lunes 12 de setiembre de 2016
CUAL ES EL PLIEGO DE CONDICIONES QUE BUSCAN IMPONER LAS
COMPAÑÍAS SATELITALES PRIVADAS
Lobby extranjero para barrer con Arsat
La autorización a satélites franceses, holandeses y estadounidenses durante las últimas semanas para operar en el país es sólo la punta de lanza de un programa destinado a desregular el mercado. Un informe de la española Hispasat resume crudamente esos objetivos.
Por Fernando Krakowiak
La decisión oficial de autorizar a SES a brindar servicios en el país con el satélite holandés NSS-806 en la posición orbital 47.5, a la francesa Eutelsat a operar con el satélite Eutelsat 113 WA y a la estadounidense DirecTV a comercializar banda ancha directa al hogar en banda Ka con Spaceway 2 son indicios de una incipiente desregulación de los cielos que pone en jaque a la estatal Arsat. En el Ministerio de Comunicaciones además están a la firma las autorizaciones de los satélites Eutelsat 115 WA, Eutelsat 117 WA y Amazonas 3 de Hispasat, un modelo lanzado en febrero de 2013 que también permite brindar banda ancha directo al hogar en banda Ka. Son varios los funcionarios que presionan para avanzar en esa dirección e incluso en las últimas semanas comenzó a circular por los despachos oficiales un informe de la española Hispasat, al que accedió Página/12, donde se detalla el pliego de condiciones que buscan imponer las multinacionales satelitales de origen extranjero.
El documento, titulado "Impacto de un enfoque de cielos abiertos en la competitividad del mercado de las telecomunicaciones y la inclusión digital", condensa el intenso lobby que las firmas satelitales privadas están realizando sobre el gobierno. El hecho de que haya sido preparado por Hispasat no llama la atención, pues la compañía española tiene un acceso privilegiado a la actual gestión. Hugo Miguel, subsecretario de Planeamiento de la secretaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, área que tiene a su cargo la política satelital, fue hasta el año pasado director de tecnología de Tesacom, empresa de soluciones satelitales asociada a grandes jugadores extranjeros como Hispasat. Además, Eduardo Tallarico, representante legal de Hispasat en Argentina, es asesor del Ministerio de Comunicaciones. Ambos son hombres cercanos a José Antonio Sánchez Elías, referente de comunicaciones de la Fundación Pensar, think tank macrista, y presidente y CEO de Tesacom, quien estuvo a punto de ser designado por el presidente Mauricio Macri como ministro de Comunicaciones hasta que un acuerdo con los radicales llevó a poner en su lugar a Oscar Aguad.
"La tendencia de gran parte de las agencias regulatorias hacia la aplicación del principio `menos es más`, abre el camino a la imposición de menores requisitos reglamentarios a cambio de un mayor acceso a las comunicaciones esenciales, perfilándose la implementación de una política de cielos abiertos, como un mecanismo clave para mejorar la competencia del mercado", señala el documento de Hispasat en su introducción y luego remarca que "la experiencia de los países que disponen de mercados más abiertos, ha demostrado que facilita la entrada de nuevos operadores satelitales, generando un mayor dinamismo del mercado, hecho que repercute positivamente en las compañías distribuidoras del servicio así como, y especialmente, en los usuarios finales". Luego se pone como ejemplo que en Estados Unidos se pueden contratar planes de banda ancha satelital en banda Ku con una velocidad y consumo de datos de entre 10 y 24 veces superiores a los ofertados en Argentina por un precio similar.
El trabajo de Hispasat también resalta las ventajas que tiene la banda ancha satelital por sobre la infraestructura terrestre (fibra, cable, DSL) en lo que refiere a la provisión de acceso a internet de banda ancha, sobre todo en zonas rurales. "El hecho de que el acceso satelital de banda ancha se encuentre disponible para el 100 por ciento de la población ubicada dentro de la huella del satélite y sólo se requiera un módem y una antena terrestre para su despliegue, permite la conexión inmediata de los abonados a la banda ancha y a las redes troncales de Internet, en lugar de tener que esperar a que se realice el despliegue de la red terrestre punto a punto", se destaca en el documento.
El informe resume en ocho puntos el pliego de condiciones que vienen exigiendo las multinacionales satelitales, los cuáles se citan de manera textual para dejar en claro la crudeza del pedido:
1) Cualquier limitación en el número de proveedores para la prestación de servicios por satélite, o la preferencia por los operadores nacionales, o el establecimiento de condiciones onerosas para la autorización del uso de los sistemas satelitales extranjeros pueden afectar negativamente a la competencia, la inversión en nuevas infraestructuras o la reducción de los costos del servicio.
2) La obligación por parte de los operadores satelitales de establecer una presencia técnica o comercial local, en aquellos países cubiertos por la huella satelital pero donde el operador no provee ningún servicio representa un obstáculo para la provisión de servicios satelitales.
3) Se debería evitar requerir a los operadores de satélites la obtención de una licencia/permiso/autorización para la utilización del recurso órbita/espectro en cada país.
4) Se deben evitar restricciones a la propiedad extranjera así como se debe eliminar cualquier requisito para que los operadores satelitales no nacionales tengan que alinearse con los operadores nacionales/incumbentes. Cualquier participación residual de un monopolio o un operador dominante, derivada de antiguas políticas dificulta y perjudica el desarrollo económico interno y su crecimiento.
5) No debe haber discriminación entre los sistemas satelitales extranjeros y nacionales. Los procedimientos de autorización deben ser eficientes, transparentes y equitativos, independientemente de si son para los operadores nacionales o extranjeros.
6) La formulación de la política de cielos abiertos conlleva una mayor competencia y proporciona múltiples opciones al usuario final. Por el contrario, las políticas que proporcionan protección a la capacidad satelital propia del país y la obligación de los proveedores de servicios de usarla pueden restringir la competencia y la calidad del servicio.
7) La transparencia es un aspecto importante de la regulación de los servicios de telecomunicaciones, dado que mejora la rendición de cuentas y la confianza del sector privado para invertir. La falta de transparencia en algunos países constituye una importante barrera a la entrada de nuevos competidores.
8) La transparencia requiere que las leyes y reglamentación concerniente a la prestación de servicios por satélite y los detalles de los requisitos para la concesión de licencias y permisos estén fácilmente disponibles.
Por último, el informe de Hispasat concluye que si Argentina avanza con el cumplimiento de todas esas recomendaciones potenciará la competencia en el mercado, incrementará la penetración de la banda ancha, estimulará la inversión en infraestructuras, contribuirá a la reducción de la brecha digital y a alcanzar los objetivos de inclusión digital y repercutirá en beneficios adicionales y significativos para el país, como incremento del PIB, mejora de la productividad, creación de empleo, mejora en la educación, la sanidad y los servicios brindados por la administración pública. Fuentes del propio gobierno que desconfían de la política de cielos abiertos señalaron a Página/12 que lo que no dice Hispasat es que esta hoja de ruta también supondría la destrucción de Arsat y debilitaría gran parte de la cadena de valor científico-tecnológica que funciona en torno suyo, incrementando la dependencia respecto de las potencias extranjeras.
TEMAS DE DEBATE: LA INTENCIÓN OFICIAL DE AVANZAR SOBRE LOS
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
La vuelta de la flexibilidad laboral
Las recientes expresiones del presidente Macri y sus ministros apuntan a la supuesta necesidad, primero, de reducir el costo laboral, y segundo, de flexibilizar el mercado de trabajo "equilibrando" la justicia laboral a favor de los empresarios.
Producción: Javier Lewkowicz
Expresiones clasistas
Por Luis Federico Padín *
Una vez más el poder económico ha puesto su mirada voraz sobre los trabajadores. La oportunidad no puede ser más propicia. La muchachada de modales pulidos y universidad coqueta, que forjó su camino (y visión del mundo) en las grandes compañías que operan a escala planetaria, dirige hoy los destinos de la patria. La pobreza argumental con la que el primer mandatario ha encarado la temática, atribuyendo a los trabajadores una propensión al incumplimiento de deberes contractuales, y reclamando a la Justicia Nacional del Trabajo equilibrar decisiones que en su criterio afectan en demasía los intereses de los patrones, ha sido prolijamente encauzada por un editorial del diario La Nación del día 26 de julio de 2016, que dota de un marco teórico al anhelo de la máxima autoridad política del país.
En efecto, mientras las expresiones clasistas de Macri dejan al descubierto el preocupante desconocimiento presidencial de la matriz tuitiva que, por imperativo constitucional, informa al derecho laboral y guía la actuación de los tribunales especializados en la materia, el editorial de la tradicional tribuna de doctrina de los sectores dominantes, bien podría constituir las líneas directrices de un programa integral de precarización de las relaciones del trabajo.
Los argumentos, hoy como ayer, machacan sobre la responsabilidad que cabría a los trabajadores de la Argentina y a un plexo jurídico laboral tildado de excesivamente garantista, tanto en lo que atañe al desaliento de las inversiones por venir, como a la falta de estímulo para la creación de empleo. Sin embargo, el rotundo fracaso de las políticas alumbradas en la década del '90, y el inevitable contraste con las medidas económicas antagónicas, de corte heterodoxo, implementadas en el período 2003-2015, echan por tierra el discurso vetusto esgrimido como verdad rebelada por la actual administración: no existe correlato entre la creación de empleo y la ilegítima conculcación de los derechos de los trabajadores.
La estrategia patronal/gubernamental, en gestación, a más de perseguir el cercenamiento de los derechos laborales, en su faz individual y colectiva, centra su ataque en el terreno judicial, mediante la descalificación del accionar de la justicia del trabajo y los abogados de los trabajadores, embistiendo así contra el último recurso con que cuenta un dependiente que ha visto vulnerados sus derechos por un obrar empresarial ilícito.
En esta senda, y con el auxilio de referentes políticos que actúan como oposición edulcorada, satélite a los intereses del partido gobernante, se busca instalar en el imaginario social la falsa creencia de la existencia de una lucrativa actividad, denominada pomposamente industria del juicio, donde trabajadores, sindicatos, abogados laboralistas y magistrados del fuero obrero vendrían a conformar
una cofradía destinada a defraudar empleadores, ocultando el hecho evidente que toda condena en los estrados judiciales tiene como antecedente un severo incumplimiento patronal, acreditado en el discurrir de la causa.
En esta coyuntura compleja, y ante el peligro cierto e inminente de una re-estructuración del modelo de relaciones laborales en perjuicio del sector asalariado, se presenta insoslayable que los distintos actores sociales con incidencia en el mundo del trabajo, delimiten un plan de acción coordinado, teniente a resistir el nuevo embate orquestado por los sectores concentrados del poder económico, que una vez más buscan la maximización de la tasa de ganancia a expensas del sacrificio de los sectores populares.
* Abogado de Trabajadores, miembro de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio.
Pérdida de derechos
Por Matías Maito **
En las últimas semanas el Gobierno retomó el discurso sobre la necesidad de relajar el andamiaje jurídico institucional que protege a los trabajadores. Este entramado se manifiesta a través de una legislación específica y la presencia de sindicatos que, con mayor o menor intensidad, velan por los derechos y la seguridad de los trabajadores. Esto no es algo reciente. Es un avance de la sociedad en el marco del modo de producción capitalista que se instaura en casi todo el mundo después de la crisis del ´30 y la segunda guerra mundial. En sus fundamentos se reconoce la obvia asimetría de poder entre capital y trabajo en las relaciones de producción.
Las expresiones del presidente y sus ministros apuntan a la supuesta necesidad, primero, de reducir a través de distintos mecanismos el costo laboral; y segundo, de flexibilizar el mercado de trabajo "equilibrando" la justicia laboral a favor de los empresarios. A estas expresiones se suman en tándem distintas notas editoriales del diario La Nación, que traducen en políticas concretas la forma de lograr la precarización de las condiciones laborales. Estas medidas se instauran en un contexto económico que genera preocupación para los sectores populares, por la destrucción de puestos de trabajo (formales e informales) y la fuerte caída experimentada por el salario real a lo largo del presente año (-11 por ciento).
Las propuestas del Gobierno no son originales. Conforman el núcleo de las demandas laborales de los grupos económicos en todas las regiones y países del mundo, pero encuentran particular receptividad cuando quienes ejercen la administración del Estado siguen objetivos neoliberales. Se pueden encontrar innumerables experiencias de estas políticas conservadoras, tanto a nivel nacional como internacional. Todas, sin excepción, demuestran abiertamente que estas prácticas no resuelven la falta de empleo ni mejoran su calidad; y tampoco incrementan los ingresos de los trabajadores. Por el contrario, sólo generan más desocupación, debilitamiento sindical y exclusión.
En Argentina, las políticas implementadas en los ´90 nunca dieron los resultados prometidos. A modo de ejemplo, la tasa de desempleo abierto en los principales aglomerados urbanos se incrementó de 6 a 18 por ciento entre 1991 y 1995. La tasa de empleo no registrado creció siempre durante esa década. La negociación colectiva sólo se mantuvo activa en convenios de empresa, movilizada en gran parte por los sindicatos de sectores privatizados. La negociación sectorial tendió a desaparecer. La gran mayoría de los asalariados no tuvo ningún tipo de mejora salarial a través de acuerdos paritarios.
En las experiencias internacionales, España configura un paradigma relevante para su análisis. En el contexto de la Unión Europea, es el país con mayor incidencia de la temporalidad en la contratación (un tercio de los asalariados). Por otro lado, su modelo sirvió como base para la instauración de las modalidades flexibles en nuestro país. La extensión de este tipo de contrataciones se combina en los últimos 25 años con el mayor desempleo registrado en la región.
El Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), documenta la reducción mundial de la participación de las rentas del trabajo en el ingreso nacional desde los ´80. En Italia se implementaron estas reformas del mercado de trabajo durante la década del ´90, modificando el sistema de negociación salarial para bajar los incrementos pactados.
Otro elemento que conforma el paquete de reformas propuesto por la elite dirigente de los gobiernos neoliberales lo constituye la descentralización y el debilitamiento de la negociación colectiva. El caso chileno, muchas veces impuesto como modelo de desarrollo a seguir, demuestra los efectos nocivos de debilitar los mecanismos colectivos. En ese país la proporción de trabajadores comprendidos en convenio colectivo representó como máximo el 12 por ciento en 1992, y en la actualidad no supera al 10 por ciento de los asalariados. Como queda demostrado, estos caminos sólo conducen a una pérdida de derechos de los trabajadores. ¿Retomará nuestro país esa dirección?
* Integrante del equipo del CETyD-Unsam.
OPINIÓN
Macrismo ilimitado y de lo que no se habla
Por Mempo Giardinelli
La semana pasada podría decirse que fue esperanzadora. El ataque vil contra el juez federal Daniel Rafecas (uno de los poquísimos todavía independientes y respetables, mosca blanca en los basurales de Comodoro Py) fue rápida y multitudinariamente repudiado por decenas de organizaciones de la sociedad civil, personalidades de todos los ámbitos y muchísimos colectivos. Tan grosera e insostenible fue la solicitada de ataque, que, aunque la vileza fue urdida desde el diario La Nación, muchos de sus rutilantes empleados parece que rehusaron firmarla al igual que muchos socios y amigos del Gobierno que podrán ser cuestionados pero no son tontos.
El brulote se sumó a la parva de mentiras y autoengaños gubernamentales, exponiendo una vez más la insensatez generalizada en el macrismo. Cuyo intenso afán de servidumbre a las ultraderechas norteamericana e israelí los está llevando al desatino de involucrar a nuestro país en narcoguerras y terrorismos. El manejo – es un decir – de la política exterior macrista y en particular su concepción del drama de Medio Oriente delata una vez más no sólo su incondicional entrega de soberanía sino también la estúpida y neocolonizada bajada de calzones ante un poder mundial descontrolado que pasa por su peor momento. La disputa entre la Sra. Clinton y el Sr. Trump se parece cada vez más a una pelea callejera de malos contra peores mientras el mundo sigue andando cada vez más inseguro, más violento y sobre todo más injusto. En ese contexto la ideología y las acciones de las Sras. Malcorra y Bullrich, si no fueran funcionarias con tanto poder ilimitado, ofrecerían un espectáculo desopilante como el de un carayá con una yilé en la mano en una fábrica de globos.
En ese contexto la Paz en la República Argentina, con este gobierno que ofrece pruebas cotidianas de su irresponsabilidad, corre serios riesgos. Mientras se cierran fábricas y se multiplican despidos, el cuadro social se agrava vertiginosamente. Se abren importaciones de todo lo que es innecesario, y aunque el presidente Macri hace bromas como que "las cosas mejoran", continúa la destrucción de miles de pequeñas empresas y del consumo popular, a la vez que nuevamente se cierran ramales ferroviarios como en tiempos del innombrable riojano y los únicos privilegiados de la Patria son la minería, la soja y los bancos, que además son depredadores y no reparten un centavo de sus incalculables ganancias.
Por cierto, con este gobierno es imposible que el llamado "campo" sea recolocado al servicio de la Nación. Son todavía pocas pero sonoras las voces que reclaman el rediseño de la política agraria nacional para ponerla de una vez al servicio del conjunto de los argentinos y no más de una minoría privilegiada. El colectivo El Manifiesto Argentino ha salido por eso a cuestionar la concentración monopólica agrolimentaria, que desestabiliza el bienestar general y degrada la calidad de nuestra democracia, para lo que propone que se priorice la ocupación geopolítica del territorio, así como la soberanía y la seguridad alimentaria de la población. Nuestro país no resiste un metro más de soja ni un metro menos de bosque, y es por eso que el poder oligárquico que sostiene al gobierno macrista impide discutir el tamaño de las explotaciones agropecuarias, lo que es un perverso triunfo cultural de la oligarquía terrateniente y el empresariado de los agronegocios.
Nuestro país está en manos de patanes improvisados que sólo saben, si es que saben, de negocios y autobombos. Carentes de principios morales, su corrupción dizque elegante, por más que esté protegida por La Nación, Clarín y su telebasura permanente, parece también ilimitada: las cuentas secretas en Panamá, Bahamas y quién sabe dónde más del Presidente y su caterva de parientes y amigotes, más las fortunas casi seguramente mal habidas de acaparadores argentinos, particulares o empresarios, se calcula según diversas fuentes en una cantidad monstruosa y obscena: más de 300.000.000.000 (trescientos mil millones) de dólares. Presumiblemente encanutados en bancos o cuevas llamadas "paraísos fiscales" de todo el mundo, son la prueba perfecta de cómo llevan décadas reventando este país.
Es la misma supuesta elegancia con pretensiones aristocráticas que santifican las Sras. Legrand y Giménez en sus espectáculos circenses dedicados a encubrir despropósitos e injusticias. Y ahí está incluso la vicepresidenta Michetti, tan paqueta que parecía y aún con la consabida protección comunicacional, ahora investigada – ella sí, y en serio – por las fuertes sospechas de maniobras ilegales que sola o con su novio habrían hecho desde fundaciones truchas o casi, pero de lo que el monstruo mentimediático sigue sin ocuparse porque de eso, como de los Panamá Papers, "no se habla".
Aunque todavía dominan muchas conciencias anestesiadas, el show militantemente mentiroso que a toda hora practican los medios que sostienen al gobierno está en declive. Protegen y ocultan a la vez que echan culpas del desastre a lo que insisten en llamar "la herencia recibida", pero va quedando cada vez más claro que la conducta mafiosa del "de eso no se habla" no es más que confesión de impotencia y de maldad. Como la que reservan hacia la ex presidenta CFK, a quien en nueve meses de operaciones judiciales todavía no le han encontrado ninguna razón verdadera para llevarla a prisión. Casi igual que a Milagro Sala, quien más allá de cualquier reticencia que se pueda tener sigue de hecho secuestrada por el gobierno de Jujuy: no hay juicio, no hay pruebas, no hay condena y sin embargo se la mantiene en cautiverio como en una dictadura.
Entre lo ilimitado, lo que silencian y lo que mienten, y si encima andan inventando terroristas que no lo son, maras que no se encuentran y ahora guerrilleros de Estado Islámico, queda claro que estos tipos son capaces de cualquier cosa.
EL CONCEJO DELIBERANTE DE ANDALGALÁ PROHIBIÓ LA
INDUSTRIA EXTRACTIVA
Un stop a la megaminería
Mediante la ordenanza 029, los concejales de Andalgalá prohibieron la actividad minera metalífera a cielo abierto y la extracción de minerales nucleares. También prohibieron el uso de aguas para la actividad extractiva.
POR DARÍO ARANDA
La localidad catamarqueña de Andalgalá conoce de megaminería hace veinte años, desde que se instaló el primer proyecto en Argentina (llamado Bajo la Alumbrera). Desde hace más de quince años que la comunidad denuncia las falsas promesas y rechaza nuevos proyectos. El Concejo Deliberante, por impulso de los vecinos, acaba de dar un golpe impensado: prohibió la megaminería y cerró el pasó al proyecto Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera). "Es un logro de la lucha de la comunidad. En materia ambiental los pueblos tienen autodeterminación frente a gobiernos provinciales y nacionales, y Andalgalá ya dijo no a la megaminería", afirmó Rosario Carranza, de la Asamblea El Algarrobo.
"Prohíbase la actividad minera metalífera (oro, cobre, plomo, plata, etc.), en la modalidad denominada a cielo abierto y la actividad minera de minerales nucleares, uranio y torio, bajo cualquiera de sus formas, en las modalidades a cielo abierto o por galería, en todas sus etapas: cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación y extracción en toda la cuenca hídrica del río Andalgalá", determina el artículo 1° de la ordenanza 029 del Concejo Deliberante. El artículo 2° prohíbe el uso de cianuro, mercurio y los ácidos sulfúrico, clorhídrico, fluorhídrico y nítrico.
La ordenanza, de 16 carillas, señala en el artículo 3° la prohibición del uso de agua de ríos, arroyos y de depósitos naturales de agua (tanto superficiales como subterráneos) para la actividad extractiva.
Rosario Carranza es parte de la Asamblea El Algarrobo. Explicó que la ordenanza tiene el mismo valor que el plebiscito que nunca les permitieron realizar y señaló que los concejales actuaron por "la presión popular" que desde hace años exige que se vayan las mineras.
El jueves 8 a la mañana, y de manera imprevista, los siete concejales de Andalgalá aprobaron la ordenanza 029/16, que prohíbe la megaminería en la localidad pionera de la actividad. En 1994, de la mano de Carlos Menem y del gobernador Arnoldo Castillo, llegó Minera Alumbrera, un consorcio de multinacionales canadienses y suizas para explotar el oro y cobre del oeste catamarqueño. Las promesas iniciales fueron un barrio para 5000 personas, 2000 puestos de trabajo, un hospital de alta complejidad, cuidados del ambiente y desarrollo local.
Nada se cumplió. Sólo 50 personas de Andalgalá trabajan en el yacimiento y se confirmaron roturas del dique de colas (un enorme piletón de residuos tóxicos que filtra contaminación al acuífero) y hubo al menos cuatro roturas del mineraloducto (caño de 300 kilómetros de extensión que transporta los minerales) con contaminación en distintas localidades de Catamarca.
En 2009 se conoció un proyecto minero (llamado Pilciao 16) que afectaba a gran parte del centro de la ciudad. Y en 2010 se produjo el corte de camino para cerrar el paso al proyecto Agua Rica (a sólo 17 kilómetros de la ciudad y donde nacen las vertientes de agua). El proyecto, en mano de la multinacional canadiense Yamana Gold, lo califican como "el tiro de gracia para Andalgalá". De ahí la férrea oposición. En febrero de 2010 sobrevino una feroz represión sobre el corte de camino de la minera y la población respondió con una gran movilización popular. En 2010 estuvo a punto de realizarse un plebiscito, pero el Poder Judicial (por intervención del gobierno provincial) lo suspendió.
El intendente Alejandro Páez asumió con discurso crítico a la minería y sostiene que Agua Rica no se hará. Hace años le exigen un gesto político claro, la ordenanza. En 2015, asambleístas presentaron un proyecto de ordenanza, pero no tuvo tratamiento. El jueves pasado fue aprobado por unanimidad, incluso los tres concejales del Frente para la Victoria, alineados con la política provincial de apoyo a la actividad.
Desde la Asamblea El Algarrobo, espacio de referencia frente al extractivismo minero, lo explican como un paso más para cerrar el paso a Agua Rica.
La última semana de agosto, el juez de Control de Garantías de la Segunda Circunscripción, Rodolfo Cecenarro, falló a favor de un amparo presentado por asambleístas y suspendió todas las actividades del proyecto Agua Rica. Lo hizo luego de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en marzo había resuelto en favor de los vecinos pero envió la causa a la provincia. Sergio Martínez, también de El Algarrobo, recordó que el mismo juez fue el que ordenó la represión de 2010, lo cuestionó por criminalizar a los vecinos y pidieron su apartamiento. También aclaró que exigen la paralización definitiva de Agua Rica (no sólo la suspensión).
El mismo jueves de la ordenanza, la gobernadora Lucía Corpacci, acompañada por el secretario de Minería de la Nación (Daniel Meilán) respondió: "Estamos dispuestos a pagar el costo político del desarrollo de la minería". Y anunció que avanzará con nuevos proyectos. El secretario general de la Gobernación, Edgardo Macedo, cuestionó a los concejales, advirtió sobre "graves implicancias" y adelantó que la provincia analizará la legalidad de la ordenanza.
Aldo Flores, de la Asamblea El Algarrobo, recordó que la minería no tiene licencia social en Andalgalá, y afirmó que los proyectos de la región violan la Ley de Glaciares y de Bosques. "El fallo judicial y la ordenanza nos hacen aún más fuertes, seguiremos con la movilización e impulsamos a otros municipios a ordenanzas similares", destacó.
La ordenanza recuerda la vigencia de la Ley General del Ambiente y el principio precautorio: ante el peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá impedir la toma de medidas de protección para la población y el ambiente.
Una actividad devastadora
Por Darío Aranda
"La actividad denominada minería a cielo abierto o megaminería es una de las formas más devastadoras de extracción de materias primas minerales, ya que conlleva enormes impactos a nivel ambiental, social y cultural. Ninguna actividad industrial es tan agresiva, así lo sostiene el contundente consenso que existe en la literatura científica, académica y periodística especializada sobre el tema", afirma la ordenanza de Andalgalá en sus fundamentos. También destaca dos hechos de contaminación recientes: Minas Gerais (Brasil), donde el dique de colas sepultó una población, con muerto y heridos. Y Barrick Gold, en San Juan, con la contaminación de cinco ríos.
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