miércoles 1º de junio de 2016
LAS ÚNICAS PRIVILEGIADAS SON LAS PETROLERAS
LA SUBA EN EL GAS ESTA GENERANDO UNA SITUACIÓN
EXPLOSIVA EN LA PATAGONIA: LA PARTE DEL LEÓN VA A LAS
PETROLERAS
Los que ganan y los que pierden con el tarifazo
El descalabro social y económico provocado por el tarifazo es más profundo en las provincias patagónicas. Un aspecto poco conocido es que tres cuartas partes del impresionante aumento va del bolsillo del consumidor al de las petroleras.
El ajuste draconiano ya provocó una fuerte reacción regional. Se presentaron varios amparos judiciales para frenarlo.
En la Patagonia los aumentos de la tarifa de gas promedio para los usuarios domiciliarios fueron del 700 por ciento, mientras que para los comerciales e industriales alcanzaron un impresionante 1250 por ciento. Por la fuerte resistencia social que provocó el tarifazo, el gobierno nacional concedió una rebaja para los hogares definiendo un tope al alza del 400 por ciento. El nuevo cuadro igual sigue siendo asfixiante: las facturas residenciales se multiplican por 5 y las comerciales e industriales por 13,5. Un aspecto poco divulgado es que las principales beneficiados del tarifazo en el gas son las petroleras. Más de las tres cuartas partes de la nueva facturación será embolsada por las petroleras, una transferencia de los consumidores a esas empresas de 3500 a 4000 millones de dólares. Poco del aumento es para reducir la carga fiscal de subsidios energéticos. El ajuste pegará entonces con saña en una región que suma apenas el 7,0 por ciento de los usuarios residenciales y el 23,0 por ciento del consumo nacional, lo que se explica en razones climáticas. En este escenario de desconcierto social y económico y varias cautelares judiciales que han frenado el aumento, hoy y mañana varios gobernadores se reunirán con el ministro del área, Juan José Aranguren, para conseguir una fórmula que alivie el impacto del tarifazo.
A pesar de haber votado minoritariamente por la Alianza PRO, los usuarios patagónicos estaban resignados al aumento de tarifas. El primer impacto llegó en febrero con la electricidad, con subas promedio de entre el 160 y el 180 por ciento, menos que en el promedio del país. Por eso, tras los anuncios del último día de marzo para el gas, y sin haberse detenido en los números finos, se prepararon para recibir incrementos similares a los de la electricidad. Pero con las primeras facturas llegó la sorpresa. Dejando de lado los casos extremos, como se mencionó los aumentos promedio para los usuarios domiciliarios fueron del 700 por ciento, mientras que para los comerciales e industriales alcanzaron un impresionante 1250 por ciento. Se destaca que estas subas impactan en una zona de alto consumo con las temperaturas medias más bajas del país si se excluye la Antártida, es decir, en una geografía donde el consumo de gas es intensivo y en muchos casos primordial.
Tras el grito en el cielo de algunos gobernadores y luego de mirar una y otra vez la planilla de Excel del Ministerio de Energía y Minería, el gobierno se allanó muy parcialmente a las demandas y concedió una rebaja para los consumos domiciliarios mediante un tope del 400 por ciento. La nueva síntesis fue que las facturas residenciales se multiplicaron por 5 y las comerciales e industriales por 13,5. Para estas últimas el matiz fue que los consumos podrán pagarse en cuotas.
Transferencia a las petroleras
Muchos patagónicos se preguntan por la causas de un shock tarifario de semejante magnitud. Algunos recuerdan vagamente la idea de terminar con los subsidios. Otros complementan con que el gas en la región, por sus características climáticas, estuvo subsidiado históricamente por encima del resto del país. Lo que muy pocos saben es que el grueso de lo que pagarán de más por los ajustes tarifarios irá directamente a los bolsillos de las petroleras, y apenas en el margen a la mejora de las cuentas públicas. Y no sólo porque deberán afrontar la parte que como subsidios antes pagaba el Estado, sino porque el anuncio del aumento tarifario fue concomitante a la más que duplicación del precio que recibirán las empresas por el gas en boca de pozo. El nuevo precio saltó de un promedio de 2 dólares el millón de BTU a más de 5 dólares. Distintas consultoras calcularon esta transferencia entre 3500 y 4000 millones de dólares. En el caso de la Patagonia ello significa que más de las tres cuartas partes de la nueva facturación será embolsada por las petroleras.
Siguiendo los números elaborados por el Centro de Estudios Patagonia (www.cepatagonia.com.ar), el ajuste pegará con saña en una región que suma apenas el 7,5 por ciento de los usuarios y el 15,3 por ciento del consumo nacional, lo que se explica en razones climáticas. Sin embargo el agregado, como suele suceder, oculta algunos detalles importantes. Por ejemplo que los usuarios residenciales son el 7 por ciento del total del país, pero consumen el 23 por ciento del total del gas distribuido del segmento. El porcentaje de usuarios comerciales se dispara al 17,3 por ciento del total país, lo que refleja especialmente el peso de la actividad turística en la región, y consume el 25 por ciento del segmento a nivel nacional. Nótese que el derroche del que habló el ministro Rogelio Frigerio no se produce precisamente en el gasto comercial nutrido por el sector turístico. El sector industrial suma sólo el 3,6 por ciento de los usuarios nacionales y el 11,9 por ciento del consumo, siempre del segmento.
Pero este recorte por segmentos vela el verdadero peso de la Patagonia en el nuevo cuadro tarifario. El consumo residencial representa 7,7 puntos del nacional, el comercial poco más de 1 y el industrial el 3,5. Es decir; los tres suman el 12,2 por ciento de la facturación nacional total. Esto significa que en la planilla de Excel del ministro Juan José Aranguren el consumo patagónico no es el determinante de los ingresos finales, dato que los gobernadores patagónicos pueden poner sobre la mesa de negociación en la reunión de hoy con las autoridades nacionales.
De los dos lados del mostrador
El ajuste draconiano ya provocó una fuerte reacción regional. Se presentaron amparos judiciales de usuarios privados, de municipios y de las provincias de Santa Cruz y Chubut. En ciudades como San Carlos de Bariloche se produjo una verdadera reacción popular, con la recolección de 30.000 firmas de rechazo e importantes movilizaciones callejeras. A la vez, los precios de los “bienes complementarios”, aquellos consumidos por los sectores que no acceden al gas de red, como el metro cúbico de leña y las garrafas, también se dispararon.
La reacción de la población, usuarios residenciales, comerciantes, hoteleros e industriales, empujó la queja algo tardía de gobernadores poco propensos a enfrentarse con el gobierno nacional. Pero en la mayoría de los caso no fue sólo una cuestión de estilo. La mesa de negociaciones a la que se sientan los funcionarios de Nación y provincias no está exenta de contradicciones. La Patagonia posee las tres principales cuencas gasíferas del país. La Neuquina, que se extiende también a la provincia de Río Negro, la del Golfo San Jorge, en Chubut y Santa Cruz, y la Austral, en Santa Cruz y Tierra del Fuego. En consecuencia, la contradicción no es de tipo moral, es decir; “como es la zona productora no es justo que pague lo mismo o más que el resto del país”, sino que en la más que duplicación del precio del gas en boca de pozo, las cuentas provinciales están asociadas a los intereses de las empresas petroleras y, en consecuencia, verán incrementadas sus regalías en la misma proporción. En el caso de Neuquén, por ejemplo, el extra será de unos 400 millones de dólares anuales. La inesperada montaña de dólares explica que haya sido su gobernador, Omar Gutiérrez, quien le dio letra al ministro del Interior en materia de derroche, remeras y ventanas abiertas. Al mismo tiempo, no sorprende que el chubutense Mario Das Neves haya sido el más díscolo. Su provincia representa cerca del 40 por ciento del total del consumo patagónico.
Opciones de política
Dado que la potente transferencia al sector gasífero significa mayores regalías. El discurso oficial, incluido el de los gobernadores de la región, afirma que la mayor rentabilidad empresaria se traducirá en aumento de las inversiones. Como la Patagonia es la principal zona productora del país se supone que será también la principal receptora de estas inversiones por, al menos, una porción de la citada megatransferencia de entre 3500 y 4000 millones de dólares. En cualquier caso, todavía no hay ninguna señal y, por el contrario, se retiraron equipos de perforación de los campos y existen amenazas de suspensiones y despido de personal si no se aceptan rebajas salariales. En contrapartida, la intransigencia del gobierno sobre la facturación de un consumo que es apenas el 12,2 por ciento del total nacional del gas distribuido, y sólo el 4,5 si se considera exclusivamente al segmento comercial e industrial, significa que para un hogar de ingresos medios la factura de gas podría representar entre el 20 y el 40 por ciento de los ingresos y que actividades como el turismo se volverían potencialmente inviables. No debe olvidarse, además, que la explotación petrolera nunca dejó de ser en la Patagonia un modelo de enclave y que el carro de la economía regional en materia de empleo es empujado por otras actividades que podrían verse seriamente afectadas por los cambios compulsivos y desmedidos sobre su estructura de costos.
Finalmente queda la pregunta por la necesidad y la urgencia de un ajuste tan fuerte. El precio que se pagaba por el gas en boca de pozo estaba en línea con el valor de referencia internacional, el Henry Hub. En el presente pasó a ser uno de los más altos del mundo. Un valor por encima del precio actual de importación de Bolivia, que ronda los tres dólares el millón del BTU y similar al de regasificación, el que se importa vía los barcos metaneros. Es verdad que estos precios internacionales bajos son coyunturales, pero cabe preguntarse si no era posible utilizar la coyuntura favorable para, al menos, espaciar temporalmente los ajustes. Luego, tampoco es cierto que estos mayores precios pagados para el “gas viejo” el que ya se extrae, incentiven una mayor producción, especialmente porque a través de los planes plus ya se pagaban hasta 7,5 dólares el millón de BTU para el “gas nuevo”. La única razón que parece haber prevalecido, a tono con la pertenencia histórica del ex CEO de Shell y actual ministro de Energía y Minería, fue la urgencia por transferir recursos al capital petrolero.
EL COMITÉ DE EMERGENCIA RESTRINGIÓ EL CONSUMO NO
DOMICILIARIO
Menos gas para la industria
Como respuesta a una protesta de petroleros fueguinos contra eltarifazo, el Gobierno pidió que la industria reduzca la demanda hasta la interrupción total, y alertó que por el conflicto hoy podrían quedar sin gas las estaciones de GNC.
Las estaciones de GNC podrían quedar hoy desabastecidas. Protestas en el Sur contra el tarifazo.
El Ministerio de Energía y Minería informó ayer que el Comité de Emergencia convocado por el Enargas “decidió solicitar a las industrias que inicien el corte progresivo de sus consumos con el objetivo de llegar a cero en el menor tiempo posible, para preservar el abastecimiento a los hogares, hospitales y escuelas de la República Argentina”. La sorpresiva y extrema medida tomada por las autoridades nacionales es una respuesta a la medida de fuerza adoptada por el Sindicato de Petroleros Privados de Tierra del Fuego, que en el día de hoy paralizarán las tareas que realizan en las plantas de inyección en el Gasoducto troncal San Martín, que transporta el gas desde la isla de Tierra del Fuego hasta Bahía Blanca (donde se separa y distribuye para su consumo domiciliario y comercial), en respuesta a los aumentos de la tarifa del gas y su impacto en hogares y comercios de la Patagonia. “Si el gremio no levanta la medida de fuerza, en el día de mañana (por hoy) se deberá cortar el suministro de GNC (gas natural comprimido) en todo el país”, advirtió la cartera que conduce el ex CEO de Shell Juan José Aranguren.
De acuerdo a la evaluación de Energía y Minería, la medida de fuerza de los petroleros fueguinos “repercutió en una reducción de ingreso al sistema argentino de gas de 16 millones de metros cúbicos, a lo que se suma otro paro en la planta de la empresa Refinor y los atrasos por cuestiones climáticas en el arribo de barcos de GNL (gas licuado) importado”. A la solicitud a las industrias para que inicien el corte progresivo del consumo hasta su interrupción total, se agregó el reclamo a las centrales térmicas para que restrinjan “al mínimo posible” el uso de gas para generación eléctrica (utilizando fuel oil en reemplazo), “para tratar de mantener el sistema eléctrico sin cortes”. “Para asegurar el suministro se importaron 1200 megawatts y se está gestionando la importación desde Chile de, al menos, tres millones de metros cúbicos de gas a través del Gasoducto Gas Andes en la provincia de Mendoza”, informó la cartera energética. Además, convocó “a los usuarios a hacer un uso responsable del gas natural considerando estos motivos de fuerza mayor”.
Mientras el comunicado del gobierno nacional busca responsabilizar a los trabajadores del petróleo por la situación extrema que supone colocar al país al borde de desabastecimiento de gas, un vocero del gremio rechazó la imputación pese a ratificar la medida de fuerza en repudio al tarifazo. “Nosotros no vamos a cortar el suministro, si tienen que cortar será por responsabilidad de la empresa, Total Austral, que no tendrá el personal como corresponde” para garantizar el servicio, explicó desde Río Grande el secretario de Prensa del Sindicato del Petróleo y el Gas Privado, René Vergara. El dirigente sindical admitió que la medida que estaba prevista para entrar en vigencia a partir de la cero hora de hoy, iba a “provocar una disminución en la presión de gas en todo el país”.
Al explicar la medida, Vergara señaló que “lo que haremos es que 1500 compañeros que realizan tareas en las plantas que inyectan el gas en el Gasoducto San Martín (pertenecientes a las empresas Ysur y Total Austral), se retiren del lugar en solidaridad con la población fueguina”, en relación a lo que consideran un “tarifazo indiscriminado”. “Más allá de que nos han rebajado la tarifa de gas, sigue siendo alta y lo que queremos es que se retrotraiga al mes anterior o meses atrás, porque esta gente no midió las consecuencias en el resto del país”, dijo Vergara ante el tarifazo. Es una “manera que nos escuchen, el país no termina en la General Paz” señaló, refiriéndose a las autoridades nacionales.
Además, el dirigente negó que haya existido la intención de cerrar alguna válvula o cometer algún tipo de sabotaje, como se había planteado en la denuncia por presunta “instigación a cometer delitos” presentada por el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport.
Varias organizaciones gremiales y sociales convocaron para hoy, a partir de las 10 de la mañana, a una concentración en la Plaza de las Américas, Río Grande, que cuenta además con el respaldo del propio municipio, en protesta por los incrementos de las tarifas de gas que alcanzan, según denunciaron, al 2500 por ciento. Los organizadores esperan una participación masiva que sume a vecinos y comerciantes. Además, desde las redes sociales otra iniciativa llamó a la gente a ir, prácticamente en el mismo horario, envueltos en frazadas (por lo que se la denominó el “frazadazo”), como una respuesta irónica a las polémicas declaraciones del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sobre el consumo en el sur, cuando aludió al supuesto derroche de gas en la Patagonia porque “la gente está en remera dentro de su vivienda con toda la calefacción prendida”, conducta supuestamente provocada por una tarifa excesivamente barata.
Desde el Poder Ejecutivo, la respuesta a este clima de protesta fue la convocatoria, a través del ente regulador, el Enargas, al Comité de Emergencia, que reúne a empresas productoras, transportistas, distribuidoras y grandes consumidoras. desde ese ámbito se llamó a una restricción extrema en la demanda de la industria, hasta el punto de la interrupción total en la demanda, responsabilizando a los trabajadores del Sur por un eventual corte del suministro a las estaciones de GNC, hogares, hospitales y escuelas.
Clínicas piden tarifa social
Federación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires reclamó ayer su inclusión en la tarifa social de luz y gas para poder continuar ofreciendo los servicios de salud. “Asistimos en un 90 por ciento a la seguridad social, IOMA, PAMI y todas las mutuales nacionales, si nuestro sector cae y hay cierres, ¿quién atenderá a la población?”, se preguntó el presidente de la organización, Héctor Vazzano. “No recibimos ningún subsidio o beneficio de ningún tipo. Los aumentos tarifarios que recibimos hacen inviable seguir atendiendo. Apelamos a las autoridades provinciales y nacionales para que nos atiendan y se nos considere dentro de aquellos que deben recibir una tarifa social”, agregó el dirigente. De esta forma, los sanatorios bonaerenses se suman a la catarata de reclamos en contra del tarifazo. Instituciones sociales como clubes de barrio y centros culturales, pymes y empresas recuperadas advierten que la situación luego de los aumentos se volvió insostenible. Un antecedente relevante en el sector de salud es el caso del Hospital Privado Nuestra Señora de La Merced, ubicado en Tres de Febrero, que obtuvo una medida cautelar para frenar el tarifazo por parte de la jueza federal Martina Forns. El centro de salud había pasado de pagar 50 mil pesos de luz a 300 mil pesos. “Quedó en riesgo el derecho constitucional del acceso a la salud”, justificó la magistrada.
EN ABRIL SE AGUDIZÓ LA CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN
MANUFACTURERA, QUE FUE DEL 6,7 POR CIENTO
La actividad industrial va de mal en peor
Después de seis meses sin información, el Indec señaló que la industria retrocedió 2,4 por ciento en el primer cuatrimestre. La baja quedó en parte disimulada por el fuerte crecimiento de la molienda de cereales y oleaginosas tras la devaluación.
Jorge Todesca, titular del Indec, le echó la culpa a la lluvia por una crisis que se acrecienta.
La industria acumuló una caída del 2,4 por ciento en el primer cuatrimestre, mientras que la merma en abril fue del 6,7 por ciento, informó ayer el Indec. El organismo estadístico nacional volvió a publicar las cifras del sector manufacturero, que habían quedado bajo el apagón de Jorge Todesca desde diciembre del año pasado. El desempeño industrial es incluso bastante peor si no se tiene en cuenta al complejo oleaginoso, beneficiado por la devaluación y la quita de retenciones. Otro factor que moderó la caída del Indec en relación al desplome de dos dígitos percibido en las empresas es que la base de comparación de los primeros meses del año pasado es baja, mientras que en la segunda mitad de 2015 se daba un escenario de recuperación. Por esa razón, el organismo midió aumentos en el sector textil. En cambio, mostraron caídas el sector automotor, la metalúrgica y siderurgia.
Después de un semestre, el Indec volvió a publicar cifras de actividad industrial. El organismo relevó que en enero hubo un incremento de la manufactura del 1,5 por ciento, seguido por un avance de 0,2 por ciento en febrero. Los números positivos sólo se explican por la liquidación de la cosecha de soja luego de la devaluación y la quita de retenciones. El consultor Orlando Ferreres dice en su último informe que ese período “se caracterizó por la disonancia entre el comportamiento general de la industria con la trayectoria particular del segmento de alimentos”.
En enero, febrero y marzo la industria alimenticia mostró un avance del 7,3; 6,3 y 6,0 por ciento, respectivamente, según el Indec. En realidad, hacia adentro de ese sector hay también fuertes diferencias. Mientras la molienda de cereales y oleaginosas aumentó 66,1; 33,8 y 22,8 por ciento en esos tres meses; carnes rojas bajó 4,2 por ciento en el acumulado del trimestre, carnes blancas se redujo 9,9 y lácteos, 5,7. A medida que la zanahoria que ofreció el Gobierno se fue agotando, la soja dejó de rendir a las estadísticas oficiales: la molienda bajó 4,6 en abril, al compás del -11,5 en carnes rojas, -9,9 en carnes blancas y -20,9 en lácteos.
A partir del desinfle de la soja, el estimador industrial del Indec bajó 3,8 en marzo y 6,7 por ciento en abril. En el acumulado del primer cuatrimestre, la merma manufacturera alcanza al 2,4 por ciento. El Ministerio de Economía difundió un comunicado en donde ensaya una explicación. Planteó que la cantidad de días de lluvia superior al promedio histórico del mes afectó al sector de la construcción, a la industria de la carne, lácteos y la molienda de cereales y oleaginosas. También advierte que los sectores muestran una trayectoria dispar.
En efecto, uno de los rubros que muestra crecimiento en el año es el textil. El Indec calculó una suba acumulada del 14,8 por ciento a partir del avance de hilados de algodón (11,9) y tejidos (16,2) que compensan la caída de fibras sintéticas y artificiales (-4,1). Los datos sorprenden porque todas las mediciones sectoriales advierten fuertes caídas de producción. La Fundación Protejer, por ejemplo, calcula una merma del 25 por ciento, una diferencia abrumadora con respecto a los datos oficiales. “No hay forma de justificar los números del Indec”, aseguró a este diario un empresario del sector. Un sólo rubro mantuvo su producción: tejidos de denim, para la producción de jeans; mientras que el único factor positivo de estos meses fue el freno al contrabando. Más allá de eso, el desplome de las ventas, el incremento de las importaciones, el tarifazo y el endurecimiento del crédito definieron la caída del sector. El Indec aclaró en su informe que “tanto en los rubros productores de hilados de algodón como de tejidos, estas subas responden, principalmente, a la baja base de comparación ya que en los primeros meses del año pasado y en particular en el mes de enero se realizaron paradas técnicas en varias plantas industriales”.
El Indec muestra números más lógicos en la industria siderúrgica. Entre enero y abril las caídas en cada mes fueron de 12 por ciento, 7,1, 21,2 y 14,7 por ciento. En el cuatrimestre la baja llega al 14 por ciento. Ese desempeño se explica por la caída de la construcción (ver página 5) y del sector automotor, que demandan insumos siderúrgicos. El caso de la metalmecánica es similar. En enero creció 0,5 y luego cayó 8,5; 16,5 y 17,4 por ciento en febrero, marzo y abril, respectivamente. En el cuatrimestre la baja fue de 10,6 por ciento.
El sector automotor bajó 12,5 por ciento en el primer cuatrimestre. El fuerte deterioro de la economía brasileña provocó que la producción de autos haya caído 30,7; 22,2 y 6,4 por ciento en enero, febrero y marzo. En abril el sector terminó sin cambios frente al año anterior. Según el Indec, el sector químico subió 3,5 en el cuatrimestre y caucho y plástico, 5,1 por ciento.
Operarios suspendidos
El grupo textil TN Platex decidió ayer prorrogar por 30 días las suspensiones en sus plantas Hilados I y II de La Rioja. A causa de esa medida, 400 operarios continuarán cobrando un 70 por ciento de sus salarios, tal como sucedió durante mayo. TN Platex es la empresa más grande del sector y pertenece a la familia Karagozian. La crisis en la empresa se explica por la caída de las ventas en el mercado local, del orden del 15 al 30 por ciento. Además, el gobierno de Mauricio Macri le retiró el subsidio Repro del Ministerio de Trabajo (beneficio que retacea a toda la industria), por el cual el Estado nacional paga una parte de los sueldos de los trabajadores.
EL GOBIERNO ENVIÓ A DIPUTADOS EL BLANQUEO Y EL PAGO
A LOS JUBILADOS, EN EL QUE INCLUYÓ OTRAS MEDIDAS
Un proyecto que llega con sorpresas
Bajo el nombre de “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, el Ejecutivo envió un paquete que incluye la “amnistía fiscal”, la posibilidad de vender activos de la Anses, cambios impositivos, el acuerdo con gobernadores, entre otras.
Los diputados comenzarían a analizar el proyecto en el plenario de comisiones este jueves.
Después de varias idas y vueltas y versiones cruzadas entre referentes del oficialismo, el Gobierno nacional envió anoche al Congreso el paquete de medidas que incluyen el blanqueo de capitales, el pago de juicios a los jubilados, la reforma del impuesto a los Bienes Personales y la devolución del 15 por ciento de coparticipación a los gobernadores, entre otras. Todas las iniciativas están incluídas en un texto de más de 90 carillas denominado “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, que comenzaría a tratarse este jueves en la Cámara de Diputados. Tal como le reclamaron publicamente desde la UCR y la Coalición Cívica, el macrismo aceptó excluir a los funcionarios públicos de la posibilidad de ingresar en la “amnistía fiscal” que se implementará con este paquete.
A última hora de anoche se aguardaba el ingreso del proyecto por la mesa de entradas de la Cámara baja, luego de todo un día de especulaciones, versiones cruzadas y contradicciones entre represenantes del oficialismo en el Congreso y el Poder Ejecutivo. En un primer momento, fuentes oficiales informaron que el proyecto iba a ser remitido a Diputados, posteriormente se cambió al Senado y finalmente se volvió a la idea original.
En su artículo primero, el proyecto declara la “emergencia en materia de litigiosidad previsional” por el plazo de 3 años a partir de la promulgación de la ley, prorrogable por otros tres. En ese contexto, el Ejecutivo establece el “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” que dispone del pago de las deudas a quienes iniciaron juicios previsionales, el aumento de los haberes pasivos en un promedio del 45 por ciento y la creación de una pensión universal para aquellos que no cuenten con los requisitos para jubilarse. A diferencia de la moratoria previsional implementada durante el kirchnerismo y derogada por Macri, los que reciban la pensión por vejez cobrarán el 80 por ciento de la jubilación mínima, mientras que con el sistema anterior, una vez saldada la deuda previsional se pasaba a cobrar el importe total de la jubilación correspondiente. Además, las mujeres no podrán recibir su pensión a partir de los 60 años sino a partir de los 65.
La propuesta del Gobierno podría alcanzar a 2,5 millones de jubilados y se estima un costo fiscal de unos 75 mil millones de pesos anuales por los ajustes de las jubilaciones, a los que deben sumarse una suma de 47.000 a 55.000 millones de pesos para el pago de los retroactivos y 1.946 millones por el cambio en el coeficiente para calcular las jubilaciones.
Para sustentarlo, el proyecto establece que el programa “podrá ser atendido con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino” y agrega: “a cuyos efectos podrá disponerse la liquidación de activos”. Es decir que la iniciativa prevé la venta del capital del FGS y no solamente el pago con los beneficios obtenidos por sus colocaciones.
Además, se incorpora el blanqueo de capitales presentado como “Amnistía Fiscal”, que según Cambiemos permitiría captar hasta 20 mil millones de dólares, sobre los cuales se tributaría un porcentaje entre el 0 y el 15 por ciento, según el monto. El “régimen de sinceramiento fiscal” que implica la posibilidad de “declarar de manera voluntaria y excepcional” ante la AFIP “la tenencia de bienes en el país y en el exterior” se extenderá desde la aprobación de la ley hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive.
Por otro lado, el proyecto también establece un proceso de “regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras” y una modificación del impuesto a los Bienes Personales. Aquellos que hayan cumplido con sus obligaciones tributarias ante la AFIP quedarán exceptuados de este impuesto. Para el resto se pasará de 305 mil pesos a 800 mil la base imponible para el período 2016. Para el período 2017 serán 950 mil y para el último año de cobro del impuesto, el 2018, la base será 1 millón 50 mil pesos.
Además, se crea una comisión bicameral que deberá elevar un informe al Congreso sobre una propuesta de reforma tributaria.
SE REUNIÓ EL NUEVO CONSEJO NACIONAL DEL PJ Y
DESIGNARON A LOS SECRETARIOS
Con una representación amplia
Desde Urtubey y Pichetto hasta Urribarri y Verna, las 20 secretarías que integran la conducción del PJ buscaron mantener un equilibrio entre todos los sectores. Hubo críticas a las políticas económicas del Gobierno y disidencias en cuanto a la reforma jubilatoria.
La conducción del PJ en la sede de Matheu con los cuadros de Cristina y Néstor Kirchner detrás.
La nueva conducción del Partido Justicialista tuvo ayer su primera reunión de Consejo Nacional. Casi un centenar de dirigentes del peronismo de todo el país se reunieron en el quincho del tercer piso de la sede de Matheu 130 para discutir el futuro del espacio en su nuevo rol opositor y poner en funciones a las autoridades que surgieron del acuerdo de unidad que permitió normalizar el funcionamiento del PJ y evitar la intervención judicial.
También se debatió la posición del partido ante las propuestas del gobierno nacional de blanqueo de capitales y reforma jubilatoria y qué hacer ante las subas de tarifas que afectan la actividad en todo el país. Después de un paso de comedia, los retratos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner acompañaron a los de Juan y Eva Perón en la cabecera del auditorio.
Durante el encuentro se conformaron, además, las 20 secretarías que conforman la mesa de conducción pejotista. El reparto de cargos fue equilibrado entre los sectores del peronismo más críticos del gobierno anterior y aquellos que todavía lo reivindican. Así, el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri será el nuevo secretario general del PJ, mientras que el jefe de la bancada de senadores, Miguel Angel Pichetto, se desempeñará como secretario político.
El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, será el titular de la secretaria de Relaciones Internacionales del partido; mientras que el ex presidente del PJ y ex gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, quedó como el responsable de la relación con las provincias; la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, asumirá en tanto la secretaría de la Mujer y su antecesor y titular del partido en la provincia de Buenos Aires, Fernando Espinoza, la secretaría de Organización.
En el reparto hubo lugar para los recién llegados, peronistas que durante los últimos años estuvieron ajenos a la vida partidaria por su pelea con la Casa Rosada. La senadora puntana Liliana Negre de Alonso quedará a cargo de Asuntos Legales, mientras que el gobernador pampeano Carlos Verna quedará a cargo de Asuntos Económicos.
Durante el debate que consumió buena parte de las tres horas de encuentro, los oradores se dedicaron a criticar las políticas económicas y sociales del actual gobierno y plantear la posición del justicialismo al respecto. Se planteó que el PJ no puede oponerse al blanqueo de capitales, porque apoyó una medida similar durante el último gobierno, pero sí hubo disidencias respecto a la propuesta de reforma jubilatoria.
Con respecto a los tarifazos, que preocupan a gobernadores e intendentes por las consecuencias que tiene en el territorio, se planteó la posibilidad de llevar adelante una estrategia coordinada de medidas cautelares, ya que hasta ahora ese recurso judicial tuvo relativo éxito en varios distritos. También se habló de la disputa entre el gobierno nacional y el papa Francisco, reivindicando la figura de Jorge Bergoglio.
El dato de color de la jornada fue la presencia de los cuadros de Néstor Kirchner y de CFK en la cabecera del quincho, junto a los de Perón y Evita. Los retratos, que habían sido retirados la semana pasada, volvieron a colgarse el lunes para la reunión del PJ bonaerense que tuvo lugar en la misma sede (ver aparte), y aparecieron nuevamente descolgados ayer por la mañana. A último momento, y por gestiones de José Luis Gioja y Daniel Scioli, los pusieron en su lugar a tiempo para la reunión de Consejo.
JORNADA DE PROCURADORES Y FISCALES SOBRE
NARCOCRIMINALIDAD
“Un problema sociopolítico”
“Nos enfrentamos con un poder criminal que en muchos casos excede el alcance de las instituciones del Estado”, dijo la procuradora Gils Carbó al inaugurar el encuentro que reunió afuncionarios judiciales de Iberoamérica. 
La cooperación internacional es una de las claves para luchar contra el narco, coincidieron los fiscales.
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, inauguró la Jornada de Procuradores y Fiscales Generales de Iberoamérica sobre Narcocriminalidad, de la que el Ministerio Público Fiscal argentino es sede. “Nos enfrentamos con un poder criminal que en muchos casos excede el alcance de las instituciones del Estado”, subrayó la procuradora ante 26 representantes de 17 delegaciones de Latinoamérica, España y Portugal. Al cabo de la jornada, los funcionarios coincidieron en un documento que insiste en la necesidad de la “cooperación internacional” para luchar contra el narcotráfico, un “problema mundial sociopolítico de vasto alcance”.
El inicio del encuentro contó además con las intervenciones del presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y fiscal general de Estado de la República Plurinacional de Bolivia, Ramiro José Guerrero Peñaranda, y del presidente pro témpore de la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur y fiscal de Corte y procurador general de Uruguay, Jorge Díaz Almeida.
Durante su discurso de apertura, Gils Carbó puntualizó en la importancia de la cooperación judicial para “contraponer” a las bandas supranacionales “un correlato de internacionalización positivo en materia política, jurídica y de investigación”. “Nos toca afrontar esos desafíos en el marco de nuestras competencias, creando herramientas comunes para enfrentar fenómenos criminales cada vez más globales y sofisticados”, postuló.
En ese sentido, la cooperación internacional fue uno de los puntos de coincidencia entre los participantes del encuentro. “Constituye una herramienta crucial para la investigación y persecución de la delincuencia organizada en general y la narcocriminalidad en particular, y requiere la articulación de todas las agencias estatales con responsabilidad en la lucha contra estos fenómenos delictivos”, plantearon como uno de los 11 puntos de la declaración final que firmaron todos los participantes. Otro apuntó a la “independencia y autonomía” que deben gozar los Ministerios Públicos y Procuraciones “para poder ejercer adecuadamente las funciones que les corresponden”.
MEDIOS Y COMUNICACIÓN
La TV Pública en retirada
Víctor Taricco analiza los cambios que se produjeron en la TV Pública en los últimos meses y las consecuencias que tienen para el derecho a la comunicación y la información de las audiencias.
Por Víctor Taricco *
Seis meses de gestión del gobierno de Cambiemos al frente de la Televisión Pública Argentina ofrecen elementos para delinear algunas características de la nueva política de medios públicos encabezada por el ministro Hernán Lombardi. Nos detendremos en tres datos.
El primero es la eliminación de los columnistas de los noticieros del canal estatal bajo el argumento de que los columnistas son “televisión barata” (entrevista con Néstor Sclauzero en Página/12, 13.04.16). Esta operación no se realizó – como probablemente se haya pensado – sobre “voceros del kirchnerismo”, sino sobre especialistas en temas socialmente relevantes y mayoritariamente ausentes en los servicios de noticias de otros canales. Con la salida de Maxi Martina, Verónica González, – única cronista ciega en pantalla – Mariana Carbajal, Esteban Magnani, Pedro Brieger, Telma Luzzani, Raúl Dellatorre, Emilio Ruchanski y Sergio Snieg perdieron espacio en la televisión argentina los jóvenes, las personas con discapacidad, las mujeres que luchan por la igualdad de derechos, las experiencias nacionales de desarrollo de tecnología, la integración latinoamericana, el análisis crítico de la política y la economía, las denuncias contra la violencia institucional o el impulso a la salud pública, entre otros.
El segundo dato es la cesión a precios de remate de los partidos más importantes del fútbol local, verdaderos tanques televisivos en lo que a audiencias se refiere. De los diez partidos más vistos del actual campeonato, con un promedio de 18,7 puntos de rating, ninguno fue transmitido por la TV Pública: siete fueron emitidos por Canal 13 y tres por Telefé. Para encontrar el partido con más rating transmitido por el canal estatal hay bajar hasta el puesto número 63 con Quilmes-Godoy Cruz y 6,5 puntos de rating (ver información en www.television.com.ar). La consecuencia de esta beneficiosa política para los canales privados es la previsible caída de la venta de publicidad por parte del canal estatal y la necesidad de más aportes del tesoro nacional para sostenerlo.
El tercer dato, en línea con lo señalado sobre el fútbol, es la caída sistemática en los ratings de la Televisión Pública Argentina desde que asumió la gestión del ministro Lombardi. En promedio, el rating para el periodo diciembre 2015-mayo 2016 ha sido de 1,6 al 18 de mayo. Bastante por debajo de los 2,16 puntos del mismo periodo del año anterior (diciembre 2014-mayo 2015) y muy inferior al rating de los seis meses anteriores al cambio de gobierno (junio-noviembre 2015), dónde la TV Pública tuvo un promedio de 2,98 puntos de rating. ¿Qué significa esto? ¿Qué el público rechaza la nueva propuesta artístico-informativa del canal? La respuesta es sí.
Si retomamos sólo los tres datos mencionados, podemos decir que la “comunicación distinta” del gobierno de Cambiemos reduce los márgenes de representación de ciertos sectores de la población que ya no encuentran un espacio de visibilización de sus problemáticas.
También puede decirse que la voz del canal estatal, que no es idéntica a la voz del Estado, pierde potencia financiera al ser marginada en la participación de los productos con mayor rentabilidad económica y televisiva como son los grandes eventos deportivos y que además pierde interés entre las audiencias al desplegar una programación que no encuentra puntos de contacto con las demandas del público.
Al parecer, y en contra de lo que indican “los manuales de buenas prácticas”, las audiencias no consumen televisión eligiendo entre “las mejores opciones” de un mercado de contenidos audiovisuales, sino que buscan espacios donde sentirse representados o interpelados desde ciertas formas (políticas, estéticas y culturales) de entender el acontecer cotidiano.
La indiferenciación evidente entre agendas públicas y privadas está produciendo desplazamientos de públicos y audiencias hacia opciones – hasta hace poco – de menor rating en el sistema de medios como C5N y un crecimiento constante de expresiones autogestionadas en las redes sociales que buscan darle visibilidad a aquellos temas que no logran entrar en los acotados temas que ocupan al periodismo.
Bajarle el volumen al canal estatal trae como consecuencia que el derecho a la comunicación y a la información de las audiencias se lesiona, ya que los debates del espacio público quedan prisioneros de las lógicas informativas de las grandes corporaciones infocomunicacionales.
Cuando el Estado deja de tener un lugar relevante entre los grandes medios de comunicación, en lo que se llama el sistema de medios, la que pierde es la sociedad en su conjunto y no solamente un sector de ella.
* Licenciado en Comunicación UBA.
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