domingo, 5 de junio de 2016

LAS JOYAS DE LOS ABUELOS


domingo 05 de junio de 2016



LAS JOYAS DE LOS ABUELOS
FONDOS DEL EXTERIOR Y GRUPOS DE CONTROL DE LAS  

EMPRESAS QUIEREN PARTICIPAR DE UN NEGOCIO DE 90 MIL  

MILLONES DE PESOS


El botín de las acciones de la Anses



El Estado tiene acciones en 46 compañías a través del FGS de la Anses. Los privados con el socio estatal contabilizaron ganancias crecientes, aumentaron inversiones, distribuyeron más dividendos e incrementaron la valorización de mercado de sus empresas. El macrismo quiere vender esos activos.

Por      Alfredo Zaiat

 Las empresas privadas donde el Estado participa a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses contabilizaron ganancias crecientes, aumentaron sus inversiones en la economía local,incrementaron la distribución de dividendos entre sus accionistas y mejoraron sustancialmente la valorización de mercado del capital en más del 400 por ciento promedio. El muy buen resultado económico de esas 46 compañías desde 2012 revela que el Estado no fue un socio que perjudicó el ritmo de negocios de los privados, sino que lo potenció y les permitió ganar mucho dinero. Pese a este saldo positivo para sus finanzas, los grupos privados de control han estado presionando para capturar esas acciones desde el mismo momento en que el Estado las recuperó de manos de las AFJP (ver nota aparte). El gobierno de Mauricio Macri respondió a ese pedido con el proyecto de ley de blanqueo de capitales, amplia moratoria impositiva, aduanera y previsional y de reforma jubilatoria. Si se aprueba en el Congreso, en uno de los artículos satisface esa demanda del poder económico: habilita la venta de las acciones de empresas privadas del FGS. El esquema financiero para saldar la deuda con jubilados por juicios con sentencias, en curso y a quienes no iniciaron una causa sólo cierra con la liquidación de activos del FGS. Se abre de ese modo un fabuloso negocio por más de 93 mil millones de pesos, monto de la valorización de esos paquetes de acciones a marzo de este año.

El Estado ha actuado como un socio estratégico en cada compañía privada orientando su participación en el directorio con una perspectiva de desarrollo económico. Ya sea por dogmatismo ideológico, por el deseo de ocultar maniobras contables o financieras nocivas para accionistas minoritarios o por resistir la intervención estatal en la orientación de inversiones, los grupos de control de las compañías rechazan la presencia estatal en su capital accionario. La venta de las acciones del FGS tiene como interesados a grandes fondos de inversión extranjeros y a los propios grupos de control. El titular del FGS, Luis María Blaquier (Grupo Ledesma, ex director del Grupo Clarín y ex ejecutivo de Goldman Sachs) estuvo hace menos de un mes en Nueva York reunido con fondos de inversión para convocarlos a comprar esas acciones.

La economista Julia Strada integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) acercó un ilustrativo informe sobre la participación del Estado en las empresas privadas del FGS. Entre 2012 y 2014, las ventas totales de esas firmas aumentaron en 70 por ciento, al subir de 174.943 a 296.867 millones de pesos, mientras que la participación del resultado neto en relación a las ventas casi se duplicó en ese lapso, al pasar del 5 al 9 por ciento. En tanto, la inversión bruta avanzó en 90 por ciento, subiendo de 14.605 a 27.738 millones de pesos. Este aumento de las inversiones fue de la mano de un incremento de los dividendos distribuidos. Este dato refleja que la política de promoción de inversiones alentada por el Estado ha sido consistente con una rentabilidad creciente para los accionistas: las utilidades repartidas subieron de 2127 a 4093 millones de pesos de 2012 a 2014.

El resultado económico positivo que muestra la presencia estatal en esas empresas no implicó que no haya habido tensiones y que los grupos de control quisieran evitar. Los incomoda que directores estatales conozcan movimientos internos de la empresa o que exijan mayor compromiso inversor. Representantes del Estado cuestionaron propuestas de honorarios para directores por encima de los aumentos promedio de salarios o de los valores del mercado; rechazaron planes de Ofertas Públicas de Acciones cuando perjudicaban al accionista minoritario (casos Solvay, Socotherm, Distribuidora de Gas Cuyana); exigieron el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Asamblea del Grupo Clarín; observaron operaciones con sociedades relacionadas alejadas de las condiciones de mercado (Quickfood, Metrovías). El caso Siderar fue emblemático: la inversión para la instalación de un nuevo horno de colada continua se realizó por la insistencia de Axel Kicillof como director de la empresa en representación del Estado. Fue una inversión por 290 millones de dólares para ampliar la capacidad productiva a 2,5 millones de toneladas por año, que implicaron 2,5 millones de horas hombre en el proyecto y sus servicios auxiliares y 260 mil horas de ingeniería dedicadas.

Otras situaciones similares se registraron en Aluar, cuando directores estatales promovieron y acompañaron la capitalización de resultados acumulados por 300 millones de pesos. En La Anónima (cadena de supermercados de la familia Braun, del actual secretario de Comercio), con la capitalización de 450 millones de pesos de resultados para aumentar el capital social a 500 millones. En Ferrosur Roca negociaron la mejora de patrimonio mediante aportes de capital del accionista privado manteniendo la participación accionaria del Estado y evitando un sobreendeudamiento. Así el grupo controlante (Loma Negra) realizó dos aportes de capital por un total de 100 millones de pesos en 2014.


Stock vs. Flujo

Como publicita el gobierno y es replicado por opositores, el proyecto de ley "salda una deuda" con jubilados, sin precisar si esa cancelación es sustentable en términos financieros y previsionales. Tampoco despeja si por esa vía pone en riesgo la solvencia del sistema de reparto. No es un misterio que pagar una deuda y comprometerse luego a un desembolso actualizado con el monto obtenido por liquidación de activos fijos determinará la insolvencia futura. Cualquier que sabe un poco de cuestiones financieras advierte que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (el stock) no debería utilizarse para pagar deudas más haberes reajustados (el flujo) porque esa caja terminará vacía.

El FGS suma 720 mil millones de pesos y las actuales autoridades, conducidas por Blaquier proyectan que alcanzará los 897,7 millones de pesos a fines de diciembre. Para cancelar los juicios previsionales y el reajuste de los haberes está previsto en el proyecto oficial utilizar recursos provenientes del blanqueo de capitales y de activos del FGS.

El rubro del FGS que obsesiona al macrismo es el integrado por los paquetes accionarios de empresas privadas. Este activo totaliza 93.345 millones de pesos a fines de marzo, monto que se ha valorizado desde entonces por el alza de las cotizaciones bursátiles. Son 46 las empresas que conforman la cartera de acciones del FGS, pero sólo diez equivalen al 77,8 por ciento del total. Este lote esta conformado por bancos Macro, Galicia, Francés y Patagonia, Telecom, Siderar, Molinos, Consultatio, Transportadora de Gas del Sur y el Grupo Clarín. El FGS también tiene el 21,5 por ciento de Mirgor, cuyo dueño es Nicolás Caputo, amigo, asesor, ex socio y deudor del presidente Mauricio Macri.

La venta de esos paquetes accionarios sería fácil de liquidar porque existen fondos de inversión extranjeros y los propios grupos de control interesados en comprarlos. Este botín suma más de 70 mil millones de pesos.

Si es por conseguir recursos sin necesidad de vender esos activos, los actuales administradores del FGS han estimado que en el presente ejercicio los ingresos totales estimados por capital e intereses serán 151.000 millones de pesos, y de esa suma 63 mil millones en intereses son de disposición inmediata. No habría necesidad entonces de vender las acciones. Pero el objetivo oficial no es exclusivamente conseguir fondos para saldar la cuenta con un sector de los jubilados, sino desarticular una importante herramienta de intervención del sector público en la economía a través del FGS, ofrecer un fabuloso negocio al mercado financiero y cumplir con la exigencia de grupos económicos que no quieren al Estado como socio.

















DESFINANCIAMIENTO DEL SISTEMA Y LICUACIÓN DEL FGS


El camino a la privatización



La reforma previsional del macrismo avanza en el desfinanciamiento del sistema jubilatorio, en el deterioro de su solvencia, en la licuación del fondo de garantía de los haberes, beneficia a sólo una minoría del total de los jubilados, no frena la litigiosidad y con la pensión universal a la vejez transforma un derecho en una cobertura asistencial. Convoca además a una comisión para la revisión global del régimen en un lapso de tres años que, de consolidarse la estrategia del oficialismo de desmantelamiento del sistema de reparto y solidaridad intergeneracional, tiene el objetivo aún no explicitado de la privatización parcial o total de las jubilaciones.
A mayo de 2015 quedaban pendientes 268.355 causas por reajustes de haberes. Hoy no superarían los 250 mil. En 2015 se cancelaron unos 40 mil juicios con un desembolso de 12.500 millones de pesos. Cada uno sumó en promedio unos 375 mil pesos en retroactivo. Para este año en el Presupuesto Nacional está asignado un monto similar que alcanzaría para saldar otros 35 mil casos. La cancelación de los juicios y la extensión del reajuste al resto de los jubilados por encima de la mínima alcanzan a sólo una minoría del total del sistema. La reparación no es a todos los jubilados, sino a la cúpula de la pirámide de ingresos del régimen previsional.
En 2003 el porcentaje de jubilados que cobraba la mínima era del 30 por ciento, el haber medio lo percibía el 55 por ciento del total y la cobertura previsional alcanzaba al 70 por ciento de las personas con edad de jubilarse. Luego de las dos moratorias, el 75 por ciento pasó a cobrar la jubilación mínima, el haber medio alcanzó a poco más del 7 por ciento y la cobertura superó el 95 por ciento. De ese modo el sistema de protección social pasó de ser un instrumento de "contención social focalizado" de los noventa orientado por las políticas del Banco Mundial, a un esquema integrado por políticas de inclusión y ampliación de derechos sociales y económicos. Las transformaciones en la protección social implicaron un cambio de paradigma respecto del criterio privatista (de los fondos previsionales) y asistencial de los noventa. El avance en materia de protección de los sectores postergados significó la mudanza de un esquema de privilegios a uno de derechos garantizados y de una sociedad de beneficencia a una de derechos sociales.
La pensión universal para la vejez sería una continuación de la ampliación de esos derechos, pero el macrismo influido por el sentido construido en la sociedad respecto a que "la moratoria entregó jubilaciones a quienes no hicieron aportes", la ha convertido en una dádiva, que es como piensa el neoliberalismo la protección social, al fijar el monto de la pensión en el 80 por ciento de la jubilación mínima. Esas personas ya no son sujetos de derecho a la jubilación, sino beneficiarios de una medida de "contención social focalizada" por no contar con los aportes suficientes para jubilarse.
Es un castigo doble para los trabajadores que durante la etapa activa fueron informales o desempleados. Ellos no fueron culpables de no haber realizado los aportes porque esa responsabilidad era del empleador, y si estuvieron desocupados fueron víctimas de políticas económicas que no impulsaron la creación de empleo. Ahora reciben un segundo castigo cuando el oficialismo propone como pensión universal el equivalente al 80 por ciento del haber mínimo. Las mujeres en esas mismas condiciones reciben un tercer castigo: le elevan la edad de 60 a 65 años para alcanzarla.
El desfinanciamiento del sistema previsional comenzó con el fallo de la Corte impulsado por su presidente Ricardo Lorenzetti, en los últimos días del anterior gobierno, que dispuso la devolución del dinero de la coparticipación (el 15 por ciento del total) afectado al pago de las jubilaciones a las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis. Fue la primera parada del tren para debilitar el régimen previsional de reparto y de solidaridad intergeneracional. La extensión de esa misma medida al resto de las jurisdicciones en los próximos tres años, sin definir cómo se cubrirá ese faltante de recursos, debilitará las finanzas del régimen jubilatorio. La segunda parada en ese tránsito es el proyecto de ley de pago de juicios a jubilados y reajuste de haberes con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.
Ambas medidas orienta hacia la insolvencia del sistema en los próximos años en coincidencia con los tres que se impone como plazo la comisión encargada de proponer un nuevo régimen previsional. La conclusión es previsible: privatización parcial o total de las jubilaciones. Oportunidad para que el ministro Alfonso Prat Gay también le pida perdón a las AFJP.



















 ESTADO Y TRABAJADORES, DOS SOCIOS INDESEABLES


Cuanto más lejos, mejor



Por       Raúl Kollmann


La batalla de las principales empresas del país por deshacerse de la presencia de la Anses en su Directorio no es nueva, pero con el nuevo gobierno de Cambiemos se revitalizó. El megaproyecto que el Ejecutivo envió al Congreso entrelazando el cumplimiento de una deuda histórica con los jubilados con el blanqueo de capitales fugados del país, incluye también la habilitación de la venta de las acciones de firmas privadas que forman parte del Fondo previsional de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Los 90 mil millones de pesos que hipotéticamente tendría como precio de mercado esa cartera de acciones no refleja, según los expertos, su "verdadero" valor para quienes serán sus más interesados compradores: los titulares de los paquetes mayoritarios de ese casi medio centenar de empresas en las que el FGS tiene participación. El interés es claro: las grandes firmas no quieren que directores que representen el aporte de trabajadores a un fondo solidario se involucren en decisiones sobre distribución de dividendos, inversiones, políticas salariales, condiciones laborales o despidos. Los funcionarios del área económica, mayoritariamente vinculados a la banca extranjera de inversión, saben que las empresas privadas con participación estatal no son "bien vistas" en el mercado bursátil. "Limpiar" los directorios de esa presencia es, por ello, uno de los objetivos –y no tan secundario– de la mega reforma previsional e impositiva que aterrizó esta semana en el Congreso.

"Hay antecedentes. Ya en 2011 Paolo Rocca ofreció pagarle a la Anses por encima del valor de bolsa para quedarse con el 26 por ciento de las acciones de Siderar que tenía en su poder y evitar que el organismo nombrara directores propios", recordó un especialista consultado por Página/12. El propio Diego Bossio, titular por entonces de la Anses, declaró ante la Comisión Bicameral, en abril de ese año, que "varias empresas" habían propuesto recomprar sus acciones después de la nacionalización de los activos de las AFJP.

El grupo Techint había sido, por otra parte, la vanguardia en ese mismo año de la batalla por tratar de evitar que la Anses designara directores en las empresas en las que tenía acciones, al punto que llevó el tema a los estrados judiciales. Aunque poco sólido, el argumento le sirvió para fijar posición contra lo que señalaban como "un intento de estatizar" las corporaciones o, dicho más vulgarmente por los mismos voceros, "un ataque chavista al capital privado". La pretensión del grupo era que el Estado se ciñera al mismo límite que la ley le había fijado a las AFJP en el régimen de capitalización vigente hasta 2008, que le impedía tener una participación de más del 5 por ciento en el paquete accionario de una empresa. Pero ese límite era individual, no para el conjunto que ahora había reunido la Anses en el fondo de garantías.

Tan poco sustento tenía el argumento, que el resto de las empresas desistieron de seguir los pasos de Techint y la dejaron sola ante la Justicia, la que ratificó los términos del decreto de necesidad y urgencia 441/2011 promulgado el 13 de abril de ese año. A partir de su vigencia, el FGS estaría representado en las asambleas de accionistas de las empresas y nombraría directores conforme a la proporción del capital que ostentara. La mayoría de las empresas, incluídas las de Techint, aceptó la incorporación de los directores estatales, otros se resistieron.

La devolución al sector público de los derechos políticos y económicos de los activos del Fondo acumulados en las AFJP a lo largo de 14 años, significaba además dar un corte a una relación leonina. Las principales firmas cotizantes en Bolsa se fondearon durante todo ese período de los aportes previsionales de trabajadores que no tenían una representación política en el Directorio ni se beneficiaban directamente de los resultados, ya que no participaban siquiera de la decisión de distribución de los dividendos.

Esa cartera de participaciones del Fondo de Garantía en empresas privadas hoy representaría, según su valor bursátil, unos 90 mil millones de pesos. Sin embargo, para el economista Alejandro López Mieres, un investigador y especialista en temas financieros y previsionales, ex director de AFJP Nación (la administradora estatal, del Banco Nación). "su valor real es mucho mayor: cualquiera de los grupos económicos mayoritarios en estas empresas estaría dispuesto a pagar un precio mucho mayor al de mercado, a hacer un oferta agresiva, para quedarse con ese 20 ó 25 por ciento de las acciones y deshacerse de la presencia del Estado en el Directorio". Y ese es, precisamente, el propósito que López Mieres ve detrás de la habilitación que se busca para la venta de las acciones del FGS.

"Con las medidas que anunció el gobierno en materia previsional, el sistema queda desfinanciado, se afectan los ingresos y diría que incluso se pone en riesgo la movilidad jubilatoria", advirtió. "Además, se dice que el Tesoro Nacional compensará el 15 por ciento de la coparticipación que la Anses dejará de percibir, así como la pensión universal para los mayores de 65, pero no está claro de dónde saldrán esos fondos ni cómo se instrumentará". A su criterio, "lo que se está gestando es una situación en que la venta de las acciones aparezca como la solución inevitable, como la respuesta a la necesidad de liquidez para cumplir con los jubilados. Y la realidad es que no es el único recurso, pero el gobierno va a producir el hecho político, un hecho simbólico con la venta de las acciones, a favor de sectores empresarios que se lo están reclamando, pero lo presentará como una decisión a la que se llega por obligación, para cumplir con los jubilados en algo que es completamente justo, indiscutible, y que genera una gran sensibilidad popular".

El costado que no se analiza, afirmó a Página/12 el ex director de AFJP Nación, es que "no se trata de un activo más, sino de un fondo de acciones que se fue formando con el aporte de los trabajadores para hacer sustentable su futura jubilación. Ni siquiera es un activo del Estado, es de los trabajadores que aportaron, un bien colectivo pero que debería ser administrado por los propios trabajadores, por sus representantes y los de los jubilados". En opinión de López Mieres, "fue un error dejar en manos de los funcionarios que controlan la política económica y fiscal el manejo del Fondo, porque los intereses pueden no ser coincidentes". La demostración sería evidente ahora, tras el cambio de gobierno. "Hoy el ministerio de Hacienda está en manos de un ex directivo del JP Morgan, la secretaría de Finanzas a cargo de un ex CEO del Deutsche Bank, el titular del FGS es un ex Goldman Sachs. ¿Con qué criterio van a administrar el Fondo? Si los directores en las empresas fueran nombrados por representantes de los trabajadores, los verdaderos dueños del Fondo, seguramente intervendrían en el control de las inversiones, la distribución de dividendos, las políticas salariales y de ambiente de trabajo en cada empresa. Es a eso a lo que le tienen miedo las empresas, hoy pueden tener directores nombrados por este gobierno pero mañana no saben. Prefieren deshacerse de la Anses como socio ahora. A ese interés responde la actual política", completó el especialista.















BLANQUEO PARA LOS AMIGOS Y DESTRUCCIÓN DEL SISTEMA  

PREVISIONAL


Emergencia y sinceramiento



Tal como hizo Menem en 1992 para forzar la privatización de YPF, Macrì vuelve a usar a los jubilados, ahora para colar el blanqueo de capitales y la moratoria. El proyecto contiene también una grave amenaza para la libertad de expresión. Quien diga que Nicky blanqueó 100 millones de dólares tendrá que pagar esa suma como multa. Entonces el resultado fue la destrucción del sistema previsional, cosa que con alta probabilidad se repetirá ahora.
El empresario "Nicky" Caputo y su amigo presidente.


Por      Horacio Verbitsky

Maurizio Macrì no piensa en 1955 sino en 1992: su proyecto de ley de emergencia previsional y sinceramiento fiscal (ambas son expresiones del texto) se inspira en la vinculación que Carlos Menem y Domingo Cavallo establecieron aquel año entre la privatización de YPF y el pago de deudas previsionales y con las provincias. Página/12 tituló entonces: "Ponga un jubilado en su tanque". En ambos casos, los jubilados son el recubrimiento edulcorado que disimula el mal gusto de una medicina amarga e ineficaz. Aquel arreglo con jubilados y pensionados precedió a la privatización y bancarrota del sistema previsional, con el experimento de las AFJP, administradoras ad hoc creadas por los principales bancos. El Estado dejó de percibir los aportes de patronos y trabajadores pero sin librarse de su compromiso de pagar las jubilaciones cada mes. Para cubrir ese agujero negro debió endeudarse. En vez de crear un auténtico mercado de capitales, como se postulaba, las AFJP le prestaron a altas tasas al Estado el mismo dinero que el Estado les cedió. Cuando el modelo neoliberal dejó a un cuarto de la población activa sin trabajo, las AFJP les siguieron cobrando por sus servicios, hasta vaciarles las cuentas individuales de capitalización. Los dejaron sin fondos suficientes para jubilarse y el sistema previsional sólo cubría a la mitad de las personas en la edad del retiro. Reparado con las moratorias, la estatización, el regreso a un sistema público y de solidaridad intergeneracional y con un fondo de sustentabilidad para garantizar las prestaciones, la cobertura llegó el año pasado al 97 por ciento. Esta es la reparación histórica que la Alianza Cambiemos se propone destruir, por más énfasis con que el gobierno lo niegue.
Desde el punto de vista de la técnica legislativa el proyecto es un adefesio, que recuerda las leyes de emergencia económica y administrativa del menemismo que permitieron el remate a precio vil de las empresas estatales y la privación de derechos laborales a sus trabajadores.

Aviso clasificado
Son por lo menos cinco leyes en una:
1. Blanqueo de capitales sustraídos del pago de impuestos, tanto dentro como fuera del país.
2. Moratoria de tributos adeudados, incluso para los agentes infieles de retención.
3. Pago de deudas con jubilados del tramo superior de la pirámide.
4. Una pensión universal del 80 por ciento de la jubilación mínima para quienes no tengan otro beneficio.
5. Devolución a las provincias del 15 por ciento de la coparticipación que cedieron a la Nación para el funcionamiento de la ANSES y el pago de sus prestaciones.
El ómnibus oficial los acomodó en otro orden, pero el de esta nota refleja tanto la emergencia como el sinceramiento del gobierno. Una primera comprobación: sólo el blanqueo requiere de una ley. Pagarle lo debido a jubilados y provincias son actos administrativos que entran en las atribuciones del Poder Ejecutivo.
El académico argentino radicado en Gran Bretaña Guillermo A. Makin, investigador en el Centro Latinoamericano de la Universidad de Cambridge compiló en un gráfico los resultados de los primeros cuatro meses de gestión de Macrì, comparando abril de 2016 con abril de 2015. Cada dato lleva su fuente de origen: según la consultora del ex viceministro Orlando J. Ferreres, el nivel de actividad cayó el 4,9 por ciento; el consumo el 6,6 por ciento (CAME); las exportaciones, el 8 por ciento (consultora ABECEB); la industria, el 6,7 por ciento (INDEC); la producción de las pequeñas y medianas industrias, el 4,7 por ciento (CAME); la construcción, el 24 por ciento (INDEC); el salario real de los trabajadores registrados, 11 por ciento (cálculo del propio Makin); el gasto público real, 23 por ciento (según estimación de Analytica). En cambio la inflación creció el 7,2 por ciento (estudio Bein). El cuadro concluye con las ganancias de los bancos en el primer trimestre de este año: 62,7 por ciento según el Banco Central. Este gráfico es más ilustrativo y digerible que el mazacote distribuido por la presidencia para afirmar que el país vive una catástrofe consecuencia de la gestión anterior. Tal vez a esto aluda un supuesto aviso clasificado que circula desde hace unos días en Internet. Su escueto texto dice: cambio burro de seis meses por yegua de doce años.

La gestión de Macrì en cifras

Fuente: Guillermo A. Makin.



La desesperación

La necesidad del gobierno nacional se comprende. En vez de la anunciada lluvia de inversiones privadas, padece una sequía que no se compensa contabilizando anuncios anteriores y aportes rutinarios de organismos internacionales ni quitando con la lengua el polvo en los zapatos de los fondos buitre y los empresarios españoles, por las tropelías que hicieron en la Argentina. Sin inversiones significativas, la única política antiinflacionaria del gobierno es la caída de la actividad inducida por las tasas de interés, que llegaron a duplicar el índice de precios al consumidor estimado por el gobierno para todo el año. Sturzenegg es un lugar pequeño en la provincia de Appenzell, en el oriente de Suiza, que toma su nombre de la pendiente de la montaña en la que se encuentra (Sturz quiere decir caída en alemán). Sus habitantes fueron conocidos históricamente como Sturzenegger y tienen la reputación popular de ser gente muy cerrada o corta de miras, una definición que regocijará al ministro Alfonso De Ptrat-Gay y al vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, quienes padecen al último monetarista vivo, como han comenzado a llamarlo.
En el menemismo había un articulador político lo cual le daba alguna consistencia. Ahora, el loteo de los puestos de conducción entre los bancos y las corporaciones transnacionales, con cargos menores para los delegados del Círculo Rojo de los grupos económicos locales, cada uno detrás del interés sectorial que lo llevó a su cargo, produce incongruencias y contradicciones, a las que deben sumarse las contramarchas obligadas por la magra representación legislativa de PRO y sus chinchorros del panradicalismo. Por unos meses esto puede pasar por capacidad de escucha y rectificación y hasta caer simpático, hasta que las costuras se vuelven demasiado visibles y se nota que el traje es un disfraz deforme. Luego de endeudarse en unos 25.000 millones de dólares, el gobierno todavía necesita otros 10.000 para terminar el mítico segundo semestre. De ahí el blanqueo de capitales y la moratoria impositiva. Pero luego del veto a la ley antidespidos, de las grandes movilizaciones de abril y mayo y del rechazo generalizado a los descomunales incrementos en las tarifas de servicios públicos, además de dinero el gobierno necesita alguna victoria resonante que frene su caída en este tobogán político. Más escéptico que Macrì, el economista de la UCR Javier González Fraga incurrió en otra forma de sinceramiento: la prosperidad que los sectores bajos y medios vivieron durante una década fue una fantasía insostenible, dijo. Plasmas, autos, viajes se van, se van, y nunca volverán.
Desde su dolarización, hace cuatro décadas, la economía argentina funciona como una bomba impelente, que vuelca fondos hacia el exterior. Esos recursos son reemplazados con endeudamiento que a su vez realimenta la fuga y fuerza los periódicos blanqueos. El único lapso en el cual se detuvo la formación de activos en el exterior (según su elegante nombre en la jerga tecnoburocrática) duró unos pocos años al comenzar las privatizaciones en la década de 1990. Sólo esas deslumbrantes oportunidades de pillaje hicieron girar la rueda en sentido inverso y reunieron en un solo equipo a bancos globales con títulos de deuda, operadores internacionales capaces de mantener los servicios públicos en funcionamiento y grupos locales conocedores de los timbres y los pasillos adecuados. Pero ya durante el segundo mandato de Menem todo volvió a la normalidad. Las trasnacionales se quedaron con las privatizadas y los expertos en mercados regulados dolarizaron su ganancia y la sacaron del país. La pregunta ineludible es por qué ahora el blanqueo debería ser distinto. Hasta el cordial diario La Nación afirmó en una columna destacada que por falta de la prometida lluvia de capitales extranjeros "la Argentina lanza muestras de desesperación al mundo". Según el diario, aunque ya pasaron siete jefes de Estado por Buenos Aires y Macrì visitó cuatro países más el Foro de Davos, cosechó promesas pero no dólares.

El salario del miedo
Desde el gobierno responden que esta vez opera un factor nuevo: el miedo a ser descubiertos, como les ocurrió con los Panama Papers al presidente y a una larga lista de sus colaboradores más próximos, tantos que el ministro de Justicia Germán Garavano acuñó el blooper más extraordinario en años: "Somos muchos más los miembros del gabinete que no tenemos empresas offshore". El 1º de enero entrará en vigor el acuerdo de intercambio automático de información tributaria con fines fiscales al que se comprometieron un centenar de países. Desde entonces no habría dónde esconder dinero ilegal. Sin embargo, mientras no participen de ese nuevo trato Estados Unidos, Holanda, Gran Bretaña y Suiza, nada significativo habrá cambiado. El recién electo alcalde de Londres, Sadiq Khan dijo que no se oponía a la construcción de mansiones de lujo en la ciudad, pero "lo que no puede permitirse es que Londres sea la capital mundial del lavado de dinero", como lo es. Hace tres semanas, en el cierre de la cumbre anticorrupción realizada allí, el primer ministro David Cameron dijo que en el estado norteamericano de Delaware hay muchas empresas registradas y poca transparencia. Lo escuchaba en silencio el ministro estadounidense de relaciones exteriores, John Kerry, quien hubiera podido señalar a las dependencias de la corona británica, como Man, Jersey o Guernsey. Ante las presiones, el presidente Barack Obama dijo que no dependía del Poder Ejecutivo sino del Congreso modificar el status de Delaware. Y las posesiones británicas como las Bermudas, Caiman, Islas Vírgenes o de Man afirman que nada cambiará si Estados Unidos no se pliega. El primer ministro de las islas Caiman, Alden McLaughlin, dijo que si los esfuerzos de transparencia se concentran en pequeñas jurisdicciones e ignoran a las mayores, "todos los negocios turbios van a migrar a Delaware, Wyoming o Panama". Por todo eso, el gobierno argentino fue bajando el tono de sus expectativas, de 60 a 20 mil millones de dólares. Sólo por no comerme mis palabras, como tuvo que hacer el columnista del Washington Post que vaticinó que Trump no sería el candidato republicano, no soy tan categórico en predecir que a lo sumo se blanquearán 15 mil millones, incluyendo lo que se declare y se deje afuera. Al fisco le quedarían ente 1500 y 2250 millones.
Para la Red Europea de ONGs sobre Deuda y Desarrollo, Eurodad, el intercambio automático de información no serviría si sólo reemplazara, o fuera una alternativa, a la revelación de datos que deberían ser públicos, como quién es el verdadero beneficiario de la propiedad de una empresa, desde donde operan las compañías multinacionales o qué normas secretas permiten evadir impuestos en el exterior. Por la norma actual los países intercambian información confidencial "a pedido", para lo cual el interesado debe identificar al contribuyente y demostrar la relevancia de la solicitud, lo cual suele ser imposible sin una previa filtración. Cuando la filtración ocurre, como en el caso del ex empleado del HSBC Hervé Falciani, se corre el riesgo de que un juez persiga al recaudador que intente utilizar los datos. Es lo que acaba de hacer el doctor Claudio Glock, por la denuncia penal que la AFIP presentó contra uno de los integrantes de la lista del HSBC, el actual ministro de Hacienda y Finanzas. La denuncia penal contra De Prat-Gay es la causa del procesamiento de Ricardo Echegaray. Tax Justice Network sostiene que aun los datos que vayan a intercambiarse en forma automática deberían ser públicos, para que no sólo puedan acceder a ellos las autoridades sino también los bancos que necesitan conocer a sus clientes para asegurarse que no estén lavando plata sucia, los periodistas y las ONG's. El proyecto de ley ómnibus va en la dirección opuesta.

Apunten a los periodistas

Su extenso y detallado artículo 85 garantiza "el más absoluto secreto" de toda la información obtenida por la AFIP, la Unidad de Información Financiera, los jueces, funcionarios o empleados judiciales sobre el proceso de blanqueo. Más aún, el castigo en caso de filtración abarca también a los periodistas y las ONG's que menciona Tax Justice Network, englobados sin nombrarlos entre "los terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales" de los blanqueadores. No sólo se les aplicarán hasta dos años de prisión como marca el artículo 157 del Código Penal, sino también "una multa igual a una vez el valor de los bienes exteriorizados". Sin duda, cuanto mayor sea el monto exteriorizado y más notoria la personalidad del blanqueador, mayor interés público tendrá la noticia. Pues mayor será el castigo. Si un periodista contara que Nicky Caputo se propone blanquear 100 millones de dólares que esconde en Jersey, el doctor Glock podría detenerlo, poner su casa patas arriba y multarlo en 100 millones de dólares. Como Caputo no es funcionario ni pariente, sólo amigo y deudor del presidente, nada le impediría presentarse. Tal protección extraordinaria a los evasores es inconstitucional, pero este mes será ley. En un artículo para la edición de junio de la revista Turba, el economista Jorge Gaggero dijo que el blanqueo, la moratoria y la eliminación de los impuestos patrimoniales "no sólo terminarían premiando a sectores del poder económico que se han puesto fuera de la ley, mofándose de los cumplidores, sino que podrían transformar al propio país en un paraíso fiscal". (¿Por qué paraíso y no guarida, si es la traducción de haven, no de heaven?). Según los datos de la Secretaría de Hacienda de la Nación los tributos sobre el ingreso, las utilidades y ganancias de capital no pasaron en 2014 del 6,15 por ciento de la recaudación, de los cuales sólo el 0,33 por ciento sobre bienes personales. El impuesto a los bienes personales se eliminará como premio para quienes cumplieron con sus tributos, pero también se extiende el premio a los que blanqueen, con una reducción progresiva y su total desaparición en 2019. Lo que no se dice es que con lo que no pagó de bienes personales un blanqueador que haya mantenido un patrimonio offshore por 5 o 6 años podría pagar ahora la tasa de blanqueo y quedarse como ganancia neta con todos los otros impuestos nacionales evadidos en ese período. ¡Formidable estímulo para los cumplidores! El beneficio del blanqueo se extiende no sólo a la esposa del contribuyente, sus padres, abuelos, hijos, nietos y respectivas parejas sino también a los testaferros, que el artículo 36 menciona en forma neutra como "terceros", a cuyo nombre estuvieran registrados los bienes ocultos. También incluye en el 37 a las sociedades, fideicomisos, fundaciones, asociaciones o cualquier ente constituido en el exterior con la finalidad de evadir. Hace una década, Gaggero propuso en su trabajo "La cuestión tributaria en la Argentina", reemplazar en forma gradual bienes personales por el fortalecimiento de los impuestos patrimoniales provinciales, en especial sobre la tierra, que son muy bajos. Pero nada se avanzó en ese sentido. En un país en que la tributación de los patrimonios (en especial los más altos) es insignificante, eliminar un impuesto directo sin reemplazarlo por otro patrimonial constituye una reforma regresiva. En un guiño a los amigos de la CGT, el artículo 50 del proyecto permite regularizar sin multas ni intereses los aportes previsionales retenidos pero no ingresados pero no los aportes a las obras sociales. En una rara concepción de equidad el proyecto sostiene que dado que las personas físicas están exceptuadas de pagar ganancias por inversiones financieras en títulos, bonos y otros valores realizadas en el país, esa exención se extiende a las personas jurídicas y a inversiones en el exterior. Hay incluso una inconsistencia de redacción entre los considerandos, donde dice que la exención se extiende a títulos que "coticen en bolsas o mercados de valores del exterior" y el artículo 71 donde esto se convierte en "que no coticen en bolsas o mercados de valores del país o del exterior". Está claro que tanto como las necesidades del fisco pesó la conveniencia de los amigos que quieren regresar sus dineros al solar patrio. La política es de ajuste, pero tanto Nicky como el primo Ángelo necesitan financiamiento para su plan privado de obras públicas.








A la cárcel

Por      Horacio Verbitsky
Alguien debería explicarle al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso De Prat-Gay, que para disculparse en forma personal con los ex propietarios de Aerolíneas Argentinas, Gerardo Díaz Ferrán y Antonio Mata, deberá pedirle al juez autorización para verlos en la cárcel a la que los envió por cinco años y medio por "alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en banda criminal". Más fácil le sería encontrar al ex CEO de Repsol, Antoni Brufau, que por el manejo de YPF perdió el cargo pero no la libertad. La historia argentina abunda en actos genuflexos ante el extranjero. De Prat-Gay se ha ganado un lugar prominente en esa lista.












Transparencia


Por       Horacio Verbitsky
Bajo la presión de los datos revelados por los Panama Papers, Transparency Internacional lanzó los hashtags #EndSecrecy y  #AntiCorruptionhttps://twitter.com/hashtag/AntiCorruption?src=hash. Transparency tiene capítulos en distintos países. El de Chile se llama Chile Transparente. El Centro de Investigación Periodística (CIPER), que dirige la periodista Mónica González, reveló que su presidente Gonzalo Delaveau Swett "ha gestionado a través de Mossack Fonseca la administración de una serie de sociedades offshore con domicilio en Bahamas". El Servicio de Impuestos Internos anunció que investigará a todos los chilenos mencionados en los papeles panameños y Delaveau Swett renunció a la presidencia de Chile Transparente.











LA VENGANZA SOCIAL EN MARCHA, FACTOR DE 

UNIDAD DEL CAPITAL


¿Sustentabiliqué?



Las grandes empresas se aprestan a recuperar las acciones que pasaron a la ANSES cuando se estatizaron las AFJP. Este componente de venganza social es el principal factor de unidad del capital. Descenso del haber mínimo y aumento de la edad de retiro para un proyecto con jubilados de primera y de segunda.
Por      Horacio Verbitsky

El proyecto de ley de emergencia y sinceramiento sugiere que la reparación histórica en marcha no es a los jubilados sino a las grandes empresas, que avizoran la anhelada recuperación de los paquetes accionarios en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional Argentino. Así se desprende de sendos análisis realizados por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), fundado por Eduardo Basualdo, y por el ex Administrador Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Amado Boudou, quien en 2008 fue el impulsor de la estatización de las AFPJ, acaso la política más exitosa de los dos gobiernos de CFK.
CIFRA entiende que el objetivo de la reforma previsional es liquidar las disponibilidades y las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Este Centro de Estudios de la CTA estima que el blanqueo alcanzará unos 20.000 millones de dólares, con una recaudación para el Estado Nacional de aproximadamente 2.000 millones, lo que no cubriría ni una cuarta parte de los fondos requeridos para aplicar el Plan en 2016. Las colocaciones en títulos y obligaciones negociables constituyen el 65 por ciento de los recursos del Fondo y no son liquidables, ya que de volcarse al mercado los títulos soberanos producirían un desplome de su precio. Tampoco es posible recuperar en el corto plazo las inversiones en proyectos productivos y/o de infraestructura, que insumen largos plazos. Quedan así las disponibilidades del FGS, valuadas en 3.728 millones de dólares y sus acciones, en 5.673 millones de dólares.

El apetecido Fondo de Sustentabilidad, al 31 de diciembre de 2015
Fuente: CIFRA, sobre información de ANSES

Esto incluye la participación del Estado en el capital de unas 40 empresas, de las que en el cuadro se muestran las 15 másimportantes. La estatización de las AFJP, en 2008, desató el conflicto más duro del Estado con todas las fracciones del capital y dio lugar a una declaración de guerra de la trasnacional italiana Techint y del Grupo Clarín contra el gobierno de la ex presidente CFK. A fines de 2010, Héctor Magnetto, dijo en un reportaje con el diario inglés Financial Times que el gobierno de Cristina "está entrando en una fase confiscatoria". Y el de Techint, Paolo Rocca, pronunció un discurso incendiario contra cualquier distribución de ganancias y protección laboral, y presionó como hace siempre por una nueva devaluación. En 2011 el Estado modificó la legislación por la cual las acciones de la ANSES en las empresas sólo tenían derechos políticos en la asamblea de accionistas hasta el 5 por ciento. Desde entonces el Estado hace oír su voz en forma proporcional a su paquete accionario, una ofensa intolerable para el conjunto del patronato y su principal término de unidad.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad y las empresas
Fuente: CIFRA, sobre información de ANSES
"Si bien, en las apariencias, el proyecto de ley de reparación histórica persigue beneficiar a una porción de los jubilados con el incremento de sus haberes, la naturaleza de la medida, tal como está planteada, se orienta a otros propósitos que pueden retornar como un boomerang hacia el propio sistema jubilatorio al tornarlo insustentable", concluye CIFRA.
El estudio de Boudou llega a conclusiones similares, basado en un análisis técnico. Dentro del total de 6,6 millones de integrantes del Sistema Previsional Argentino, los potenciales beneficiarios serían sólo los jubilados del sistema nacional, ya que no se extiende a quienes ingresaron por el sistema de moratoria, que comenzó a implementarse a partir de 2006, sin los cuales el sistema sería minúsculo, tal como lo dejaron las AFJP. De los 6,6 millones quedan así comprendidos en la norma, 3,1 millones.
Pero de allí hay que detraer los 102.225 casos que tienen regímenes especiales (ex trabajadores docentes, mineros, portuarios, de Luz y Fuerza, el servicio exterior). También a los felices magistrados judiciales, cuyo régimen les garantiza un ingreso promedio de 70.000 pesos mensuales. Con lo cual el universo de potenciales beneficiarios queda reducido a 3.023.774. Sin embargo (también contradiciendo lo que el presidente intenta instalar) durante los últimos doce años se implementó una potente política de liquidación de sentencias. Solo durante 2016 se liquidaron 54.028 y en el total del periodo llegaron al medio millón. El universo de potenciales beneficiarios vuelve a reducirse así a unos 2.523.774 casos.
En 2008 la ley de movilidad jubilatoria 24.617, con dos aumentos anuales, produjo un fuerte crecimiento en el monto de las jubilaciones, por encima de la inflación, sin afectar la sustentabilidad de mediano plazo del sistema, ya que el aumento se determina considerando el salario de los trabajadores activos y los ingresos tributarios del sistema previsional. Desde entonces los ajustes originados en el fallo Badaro perdieron sentido, e inclusive fallos posteriores de la Corte Suprema de Justicia convalidaron la aplicación del nuevo índice. Así, la litigiosidad del sistema tuvo una fuerte disminución y el impacto de los fallos judiciales fue perdiendo importancia. Los reclamos se centraron entonces en el cálculo del haber inicial. Durante los últimos ocho años se otorgaron 2.445.660 jubilaciones y pensiones del SIPA. En el cálculo más conservador sólo al 25 por ciento de ellos se le habría calculado bien el haber inicial, de modo que no tendrían derecho a ampararse en el fallo Ellif. Restando ese 25 por ciento que no tiene nada para reclamar, el universo disminuye a 1.892.830 casos. De allí hay que restar los 380.000 casos que según el gobierno están en juicio, lo cual coloca el subtotal en 1.512.830 personas.
¿Cuántos son los beneficiarios potenciales de la ley Macrì?
Fuente: Amado Boudou, sobre datos de SIPA y ANSES.
De las nuevas jubilaciones de cada año el 22,18 por ciento son trabajadores autónomos, monotributistas y empleados de servicio doméstico, que percibirán un haber inicial inferior al mínimo del sistema, por lo cual serán igualados a ese mínimo y no tendrán más derecho a litigar, lo cual desciende el universo a 1.177.284 personas, según calcula el ex administrador de la ANSES. La jubilación mínima es hoy de 4.959 pesos, que se logra con un promedio salarial de 9.356 en los últimos 10 años y de 14.168 para tramitar una pensión derivada, cuando a fines del año pasado el promedio salarial del país era de 13.000 pesos. Esto indica que un alto porcentaje de quienes solicitaron un beneficio previsional quedó por debajo del nivel de ingresos que le permitiría reclamar los ajustes del caso Badaro o del caso Elliff. Además hay que descontar al 17,7 por ciento del sistema que reciben doble beneficio (jubilación+pensión). Una vez practicadas esas sustracciones, los potenciales beneficiarios de la ley que la semana próxima discutirán las comisiones del Congreso apenas llega a 700.000 personas. Nadie discutirá la estricta justicia de la recomposición de sus haberes, pero el proyecto de ley también contiene otras acechanzas. De acuerdo con el proyecto de ley a los jubilados con sentencia firme favorable, que la ANSES está cancelando a un promedio de cuatro mil expedientes por mes, con recursos ya contemplados en el presupuesto 2016, se les pagaría la mitad al contado y el resto en doce cuotas trimestrales. Por tratarse de un ingreso alimentario, este desmejoramiento puede ser reclamado en los tribunales, lo cual reanudaría la denominada industria del juicio. Los abogados que aconsejen homologar este tipo de acuerdo también podrían ser denunciados por incumplimiento de su obligación profesional. Algo similar ocurre con el cambio del índice de actualización para el recálculo del haber inicial. Según el índice utilizado en el fallo Elliff el incremento sería del 65 al 80 por ciento de los haberes. Con el que elige el proyecto de ley, del 45 por ciento. Lo mismo podría suceder con el tope jubilatorio de 36.000 pesos mensuales y con el año menos de retroactividad que surge del proyecto. Las sucesivas moratorias permitieron que el 98 de las personas en edad de jubilarse accedieran a ese beneficio, percibiendo el haber mínimo, como piso digno de subsistencia. El proyecto oficial lo disminuye al 80 por ciento de la jubilación mínima, perpetuando en la vejez la discriminación que padecieron durante su vida activa quienes realizaban trabajos informales. De paso, se eleva la edad de retiro femenina a 65 años, en una excepcional y paradójica medida de igualdad de género. Sin el Fondo de Garantía de Sustentabilidad el Estado perdería una herramienta clave para su incidencia en la economía real y financiera. Otras de las reformas destructivas de un sistema que funcionó muy bien es el pago con el FGS no sólo de las deudas de capital sino también de los gastos corrientes y la habilitación en el artículo 28 de invertir en títulos y acciones de estados y sociedades extranjeras, cosa que estaba prohibida, partiendo de la premisa de que el FGS debería ser un instrumento del desarrollo nacional. El texto de la ley trae de contrabando una baja permanente del haber mínimo, un aumento en la edad de acceso a las mujeres y el desfinanciamiento del ANSES, mientras el nuevo beneficio asistencial a los adultos mayores será financiado por rentas generales. Esta liquidación es un objetivo estratégico de la venganza social en marcha y la puerta de entrada a una nueva privatización del sistema previsional, esta vez concentrada en los más altos ingresos, los mismos a los que se dirige esta ley, a diferencia del gobierno anterior, cuya prioridad fue la ampliación de la base de beneficiarios y el mejoramiento de su ingreso mínimo.












 OPINIÓN


El alto costo del salame



Retoque en el aumento de tarifas. El retroceso del Gobierno ante los amparos, las movilizaciones: una táctica repetida. Transferencia de ingresos y subsidios para las empresas. El ingenio de Pinedo. El conflicto de intereses, descifrado por Aranguren.
Por         Mario Wainfeld

El Gobierno retractó de modo parcial e impreciso los aumentos siderales de las tarifas de gas. No fue una decisión unilateral del presidente Mauricio Macri como el veto a la ley de Emergencia Ocupacional sino una respuesta "a lo bombero" ante una seguidilla de protestas callejeras, reclamos de gobernadores e intendentes de todo el espectro partidario y sentencias desfavorables. Algunos fallos frenaron las medidas a nivel provincial (Chubut, Santa Cruz), otros a parte importante del distrito (Mendoza, Tierra del Fuego), otros a una ciudad (Bariloche). Se sumaron casos con validez individual, solo para el reclamante.
Los amparos se basan en dos fundamentos. El primero es la magnitud de la suba, confiscatoria para familias o empresas. Se trata de una cuestión estimable, aunque difícil de controvertir dada la exorbitancia del alza. La segunda objeción es la falta de las audiencias públicas obligatorias. La ilegalidad, flagrante, no se repara por la disminución de la tarifa y justifica que se mantengan los reclamos en Tribunales.
Gobernadores de distintas regiones se reunieron con el ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren y de Interior Rogelio Frigerio. Las crónicas reflejan que éste llevó la voz cantante, diz que para compensar la escasa cintura política y el desprestigio de aquél.
Nada indica que el nuevo tarifario sea soportable para ciudadanos, comercio e industria.
El oficialismo prestamente elogió el repliegue, adornándose de una caprichosa serie de virtudes. "Sabemos escuchar", "reconocemos los errores", entre tantas. Aranguren "asumió" haber incurrido en un error producto de la urgencia de la medida, dictada a cinco meses de gestión, que es un tiempito.
Con rebaja y todo, la movida significa una formidable transferencia de ingresos de los usuarios a favor de las prestadoras de servicios públicos. El Estado es socio, en las pérdidas, porque cubre con subsidios (a la oferta, caramba) la reducción. Una excelente nota del periodista Claudio Scaletta publicada en Página/12 disecciona las cifras siderales en danza solo para la Patagonia, el territorio donde, por razones evidentes, se consume proporcionalmente más gas. Los sureños se creen con derecho a no pasparse de frío, dicho con eufemismos.
El senador Federico Pinedo, con gracejo infrecuente para Cambiemos, apuntó que "nosotros no nombramos un salame" refiriéndose a Aranguren. Sin dejar de agradecerle que se aparte del discurso único del oficialismo se le podría observar que nadie supone que el ministro sea un salame… otras sospechas pesan sobre él. La más nítida es el conflicto de intereses que carga en la mochila el ex CEO y millonario accionista de Shell. Lo zanja chocantemente: siempre decide a favor de su (¿ex?) empresa o mejor del sector al que esta pertenece. Nunca se equivocó en ese aspecto. Es cuestionable políticamente y tiene toda la pinta de ser ilegal.
La transferencia de ingresos impopular renueva la serie comenzada con la devaluación combinada con la poda o disminución de las retenciones, con el aval indisimulado a los despidos privados y el entusiasmo con que prosiguen los de sector público.
La aguja del gasto público se mueve apenas porque los subsidios ahora benefician a las empresas en detrimento de las personas de a pie. Los concesionarios ahorran anuncios de inversiones: ni pizca. Quien calla, otorga. El gobierno, ofertista e ideológico al mango, deja en sus sabias manos las decisiones. Las oportunidades para bicicletear dólares o remesarlos afuera son la especialidad favorita del Banco Central. Con esos incentivos, cuesta imaginar que las divisas se hagan caños, se hunda el capital, se apueste al largo plazo.

Apretar y ver: El gobierno resuelve, conforme su ideario y eventualmente retrocede ante la protesta. Es una táctica recurrente, lo que puede ser un modo de aludir a una estrategia. No hay metidas de pata sino de otras partes del cuerpo en el de terceros. Si la reacción luce incontenible se dan dos pasos atrás, de los cinco, diez o más que se avanzaron.
La sociedad civil argentina es fervorosa para defender sus derechos y está entrenada. Las asociaciones de consumidores, los gremios orgánicamente o sus laburantes "por abajo", la comunidad universitaria salen al espacio público desde siempre. En este siglo ha sido una constante que se excita a contados meses de la asunción de Macri. Motivos sobran: las agresiones a intereses y el efecto disuasorio. La protesta "garpa" en la Argentina, la actual etapa confirma la regla. Macri y su elenco van tomando nota aunque reinciden, tanteando el terreno.

Otros tiempos: Las comparaciones son precarias, porque los tiempos son muy distintos. Con la salvedad, vale la pena repensar en el ex presidente Fernando de la Rúa. Se lo pinta de modo frecuente como un irresoluto que no sabía qué hacer. Así contado, es falso. De la Rúa supo qué hacer, conforme a sus parámetros y decidió en consecuencia. Pudo imponer su visión de país durante dos años: impuestazo al comienzo, Blindaje y Megacanje, reducción inconstitucional de las jubilaciones y sueldos de estatales, reforma laboral, corralito, estado de sitio, ataque feroz a los manifestantes en diciembre de 2001. Una coherencia enlaza esas medidas, crecientemente agresivas hasta en lo físico. La solitaria excepción fue la eyección del efímero ministro de Economía Ricardo López Murphy, suscitada cuando una fracción importante del radicalismo defendía a la Universidad pública… altri tempi.
De la Rúa gobernó durante casi dos años sosteniendo y agravando los males de la Convertibilidad y el proyecto neoconservador implantados por el gobierno del ex presidente Carlos Menem. El Congreso le fue dócil, por imperio del bipartidismo amigable, la Banelco y el impulso de su decreciente legitimidad de origen.
Lejos estamos de homologar esa coyuntura con la actual. Aunque la prensa in the dependiente porfíe en contrario, Macri no heredó un país inviable como el de 1999. El desendeudamiento record le facilita recurrir al crédito externo. Las reservas en el Banco Central valen, inclusive los yuanes que motivaron tantos chistes de los economistas de la City. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS) acumula recursos interesantes. Los niveles de ocupación disimulan el impacto social de los despidos. Muchos argentinos, cada cual en niveles muy diversos, tienen un colchoncito de recursos que no los baja a la pobreza y la indigencia por la patente disminución de la pérdida del valor adquisitivo de sus ingresos.
La existencia de convenciones colectivas, rutinas institucionales, ponen coto a la voracidad patronal aunque las "señales" del gobierno engolosinan a las grandes empresas. Varias de las firmantes del compromiso unilateral para no despedir burlan su promesa.
De cualquier manera, la viabilidad económica y social son muy otras que antaño. En ese tablero se juega la partida diaria entre un gobierno que trata de menoscabar derechos y los ciudadanos que resisten.

Omnibus de dos pisos: La "agenda social" macrista avanza remolona, si se compara con sus acciones pro mercado. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y los ministerios nacionales de Desarrollo Social y de Trabajo se aplican a prevenir "un estallido", articulando con organizaciones sociales, a las que vuelcan atención y plata. La metodología (que merece un abordaje más detallado que estas pocas líneas) es puntillista y paliativa. Transita sobre el surco de acciones del kirchnerismo, aunque desampara a colectivos importantes: las empresas recuperadas o los clubes de barrio son cuentas de ese collar.
La ley ómnibus (de dos pisos y con acoplado, póngale) contiene las más pretensiosas novedades, orientadas a los jubilados. El combo acumula el blanqueo, atisbos de reforma impositiva y previsional. Las leyes macro son capciosas, esconden sorpresas en el matorral de artículos e incisos.
La lectura atenta, responsable y suspicaz de la propuesta macrista es un reto para los legisladores opositores. El pago de juicios con sentencia firme es un imperativo de justicia, que debe saludarse, leyendo la letra chica con cuidado.
La pensión universal para quienes no tengan aportes suficientes (o aportes, tout court) es, en el borde, el reconocimiento del paradigma solidario que instauró el kirchnerismo. Vista con minucia, es menos inclusiva que el sistema actual. Como digresión: habría que poner fin a la parla pseudo compasiva que apoda "abuelos" o "ancianos" o "nuestros viejos" a los jubilados porque no todos lo son… o no quieren serlo.
La sustentabilidad del sistema jubilatorio es un problema en la aldea global. Se encoge la masa de trabajadores aportantes, crece la expectativa de vida y las demandas de los jubilados. Viven más y se creen con derecho a la salud, el ocio y una vida decorosa. Las soluciones son siempre transitorias y van en pos de nuevos desafíos.
Desfinanciar el FGS es, verosímilmente, una aspiración de máxima del oficialismo que cumpliría así con una exigencia de las corporaciones empresarias.
Dos diputados, del ala más transigente o filo macrista, fueron titulares de la Anses: el renovador Sergio Massa y el peronista itinerante Diego Bossio. Deberían estar a la altura de lo que predicaron e hicieron ayer no más. Habrá que ver.
La oposición férrea, el Frente para la Victoria (FpV) y la izquierda, denuncian con argumentos sólidos que se busca desfinanciar al sistema para abrir paso a una reprivatización. El debate es candente y el macrismo carece de credenciales previas para legitimarse.

Blanco que te quiero opaco: El blanqueo impositivo siempre fue repudiable éticamente, en el pasado y ahora. Grosso modo, valen los mismos reproches a los dictados por otros gobiernos (el kirchnerismo incluido). Premian a los evasores con riesgo de extender la generosidad a los lavadores: los dos conjuntos están separados por líneas borrosas a menudo.
Media un castigo implícito a los buenos pagadores de impuestos. En general no se subraya que los más damnificados son los más humildes que pagan IVA sobre la mayoría de sus consumos y su patrimonio. La reducción establecida recientemente es un paliativo, bienvenido e incompleto en razón de su tope, un techo bajo.
Un blanqueo es distinto a (y peor que) una moratoria, que viene con el paquete para que nadie se queje. La promesa de suprimir el Impuesto a los Bienes Personales, progresivo por naturaleza, es otra confesión de parte del macrismo.

Eficacia y cohesión: La aceleración es regla en la coyuntura doméstica y mundial. Esto asumido, no hay registro de movilizaciones tan intensas al comienzo de ningún gobierno surgido por el voto desde 1983. Saúl Ubaldini encabezó una marcha contra el del presidente Raúl Alfonsín como réplica a la "ley Mucci" que intentó cambiar el sistema de Asociaciones Profesionales, a poco de llegar a la Casa Rosada. El líder radical perdió la partida, por el canto de una uña. Las célebres trece huelgas de "Saúl contra Raúl" principiaron a fines de septiembre de 1984, esto es a nueve meses de la llegada de Alfonsín.
La cabal oposición a Macri se congrega en defensa de intereses tangibles, que "la gente" cree tener derecho a ejercer. Lo cree porque los ejerce, he ahí la parte del razonamiento que se le escapó al economista Javier González Fraga. Las protestas defienden las conquistas, así fueran parciales o imperfectas. O derechos tan primitivos como el de trabajar o tener calefacción en invierno.
Las fuerzas políticas de oposición, incluyendo al kirchnerismo, lucen menos potentes. Pueden acompañar las protestas pero no encabezarlas porque son plurales y no partidistas. La ventaja para el macrismo puede ser aparente: entre quienes los cuestionan poniendo el cuerpo hay votantes de Cambiemos de hace menos de siete meses.
A seis meses de mandato ningún presidente legal y legítimo tenía una oposición armadita: ni Alfonsín, ni Carlos Menem, ni Fernando de la Rúa, ni Néstor Kirchner ni Cristina Fernández. Los tiempos electorales influyen para fortalecer al oficialismo y debilitar al perdedor.
Las oposiciones reales existentes captan que el macrismo no es receptivo a las razones ni cambia sus rumbos por "el diálogo". La pulseada es el medio eficaz para interpelar a un gobierno que solo re(cal)cula si lee que la correlación de fuerzas le es adversa.
El frío invernal se adelantó por esas cosas del clima. De la reactivación en junio ya no se habla.










Los clamores de #NiUnaMenos


Por       Mario Wainfeld 


El año pasado sorprendió la masividad de la convocatoria de #NiUnaMenos. La de anteayer corroboró la vigencia de la consigna, propagada en cerca de cien ciudades. La consigna contra la violencia machista se expresa día a día, en todos los soportes y espacios imaginables. El grito apunta al clímax de la brutalidad. La mirada recorre una gama de conductas y realidades que le dan contexto. El patriarcado, el machismo, las discriminaciones de todo tipo, las complicidades o inacciones repudiables en todos los poderes del Estado o en la sociedad.

La conciencia social se construye en un tránsito que suele ser más lento que lo deseado o deseable. Es conocido en la Argentina, cuna de militancias infatigables que remaron y reman contra la marea, cuando no desafiando a la represión o al desprecio de las autoridades.

Si son mujeres las que marchan a la cabeza de multitud plural es más fácil evocar el ejemplo de las Madres y las Abuelas que, aunque no se lo note, siempre está. Enseña a perseverar en la lucha porque sostenerla en el tiempo y ampliarla en las bases es el primer avance.

Un hombre cualquiera, el cronista por ejemplo, debe saberse interpelado por el mensaje de la muchedumbre. No escudarse en el facilismo de saberse exento de integrar el peor extremo del machismo. Repensarse, aprender, sacudirse la herencia cultural del barrio o la infancia o la educación elitista o cualquier otra fuente de soberbia, desdén o prepotencia.

Cuesta innovar o tratar de no reincidir en lo evidente. La literatura por ahí ayuda a buscarle una vuelta.

María Pía López publicó una bella columna en el suplemento Las 12 de este diario. Se titula "El subsuelo de la patria". Evoca un cuento célebre, interpretado o recreado. Refiere López: "Borges escribe 'Emma Zunz', glorioso relato de una venganza. Emma quiere vengar a su padre muerto a causa del desfalco de su socio. Que es, a la vez, el patrón de la fábrica en la que ella trabaja. Para hacerlo construye una trama ficcional, en la que aloja una violación no ocurrida y a la que responde con un balazo. Borges dirá: La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Zunz, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había padecido; sólo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. La historia era verdadera porque podría haber ocurrido o porque había ocurrido con otro cuerpo que no era el de Emma sino con cualquier obrera sometida al derecho de pernada o de conquista. Datación borgeana de ese subsuelo que se hizo proliferación en las redes".


Notable la relectura sobre todo porque Borges jamás se destacó por la indagación psicológica. Tal vez la explicación la dio él mismo, al recordar que "el argumento espléndido (…) me fue dado por Cecilia Ingenieros". Mujer tenía que ser.


Otro ejemplo clásico es "Esa Mujer" de Rodolfo Walsh. "El Coronel" que secuestró el cadáver de Evita, lo sacó del país, lo escondió, dialoga con un periodista. Son una suerte de alter ego de dos personajes reales: el teniente coronel Carlos Eugenio Moori Koenig y Walsh mismo.


El Coronel rehúsa confesar donde está el cuerpo que lo fascina y enloquece. Borracho y exaltado incurre en un rapto de admiración por Evita… a su manera. Walsh lo pinta, irrefutable, en dos líneas.


"–¡Está parada!" – grita el coronel –." ¡La enterré parada, como Facundo, porque era un macho!" Debe traducirse como un elogio, expresado en su jerga rústica, milica y machista. Reconocerle coraje y liderazgo solo (le) es imaginable negándole la condición de mujer. Sería cargoso buscar ejemplos recientes, corroboratorios. Y se saldría algo de foco… volvamos.


#NiUnaMenos es un grito universal y local. Del año pasado, del corriente y de los que vendrán. Como acontece en los aniversarios de cada 24 marzo, hay también reclamos situados en la coyuntura: denuncian la prolongación de injusticias y abusos. El nombre de Milagro Sala flameó en 2016: las voces y los cánticos exigen libertad para esa mujer, de piel oscura, luchadora popular, presa política.

mwainfeld@pagina12.com.ar












 ENTREVISTA A EDUARDO DE LA SERNA


"En los barrios pobres se huele tristeza"



El referente de los Curas en Opción por los Pobres critica al Gobierno por el impacto de sus políticas. También habla del Papa y su reunión con Bonafini, de CFK y de Milagro Sala.
                      "Dudo de que Casaretto conozca la realidad",                                                     dijo De la Serna.
Por       Nora Veiras

Eduardo de la Serna se ordenó sacerdote en 1981, integra el Grupo de Curas en Opción por los Pobres. Antes de ser seminarista ya había colaborado como estudiante secundario en el trabajo barrial de Carlos Mugica en la Villa 31 de Retiro. Charlaba con el referente más popular de los curas del Tercer Mundo hasta que una patota de la Triple A lo asesinó. Con el retorno de la democracia aquellos curas que sobrevivieron al terror se reencontraron y formaron el Grupo que muestra una Iglesia distinta a la jerarquía. Desde la asunción de Mauricio Macri decidieron hacer escuchar su voz con una carta quincenal de alerta sobre la situación social. De la Serna conversó con esta cronista en el programa Notas Verdaderas que se emite por el canal QM Noticias en la provincia de Buenos Aires. Con ironía y frontalidad, el cura de la parroquia Jesús El Buen Pastor de Francisco Solano habla sobre Cambiemos, el Papa, Hebe de Bonafini, Jorge Casaretto, Cristina Kirchner y Milagro Sala.

–El obispo emérito de San Isidro Jorge Casaretto dijo que Francisco tendría en los obispos mejores 'informantes' que Hebe de Bonafini para saber lo que pasa en la Argentina. ¿Cómo analizás esa declaración?
–No sé si Casaretto habló alguna vez con Hebe de Bonafini, sospecho que no, como para saber qué piensa y qué puede decir Hebe. Hebe no es la reina de la diplomacia. Ahora, eso no le quita absolutamente nada. Creo que la actitud de Casaretto lo que rebeló es su prejuicio. Dudo que Casaretto, que se ha hecho asesorar por Eduardo Serantes, por Gabriel Castelli – gente ligada a la oligarquía sojera, a los bancos, CEOs de empresas – conozca la realidad argentina.

–También es llamativo que haya apelado a la palabra "informante", un término poco feliz, siendo muy benévola.
–Es casi tan poco feliz como cuando Macri usó dos veces la palabra proceso en el Día del Ejército. Si hay víctimas y victimarios, cosas que muchas veces los obispos niegan, Hebe lleva la voz de las víctimas. Tengo la sensación de que Casaretto lleva la voz de los victimarios.

–Algunos pusieron el acento en que Hebe le pidió disculpas al Papa por lo que había dicho sobre él, ¿no le tendría que haber pedido disculpas el Papa a Hebe como representante de las víctimas en la Argentina?
–Creo que la mayoría de los obispos – salvo excepciones como Novak, Devoto, Hesayne, Angelelli, antes – han quedado pegados del lado de los victimarios. Que hablen de reconciliación es una ironía o es un sarcasmo o es una burla. Creo que Jorge Mario Bergoglio tuvo algunas cosas que no fueron lo suficientemente felices en su paso durante la dictadura. No te voy a decir que fue un cómplice o un entregador, no tengo tanto dato como para afirmarlo, creo que siendo provincial de los Jesuitas, en el caso de Jalics y Yorio, los dos sacerdotes que estuvieron secuestrados en la Esma, no fue feliz. He escuchado a Yorio, le he creído, y se lo dije a Bergoglio hace muchos años. Creo que Bergoglio en muchas cosas ha dado pasos de reconciliarse con ese pasado. Generalmente dicen que las autoridades no piden perdón pero hacen gestos que lo están pidiendo. A lo mejor invitar a Hebe suena a que también él quiere pedir perdón.

–¿Qué pensás cuando Macri declama el objetivo de Pobreza Cero?
–Marcos Peña dijo: "No hay crisis del empleo en la Argentina". Esteban Bullrich dijo: "No hay problemas en las universidades". Jorge Triaca dijo: "No hay problemas de trabajo". Patricia Bullrich dijo: "No hay problemas de seguridad". Van a decir "No hay pobreza".

–Y los medios lo van a reproducir...
–Van a decir "Se acabó la pobreza en la Argentina". Es la política de la negación de la realidad. Una de las cosas que funcionan en el discurso oficial es que dicen cosas que no se condicen con la realidad pero repiten, repiten. Está claro que en los barrios pobres se huele tristeza. Al vecino le venían 80 pesos de luz y le vinieron 700, que la luz, que el gas…, todos tienen parientes, amigos, conocidos o ellos mismos que se quedaron sin trabajo, hijos que tienen que volver rendidos a la casa de los viejos. Todo ese tipo de cosas se empieza a oler. Le podrán hacer la cabeza a la gente con duranbarbismos pero no le van a poder engañar el estómago. Me resultó muy interesante, excelente, la frase de La Garganta Poderosa a partir de la presentación que hizo ShowMatch: "Si puede entrar Pampita, también puede entrar el SAME", en alusión a las denuncias por la resistencia del servicio médico de la Ciudad de Buenos Aires a entrar a las villas, lo cual ha costado más de una vida. Eso lo puede pensar y decir alguien que está ahí.

–La vicepresidenta Gabriela Michetti dijo que la evidente tensión entre el Gobierno y el Papa se debe a que Macri no le ha podido explicar en "un cara a cara"cuál es su política…
–Está claro que tienen que jugar el rol de hacerse los tontos sino uno no puede escuchar semejante tontería de parte de una vicepresidenta que pareciera leer y escribir con dificultad. Es lo que dicen para no admitir que están desconcertados con las actitudes del papa respecto al gobierno. Mirás las fotos del papa con Hebe y las fotos con Macri y vas a ver una sonrisa en una y en otra no; vas a ver dos horas de reunión frente a 22 minutos. El Papa sabe lo que es el capitalismo neoliberal.

–Los obispos argentinos han dicho, siguiendo lo que postula el Papa, que no creen en la teoría del derrame. ¿Esto es un indicio de una mayor crítica a la política económica en práctica?
–Los obispos son un combo difícil de unificar. De cien obispos que hay en la Argentina, sesenta lo eran cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires y Bergoglio tuvo internas con obispos que lo odiaban, más bien por el lado de la derecha. Bergoglio podía ser el conservador popular y los otros podían ser medio nazis o algo por el estilo. Todo ese sector del Episcopado no quiere saber nada con Bergoglio pero no pueden hablar mal del Papa porque quedan ellos descolocados después de que hablaron durante siglos de la obediencia al Papa porque los papas anteriores eran a su gusto y placer. Es interesante porque uno escucha periodistas como Jorge Fernández Díaz o Joaquín Morales Solá o editoriales de La Nación que hablan en contra del Papa y ningún obispo salió a decir, por lo menos, no lo han entendido al Papa, para usar palabras de Michetti.

–Ahora esto de marcar su desacuerdo con la teoría del derrame…
–El Papa explícitamente habla de ese tema en la Exhortación Apostólica sobre la Alegría del Evangelio.

–Dijiste que si Macri hubiese tenido dignidad tendría que haber renunciado y algunos se escandalizaron.
–Fue una ficción porque me preguntaron qué le diría si estuviera cinco minutos con el Presidente. Como voy a pretender que muchos medios salgan a hablar críticamente de los Panama Papers si La Nación y Clarín están en los PanamaPapers. Se trata de cuidarse las espaldas.

–Ahora prácticamente hay que agradecerle a Macri porque va a traer al país los 18 millones de pesos que no había declarado.
–Casualmente le dio también 18 millones a las Scholas Occurrentes que promueve el papa. Todo para el bien de los pobres jubilados que dicen que van a financiar con el blanqueo y lo califican como la mayor política social en los últimos 20 años. Yo hubiera jurado que generar trabajo era una política social.

–El encuentro de ustedes con Cristina Kirchner reactivó las críticas contra los curas que hacen política, ¿cómo lo viven?
–La idea nuestra era saber cómo pensaba ella el Frente Ciudadano, no nos presentamos como candidatos a nada. No sabía que juntarse con un político es política. Por ejemplo, un cura muy amigo trabaja en Tigre y por motivos institucionales tiene varias fotos con Massa, nunca nadie le dijo nada, ahora apareció en la foto con Cristina y le dijeron de todo. Está lleno de curas que se juntan con intendentes, con gobernadores, los obispos se pueden juntar con un Presidente y yo no puedo.

–Por ahí, en la teoría Casaretto no califican.
–Nosotros simplemente quisimos hablar con Cristina sobre el Frente Ciudadano y si pensaba que como curas había algo que se podía pensar en esa línea. Sobre todo porque hacía eje en la igualdad y en la libertad, lo cual me parece que ni siquiera ningún obispo muy cerrado se negaría a pensar que desde nuestro lugar de curas podamos acompañar a la gente para la libertad y para la igualdad. Los que tienen una postura anti, que es una postura política, han tenido críticas y varios curas de nuestro grupo han sufrido actitudes bastante poco cristianas de parte de otros curas. Allá ellos si quieren seguir profundizando la grieta.

–En el caso de Milagro Sala ustedes también se pronunciaron de inmediato por la liberación de una presa política y el Papa generó estupor al enviarle un Rosario. ¿Cómo analiza la indiferencia de gran parte de la dirigencia política?
–El gobernador Gerardo Morales, un hombre elocuente, dijo que el Papa interfiere en la política de la provincia, yo creía que era el Poder Judicial independiente…Lo que tenemos claro es que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Acá decían que Cristina quería ser diputada del Parlasur para tener fueros y acá tenés una diputada del Parlasur que está presa ilegalmente. Mientras no se le compruebe un delito, Milagro Sala tiene que estar libre, lo dice la Constitución Nacional a partir de la incorporación de los pactos por los Derechos Humanos. Me parece que acá hay una intolerancia absoluta hacia una mujer que hizo obras absolutamente maravillosas para la gente pobre de la provincia, más de las que hizo el gobierno anterior y por supuesto este desgobierno-gobierno de Morales. Está claro que ahí no hay ni igualdad ni justicia.






El Papa y los jueces


Francisco y jueces de todo el mundo, incluidos unos 20 de Argentina, llamaron a que la trata de personas, la prostitución y el trabajo forzado sean considerados delitos de lesa humanidad. El pedido es el punto principal del documento final de la cumbre contra la trata y el crimen organizado que terminó ayer en el Vaticano y que también reclama por la rehabilitación, reasentamiento y reintegración de las víctimas. Los participantes de la cumbre reclaman más compromiso en la lucha contra el crimen organizado, que se avance en la recuperación de los bienes de integrantes de bandas dedicadas al narcotráfico y la trata para indemnizar a las víctimas y que se condene a los clientes de prostitución. Durante su exposición en el marco del encuentro, Francisco había instado a los magistrados a no caer en la "telaraña de la corrupción" para impartir justicia en casos de trata y narcotráfico, y a rechazar las "presiones" de los gobiernos, las instituciones privadas y las "estructuras mafiosas". Las conclusiones de la cumbre afirman que "la esclavitud moderna, la trata de personas, el trabajo forzado, la prostitución y el tráfico de órganos humanos son crímenes contra la humanidad y deben ser reconocidos como tales".











OPINIÓN


¿Preferimos la desigualdad?


Por       Edgardo Mocca

Desde distintas pertenencias integrantes de la coalición gobernante se ha hecho explícita en estos días una concepción de la sociedad argentina (y acaso no solamente de ella). Han dicho Javier González Fraga y Gabriela Michetti que la experiencia de mejoramiento de la calidad de vida en estos últimos años es el producto de una mentira, de algo que "no podía durar". Hay, en principio en estas palabras, un reconocimiento implícito de algo que la derecha argentina es muy remisa a reconocer: los trabajadores (empleados medios fue el sujeto de la ilusión elegido por el economista filo-radical) pudieron acceder a bienes y recursos a los que no accedían antes y que, por lo visto, no serán inmunes al realismo neoliberal.
El problema principal no es lo que dijeron sino por qué pudieron decir lo que dijeron sin que una avalancha de repudio social siguiera a sus palabras. La cínica naturalización de la desigualdad social y el espíritu de revancha clasista que llevan implícitas parece una imprudencia retórica destinada a dañar la causa para la que los hablantes militan, al poner al desnudo un poco brutalmente lo que ya intuye la calle: el macrismo es un gobierno de los ricos. Sin embargo, no fue el caso, no hubo escándalo social. La primera explicación que está siempre a mano es que los medios de comunicación no "hicieron agenda" con esas declaraciones. Pero el problema es que si todo lo explicamos por la acción de los medios abandonamos la pregunta sobre por qué una cantidad enorme de argentinos sigue creyéndoles. Y en el camino de respuesta a esa pregunta nos vamos a encontrar con un problema mucho más complejo, que es la comunidad de valores que existe entre el mensaje cuasi monopólico de los medios y una parte importante de los sectores medios y medios-altos de nuestra sociedad. Los neoliberales pueden hacer profesión de fe antiigualitaria y antisolidaria porque en una parte de nuestra sociedad esa fe existe e influye muy fuertemente en su conducta política. A la vez los medios reactúan y consolidan ese estado de la conciencia social.
¿Por qué preferimos la desigualdad (aunque digamos lo contrario) es el provocativo título de un libro más o menos reciente de Francois Dubet. ¿De qué se trata? De un cambio profundo de percepción social operado en el mundo occidental en las cuatro décadas transcurridas desde la gran revolución neoliberal de mediados de los años setenta. "La fortuna de los ricos es buena para todos" es el santo y seña de una creencia que abarca a muy amplios sectores. Sería una ilusión angelical si por un instante creyéramos que se trata de la expresión de una esperanza, la de vivir mejor en el futuro, la de que las superganancias monopólicas de hoy se convertirán en las inversiones de mañana y en el salario y las condiciones de trabajo de mañana. No es así. No puede creerse seriamente en ese goteo de arriba hacia abajo (la palabra "derrame" mejora la metáfora pero no modifica la realidad). Hasta cierto punto sería posible considerar esa creencia esperanzada en la Argentina de los noventa, cuando las "reformas de mercado" se desarrollaban en el contexto de un auge mundial del neoliberalismo y tenían como prólogo el incendio hiperinflacionario de 1989. Atribuir a esa creencia esperanzada la buena prensa de la desigualdad sería una ingenuidad. Equivaldría a pensar en términos elitistas, a dar por sentado que la gente "piensa mal" por su irremediable tontería y le cree a los medios porque no ha aprendido el arte de los intelectuales de decodificar sus mensajes. El cambio de perspectivas de un sector de la sociedad sobre la desigualdad podría ser pensado más productivamente no solamente como una de las condiciones para el triunfo del neoliberalismo sino como parte central de ese triunfo. Lo que alimenta ese estado de la opinión es la experiencia política de estas últimas cuatro décadas en nuestro país y en todo el mundo, el monopolio mundial de las "democracias de mercado", el fin trágico de las experiencias de contestación política a este rumbo, los riesgos que en todas partes conlleva vivir a contramano de esa doctrina. No vivimos un capitalismo regido por la doctrina del fomento de la demanda popular como motor de la economía ni la de la protección social como estrategia para estabilizar el régimen de desigualdad, sino en un sistema abiertamente extorsivo que promete desgracias para cualquier intento de salirse de las reglas de juego y, peor aún, cumple sistemáticamente esas amenazas. Si se quiere ver un símbolo perfecto de esta época del capitalismo, hay que revisar la experiencia de la crisis griega y el nivel de chantaje público y violento que las camarillas del poder financiero ejercieron sobre su gobierno para "convencerlo" de volver al redil de la "austeridad" y el "europeísmo".
La elección de la desigualdad no es, entonces, el fruto de un cálculo esperanzado sino de un temor. De un temor fundado en la experiencia. Alguna vez me he encontrado – en tiempos de empleados que vivían engañados con su poder de compra – con la pregunta sobre si yo creía que fuera posible sostener una política como la del kirchnerismo, que era rechazada por los sectores más influyentes del mundo. Mi interlocutor no hablaba desde una visión férreamente opositora al gobierno sino desde el sentido común que creo ampliamente esparcido entre mis compatriotas. ¿Cómo te vas a meter contra los yanquis, contra los grandes empresarios, contra los grandes medios? Eso no puede ir bien. En esa sensación de horizonte cerrado, de historia finalizada, consiste la piedra angular del dominio de los poderosos. Cuando esa piedra se remueve aunque sea mínimamente, la historia vuelve a andar. Es esa mirada del mundo penetrada por el temor –fundado temor – de perder lo mucho o lo poco que se tiene, a causa de una crisis económica o de una escalada de violencia, la que aconseja cerrarse en el mundo íntimo, clausurar la calle, defenderse del otro, potencial amenaza. Desconfiar del que está abajo y resignarse ante el de arriba, aún cuando se lo rechace.
En el período político que se cerró el 10 de diciembre pasado esas certezas colectivas entraron en crisis. Antes que nada entraron en crisis cuando la gran promesa de entrar en el Primer Mundo y recibir la bendición que trae el derrame de la plata hiperconcentrada en pocos bolsillos degeneró en la ruina colectiva y en la crisis política. Las contingencias y hasta el azar político quisieron que la desembocadura de ese drama fuera el ascenso al gobierno de Néstor Kirchner y la apertura de una experiencia política en la que la cuestión de la desigualdad no fuera desplazada de la agenda después de que se recuperara el orden político después de una rebelión popular inorgánica como la que se desarrolló en diciembre de 2001. La gran clave del desarrollo político posterior a mayo de 2003 fue el curso cambiante del ánimo de los sectores medios, ampliamente favorable al principio y sensible a la prédica del bloque de poder en varios momentos centrales del proceso. El mejoramiento de las condiciones de vida de los asalariados y los sectores populares produjo consecuencias en la estructura de la distribución del ingreso que achataron la pirámide social y acercaron a sectores que habían sido expulsados de la producción y la cultura al estatus de las clases medias. Estas últimas sintieron la doble presión de una pérdida de distinción social frente al avance de los más pobres – que se interpretaba como enteramente financiado por los sectores medios – y de la incertidumbre que la maquinaria mediática de los poderosos sembraba sobre el futuro. La generación de un clima de intranquilidad económica, la agitación sobre el autoritarismo del "régimen kirchnerista", la sensación, en fin, de que los poderosos no querían que ese estado de cosas continuara fue inclinando la balanza hasta que lograron el cambio de gobierno.
El cambio de gobierno no tuvo la forma brusca de un cambio de régimen como consecuencia de una crisis de gobernabilidad sino el pacífico aspecto de una alternancia totalmente natural en la democracia electoral. Es un punto de partida que tiene la ventaja de la legitimidad popular pero al mismo tiempo la desventaja de que nunca se llegaron a cumplir las profecías catastróficas. Desde ese punto de partida se libra la batalla política. Por eso la situación es incierta. El gobierno insinuó en su comienzo – ayudado por las expectativas habituales que trae lo nuevo – que estaba en condiciones de construir un frente político relativamente estable, capaz de sostenerlo en las seguras tormentas que traería la puesta en marcha del ajuste. Ese frente muestra hoy grietas muy visibles. El movimiento sindical practica un curioso minué: palabras conciliadoras, muestra prudente de los dientes, agachada pero no tanto…En fin, los sectores tradicionales del sindicalismo se ven obligados a hacer contorsiones que les permitan conseguir ventajas corporativas a partir de las necesidades del gobierno y, al mismo tiempo, no perder el tren del estado de ánimo de una masa de trabajadores que sufrió muchos reveses en pocos meses y, de modo muy heterogéneo, va encontrando formas de expresarse en contra de la barbarie monopólica y gubernamental. La actitud firme de las dos CTA contribuye a hacer más compleja la estrategia del sindicalismo negociador. El Congreso y los partidos políticos viven en la misma incertidumbre: la idea de cambiar el llamado a la resignación social a cambio de ventajas sectoriales o provinciales vive en tensión con un estado de ánimo social adverso al brutal ajuste.
La preferencia por la desigualdad no es una "ley" de nuestras sociedades. Puede ser puesta en crisis por la realidad, siempre que se entienda por realidad algo más que la estadística de los precios y los salarios. Siempre que se entienda la realidad por un conjunto de experiencias colectivas, de organización, de discusión, de movilización. Ese es el único terreno donde puede disputarse con los frutos ideológicos de la extorsión neoliberal.


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