martes 12 de julio de 2016
UNÁNIME RECHAZO OPOSITOR AL TARIFAZO, PERO SIN UN
PLANTEO UNIFICADO
De la suspensión al cacerolazo
En Diputados, el bloque del FpV pedirá una sesión especial para suspender por ley el tarifazo. Massa le escribió una carta a Macri reclamando también la suspensión. Bossio propuso un aumento gradual. El Evita se suma al cacerolazo.
El Frente para la Victoria se presentará además como amicus curiae ante la Corte.
Los tarifazos del Gobierno en los servicios públicos esenciales unificaron el repudio opositor a la política oficial para el aumento del gas, luz y agua, aunque predominaron los matices y la falta de una estrategia común para frenarlos. El bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria (FpV) insistirá en la convocatoria a una sesión especial para suspender los aumentos y se presentará ante la Corte Suprema como amicus curiae cuando el tribunal aborde la decisión de la Cámara Federal de La Plata que anuló la aplicación de las subas del gas en todo el país. "El aumento de las tarifas debe ser asumido como un error serio", sostuvo Sergio Massa en una carta dirigida al presidente Mauricio Macri desde su cuenta de Facebook en la que se pliega al argumento oficial de la "pesada herencia". El Bloque Justicialista de Diego Bossio apeló "a la templanza y buena voluntad del Presidente" para reconocer el error y propone un tarifazo gradual. Margarita Stolbizer del Gen reprodujo en su cuenta de Twitter partes de la carta de Massa a Macri. El Movimiento Evita se pliega al "cacerolazo" convocado por las organizaciones de usuarios y consumidores para este jueves y el Partido Obrero (FIT) marchará hoy a Tribunales "contra el tarifazo" y sus aliados del PTS (FIT) reclaman un paro general.
"Los tarifazos constituyen una medida que agobia a las familias argentinas y pone en riesgo de extinción a las pequeñas y medianas empresas", sostuvo ayer Héctor Recalde al abrir la rueda de prensa en la que se anunció la postura que asumirá la bancada del FpV-PJ sobre este tema. "Es muy difícil que la Corte pueda tomar una decisión mañana (por hoy) en su totalidad", agregó Recalde sobre la reunión del Tribunal al que ofrecerán su punto de vista como amicus curiae.
De todas maneras, el FpV-PJ insistirá en la convocatoria a una sesión especial en busca de frenar por ley los tarifazos. "Es una muy buena posibilidad que el arco político pueda llegar a un proyecto común", propuso el aliado Carlos Heller, Partido Solidario, para intentar unificar las múltiples iniciativas. "No fueron contempladas las situaciones de los distintos sectores de la economía", agregó la diputada entrerriana Carolina Gaillard para explicar lo que motivó la presentación de distintos proyectos de ley para suspender los tarifazos en las universidades nacionales, organismos científicos, clubes de barrio y centros culturales.
Massa, esta vez adoptó las redes sociales para expresar su postura. "El aumento de las tarifas debe ser asumido como un error serio y debe corregirse urgentemente para evitar que siga provocando daños irreversibles en el tejido social y en la actividad económica", dice el texto publicado en Facebook y que el líder renovador, en su rol de "oposición constructiva" dirigió a Macri. "Le enviamos una carta al Presidente para que suspenda el tarifazo y que avancemos en algo razonable, más gradual. Hay que suspender esta locura", había adelantado en otro tono el domingo por TV.
"Los amparos y los fallos judiciales que se reproducen a lo largo y ancho del país, amenazan con judicializar un problema que generó este gobierno y que es netamente político", agrega otro de los párrafos de la carta, en la que Massa igual se pliega al discurso oficial de la herencia recibida con la que el Gobierno justificó el tarifazo.
Stolbizer dio cuenta una vez más de su excelente relación política con Massa y posteó en su cuenta de Twitter frases de la carta del líder del FR. Unos días atrás, Stolbizer también había sido más dura contra el tarifazo: "El aumento fue brutal e ilegal y (Macri) debe dar marcha atrás", difundió en un comunicado.
Casi en los mismos términos del massismo se pronunció el BJ. "Sugerimos desde nuestro rol de oposición responsable y que procura el bien para los argentinos, que se suspendan los efectos de las resoluciones tarifarias, se retrotraigan las escalas y comencemos con el estudio que merece una medida de semejante calibre", dice el comunicado firmado por Bossio y Oscar Romero.
Los diputados del BJ ya habían presentado un proyecto para realizar en forma gradual los aumentos de todos los servicios y según las regiones, que en ningún caso deberían ser superiores a los de la Ciudad de Buenos Aires. "El Estado Nacional tendrá facultades para establecer o quitar subsidios, regionalizar población usuaria, determinar tipos de usuarios según ingresos y demás indicadores sociales, eximir impuestos, entre otras cuestiones", dice uno de los ejes de la iniciativa.
En paralelo, intendentes bonaerenses de los diferentes sectores del peronismo se reunieron ayer al mediodía en el polideportivo municipal "La Torcaza" de Ituzaingó, para analizar la situación generada por el aumento de tarifas de los servicios públicos y consensuar las futuras acciones que se impulsarán desde los municipios para "frenar el tarifazo". Varios de los municipios que participaron en el cónclave ya habían promovido acciones judiciales de amparo para los vecinos de sus localidades (ver página 6).
El Movimiento Evita, que hace poco creó su propio bloque de diputados por fuera del FpV-PJ, en cambio, apuesta al malhumor social por los tarifazos y llamó a respaldar el cacerolazo que convocaron las asociaciones de usuarios y consumidores para este jueves a las 20. "Macri debería retrotraer a cero los tarifazos y (el ministro de Energía, Juan José) Aranguren tiene que renunciar ya", dijo Leonardo Grosso, que preside el bloque de Peronismo para la Victoria al adherir a la convocatoria. "No puede ser que las boletas de los servicios se coman los salarios de las familias laburantes", insistió.
"El Gobierno echa lastre para salvar al conjunto de los tarifazos. El paso atrás del Gobierno en las facturas del bimestre pasado tiene un sólo objetivo: salvar al conjunto de los tarifazos confiscatorios, en medio de la conmoción social causada por estos aumentos", sostuvo el legislador porteño del PO, Marcelo Ramal, que llamó a movilizarse hoy al mediodía a los tribunales de Talcahuano donde sesionará la Corte Suprema para analizar el tema. Una convocatoria que tendrá réplicas en otras ciudades del país y a la que se sumaron otras organizaciones sociales como el Frente Popular Darío Santillán.
INTENDENTES Y LEGISLADORES BONAERENSES DEL PJ EN
UNA REUNIÓN DE UNIDAD
Con la excusa del tarifazo
La suba de tarifas y el problema de la inseguridad fueron los temas convocantes en el encuentro del PJ bonaerense realizado ayer en Ituzaingó. Pedirán al gobierno provincial el traspaso de las policías locales con el correspondiente presupuesto.
Una veintena de intendentes y diez legisladores bonaerenses se congregaron en Ituzaingó.
El escándalo por el aumento exorbitante de las tarifas le dio al peronismo bonaerense la excusa perfecta para retomar el camino de la unidad, tan complicado en los últimos tiempos. Cerca de veinte intendentes y diez legisladores provinciales se reunieron ayer en Ituzaingó para unificar criterios en el reclamo por la inseguridad y el tarifazo, además de respaldar al jefe distrital, Alberto Descalzo, después de los incidentes con violencia policial de la semana pasada en su territorio. Anunciaron que pedirán a la gobernación el traspaso de las policías locales con el presupuesto para su funcionamiento y el aumento de las partidas para seguridad. El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, se reunió luego por ese tema con el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.
"Es un pequeño paso más en el camino de lograr una unidad que nos permita fortalecer nuestros reclamos", aseguró a Página/12 un dirigente justicialista que participó del encuentro en el que intendentes y legisladores peronistas de todas las líneas internas debatieron para unificar criterios. "La inseguridad sigue siendo el tema que más preocupa a los bonaerenses y por eso vamos a insistir con el reclamo para que las policías locales pasen a la órbita de cada municipio", explicó. Fue uno de los temas que se llevó gran parte de la reunión.
Después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires el año pasado en el peronismo afloraron las internas. Sin embargo, en Ituzaingó estuvieron presentes las distintas líneas que componen el arco peronista bonaerense para respaldar a Descalzo que la semana pasada se encontró con una revuelta de vecinos que se enfrentaron a la policía bonaerense. Ya habían empezado a delinear el camino de la unidad con la firma del Pacto de San Antonio de Padua, un documento en el que los intendentes se comprometieron a seguir los lineamiento sociales que pregone el papa Francisco.
"Es necesario que quede claro en el espíritu de la ley que los intendentes nos queremos hacer cargo del tema de seguridad, que no esquivamos el problema", aseguró el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y agregó que "para darle una solución no solamente necesitamos una ley que reglamente el funcionamiento de las policías locales, sino también de los recursos para su funcionamiento". Por su parte, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, destacó que "el problema de la inseguridad no lo puede resolver una sola persona. Por eso nos involucramos y queremos poder decidir sobre el funcionamiento de las policías locales". Insaurralde recordó que "el primer timbre que tocan los vecinos ante un problema de inseguridad es el de los intendentes y hoy nosotros no podemos articular con la Provincia el funcionamiento de la Policía local, no tenemos ingerencia en su funcionamiento, sólo estamos para poner recursos económicos".
La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, explicó que otro de los temas sobre los que se debatió fue el aumento de tarifas. "El tarifazo pegó muy duro en los sectores medios y bajos, que ya venían golpeados por la devaluación y la baja en el poder adquisitivo". Descalzo también apuntó contra el aumento de tarifas decretado por el gobierno macrista, pero advirtió que "aún no está dicha la última palabra", y especuló con que "la Corte va a estar a favor del pueblo y dará marcha atrás con el tarifazo".
El resultado del encuentro debería reflejarse en la Legislatura porque uno de los acuerdos alcanzados es "trabajar en conjunto con los demás bloques políticos de las Cámaras Bonaerenses en consensuar una ley que permita el funcionamiento normal de las policías locales".
OPINIÓN
Nada personal
Por Washington Uranga
Días atrás el periodista Joaquín Morales Solá escribió que el Papa le dijo en una entrevista privada que "Macri me parece una persona bien nacida, una persona noble". Habrá que darle crédito a las palabras del columnista del diario La Nación, a pesar de que él mismo sostiene que no existe otro vocero de Francisco que "la oficina de prensa del Vaticano" y que, por lo tanto, estaría desautorizada toda aquella persona que hable en nombre del Papa o anuncie algo que no ha sido expresado oficialmente por los medios que el Vaticano tiene a tal fin. Por lo visto, Morales Solá entiende que "todos" los que hablan en nombre del Papa tienen que ser desautorizados. Pero él mismo no está incluido dentro de "todos".
Al margen de lo anterior, pocos días después de la publicitada entrevista privada entre el periodista de La Nación y Francisco, el Papa envió un documento - este sí oficial - con motivo de la celebración del bicentenario de la independencia de Argentina para hacer llegar "un cordial saludo" a los obispos, "a las autoridades nacionales y a todo el pueblo argentino".
Significativamente para saludar al pueblo argentino Francisco eligió dirigir la carta al Presidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo José María Arancedo, a quien menciona como "querido hermano" y no al presidente Mauricio Macri, a quien según Morales Solá, Bergoglio considera como una persona "bien nacida" y "noble". No es la primera vez que Francisco manda su salutación al pueblo argentino por motivos patrios y en ocasiones anteriores prefirió hacerlo a través de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando ella estaba en uso de sus funciones presidenciales.
Tampoco hay lugar para las interpretaciones cuando en el texto oficial de la carta al arzobispo Arancedo el papa Francisco, después de recordar que en nuestro país para referirnos a las personas inescrupulosas decimos que "éste es capaz hasta de vender a la madre" sostiene que "a la Madre no se la vende, no se la puede vender… y tampoco a la Madre Patria". Para no aventurar interpretaciones se podría usar también otro proverbio popular argentino: "a quien le quepa el poncho que se lo ponga".
Sin embargo, podríamos coincidir con el editorialista de La Nación que suele anticipar el discurso del que luego se hará eco el oficialismo: no hay nada personal entre Macri y el Papa. Si existe una diferencia entre ambos no es de tipo personal. Desde que asumió la máxima responsabilidad de la Iglesia Católica, Francisco viene enarbolando principios y banderas en favor de los pobres y excluidos expresadas en sus documentos y declaraciones oficiales que son contradictorias con la forma de pensar y con las decisiones de gestión adoptadas por Macri y la Alianza Cambiemos en la Argentina. Porque el Papa habla de los pobres y los excluidos y Macri y los suyos toman determinaciones que van en contra de los pobres y de los excluidos. Porque el Papa sostiene que "la Patria no se vende" y el gobierno de Cambiemos opta por pedir disculpas a los extranjeros que se beneficiaron con la venta de la patria o agasaja a quienes atropellaron los derechos de los argentinos.
Es verdad. Entre Francisco y Macri, no hay nada personal. Sí existen diferencias respecto de a quienes hay que atender prioritariamente, de quienes ocuparse y a quienes beneficiar. Y, sin trasladar estas diferencias al plano personal, el Papa insiste en seguir marcando la distancia que existe entre su concepción religioso-política del mundo y de la historia y aquella que sostienen los actuales gobernantes de la Argentina.
MALHUMOR CRECIENTE CON EL GOBIERNO DE MACRI EN
LAS FILAS DE SU PRINCIPAL ALIADO EN CAMBIEMOS
Radicales al borde de un ataque
Más cerca de las definiciones electorales para 2017, los radicales perciben que el Gobierno privilegia la relación con el peronista dialoguista antes que con ellos. Y cada vez muestran mayores diferencias con algunas políticas oficiales.
Los radicales están incómodos con el papel que les toca jugar en el gobierno de Cambiemos.
Por Sebastian Abrevaya
Aunque para algunos parece que fue ayer el triunfo presidencial de Mauricio Macri, el oficialismo ya está empezando a trabajar en su estrategia de cara a las legislativas de 2017. En la Casa Rosada saben que allí se jugará buena parte de su suerte para la segunda mitad del mandato, e incluso, las chances de pelear un segundo período en 2019. Pero a medida que se va acercando la fecha, los roces entre la UCR y el PRO se van profundizando. Lo que hasta ahora eran críticas internas de algunos dirigentes radicales, la semana pasada tomó por primera vez estado público y se convirtió en un asunto institucional. El presidente del Comité Nacional, José Corral, recogió los reclamos de sus correligionarios y en medio de la cumbre radical de Tucumán le advirtió al macrismo que no aceptarán que defina de manera unilateral la realización de acuerdos electorales con gobernadores del PJ o la incorporación de dirigentes a la alianza Cambiemos. Esas diferencias se notaron en los últimos días con las críticas que hicieron algunos radicales respecto a los festejos del Bicentenario y al aumento de tarifas.
La alerta radical se había encendido hace dos semanas, tras las declaraciones del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en Córdoba. El hombre encargado de las negociaciones con los gobernadores dejó la puerta abierta para un acuerdo con el peronismo no kirchnerista. "Todos debemos ser muy generosos y amplios en la conformación de la base de sustentación política que apoye esta transformación de la Argentina", dijo Frigerio, tras encontrarse con Juan Schiaretti.
Las recorridas de Mauricio Macri por las distintas provincias, ya sea llevando sus reuniones de gabinete o en visitas oficiales, son el mejor ejemplo del malestar radical. En cada caso, Macri se saca la foto con el gobernador local, le agradece su compromiso con la gobernabilidad, comparte un acto donde se anuncian obras y se olvida de la dirigencia de la UCR, que en la mayoría de los casos viene luchando hace años para tratar de derrotar al PJ. Ese esquema se repite con Juan Manuel Urtubey en Salta, Domingo Peppo en Chaco, Mario Das Neves en Chubut, Sergio Uñac en San Juan, Sergio Casas en La Rioja, Lucía Corpacci en Catamarca, Juan Manzur en Tucumán, Rosana Bertone en Tierra del Fuego y Gerardo Zamora en Santiago del Estero (un radical K enfrentado a la UCR nacional), entre otros. Macri y Frigerio mantienen una buena relación con ellos producto de las necesidades para alcanzar los votos necesarios en el Congreso para aprobar las iniciativas del Ejecutivo.
El caso cordobés es paradigmático, Schiaretti compartió el viaje a Berlín del presidente con el objetivo de conseguir inversiones para su provincia. Lo mismo hizo el misionero Hugo Passalaqua, cuyo bloque de diputados se alejó recientemente del FpV. En todos esos distritos la UCR es la principal fuerza opositora. "Nosotros valoramos y somos defensores del diálogo institucional con gobernadores y intendentes. Pero eso no debe confundirse con el armado de un frente político electoral que sostenga al Gobierno. Habrá que conversar cómo ampliamos la base electoral pero lo que no puede pasar es que sea una decisión unilateral", le aseguró a Página/12 uno de los hombres más importantes de la UCR. Para ejemplificar su postura, los radicales citan el caso tucumano. Allí el titular del Plan Belgrano, José Cano, llevó de compañero de fórmula a un peronista, Domingo Amaya, pero mantiene un enfrentamiento histórico con el gobernador Juan Manzur y su antecesor José Alperovich. "Manzur es nuestro límite", sostienen en el Comité Nacional.
La colisión de intereses es clara: la UCR apuesta a encabezar las listas en varios distritos para posicionar a sus hombres cuando se de la pelea por la gobernación. En cambio, surgido como fenómeno típicamente metropolitano, el PRO no tiene un desarrollo territorial propio en la mayoría de esos distritos y, de tenerlo, no tiene compromisos fuertes con aquellos dirigentes. En Córdoba, tanto el ministro Oscar Aguad como Ramón Mestre quieren pelear la gobernación. En La Rioja, Formosa y Chubut, el ministro de Defensa, Julio Martínez, el de Agricultura, Ricardo Buryaile, y el secretario Mario Cimadevilla, respectivamente, tienen aspiraciones a desbancar al peronismo en 2019.
"Entendemos el argumento de hacer acuerdos para sostener la gobernabilidad, pero no podemos ser ingenuos. El peronismo en cuánto vea la oportunidad va a cambiar de posición. Y no tiene problema en hacerlo ahora mismo. ¿Acaso Das Neves no presentó un amparo contra el tarifazo?", advierte un estratega radical y remata: "nosotros estamos haciendo duranbarbismo", en referencia la postura del consultor ecuatoriano, Jaime Durán Barba, quien aconsejó en 2015 no hacer acuerdos con el PJ ni el massismo.
El ala más política del PRO, en cambio, teme que una derrota en los distritos gobernados por el peronismo sea leída como una desaprobación a la gestión nacional, debilitándolo en la segunda mitad del mandato. En la cabeza tienen un esquema similar al que hizo el macrismo en 2013 en la provincia de Buenos Aires, cuando realizó un acuerdo con Sergio Massa que les permitió colocar a tres diputados suyos en la lista del Frente Renovador y ahorrarse el costo político de una derrota a manos de las distintas variantes del peronismo.
La gestión
Además de la cuestión electoral, los radicales también están preocupados por el rumbo del gobierno. Más allá de que la mayoría adhiere en público al discurso sobre la "pesada herencia" y el "sinceramiento de la economía", puertas adentro hay preocupación por el impacto social y la demora de las señales de recuperación. "Somos muchos los que estamos preocupados por los resultados de la gestión", aseguró el diputado Miguel Bazze, mano derecha de Ricardo Alfonsín, quien en las últimas horas también salió a criticar la participación de Aldo Rico en las celebraciones oficiales del Bicentenario (ver página 8). Pero el caso más notable son los aumentos de tarifas, que golpean tanto a los hogares de sectores bajos y medios como a la pequeña y mediana empresa. "Compartimos que hay que poner equidad en el tema del gas. Estaba clarísimo que el cuadro tarifario anterior beneficiaba a los que ya están conectados a la red contra los que compran la garrafa, además de mantener una inequidad territorial y un atraso para la inversión en el sector. Pero sin sustentabilidad política y jurídica, la medida termina siendo ineficaz y el ahorro y la equidad no se consiguen", señaló Corral.
Las falencias en esos temas, señalan los radicales más duros, tienen que ver con la falta de consulta y de interlocutores de peso en el Ejecutivo. Los dardos apuntan especialmente al ex senador Ernesto Sanz, que participa habitualmente en las reuniones de la mesa chica del Gobierno. "Si Sanz participa de las reuniones, no lo hace en nombre de la Unión Civica Radical. No ha logrado garantizar que el radicalismo tenga la posibilidad de hacer llegar su opinión sobre los distintos temas", dispara un operador radical todo terreno. Esas críticas se remontan al 10 de diciembre, cuando Macri armó el gabinete. Le achacan a Sanz haber colocado a 150 hombres cercanos a él, sin abrir el juego a otros espacios del partido. Esa es la módica cifra que manejan el radicalismo, sobre un total de 5000 cargos. Es decir, apenas el 3 por ciento.
CRISTINA KIRCHNER AMPLIÓ SU DENUNCIA CONTRA
STOLBIZER, SU ABOGADA Y EL JUEZ BONADÍO
"Distorsionan información robada"
La ex presidenta los acusa de falsa denuncia, estafa procesal y tráfico de información. CFK pide que se solicite informe a los bancos para demostrar que todas sus operaciones están documentadas. La denuncia le tocó a Servini de Cubría.
Cristina Kirchner denunció que buscan profundizar una "campaña de persecución y desprestigio".
Por Irina Hauser
Cristina Fernández de Kirchner amplió su denuncia contra Margarita Stolbizer, su abogada Silvina Martínez y el juez Claudio Bonadío, a quienes acusa de tráfico ilícito de información, falsa denuncia, estafa procesal y tentativa de privación ilegítima de la libertad. Le pidió a la jueza María Servini de Cubría –a quien le tocó, finalmente, la investigación judicial– que solicite informes al Banco Central, al Nación y al Banco Galicia, porque quiere demostrar, dijo, contra lo que denunció Stolbizer, que las operaciones que hizo están documentadas, y declarado su dinero, sus cajas y sus cuentas. La ex presidenta sostiene que la diputada de GEN utilizó información obtenida en un allanamiento a las oficinas de su contador ordenado por el juez Bonadio, en el expediente conocido como "Los Sauces", pero que "distorsionó dolosamente la información robada para hacer aparecer el doble de dinero en efectivo que había sido declarado". Mientras tanto, la Cámara Federal discute si apartará a Bonadío de esa causa, y la une con la que es conocida como Hotesur.
La denuncia de Stolbizer decía: "Estamos hablando aproximadamente de 5 millones de dólares en cajas de seguridad, los cuales nunca fueron declarados (ni los dólares ni las cajas de seguridad) ni por la ex presidenta en su última declaración jurada ni por su hijo Máximo Kirchner", diputado. "Se trata" – precisaba – "de una caja de seguridad con 2.250.000 dólares y otra con 2.214.000." Añadía que Florencia Kirchner tiene una cuenta por algo más de un millón de dólares también. Por último, informaba que CFK tenía una caja de seguridad a su nombre con 65.995.660 pesos. La semana pasada se realizó un procedimiento en el Banco Santa Cruz y, según trascendió en un primer momento en cables de agencias y portales de noticias, se habían hallado diez cajas de seguridad a nombre de la ex presidenta que el juzgado había procedido a "fajar". Luego se supo que era todo falso y que no habían encontrado ninguna caja de seguridad a nombre de CFK ni de sus hijos.
Por otro lado, en el escrito presentado ante Servini, Cristina Kirchner explica que este año cambió esos pesos por dólares, como declaró la semana pasada ante el fiscal Gerardo Pollicita. Y que esos cinco millones de dólares que mencionaba no eran otra cosa que los 65 millones de pesos. Para Stolbizer eran "extraños movimientos bancarios".
El abogado de CFK, Carlos Beraldi, hizo la presentación también en el juzgado de Julián Ercolini, que fue donde Stolbizer la denunció por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y omisiones maliciosas en las declaraciones juradas, en el contexto de la investigación conocida como Hotesur, una sociedad de la familia Kirchner dedicada a operaciones con alquileres. Esa causa fue, en un inicio, una denuncia por irregularidades en un trámite ante la Inspección General de Justicia pero se convirtió en una pesquisa sobre el patrimonio de los Kirchner. En un comienzo la tuvo Bonadío, pero la Cámara Federal lo apartó por pedir un peritaje a espaldas de CFK. Pero se las ingenió para abrir otra causa, Los Sauces, otra sociedad que alquila inmuebles. Beraldi se quejó de que Bonaíio mandó a repetir allanamientos que ya se habían hecho en Hotesur. Entre ellos el de las oficinas del contador Víctor Manzanares, en Río Gallegos, donde se secuestró documentación dos semanas atrás.
De allí, explican los escritos presentados ayer, surgió la información sobre el dinero en efectivo de la ex mandataria. Eran datos volcados en unas planillas del contador y se trataba de información reservada. Por eso, según la denuncia de CFK, se trata de "tráfico ilegítimo de información". Pidió el análisis de comunicaciones "cibernéticas y telefónicas" entre Stolbizer, su abogada Martínez y el juez. La denuncia es falsa, señaló, porque es trucho el contenido: según ella todo su patrimonio fue declarado oportunamente, todos los movimientos del dinero en cuestión se hicieron a través del circuito legal y no puede haber una omisión maliciosa de operaciones cambiarias que hizo este año, ya después de haber prestado su declaración jurada correspondiente al final del mandato. Así, señala, con un planteo falso "para profundizar la campaña de persecución y desprestigio" también se apunta a privarla de su libertad.
Beraldi entregó ocho cajas con documentación y en uno de los escritos recordó que el expediente Los Sauces, que se generó también con una denuncia de Stolbizer, fue el artilugio que habría encontrado Bonadio para "reeditar el objeto procesal que se investiga en la causa Hotesur", de la cual había sido apartado por irregularidades. La semana pasada la Sala I de la Cámara Federal hizo la audiencia de rigor para escuchar las posiciones, y debe decidir si – como pide la ex presidenta – le saca esa causa a Bonadío y la unifica con la que tramita Ercolini. En esa sala hay un cargo vacante, ya que Eduardo Farah abandonó la subrogancia, pero sería convocado igual porque Eduardo Freiler y Jorge Ballestero tendrían posturas encontradas.
EN LA RIOJA COINCIDIERON DOS JORNADAS SOBRE
EL SISTEMA JUDICIAL Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Lecciones de la Justicia que lucha contra el machismo
Fiscales, operadores judiciales, académicos y ONG de derechos humanos compartieron buenas prácticas y desafíos a la hora de asistir a las víctimas de la violencia machista. La fiscal decana madrileña especializada en la temática dio una clase magistral.
Durante las Jornadas también hubo anuncios sobre nuevas medidas judiciales para proteger a las víctimas.
Por Mariana Carbajal
La fiscal decana de Violencia contra la Mujer de Madrid, Ana María Galdeano Santamaría, dio una clase magistral sobre cómo la Justicia debe escuchar – y entender – a las víctimas de los maltratos perpetrados por su pareja o ex pareja y destacó que es "fundamental" que jueces y fiscales se formen y capaciten en la temática e incorporen la perspectiva de género para garantizar la protección de las mujeres que denuncian. "Queremos que se acerquen y cuando se acercan, no les creemos", alertó. La especialista española fue una de las expositoras extranjeras de las V Jornadas Internacionales de Violencia de género y delitos conexos, organizadas por el Ministerio Público Fiscal de La Rioja en la capital provincial, a la que concurrieron más de cuatrocientos operadores de la justicia de todo el país, los procuradores generales de 15 provincias etre ellos. "El impacto psíquico de la violencia produce alteraciones psicológicas que dificultan el recuerdo y el relato de lo ocurrido. Muchas veces los jueces y fiscales lo interpretan como falta de verdad sobre los hechos o que se trata de una denuncia falsa. Hay que entender, que a medida que la mujer lo perdona – y esto sucede – el agresor, que es su pareja, se va envalentonando, total, piensa, sus hechos quedarán impunes. Es imprescindible que los operadores de la Justicia conozcan el carácter cambiante de la víctima a lo largo del proceso", advirtió Galdeano.
Las jornadas, que se desarrollaron a lo largo de tres días en el auditorio de la Universidad Nacional de La Rioja, contaron con expositoras del país y del exterior, del ámbito jurídico, académico y de organizaciones de derechos humanos, que compartieron buenas prácticas, desafíos y problemáticas a la hora de asistir a víctimas de violencia machista desde el sistema judicial. Durante el encuentro, que coincidió con el V Encuentro de Fiscales de Género, la subsecretaria de Acceso a Justicia de la Nación, María Fernanda Rodríguez, se refirió al proceso de implementación de la ley de patrocinio jurídico gratuito a las víctimas y anunció que están estudiando la unificación del fuero penal y civil en casos de violencia de género y la puesta en marcha de un plan piloto para implementar el uso de pulseras electrónicas para monitorear que los varones denunciados cumplan con las restricciones de acercamiento y otras medidas cautelares (ver aparte).
Galdeano trabaja en la Fiscalía Provincial de Madrid. Durante su ponencia explicó los alcances de la ley de violencia contra las mujeres, que rige en su país hace 12 años. A diferencia de cómo está estructurado el abordaje judicial en la Argentina, en España los juzgados están especializados en Violencia sobre la Mujer en el ámbito intrafamiliar, es decir, el mismo magistrado y fiscal abordan cuestiones que en Argentina están diseminadas en el fuero de Familia y Penal, y generalmente sin conexidad entre causas. "Siempre tiene que instruir el mismo fiscal y el mismo juez cada caso, para que tenga el conocimiento del paso por el sistema judicial de esa pareja y de esa víctima. Es importantísimo conocer todo el contexto familiar desde el primer momento", señaló. La fiscal española indicó que "los maltratos psicológicos son castigados" con hasta 3 años de prisión. Y contó que la ley partió del concepto de "tolerancia cero" a la violencia machista: "un simple empujón, una bofetada, una coacción, que en otros contextos tendría la consideración de una falta, en el caso de la violencia de género se aplica una pena mayor, genera antecedentes penales y tiene una prescripción más larga en el tiempo y siempre está previsto imponer una pena de no acercamiento e imposibilidad de comunicación por un año más que la pena privativa de libertad", describió.
¿Por qué se decidió que existan jueces y fiscales especializados? Porque la víctima tiene características particulares que la hacen diferente a cualquier otra víctima de cualquier otro delito, explicó Galdeano. Y detalló esas características: "La víctima no quiere denunciar, minimiza la violencia tras la denuncia, los golpes leves los normaliza, no habla de hombre agresor sino de impulsivo, se siente culpable. Salta de un dato a otro en el relato de la violencia, tiene dificultad para fijar recuerdos, fechas, lugares. Queremos que se acerquen y cuando se acercan, no les creemos", enfatizó.
Galdeano también explicó que es muy difícil que una mujer víctima de violencia de género en una relación de pareja "quiera contar inmediatamente lo que le ha pasado, a diferencia de quien sufre el robo de un auto o de una cartera". Además, agregó, "las posibilidades de que el agresor cometa el mismo delito son del 100 por ciento", a diferencia de lo que ocurre con otros delitos. Y a la mujer, al mismo tiempo, "cada vez le resulta más difícil salir" de esa relación violenta.
La fiscal decana explicó que la ley española prevé que cuando la mujer solicita una orden de no acercamiento, va a tener un Estatuto de Mujer Maltratada, que implica una serie de derechos: una casa de acogida, el traslado de jurisdicción si es empleada pública, y el estatuto de residencia temporal, si es extranjera. A partir de la denuncia, dijo, al agresor se lo obliga a pagar una pensión por alimentos a los hijos.
Durante su exposición, Galdeano señaló la importancia de incorporar la perspectiva de género en la Justicia con el objetivo de "acercar a las víctimas vulnerables al sistema judicial, brindarle protección desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso; asesorarla y empoderarla para que gane confianza; evitar la revictimización de ella y de sus hijos; y garantizar tolerancia cero a la violencia de género, para evitar la impunidad de las conductas del agresor". Para eso, agregó, es fundamental "la formación y capacitación de los operadores de la Justicia".
LA ESPECIALIZACIÓN DE JUECES Y FISCALES COMO CLAVE
Los aprendizajes judiciales españoles
La fiscal madrileña Ana María Galdeano Santamaría.
Por Mariana Carbajal
En España, si el hombre violento con su pareja o ex pareja no cumple con una orden de no acercamiento se considera que cometió el delito de "quebrantamiento" y el juez puede dictarle como castigo la prisión preventiva, explicó la decana fiscal de Violencia contra la Mujer de Madrid, Ana Galdeano Santamaría. La medida puede sobrevenir aun cuando haya sido la mujer quien propició el acercamiento. La letrada precisó que, casi en un 70 o 75 por ciento de los casos en que ocurre ese incumplimiento, se aplica prisión "temporaria" hasta que termine el proceso judicial. La fiscal decana contó que, paradójicamente, a los jueces españoles les resulta más fácil aplicar la cárcel por "quebrantamiento", que por los hechos de violencia machista en sí mismo, porque cuando no se cumple una restricción perimetral "ven vulnerada su propia autoridad". En 2015, indicó, en España se produjeron entre 54 y 59 femicidios a manos de la pareja o ex pareja de la víctima. La española aclaró que a lo largo de los últimos años esa cifra osciló entre 50 y 90 casos anuales. "Nunca hemos llegado a 100". En Argentina, los registros de La Casa del Encuentro y de la Corte Suprema contabilizan además otros femicidios, por ejemplo, ejecutados por desconocidos o familiares que no son esposo o ex novio. Aquellos perpetrados por pareja o ex pareja son alrededor del 60 por ciento del total. "La ley no resulta suficiente. Las muertes se siguen produciendo. No es solo un problema criminal", destacó Galdeano.
– ¿Qué porcentaje de condenas hay en los procesos que se inician por violencia contra la mujer? – ue una de las preguntas del público.
– En Madrid capital, cuando yo asumí seis años atrás, el porcentaje de sentencias absolutorias era del 75 por ciento en caso de delitos menores. Actualmente, tenemos un 52 por ciento de condenas. Y aunque parezca poco, para mí es un gran logro. Y lo hemos conseguido con la especialización de jueces y fiscales. Igual, sigo leyendo sentencias donde se absuelve al hombre violento porque no se le da credibilidad a la mujer porque denunció un hecho que sucedió hace un mes.
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