viernes 08 de abril de 2016
Por Werner Pertot
El juez federal Sebastián Casanello avanzó en las primeras medidas de prueba en la causa que se inició contra el presidente Mauricio Macri por presunta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas a raíz de que se conoció que el mandatario formó o forma parte de dos empresas radicadas en paraísos fiscales. La denuncia fue iniciada por el diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez, quien hizo la presentación tras comprobar que se cerraban las vías de investigación en el Ejecutivo y el Legislativo. El fiscal Federico Delgado impulsó la acción penal y pidió una serie de medidas para determinar si Macri incurrió en un delito al no mencionar estas empresas. Además, solicitó que se analice la actividad de esas compañías para ver si Macri u otros socios habrían cometido otros crímenes. En tanto, el abogado Eduardo Barcesat presentó una segunda denuncia ante los fiscales que investigan lavado de dinero, que será remitida a Casanello.
Desde el Gobierno, salieron al contraataque: “No ha habido una omisión maliciosa de mi declaración jurada”, afirmó el presidente, que dijo que estaba a disposición de los jueces. Indicó también que se iba a presentar ante la Justicia civil y que creará un fideicomiso ciego con sus bienes (ver página 4).
Los papeles
El escándalo de las empresas offshore se inició con la filtración internacional conocida como “Panamá Papers”, que fue organizada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ). Se trata de 11,5 millones de documentos internos de un estudio de abogado de Panamá, Mossack Fonseca, que se especializa en constituir sociedades en paraísos fiscales para eludir los controles sobre el patrimonio.
Entre esos documentos, uno reveló la existencia de una empresa radicada en las Islas Bahamas llamada Fleg Trading, de la que participaba Macri como vicepresidente, mientras que su padre era el presidente. La empresa fue creada en 1998 a través del estudio de abogados en Panamá y de otro estudio de contadores en Uruguay.
Tanto Macri como su padre sostuvieron que era para hacer inversiones en Brasil, aunque nunca detallaron el motivo de la triangulación desde Argentina a Uruguay-Panamá-Bahamas. El presidente aseguró que su padre la había declarado ante la AFIP, pero las declaraciones juradas que el oficialismo filtró a la prensa no acreditan esto. Tampoco mostraron pruebas de que la empresa se haya cerrado en enero de 2009, como afirmó el presidente, ni detallaron quiénes son los accionistas de esa compañía.
Se limitaron a decir que Macri no es accionista, ni recibió ninguna suma de dinero como vicepresidente y que por eso no tenía por qué incluirla en sus declaraciones juradas. Y enviaron los papeles a la Secretaría de Lucha contra la Corrupción, que preside Laura Alonso, para que ratifique esto mismo. Alonso ya dijo que considera que Macri no cometió ningún delito.
Una segunda empresa, radicada en Panamá, lo tiene a Macri como vicepresidente. Se llama Kagemusha y fue creada en 1981 en ese paraíso fiscal. Su objeto social le permite hacer casi cualquier actividad. El Gobierno no dio, hasta ahora, ninguna explicación sobre esta segunda empresa, que tampoco figura en las declaraciones juradas del presidente.
A la defensiva
A raíz de la imputación, el Gobierno salió ayer a responder con todo lo que tenía en una exposición de Macri en Casa Rosada, en la que no se aceptaron preguntas de los periodistas. “Sé que hay una gente preocupada por esta denuncia de los Panamá Papers. Estoy muy tranquilo. No soy accionista, como director no recibí ningún tipo de retribución. Hice las declaraciones juradas en forma correcta. Llevé estos papeles a la Oficina Anticorrupción. He cumplido con la ley y no tengo nada que ocultar”, reiteró Macri ayer. Página/12 solicitó la documentación en reiteradas oportunidades y recibió una negativa por parte del Gobierno, que ayer presentó un proyecto de Ley de Acceso a la Información.
“Me voy a estar presentando ante la Justicia Civil para pedir una declaración de certeza. No ha habido una omisión maliciosa de mi declaración jurada. Estoy a disposición de cualquier otro juez”, indicó el presidente, como quien no quiere la cosa. Señaló que va a incluir sus bienes en un fideicomiso ciego mientras esté frente a la función pública.
Imputado e investigado
El diputado Martínez presentó una denuncia penal contra Macri por presunto lavado de dinero y evasión impositiva ante la falta de explicaciones convincentes del Ejecutivo y la ausencia de documentos que prueben sus dichos. Martínez señaló que el envío de los documentos a Alonso, quien ya adelantó su opinión, no es confiable y recordó que el Congreso intentó avanzar en citar al presidente, pero el oficialismo bloqueó esa posibilidad. En su denuncia, advirtió que ese tipo de empresas “se forman con el único propósito de lavar dinero”.
La denuncia se sorteó y recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y la fiscalía de Federico Delgado. El juez le corrió vista al fiscal y este último preparó el requerimiento de instrucción en menos de 24 horas. Delgado advierte que “no se le escapa la relevancia institucional de quien devino imputado”. “No obstante, la actividad judicial de nuestro país se ve acotada a límites precisos: los de la ley vigente. En este caso, se habrá de determinar, como primer paso, si el señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada”, escribió Delgado, quien recordó que la figura penal se incorporó como parte de los compromisos internacionales de la Argentina para luchar contra la corrupción.
Como segundo paso, el fiscal advirtió que debe establecerse “si la ‘vida social’ de las empresas infligió algún tipo penal y, en ese caso, si Mauricio Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal. Tampoco se nos escapa que ya hubo aclaraciones políticas sobre ello. Pero aún así el trabajo de la Justicia es determinarlo”. Delgado solicitó, en este sentido, que intervenga la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Delgado sugirió una batería de medidas de prueba, que deberán ser aprobadas por el juez Casanello: solicitar a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) un “amplio informe” sobre las dos empresas, Fleg Trading y Kagemusha; pedir a la AFIP las declaraciones juradas de Macri y solicitarle a su titular, Alberto Abad, un informe sobre qué sujetos están obligados a declarar sus sociedades offshore. También aconsejó pedir opinión a la Oficina Anticorrupción y las Facultades de Derecho de la UBA y la Universidad Di Tella sobre si Macri debía incluir esa empresa “a la luz de la Ley de Ética Pública”.
Casanello tampoco perdió el tiempo: ya tomó las primera medidas de prueba. Convocó al diputado Martínez para que ratifique su denuncia, citó al periodista de La Nación Hugo Alconada Mon – uno de los que tuvo acceso a los documentos de Panamá, junto con Mariel Fitz Patrick, de Canal 13 – y Silvia Martínez, una asesora de Margarita Stolbizer especializada en la Inspección General de Justicia (IGJ). También requirió información a la secretaría de Lucha contra la Corrupción.
Fuga de capitales
El abogado Eduardo Barcesat, junto a Arístides Corti y Jorge Cholvis del Instituto Enrique Sampay, presentó una segunda denuncia ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que conduce Carlos Gonella. La Procelac se lo remitirá a Casanello.
El escrito apunta contra Macri y otros funcionarios que pudieran estar involucrados en hechos que “podrían configurar evasión fiscal o lavado de dinero proveniente de actos ilícitos”, dado que se trata de empresas offshore cuyos fondos provendrían de actividades en la Argentina “pero cuyas ganancias han sido desviadas a paraísos fiscales en presumible carácter de fuga de capitales”. Barcesat citó cifras de GAFI que indican que la cantidad de dinero sustraído a la economía argentina “podrían superar los 400 mil millones de dólares” y se refirió a la denuncia del ex vice del JP Morgan Hernán Arbizu sobre los mecanismos de evasión de grupos económicos a través de cuentas offshore de la filial suiza del HSBC. También indicó que los fondos buitre suelen utilizar sociedades en paraísos fiscales.
“La subsistencia de las sociedades offshore integrada por funcionarios argentinos en estos paraísos fiscales acredita que estamos en presencia de un delito continuado”, advirtió Barcesat quien, entre otras medidas, pidió que se cite a Arbizu, al ex titular de la IGJ Ricardo Nissen, al representante de Tax And Justice Network Jorge Gaggero y al ex titular de la UIF José Sbatella. También solicitó que se pidan a la AFIP, la OA, el Banco Central y la Auditoría General de la Nación toda investigación que hayan hecho sobre las empresas offshore.
Por último, Barcesat incluyó en su denuncia un correo electrónico de la titular de una ONG “Alerta Vida”, Rachel Holway, en el que detalla una causa al Grupo Socma que terminó en la Corte Suprema menemista con la absolución de Macri. A raíz de ese correo, Barcesat sugirió que se cite a Isabel Menditeguy, una de las ex esposas de Macri.
INVESTIGAN AL PRESIDENTE MAURICIO MACRI POR SU
VINCULACION CON DOS SOCIEDADES EN PARAISOS FISCALES
Las offshore, de Panamá a
Comodoro Py
El fiscal Federico Delgado imputó al Presidente y pidió medidas de prueba. El juez Sebastián Casanello ya dio curso a la causa. Ayer se presentó una segunda denuncia ante la Procuraduría de Lavado de Activos. Macri salió a contestar.
“No ha habido una omisión maliciosa de mi declaración jurada”,
afirmó el presidente Mauricio Macri.
El juez federal Sebastián Casanello avanzó en las primeras medidas de prueba en la causa que se inició contra el presidente Mauricio Macri por presunta omisión maliciosa en sus declaraciones juradas a raíz de que se conoció que el mandatario formó o forma parte de dos empresas radicadas en paraísos fiscales. La denuncia fue iniciada por el diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez, quien hizo la presentación tras comprobar que se cerraban las vías de investigación en el Ejecutivo y el Legislativo. El fiscal Federico Delgado impulsó la acción penal y pidió una serie de medidas para determinar si Macri incurrió en un delito al no mencionar estas empresas. Además, solicitó que se analice la actividad de esas compañías para ver si Macri u otros socios habrían cometido otros crímenes. En tanto, el abogado Eduardo Barcesat presentó una segunda denuncia ante los fiscales que investigan lavado de dinero, que será remitida a Casanello.
Desde el Gobierno, salieron al contraataque: “No ha habido una omisión maliciosa de mi declaración jurada”, afirmó el presidente, que dijo que estaba a disposición de los jueces. Indicó también que se iba a presentar ante la Justicia civil y que creará un fideicomiso ciego con sus bienes (ver página 4).
Los papeles
El escándalo de las empresas offshore se inició con la filtración internacional conocida como “Panamá Papers”, que fue organizada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ). Se trata de 11,5 millones de documentos internos de un estudio de abogado de Panamá, Mossack Fonseca, que se especializa en constituir sociedades en paraísos fiscales para eludir los controles sobre el patrimonio.
Entre esos documentos, uno reveló la existencia de una empresa radicada en las Islas Bahamas llamada Fleg Trading, de la que participaba Macri como vicepresidente, mientras que su padre era el presidente. La empresa fue creada en 1998 a través del estudio de abogados en Panamá y de otro estudio de contadores en Uruguay.
Tanto Macri como su padre sostuvieron que era para hacer inversiones en Brasil, aunque nunca detallaron el motivo de la triangulación desde Argentina a Uruguay-Panamá-Bahamas. El presidente aseguró que su padre la había declarado ante la AFIP, pero las declaraciones juradas que el oficialismo filtró a la prensa no acreditan esto. Tampoco mostraron pruebas de que la empresa se haya cerrado en enero de 2009, como afirmó el presidente, ni detallaron quiénes son los accionistas de esa compañía.
Se limitaron a decir que Macri no es accionista, ni recibió ninguna suma de dinero como vicepresidente y que por eso no tenía por qué incluirla en sus declaraciones juradas. Y enviaron los papeles a la Secretaría de Lucha contra la Corrupción, que preside Laura Alonso, para que ratifique esto mismo. Alonso ya dijo que considera que Macri no cometió ningún delito.
Una segunda empresa, radicada en Panamá, lo tiene a Macri como vicepresidente. Se llama Kagemusha y fue creada en 1981 en ese paraíso fiscal. Su objeto social le permite hacer casi cualquier actividad. El Gobierno no dio, hasta ahora, ninguna explicación sobre esta segunda empresa, que tampoco figura en las declaraciones juradas del presidente.
A la defensiva
A raíz de la imputación, el Gobierno salió ayer a responder con todo lo que tenía en una exposición de Macri en Casa Rosada, en la que no se aceptaron preguntas de los periodistas. “Sé que hay una gente preocupada por esta denuncia de los Panamá Papers. Estoy muy tranquilo. No soy accionista, como director no recibí ningún tipo de retribución. Hice las declaraciones juradas en forma correcta. Llevé estos papeles a la Oficina Anticorrupción. He cumplido con la ley y no tengo nada que ocultar”, reiteró Macri ayer. Página/12 solicitó la documentación en reiteradas oportunidades y recibió una negativa por parte del Gobierno, que ayer presentó un proyecto de Ley de Acceso a la Información.
“Me voy a estar presentando ante la Justicia Civil para pedir una declaración de certeza. No ha habido una omisión maliciosa de mi declaración jurada. Estoy a disposición de cualquier otro juez”, indicó el presidente, como quien no quiere la cosa. Señaló que va a incluir sus bienes en un fideicomiso ciego mientras esté frente a la función pública.
Imputado e investigado
El diputado Martínez presentó una denuncia penal contra Macri por presunto lavado de dinero y evasión impositiva ante la falta de explicaciones convincentes del Ejecutivo y la ausencia de documentos que prueben sus dichos. Martínez señaló que el envío de los documentos a Alonso, quien ya adelantó su opinión, no es confiable y recordó que el Congreso intentó avanzar en citar al presidente, pero el oficialismo bloqueó esa posibilidad. En su denuncia, advirtió que ese tipo de empresas “se forman con el único propósito de lavar dinero”.
La denuncia se sorteó y recayó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y la fiscalía de Federico Delgado. El juez le corrió vista al fiscal y este último preparó el requerimiento de instrucción en menos de 24 horas. Delgado advierte que “no se le escapa la relevancia institucional de quien devino imputado”. “No obstante, la actividad judicial de nuestro país se ve acotada a límites precisos: los de la ley vigente. En este caso, se habrá de determinar, como primer paso, si el señor Mauricio Macri omitió maliciosamente completar su declaración jurada”, escribió Delgado, quien recordó que la figura penal se incorporó como parte de los compromisos internacionales de la Argentina para luchar contra la corrupción.
Como segundo paso, el fiscal advirtió que debe establecerse “si la ‘vida social’ de las empresas infligió algún tipo penal y, en ese caso, si Mauricio Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal. Tampoco se nos escapa que ya hubo aclaraciones políticas sobre ello. Pero aún así el trabajo de la Justicia es determinarlo”. Delgado solicitó, en este sentido, que intervenga la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Delgado sugirió una batería de medidas de prueba, que deberán ser aprobadas por el juez Casanello: solicitar a la Inspección General de Justicia (IGJ) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) un “amplio informe” sobre las dos empresas, Fleg Trading y Kagemusha; pedir a la AFIP las declaraciones juradas de Macri y solicitarle a su titular, Alberto Abad, un informe sobre qué sujetos están obligados a declarar sus sociedades offshore. También aconsejó pedir opinión a la Oficina Anticorrupción y las Facultades de Derecho de la UBA y la Universidad Di Tella sobre si Macri debía incluir esa empresa “a la luz de la Ley de Ética Pública”.
Casanello tampoco perdió el tiempo: ya tomó las primera medidas de prueba. Convocó al diputado Martínez para que ratifique su denuncia, citó al periodista de La Nación Hugo Alconada Mon – uno de los que tuvo acceso a los documentos de Panamá, junto con Mariel Fitz Patrick, de Canal 13 – y Silvia Martínez, una asesora de Margarita Stolbizer especializada en la Inspección General de Justicia (IGJ). También requirió información a la secretaría de Lucha contra la Corrupción.
Fuga de capitales
El abogado Eduardo Barcesat, junto a Arístides Corti y Jorge Cholvis del Instituto Enrique Sampay, presentó una segunda denuncia ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que conduce Carlos Gonella. La Procelac se lo remitirá a Casanello.
El escrito apunta contra Macri y otros funcionarios que pudieran estar involucrados en hechos que “podrían configurar evasión fiscal o lavado de dinero proveniente de actos ilícitos”, dado que se trata de empresas offshore cuyos fondos provendrían de actividades en la Argentina “pero cuyas ganancias han sido desviadas a paraísos fiscales en presumible carácter de fuga de capitales”. Barcesat citó cifras de GAFI que indican que la cantidad de dinero sustraído a la economía argentina “podrían superar los 400 mil millones de dólares” y se refirió a la denuncia del ex vice del JP Morgan Hernán Arbizu sobre los mecanismos de evasión de grupos económicos a través de cuentas offshore de la filial suiza del HSBC. También indicó que los fondos buitre suelen utilizar sociedades en paraísos fiscales.
“La subsistencia de las sociedades offshore integrada por funcionarios argentinos en estos paraísos fiscales acredita que estamos en presencia de un delito continuado”, advirtió Barcesat quien, entre otras medidas, pidió que se cite a Arbizu, al ex titular de la IGJ Ricardo Nissen, al representante de Tax And Justice Network Jorge Gaggero y al ex titular de la UIF José Sbatella. También solicitó que se pidan a la AFIP, la OA, el Banco Central y la Auditoría General de la Nación toda investigación que hayan hecho sobre las empresas offshore.
Por último, Barcesat incluyó en su denuncia un correo electrónico de la titular de una ONG “Alerta Vida”, Rachel Holway, en el que detalla una causa al Grupo Socma que terminó en la Corte Suprema menemista con la absolución de Macri. A raíz de ese correo, Barcesat sugirió que se cite a Isabel Menditeguy, una de las ex esposas de Macri.
A Wolff tampoco le funcionó
“Nunca tuve participación accionaria en esa empresa. Y como la empresa nunca funcionó, nunca cobré un solo peso por esta empresa”, escribió en las redes sociales el diputado macrista y ex vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolff, para explicar su participación como director y tesorero en Massparking C.A.S.A. una sociedad inscripta en Panamá. Varios funcionarios y dirigentes del PRO aparecieron en los últimos días en registros de offshore e, invariablemente, la respuesta fue similar a la de Mauricio Macri: que el proyecto nunca funcionó, que no había ninguna cuenta corriente vinculada y que no tenían acciones, por lo que no correspondía que lo incluyeran en sus declaraciones juradas. Wolff, quien gusta aparecer en los medios hablando sobre la “corrupción K”, siguió el mismo libreto. Que Massparking SA fue en Argentina una de sus empresas – dedicada al rubro vial y estacionamiento – hasta que la vendió, en 2014, y entonces surgió la posibilidad de expandirse a Panamá. “Finalmente los proyectos en aquel país no prosperaron y la empresa quedó conformada, pero sin haber tenido una sola operación comercial”, repitió Wolff, con la misma mala suerte que todos los macristas con firmas en Panamá pero invariables fracasos comerciales.
Manifestantes en la Plaza de Mayo
Luego de la aparición del presidente Mauricio Macri para hacer algunos anuncios con los que buscó responder a la imputación judicial de ayer por su offshore en Panamá, varios grupos de personas comenzaron a juntarse espontáneamente en la Plaza de Mayo para protestar contra el Gobierno. Entre los motivos de rechazo que exhibían los manifestantes estaban los despidos, el aumento de tarifas, los aumentos de precios y la vinculación de Macri con los Panama Papers. También en Mar del Plata se juntó gente para protestar frente a la Catedral.
OBJETAN LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR MACRI
Los papeles no bastan
Los especialistas en criminalidad económica sostienen que los documentos difundidos por el Gobierno no alcanzan para demostrar que no hay irregularidades de Macri por las offshore reveladas.
El Presidente se defendió presentando una declaración jurada de
su padre, Franco Macri.
Mauricio Macri está flojo de papeles. La declaración jurada de su padre ante la AFIP, hasta ahora la única documentación que el Gobierno presentó como supuesta prueba de su inocencia en el escándalo de los Panamá papers, no alcanza para determinar si fue o no accionista de Fleg Trading, la empresa fantasma en la que el Presidente figura como director. Los documentos, en los que figura el monto que Franco Macri tributa en el exterior, tampoco son evidencia suficiente para demostrar que la empresa no haya tenido movimientos ni actividades ilícitas, algo que ahora deberá determinarse a partir de la investigación judicial que quedó en manos del juez Sebastián Casanello, y ni siquiera que haya sido declarada. A pesar de los esfuerzos de la diputada Elisa Carrió y la titular de la OA, Laura Alonso, para aplacar el escándalo, los documentos no sustentan por sí solos el discurso oficial de que Macri no está involucrado en irregularidades.
Con la declaración jurada de Franco Macri ante la AFIP y una planilla de Excel en el que figuran 1950 dólares como capital de la empresa, Carrió salió a demostrar la supuesta inocencia del Presidente en el caso. “Esta cuenta está en la declaración jurada de Franco. Su dueño la declaró ante la AFIP y no tiene movimiento”, dijo la diputada oficialista ante las cámaras de televisión, adelantando el argumento que luego esgrimirían el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, entre el coro de funcionarios que buscaron a desligar al Presidente del escándalo internacional.
“Los papeles presentados hasta ahora no prueban nada”, refutó, en diálogo con Página/12, la especialista en corrupción y criminalidad económica Natalia Volosin, para quien la postura oficial es “apresurada”. “Es simplemente la declaración jurada general de los montos de operaciones en el exterior de Franco Macri, lo cual, en principio, sólo lo exime a él y no a Mauricio Macri”, explicó Volosin. “Lo único que aparece en esa declaración es un monto global, y una planilla Excel particular del contador del Grupo Macri, que no parece que formara parte de la declaración”, añadió.
“Hasta ahora, la versión oficial presupone que el dueño de la empresa fantasma es Franco Macri, algo que sostiene el Presidente pero que no está demostrado. Y presupone que no tiene movimientos, algo que tampoco puede saberse con la documentación que hicieron pública”, aseguró la especialista.
Lo que resta determinar, además, es qué tipo de actividad tuvo la empresa en los últimos diez años. “Si la empresa fue creada para realizar una actividad legal, el Gobierno debería mostrar qué actividad legal efectivamente hizo”, describió Volosin. Esa información tampoco fue confirmada oficialmente. Era una de las preguntas que ayer podría haber tenido que responder el Presidente en la conferencia de prensa que no fue. El eje de la acusación que pesa sobre el Presidente sigue siendo si era efectivamente accionista de la empresa o no, más allá de que por ahora quedó imputado por “omisión maliciosa”. El diputado del FpV Darío Martínez lo denunció ante la Justicia por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, ilícitos típicos detrás de la creación de empresas offshore. Delitos difíciles de comprobar ante los tribunales. “Va a ser casi imposible determinar si Macri era accionista o no, porque las acciones fueron emitidas al portador, es decir son en blanco. ¿Qué se suele hacer con esos papelitos? Se guardan en una caja fuerte y nunca se completan. La única forma de determinar quiénes eran los accionistas es mostrar esos mismos papeles, y ellos podrían traerlos con el nombre que les pusieron anteayer”, describió un allegado a la causa.
Si la investigación avanza, eventualmente el presidente Macri podría presentar como accionista principal de la empresa a Franco Macri, lo cual podría rebatirse con una pericia caligráfica para determinar cuándo fue completado. “Tranquilamente se puede hacer” la falsificación, aseguraron quienes están cerca de la causa. “Así es la misma naturaleza del negocio, si no ¿para qué se conforma una sociedad offshore?”, completaron.
Por ahora, según pudo saber este diario, la fiscalía requirió distintas medidas de prueba tanto a la AFIP como a la Oficina Anticorrupción. De ninguna manera bastan los papeles presentados por el Presidente hasta ahora.
MACRI SIGUE SIN DAR PRECISIONES SOBRE SU
PARTICIPACION EN LAS EMPRESAS OFFSHORE
Varios anuncios y pocas explicaciones
El Presidente dijo que se presentará en la Justicia civil para pedir una “declaración de certeza” y que pondrá su fortuna en un fideicomiso ciego. Además, anunció el envío al Congreso de una ley de acceso a la información pública. “He informado la verdad”, dijo.
Macri en el Salón Blanco, acompañado por ministros, legisladores y
funcionarios de Cambiemos.
Por Sebastian Abrevaya
Forzado por el inicio de una investigación penal en su contra, Mauricio Macri ensayó ayer una respuesta política al escándalo nacional e internacional desatado por Panama Papers. El Presidente dio un breve discurso en Casa Rosada en el que repitió los mismos argumentos que se difundieron mediante un comunicado oficial tras conocerse el domingo su participación en una sociedad offshore hasta 2009. “Estoy muy tranquilo. He cumplido con la ley, he informado la verdad y no tengo nada que ocultar”, aseguró Macri y adelantó que hoy se presentará ante la Justicia civil para solicitar una “declaración de certeza” respecto de la legalidad de sus declaraciones juradas. Además, volvió a decir que colocará su fortuna en un fideicomiso ciego, algo que había prometido tras ganar la elección en noviembre del año pasado y que hasta ayer no había concretado. Por último, el líder del PRO informó el envío al Congreso del proyecto de ley de acceso a la información pública, en el que el Ejecutivo venía trabajando hace meses.
Replicada en los diarios de todo el mundo, la decisión del fiscal Federico Delgado de imputar a Macri por el delito de omisión maliciosa chocó con la intención del macrismo de dar por cerrado el tema con las explicaciones brindadas el miércoles por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano. Ayer, ante un Salón Blanco poblado por buena parte del gabinete nacional, legisladores de Cambiemos y otros funcionarios, Macri volvió a referirse públicamente a sus sociedades offshore. “Sé que hay alguna gente preocupada por estas denuncias de los Panama Papers, que ha salido y me ha involucrado a mí”, arrancó el Presidente. Repitió que no fue accionista de esas empresas, que no recibió ningún tipo de retribución y que hizo su declaración jurada “en forma correcta” desde que ocupó la Jefatura de Gobierno porteño. Además, señaló que envió la documentación correspondiente a la Oficina Anticorrupción, que encabeza la dirigente del PRO, Laura Alonso, quien ya defendió en las redes sociales el accionar del mandatario.
En paralelo a la investigación penal, el Presidente anunció que hoy se presentará en el fuero civil “para que un juez verifique” sus dichos y determine si ha habido alguna irregularidad en sus declaraciones juradas patrimoniales. Abogados y juristas cuestionaron que Macri recurra a la Justicia civil cuando no es competencia de ese fuero y ya tiene abierta una causa en el fuero penal. De todas maneras, el Presidente aclaró que estará “a disposición de cualquier otro juez que requiera información” para verificar sus dichos.
En ese contexto y tras unas palabras previas sobre la importancia de la confianza, la verdad y la transparencia, Macri anunció el envío al Congreso del proyecto sobre acceso a la información, que hasta la fecha está regulado mediante un decreto del ex presidente Néstor Kirchner de 2003. La iniciativa fue remitida ayer mismo al Parlamento y está previsto que su tratamiento comience en la Cámara de Diputados la próxima semana con la presencia del secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, encargado de elaborar el proyecto. El ex dirigente de la Coalición Cívica fue uno de los funcionarios presentes en el anuncio de ayer, al igual que Peña, Garavano y otros ministros como Andrés Ibarra y Rogelio Frigerio. Otros asistentes fueron los diputados que trabajan temas de reforma institucional y transparencia como Karina Banfi y Carla Carrizo de la UCR y Fernando Sánchez, de la CC.
“Esta ley lo que busca es traer transparencia; traer participación porque no sólo se trata de que la gente sepa lo que se hace desde el Estado, sino que también pueda participar y opinar”, sostuvo Macri, que machacó con el discurso de “gobierno abierto”. Según el Presidente, la normativa permitirá que “cualquier persona pueda pedir datos, documentos, registros y que el funcionario tenga que contestar en quince días, si no podrá ser sancionado”.
Sin ahondar demasiado, informó que se prevé la creación de una “oficina de acceso a la información” y habló de la necesidad de “terminar con la corrupción”. En ese contexto, promocionó como un “aporte” la creación del fideicomiso ciego, un instrumento financiero para que un tercero administre de manera independiente su patrimonio. “Esto ningún presidente lo había hecho y lo hago justamente porque no quiero que exista ninguna duda en nuestra relación, que vos no dudes ni por un instante que yo estoy acá para intentar ayudarte, ayudarte a que salgas adelante, a que tengan un mejor futuro”, argumentó Macri, retomando el tono de la campaña electoral, cuando precisamente había dicho que si resultaba electo dejaría de administrar sus bienes. Esa misma herramienta la utilizó el ex presidente chileno Sebastián Piñera al asumir en el cargo.
Hasta la imputación, en el macrismo habían dado el tema por terminado. Sin embargo, después de conocida la decisión del fiscal, en la Casa Rosada se mostraron confiados en que la causa judicial contra Macri no prosperará, aunque tampoco negaban su impacto político.
Sus principales socios, la UCR y la Coalición Cívica, celebraron las declaraciones y las iniciativas de ayer. Elisa Carrió lo felicitó con un “muy bien” vía Twitter. “Los tres anuncios me parecieron muy bien y en la misma línea. El Presidente reaccionó con la madurez que requiere el cargo”, señaló en el mismo sentido Fernando Sánchez, uno de sus hombres más cercanos.
EL FPV CUESTIONA UNA MANIOBRA DE CAMBIEMOS
Con un planteo judicial
El FpV prepara una presentación ante la Justicia para impugnar la convalidación del DNU que modificó la ley de medios. 
Los DNU de Macri fueron ratificados anteayer en Diputados.
Por Miguel Jorquera
Los asesores y abogados del bloque de Diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ) trabajan en la redacción de una presentación judicial para reclamar la nulidad por el “procedimiento irregular” en que incurrió la alianza oficialista Cambiemos –con el apoyo del massista Frente Renovador– para convalidar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que anuló la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y disolvió los organismos autárquicos Afsca y Aftic, también creados por ley. El jefe de la bancada Héctor Recalde dijo ayer que “uno no quiere judicializar la política, pero no nos dejan ningún otro camino. Nos presentaremos ante el Poder Judicial, ojalá haga justicia”, en relación a la negativa del macrismo de realizar una votación nominal que registre el voto de los diputados. Luego de seis horas de debate y que el FpV se retiró del recinto ante la negativa del oficialismo, en solo tres minutos, sin debate, a mano alzada y sin registro de la votación, Cambiemos convalidó otra decena de DNUs de Mauricio Macri.
“Es un tema muy delicado. ¿Cuál es la urgencia sobre una ley tan debatida y declarada constitucional? Se votó atropelladamente, a los empujones, fue una falta de respeto. Merecía seriedad y responsabilidad”, agregó Recalde en una entrevista radial en la reiteró la postura.
Luego, a través de un comunicado, la bancada opositora sostuvo que “la conducta del oficialismo en la Cámara de Diputados fue vergonzante, porque se votó casi a escondidas. La Alianza Cambiemos violó el reglamento, en una sesión nula de nulidad absoluta con el objeto de ratificar el DNU 267/2015 que deroga la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
Ayer, asesores y abogados del bloque analizaban la presentación de una denuncia judicial para reclamar la nulidad de la aprobación del decreto basado en todas las irregularidades de la sesión especial convocada por el oficialismo, que se negó a registrar la votación de los diputados y la realizó a mano alzada. “El engaño se perpetró en medio de una confusión generada por ellos: mientras nuestro bloque pedía el voto nominal –es decir el voto que identifica a cada diputado–, se habilitó rápidamente la votación a mano alzada. La realidad es que no querían quedar expuestos ante la opinión pública los nombres de los diputados que se prestaron a ratificar el DNU, lo que constituye una verdadera votación offshore”, agrega el comunicado del bloque del FpV.
“Los diarios extranjeros señalan el encubrimiento grosero de un escándalo internacional como el Panama Papers por parte de medios argentinos y la Alianza Cambiemos & Cia se doblega avergonzada ante sus exigencias. Lo hicieron ocultando sus nombres detrás del ardid de votar esta norma ilegítima a mano alzada. Por suerte tenemos las filmaciones que muestran sus rostros. No tendrán impunidad frente al pueblo”, insiste otro de los párrafos del texto de la bancada, que a través de Recalde dejó en claro durante la sesión que “el cien por ciento de su bloque votó en contra del decreto” macrista.
El presidente de la Cámara baja, el macrista Emilio Monzó, el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, y la socia menor de Cambiemos, Elisa Carrió, le negaron la reconsideración al FpV. “Es casi por unanimidad”, justificó Monzó para rechazar nuevamente el reclamo de una votación nominal del diputado Pablo López (PO-FIT). En tres minutos, sin debate ni registro de votación, el oficialismo convalidó otra decena de DNU.
OPINION
Mucho más que libertad de expresión
Imagen: Télam
Por Washington Uranga
Las miradas de muchos observadores de la situación de derechos humanos y de la comunicación de todo el mundo estarán centradas en la mañana de hoy en la audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habilitó en Washington para tratar el caso argentino. Los peticionantes encabezados por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y las organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) junto a la Defensoría del Público, argumentarán que el derecho humano a la comunicación y los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos están siendo violados por el gobierno macrista, que pretende revertir las cuestiones centrales de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA, 26522/2009) y de Argentina digital (LAD,27078/2014).
Ante la inminencia de la audiencia en la CIDH el gobierno, aceleró esta semana el trámite en la Cámara de Diputados donde consiguió la ratificación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) por los cuales se modificó la ley de ministerios e intervino la Afsca (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual). Sin embargo, la maniobra política no librará a los representantes oficiales de dar explicaciones en Washington. Seguramente usará a su favor la victoria parlamentaria y apoyará sus argumentos en la inaplicabilidad de las normas y en la necesidad de “modernizar” las leyes para adecuar la tecnología.
Por su parte los peticionantes buscarán demostrar ante los miembros de la CIDH que en la Argentina existen graves “vulneraciones a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y de regulación de servicios audiovisuales” y no solo desde el punto de vista la legislación argentina, sino porque se están transgrediendo los criterios establecidos por el propio Sistema Interamericano, al cual el país adhiere.
¿Qué se discute y cuál es la importancia de lo que se debate hoy en Washington?
La discusión parece ser lejana a la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos, hoy realmente más preocupados por temas acuciantes como la inflación o los despidos masivos en el Estado, aunque tampoco estas cuestiones aparecen en los principales titulares de los medios privados que forman parte de la cadena oficial. Este es precisamente uno de los temas centrales de la cuestión.
Sin dejar pasar por alto la gravedad que implica derogar mediante decretos presidenciales leyes que han tenido largos procesos de debate y consenso en la sociedad, es evidente que las decisiones adoptadas por el macrismo en materia de comunicación atentan de manera directa contra el derecho humano a la comunicación porque promueven la concentración de la propiedad de los medios y limitan gravemente la posibilidad de que en el escenario mediático exista diversidad de voces y pluralidad de opiniones. Nadie podrá argumentar que se trata de una jugada ingenua o meramente técnica de la alianza Cambiemos. No hace falta ser analista de la política. Todo ciudadano medianamente informado puede percibir hoy a simple vista que en las sociedades modernas se ha producido un traslado de escenarios de la política a la comunicación. El ámbito de la comunicación es esencial para la política y generar condiciones que atenten contra el derecho a la comunicación es, al mismo tiempo que vulnerar derechos humanos, atentar contra la democracia misma. No hay democracia política sin comunicación democrática.
Una rápida mirada a los acontecimientos de la semana en la Argentina deja en evidencia que existe en el país un engranaje que hace funcionar de manera coordinada a importantes actores de la Justicia, con periodistas y empresas de medios, para obturar la política, ejecutar revanchas, desacreditar todo el pasado reciente e instaurar en el país otro modelo de Estado con hegemonía de grupos económicos que habían sido desplazados. No se trata de defender a nadie que haya cometido delitos. Pero sí de garantizar para todos y de similar manera la igualdad de tratamiento ante la Justicia que incluye también evitar el “linchamiento mediático” con la complicidad evidente de funcionarios judiciales y la complaciente “neutralidad” del gobierno.
Lo que se reclama hoy en Washington en la CIDH, más allá del marco formal que impone la audiencia, es la posibilidad misma de que el país conserve estándares democráticos mínimos que garanticen una democracia plural con comunicación plural. Algo que no se logra derogando leyes por decreto, sustituyendo organismos reguladores con amplia representatividad por un Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) que no tendrá ninguna independencia del gobierno ni de Cambiemos, eliminando todos los límites legales a la concentración de la propiedad o creando una comisión para elaborar una nueva ley integrada exclusivamente por detractores de la LSCA y sin ninguna representación de actores plurales de la comunicación en el país.
Más allá de sus resultados concretos, la audiencia de hoy en la CIDH permitirá visibilizar ante el mundo que la estrategia de Cambiemos está directamente orientada a echar por tierra de manera drástica el derecho a la comunicación. Este es también el camino para, como han propuesto varios de los voceros oficiales y oficiosos del oficialismo, vaciar de sentido la lucha por los derechos humanos y hasta cambiar los organismos que los defienden y a quienes los representan. En Washington hoy no se debate tan solo sobre estándares de libertad de expresión. Lo que se denuncia y cuestiona es que en la Argentina se está avasallando el derecho a la comunicación y por esa vía poniendo en riesgo los derechos humanos y la democracia. Y para muestra es suficiente analizar lo sucedido en la materia desde el 10 de diciembre hasta la fecha: cada día menos información diversa y pluralidad de voces, mientras se refuerza el coro mediático de aplaudidores del oficialismo. No se trata solo del derecho a la comunicación como si este fuese un capítulo autónomo de los derechos democráticos. Cuando se debate sobre estándares de la comunicación hoy lo que se discute es el sentido profundo de la democracia que queremos.
OPINION
La cuestión de la universidad
Por Diego Conno *
En los últimos meses, desde distintas columnas de opinión de los diarios Clarín y La Nación se han venido poniendo en cuestión varios aspectos alrededor de la universidad. Críticas que van dirigidas hacia la creación de nuevas universidades en los últimos años, a las partidas presupuestarias, al carácter político de las universidades o a la calidad académica, hasta llegar al cinismo de plantear la pregunta de si tiene algún sentido ir a la universidad. Si algo aprendimos en todos estos años, es que la información nunca es neutral, que los medios de comunicación son dispositivos de poder performativos, que producen efectos reales sobre la sociedad. El objetivo implícito es generar un clima de opinión que haga posible el desfinanciamiento del sistema universitario.
La universidad, como toda institución, es una institución política. Expresa determinados deseos, intereses, en suma, valores, de una sociedad o un pueblo por aprender, por pensar, por saber, por expresarse: un deseo de vivir mejor. En general, cuando desde ciertos sectores se ataca a la universidad, se hace desde una visión elitista, que considera que no todos pueden acceder a los estudios superiores, o que no todos tienen iguales derechos. Resulta una obviedad que el capitalismo, aún en su versión neoliberal, no precisa de sujetos críticos; necesita una masa de consumidores pasivos y una fuerza de trabajo disciplinada.
En una nota anterior, publicada en este mismo diario, me referí a la universidad como una poética del espacio. Quisiera volver a aludir a esa idea, para sostener la fuerza expresiva de la universidad en términos éticos, estéticos y políticos. Esto significa comprender a la universidad no como mero resguardo de conocimientos, ni como laboratorio de reproducción de la fuerza laboral. La universidad es, fundamentalmente, una potencia colectiva y plural de pensamiento y acción que despliega sobre un territorio su fuerza de imaginación y creación.
La crítica al presupuesto otorgado a las universidades, que en buena hora ha aumentado y mucho en estos años, oculta, por mala fe o ignorancia, el carácter complejo del sistema de distribución de recursos. El presupuesto real con el que cuenta cada universidad depende no solo de la magnitud de la institución (cantidad de alumnos, docentes y no docentes), sino también de una heterogeneidad de funciones que ejerce cada una. Todas las universidades nacionales desarrollan, además de sus actividades de docencia, diversos programas de investigación, de vinculación territorial, de formación docente, de articulación con los colegios secundarios, de asesoramiento a empresas y agencias gubernamentales, de acceso a bienes culturales, entre otras tantas cosas que hacen a los fines y funciones de la universidad. A esto se le suma, la necesidad que tienen las universidades nuevas de mayor presupuesto para poner en funcionamiento diversos mecanismos institucionales que van, desde el desarrollo de infraestructura hasta programas de tutorías y acompañamiento pedagógico, y que deben ir acompañadas al mismo tiempo con políticas de Estado que consoliden los procesos de inclusión, sobre todo en los casos de territorios con poblaciones con mayores grados de vulnerabilidad y mayor nivel de precariedad en las condiciones de acceso a los estudios.
La crítica a la calidad académica también exige una consideración. Desde luego que la calidad académica es una condición a lograr de toda institución educativa, pero lo que tenemos que plantearnos es qué decimos cuando decimos calidad. La calidad es una construcción política, que implica priorizar ciertos elementos en detrimento de otros. Muchas veces la calidad se mide con parámetros realizados en el extranjero, con necesidades y demandas distintas de las nuestras. Esas mediciones generan, en muchos casos, una colonización del pensamiento y el conocimiento que va en detrimento del desa- rrollo nacional. Tampoco puede servir de recurso retórico para poner en cuestión la inclusión social. Una universidad es una buena universidad si y solo si es al mismo tiempo una universidad de calidad y para todos. De lo contrario, se convierte, como lo ha sido siempre a lo largo de la historia de Occidente, en un espacio de construcción de elites.
Desde luego, el trabajo no es sencillo, implica nuestros mayores esfuerzos de pensamiento y acción para lograr que la universidad sea un derecho universal efectivo. Reconociendo que el derecho a la universidad no es solamente el derecho que tienen los sectores tradicionalmente excluidos a ingresar, permanecer, y egresar de la universidad. Es el derecho de toda la sociedad a la universidad.
Una sociedad democrática precisa de un espacio agonista de deliberación conflictual. No debiera ser un problema que desde determinados sectores se pongan en discusión las funciones y los fines de la universidad: el para qué y para quiénes. Aun cuando los intereses de esos sectores sean manifiestamente contrarios a los de las grandes mayorías. Sin temor a la discusión, debemos decir que el carácter vibrante de la deliberación pública se halla en el corazón de toda sociedad verdaderamente democrática, y constituye uno de los núcleos de la gran tradición universitaria argentina. Lo que no se puede hacer es mentir, tergiversar o disfrazar intereses sectoriales bajo la falsa idea de abrir un debate plural. La cuestión de la universidad es un tema de todos, demasiado importante para que sea banalizada desde los escritorios de consultoras privadas o corporaciones mediáticas.
A dos años del centenario de la reforma universitaria, sin dudas nos debemos una discusión amplia, plural y abierta acerca de rol de la universidad, de su relación con el Estado y con la sociedad, con el sistema productivo; y también con los partidos políticos, con los sindicatos, con los movimientos sociales, con las organizaciones populares. Pero el piso de este debate debe ser entender a la universidad como un bien público y un derecho real y efectivo para todos y todas.
* Politólogo.
Por Mempo Giardinelli
Todo el país vio la conferencia de prensa del jefe de gabinete Sr. Peña, en la que se esforzaba para negar la inocultable responsabilidad de un presidente que en todo el mundo está siendo señalado como potencialmente corrupto.
Igual que el presidente un día antes, ambos repitieron el sonsonete de una increíble transparencia abaratada frente a la denuncia universal de que el Sr.Macri, su papá y su hermano (por lo menos) son titulares de una decena de empresas offshore en un paraíso fiscal llamado Panamá, que fue un país hermoso hasta que se convirtió en la actual cueva favorita de evasores y delincuentes de todo el planeta.
Los dizque argumentos del Sr.Macri y el Sr.Peña son paupérrimos: que las empresas offshore en las que apareció vinculado “no tuvieron movimientos ni activos de capital”. Que “no tiene nada que ocultar”, que “no tiene cuentas ni activos no declarados en Panamá ni en ningún otro lado”. Y que por tal motivo “no hacía falta declararlo”. Y que en cambio el jefe de Estado “solo apareció como director (de una empresa) sin activos ni capital (...) con lo cual hay que llevar una enorme tranquilidad de que no hay nada que ocultar”.
La pobreza argumental, es sabido, suele ser hija de la mentira. Y éste es un caso ejemplar, porque, como sabe cualquier persona decente, la cuestión no es si el Sr.Macri fue propietario o director de empresas offshore. No es si tenerlas indeclaradas fue un pedido de su padre. No es esa fruslería de que se instalaban en Panamá para operar en Brasil. No es si Kagemusha o como se llamen esas empresas secretas tenían mucha o poca actividad. No es si sus cuentas eran chiquitas o insignificantes. No, definitivamente no. La cuestión –la única cuestión– es que el presidente de la Nación Argentina opera desde hace años y en secreto en las mismas cloacas financieras de ladrones, evasores, estafadores, corruptos y narcotraficantes de todo el planeta.
Que nadie se ilusione con que Macri vaya a renunciar por todo esto, en primer lugar porque no se lo va a permitir el enorme poder que lo colocó donde está y lo sostiene a como dé lugar. Y además porque uno ya sabe que hay cierto tipo de gente que no hace de la vergüenza un deber.
Por eso la tragedia argentina es hoy descomunal. Porque el cuadro se perfecciona día a día y hora a hora gracias al impresionante cerrojo que el sistema mentimediático (indigno ya de la palabra periodístico) está poniéndole a la responsabilidad presidencial. En sólo tres días, los diarios y la telebasura ya no hablan del escándalo, o apenas lo mencionan en pocas líneas, abajo y moderadito. Para ellos corrupción hay una sola y pertenece al pasado: la de los kirchneristas más cuestionados que están empezando a desfilar por tribunales al servicio del nuevo régimen.
Es ruinoso para la democracia que la Constitución, así, sea triplemente atropellada. Por el Ejecutivo que miente y oculta, por el Legislativo incapaz de poner frenos, y por un paquidérmico sistema judicial que, en casos de conveniencia política y corrupción purulenta parece una Ferrari.
Así, la protección mafiosa es maciza: protegen al Sr. Macri y a todos sus protegidos con silencio, elusiones y títulos catástrofe sobre sujetos indefendibles como parecen ser el Lázaro Báez y sus adláteres, el Sr. Jaime y los suyos, y algunos más que representan una especie de farándula seudopolítica. Con ellos distraen, confunden y adoctrinan a millones de inocentes votadores, llevados y traídos por el ruidazal embrutecedor de noteros, camarógrafos, gendarmes, policías, fiscales y jueces todo servicio a quienes la información, la verdad, la justicia y la democracia les importan un perfecto y redondo carajo.
Y todo para que no se les desinfle el contento sonriente al que ayer encumbraron y hoy manipulan. La desesperación por salvarlo de la irregularidad republicana que significa mentir y ocultar patrimonio convierte a este episodio en un hecho trágico y doloroso para esta nación distraída y narcisista que es la Argentina. Este país en el que los zonzos son hoy marionetas manipuladas por perversos que inoculan su odio irracional y clasista y su espíritu vengativo a la sociedad, la comunidad organizada o como se quiera llamar a lo que el brillante León Gieco definió como la pobre inocencia de la gente.
El monstruo grande que pisa fuerte es, ahora, esta manipulación que confunde al pueblo en su ubicación de clase, en sus intereses verdaderos, en su posición espiritual y mental ante el mundo y el prójimo, y en sus deseos y su capacidad de discernimiento.
Y también es monstruoso el odio cargado de mentira y confusión semántica que inyectan minuto a minuto los que ahora mandan: llega incluso a anular la inteligencia de personas hasta hace poco sensibles, pero ahora vencidas por un revanchismo ajeno, agresivamente clasista y violento que no sólo no los calma sino que los desespera.
Esta es la tragedia argentina contemporánea.
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