "Los dólares que el empresario Tonelli le habría prestado a Michetti, ¿fueron obtenidos con los permisos correspondientes de la AFIP?"
- "Tonelli es el titular de la empresa Tough Match SRL, desde la cual facturaba al Estado porteño. Es decir que era proveedor del gobierno en el cual Michetti era la vicejefa".
- "¿La maestría que haría el hijo de Michetti cuesta 50 mil dólares? ¿En qué universidad norteamericana la va a realizar?"
- "¿Qué constancias hay en la causa de que los dólares son un préstamo de Tonelli?" l "Michetti declaró un préstamo en su declaración jurada, pero lo hace en pesos (como pide la AFIP) pero con posterioridad al robo".
Rodolfo Tahilhade
No hay comentarios:
Publicar un comentario