Por la pluralidad y la diversidad de las voces

sábado 09 de abril de 2016

AUDIENCIA EN LA CIDH POR EL AVANCE DEL GOBIERNO SOBRE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Por la pluralidad y la diversidad de las voces

Representantes de organizaciones sociales advirtieron sobre el impacto de las medidas tomadas por Mauricio Macri y exigieron que "repare los aspectos del derecho a la comunicación ya vulnerados". Los funcionarios macristas no respondieron los cuestionamientos.

Los peticionantes (Horacio Verbitsky y Damián Loreti), plantearon 

cuestionamientos que no tuvieron respuesta por parte de los representantes 

del Gobierno (Claudio Avruj y Miguel de Godoy).

Por     Washington Uranga

Teniendo como marco el 157 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de organizaciones sociales encabezados por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) exigieron en Washington al gobierno del presidente Mauricio Macri que "repare los aspectos del derecho a la comunicación ya vulnerados" por los decretos que anularon parte de la normativa legal sobre servicios de comunicación audiovisual y "garantice la transparencia, participación plural y representación sectorial en la elaboración de toda norma relativa al derecho a la comunicación". Por su parte, los representantes del Gobierno, sin responder a los cuestionamientos que se le formularon, se apoyaron en el argumento de que los decretos dictados por el Ejecutivo y refrendados esta semana por la Cámara de Diputados fueron realizados "en pleno cumplimiento de las facultades constitucionales otorgadas al Presidente". De esta manera, quedaron configuradas dos posiciones antagónicas respecto de la política comunicacional en el país donde los temas más relevantes se agrupan en torno a la libertad de expresión, pluralidad de voces, participación ciudadana de la sociedad civil en el ámbito de las comunicaciones y concentración de la propiedad de los medios.

La audiencia se concretó a partir de una presentación hecha por el CELS que fue acompañada por un gran número de entidades que conforman la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD).

Poco antes del cierre de la audiencia hizo uso de la palabra el Relator Especial para la Libertad de Expresión, el abogado uruguayo Edison Lanza, quien después de agradecer y valorar la participación de los representantes gubernamentales, puso énfasis en la necesidad de que el gobierno argentino dé respuestas frente a la demanda de participación activa de los actores de la sociedad civil en la elaboración de una futura ley de comunicaciones y acerca de los recaudos que el oficialismo debería tomar para cumplir con los estándares internacionales que limitan la concentración de la propiedad de los medios.

La representación de la sociedad civil fue encabezada por el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, a quien acompañaron Martín Becerra (Universidad Nacional de Quilmes), Damián Loreti (CELS), Néstor Busso (Farco), Daniel Badenes (Redcom) y Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús. Por el Gobierno asistieron el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj; el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel de Godoy; Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires; Eduardo Bertoni; el embajador ante la Organización de Estados Americanos, José Arcuri; y la directora del Enacom, Silvana Giúdici.

La audiencia, presidida por el comisionado James Cavallaro, se inició con una presentación de Verbitsky, quien comenzó su presentación haciendo referencia al "muy alto impacto" que generó la "anulación" de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) dado que "con el pretexto de las falencias en la aplicación" se sustituyó "un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal que excluye a la sociedad civil".

Según señaló el presidente del CELS, "si la implementación de la ley era incompleta e imperfecta, el nuevo gobierno tenía la posibilidad de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo un marco jurídico que garantizaba la comunicación como un derecho de toda la sociedad y decretar la ley de la selva donde los grandes jugadores se quedarán con todo y dejarán a la sociedad sin nada".

Si bien no hubo intercambio directo entre las partes, salvo en un breve cruce final, la mayoría de los argumentos de los peticionantes se alinearon para reclamar la conculcación de derechos respecto de la comunicación que surgen de las medidas oficiales, mientras que las voces del Gobierno apuntaron a señalar "la hegemonía comunicacional del gobierno anterior", el "hostigamiento" a periodistas y la distribución "arbitraria" de la publicidad oficial. Frente a tales afirmaciones, Verbitsky dejó sentado que la delegación oficial se dedicó a hablar "del pasado" y no respondió a los cuestionamientos que se le formularon, advirtiendo también que si bien se aduce que las medidas adoptadas son "transitorias", tienen ya efectos jurídicos directos. El presidente del CELS habló también de "una política de hechos consumados, que habilita una mayor concentración, en vez de limitarla", como ha recomendado la misma CIDH.

En una de las intervenciones más extensas, Damián Loreti advirtió sobre los "graves impactos" en materia de libertad de expresión en la Argentina que se generan a partir de las medidas recientes adoptadas por el Gobierno, que producen, entre otras consecuencias, "la afectación de la autarquía legal de los organismos encargados de la aplicación de leyes se servicios de comunicación audiovisual y telecomunicaciones". El abogado especializado en el tema y doctor en Comunicación hizo también apreciaciones legales respecto de la necesidad de establecer límites al proceso de concentración de la propiedad y para que se garantice "la diversidad de medios para la democracia", observando que es altamente contrario a ello el régimen de renovación automática de las concesiones a los licenciatarios. Para Loreti, la libertad de expresión se apoya en "pluralidad de voces (medidas antimonopólicas); diversidad de las voces (medidas de inclusión social), y no discriminación (acceso en condiciones de igualdad a los procesos de asignación de frecuencias)".

Martín Becerra sostuvo que no se solicitó la audiencia para analizar las intenciones del Gobierno respecto de la "convergencia" ni para evaluar el "desempeño de gobiernos anteriores", sino para "examinar los efectos regresivos de la política dispuesta por el actual gobierno" que "agrava el problema de la concentración" de la propiedad de medios, y "gubernamentaliza" la "aplicación de políticas, alejándose del ideario republicano, combinando pues la discrecionalidad del mercado con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo".

Miguel de Godoy, hablando en nombre del Gobierno, sostuvo la disposición oficial a dialogar con los ahora peticionantes y se comprometió a abrir "instancias de diálogo porque eso es lo que más nos interesa", dado que "cuando uno dialoga con todos, la solución siempre puede ser buena".

La audiencia en Washington sirvió para terminar de configurar el escenario del debate de la comunicación en el país, discusión que habrá de prolongarse también en los escenarios internacionales.

LA AUDIENCIA EN LA CIDH SE SIGUIO VIA STREAMING DESDE EL CONGRESO

"Estuvimos bien representados"

En el auditorio del Congreso se congregaron comunicadores, académicos y legisladores opositores. Hubo críticas a los representantes del Gobierno por no contestar el objeto de la reunión y elogios a los peticionantes.

A partir de las 10, la audiencia en Washington fue seguida vía streaming 

desde el auditorio del Congreso.

Por     Ailín Bullentini

"Sinvergüenza", gritó un hombre a la pantalla gigante. La imagen mostraba al secretario de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural, Claudio Avruj, sentado en la sala de audiencias de la sede central de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington. Recién terminaba su intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH), a la que acudió en representación del Gobierno para dar explicaciones sobre la violación a los estándares internacionales de libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que implicaron los decretos de necesidad y urgencia que modificaron lineamientos claves de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tal como argumentaron organizaciones sociales y colectivos de comunicación. Avruj decía que su gobierno había llegado "para restituir el pleno cumplimiento a la libertad de expresión" en la Argentina y que, desde diciembre de 2015, el país "volvió al pleno Estado de derecho". "Sos un sinvergüenza", reiteró el hombre, una de las decenas de personas que se acercaron al Congreso para ver en vivo vía streaming la exposición, convocadas por la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD).

El clima de atención se mantuvo desde las 10 en el auditorio del anexo A del Parlamento cuando, a miles de kilómetros de distancia, los asistentes a la sede de la OEA en la capital estadounidense ocuparon sus asientos y el presidente del organismo, James Cavallaro, inauguró la audiencia número 39. Entonces, en el barrio porteño de Congreso –así como también en varias universidades nacionales del país que replicaron la experiencia de la transmisión en vivo–, la ansiedad se contuvo y las luces se apagaron. Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), comenzó a exponer los principales puntos de la presentación que esa organización, acompañada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (Redcom), y otros colectivos de la CCD realizaron poco más de un mes atrás sobre "la afectación a la libertad de expresión, de información y a la comunicación producidos por los tres decretos del Poder Ejecutivo (236, 267 y 13) que modificaron la LSCA".

Las voces, en Washington, cambiaron a buen ritmo, dado que los representantes de las organizaciones peticionantes tenían no más de 20 minutos para dejar todo expuesto sobre la mesa. El especialista en políticas de comunicación Martín Becerra tomó la posta tras el presidente del CELS y luego lo sucedió el abogado Damián Loretti. Desde Buenos Aires, los planteos se siguieron con entusiasmo y algunos alientos susurrados al estilo "eso mismo" o exactamente". "Vamos Daniel", envalentonaron en volumen más alto al titular de la Redcom, Daniel Badenes. Para entonces, el auditorio ya estaba lleno, entre comunicadores, universitarios, investigadores, trabajadores y algunos pocos legisladores como los diputados del Frente para la Victoria Remo Carlotto, Liliana Mazzure, Eduardo Seminara y Cristina Alvarez Rodríguez. A su turno, el titular de Farco, Néstor Busso, habló en nombre de las radios comunitarias. Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús, resumió el petitorio al organismo internacional superando apenas el minuto 23.

La evaluación de la ponencia por parte de los integrantes de la CCD que escucharon a la distancia fue altamente positivo. "Argumentos claros y precisos", consideró Mariela Pugliese, de Farco. "Se ajustaron al motivo de la audiencia y fueron contundentes", remarcó el titular de la Carrera de Comunicación de la UBA, Diego de Charras. "Estuvimos muy bien representados", añadió Laura Yanella, de FM En Tránsito.

De la exposición del Gobierno opinaron todo lo contrario. Pugliese tomó la palabra que Verbitsky, en Washington, usó para calificar los discursos de Avruj y comitiva. "Impertinente. Así fue, absolutamente impertinente su respuesta porque lo que plantearon no tiene nada que ver con lo peticionado. No hablaron de los decretos", postuló la comunicadora.

Los discursos del secretario nacional de Derechos Humanos, de su par bonaerense, Santiago Canton, y del titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel De Godoy, fueron discutidos a viva voz en el auditorio del Congreso. Y aunque no habló, la ex diputada Silvana Giúdici, actual integrante del directorio del Enacom, fervorosa atacante de la LSCA en épocas de debate legislativo y mejor aliada del Grupo Clarín en tiempos de litigios, fue la más abucheada cuando la enfocaron. Como en el resto de las áreas sobre las que gobierna, la gestión de Cambiemos acudió a "la pesada herencia" para justificar sus propios pasos, pero no hicieron referencia alguna a los decretos con los que modificaron la LSCA. De Charras lo lamentó y analizó la actitud como "representativa" de la actitud general de la gestión de Cambiemos. "Enuncian mucho la palabra 'diálogo', pero no escuchan los planteos de su interlocutor. Este planteo era sobre la incompatibilidad de tres decretos y la modificación de dos leyes. Sobre eso no dijeron absolutamente nada. Actuaron como si siguieran en campaña electoral", puntualizó.

A Carlotto el "posicionamiento sin ningún argumento relacionado con lo discutido" por parte del Gobierno nacional lo sorprendió. Mazzure recordó la sesión especial en la que el miércoles pasado oficialismo forzó a votar a mano alzada la aprobación del DNU 267 y remarcó que "después de eso no se podía esperar otra cosa" porque "los argumentos fueron casi los mismos": la supuesta persecución a periodistas, el uso de la cadena nacional, el "atraso" tecnológico y la "necesidad" de acudir a la convergencia, como estandartes del "cambio". Al igual que Seminara, ambos se pusieron a disposición de "una agenda de trabajo en todo el país" para "dar la batalla".

Los funcionarios de la CIDH celebraron el diálogo y no fueron mucho más allá. Quienes se congregaron ayer en el auditorio del Congreso destacaron que el pedido de intervención al organismo haya generado la presencia del Gobierno en la audiencia. "Logramos llevarlos hasta ahí, es mucho", apuntaron. A la hora de hacer balances, la mayoría de los participantes prefirió quedarse con la intervención del comisionado Francisco Eguiguren antes que la del relator de Libertad de Expresión, Edison Lanza, bastante más ambigua. "Las preguntas de Eguiguren apuntaron al corazón de los decretos, a la concentración de medios, fueron claras y bastante agudas. En cambio, Lanza destacó demasiado el discurso de transición que implican estos decretos cuando en realidad ya están permitiendo cambios concretos: está habiendo concentración mediática ahora y mientras más avance más medios comunitarios van a caer", postuló Pugliese. Amanda Alma, de Red Par, consideró que la posición de la comisión fue la "clásica" de "ponerse en un lugar de mediador entre demandas de sociedad civil y Estado, abonando a una idea de encuentro, participación colectiva", pero, aunque "la disputa es entre dos modelos de comunicación completamente diferentes, es importante plantear el tema en la agenda pública".

PANORAMA POLITICO

Oscurísimo

Por     Luis Bruschtein

Mientras la poderosa corporación mediática local aceptaba las excusas inverosímiles del presidente, en el mundo la figura de Mauricio Macri caía en picada. El que está peor es Macri dijo el estadounidense The New York Times. Y el Süddeutsche Zëitung, que fue el que logró la primicia y entregó la documentación al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, se asombró por la "suavidad" con que lo habían tratado en Argentina los periodistas de investigación del Grupo Clarín y La Nación que recibieron los papeles.

No es para menos, Macri es uno de los cinco mandatarios en funciones en todo el planeta que aparece al frente de sociedades que en general son usadas para lavar dinero o evadir impuestos. Y sus excusas son tan bizarras que, más que exculparlo, agrandan el mar de sospechas. Dijo que era un "director ocasional" de la primera sociedad que apareció, que esa sociedad nunca había operado y que, en todo caso, era de su padre y que quedó inscripta pero en desuso. Dijo que la habían abierto para realizar operaciones en Brasil que nunca se realizaron. Era una sociedad inscripta en Panamá, con sede en las Bahamas, para operar en Brasil. Oscuro. Y después apareció otra sociedad offshore en la que también figuraba en el directorio "ocasional". Oscurísimo. Cualquier especialista sabe que ninguna sociedad offshore queda abierta por olvido o desidia. Recontra oscuro.

El ex fiscal Alberto Nisman tenía una cuenta en Estados Unidos con cientos de miles de dólares no declarados ni explicables, a nombre de su madre, pero él figuraba como apoderado. A pesar de que legalmente no sea el dueño, el único que puede mover dinero de esa cuenta es el apoderado. Lo mismo sucede con los directores de las sociedades offshore. Pueden ser o no accionistas y por lo general lo son, pero son los que pueden mover el dinero, por eso los directores son los que cortan el bacalao y no son "ocasionales" o decorativos como se excusó Macri.

Estas sociedades offshore no contrastan con el medioambiente del nuevo oficialismo. Forman parte del organigrama ceocrático de Macri, un empresario que creció como contratista del Estado y que ahora tiene a su primo y ex socio Angelo Calcaterra, y a su principal amigo y ex socio, Nicolás Caputo, como los principales contratistas de su gobierno. Cada vez que se lo recuerdan, alega que todas las obras fueron ganadas en licitaciones, y en eso no hay ninguna diferencia con las de Lázaro Báez. En 2007, cuando Mauricio Macri asumió como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, su padre Franco le vendió las empresas a su sobrino Angelo, que hasta ese momento, como gerente general de Sideco, era el segundo de la corporación familiar. O sea, fue una venta pero todo quedó en familia. Durante el tiempo que Macri fue jefe de gobierno, su ex socio Nicolás Caputo ha llegado a controlar el 30 por ciento de las principales obras que se construyen en la ciudad y ha conseguido permisos imposibles en zonas restringidas y altamente rentables como Puerto Madero, donde encabeza los emprendimientos más importantes así como ha usado tierras fiscales en Caballito sin que el Gobierno de la Ciudad moviera un dedo. Iecsa y Creaurban, que son del primo de Macri, Angelo Calcaterra, junto con la constructora de Caputo compiten con Techint entre las principales empresas contratistas del Estado, mucho más grandes que la constructora de Lázaro Báez que, en comparación con ellos, es una Pyme. Y además le corren las generales de la ley. Las mismas acusaciones que se le hacen a Báez en cuanto a obras que ya fueron pagadas y no están terminadas corren para los laderos contratistas del gobierno de Macri. Por ejemplo, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra millonaria que se adjudicó Calcaterra y la dejó a mitad de camino. Pero como se trata de las viejas empresas familiares, Macri ya se apresuró a prometer su continuidad a pesar de las dificultades por el desfinanciamiento en que metió a su gobierno.

No hay que darle muchas vueltas: las sociedades offshore son para negocios turbios. Y no es ético que un presidente tenga como principales contratistas de su gobierno a su íntimo amigo y a su primo, que quedó al frente de lo que eran las empresas de su padre Franco. Y menos cuando las empresas de ese presidente, que ahora maneja su primo, crecieron como contratistas del Estado con todos los gobiernos desde los años 70 y fueron favorecidos por ellos. Y lo paradójico es que el centro de la campaña mediática para proteger a Macri del escándalo por los Panama Papers es acusar al kirchnerismo de favorecer a otro contratista, Lázaro Báez, que no es primo ni íntimo amigo de los Kirchner. Y lo más paradójico de todo es que los mismos periodistas de investigación del Grupo Clarín y La Nación, que se saltearon todas las preguntas sobre Macri, son los que denunciaron a Báez. Más aún. Cuando tras la orientación del fondo buitre de Paul Singer sobre la existencia de dos supuestas cuentas lavadoras a nombre de Máximo Kirchner en Nevada, los del Grupo Clarín hablaron con la sucursal de Mossack Fonseca. La empresa les respondió que no tenía esa información y se demostró que las cuentas nunca habían existido, que solamente se trataba de la campaña de desprestigio contra el gobierno argentino por parte del fondo buitre que contó con el seguidismo de la corporación mediática y sus periodistas emblemáticos. Jugaron para los fondos buitre contra el país, con información falsa.

Y ahora se sabe que Mossak Fonseca no sólo no abrió ninguna cuenta o sociedad offshore para nadie de la familia Kirchner, sino que sí lo hizo para, además del presidente Macri, por lo menos otro importante funcionario del PRO, nada menos que el encargado de la economía de la ciudad de Buenos Aires mientras Macri era Jefe de Gobierno: Néstor Grindetti (actual intendente de Lanús).

Los periodistas de investigación del Grupo Clarín y La Nación hablaron con Macri un mes antes de publicar la información y aceptaron en forma acrítica sus excusas elementales. La estrategia del macrismo era tapar el escándalo de Macri con una ofensiva mediática y judicial con acusaciones de corrupción a ex funcionarios del kirchnerismo y la agudización de la causa contra Lázaro Báez. No se ahorraron presiones. La ministra de seguridad, Patricia Bulrrich, llamó al juez Sebastián Casanello para advertirle que el empresario estaba a punto de escaparse en su avión particular. Pero el avión no se estaba escapando, por el contrario, llevaba a Báez a Buenos Aires, donde tenía que declarar ante el juez al día siguiente. Igual fue preso en el aeropuerto de San Fernando en medio de un gran despliegue mediático cuyo fin era distraer la atención del escándalo de las offshore de Macri. Si no hubiera sido por la fuerte repercusión internacional que golpeó de lleno, como nunca antes, la imagen del presidente argentino, la corporación mediática hubiera aceptado las burdas excusas presidenciales y hubiera tapado los hechos bajo una catarata de denuncias de corrupción contra el kirchnerismo, como hizo Clarín durante toda esta semana.

La maniobra de ocultamiento fue acompañada por varios jueces, por políticos supuestamente opositores como Margarita Stolbizer –que aspira a un puesto en la Corte– y oficialistas "críticos" como Elisa Carrió, y por un discurso insólito del titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, contra la corrupción, en el que no dijo ni una palabra sobre las cuentas offshore presidenciales.

El contexto es la citación a Cristina Kirchner a declarar el miércoles ante el juez Claudio Bonadio, un juez protegido por el macrismo a pesar de ser el que más pedidos de juicio político tiene ante la Magistratura. El macrismo sostiene a uno de los jueces más desprestigiados porque es el único kamikaze dispuesto a citar sin estructura probatoria a una ex presidenta, lo que constituye una operación política y no judicial. En contrapartida, la citación aparece como una devolución de favores por la protección de la mayoría macrista, incluyendo a los radicales, en la Magistratura.

Macri tiene controlada la información a través del sistema de medios en Argentina, pero la fuga que se produjo en el estudio Mossack Fonseca, fuera del país, fue como si saliera un cocodrilo de la galera para arruinarle la fiesta y poner en evidencia la trama hipócrita de los que denuncian al kirchnerismo para tratar de encubrir al macrismo. Es el mismo mecanismo de "la pesada herencia": tapar con el otro los pecados propios. La denuncia contra la corrupción no puede ser de un solo lado. Macri fue imputado por contrabando en los 90, por espionaje hace pocas semanas y ahora aparecen estas sociedades offshore. En cualquiera de esas tres situaciones hubo y hay muchas más pruebas concretas contra Macri que cualquiera de las sospechas que le atribuyen a Cristina Kirchner. Pero ahora más que nunca, después del escándalo de las offshore, el macrismo necesita un circo público de humillación a la ex presidenta, aunque corra el riesgo de victimizarla y terminar de descorrer el velo de hipocresía que cubre el uso político del discurso anticorrupción, el denuncismo y la judicialización de la política. Las presiones para aplicar el neoliberalismo desnaturalizaron y destruyeron a las Fuerzas Armadas en los 70, después de usarlas; en los 90 hicieron lo mismo con los viejos partidos tradicionales, después de usarlos, y ahora terminarán por pulverizar la credibilidad del sistema de medios y la Justicia. La corporación de medios y parte de la judicial son las herramientas actuales de estas políticas, como antes lo fueron los militares y los viejos partidos y terminarán igual que ellos. Los principales perjudicados serán, igual que en todos esos procesos anteriores, la democracia y los que menos tienen.

OPINION

La igualdad y el derrame offshore

Por     Carlos Zannini   *

Los argentinos venimos de protagonizar doce años de una experiencia política que pudo probar que la construcción de la igualdad es ventajosa para la sociedad, el Estado y cada uno de los ciudadanos.

Cada argentino incluido se integraba al mercado interno y lo hacía crecer, cada nuevo empleado al cubrir sus necesidades ampliaba sus gastos y ayudaba a emplear a otros.

Ya Adam Smith sostenía que "Ninguna sociedad puede prosperar y ser feliz si la mayoría de sus miembros son pobres y desdichados". Lo recordaba Tony Judt en su último libro, dictado casi desde su lecho de muerte.

El agregaba, con razón, que la desigualdad económica exacerba los problemas, sosteniendo que "Cuanto mayor es la distancia entre la minoría acomodada y la masa empobrecida, más se agravan los problemas sociales, lo que parece ser cierto tanto para los países ricos como para los pobres. No importa lo rico que sea un país sino lo desigual que sea" (Tony Judt, Algo va mal, Ed. Taurus, 2011, p. 33).

Apuntaba allí dos datos interesantes: Estados Unidos, pese a gastar grandes sumas en sanidad, tiene una esperanza de vida que sigue estando por debajo de Bosnia. El crecimiento económico beneficia a todos, dice, pero sirve desproporcionadamente a una pequeña minoría bien situada para explotarla, conforme él veía en China y en la India; pero le llama la atención, le parece llamativo, que Estados Unidos, una economía plenamente desarrollada, tenga un índice de Gini (la convencional medida de la distancia que separa a ricos y pobres) casi idéntico al de China.

En esta experiencia de crecimiento con inclusión, en camino a mejorar la igualdad, los argentinos logramos grandes cosas que conocemos y que ya resulta ocioso enumerar.

Esta no es una cuenta económica, sino individual y retrospectiva, en donde debemos mirar cómo estábamos en el 2003 y hasta donde habíamos llegado el 9 de diciembre de 2015, en cada situación particular en cuanto empleo, vivienda, salud, bicicleta, moto o auto, es decir bienestar.

El gobierno de Macri (porque Mauricio, es Macri) quiere insistir, como ya se intentara en los 90, en el modelo del derrame, donde supuestamente detrás del ajuste, la mega devaluación, la inflación, los despidos, la rendición ante los buitres, el regreso al endeudamiento, se encuentra un futuro mejor en donde la riqueza derramará sus benéficos efectos para todas y todos.

Básicamente se trata, según explican, de que la pequeña minoría que se favorece con las medidas que actualmente toman la inviertan en crear nuevos, mejores y más numerosos puestos de trabajo. Especulan teóricamente respecto de que los más favorecidos tendrán una visión solidaria con el país y derramarán su riqueza hacia los que menos posibilidades tienen y son desfavorecidos por esas medidas.

No existe experiencia práctica en el mundo en donde ello hubiera sucedido, como no la existe respecto de que las empresas públicas privatizadas resulten mejores que las que permanecieron en el acervo público. Pero ellos son creyentes de esas supuestas "verdades económicas" sin ejemplos prácticos sostenibles en el tiempo. Es en todo caso, como una cuestión de fe.

Existe sí, prueba palpable de que muchos de los favorecidos por estos procesos de concentración económica nutren los archivos de los Panama Papers con sus cuentas y empresas offshore.

Está claro que lo que nos preocupa no es el debate entre teorías económicas. La cuestión no puede quedarse en libros de economía, debe crecer para trascender a la filosofía política, a, simplemente, la política.

Queremos sí señalar la diferencia: unos hablan de teorías no probadas en el mundo real, la teoría del derrame. Nosotros podemos hablar desde una experiencia práctica concretada en los doce años de los gobiernos de Néstor y Cristina, en donde les guste o no los argentinos empezamos a sentirnos más iguales.

Para finalizar, un tema económico –si no tuviera implicancias morales y quizás penales–, referido al derrame. Quizás el derrame que sí provoquen las medidas tomadas tenga un destino offshore, lo que pudiera ser alguna explicación racional de por qué fracasan en el mundo real sus teóricos.

De allí el título.

*    Ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia.

OPINION

Reflexiones panameñas

Por     Rodolfo Rabanal

Los escándalos producidos por la revelación de los llamados Panamá Papers, me llevaron a reconsiderar la cuestión en los términos de un problema mayor.

En el transcurso de uno de sus seminarios de 1982, Cornelius Castoriadis confiesa que siempre le sorprende la capacidad de la gente de permanecer ciega frente a la significación de aquello que tiene ante los ojos. El comentario aparece en el contexto del tratamiento que hace de la democracia griega, o quizá sea más preciso decir ateniense, sobre todo en el siglo quinto antes de Cristo.

El punto central de su clase es el origen de la democracia, que vincula con el origen de la filosofía y el origen de la política, tríada – digámoslo así – que se manifiesta de un golpe como un solo "ser" articulado en tres partes, al cabo, por supuesto de una evolución lenta, difícil y lejana. Pero no es ese el tema de estas líneas sino nombrar, en principio, la curiosa figura del graphé paranomos sobre la que se extiende Castoriadis en el seminario.

Según su explicación, esta regla del marco jurídico ateniense significaba que todo ciudadano se encontraba habilitado para proponer una ley a la asamblea del pueblo, que podía, ocasionalmente, ser perfectamente aprobada, pero entonces cualquier otro ciudadano – un disidente – estaba a su vez habilitado para llevar al autor de la propuesta ante los tribunales procurando su condena "por haber incitado a la ekklesía, el cuerpo soberano, la asamblea del pueblo, a votar una ley injusta". Esta es, precisamente, la graphé paranomos, es decir una medida que va más allá de la norma, o la ley o la institución, y al ir más allá la suprime puntualmente sin quebrantar la noción de justicia. Castoriadis se exalta y exclama que se trata de una institución "fantástica y fundamental".

Me pregunto, y de esta pregunta surge la reflexión en curso, si disponemos hoy de algún recurso que se asemeje a esa posibilidad jurídica, sospecho que no, pero debido a que no pertenezco al ámbito de la justicia, me planteo la duda.

El panorama crítico – y escandaloso – de las cuentas o empresas abiertas en los llamados paraísos fiscales permite que se aplique la observación de Castoriadis a propósito de la capacidad de la gente de permanecer ciega ante lo evidente. Sabemos – se nos dice – que las colocaciones de valores offshore son legales, esto significa que una ley legitima estos "islotes" de privilegios pero, al mismo tiempo es notorio que esos depósitos o "construcción" de empresas se efectúan para evadir impuestos, preservar secretos sobre la riqueza y producir combinaciones financieras múltiples e "invisibles" sin que a nadie preocupe ni la procedencia ni el destino del dinero.

Entonces, tenemos por un lado que los dichos "paraísos" son legales, pero por otro lado y al mismo tiempo no ignoramos que fueron creados para amparar a evasores de todo tipo. En suma, la paradoja es aquí un escándalo tanto ético como racional, porque la justicia confiere legalidad a un espacio cuyo objetivo consiste en la comisión de delitos fiscales mayúsculos. Y la justicia, que sepamos, no existe para respaldar el delito.

No es fácil entender qué noción ética del derecho fue capaz de legitimar un escenario que protege los entramados ilícitos. Mejor dicho, sí, lo entendemos, pero no se lo puede aceptar sin caer en una contradicción irresoluble: la ley que fundamenta el derecho de la propiedad (privada, sobre todo) es la misma que se invierte para instalar la corrupción. El mundo letal de las finanzas globales es un mundo corrupto, es el mismo mundo que corrompe a la política con el afán ingobernable de extinguirla de forma total.

Cuando los griegos "inventaron" la ley lo hicieron para evitar el caos e instalar en la sociedad la práctica fundamental de la autolimitación, tanto en términos individuales como en términos colectivos. Pero de entonces a hoy pasaron veinticinco siglos y muchas cosas cambiaron, acaso definitivamente.

No hay escapatoria. Alguien – algún organismo internacional – debería declarar la ilegitimidad de los paraísos fiscales, alguien debería reponer en nuestro mundo poderosamente injusto el graphos paranomos que enorgullecía a los atenienses.

LOS APODERADOS DEL PERONISMO APELARON LA DECISION DE SERVINI DE CUBRIA DE POSTERGAR EL CIERRE DE LISTAS

El PJ quiere mantener su cronograma electoral

La medida de la jueza provocó una reunión de urgencia del justicialismo. Apelaron la medida y presentaron la lista de unidad.

Abal Medina, Gioja y Scioli, entre los dirigentes que se reunieron de 

urgencia en la sede partidaria.

Imagen: Sandra Cartasso.

Por      Nicolás Lantos

El Partido Justicialista ratificó su voluntad de seguir adelante con el proceso de selección de sus nuevas autoridades en el tiempo y de la forma que estaba previsto, a pesar de que ayer la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría decidiera postergar el cronograma de las internas en veinte días, al ordenar que se posponga hasta el 28 de este mes el cierre de presentaciones de listas que vencía anoche a última hora. "El cronograma sigue vigente", anunció el candidato a presidir el espacio, José Luis Gioja, en un breve diálogo con la prensa en la sede nacional del PJ.

El fallo de Servini de Cubría provocó una reunión de urgencia en el edificio de la calle Matheu, donde un grupo de dirigentes discutió el camino a seguir y decidió apelar la decisión y continuar adelante con el calendario original, por lo que, por la noche, los apoderados del partido presentaron ante el juzgado la lista de unidad encabezada por Gioja; el ex candidato presidencial Daniel Scioli; el titular de la CGT oficial, Antonio Caló, la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.

La postergación del cierre de listas tomó por sorpresa al peronismo, que ayer por la tarde no sabía cómo reaccionar ni de dónde venía el golpe. El jueves por la tarde, en una reunión de apoderados convocada por la jueza, los representantes de un sector referenciado en el ex presidente interino Eduardo Duhalde habían vuelto a pedir que se desconozca el último congreso partidario, se impugne el proceso electoral y se intervenga el partido. Aunque algunos dirigentes peronistas veían ahí el origen de la decisión de la jueza, finalmente se supo que ésta no respondió a un pedido de ninguna de las partes sino a un requerimiento de oficio cursado por el fiscal con competencia en la materia, Jorge Di Lello.

En el PJ suponen que más allá de cuál haya sido la "excusa jurídica", detrás de la maniobra se encuentra el gobierno nacional, que es "el más interesado de que exista un peronismo sin partido, sin conducción y sin orden". La caducidad del mandato de las actuales autoridades es en un mes: el 8 de mayo, y en el peronismo temen que la prórroga dispuesta por la jueza pueda llevar el proceso electoral más allá de esa fecha, como excusa para abrir una ventana legal por la que un grupo de afiliados podría solicitar el comienzo del proceso de intervención, algo que todos coinciden sería "catastrófico" para el peronismo tanto en términos institucionales como políticos.

La nómina presentada anoche lleva finalmente a Gioja como candidato a presidente, Scioli como número dos y las restantes vicepresidencias corresponden a Caló (en representación del movimiento obrero), Corpacci (por la rama femenina del peronismo) y Nardini (en el lugar que se le reserva históricamente a la juventud). Una de las principales novedades es la reincorporación del PJ de San Luis y de La Pampa, que desde hace más de una década se habían automarginado de la vida institucional del peronismo nacional. En las secretarías y los asientos del Consejo hay representantes de todas las provincias, intendentes, diputados, senadores y figuras de los movimientos sociales y organizaciones y políticas.

La resolución de Servini de Cubría se había dado a conocer por la tarde, a pocas horas del cierre, y ordenaba "prorrogar hasta el día 28 de abril de 2016 el plazo de presentación de listas, candidatos y avales" además de "hacer saber a la Junta Electoral del Partido Justicialista orden nacional, que deberá adecuar los plazos de aún restan por cumplirse del cronograma electoral, de acuerdo a la prórroga dispuesta precedentemente". También mandaba a "dar amplia publicidad al nuevo cronograma electoral" que debía ser presentado en tres días hábiles a partir del lunes.

De la improvisada conferencia de prensa en el hall de la sede, debajo de los retratos de Juan Domingo Perón y de Evita, participaron, además de Gioja, el presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, y el senador por la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Abal Medina. A último momento se sumó Scioli. En el encuentro a puertas cerradas también estuvieron la diputada Cristina Alvarez Rodríguez y el titular de la Junta Electoral, Hugo Curto.

"Para nosotros el cronograma sigue tal cual está vigente. Antes de las 24 vamos a presentar la lista de Unidad Justicialista y vamos a certificar con escribano público cuántas listas se presentan en tiempo y forma. Nosotros cumplimos con todos los requisitos de la carta orgánica y el reglamento, que exige que cinco provincias avalen la lista que se va a presentar. La lista Unidad Justicialista tiene el aval de 20 provincias y las provincias son 24. La cuenta la pueden sacar ustedes", dijo Gioja.

Por su parte, Scioli aseguró que "hay una clara intención de hacer todos los esfuerzos" para evitar la intervención del PJ porque "la agenda económica y social exige" un peronismo que esté "fuerte" y pueda "trabajar para ir mejorando las cosas porque todos los problemas que había que resolver se han agravado" desde el comienzo del gobierno de Macri. "Defender la gobernabilidad pero marcar estas cosas con firmeza", esa es "la esencia" del peronismo, completó el ex candidato.

El lunes se sabrá si la jueza da lugar a la apelación o si, como suponían ayer en Matheu, la rechazará, en cuyo caso el trámite seguiría en la Cámara Electoral. "Mientras tanto vamos a seguir avanzando con todos los trámites, sin incumplir el fallo pero dejando en claro nuestra rotunda voluntad de normalizar la situación del partido en los términos que se decidieron en febrero", anticipa uno de los armadores del espacio, que no descarta que de acá al 8 de mayo no puedan aparecer "más piedras en el camino".

LA CAMPORA Y LA INTERNA DEL PJ

Ni adentro, ni afuera

La Cámpora, finalmente, decidió no participar con sus dirigentes de la lista de unidad que encabezan José Luis Gioja y Daniel Scioli en la renovación de autoridades del Partido Justicialista, rechazando los espacios que les habían sido ofrecidos en ese armado, pero tendrá una actitud de "acompañamiento" al proceso electoral interno y la institucionalidad de PJ. "No estamos ni adentro ni afuera. Somos militantes peronistas y el partido es solamente una herramienta electoral. En este momento están pasando cosas más graves que el reparto de cargos", analizaba en off the record uno de los referentes de la organización encabezada por Máximo Kirchner, ayer por la tarde.

A pesar de que la mesa directiva de La Cámpora rechazó la vicepresidencia en representación de la juventud (que hoy ocupa el diputado Eduardo De Pedro y quedará en manos del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini) y media docena de asientos en el Consejo Nacional Justicialista, habrá miembros de ese espacio en el principal órgano del peronismo nacional, pero son con representación territorial: los intendentes de Moreno, Walter Festa, y de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo.

En tanto, desde La Cámpora redoblan esfuerzos para garantizar una convocatoria masiva a la marcha convocada para el miércoles que viene en simultáneo a la asistencia de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a los tribunales de Comodoro Py para una declaración indagatoria en el marco de la causa de dólar futuro. Si bien el PJ Nacional no hizo una adhesión formal a la marcha, como si sucedió con el partido a nivel bonaerense, hubo un compromiso de los principales referentes de la lista de Unidad para colaborar en la convocatoria.

DE LA DIRIGENCIA DEL FpV-PJ A CRISTINA FERNANDEZ DE 

KIRCHNER

Un apoyo que se multiplica

Los bloques de diputados nacionales y de senadores bonaerenses del Frente para la Victoria manifestaron su respaldo a la ex presidenta y llamaron a movilizarse a Comodoro Py el próximo miércoles cuando vaya a declarar. En el mismo sentido se pronunciaron intendentes.

Cristina Fernández de Kirchner fue citada por Bonadío

 a indagatoria el próximo miércoles.

Los bloques de diputados nacionales y de senadores bonaerense del FpV-PJ se pronunciaron contra la citación a indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner – a la que definieron como "absurda" y "un atentado la institucionalidad democrática" – y llamaron a movilizarse a los tribunales de Comodoro Py el próximo miércoles, día en que la ex presidenta fue convocada a declarar por el juez federal Claudio Bonadio en la causa de la venta de dólares a futuro por parte del Banco Central. "El juez Bonadio tendría que haber citado a (Mauricio) Macri, (Adolfo) Prat-Gay y a (Federico) Sturzenegger que fueron los que concretaron la devaluación", sostuvo el jefe de la bancada de Diputados, Héctor Recalde, quien solicitó la postergación del primer informe de gestión del jefe de Gabinete, Marcos Peña, ante la Cámara baja para que los legisladores puedan participar de la movilización. "Marcharemos este miércoles para acompañar a Cristina junto con miles de compatriotas que también se harán presentes", dice el comunicado de los senadores.

Los legisladores se suman así al pronunciamiento de gobernadores, intendentes, organizaciones y agrupaciones kirchneristas a favor de una movilización que promete ser multitudinaria para respaldar a Cristina Fernández en su citación a los tribunales federales porteños. Con anterioridad a la visita de la ex presidenta a Comodoro Py debe resolverse este lunes otro trámite: una recusación a Bonadio para que no siga al frente de la causa (ver aparte).

El bloque de diputados nacionales ya se había pronunciado en contra de la citación judicial a la ex mandataria. Incluso, pidió por nota a la Cámara de Diputados y a la jefatura de Gabinete que Peña suspenda el primer informe de gestión que en su condición de ministro coordinador debe brindar en el Congreso. El objetivo de los diputados del FpV-PJ es participar de la movilización en respaldo a CFK. La bancada también se sumará a una campaña en favor de la manifestación en tribunales.

"El tema es el siguiente: la venta a dólar a futuro se hacía en el marco de un gobierno que estaba administrando el precio del dólar y los dos candidatos posibles a presidente, Macri y Scioli, ambos habían dicho que no iban a devaluar. Yo creo que incluso devaluando no se tipifica como delito porque es una operatoria típica del Banco central que a su vez no se puede judicializar", dijo Recalde y agregó: "Supongamos que se tipifica el delito, el delito se produce con la devaluación y la devaluación la produce Macri. La tipificación tampoco es contra Macri. El juez Bonadio tendría que haber citado a Prat-Gay (ministro de Hacienda) y a Sturzenegger (presidente del Banco Central)".

"Resulta inédito que se interprete la adopción de una política económica de aquella manera. Sin dudas, existe detrás un objetivo político que apunta a hostigar y desprestigiar a la ex presidenta y, con ello, atacar a la fuerza política que representa y condicionar el accionar político en su conjunto. En síntesis, un intento por disciplinar a los dirigentes políticos", dice la declaración de los senadores bonaerenses del FpV-PJ.

"Estamos frente a una lógica antijurídica donde el juez Bonadio se arroga la capacidad de definir criterios que deben imperar en la política económica y monetaria. Como si no fuera lo suficientemente absurdo, se soslaya que fue el gobierno posterior, es decir, el actual gobierno de Mauricio Macri, el que provocó las pérdidas económicas referidas en la causa al realizar una gigantesca devaluación, incluso en contra de sus promesas de campaña", insisten los senadores, quienes: "No podemos permitir que avance esta acusación absurda, que no sólo pretende desprestigiar a la ex presidenta sino también perjudicar la vida institucional en su conjunto, dando muestras de un revanchismo político peligroso para la sana convivencia de nuestro querido pueblo argentino".

En la misma línea, un grupo de intendentes del FpV declaró: "Acompañaremos a nuestra presidenta Cristina el próximo miércoles porque estamos convencidos de su inocencia en los hechos en los cuales se la pretende involucrar, planteando una ilegalidad con una manifiesta arbitrariedad que sojuzga el ejercicio del poder político en el pleno desarrollo de sus funciones". Reunidos en la localidad bonaerense de Roque Pérez, los jefes comunales remarcaron que "este embate judicial persecutorio y brutalmente mediatizado busca ser ejemplificador hacia todos los que valoramos, defendemos y, además, militamos el proyecto nacional y popular que en la Argentina sólo se vivió con Perón y Evita y luego con Néstor y Cristina; un modelo social y económico que define un proyecto de país inclusivo, libre y soberano".

Audiencia por la recusación

La Sala II de la Cámara Federal porteña – que integran Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun – fijó audiencia para el lunes a las 10.45 de la mañana para escuchar los argumentos de la recusación presentada contra el juez federal Claudio Bonadio, en la causa por la venta de dólar futuro en el final del gobierno kirchnerista. Luego, los camaristas resolverán si lo confirma o lo aparta del expediente, un día antes de la citación de Bonadio al ex ministro de Economía, Axel Kicillof, y a dos de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deba comparecer ante el juez en declaración indagatoria. La recusación fue presentada por el abogado Alejandro Rúa, defensor del ex directivo del Banco Central Pedro Biscay, quien pidió apartar a Bonadio ante un temor de pérdida de imparcialidad del magistrado.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-296582-2016-04-09.html