martes 07 de junio de 2016
"LA OLA DEL TARIFAZO NOS VA A DEJAR FUERA DEL MAPA"
PYMES, EMPRESAS RECUPERADAS, COOPERATIVAS, CLUBES
Y CENTROS BARRIALES PROMETEN RESISTIR EL TARIFAZO
"Los topes que puso Macri son una burla"
Las organizaciones afectadas por la suba de tarifas de luz, gas y agua se reunieron y dejaron en claro que las medidas de "alivio" son insuficientes. Continuarán con las presentaciones judiciales y las protestas.
Las entidades reunidas ayer en el Bauen lanzaron una convocatoria multisectorial para canalizar sus reclamos.
Por Javier Lewkowicz
Pymes, cooperativas, empresas recuperadas, clubes de barrio y centros culturales dejaron en claro ayer que las medidas de alivio tarifario que recibieron de parte del macrismo son insuficientes y que continuarán con las presentaciones judiciales y las protestas. Esas entidades lanzaron ayer una convocatoria multisectorial para canalizar sus reclamos en contra del Gobierno y organizar las movilizaciones en la calle. El diagnóstico es compartido: a pesar de que la boleta aumente "sólo" un 500 por ciento, el cambio tarifario abrupto en un contexto de desplome de las ventas, apertura de importaciones y aumento de otros costos por la megadevaluación deja a miles de puestos de trabajo en la cuerda floja.
Ayer se reunieron cientos de dirigentes pymes, cooperativistas, de los clubes y centros culturales en el auditorio del Hotel Bauen para definir una respuesta unificada frente a la política económica agresiva que reciben del macrismo. Hoy habrá una jornada de actividades de unos 6 mil clubes de barrio en la Plaza de Mayo, movilizados por la Unión Nacional de Clubes de Barrio y mañana marcharán cooperativas y pymes al Ministerio de Energía y a la cartera laboral. Página/12 recogió testimonios de trabajadores y presenció la discusión del plenario.
Algunos casos
"Esta decisión del Gobierno nos está arruinando. El tarifazo nos dio en la columna vertebral porque la energía y el agua es lo que más utilizamos", indicó a este diario Plácido Peñarrieta, de la Cooperativa Artes Gráficas Chilavert, que cuenta con 15 asociados y cuya factura de luz subió de 3 mil a 15 mil pesos y el agua de 800 a 5 mil pesos. "El tope que puso el Gobierno no nos sirve porque de cualquier manera no podemos trasladarlo a precios, lo que se suma a la baja de la producción por la apertura de importaciones. En este contexto de inflación no pudimos aumentar los retiros de cada asociado, hemos pagado dos boletas y la última ya no la pudimos pagar", agregó.
"El gran problema es que si no hay trabajo no hay forma de absorber un aumento tan elevado porque ningún cliente lo acepta. Sólo por el consumo de las máquinas nosotros pasamos de 6 mil a 33 mil pesos de luz", señaló a Página/12 Enrique Iriarte, de la Cooperativa 19 de Diciembre, una autopartista de Villa Ballester recuperada en 2002. Hace dos semanas, el Gobierno ofreció un registro público para que las recuperadas se inscriban para pagar en dos cuotas la factura de luz. Es un mecanismo de limitado alcance y que además está mal implementado. "Edenor no lo acepta y Edesur sí", cuenta Iriarte.
"Con el aumento de la luz recibimos un mazazo. De 14 mil pesos pasamos a 57 mil pesos. Toda la plata que usábamos para comprar materiales ahora es para pagar los servicios. Nuestros retiros semanales bajaron un 50 por ciento. Sabíamos que iba a venir un aumento, pero no tan desproporcionado", dijo Alicia Pérez, de la Cooperativa Unidos por el Calzado, recuperada en 2004, que presentó un amparo judicial.
"La boleta de luz nos subió de 16 mil a 59 mil pesos mientras que la faena cayó a la mitad porque la gente no compra carne. Estamos intentando sostener nuestros retiros y venimos utilizando un fondo que habíamos acumulado, pero eso tarde o temprano se va a acabar", dijo Orlando Acosta, del frigorífico recuperado Incob de Bahía Blanca.
"Los empresarios dejaron de vendernos cuero para enviarlo sin procesar a Brasil porque es más barato. El aumento de las tarifas nos dejó afuera del mercado", señaló Jorge Loto, de la curtiembre Becas. En una planta la luz les subió de 6 mil a 30 mil pesos, mientras que en otro establecimiento, de 12 mil a 60 mil pesos.
La multisectorial
"El Gobierno no tomó nota de lo que está ocurriendo. La movilización es nuestra herramienta para frenar el tarifazo", comenzó Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionadas (Facta). "Hay que avanzar en una respuesta colectiva, con cautelares y en la calle", agregó Juan, de la Federación Gráfica Bonaerense. "El supuesto tope que puso el Gobierno es una burla", dijo Guillermo Parodi, de la CTA.
Uno de los temas en danza fue la estrategia judicial. "Tenemos que pensar cómo seguir la presentación de los amparos, si de forma individual, colectivos o en grupos", planteó el representante de Gráfica Patricios. "Nosotros presentamos un recurso de amparo. Este golpe puede dejar a todo el sector fuera del mapa", indicó Juan Sancha, de la cooperativa Decosur y dirigente de la CNCT.
"El presidente nos toma el pelo. Dice que nos devuelve parte del aumento de la luz pero se olvida del gas y del agua. Nos quieren llevar puestos a todos", dijo Cristian Font, representante de los clubes de barrio. "Además, Macri dice que el nuevo valor puede aplicar desde abril pero se olvida de los meses anteriores. Es una vergüenza que el anuncio de hoy haya sido en un club de barrio", agregó Carlos Funes, presidente del Club Colegiales. Se manifestó en la misma línea Ariel Parodi, del club Flores Sur, y los representantes de Centros Culturales.
Eduardo Fernández, titular de Apyme, pidió una "ley de emergencia para que las tarifas vuelvan a foja cero". "Vayamos todos juntos para pelear por esto", dijo. También participó Enrique Vázquez, de la Cámara de Comercios de Boedo. Desde el arco sindical, Walter Correa, secretario del gremio de obreros curtidores, advirtió que "tenemos que defendernos porque todos sabemos cómo termina esta película".
Asistieron al encuentro los legisladores del FpV por la Ciudad Carlos Tomada, José Cruz Campagnoli, Paula Penacca y Pablo Ferreyra. "Esto no es sólo el tarifazo, el objetivo final son los salarios y el empleo", dijo Tomada. "La forma de parar este plan de ajuste es organizándonos", agregó Campagnoli. También participó Andrés Ruggeri, del Centro de Documentación de Empresas recuperadas que funciona en el programa Facultad Abierta en el marco de Filosofía y Letras (UBA).
"Hemos perdido cientos de centros de jubilados que no pueden pagar la luz, y los topes que puso Macri son una burla. Nosotros los jubilados, sin la organización de las entidades de trabajadores, estamos listos, porque el Gobierno se propone además quebrar el sistema jubilatorio argentino", indicó Carlos Valle, presidente de la Confederación General de Jubilados. "En este contexto aumentar los precios es un suicidio, por eso el tarifazo pega directamente al trabajador de la economía social. Te invitan a cerrar", indicó Leonardo Duva, presidente de Gestara, entidad que agrupa a los trabajadores autogestionados.
"A mí me enoja cuando en el verano ponen el aire acondicionado y hace tanto frío que entonces abren las ventanas porque el costo de la energía era ridículamente bajo", consideró el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, al defender los aumentos en el costo de energía eléctrica. El nuevo cuadro tarifario para los usuarios del área metropolitana y el reajuste de precios en el mercado mayorista de electricidad generaron incrementos en el valor de las facturas que implicaron multiplicar sus valores entre cuatro y seis veces dependiendo del segmento de consumo del usuario.
Los comercios e industrias tuvieron incrementos significativos en sus tarifas: de 270 a 465 por ciento aproximadamente, dependiendo del segmento y nivel de consumo. Para el responsable Quintana el tarifazo tuvo un objetivo ambiental. Desde su perspectiva como el precio "era tan ridículamente bajo la gente perdió sensibilidad al respecto" y se generaron "conductas sociales contrarias al medio ambiente".
Las polémicas declaraciones de Quintana, titular del Grupo Pegasus y dueño de la cadena Farmacity, fueron realizadas durante su participación en el programa de Mirtha Legrand y se conjugan con el cuestionamiento a los usuarios patagónicos realizado semanas atrás por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio.
Frente al rechazo generalizado que generó el aumento en la factura del gas, el funcionario se quejó por que "la gente abría las ventanas porque tenía calor de tanta calefacción". De acuerdo a un estudio realizado por el Cifra-CTA, el aumento en las tarifas de gas en las provincias del Sur alcanza, en promedio, al 539 por ciento para los usuarios residenciales y hasta 1245 por ciento en comercios e industrias.
EL GOBIERNO VUELVE A RETROCEDER PERO SIGUEN LOS
CUESTIONAMIENTOS
Una salida con pocas luces
Macri retomó actividades con el anuncio de que el Gobierno devolverá el 40 por ciento del tarifazo eléctrico a los clubes de barrio. Los supuestos beneficiarios lo consideraron insuficiente y advirtieron por las trabas para acceder al subsidio.
“Queremos acompañar a los clubes en este difícil momento del sinceramiento de la economía”, indicó Macri.
El Gobierno anunció ayer que devolverá el 40 por ciento del valor de la tarifa eléctrica a clubes de barrio. La medida la anunció Mauricio Macri, en el retorno a la agenda de actividades tras el reposo médico de los últimos días, al encabezar un acto en el Club Atlético Social y Deportivo Juventud Unida de Lomas de Zamora, institución en la que se filmó la película Luna de Avellaneda de Juan José Campanella. Los referentes de los clubes barriales aseguraron que la solución del Gobierno frente al impacto del tarifazo no es suficiente, debido a que hay muchas entidades que no se encuentran registradas como asociaciones deportivas y no recibirán los descuentos, en tanto que otros clubes superan los 2000 socios, uno de los requisitos para poder solicitar la devolución, pero en los que una parte importante no paga cuota por ser vitalicios.
"Queremos acompañar a los clubes en este difícil momento que estamos viviendo con el sinceramiento de la economía", dijo Macri. La devolución del 40 por ciento del pago de la boleta de luz será retroactiva a abril, por lo que algunos clubes que ya abonaron la totalidad de la tarifa tendrán saldo a favor. En el anuncio, el presidente estuvo acompañado por María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, quién aseguró que "si decimos la verdad y trabajamos en equipo va a pasar en Argentina lo mismo que pasó en este club". Desde el Gobierno indicaron que la iniciativa llegará a 4500 instituciones incluidas en el Registro Nacional de Clubes, con un mínimo de 50 socios y un máximo de 2000. De este total, sólo 800 clubes tienen en la actualidad la documentación completa para acceder al beneficio.
"Acá estoy, estoy bien para seguir trabajando juntos por esa Argentina que soñamos. Y ésta es una manera maravillosa de comenzar la semana", mencionó Macri, en el acto en el club del conurbano bonaerense. Luego de las declaraciones, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, y el secretario de Deportes, Carlos Mac Allister, aseguraron en rueda de prensa que se encuentran trabajando con las áreas de Gobierno para que el beneficio para los clubes se extienda al resto de los servicios públicos.
En los clubes de barrio, pese a los anuncios, mencionaron que no hubo una respuesta adecuada al problema de la suba de las tarifas, al platear que siguen en riesgo la continuidad de centros deportivos pequeños y medianos. Estas instituciones, aseguran los referentes, tienen rol central para la contención social de los jóvenes tanto en los grandes centros urbanos como en los pueblos de menor tamaño, un motivo para que la sustentabilidad de los clubes sea una prioridad del Gobierno. Cristina Font, uno de los dirigentes de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, dijo ayer que "nos resulta imposible cumplir con el anuncio de Macri. Nos piden una cantidad de requisitos para entrar a la tarifa social que son inabordables. Es una verdadera tomada de pelo. Cuando les cedemos los clubes a los políticos vienen en campaña para hacer un acto, no nos piden ningún papel, pero ahora quieren los balances y demás".
El problema de los registros no es el único para los clubes de barrio. El requisito para acceder a los descuentos en las tarifas es que la entidad tenga entre 50 y 2000 socios, lo que la convierte en una institución pequeña. El defensor del Pueblo, Alejandro Amor, le explicó a este diario que "los clubes de barrio tienen características muy particulares. Por ejemplo, hay algunos con 2500 socios, pero donde 1000 son vitalicios y no pagan la cuota. Por ese siguen teniendo los mismos problemas para pagar la luz que los más chicos, aunque no pueden acceder a la tarifa social". Amor dio números centrales para entender las distorsiones provocadas por medidas del equipo económico de Cambiemos en materia tarifaria. El club Yupanqui, por caso, pasó de pagar 1000 a unos 10.000 pesos de luz por la quita de subsidios. El club Imperio, que cubría la factura de energía con la cuota de 10 socios, ahora necesita 130 cuotas para abonarla. La semana pasada desde la Defensoría del Pueblo avanzaron en amparos para frenar los aumentos en las boletas de luz de los clubes y esperan la respuesta de la justicia.
OPINIÓN
SinceraMiento a la Reparación Histórica a jubilados
Por Federico Bobrovsky *
Una vez más nos vemos obligados a tener que desenmascarar la utilización política de los jubilados por un gobierno neoliberal. El proyecto enviado al Congreso con el ampuloso título de Reparación Histórica esconde una amnistía fiscal para los evasores y un engaño para los supuestos beneficiarios.
No se van a liquidar las sentencias judiciales firmes, ni a aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema, por lo que se intenta pasar por buena una fabulosa quita confiscatoria para todos aquellos que han estado años litigando y no entrarían ni los que se jubilaron después de diciembre de 2006 ni los docentes y otros con leyes especiales.
Es fundamental denunciar que no es necesaria una ley para esto. El 4 de noviembre de 2009 se firmó, en la ciudad de Washington, un acuerdo de solución amistosa por una demanda presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1995 (causa "Menéndez, Caride y otros"). El Estado argentino se obligó a cumplir 3 puntos. En el primero está contemplado aplicar estrictamente lo que ordena la resolución 955/08 de la Secretaría de Seguridad Social y, principalmente que "todas las sentencias judiciales aún pendientes de ejecución, salvo disposición en contrario contenida en la propia sentencia judicial firme, deben ser cumplidas sin otras limitaciones más que aquellas dispuestas en la norma (…) Toda otra limitación introducida por vía de interpretaciones infra-normativas no será aplicable". Asimismo el Estado pactó "no apelar las sentencias judiciales de primera o segunda instancia que hubieran sido favorables a los beneficiarios, en supuestos de hecho en los que la CSJN ya se haya expedido." Finalmente se comprometió a desistir de las apelaciones que se hayan presentado hasta la firma del acuerdo en un plazo máximo de 60 días. Lamentablemente no se cumplió con ninguna de las cláusulas en su totalidad, si bien es cierto que se intensificó y que se construyó un sistema de liquidaciones que permitió que la Anses liquide alrededor de 40 mil sentencias anuales y, en muchas de ellas, el resultado efectivamente respetó lo que se estableció en la sentencia judicial firme. Asimismo se modificó gran parte del perverso andamiaje legal pensado para liquidar los pleitos (y a los jubilados) con la ley 24.463 cínicamente llamada "de solidaridad previsional".
Que el Estado se haya obligado a cumplir un acuerdo en sede internacional tiene graves consecuencias diplomáticas en caso de incumplimiento. Nos encontramos hoy ante la disyuntiva de denunciar el acuerdo en la OEA y solicitar que intervenga la Corte Interamericana de DDHH ante un nuevo avasallamiento en los derechos de los jubilados y pensionados que representamos.
Lo que se debe hacer es cumplir taxativamente con lo que ordenan las sentencias judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada. No son meras sugerencias sino que son órdenes y lo único que se puede hacer es cumplir en tiempo y forma. El proyecto de ley en revisión por el Congreso representa una confiscación encubierta de la deuda, presentándose como una reparación histórica, que viene en el formato de un gigantesco Caballo de Troya poniendo en jaque la sustentabilidad del sistema en su conjunto y abriendo la puerta a una reforma del sistema previsional sin incluir los conceptos de público y de reparto en la conformación de la comisión que tendrá a su cargo el armado del proyecto de reforma.
El botín de guerra es el FGS, que es un fondo de los trabajadores para los trabajadores administrado por el Estado. Cuando los gobiernos se apoderan de estos, siendo que están pensados para sostener los sistemas previsionales en el tiempo, provocan, irremediablemente, su quiebra y lo sufren los propios trabajadores. No hay sistema posible sin capitalización de los fondos públicos. Una vez quebrado y ante la imposibilidad de hacer frente al pago de las prestaciones se comienza a vender el sistema privado como la solución mágica.
Sres. legisladores, no se necesita una ley para liquidar las sentencias firmes pendientes. El ordenamiento jurídico ya establece cómo y cuándo proceder. A su vez, ordena la forma en que debe conducirse la Anses en los pleitos que se le presenten. Si no se apelaran las sentencias de primera instancia que generan un cuello de botella en la Cámara de Apelaciones, el jubilado que inicia un reclamo podría cobrar en un lapso no mayor a dos años, con todas las garantías constitucionales sin resignar un solo peso y cuidando la sustentabilidad del sistema. No hagan incurrir a la Nación en responsabilidad internacional!
* Abogado previsionalista.
EL OFICIALISMO NO DESCARTÓ CAMBIOS LUEGO DE LAS
CRÍTICAS POR LA CENSURA A LA DIFUSIÓN DE DATOS SOBRE
EL BLANQUEO
Contra la mordaza escondida en el proyecto
Luego de que Página/12 difundiera lo dispuesto en el artículo 85 del proyecto, desde la oposición denunciaron que violaba la libertad de expresión. Desde Cambiemos deslizaron que sería reconsiderado.
A partir de hoy, el megaproyecto comenzará a ser debatido en comisión en la Cámara de Diputados.
Por Miguel Jorquera
El proyecto "ómnibus" del Gobierno para el pago de juicios a jubilados tenía otro pasajero oculto en el capítulo dedicado al blanqueo de capitales: la iniciativa del presidente Mauricio Macri establece un castigo penal para jueces y funcionarios y otro económico – equivalente al monto blanqueado – para terceros (incluidos periodistas) que divulguen el nombre de los empresarios y el dinero con que se hayan acogido al blanqueo. Desde el Frente para la Victoria sostienen que el artículo 85 del proyecto es "inconstitucional" e implica una "cláusula mordaza" que "vulnera la libertad de expresión" y que busca proteger a los funcionarios con cuentas offshore que ahora quieran blanquear el dinero que tienen en guaridas fiscales. En el macrismo se justificaron argumentando que "no es un tema central del proyecto", buscaron minimizar el contenido de la iniciativa y abrieron la posibilidad de hacer cambios. Aunque el oficialismo solo estaría dispuesto a eliminar la palabra "terceros" y dejar en pie las sanciones para jueces y funcionarios.
"El artículo propuesto es claramente inconstitucional, ya que viola el derecho de publicar las ideas por la prensa sin censura previa consagrado en el artículo 14 de la Carta Magna, y la prohibición de que el Congreso dicte leyes que restrinjan la libertad de imprenta, como dispone el artículo 32. Además, es un retroceso en los estándares democráticos de nuestra sociedad, al coartar la libertad de los periodistas para informar y del pueblo a informarse", sostiene el comunicado del bloque de diputados del FpV que lleva la firma de su presidente, Héctor Recalde. "Lo que demuestra esta redacción es que el gobierno nacional ha enviado una ley de blanqueo para sus amigos, que están involucrados en las causas Panamá Papers y HSBC y pretenden blanquear sus activos mal habidos sin que la gente se entere", remarca el texto.
El artículo 85 del megaproyecto, en el capítulo dedicado al blanqueo, marca algunas diferencias. Los jueces y funcionarios públicos que divulguen datos sobre el blanqueo estarán alcanzados por el artículo 157 del Código Penal, que establece penas de "prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial de uno a cuatro años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos". En tanto, para terceros, incluidos periodistas, la pena es una durísima sanción económica: "Los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además, en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera revelado o divulgado", dice el proyecto.
Varios diputados del FpV ya habían denunciado las características que el macrismo le quiere dar a la ley. "La ley mezcla un valor tan importante como es la situación de las personas jubiladas y su reclamo, con medidas para aquellos que han generado caminos de evasión, que han tenido incumplimientos con el fisco, que han atentado también contra el propio sistema previsional, y encima quieren que no se pueda conocer o divulgar quienes son aquellos que están realmente beneficiados con este blanqueo", sostuvo el diputado Remo Carlotto, quien preside la comisión de Libertad de Expresión.
"En la Argentina hemos tenido un proceso muy importante a partir de la eliminación de figuras como calumnias e injurias, y la posibilidad de tener absoluta libertad al proporcionar información, y sobre todo un principio elemental del periodismo que es la preservación de las fuentes. Esto busca arrasar con todo", remarcó Carlotto. Para su compañero de bancada, Eduardo "Wado" De Pedro, el proyecto de blanqueo que envió Macri al Congreso "esconde un cláusula mordaza para garantizar la impunidad de sus socios y amigos", que "viola el derecho a la libertad de expresión y de información" de la ciudadanía.
En el macrismo intentaron bajar los decibeles del reclamo. El jefe de los diputados PRO, Nicolás Massot, sostuvo que "de ninguna manera" se busca cercenar la libertad de expresión. "No forma parte de lo más importante o de cuestiones fundamentales" de la iniciativa, insistió Massot, por lo que no descartó modificaciones: "Si tenemos que revisarlo lo vamos a hacer con el espíritu siempre, a partir de comentarios para mejorar el proyecto y no empeorarlo", afirmó.
El también macrista Pablo Tonelli hiló más fino. "El artículo tiene un problema. Una cosa es la prohibición para los funcionarios y otra para los terceros. Hay que revisarlo y corregirlo. Voy a proponer la modificación", adelantó Tonelli. Dio a entender que se sacaría la sanción aterceros y dejaría el texto tal cual para jueces y funcionarios.
La discusión tendrá otro capítulo hoy en el plenario de las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto que reabrirá este mediodía el debate sobre el megaproyecto en el anexo C de la Cámara baja. Ahí llevarán sus posturas sobre este aspecto del blanqueo de capitales el massismo, – que ayer por la tarde se reunió para evaluar su posición – lo mismo que el Bloque Justicialista. El socialismo, en tanto, ya se había manifestado en contra de todo el capítulo sobre el blanqueo.
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) emitió ayer un comunicado rechazando la redacción del artículo 85 del proyecto de Ley de Blanqueo de activos no declarados y de pago de las deudas a jubilados porque "afecta gravemente el derecho de libertad de expresión, en general, y el de libertad de prensa en particular". Por eso, solicitó a los legisladores nacionales que se aprestan a debatir esta iniciativa en las comisiones a que modifiquen la redacción para evitar la aprobación de una disposición que resultaría a todas luces inconstitucional. El texto recuerda que la redacción del artículo 85 prohíbe a cualquier persona difundir o reproducir documentación o información relacionada con las declaraciones de quienes se inscriban en el blanqueo, no sólo a los funcionarios o declarantes intervinientes en el procedimiento. Fopea advirtió que tal como está redactado "este artículo lesiona gravemente las libertades de expresión y de prensa y afecta el trabajo periodístico al fomentar la autocensura e instaurar la persecución penal del trabajo de informar en un ámbito en el que podrían existir hechos de interés público".
OPINIÓN
La escucha que potencia la palabra
Por Washington Uranga
No resulta fácil reflexionar hoy sobre el periodismo, aunque la conmemoración invite a hacerlo. Poco hay, sin embargo, para celebrar. Toda celebración se obnubila por la disminución de los puestos de trabajo, por los despidos en los medios y por la precarización del trabajo de los periodistas. Pero eso requeriría un tratamiento especial y específico por aparte y en sí mismo.
El periodismo atraviesa una etapa difícil de su historia. Hay reconfiguraciones que provienen de las transformaciones en la industria de la comunicación, pero simultáneamente existe un desplazamiento de la política al ámbito de la comunicación con todas las connotaciones que ello suma a la labor profesional de los periodistas. No habría que perder de vista que el escenario político argentino, dada la polarización de las posiciones, le agrega algunos ingredientes que hacen especialmente complejo este último aspecto.
Para no entrar en el debate sobre el periodismo independiente o no, habría que comenzar recordando que antes que periodistas (se aplica de la misma manera para abogados, arquitectos, médicos…) quienes ejercemos esta profesión somos ciudadanos y como tales tomamos opciones – tenemos la responsabilidad de hacerlo – que son también políticas. Entonces es casi ridículo seguir pretendiendo la independencia y mucho menos la objetividad. Abandonemos de una vez y para siempre este debate estéril y sin sentido. Somos ciudadanos políticos y el ejercicio de nuestra profesión no puede alejarnos de esta condición.
Lo único que se nos puede exigir y demandar es veracidad y honestidad en el manejo de la información. Aunque usemos criterios de selección que, sin duda, responden a nuestro discernimiento político. No nos debemos arrepentir de ello; sí transparentarlos con honestidad. Lo triste es que muchos y muchas que niegan actuar de esta manera, utilizan el periodismo para generar operaciones o se prestan a ellas. Mienten a sabiendas. Esa sí es una conducta reprochable y reñida con la ética. Dejo por su cuenta, estimado lector, hacer una lista – que puede llegar a ser extensa – de quienes en nuestro medio incurren en esas conductas. Lamentablemente lejos de haber sanciones éticas para quienes así proceden, vastos sectores de la sociedad siguen calificando a estas personas como "profesionales reconocidos".
Es indudable que la información es fuente de poder y que quienes trabajamos con la información como materia prima ejercemos una cuota de poder. No se trata de negar esta realidad evidente. Sí de preguntarnos honestamente qué hacemos con ese poder, en favor de quien lo jugamos, sabiendo que cada noticia se divulga tiene un potencial pedagógico y educativo, para promover el cambio o para perpetuar la injusticia. Aquí está el verdadero dilema ético. No en manifestarse independiente sino, por el contrario, en comprometernos como ciudadanos-periodistas en la construcción de una sociedad cada día más justa, más igualitaria en la que el ejercicio del derecho a la comunicación es un eje fundamental.
Y esto último solo se logra haciendo de la profesión de periodistas y comunicadores una vocación volcada hacia la participación, un modo de facilitar circuitos virtuosos de diálogo entre actores diferentes en la sociedad. Para hacerlo, quienes nos desempeñamos en este oficio, tenemos que aprender cada día que, aún más importante que decir, es escuchar. Solo si abrimos nuestros oídos mediante la escucha atenta de todos los actores sociales, plurales y diversos, nuestra labor como periodistas y comunicadores podrá responder a las necesidades de los actores ciudadanos y transformarse en un aporte valioso a la sociedad y al sistema democrático.
OPINIÓN
No hay democracia sin libertad de expresión
Por Mónica Macha *
Sabemos, a partir de la experiencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que cuántas más voces toman la palabra pública, más identidades se ven representadas en sus intereses y como efecto se profundiza nuestra democracia. También sabemos cuál es el camino inverso, el camino que ha elegido Cambiemos. Un gobierno para pocos necesita que hablen pocos. Entonces lo primero que hizo el presidente Mauricio Macri a días de asumir fue clausurar la ley de Medios y devolverle el dominio pleno a los medios concentrados generando un inevitable blindaje mediático y una grave exclusión simbólica.
En apenas seis meses del gobierno de Macri ya hubo allanamientos (como el ocurrido en C5N), desaparición de medios, programas y publicaciones opositoras al gobierno y una constante persecución a periodistas, como fue el caso de Navarro por su informe sobre el presidente y sus negocios. A esto se suma el inaceptable artículo que el macrismo intenta imponer en la ley de blanqueo de capitales a través del cual un periodista que informe sobre los adherentes puede llegar a ir hasta cuatro años preso. Todo esto que hemos enumerado son distintas formas en las que se materializa el enorme retroceso que estamos viviendo como sociedad en cuanto a nuestro derecho a la comunicación.
Está claro que el gobierno de Macri es una amenaza para la libertad de expresión. Hoy el periodismo vive una situación crítica, vuelven formas de persecución y censura indirecta, regresa la concentración de propiedad de medios, se destruyen los medios comunitarios y locales, la voz pública vuelve a ser para pocos y se restringe fuertemente el acceso a la información.
Ante el poder de los grandes medios hegemónicos y un Estado en gobierno de quienes defienden los intereses de los sectores dominantes, sabemos que es necesario recuperar las experiencias subterráneas e invisibles que construyen una identidad propia y nos fortalecen en nuestras luchas colectivas.
* Senadora provincial Nuevo Encuentro - FpV. Presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión del Senado bonaerense.
SABBATELLA DENUNCIÓ A MACRI POR SU PARTICIPACIÓN
EN EL FIDEICOMISO CAMINITO
"Usó al Estado para los negocios"
El dirigente de Nuevo Encuentro presentó dos denuncias acusando al Presidente de defraudación al Estado y de negociaciones incompatibles con su rol de funcionario por su participación en un fideicomiso beneficiado por su gestión.
El presidente Maurio Macri junto al ministro de Salud, Jorge Lemus, en la reunión de gabinete de ayer.
El titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, denunció ayer penalmente al presidente Mauricio Macri de haber evadido impuestos, defraudado al Estado y realizar negociaciones incompatibles con el cargo de funcionario público, en este caso el de jefe de Gobierno porteño. Tal como lo adelantó ayer Página/12, Sabbatella presentó dos denuncias a propósito de la participación societaria del primer mandatario en el fideicomiso Caminito, que habría sido beneficiado con una exención tributaria impulsada por él mismo mientras estuvo al frente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. "Como lo hizo históricamente, Macri usó al Estado para hacer negocios en su provecho", acusó dirigente kirchnerista.
"Macri fue y es un empresario inescrupuloso, que siempre quiso hacer negocios con el Estado forzando o burlando la ley", advirtió el ex titular de la Afsca en un comunicado que confirmó sus presentaciones a la Justicia. Según su lectura, las empresas del Presidente y sus allegados "facturaron fortunas como contratistas del Estado" y una vez que Macri asumió funciones en el Gobierno de la Ciudad "multiplicaron los negocios y el patrimonio de todos".
Sabbatella basó sus denuncias en una investigación realizada por la ex legisladora porteña, también perteneciente a Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, quien siguió el derrotero del fideicomiso Caminito, en el que según su última declaración jurada, Macri tiene una participación de 19 millones de pesos. Ese fondo compró y construyó un complejo de lujosos lofts en el edificio en donde funcionó la fábrica Alpargatas, en la ciudad de Buenos Aires, y quedó eximido de pagar impuestos gracias a una ley que el bloque oficialista impulsó un día después de que Caminito concretara la adquisición del espacio, mientras Macri era jefe de Gobierno porteño. "Creemos que hay una utilización de la posición que ejerció entonces en beneficio propio para hacer negocios inmobiliarios millonarios", concluyó Sabbatella en diálogo con este diario. "Ha comprado un terreno y elaborado, impulsado y aprobado una ley que exime a la zona de impuestos, viéndose claramente beneficiado. Eso es incompatible con sus funciones de jefe de Gobierno", añadió.
Los presuntos delitos fueron presentados en dos denuncias en diferentes fueros. En una, Sabbatella acusó a Macri de defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con el cargo de funcionario público. La causa se sorteó en el momento y quedó radicada en el Juzgado de Instrucción en lo Criminal 33, a cargo del juez Gustavo Pierretti, con la intervención del fiscal Augusto Troncoso. La acusación por supuesta evasión de impuestos espera su respectivo sorteo en el fuero penal tributario, que prevén se realice hoy.
Tal como informó este diario en su edición de ayer, el fideicomiso Caminito nació en julio de 2011 en el que Macri se asoció con un ex gerente del grupo IRSA y titular del fideicomiso GES Desarrollos, Fernando Baremboim, el empresario rural y aportante de la campaña PRO, Hernán Civils Rovirosa, y con Iván Achával, socio de un conocido estudio de arquitectos y desarrolladores inmobiliarios que está a cargo de vender los lofts del edificio Molinos. La compra del espacio se concretó el 15 de septiembre de 2011. Al otro día, Macri, su ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, y el de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, firmaron un proyecto de ley para eximir a esa zona de impuestos, que ingresó en la Legislatura porteña el 19 de aquel mes y fue aprobado dos años después. Bajo el bautismo de esa zona porteña como "Distrito de las Artes", la norma exime a las empresas que construyan allí espacios destinados a la promoción del arte de la obligación de pagar Ingresos Brutos, impuestos inmobiliario y municipales, de sellos y relacionados con la construcción por una década. Después de ese lapso, también permite computar el 25 por ciento de lo que se haya invertido como pago a cuenta de ingresos brutos. "La justicia deberá investigar la maniobra, pero es evidente que Macri sabía cuál era el negocio a la hora de impulsar la eximición impositiva sobre la zona en la que está el inmueble", concluyó Sabbatella.
OPINIÓN
Apoyo al feriado del 17 de junio
Por Pacho O'Donnell *
Fueron tres los máximos responsables de nuestra independencia en los campos de batalla: San Martín, Belgrano y Güemes. Ellos confiaron en el coraje y el patriotismo de nuestros gauchos, indígenas y afrodescendientes que formaron nuestros precarios ejércitos para derrotar a las bien provistas fuerzas que combatían a las órdenes del rey español. Los dos primeros son justicieramente honrados con feriados nacionales, no así el gran gaucho salteño, falencia que se trata de resolver con el oportuno proyecto de ley debatido hoy en las Cámaras legislativas.
El homenaje a Güemes se extiende por carácter transitivo al gaucho, ya no de la pampa, honrado con el Día de la Tradición y la exaltación de "Martín Fierro", sino al de cerros y selvas, al entroncado en sangre y virtudes con los grandes jefes de la resistencia anticolonizadora de diaguitas, cachaquíes, quilmes, antecedente no siempre tenido en cuenta de nuestras luchas independentistas. Reconocer también su riquísima influencia en nuestra cultura aportando originales manifestaciones en la música, la poesía, la gastronomía, la vestimenta, las artesanías.
A Martín Miguel de Güemes lo adornaban las virtudes esenciales del gauchaje: patriotismo, coraje, lealtad, astucia, y en él confió San Martín la custodia de la frontera Norte mientras él bajaba a Cuyo para organizar la epopeya andina. Ambos diseñaron la "guerra de recursos" o "de guerrillas", que don José había conocido en España durante la resistencia a la ocupación napoleónica, estrategia que permitió acosar, desmoralizar y derrotar a ejércitos experimentados y bien armados. Nuestro Libertador escribió: "Los gauchos de Salta solos están haciendo al enemigo una guerra de recursos tan terrible que lo han obligado a desprenderse de una división con el solo objeto de extraer mulas y ganado".
El jefe salteño tenía innatas condiciones de líder y se ganó la confianza ilimitada de sus "infernales", como les gustaba llamarse para amedrentar al enemigo, quienes lo sabían leal defensor de los humildes ya que siempre demostró una indesmayable sensibilidad ante la miseria y la desprotección lo que hizo que su gestión como gobernador salteño fuera definida como "radicalismo populista" (N. Shumway): repartición de tierras entre el pobrerío, protección de las industrias locales gravando los productos importados, reivindicación de los derechos indígenas. También se opuso al despotismo porteño que pretendió someter a las provincias.
Expreso mi total apoyo a homenajear a Güemes con el feriado del 17 de junio. Si fuera cierto que hay "demasiados" feriados propongo abrir el debate sobre algunos de los pintados de rojo en el almanaque, en especial el 12 de octubre, que "celebra" el comienzo de la sangrienta conquista de América por parte de Europa.
* Historiador.
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