jueves 02 de junio de 2016
HACIENDO LA VENIA
MAURICIO MACRI DEROGÓ UN DECRETO DE RAÚL ALFONSÍN
PARA RESTITUIRLES PODER A LAS FUERZAS ARMADAS EN EL
CONTROL MILITAR
Un avance en el autogobierno de los militares
El decreto 721 les devuelve a las Fuerzas Armadas la autonomía en la organización y dirección de cada fuerza y garantiza a los militares poder sobre ascensos, traslados y designaciones. Defensa dijo que es un “reordenamiento administrativo”.
Macri saludando al jefe del Ejército, Diego Luis Suñer. Los militares están satisfechos y la oposición repudió el decreto de autonomía militar.
Macri saludando al jefe del Ejército, Diego Luis Suñer. Los militares están satisfechos y la oposición repudió el decreto de autonomía militar.
“Hemos comenzado una nueva etapa en la vida de nuestro país, la cual impulsa a dejar atrás enfrentamientos y divisiones”, dijo el presidente Mauricio Macri al saludar a los oficiales por el Día del Ejército. Dos días después, el 31 de mayo, apareció en el Boletín Oficial el decreto 721 que les restituye a los militares un poder de autonomía que había sido limitado ya por el entonces presidente Raúl Alfonsín. Las decisiones sobre las conducciones de cada una de las Fuerzas Armadas, pases y destinos y la contratación de personal docente quedan, entre muchas otras, en manos militares. El diputado del Parlasur y ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, consideró que “es el retroceso más importante en la conducción civil de las Fuerzas Armadas modificando un decreto fundacional de Alfonsín del 84”. Página/12 consultó al Ministerio de Defensa y a través del director de Asuntos Jurídicos, Pablo Tosco, explicó que “no existe tal retirada del control civil del Ministerio sino que se trata de un reordenamiento de tareas administrativas”.
“Resulta oportuno ordenar y actualizar el régimen de delegación de facultades en el Ministerio de Defensa y en los jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas, adaptándolo a las modificaciones en la organización institucional del Gobierno nacional”, reza uno de los considerandos del decreto. En tren de delegaciones, Rossi señaló que, por ejemplo, los jefes pueden definir la conducción de las fuerzas, salvo el jefe del Estado Mayor que lo define el Presidente, definir traslados del personal superior sin necesidad de informarle al ministro. “En términos políticos durante todos estos años la democracia fue generando la conducción civil de la Defensa, quitándoles márgenes de autonomía a las Fuerzas Armadas, con este decreto se vuelve a empoderar a los jefes de las fuerzas”, interpretó Rossi en diálogo con este diario y lo enmarcó en la concepción general del gobierno de Cambiemos: “Es la impronta del Gobierno. Macri hizo su primera privatización sin que nos diéramos cuenta: privatizó la política y se las dio a las corporaciones”. Las Fuerzas Armadas son una de las corporaciones beneficiadas.
Desde el ministerio que conduce el radical Julio Martínez, Tosco insistió en que “se trata de reordenar el trabajo administrativo. Hace cuatro años que la estructura de mandos no estaba aprobada. Todos los generales, por ejemplo, no tenían designaciones”. El control civil relentizó en muchos casos los nombramientos, el tema en cuestión es que autonomizar el funcionamiento de la estructura militar implica perder control sobre decisiones que impactan sobre la autoridad política.
El equipo de asesores de Rossi elaboró un detallado informe sobre algunas de las consecuencias prácticas del decreto 721 que todavía no fue reglamentado. Algunas de las objeciones son las siguientes.
- Le quita al ministro la facultad de disponer los cambios de destino, otorgando esta facultad a los Jefes. Hasta ahora los Jefes sólo podían disponer los cambios de destino del personal subalterno y del superior hasta el grado de teniente coronel o equivalente en la Armada y la Fuerza Aérea.
- Respecto a las designaciones del personal militar, limita la facultad del Ministro a la “conducción superior” de la Fuerzas (que el decreto no define).El decreto anterior 436/84 establecía que el ministro podía realizar designaciones a partir del grado de coronel o equivalente (más amplio que conducción superior, ya que un coronel puedo no ser designado en la conducción superior). Hasta ahora los Jefes sólo podían disponer los nombramientos del personal subalterno y del superior hasta el grado de teniente coronel o equivalente.
- En materia de educación se transfirieron facultades del Ministro a los Jefes como designar al personal militar retirado en funciones docentes.
Las designaciones realizadas por el ministro son controladas por las distintas áreas de la cartera, Derechos Humanos, Transparencia Institucional, por lo cual al limitar esa facultad se evita el control de los antecedentes del personal militar. Tosco justificó esa decisión en que la norma no impide los controles. El tema es que tampoco los explicita. Este diario le comentó que las resoluciones de las gestiones, sobre todo, de Nilda Garré, establecen controles estrictos para evitar que accedan a la función docente militares retirados con antecedentes cuestionables y que esas resoluciones ya no aparecen en la página web de Defensa, el director de Asuntos Jurídicos aseguró que “las resoluciones están vigentes, ninguna fue derogada. Tomamos la crítica y cargaremos en la web las resoluciones”.
La recontratación de personal retirado fue siempre un atajo que usaron los militares para beneficiar a los amigos. El motivo es que por el conocido artículo 62, la condición de retirados en servicio les permite acceder al ciento por ciento del sueldo en actividad, una diferencia notoria teniendo en cuenta los complementos no remunerativos que pierden al pasar a retiro. La docencia y las asesorías fueron los destinos más habituales. Aún con la vigencia del control ahora derogado, los jefes militares se las ingeniaban para asegurarle conchabo a sus amigos. Quizás el caso más notorio fue el del contralmirante Roberto Pertusio con orden de prisión desde noviembre del 2006 por delitos de lesa humanidad que en el 2008 revistaba como asesor del jefe de la Armada, Jorge Godoy. Después de que Página/12 lo revelara se estrecharon los controles sobre los nombramientos de retirados. Ahora los jefes recuperan potestad y dependerá aparentemente de la voluntad del Ministerio ejercer alguna revisión.
Una de las resoluciones de Garré que más había avanzado sobre el control civil de los mandos fue la 1319 de noviembre de 2008 que en el marco del decreto de Alfonsín, ahora derogado, establecía que los jefes militares “deberán elevar a consideración del Ministerio de Defensa la nómina del personal militar a partir del grado de coronel o equivalente con las designaciones o cambios de destinos propuestos”. El deceto firmado ahora por Macri y Martínez implica la derogación de hecho de esa resolución que ponía en boca del ministro de Defensa la última palabra y tanta resistencia había provocado entre los oficiales.
El cambio de paradigma en Defensa está teniendo distintos síntomas y el decreto que le restituye atribuciones a las Fuerzas Armadas es uno de los ellos. El acercamiento a los Estados Unidos para estrechar vínculos bilaterales sumadas a las versioens no desmentidas oficialmente sobre la posible instalación de una base militar de ese país en Tierra del Fuego son otros de los más preocupantes.
Otras voces
Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora: “Después de haber vivido en la Argentina el terrorismo de Estado, este decreto es un golpe terrible para la democracia y la lucha de tantos años. Dejar las manos libres a los militares es una provocación y una agresión al pueblo. Lo que corresponde es que las Fuerzas Armadas dependan del gobierno civil. Macri les da carta blanca para hacer lo que les parezca”.
- Jorge Taiana (diputado del Parlasur): “Este decreto, que busca otorgar autonomía a los jefes militares, es un claro retroceso en el control civil de las Fuerzas. La medida adoptada por Alfonsín limitaba el poder de las Fuerzas Armadas y lo transmitía al control civil del Ministerio de Defensa”.
- Victoria Donda, Federico Masso y Graciela Cousinet (Bloque Libres del Sur): “Más poder a las Fuerzas Armadas y acuerdos militares con los Estados Unidos es un combo alarmante. Estas acciones mercen el mayor repudio de todos los sectores democráticos de la Argentina”.
- Leopoldo Moreau (Movimiento Nacional Alfonsinista): “Todo para atrás. Le devuelven a las Fuerzas Armadas el autogobierno derogando un decreto de Alfonsin. (El ministro de Economía, Alfonso) Prat Gay le pide disculpas a Repsol. (El Presidente Mauricio) Macri afirmó que las FFAA tenían q tener ‘protagonismo en la lucha contra el terrorismo internacional’.Y ahora les da su autogobierno. Atentos”, advirtió.
- Organización Social Tupac Amaru: “Repudiamos el decreto que brinda mayor autonomía a las Fuerzas Armadas. Constituye un gravísimo retroceso a todos los esfuerzos realizados desde la recuperación de la democracia de subordinar la conducción de dichas fuerzas al Presidente de la Nación, elegido mediante el voto popular en comicios libres y al que desde 1984, se consideraba Comandante en Jefe de las mismas”, plantearon la Tupac Amaru y el Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (FUyO) y alertaron que “la autonomía de las fuerzas armadas genera intranquilidad no sólo en nuestro país, sino también en las democracias del mundo”.
- Fernando “Chino” Navarro: “Hoy @mauriciomacri por decreto le reasignó a las FFAA potestades que Alfonsín les había quitado luego del retorno a la democracia. Estas facultades estaban bajo la órbita del poder político en el Ministerio de Defensa, y ahora son transferidas nuevamente al control militar. Las Fuerzas Armadas ganan poder en detrimento de la Democracia. Es grave. Es un retroceso. Y es peligroso. Hay que recordarle a @mauriciomacri que los argentinos a algunas cosas les dijimos #NuncaMas”, twitteó.
- José Cruz Campagnoli (legislador porteño de Nuevo Encuentro - Frente para la Victoria): “El decreto es un retroceso brutal para nuestra democracia y nos parece que están pavimentando el camino para que los militares vuelvan a tener injerencia en los asuntos políticos del país. El plan de ajuste que está implementando Macri no cierra sin represión y este decreto puede ser el paso previo para modificar la ley de seguridad interior y habilitar a las FFAA para cumplir ese propósito. Tenemos que repudiar y rechazar masivamente este decreto, desde todas las fuerzas políticas y sociales para que sea derogado”.
- Gabriel Solano (Partido Obrero): “Con el decreto 721/2016 (el presidente Mauricio) Macri les dio a las FF.AA. la capacidad de auto-gobernarse. (El genocida Emilio) Massera aplaude desde la tumba”.
LA CÁMARA DE DIPUTADOS APROBÓ DOS PROYECTOS SOBRE
SEGURIDAD
Una votación con matices
El proyecto sobre flagrancia recibió 171 votos a favor y 11 negativos, pero el Frente para la Victoria se retiró del recinto antes de votar el agente encubierto e informante, que fueron respaldados por 129 diputados.
La Cámara de Diputados aprobó ayer dos proyectos impulsados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Uno de ellos acorta y simplifica los procedimientos judiciales en casos de flagrancia, es decir, cuando las personas invlucradas son descubiertas mientras están cometiendo un delito. El otro, introduce y regula las figuras de agente encubierto, agente revelador, informante y entrega vigilada. La primera iniciativa recibió el apoyo de la mayoría de las bancadas, incluidos diputados del Frente para la Victoria, pero en el momento de la segunda votación ese bloque decidió retirarse del recinto en queja porque no fueron admitidas las objeciones y los cambios que habían presentado. Una de las críticas más repetidas en el debate fue que se trataba de regulaciones pensadas para el viejo código de procedimiento y que se debía acelerar la aplicación del nuevo código acusatorio, que fue paraliazada con un decreto por el Gobierno.
El proyecto sobre la figura de flagrancia recibió 171 votos a favor, 11 negativos y 9 abstenciones. El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, destacó el debate en torno a esta iniciativa, dijo que habían logrado introducir algunos cambios y que estaban conformes con el resultado. Enseguida agregó que como no había ocurrido lo mismo con el segundo proyecto, su bloque había decidido levantarse del recinto, cosa que los diputados comenzaron a hacer ante la queja del presidente del bloque radical, Mario Negri. Con este escenario, la regulación de las técnicas especiales de investigación fue aprobada por 129 votos y rechazada por nueve. Hubo tres abstenciones y 112 ausentes.
El proyecto de flagrancia implica que se acortarán los plazos y se agilizará el proceso de enjuiciamiento para en caso de que una persona sea arrestada mientras esté cometiendo un delito o apenas termine de hacerlo. Según detalló el diputado radical Luis Perti, se considera flagrancia “cuando el delincuente es perseguido por la autoridad policial, la víctima o el clamor popular”. El proyecto contempla que pueda aplicarse este procedimiento a hechos que tienen penas de hasta 20 años.
Durante el debate se introdujeron algunos cambios, como la imposibildad de aplicar este procedimiento para hechos que se den “en ejercicio de derechos humanos o sociales”, es decir, que no se puede usar para criminalizar la protesta, pero sí si se cometen otros delitos en el marco de una movilización.
Las técnicas especiales de investigación que fueron votadas son:
- Agente encubierto: es un miembro de las fuerzas de seguridad que se infiltra en una organización criminal para conseguir información. Se le perdonan los delitos que pueda cometer en esa función siempre que no impliquen poner en riesgo la vida de una persona, su integridad o la imposición de un grave sufrimiento. Esto último fue agregado en el transcurso del debate en las comisiones, ya que en la redacción original el agente encubierto podía hasta llegar al asesinato de los miembros de la organización en la que se infiltrara. La “carta blanca” para delinquir fue una de las críticas más repetidas por los diputados en la sesión de ayer.
- Agente revelador: Es un miembro de una fuerza de seguridad que simula interés en cometer un delito para poder identificar a los involucrados en un hecho. No debería “provocar” el delito.
- Informante: Una persona que da sistemáticamente información a la policía a cambio de ventajas económicas o procesales. Su identidad es secreta.
- Entrega vigilada: Implica la suspensión de la detención de personas o el secuestro de bienes cuando puede afectar el éxito de la investigación. Se vigilan los bienes mientras se recolecta información.
El debate, en el que en muchas bancas se vieron carteles con la leyenda “Ni Una menos”, fue abierto por Petri, presidente de la comisión de Seguridad Interior, quien señaló que con el procedimiento de flagrancia se “defenderá al imputado en sus derechos” se “asistirá a la víctima y atenderá el reclamo de la sociedad”.
Desde el Frente para la Victoria, la diputada Diana Conti dijo que el proyecto que crea las figuras especiales para las investigaciones era “un retroceso” y que se buscaba “volver a la vieja dinámica donde los dueños de la investigación son los policías, con un leve control del juez”.
“Bajo la denominación de técnicas especiales de investigación se normativizan figuras e institutos que podrían retrotraernos a resultados de un estado policial que en modo alguno deseamos” y como ejemplo, dijo que la figura del informante “habilita métodos extorsivos a las fuerzas de seguridad”.
Las diputadas Margarita Stolbizer, del GEN, y Victoria Donda, de Libres del Sur, rechazaron ambas inicictivas y compartieron sus criticas con Myriam Bregman, del FIT, quien había presentado su propio dictamen de minoría. “No hay leyes sustantivas ni la instalación de un proceso acusatorio, no hubo debate, discusión ni consultas con organizaciones, son reformas parciales sobre un código viejo, son injertos en un sistema vetusto”, dijo Stolbizer. “Las técinas especiales se venden como novedosas pero no lo son, fueron pésimamente usadas por las fuerzas de seguridad y la justicia. (El ex juez Juan José) Galeano, en la causa Amia usó informantes y agentes encubiertos. Terminaron sirviendo para encubrir delitos”, agregó Donda. Sobre la flagrancia, señaló que “tiene una dirección clara y no es atacar el delito complejo, porque es más facil agarrar a los pibes que perseguir el crimen organizado”.
Bregman, a su turno, afirmó que “se les da una enorme facultad a las policías para extorsionar, armar causas, plantar pruebas, y se legalizan las detenciones arbitrarias. Nadie puede pensar que los grandes criminales de este país ni los corruptos ni los que tienen cuentas offshore van a ir a la cárcel con estos procedimientos”.
Como muchos otros diputados de la oposición, Pablo Kosiner, del PJ de Salta, dijo que había sido un error el decreto de necesidad y urgencia que postergó la vigencia del Código Procesal Penal. “Esperamos que se pueda definir un cronograma de aplicación que de celeridad y eficiencia al problema del delito”, aseguró.
En el Gobierno, en tanto, no parece haber apuro por aplicar el nuevo código acusatorio, en el que el rol protagónico lo tienen los fiscales, en tanto que los jueces actúan como agentes de control. Este sistema, según los planes oficiales, empezará a regir en Salta y Tierra del Fuego el año que viene. Y podrían pasar entre cuatro y seis años para que los fiscales tomen en control de las investigaciones en la ciudad de Buenos Aires.
Una línea roja entre las offshore
de Macri y las offshore del
Grupo Macri
EL JUEZ CASANELLO AMPLIÓ LAS MEDIDAS DE PRUEBA
HACIA UN ENTRAMADO DE SOCIEDADES RELACIONADAS
CON LAS OFFSHORE DE MACRI
Una investigación que comienza a extenderse
Pidió información sobre los movimientos de otras empresas del Grupo Macri que estarían relacionadas con las offshore Fleg Trading y Kagemusha que, tal como lo reveló Página/12,estuvieron activas y realizaron operaciones.
A pesar de que los abogados de Mauricio Macri se quejaron la semana pasada en un escrito por las dimensiones que va adquiriendo la investigación derivada de los Panama Papers, el juez federal Sebastián Casanello dispuso ampliar las medidas de prueba hacia un entramado de sociedades que excede a Fleg Trading y Kagemusha, las dos offshore no declaradas por el Presidente, que dieron origen al expediente. Por lo pronto pidió a la Inspección General de Justicia (IGJ) información sobre la constitución societaria, balances, cambios de autoridades y todo legajo existente respecto de estas empresas del grupo Macri: Grumafra SA, Socma Americana, Global Collection Services, MTC Investment y Macri Investment Group entre los años 1985 y 2007.
Los pedidos de información del juez Casanello, que surgen de un dictamen del fiscal Federico Delgado, apuntan a analizar la actividad económica de empresas del grupo y si de ellas surge algún posible delito. A través de Socma, empresa del padre del Presidente, Franco Macri, la offshore Fleg Trading se habría quedado con casi todo el capital de la firma Owners Do Brasil. La sociedad de esta firma (radicada en San Pablo) con Fleg, es la que vendría a desmentir las aseveraciones del presidente Macri en alusión a que ésta última no tuvo actividad y que usó para instalar Pago Fácil en Brasil, tal como reveló Página/12. A través de los balances y la documentación de la IGJ se busca establecer si Socma (de la que forman parte Franco Macri, Mauricio y sus hermanos) reconoce su participación en Owners y su actividad. Y cuál era la vinculación con Global Collection, que todo indica que explotaba Pago Fácil.
Luego, la investigación debería dilucidar si la actividad económica detectada fue declarada, o de qué manera era consignada, ya que hay operaciones que se entablan y circulan entre empresas del mismo grupo. Podría ser una forma de facilitar maniobras de lavado de dinero. De este modo, todo hace suponer que el expediente ya no estaría confinado al posible delito de omisión maliciosas de las sociedades offshore en las declaraciones juradas.
Casanello le pidió, a la vez, al juzgado civil 104 que le entregue una copia certificada de los estatutos de Fleg Trading y de las declaraciones juradas de Franco Macri, vinculadas con esa firma, entre 1998 y 2005. En ese juzgado el Presidente le reclama a su padre que le entregue la documentación de Fleg que demostraría que a través de su participación en esa firma él no cometió ningún ilícito. Al hacer su presentación dijo que su padre se resistía a entregársela y que no le alcanzaba con que hubiera emitido un comunicado de prensa. En el juzgado de Casanello hay un juego de copias comunes (no certificadas) entregadas por Franco Macri, que los investigadores deberán cotejar con las copias autorizadas.
Un pedido dirigido a la Oficina Anticorrupción hace hincapié en la declaración jurada de 2015 de Mauricio Macri, correspondiente a su cargo de jefe de gobierno porteño. Uno de los datos que debería surgir de ahí es si ya entonces había declarado que tenía 18 millones de pesos como “ahorro” en un banco de las Islas Bahamas, que sí incluyó en su declaración de bienes de 2016 y que ahora anunció que va a repatriar.
A la Unidad de Investigación Financiera (UIF) el juez le ordenó que rastree información a través de sus pares de Panamá, Bahamas, Uruguay Brasil y Reino Unido, sobre posibles operaciones sospechosas, vinculadas a las empresas sobre las que ya se pidieron informes vía exhorto: Fleg Trading SA, Kagemusha SA, Foxchase Trading SA, Sideco Americana SA, Global Collection Services, Owners Do Brasil Participacoes, Gresoni SA y Macri Investment. El pedido de reportes de operaciones dudosas es una típica medida para intentar detectar maniobras de presunto lavado de dinero.
Casanello ya había librado exhortos a Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil por empresas de la familia Macri y pidió a la Afip que le remita las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales de Francisco Macri, Gianfranco Macri y Mariano Macri entre los años 2012 y 2014. Al Banco Central había pedido que le requiera a todas las entidades financieras del país datos sobre las cuentas bancarias en las que Mauricio Macri haya participado como titular y apoderado a partir del 1º de enero de 2016 hasta la actualidad y los movimientos de los fondos.
Esta semana, Casanello difundió un comunicado en el que salió a cuestionar increíbles versiones que con las que crecen intentos por desplazarlo de algunos de los expedientes que investiga, que tienen fuerte impacto político: uno es contra Lázaro Báez y su entorno; el otro es el de las muertes en la fiesta Time Warp; y el tercero es el de Panana Papers. Según el juez hay “una operación calumniosa que busca afectar” su “honor e interferir” su “labor como juez”; Por ejemplo, a través de versiones que le atribuyen reuniones con la ex presidenta Cristina Kirchner, a quien dijo que ni conoce.
EL DIPUTADO MARTÍNEZ AMPLIÓ SU DENUNCIA CONTRA
MACRI
Inconsistencias en las declaraciones
El diputado Norman Darío Martínez hizo una ampliación de su denuncia contra el presidente Mauricio Macri por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada y lavado de dinero. El dirigente kirchnerista presentó ante el juez Sebastián Casanello elementos vinculados a la primera declaración jurada que Macri entregó como presidente, en la que duplicó su fortuna y declaró 18 millones de pesos en las Islas Bahamas, la guarida fiscal donde estaba radicada la empresa offshore Fleg Trading, de la que figura como vicepresidente. En la causa se lo investiga por no declarar esa empresa y otra radicada en Panamá en sus declaraciones juradas.
El diputado de Neuquén se presentó ayer a las 11.30 en la fiscalía de Federico Delgado para hacer la quinta ampliación de su denuncia y aportar más pruebas a la causa que se instruye contra el Presidente.
En este caso, Martínez señaló que Macri omitió declarar 14 empresas que, según figura en la declaración jurada, tiene desde 2001. No figuran en las declaraciones juradas anteriores. Las declaró con un valor de cero pesos. Una de ellas es Socma Americana, en la que tiene una participación que, según cálculos de diputado, tiene un valor de 55 millones de pesos.
Además, Macri indicó que el dinero en Bahamas que ahora traerá al país está allí porque el banco Merrill Lynch fue comprado por Julios Baer, que trasladó las cuentas a Bahamas. “Julius Baer compro Merrill Lynch en el 2012, por lo tanto hace al menos tres años tiene la cuenta en Bahamas y, como por pedido nuestro el juez Casanello mandó exhortos a Bahamas y Panamá pidiendo sus cuentas, ante la evidencia decidió hacer público algo que venía ocultando maliciosamente”, afirmó Martínez. “Julius Baer es casi la nave insigne de la flota pirata del sistema bancario. Esta banca afronta en Estados Unidos multas de 350 millones de dólares por ayudar a sus clientes a evadir impuestos”, indicó.
El diputado destacó inconsistencias en la valuación de algunas propiedades. Indicó que un terreno en Tandil que en una declaración jurada tiene 510 hectáreas y en otra 5.100 hectáreas, mientras que en la última presentación que hizo Macri tiene 5.100 metros cuadrados. Más allá de la capacidad de este terreno de mutar en su tamaño, Martínez indicó elementos al fiscal que apuntan a probar que el valor declarado es muy inferior al real.
El diputado también indicó que, por un departamento, en Libertador y Cavia, Macri declaró haber pagado 760 dólares el metro cuadrado, cuando el valor de mercado de departamentos de esa zona de similares dimensiones cotizan a 7 mil dólares. También advirtió que está subvaluada la chacra de 33 hectáreas en Maldonado, Uruguay. Macri declara haberla comprado por 8 mil dólares la hectárea, mientras que el secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, tiene un conflicto por la expropiación de un terreno en esa zona donde el Municipio le ofrece 150 mil dólares por hectárea. Clusellas pide 450 mil.
MARCOS PEÑA JUSTIFICÓ EL TARIFAZO Y PRONOSTICÓ UNA
BAJA DE LA INFLACIÓN
Excusas y promesas en el Senado
El jefe de Gabinete respondió las preguntas de los senadores, quienes advirtieron sobre la situación crítica en sus provincias por la suba del gas y la luz. Si bien ratificó la medida, el funcionario sostuvo que tratarán de “encontrar un equilibrio”.
Marcos Peña estuvo más de seis horas respondiendo las preguntas de los senadores.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, asistió por primera vez al Senado para dar el informe de gestión del Gobierno. Durante más de 6 horas respondió preguntas de los senadores, que se centraron fundamentalmente en el tarifazo, los aumentos de precios y, en menor medida, el desempleo. Los legisladores del Frente para la Victoria, representantes de sus provincias, remarcaron la crítica situación que se vive en sus territorios a raíz de las subas en la electricidad, el gas, la nafta y los alimentos, preocupación que fue compartida por otros senadores de la oposición. Peña recurrió a los mismos argumentos con los que el oficialismo viene justificando las decisiones adoptadas desde el 10 de diciembre: la “herencia” del gobierno anterior y la promesa de que el “sinceramiento” de la economía producirá una mejora en el corto plazo. “A partir del segundo semestre nosotros estamos convencidos de que la inflación va a estar por debajo de los 2 puntos y con una tendencia decreciente”, afirmó Peña, quien eludió responder con precisión sobre las sociedades offshore de Mauricio Macri.
En una sesión sin grandes cruces y donde primó el tono cordial, el jefe de Gabinete comenzó su presentación en la Cámara alta con una defensa de la marcha de la administración macrista, que dividió en tres ejes: economía, empleo y obra pública. Allí reivindicó la eliminación de las retenciones, el pago a los fondos buitre, justificó el tarifazo por el déficit energético y relativizó los problemas en el mercado de trabajo. Reconoció el impacto negativo de la crisis en Brasil y prometió, entre otras cosas, terminar el mandato con un 100 por ciento de cobertura de agua potable para los hogares argentinos. “Somos conscientes de la enorme agenda de temas pendientes”, dijo sobre el final de su exposición, en la que estuvo acompañado por la secretaria de Relaciones Parlamentarias, Paula Bertol, el secretario de Información Pública, Jorge Greco, y el titular del Plan Belgrano, José Cano, entre otros.
Como bancada mayoritaria, el Frente para la Victoria tuvo más de una hora para realizar preguntas. “Me parece muy bien que se reconozca la fragilidad de la situación del empleo en la Argentina, pero entre que mandamos las preguntas al jefe de Gabinete y la situación actual, este Congreso aprobó la ley de emergencia laboral y el Poder Ejecutivo la vetó”, afirmó Juan Manuel Abal Medina, el primero en hacer uso de la palabra.
Las voces más críticas corrieron por cuenta de las senadoras del FpV. La formoseña Graciela De la Rosa advirtió que los “ganadores” de las medidas adoptadas por Cambiemos son “el capital financiero y los grupos concentrados”, mientras que “los perdedores son la mayoría de los argentinos”. Peña rechazó ese análisis, que luego el jefe del interbloque Cambiemos, Angel Rozas, consideraría como un intento de “estigmatizar al presidente”. La santafecina María de los Angeles Sacnun, denunció el “doble discurso” del macrismo sobre “los males del gobierno anterior” ya que en una nota de Página/12 se reveló que el Gobierno elogia en el exterior la situación del país para atraer inversiones. La santacruceña Virginia García le preguntó por el pedido de disculpas de Alfonso Prat Gay a los capitales españoles. “No lo escuché entero. No puedo hablar de una frase aislada pero la construcción de confianza es un desafío para todos. Eso no quita la soberanía ni la dignidad de nuestro país”, lo justificó Peña.
La enorme mayoría de los senadores advirtió por las subas en los servicios públicos, que en algunas provincias ya obtuvo un freno judicial cautelar. La preocupación se transmitió no sólo por el aumento de costos para los hogares, sino por el deterioro para las Pymes electrointensivas y para la actividad turística en las provincias patagónicas. “Los argentinos más humildes tienen la tarifa social. Es un dato objetivo. Más de 3 millones de argentinos. Y estamos trabajando sector por sector, región por región para lograr una situación equilibrio. Tuvimos 600 por ciento de inflación y las tarifas no han sido actualizadas”, afirmó el jefe de Gabinete.
Sobre las inflación, adelantó que prevén un índice del dos por ciento mensual a partir del mes próximo y que apuntan a tener un 5 por ciento de inflación anual en 2019.
La senadora por Chaco, Inés Pilatti de Vergara, le preguntó cuándo iba a estar a disposición de la ciudadanía la información sobre las sociedades offshore del presidente. “Nosotros no vamos a defender el concepto offshore. No tenemos absolutamente nada que ocultar. Al contrario, vamos a lograr que haya transparencia en el Gobierno y ojalá en toda la sociedad argentina”, respondió vagamente Peña.
La rionegrina Magdalena Odarda, – que ingresó al senado como parte de la Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió pero se distanció por el acuerdo con Macri - le reprochó al jefe de Gabinete la visita del presidente a los campos del empresario Joe Lewis en la Patagonia. Con carteles que mostraban fotos del Lago Argentino y del aeropuerto privado del magnate inglés, le preguntó si le parecía bien que el Presidente se alojara “en lo de un señor que no cumple la ley Argentina”. “La información que nosotros tenemos es que hay una discusión porque hay camino alternativo. Pero lo más importante es que la visita del Presidente a ese lugar no obstaculiza para nada que se cumpla la ley. Que se resuelva en la Justicia”, señaló Peña.
Al momento de los cierres y una vez finalizadas las respuestas del jefe de Gabinete, el jefe de la bancada del PJ-FpV, Miguel Pichetto, advirtió sobre el problema de la inseguridad y los secuestros. “La estructura de la bonaerense sabemos que es complicada. Hay algo que no está funcionando bien. En cualquier momento alguien termina muerto. Esto no estaba en el tablero o al menos en esta magnitud. También algo está pasando con la Policía Federal”, advirtió Pichetto, que le reclamó avanzar con la creación de una agencia federal contra delitos complejos, al estilo de la CIA norteamericana. “Puede contar con el Congreso en lo que es la materia legislativa”, le anticipó el senador, mostrando una vez más su pertenencia al sector más conciliador y dialoguista del PJ.
Por el oficialismo evitaron hacer preguntas. La intervención de los senadores de Cambiemos se limitó a la de Rozas, que defendió la marcha del Gobierno pero se quejó de que se los quiere “vincular con la política de los ‘90”. “La gente nos votó pero no es justo que se exija en 5 meses y medio resolver problemas estructurales”, remató.
EL PROYECTO DEL GOBIERNO PARA PAGAR JUICIOS A LOS
JUBILADOS ATADO AL BLANQUEO
El FpV apoya, pero pide modificaciones
Las mayores diferencias son respecto de las modificaciones al sistema jubilatorio. Elperonismo rechaza un Ingreso Universal menor a la jubilación mínima y la venta de acciones en manos de la Anses.
El bloque de diputadosdel Frente para la Victoria reclama que el Fondo de Garantías de la Anses no se elimine.
El proyecto-ómnibus del gobierno nacional que propone el reconocimiento de las sentencias a favor de los jubilados cuyos haberes quedaron atrasados en la última década atado a un nuevo plan de blanqueo de capitales y a una reforma al sistema jubilatorio tendrá el apoyo del peronismo en el Congreso si se introducen, durante su tratamiento parlamentario, algunas modificaciones puntuales. La cúpula del Partido Justicialista, que se reunió el martes, al igual que media docena de gobernadores de ese signo, ya manifestaron que acompañarán, en general, la iniciativa, aunque pusieron condiciones.
Respecto al proyecto para facilitar el ingreso de dinero no declarado, insistieron en que ningún funcionario de ninguno de los tres poderes, a nivel nacional, provincial y local, pueda acogerse al beneficio, al igual que los imputados en delitos sensibles como lavado de dinero, narcotráfico y trata. El intento de reformar el sistema jubilatorio, en tanto, resulta un asunto más espinoso: la propuesta de un Ingreso Universal menor a la mínima que reemplace las moratorias genera resistencias en amplios sectores del peronismo, al igual que la posible venta de acciones de empresas privadas en manos de Anses.
Luego de la reunión del Consejo Nacional Justicialista en la sede partidaria del barrio porteño de Once, el flamante titular del PJ, José Luis Gioja, anticipó el acompañamiento del peronismo a la iniciativa oficial para incrementar el haber de los jubilados que cobran por encima de la mínima, algo que fue calificado en el encuentro como “un derecho”, y también al blanqueo de capitales, medida que el Frente para la Victoria implementó dos veces durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
“Pagar estos juicios a los jubilados es una manda de la Corte Suprema que hay que apoyar, con la salvedad de que queremos la sustentabilidad para el Fondo de Garantías de la Anses y que ese fondo no se elimine”, manifestó Gioja. “En los años ’90 se vendió YPF con el argumento de que se les iba a pagar a los jubilados y ya sabemos lo que pasó”, agregó el diputado, que también puso reparos a la iniciativa del Ingreso Universal. “En Argentina no puede haber unos adultos mayores de primera y otros de segunda porque no tuvieron la posibilidad de tener los 30 años de aporte. Creo que hay que continuar con la ley de moratoria previsional vigente y eso lo vamos a pedir”, agregó.
El sanjuanino además se quejó por el tono utilizado por el gobierno a la hora de presentar el proyecto, con fuertes críticas a las políticas previsionales de sus antecesores. “Hablar de reparación histórica es una gran injusticia porque significa no reconocer lo que se ha hecho en materia jubilatoria en esos últimos años”, manifestó, reflejando un reparo que sumó muchas voces en el mitín del martes del que participaron casi un centenar de dirigentes del peronismo de todo el país. Respecto al blanqueo, hubo en el partido una coincidencia general: “El peronismo va a seguir siendo coherente con lo que venimos haciendo, ya que hubo dos blanqueos en estos años. Pero hay que excluir a los funcionarios y a los imputados en casos de actividades que generen plata mal habida”, explicó Gioja.
Las definiciones adquieren mayor relevancia por estar consensuadas con el rionegrino Miguel Angel Pichetto, jefe de la bancada de Senadores del FpV/PJ, que, en unidad, tiene número suficiente para bloquear o modificar cualquier proyecto. Pichetto ya se había manifestado un día antes en el mismo sentido: “Sería incoherente decirle que no” a la iniciativa y además consideró que puede ser beneficiosa para “consolidar al Banco Central”. Pero advirtió: “Si el Gobierno quiere imponer cosas que van en contra de la enorme mayoría, no va a tener el apoyo de diputados y senadores”.
Por otra parte, ya son seis los gobernadores justicialistas que manifestaron su apoyo al proyecto oficial, casi la mitad del total. El salteño Juan Manuel Urtubey, el sanjuanino Sergio Uñac, el tucumano Juan Manzur, el riojano Sergio Casas, el entrerriano Gustavo Bordet, y el chaqueño Domingo Peppo respaldaron, durante toda esta semana, la iniciativa del Poder Ejecutivo, que también plasma el acuerdo para la devolución del 15 por ciento de fondos coparticipables a las provincias. Hoy, la iniciativa comenzará a tratarse, con trazo fino, en el Congreso, pero el poroteo comenzó hace varios días.
LA PUBLICITADA REPARACIÓN HISTÓRICA A LOS JUBILADOS
ABRE LA PUERTA A LA PRIVATIZACIÓN DEL SISTEMA
Hoy un juramento, mañana una traición
El capítulo previsional de la ley ómnibus que elevó el Gobierno al Congreso asume compromisos que no tienen financiamiento asegurado. Al mismo tiempo, permite la liquidación del Fondo de Sustentabilidad de la Anses y proyecta una reforma del sistema en tres años.
La nueva pensión por vejez limita el cobro al 80 por ciento de la jubilación mínima y no genera derecho a pensión en los herederos.
El proyecto de ley ómnibus de blanqueo de capitales y pago de sentencias previsionales abre la puerta a una reforma completa del sistema previsional. La magnitud de los cambios previstos en la normativa que benefician a un universo acotado de adultos mayores y la continuidad de los reclamos judiciales por ajuste de haberes una vez que el Estado reconozca por ley su incumplimiento pueden poner en riesgo la sustentabilidad del esquema público vigente. En el corto plazo, la legislación propuesta por el gobierno de Mauricio Macri allana el camino para enajenar las acciones de empresas privadas en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS), una exigencia corporativa presente desde la estatización de las AFJP. Pero, antes de terminar su mandato, el Poder Ejecutivo prevé llevar adelante una transformación más profunda del sistema previsional. Con un laxo lenguaje, el texto enviado al Congreso propone la creación de un Consejo de Sustentabilidad Previsional en el ámbito del Ministerio de Trabajo que tendrá a su cargo proponer “un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario y sustentable”. Esa reforma debería estar lista dentro de tres años.
El proyecto modifica el esquema de administración del FGS al derogar la ley 27.181, la normativa que bloquea la venta de las acciones de empresas privadas en poder de la Anses. El texto aprobado el año pasado estableció que para decidir la enajenación de esas participaciones en poder del Estado se requería una mayoría de dos tercios en el Congreso. Dar por tierra con esa legislación habilita a la Casa Rosada a desprenderse sin necesidad de construir consensos parlamentarios de las acciones en empresas como Techint, Molinos, Aluar, Banco Macro, Grupo Clarín y Banco Galicia, entre otras participaciones heredadas de las AFJP.
“El pago de las sumas a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino que hayan homologado judicialmente acuerdos con la Anses podrá ser atendido con recursos del FGS a cuyos efectos podrá disponerse la liquidación de activos”, afirma el texto del proyecto que comenzará a ser discutido hoy en el Congreso. A finales de 2015, las acciones de empresas privadas en poder del FGS contabilizaban 85.000 millones de pesos. Representan el 12,8 por ciento del fondo, el tercer rubro detrás de los títulos públicos que suman el 64 por ciento de la cartera y las inversiones en proyectos productivos que alcanzan al 12,9 por ciento.
Con el argumento de financiar el pago de sentencias y mejoras de haberes de una porción minoritaria de los adultos mayores que más cobran (según las estimaciones de la Anses, las mejoras alcanzarían a un tercio de los jubilados) se liquidarían participaciones en activos estratégicos. Ese cambio facilitará la venta y privatización de empresas que no están vinculadas al financiamiento del proyecto ni el sistema jubilatorio como Arsat o el Correo Argentino. Ese curso había sido bloqueado por la legislación que declaró de interés público la participación estatal en esas compañías públicas y privadas.
Incluso si se vendieran todas las acciones y el blanqueo fuese exitoso, el stock de recursos obtenido no alcanzaría para cubrir de manera sustentable la deuda acumulada con los jubilados a partir del reajuste de haberes y el nuevo flujo de las prestaciones. Por eso, los diferentes especialistas consultados por este diario advierten que la intención del Gobierno es dar lugar a un cambio estructural del sistema previsional para solucionar los problemas de financiamiento e inequidades profundizadas por la reforma propuesta.
Una de las razones esgrimidas por el gobierno para avanzar en el pago de las sentencias por reajuste de haberes es terminar con la elevada litigiosidad. Sin embargo, la fórmula de actualización para los haberes implica pasar de un reajuste promedio de entre 60 y 80 por ciento mediante el Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic) al publicitado incremento de hasta el 45 por ciento a través índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Macri anunció la semana pasada que este elemento sería implementado por decreto pero finalmente decidió incorporarlo a la ley.
Adicionalmente, el Artículo 5 del proyecto prevé que las jubilaciones reajustadas de quienes accedan al pago ofrecido por el Gobierno no podrán superar el haber máximo fijado hoy en 36.330 pesos por mes, por debajo de los valores que pueden habilitar los fallos judiciales. Por eso, incluso cuando los jubilados acepten la propuesta del Gobierno podrán continuar reclamando ante la Justicia por la diferencia (la ley prevé la renuncia a accionar en tribunales pero como se trata de un derecho constitucional no puede ser resignado).
La aprobación del proyecto implicará elevar en cinco años, de 60 a 65, la edad de retiro para las mujeres que no lleguen a cumplir con los aportes obligatorios. La legislación no hace distinciones entre varones y mujeres para la edad mínima con la cual acogerse a la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que será para todos a los 65 años. Hasta el momento, con las moratorias lanzadas por el kirchnerismo, el trámite podía iniciarse a los 60 años en el caso de las mujeres y al cabo de cinco años accedían a un haber pleno, que como piso era la jubilación mínima, tras saldar la deuda de aportes atrasados. En su lugar, con la nueva ley deberán esperar a los 65 y, a menos que lleguen a completar los 30 años de aportes bajo los lineamientos de la moratoria de 2005 que permitía completar las contribuciones hasta 1993, cobrarán de por vida el 80 por ciento de la jubilación mínima.
La ley dispone que, a diferencia de quienes accedieron a la moratoria, esa “pensión universal” no genera ningún derecho a pensión a los herederos. El instrumento será financiado con rentas generales. El nuevo esquema crea jubilados de “primera” y de “segunda”, porque coexistirán aquellos que accedieron al beneficio con los aportes correspondientes por haber trabajado en blanco y aquellos que fueron víctimas de la precarización laboral y solo cobrarán el 80 por ciento de ese mínimo. Los individuos que cumplan con los requisitos podrán acceder a la “pensión universal” durante los próximos tres años. La fecha de caducidad está atada a los plazos de la futura reforma del sistema previsional ya que, según se desprende del proyecto, pasaría a conformar el piso del nuevo esquema.
EMPRESARIOS ESPAÑOLES
Una aliada molesta con el ministro
En la Cámara de Diputados, la líder de la Coalición Cívica, que integra el oficialismo, le recordó al ministro de Hacienda que hay una causa penal en trámite por el vaciamiento de YPF. Prat-Gay había pedido disculpas por los “abusos”.
La diputada Elisa Carrió volvió a criticar a su antiguo socio, Alfonso Prat-Gay.
Corría la sesión en la Cámara de Diputados con algo parecido a la tranquilidad, hasta que la líder de la Coalición Cívica y aliada del Gobierno, Elisa Carrió, pidió una cuestión de privilegio para criticar al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. Lo que molestó a la dirigente – quien supo tener al economista entre sus filas hasta hace pocos años atrás – fue que Prat-Gay les pidió perdón a los empresarios españoles por los “abusos” a los que, en su opinión, los había sometido la Argentina en los últimos años. Carrió recordó que hay una causa penal en trámite por “el vaciamiento de YPF”.
Prat-Gay hizo un pedido de perdón cuando habló en el Foro de la Nueva Economía en los salones del Hotel Ritz de Madrid. La frase fue: “Quiero pedir disculpas por los últimos años. Sé de los abusos que han sufrido los capitales españoles y les agradezco la paciencia”, afirmó. “Argentina está de vuelta. Empecemos por un aplauso porque estamos de vuelta. Los últimos años fueron un escándalo donde nos alejamos de todos. Reestablecer los lazos con el mundo y la nación española es una prioridad de nuestro Gobierno”, indicó el ministro en el encuentro financiado por Telefónica de España.
En la sesión de ayer, la kirchnerista Araceli Ferreyra planteó una cuestión de privilegio contra el ministro de Hacienda por su particular pedido de perdón a los empresarios españoles que gerenciaron Aerolíneas Argentinas o YPF. “El ministro tendría que pedirle perdón al pueblo argentino, porque dijo que con dos porciones de pizza se pagaba el tarifazo”, remarcó. “No solo se viola la división de poderes sino que, además, se produce una afrenta a los que debatimos durante muchísimo tiempo leyes como las de recuperación de YPF”, remarcó. Ferreyra recordó que hay empresarios españoles presos por corrupción y les hizo una recomendación a los funcionarios macristas: “Que vayan y les hagan una visita higiénica”.
Acto seguido, Carrió pidió una segunda cuestión de privilegio en la que le contestó a Ferreyra y, a su vez, cuestionó a su ex aliado. Sobre YPF, la diputada afirmó: Antonio “Brufau fue elegido el mejor CEO de España por haber logrado más de lo que vale la compañía por un vaciamiento acordado”. Indicó que ese acuerdo se había pactado con el gobierno kirchnerista.
Carrió indicó que la cuestión de privilegio –que funciona como una suerte de llamado de atención al funcionario en cuestión– iba dirigida a Prat-Gay, aunque también al gobierno anterior con un “razonamiento totalmente diferente”. “Hay una causa penal en trámite en la que están imputados los integrantes del directorio de Repsol, la ex presidenta y todos los miembros del bloque del Frente para la Victoria que votaron la expropiación, diciendo que se trataba de un acuerdo y que sólo había que fijar el precio”, dijo. La causa la instruye el juez Ariel Lijo. “Brufau y Kirchner acordaron el retiro de Repsol”, sostuvo.
Prat-Gay comenzó su carrera como candidato político en las filas de la Coalición Cívica, junto con el rabino Sergio Bergman. Este último fue el primero en hacer el pase raudo a las filas del PRO. Lo hizo la misma noche en que Macri se alzó con la jefatura del gobierno porteño y la Coalición Cívica perdió. Prat-Gay, en cambio, hizo un camino con más curvas, como cuando se alió con Libres del Sur. La alianza Cambiemos volvió a juntar a Carrió con su ex socio en un mismo espacio político. Cenizas quedan.
Los magistrados contra Carrió
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional salió ayer en defensa del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y los jueces federales “ante las permanentes imputaciones y cuestionamientos proferidos” por la diputada Elisa Carrió, a la que aludió sin nombrarla. El comunicado difundido por el CIJ cuestionó “las imputaciones propinadas desprovistas de cualquier sustento fáctico, prueba y relato lógico” ya que “persiguen el descrédito de los magistrados del Poder Judicial de la Nación”. “Es imprescindible que todas las figuras públicas, incluso con mayor intensidad aquellas que han recibido oportunamente un caudal importante de adhesiones electorales, se expresen con mesura”, advirtió. En defensa de Carrió se pronunció, sorpresivamente, la diputada Diana Conti (FpV), en la sesión de ayer. Denunció que la declaración proviene de una “corporación patronal que responde al presidente de la Corte” y agregó: “La diputada va a tener aval de esta Cámara para seguir diciendo lo que le plazca”.
LAS DOS CTA MARCHAN HOY A LA PLAZA DE MAYO
Contra los despidos y el ajuste
La movilización arrancará a las 15 en Piedras y Avenida de Mayo. Dos horas antes comenzará un cese de actividades. Yasky y Micheli hablarán en el acto de cierre. Adhieren gremios de las CGT, diputados del FpV y agrupaciones de izquierda.
Las dos CTA marchan hoy a la Plaza de Mayo en repudio al veto del presidente Mauricio Macri a la ley de emergencia ocupacional. Con la consigna “Contra los despidos y el ajuste”, la protesta comenzará con un cese de tareas a partir de las 13, y cerrará con un acto que tendrá como oradores a Hugo Yasky y Pablo Micheli. Los diputados del kirchnerismo y los partidos de izquierda se sumaron a la medida. Con críticas al mutis por el foro de Hugo Moyano y Antonio Caló, se plegaron a la movilización un grupo de sindicatos cegetistas: La Bancaria, Aceiteros, trabajadores de curtiembres y Foetra (telefónicos).
La ausencia de las CGT es uno de los datos salientes de la jornada, ya que la marcha de hoy es la continuidad de la masiva manifestación contra los despidos en la que confluyeron esas tres centrales obreras y las dos CTA el 29 de abril, con un criterio de unidad en la acción para enfrentar el ajuste que el Gobierno, pese al veto, consiguió neutralizar.
“Se venía viendo que (las CGT) iban a plantear diluir la medida de acción que había que hacer, que era el paro nacional. Lo que argumentan sobre que no hay condiciones para el paro no es sólido”, señaló ayer Micheli. El titular de la CTA Autónoma es el que lleva el diálogo con Moyano, con quien compartió la oposición a los gobiernos de Cristina Kirchner.
Ni Micheli ni Yasky piensan en dinamitar los puentes con los cegetistas: creen que la propia lógica del ajuste va a acercar nuevamente las posiciones. “La protesta va a ser una expresión multitudinaria del rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia ocupacional, el reclamo para que retrotraigan las tarifas de luz y gas y para que paren los aumentos de precios de los productos de la canasta familiar”, anticipó Yasky. En este sentido, el titular de la CTA de los Trabajadores advirtió que hay que “parar la motosierra del ajuste”, y consideró que esto “sólo podrá hacerse con una gran articulación social y la movilización popular”.
“Que mañana (por hoy) no estemos junto con las CGT, no significa de ninguna manera la ruptura de la voluntad de seguir luchando juntos en contra del ajuste”, concluyó.
En el arco que hoy se manifestará en la plaza contra las políticas económicas de Cambiemos quedaron, junto a las centrales, los trabajadores de La Bancaria, que en sus paritarias impuso la reincorporación de los despedidos del gremio. “Queremos ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Por eso salimos a la calle a pesar de que no sea la CGT la que convoca sino la CTA”, explicó su titular, Sergio Palazzo.
También lo definió así el Sindicato de los Aceiteros. “Con la devaluación, la apertura de las importaciones, la caída del mercado interno, tasas de interés usurarias, paritarias que cierran por debajo de la inflación, se ha realizado una brutal transferencia de ingresos hacia el poder económico concentrado”, señalaron.
Otros que se desmarcaron e irán a la movilización son los telefónicos de Foetra –que tienen una conducción compartida entre el peronismo y la izquierda–; la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de La Matanza y la CGT zona norte.
También estarán los docentes porteños de UTE-Ctera y los universitarios de la Conadu, así como la Federación de Estudiantes Secundarios.
El bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, que preside Héctor Recalde, anticipó que participará de la movilización. “Desde el Congreso generamos una herramienta para proteger el trabajo de los argentinos como fue la ley de emergencia ocupacional, pero el veto del presidente Mauricio Macri resultó un cachetazo a la voluntad popular”, señalaron los legisladores en un comunicado de prensa.
A su vez, las comisiones internas y agrupaciones vinculadas a los partidos del Frente de Izquierda, como el Partido Obrero y el PTS, irán con una columna independiente.
La movilización saldrá a las 15 horas de Piedras y Avenida de Mayo hacia la plaza, donde se montará el palco, dejando libre el espacio donde las Madres de Plaza de Mayo marchan los jueves.
La crisis de los refugiados
En algunos países existe una verdadera crisis de refugiados. En Líbano, por ejemplo, donde al menos un cuarto de la población total consiste en refugiados de Siria, una ola de refugiados que le siguió a otra desde Palestina e Irak. Otros países de la región, pobres y golpeados por los conflictos, también han debido dar refugio a inmensas cantidades de personas. Entre ellos Jordania y la misma Siria, antes de que se hundiese en un suicidio colectivo.
Sin embargo, los países que han sobrevivido a la crisis de los refugiados no son aquellos que han tenido alguna responsabilidad en la creación de la crisis. El actual fenómeno de los refugiados es, en gran medida, consecuencia de las acciones de los países ricos y poderosos, esos mismos que ahora lloriquean por el terrible peso que les producen unas pocas víctimas de la miseria, a las que fácilmente podrían echar una mano abriéndole las puertas.
La conocida invasión de Irak por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña produjo el desplazamiento de cuatro millones de seres humanos, de los cuales la mitad huyeron a los países vecinos. Los iraquíes continúan huyendo de su propio país, un país que ahora es uno de los más miserables sobre la Tierra después de una década de sanciones criminales seguidas de la masacre de los ricos y poderosos que devastaron y arruinaron el país y, por si fuese poco, iniciaron un conflicto sectario que ahora está destrozando el país y la región en mil pedazos.
No hay necesidad de volver a revisar el conocido rol que jugó Europa en Africa, que es de donde provienen las otras olas de refugiados, los que ahora deben pasar por el embudo creado por los bombardeos de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos sobre Libia, acciones que no solo destruyeron el país sino que además lo dejó en manos de milicias que ahora se combaten unas a otras.
Tampoco es necesario volver a recordar el historial de Estados Unidos en América Central, el que produjo terroríficas cámaras de exterminación de las cuales la gente ha intentado escapar desesperada, uniéndose ahora también a las víctimas mexicanas del Tratado de Libre Comercio que virtualmente destruyó la agricultura en ese país, haciéndola inviable en una abierta competencia con la producción de los conglomerados agrícolas estadounidenses, fuertemente subsidiados por el gobierno federal.
La reacción de uno de los ricos y poderosos, Estados Unidos, es presionar a México para mantener alejadas de su frontera a sus propias víctimas, enviándolas de regreso sin misericordia en aquellos casos en que la víctimas logran evadir los controles. La reacción del otro rico y poderoso, la Unión Europea, consiste en chantajear y presionar a Turquía para que mantenga a los sobrevivientes lejos de su fronteras y arree como ganado aquellos que logren escapar del horror hacia campamentos donde son tratados con brutalidad.
Entre los ciudadanos hay honrosas excepciones. Sin embargo, la reacción de los gobiernos es una desgracia inmoral, aun dejando de lado sus responsabilidades en la creación de las circunstancias que han llevado a toda esa gente a huir de sus tierras para salvar sus vidas.
Toda esta vergüenza no es algo nuevo. Basta con considerar solo el caso de Estados Unidos, el país más poderoso y privilegiado de la tierra, rodeado de ventajas incomparables. A lo largo de su historia les dio la bienvenida a los refugiados europeos para que se asentaran en sus tierras, aquellas tierras que antes habían sido tomadas con brutalidad, eliminando a las naciones nativas que antes las ocupaban. Todo eso cambió con la ley de inmigración de 1924, diseñada para excluir a judíos e italianos. No es necesario entrar en detalles. Aún después de la guerra, se les negó la entrada a aquellos sobrevivientes que todavía permanecían en campos de concentración. Ahora los gitanos están siendo expulsados de Francia hacia condiciones desesperantes en la Europa del Este, es decir, están expulsando a los descendientes de las víctimas del holocausto, si es que a alguien le importa.
La vergüenza persiste y no tiene límites. Sin duda, el tiempo para ponerle un punto final a todo eso ha llegado, sin el cual no podremos nunca alcanzar un mínimo de decencia y de civilización.
Traducción de Jorge Majfud.
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