domingo 10 de julio de 2016
LOS INDICADORES ECONÓMICOS QUE SON MAQUILLADOS
POR EL GOBIERNO PARA OCULTAR EL ACELERADO
DETERIORO SOCIAL, ECONÓMICO Y LABORAL
Para construir la revolución de la alegría
Además de una crisis autoinfligida, a partir de instrumentar una serie de medidas regresivas y de culpar por sus efectos negativos a la "pesada herencia", el Gobierno está manipulando estadísticas económicas con el deseo de influir sobre las expectativas sociales.
Los números del déficit fiscal no son los que dice el Ministerio de Finanzas y Des-hacienda. La información revisada del PIB presentada por el Indec muestra inconsistencias, después de un inédito apagón estadístico de casi seis meses. El Ministerio de Trabajo maquilla el tradicional informe de empleo registrado para ocultar la ola de despidos. El gobierno difunde un listado de inversiones extranjeras que ya habían sido anunciadas en la anterior administración. La Anses infla la cantidad de jubilados que recibirán un haber más elevado a partir de la ley recientemente aprobada. El nuevo IPC–Indec ahora restringido a la Capital y GBA tiene diferencias con el IPC–CABA pese a compartir casi la misma área de cobertura. El Banco Central tiene muchas menos reservas disponibles que las difundidas en los partes diarios. Además la actual conducción de la entidad monetaria inventó la existencia de una "inflación núcleo" en la economía argentina, burda copia del esquema analítico de la Reserva Federal para la economía estadounidense. La AFIP discontinuó la tradición de informar el resultado de la recaudación impositiva el primer día hábil de cada mes, demorando esa responsabilidad en momentos que se está derrumbando los ingresos fiscales en términos reales.
La distorsión, manipulación y falseamiento de estadísticas acerca de la evolución de variables claves para la interpretación de tendencias de la economía es una parte central de la estrategia oficial para influir en las expectativas sociales. Acompañado con el discurso de la "pesada herencia recibida" van justificando la irrupción de una crisis auto provocada por medidas regresivas que derivaron en una millonaria transferencia de ingresos hacia sectores concentrados. De ese modo han construido en pocos meses el relato M mientras fueron desplegando el combo recesivo de megadevaluación, shock inflacionario, apertura importadora, tarifazo, despidos y reducción del salario real.
Información
El gobierno de Mauricio Macri no ha mejorado la calidad de la información pública de las principales variables económicas afectada básicamente por el anterior gobierno, sino que la ha empeorado aún más. La mayoría de las consultoras de la city sin embargo avala las cifras oficiales pese a sus evidentes deficiencias. Incluso algunas, como la de Miguel Bein en repentina fe macrista, han adelantando que discontinuarán la publicación de sus índices de precios. El Fondo Monetario Internacional también las celebra. Durante años ha censurado las estadísticas argentinas en sus devaluados informes semestrales de pronósticos y ahora elogia los cambios en el Indec cuando en gran parte del primer semestre hubo un inédito apagón estadístico. Muchos de los analistas que antes se indignaban con fundamentos por las estadísticas públicas hoy no expresan ningún cuestionamiento cuando son evidentes similares manipulaciones en las cifras.
Esta complicidad con los números del macrismo de economistas del establishment, de organismos multilaterales vinculados al mundo de las finanzas y divulgadores de los postulados del neoliberalismo expresa un aspecto que el mundo tecnocrático resiste: las estadísticas públicas, además de ser una herramienta técnica que permite obtener información para orientar hacia una mejor administración, tienen también carácter político. Existen necesarias observaciones críticas acerca de metodologías de elaboración de índices y la forma de capturar la información. Pero la puja alrededor de las estadísticas expresa a la vez una indisimulable disputa política acerca de la construcción del sentido sobre la interpretación de los fenómenos económicos.
Quien mejor lo expresó fue el Moreno del macrismo, el poli rubro Javier González Fraga que empezó a boxear las estadísticas de pobreza del primer semestre. Evaluó cuán pobre son los pobres además de relativizar el aumento de la cantidad de pobres en esos meses de tarifazo, despidos y shock inflacionario. Incremento informado por el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica, fuente que hasta el 9 de diciembre pasado era utilizado por quienes hoy son oficialistas para sentenciar cuál era la "verdad" acerca de la cuestión social.
Dibujos
El Indec informó que el Producto Interno Bruto del primer trimestre de este año avanzó 0,5 por ciento interanual. Varios especialistas evaluaron como poco creíble ese signo positivo cuando casi todas las variables más relevantes registraron caídas en ese período. El economista Mariano Kestelboim cuestiona esa cifra por inconsistente a partir de la propia información oficial. El Indec calculó que el consumo creció 1,1 por ciento en los primeros tres meses del año respecto a igual período de 2015, y que el gasto público lo hizo en 2,7 por ciento. Kestelboim señala que todos lo indicadores privados y públicos de consumo dan caída, y respecto al gasto público indica que fue el propio gobierno que lo frenó con la excusa de revisar las cuentas (hubo una fuerte sub ejecutación presupuestaria). En relación al consumo privado, el poder adquisitivo se derrumbó por la megadevaluación que provocó un shock inflacionario lo que hace imposible su expansión en esos meses. El sociólogo Artemio López rescató el informe de CAME que revela que las ventas en cantidades cayeron 2,3 por ciento en enero, 4,5 en febrero y 5,8 en marzo. La construcción se derrumbó, la facturación en supermercados y shopping subió menos que la inflación. Otro dato que brinda Kestelboim es que la recaudación del IVA interno aumentó 23,5 por ciento mientras que la inflación fue de 35 por ciento, lo que refleja una caída del consumo o un incremento de la evasión, o una combinación de ambas. Pero en ningún caso hubo un aumento del consumo como el reflejado en el PIB del Indec de Macri.
La Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires publicó la evolución del indicador trimestral de la actividad económica, con una caída del 1,1 por ciento. Variación negativa de la producción de bienes y servicios en uno de los principales distritos económicos del país, que abona la sospecha sobre las cifras del PIB del Indec. Existen a la vez discrepancias entre el índice de precios CABA y el nuevo del Indec–Todesca, con una suba mayor en el primero.
También se presentó la revisión de la serie del PIB de los años del kirchnerismo, sobre el que existían pequeñas discrepancias en las cifras, pero ninguna tan pronunciada como en la del 2009. El Indec fue más lejos que cualquier estimación privada (retroceso del 2 al 3 por ciento) y calculó una caída del 6 por ciento. Para alcanzar esa cifra, el director técnico del Indec, Fernando Cerro, explicó que se sacaron los subsidios a los servicios públicos del cálculo y se incluyó el impuesto al cheque, además que se utilizaron índices alternativos de "algunos insumos estadísticos". De ese modo construyeron una serie con criterio político para mostrar que no hubo tanto crecimiento económico en el ciclo kirchnerista. Inmediatamente salieron analistas oportunistas a calcular que así el anterior gobierno pagó más deuda por el cupón PIB, avalando de ese modo el dibujo del Indec. Otra prueba que las estadísticas pasaron a ser utilizadas como herramienta de disputa política, y que su calidad en realidad no es un motivo genuino de inquietud para muchos que participan de ese debate.
El manoseo de los números del PIB no pudo salvar a uno de los postulados del marketing político oficial. Las cifras retocadas del Indec desmienten al ministro Prat Gay y al propio presidente Mauricio Macri, quienes siguen afirmando que la economía no creció en 2015. El avance fue de 2,4 por ciento según el Indec–Todesca.
En la columna publicada aquí hace tres domingos se reveló que el déficit fiscal verdadero de 2015 fue 1,9 por ciento, de acuerdo a las planillas oficiales del Ministerio de Finanzas, y no el 2,3, el 5,8 o el 7,1 por ciento que Prat Gay fue dibujando para justificar el descalabro fiscal autoinfligido derivado de millonarias transferencias de ingresos a sectores concentrados de la economía.
Página/12 informó en base a un relevamiento caso por caso realizado por el periodista Federico Kucher que el 62 por ciento de los anuncios de inversión extranjera que presentó el gobierno de Macri como novedad, en realidad son proyectos decididos y comunicados durante la anterior administración. El monto de las nuevas inversiones además es menor que el anunciado en igual período en 2014. La Agencia Argentina de Desarrollo de Inversiones, organismo que depende de Cancillería y el Ministerio de Producción, promocionó el desembolso de capitales de empresas extranjeras en el país. Elaboró una lista con 40 firmas multinacionales que le aseguraron a Mauricio Macri nuevas inversiones Lo cierto es que los anuncios de inversión por 15.351 millones de dólares entre el 10 de diciembre pasado y finales de mayo, 9572 millones de dólares ya habían sido informados antes de noviembre de 2015.
El Centro de Economía Política Argentina advirtió que el Ministerio de Trabajo ha modificado la forma de calcular el empleo que se obtiene del Sistema Integrado y Previsional Argentino (SIPA), una de las estadísticas más confiables dado que permite evaluar la evolución del universo de trabajadores registrados y sus remuneraciones. Esa modificación impacta de lleno en los cálculos sobre empleo y desempleo, dado que el nuevo cálculo oficial por persona arroja un número menor de destrucción de empleo que la anterior estimación realizada en base a la cantidad de puestos de trabajo registrados: una persona puede tener más de un puesto de trabajo, o en otros términos, la destrucción de un puesto de trabajo puede no significar necesariamente que esa persona quede desocupada. El objetivo oficial es subestimar y negar la destrucción de empleo desde diciembre pasado cuando comenzó la ola de despidos en el sector público, abriendo esa puerta al privado.
El Banco Central recreó para la economía argentina el concepto de "inflación núcleo" para mostrar una tendencia descendente en los precios. En Estados Unidos se utiliza el "core inflation" excluyendo del cálculo los precios de la energía y alimentos por su elevada volatilidad de corto plazo. Para una economía que arrastra varios años con tasas de inflación de dos dígitos pretender imitar el marco conceptual de la inflación estadounidense es solamente una estrategia de distracción sobre un indomable proceso inflacionario. Además durante un semestre no hubo datos oficiales de inflación. El Banco Central también registra un monto total de reservas inflado por deudas que, como detalló el periodista Raúl Dellatorre el domingo pasado en este diario, deja como "caja operativa" para intervenir en el mercado apenas 3100 millones de dólares, el 10 por ciento de las reservas informadas oficialmente.
El relato macrista, respaldado por su aceitada máquina de marketing político-electoral, acerca de la marcha de la economía está boxeando de esa manera contra el acelerado deterioro social y laboral. De todos modos este retroceso de la calidad de vida de las mayorías es una tarea difícil de disimular pese al despliegue de diferentes maquillajes de indicadores económicos.
OPINIÓN
Repartos para la elite
El affaire dólar futuro es una muestra de la esencia del régimen macrista. Por múltiples razones. La primera es la transmutación de significantes judiciales y económicos, la segunda, la corrupción estructural. Aquí se avanzará en las dos interpretaciones, pero existe un hecho de materialidad absoluta: por la operatoria de dólar futuro el Banco Central debió realizar pagos por casi 54.000 millones de pesos, unos 3600 millones de dólares a la cotización presente de la divisa. La causa no fue la operatoria en sí, sino la devaluación del 40 por ciento. Este dinero fue cobrado, repartido, en su totalidad por lo más granado de la elite económica local integrada, entre otros, por los principales bancos, los principales consultores, capitalistas varios y, en particular, firmas vinculadas a los principales funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. En cambio, no cobraron un centavo los funcionarios del anterior gobierno, como la ex Presidenta, el ex ministro de Economía y el ex presidente del Banco Central. Los tres, junto a otra docena de ex funcionarios, fueron procesados en una causa judicial iniciada por denuncia del actual ministro de Economía cuando aun estaba en el llano, es decir; por uno de quienes decidieron la devaluación que habilitó los pagos multimillonarios.
Esta es la primera transmutación, la de un Poder Judicial que avanza sin venda y sin balanza, conducido por jueces agasajados por la Embajada estadounidense, y que hace caso omiso de quienes efectivamente aumentaron sus riquezas, a la vez que juzga a quienes tomaron decisiones de política económica en contextos muy diferentes al actual. La segunda transmutación, la de los significados económicos, es el segundo hecho material. La operatoria de futuros no fue un invento del anterior gobierno. No se trató de una estrategia ad hoc, sino de un mecanismo preexistente utilizado en los mercados de capitales para influir sobre las expectativas de devaluación. Los valores de referencia marcados desde la autoridad monetaria estuvieron en línea con la continuidad que se preveía para la política económica. Si el gobierno entrante modificó completamente las reglas del juego cambiario, también debió prever una solución para los pasivos contingentes involucrados en estos contratos. Lo insólito, en todo caso, es que se juzguen decisiones de política económica, situación vinculada en el presente con la corrupción estructural.
Dos elementos articulan el discurso de legitimación del nuevo régimen económico. El primero es la creación de expectativas económicas falsas, con una bienaventuranza que se aleja siempre en el tiempo (ver contratapa del suplemento Cash). El segundo es la corrupción. La primera dimensión necesita de la hegemonía mediática. Es la promesa constante del discurso económico de funcionarios y consultoras de la city por un futuro mejor tras el ajuste sacrificial de los salarios. Resulta un éxito comunicacional que tras apenas 12 años la mayoría de la población haya vuelto a creer en este artificio, aunque juegan a favor las raíces judeocristianas en línea con el Max Weber de la Ética protestante. El fenómeno no es tema de economistas. El segundo elemento, el énfasis en la corrupción, no sólo sirve para deslegitimar la política en favor del mercado, sino que persigue neutralizar a la oposición.
En este escenario discursivo, los multimillonarios pagos por la operatoria de dólar futuro, junto a cuestiones como a las derivadas de los Panamá papers ponen de relieve la existencia de dos tipos de corrupción, la del funcionario venal self made man que acumula vueltos en formato físico durante años, y la de la elite económica que se beneficia sistemáticamente de las decisiones de política. La primera, con cénit en los bolsos voladores, sería la única merecedora de repudio. La segunda, en cambio, sería tolerable en tanto dato endógeno del sistema. La indulgencia con la que los medios de comunicación trataron el descubrimiento de las empresas y cuentas ocultas en el exterior del hijo de Franco Macri resulta proverbial. Aunque sea infinitamente más gravoso para el erario, a nadie escandaliza el sistemático ocultamiento y fuga de activos de la elite. No es ocioso preguntarse porqué deberían indignar más los 9 millones de dólares en el convento de General Rodríguez que los 3600 millones de la operatoria de dólar futuro o, con igual actualidad, los 3500 millones anuales, siempre en divisas, que con una sola decisión el Ministerio de Energía transfirió a las empresas petroleras por vía de la duplicación del precio del gas en boca de pozo, lo que antes o después se cargará a las facturas que pagan los consumidores. ¿Habrá quien haga la denuncia? ¿Existirá un juez amparado por alguna embajada dispuesto a impulsar la causa?
Estos son los ejemplos más gruesos. Pero abundan las apropiaciones de renta más pequeñas. Si el pago a los buitres permitiría pagar tasas de interés más bajas por las colocaciones internacionales ¿Por qué la provincia de Buenos Aires se apuró a colocar deuda por 1250 millones de dólares antes de estos pagos a más del 9 por ciento de interés anual si no tenía ninguna emergencia de liquidez y hoy podría colocar al 7,5? ¿O por qué Salta colocó a fines del mes pasado deuda por 300 millones a más del 9 por ciento? Los diferenciales de tasa no parecen mucho, pero todo suma.
Los ejemplos siguen: los picos de pagos por el dólar futuro se produjeron en febrero y en junio. Justo antes de que el Banco Central perdiera pulseadas con el mercado por la cotización de la divisa, que se escapó 12 por ciento en febrero hasta su máximo de 16, y 7 por ciento en junio. En este último mes la diferencia de cotización significó pagar por los contratos de dólar futuro 4000 millones de pesos adicionales, unos 270 millones de dólares que fueron electrónicamente a las cuentas de los beneficiarios. ¿Quién fue el culpable? ¿Las autoridades del BCRA no sabían que si intentaban bajar la tasa antes del vencimiento de los contratos "el mercado" les ganaría la pulseada por la cotización y se embolsaría los 270 millones extra? ¿Fue culpa del Brexit o de una concepción errónea de la política monetaria? ¿Fue corrupción, inoperancia o desprecio por los recursos públicos cuando los beneficiarios son los más ricos?
Esta es la primera transmutación, la de un Poder Judicial que avanza sin venda y sin balanza, conducido por jueces agasajados por la Embajada estadounidense, y que hace caso omiso de quienes efectivamente aumentaron sus riquezas, a la vez que juzga a quienes tomaron decisiones de política económica en contextos muy diferentes al actual. La segunda transmutación, la de los significados económicos, es el segundo hecho material. La operatoria de futuros no fue un invento del anterior gobierno. No se trató de una estrategia ad hoc, sino de un mecanismo preexistente utilizado en los mercados de capitales para influir sobre las expectativas de devaluación. Los valores de referencia marcados desde la autoridad monetaria estuvieron en línea con la continuidad que se preveía para la política económica. Si el gobierno entrante modificó completamente las reglas del juego cambiario, también debió prever una solución para los pasivos contingentes involucrados en estos contratos. Lo insólito, en todo caso, es que se juzguen decisiones de política económica, situación vinculada en el presente con la corrupción estructural.
Dos elementos articulan el discurso de legitimación del nuevo régimen económico. El primero es la creación de expectativas económicas falsas, con una bienaventuranza que se aleja siempre en el tiempo (ver contratapa del suplemento Cash). El segundo es la corrupción. La primera dimensión necesita de la hegemonía mediática. Es la promesa constante del discurso económico de funcionarios y consultoras de la city por un futuro mejor tras el ajuste sacrificial de los salarios. Resulta un éxito comunicacional que tras apenas 12 años la mayoría de la población haya vuelto a creer en este artificio, aunque juegan a favor las raíces judeocristianas en línea con el Max Weber de la Ética protestante. El fenómeno no es tema de economistas. El segundo elemento, el énfasis en la corrupción, no sólo sirve para deslegitimar la política en favor del mercado, sino que persigue neutralizar a la oposición.
En este escenario discursivo, los multimillonarios pagos por la operatoria de dólar futuro, junto a cuestiones como a las derivadas de los Panamá papers ponen de relieve la existencia de dos tipos de corrupción, la del funcionario venal self made man que acumula vueltos en formato físico durante años, y la de la elite económica que se beneficia sistemáticamente de las decisiones de política. La primera, con cénit en los bolsos voladores, sería la única merecedora de repudio. La segunda, en cambio, sería tolerable en tanto dato endógeno del sistema. La indulgencia con la que los medios de comunicación trataron el descubrimiento de las empresas y cuentas ocultas en el exterior del hijo de Franco Macri resulta proverbial. Aunque sea infinitamente más gravoso para el erario, a nadie escandaliza el sistemático ocultamiento y fuga de activos de la elite. No es ocioso preguntarse porqué deberían indignar más los 9 millones de dólares en el convento de General Rodríguez que los 3600 millones de la operatoria de dólar futuro o, con igual actualidad, los 3500 millones anuales, siempre en divisas, que con una sola decisión el Ministerio de Energía transfirió a las empresas petroleras por vía de la duplicación del precio del gas en boca de pozo, lo que antes o después se cargará a las facturas que pagan los consumidores. ¿Habrá quien haga la denuncia? ¿Existirá un juez amparado por alguna embajada dispuesto a impulsar la causa?
Estos son los ejemplos más gruesos. Pero abundan las apropiaciones de renta más pequeñas. Si el pago a los buitres permitiría pagar tasas de interés más bajas por las colocaciones internacionales ¿Por qué la provincia de Buenos Aires se apuró a colocar deuda por 1250 millones de dólares antes de estos pagos a más del 9 por ciento de interés anual si no tenía ninguna emergencia de liquidez y hoy podría colocar al 7,5? ¿O por qué Salta colocó a fines del mes pasado deuda por 300 millones a más del 9 por ciento? Los diferenciales de tasa no parecen mucho, pero todo suma.
Los ejemplos siguen: los picos de pagos por el dólar futuro se produjeron en febrero y en junio. Justo antes de que el Banco Central perdiera pulseadas con el mercado por la cotización de la divisa, que se escapó 12 por ciento en febrero hasta su máximo de 16, y 7 por ciento en junio. En este último mes la diferencia de cotización significó pagar por los contratos de dólar futuro 4000 millones de pesos adicionales, unos 270 millones de dólares que fueron electrónicamente a las cuentas de los beneficiarios. ¿Quién fue el culpable? ¿Las autoridades del BCRA no sabían que si intentaban bajar la tasa antes del vencimiento de los contratos "el mercado" les ganaría la pulseada por la cotización y se embolsaría los 270 millones extra? ¿Fue culpa del Brexit o de una concepción errónea de la política monetaria? ¿Fue corrupción, inoperancia o desprecio por los recursos públicos cuando los beneficiarios son los más ricos?
DE LAS NUBES MEDIÁTICO-JUDICIALES AL FANGO DE LA
REALIDAD
Cajas destempladas
Las alas del deseo mediático-judicial se empantanan en los fangales de la realidad: no encontraron cajas de seguridad en Santa Cruz, el juez Casanello no estuvo en Olivos, el acusador de Aníbal Fernández es un muerto que habla por boca de quien mandó asesinarlo. El tarifazo llega a la Corte Suprema mientras el gobierno envía al Congreso la ley que eliminará todo control estatal de la obra pública y el papa Bergoglio subordina a todo el sistema político a sus fines. La salud presidencial.
Por Horacio Verbitsky
El doctor Claudio Glock se entretuvo molestando a los inquilinos de CFK en los departamentos que la ex presidente les alquila en Santa Cruz y su colega Julián Ercolini no encontró ninguna caja de seguridad a nombre de algún miembro de la familia Kirchner. La Policía Federal informó a los acelerados camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah que no hay ningún registro escrito ni fílmico que confirme la presencia del juez Sebastián Casanello en la residencia presidencial de Olivos, como había aducido el procesado constructor vial Lázaro Báez. Ibar Pérez Corradi, mencionado en la causa por el triple crimen de General Rodríguez como autor intelectual, dijo que Aníbal Fernández era el supuesto protector de la banda de traficantes de efedrina conocido como La Morsa, pero sólo pudo citar como fuente a Sebastián Forza, el socio desleal al que Pérez Corradi fue acusado de mandar matar. Uno de los periodistas que clamaron por la detención del ex ministro, sostiene ahora: "Tiendo a creer que Aníbal no es La Morsa". Su colega que condujo la investigación sobre el caso en el Grupo Clarín escribe que carece de importancia saber quién es La Morsa. Ése fue el argumento central de la propaganda negra con que Fernández fue atacado durante la campaña electoral y que decidió el acceso de Macrì a la presidencia. Ahora venimos a saber que lo importante no es la verdad de los hechos sino las creencias que guían a los dioses del olimpo comunicacional, que pueden variarlas a voluntad sin explicar las razones. También pueden retorcer la lógica hasta hacerle decir lo que les plazca. Por ejemplo, la orden de Fernández de negar a la Sedronar información policial sobre decomisos de drogas es alegada como prueba de la relación del ex ministro con el tráfico de efedrina, cuando está acreditado que lo hizo porque el jefe de aquel organismo, José Granero, que debía controlar la introducción del precursor químico de las drogas sintéticas, amparaba ese negocio ilegal, razón por la cual está procesado junto con la plana mayor que lo acompañó en la Sedronar, incluyendo a su secretario Miguel Zacarías. En cambio no fueron procesados sus hermanos Rubén y Luis, que trabajaban en Ceremonial de la Presidencia, pese a que la jueza María Servini los puso en la mira y llegó a indagarlos, sin encontrar nada que los vinculara con el delito. De este modo, la ofensiva tendiente a presentar al gobierno anterior como una gigantesca asociación ilícita se empantana en los fangales de la realidad, de tránsito mucho más difícil que las nubes de la fantasía y el deseo. La lógica con que actúa la coalición judicial-mediática fue expuesta con candor hace once años por uno de sus protagonistas. En su libro de 2005 "Técnicas de investigación", el editor de Clarín Daniel Santoro explica que para realizar ese tipo de operaciones "se puede recurrir a un abogado a quien conozcamos; le facilitamos parte de la información y le pedimos extraoficialmente que haga una denuncia de modo tal que la justicia comience a investigar". También "podemos pedirle o sugerirle –en forma extrajudicial y sin aparecer– a un juez o un fiscal que active los mecanismos para levantar el secreto bancario o financiero. (...) Muchas veces se usa el viejo truco en que el periodista manda documentación de un caso en forma anónima a un juzgado o una fiscalía para que se abra una causa judicial". En vez de abogado podría leerse diputada nacional y nada cambiaría. Sólo falta que algún juez o fiscal revele con la misma ingenuidad su parte en los secretos del oficio compartido.
En el gobierno nacional no ocultan que la inolvidable actuación de madrugada del ex secretario de Obras Públicas José López en el monasterio que los amigos del papa Francisco dicen que era de los enemigos de Bergoglio, y la posterior activación de procesos judiciales en serie contra ex funcionarios fue un alivio en el peor momento, cuando se manifestaba el disgusto por los aumentos tarifarios, los despidos, la inflación, el endeudamiento y el despertar del dólar. El oficialismo y sus voceros oficiosos ni siquiera ocultan que el desfile judicial es la principal herramienta con que se ilusionan con vistas a las elecciones de 2017, que definirán la perduración o caducidad de la Alianza Cambiemos en el poder. Esta ensoñación de largo plazo fue interrumpida en un amargo despertar por la Cámara Federal de La Plata, que anuló en todo el país los aumentos en la tarifa del gas y suspendió por tres meses los de la electricidad en su jurisdicción. El gobierno nacional no oculta que pone sus esperanzas en la Corte Suprema de Justicia, donde el franciscano Ricardo Lorenzetti duda si es posible compatibilizar su discurso pobrista con un tarifazo que supera todo lo padecido en la historia y el flamante ministro Horacio Rosatti se pregunta cómo afectaría su imagen debutar con el respaldo a semejante porrazo para el presupuesto de todas las familias del país. Si la justicia frenó los aumentos porque el gobierno no dio la obligatoria participación en la discusión a los usuarios, la Corte tiene la oportunidad de poner en práctica su propio método de audiencias públicas, iniciado por su ex presidente Enrique Petracchi. Allí el tribunal podría plantear la cuestión desde la óptica del usuario (considerar los aumentos de todos los servicios en conjunto, ya que el pago sale del mismo bolsillo) y no con el criterio de las empresas, que quieren que cada servicio se trate por separado. También podría plantear la cuestión de los costos, que el gobierno alega pero sobre el que no informa. El Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, solicitó que el tribunal se salteara las instancias intermedias y revocara las medidas cautelares dictadas por jueces y cámaras de distintos lugares del país que frenaron la aplicación de los aumentos dispuestos por el ex CEO y aun accionista de Shell, Juan José Aranguren. En la página de la Procuración del Tesoro no aparece el dictamen de su titular favorable al tarifazo. Pero en la página personal de Balbín aún es posible encontrar su opinión ante los aumentos de los servicios públicos, que iban del 10 al 30 por ciento según el consumo de cada uno, dispuestos en 2008 por CFK a poco de asumir la presidencia. En un artículo publicado el 21 de agosto del año siguiente en la revista "La Ley", titulado "Las tarifas de los servicios públicos", Balbín opinó que "el carácter intempestivo y desproporcionado del aumento del servicio es, según nuestro criterio, irrazonable porque cualquier incremento debe ser debidamente fundado y particularmente gradual – es decir, tarifas justas y accesibles". También argumentó que "las tarifas deben ser justas, razonables y accesibles" y respetar la "proporcionalidad".).
Sería estupendo que la Corte citara al articulista Balbín como fuente doctrinaria para rechazar el dictamen del Procurador Balbín, quien considera un aumento de hasta el dos mil por ciento más razonable, justo y accesible que uno del 30 por ciento.
Corruptos eran los de antes
Atada una vez más la Argentina a la rueda del interés compuesto del endeudamiento externo (Scalabrini Ortiz dixit), sentadas las bases con la ley ómnibus para el blanqueo de aquellos fondos que la familia del presidente y de sus amigos y ministros quieran traer al país y para la liquidación del sistema previsional, ahora el gobierno ha elaborado un proyecto de ley de régimen de contratación público-privado, con el consabido pretexto de crear empleo y desarrollar el país. Por supuesto es mucho más fácil y divertido entregarse al hipnótico show de Comodoro Py que quemarse las pestañas desentrañando cuáles serán las consecuencias del proyecto, preparado por el secretario de relaciones económicas internacionales Horacio Reyser Travers, uno de los cuatro accionistas del mayor fondo estadounidense de inversiones en Latinoamérica, Southern Cross, junto con el argentino Norberto Morita, el chileno Raúl Sotomayor y el cubano-estadounidense Ricardo Rodríguez. Desde 2012 y hasta que Macrì asumió la presidencia, fue director de Ultrapetrol, de Bahamas. Si hay algo que no puede discutirse del presidente argentino es su coherencia y previsibilidad. "Juntos podemos lograrlo", dice la publicidad del Bicentenario presentada por la Presidencia. Lo único que no dice es qué podemos lograr, aunque la invitación al ex Rey de España permite imaginarlo.
La meta central del proyecto es eludir la ley de Procedimiento Administrativo en todo lo que tenga que ver con obra pública, y confeccionar la licitación a medida de quien el funcionario desee, en lo que el texto llama "diálogo competitivo". El Estado queda con todas las responsabilidades y fines públicos pero sin ninguna de las prerrogativas que le permitan cumplirlas. El breve artículo 14 establece un procedimiento de "consulta, debate e intercambio de opiniones" entre el Estado y los "interesados preclasificados". En cambio no se especifica quién "preclasificó" a esos contratistas ni con qué criterios, dado que se declara inaplicable la normativa pública y rige la libertad de contratación del Código Civil y Comercial. La amplitud de proyectos contemplados por la ley es enorme y la flexibilidad de los contratos absoluta. El artículo 7 permite la creación de sociedades de propósito específico a cargo de la ejecución del contrato, es decir sociedades vacías, armadas para un solo negocio o, peor aún, sólo para canalizar pagos. Ya se trate de sociedades o fideicomisos, el propósito es facilitarle los cobros al contratista privado y limitar su responsabilidad. De este modo aún un contratista en cesación de pagos con la banca oficial podría recibir desembolsos desde el fideicomiso, ya que esta sociedad vehículo sería una persona jurídica distinta del contratista y de este modo eludir a sus acreedores conservando su activo. Esta limitación de responsabilidad es el fundamento de todas las sociedades off shore, que ahora llegarían al país.
El artículo 10 afirma que en caso de extinción anticipada (sin aclarar si es por culpa del contratista, de la administración, o de ninguno) el Estado deberá asegurar el repago del financiamiento aplicado al desarrollo del proyecto. Esto significa que no hay riesgos para el contratista privado, sobre quien no pesa ninguna prioridad del interés público. Se trata una vez más de seducir al capital, ofreciéndole todas las facilidades y eliminando todos los controles. Es decir, todo lo contrario a lo que se recomienda para reducir la corrupción. El Estado debería transformarse en un contratante más que negocie en pie de igualdad con el privado. Por eso, el proyecto excluye las normas de derecho administrativo del régimen general de contrataciones, de responsabilidad del estado, de indexación y de expropiación y remite al Código Civil y Comercial, es decir a normas pensadas para una relación de derecho privado, entre iguales. Pero en realidad el Estado hasta parece la parte débil de la negociación. De convertirse en ley, sustituiría todas las reglas de derecho público que no coinciden con la ideología oficial por un régimen casi extraterritorial, con un sistema normativo propio, que es el contrato, y tribunales arbitrales en lugar de la justicia. Esto contradice lo reclamado por Rubén Giustiniani y admitido por la Corte Suprema en el contrato de YPF con Chevron, de aplicar las reglas de derecho público incluso a las sociedades anónimas de derecho privado con participación estatal como YPF. El desplazamiento del Poder Judicial por tribunales arbitrales es de dudosa constitucionalidad, como dictaminaron en 1919 el Procurador General de Yrigoyen, José Nicolás Matienzo, y en 1974 el último Procurador Fiscal de Perón, Oscar Freire Romero, en su interpretación del artículo 100 de la Constitución histórica (idéntico al 116 de la reformada en 1994). Como garantías, el proyecto prevé la prenda de ingresos futuros por impuestos o la cesión fiduciaria, una demasía que ya intentó Cavallo a finales de la Primera Alianza, dejando al Estado eunuco, sin caja ni espada. El Estado retiene la facultad de controlar el cumplimiento del contrato, pero puede encomendarla a auditorías privadas.
El proyecto también permite abrir los recursos públicos a los bancos privados sin pasar por el Congreso. La ley de administración de recursos públicos, 25.152 de 2002, dice que toda creación de organismo descentralizado, empresa pública y Fondo Fiduciario integrado total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado nacional requerirá del dictado de una Ley. Pero el proyecto establece que el fiduciario podrá ser cualquier banco y podrá hacer los pagos al contratista sin autorización del fiduciante estatal. El banco privado podrá recibir fondos públicos para timbear en inversiones amigas como hacían las AFJP y encima cobrar comisión, con una única intervención del Estado en la rendición de cuentas final a la que está obligado el fiduciario. Así concibe lo público la Alianza Cambiemos, mientras su chinchorro radical sólo piensa en reclamar más cargos.
Por Horacio Verbitsky
En una demostración contundente de habilidad política, el papa Francisco alineó al conjunto del sistema institucional argentino. Mientras las distintas líneas internas del justicialismo citan su encíclica Laudato Si y sus exhortaciones apostólicas Amoris Laetitia y Evangelii Gaudium como única fuente doctrinaria, como si fuera Perón redivivo, el presidente Maurizio Macrì recitó durante el Congreso Eucarístico Nacional una invocación a Jesucristo, denominado señor de la historia, que preparó el Episcopado e incluye las metas fijadas por esa organización confesional de ancianos célibes, entre ellas la condena al aborto, la corrupción y el narcotráfico. Para llegar a ese punto, el papa argentino hizo un largo camino en zigzag, alternando como un hombre golpeador mamporros y caricias a cada actor y actriz polític@s. Luego de diez años de confrontación con Néstor Kirchner y su esposa, a quienes sermoneó sin miramientos desde el púlpito de la catedral porteña, a partir de su entronización como obispo de Roma recibió cinco veces a la viuda presidencial y a través de sus múltiples voceros difundió la consigna "Hay que cuidar a Cristina", una insidiosa ambigüedad que sugería la fragilidad de su gobierno y se atribuía el mérito de impedir que colapsara. Entre cita y cita, recibía a diversos jueces federales y los alentaba a avanzar en las causas contra funcionarios de su presunta protegida. Desde que Macrì asumió la presidencia dejó trascender por los medios habituales que no coincidía con sus políticas y lo sometió al escarnio fotográfico durante una audiencia de apenas 22 minutos en la que practicó su mejor repertorio facial de expresiones de lejanía, desagrado y repulsión. También fastidió al Poder Ejecutivo sirviéndose de mensajeros del sutil talante de Guillermo Moreno, Hebe de Bonafini y Gustavo Vera Y con el envío de un rosario a la presa política Milagro Sala, privada en forma ilegal de su libertad. Lo enredó luego en la ocurrente historia de la donación solicitada y rehuida para su proyecto educativo. Cuando la mitad del país que simpatiza con la Alianza Cambiemos comenzaba a maldecirlo, le transmitió su zalamería compensatoria por medio del diario La Nación. Ante el columnista Joaquín Morales Solá dijo que no tenía nada en contra del presidente, a quien definió como "una persona bien nacida, noble", es decir una obviedad y una hipérbole, que cotizan muy bien en el mercado político. Además, el periodista le preguntó en forma directa:
–¿Es Gustavo Vera su vocero en la Argentina?
–No hay más voceros, en la Argentina o en cualquier otro país, que los voceros oficiales del Papa. ¿Es necesario repetirlo? Lo repito entonces: la oficina de prensa del Vaticano es el único vocero del Papa, respondió.
Pero en la misma semana, le escribió a Vera y lo filtró a un diario italiano:
–Sos mi amigo. Lo dije y lo digo. Te hospedás aquí (en Santa Marta). Eso sí: te tienen miedo porque no solo denunciás sino que construís.
Agregó que un vocero está limitado por el protocolo, mientras un amigo es libre y creativo. Es decir, no pero sí. Para que ninguna oveja se escape del aprisco, en su mensaje por el Bicentenario el pastor sobó a la otra mitad del rebaño: dijo que la Patria no se vende, lo cual podrá leerse como una advertencia al gabinete de los CEOs, e incluyó en sus rezos contra todo tipo de colonizaciones a la Patria Grande que soñaron San Martín y Bolívar. A cada santo, una vela.
Sólo le falta en la colección el diputado nacional Sergio Massa, quien por ahora sigue en ablande pero está con el pasaporte al día esperando que le sugieran que concluyó la penitencia por su intento de removerlo del arzobispado de Buenos Aires en 2008. Un artículo común entre los apologistas del Pontífice es señalar que su discurso no varió desde la Plaza de Mayo hasta la de San Pedro. En algún sentido es cierto. Con el inagotable repertorio que va del histeriqueo a la toalla mojada y el vacío sádico, ha conseguido instalar su agenda en el sentido común de la dirigencia argentina, con la colaboración del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, el más aplicado de sus discípulos. Aquí y allí, Bergoglio propone una distinción entre pecadores y corruptos, sin indicar la fuente bíblica o teológica en que se basa, pero apuntando con exactitud a la deslegitimación de la política presentada como una actividad sucia. Su insistencia en señalar al narcotráfico como uno de los principales problemas de la Argentina se combina con la orientación asistencial que inculcó al grupo de sacerdotes villeros que le responden con fervor de apóstoles, muy distinto al enfoque político de los sacerdotes en opción por los pobres, que cuestionan a fondo las decisiones del gobierno nacional. Bergoglio no se aparta así de la alianza estratégica celebrada en las postrimerías de la última guerra mundial entre Franklin D. Roosevelt y el papa Pío XII para contener al bloque soviético, y ratificada cuatro décadas después por Ronald Reagan y Juan Pablo II, para liquidar al comunismo en Europa y al sandinismo y la teología de la liberación en Centro y Surámerica. En esa operación tuvo un rol destacado el protector de Bergoglio, Antonio Quarracino, por entonces secretario general del CELAM. No por casualidad el principal asesor en la materia de la Conferencia Episcopal, que designó Bergoglio y confirmó José María Toté Arancedo, es el vicealmirante (R) Horacio Florencio Néstor Reyser, ex agregado naval en Washington, cuyo enfoque sobre las drogas es el que predica el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, donde tomó cursos, es decir una cuestión de seguridad nacional. Su hijo Horacio Reyser Travers fue designado por Macrì secretario de relaciones económicas internacionales. Pero a veces pareciera que el papa exagera su celo: fue el zar antidroga de Estados Unidos, William Brownfield quien en su primera visita desde que gobierna Macrì dijo que la Argentina no era un país productor de drogas, en consonancia con el informe anual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que ni menciona a nuestro país. Esto se llama ser más papista que el papa.
Por Horacio Verbitsky
A cinco semanas del episodio de arritmia, la salud de Maurizio Macrì comienza a ser considerada como un ingrediente a tomar en cuenta en las especulaciones políticas. El viernes 3 de junio, Macrì sintió palpitaciones, pero no obstante, continuó con la agenda prevista, que incluía un encuentro con varios periodistas seleccionados para que explicaran por qué el suyo no es el gobierno de los ricos. Como al concluir esa conversación el malestar no cedía, los médicos dispusieron una internación preventiva, durante la cual se le suministró medicación antiarrítmica. Contra lo que sugiere la práctica médica habitual en esos casos, no pasó la noche en la Clínica Olivos sino que, una vez normalizado el ritmo cardiaco, se le permitió regresar a su residencia. Esta conducta sólo se explicaría si se tratara de un cuadro habitual en el presidente y no de una primera manifestación. Desde entonces, la Unidad Médica Presidencial no ha cesado de incorporar nuevos miembros. Dirigen el equipo Simón Mario Salzberg y Andrés Nicolás Atamañuk. Luego se sumaron Laura Edith Grynberg, Diego Andrés Hoffmann y Juan Pablo Ortiz Frágola. Y por último fueron designados Ramiro Santos, Christian Adrián Caroli y Ernesto Pelusso. Todos ellos son cardiólogos, lo cual ha dado lugar a una reflexión que se repite en las oficinas más próximas a la presidencia: Macrì resiste con dificultad las tensiones del cargo y tanto él cuanto su familia han comenzado a pensar que más allá de las contingencias políticas y electorales estaría bueno ir preparándose para un cambio de vida.
HASTA BUENA PARTE DE SUS VOTANTES CREE QUE EL
GOBIERNO SOLO DEFIENDE LOS INTERESES DE UN SECTOR
De los ricos, para los ricos, por los ricos
Un estudio muestra que siete de cada diez encuestados dicen que la situación es negativa y que tuvieron que recortar gastos familiares. Un 60 por ciento ve que Macri gobierna para los ricos.
Por Raúl Kollmann
Seis de cada diez argentinos considera que Mauricio Macri gobierna para los ricos. Esa definición es sostenida hasta por una buena parte de quienes votaron al Presidente en la elección de noviembre pasado. Se trata de un concepto global del que Macri es muy difícil que salga y que, por ejemplo, tiñe el feroz aumento de tarifas. Hay una franja que dice que son medidas difíciles que el Presidente tuvo que tomar, pero la gran mayoría considera que es consecuencia de que gobierna para los sectores más privilegiados. En ese marco, los tiempos de Macri no son infinitos: siete de cada diez personas piensa que la situación económica del país es negativa y más grave aún, también siete de cada diez personas afirman que tuvieron que recortar gastos desde que gobierna Cambiemos. Hay un sector que tiene expectativas, que cree que habrá mejoras, pero no es un crédito sin plazos.
Las conclusiones surgen de una encuesta de la consultora Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) que lidera el sociólogo Roberto Bacman. En total se entrevistaron 1200 personas en todo el país, respetando las proporciones por edad, sexo y nivel económico social. Las entrevistas con los encuestados fueron telefónicas.
Ricos
"Una de las principales críticas que se han escuchado en estos últimos meses es que se gobierna para los ricos." – plantea Bacman – "Mucho se habló al respecto y más se discutió. ¿Será cierto o es pura carga ideológica? En tal sentido nos pareció oportuno preguntárselo a los argentinos. Las respuestas obtenidas son más que contundentes: para el 60,6 por ciento de los argentinos la actual gestión de Cambiemos gobierna para los ricos. El dato es tan categórico que cualquier otro comentario nada agrega".
El sello de que Macri encabeza una administración a favor de los empresarios parece consolidado. Y hay una parte de los que opinan bien del Presidente que sostienen lo mismo, es decir que gobierna a favor de la franja de más recursos. A partir de esa óptica se evalúa el brutal aumento de tarifas, la caída del salario real, el crecimiento de los despidos y la suba de precios en la carne y el resto de los alimentos.
En casa
Más allá de lo que se piensa sobre el gobierno para los ricos, una definición muy fuerte es qué sucede en cada hogar. La encuesta de Bacman exhibe un dato contundente: el 76 por ciento de los consultados sostienen que desde que Macri está en la Casa Rosada, recortaron gastos. Es un dato que encaja perfectamente con lo que se está viendo en muchísimos terrenos: una baja sensible, del 20 o 25 por ciento, en las reservas de las vacaciones de invierno, la brutal caída en el consumo de la carne, la disminución al menos del diez por ciento en las ventas de supermercados. "Más de las tres cuartas partes de los entrevistados" – señala Bacman – "más allá de su anclaje ideológico, reconocen que en estos últimos tiempos han tenido que recortar sus gastos para llegar a fin de mes".
"Una destacada percepción del aumento incesante de la inflación y el peso de los tarifazos se convierten en los principales factores de dicho recorte. Los datos obtenidos son elocuentes: dentro de los que reconocen que han debido recortar gastos, un 38,8 por ciento debió disminuir nada más ni nada menos que sus consumos de alimentos y bebidas, y un 27,7 por ciento se vio en la necesidad de ahorrar en luz, gas y combustible. Y a esto hay que agregarle que hasta un 18,4 por ciento reconoce ante los encuestadores que debió disminuir sus consumos en ocio y entretenimiento. En este contexto, tampoco debe extrañar que la percepción de que los sueldos no alcanzan para llegar a fin de mes trepó hasta el 82,8 por ciento. Otra demostración elocuente de que inflación y tarifas es una cuestión que está impactando fuertemente en los hogares". En otros estudios se verificó que apenas el doce por ciento dijo que puede ahorrar, contra el triple, 36 por ciento, que afirmaba hace un año que podía ahorrar.
Sin embargo, hay una franja que dice que no hay más remedio, que las medidas que se adoptan son dolorosas, pero que las cosas van a mejorar. En ese terreno hay algo parecido a la división que se marcó en las elecciones. Cuando se le pregunta a la gente si las cosas van a mejorar en su casa, la mitad dice que sí y la mitad dice que no.
Imágenes
Hace cuatro meses, cuando ninguna consultora decía que la aprobación de Macri estaba bajando, el CEOP provocó una verdadera conmoción al señalar que el Presidente estaba perdiendo opiniones positivas. Hoy en día, casi todas las consultoras reconocen esa pérdida –incluso las que trabajan para la Casa Rosada – de al menos quince puntos. Para el CEOP, la aprobación de gestión de Macri estaba en el 58 por ciento en diciembre y ahora en el 43 por ciento. En la última medición las cosas se han mantenido bastante estables.
El mayor problema de Macri es que partió del 58 por ciento positivo y 38 por ciento negativo, o sea un plus favorable de 20 puntos. Hoy está en 43 positivo y 51 negativo, lo que significa que de tener un saldo a favor de 20 puntos pasó a tener un saldo negativo de ocho puntos. Lo que le juega a favor al Presidente es que hay un sector que tiene una opinión negativa de la gestión pero piensa que las cosas van a mejorar. Es decir que la base de la imagen de Macri son las expectativas a futuro.
En este terreno juegan dos ideas. Por un lado la furibunda campaña contra el gobierno de CFK y el repiqueteo de que los problemas actuales son producto de los casos de corrupción que se ponen todos los días en las tapas de los principales diarios. En segundo lugar, que Macri se ve obligado a tomar medidas duras porque de esa forma mejoran las cosas. Esos dos conceptos son sostenidos especialmente por quienes votaron a Macri en noviembre, o sea la mitad de los encuestados. La otra mitad, que votó a Daniel Scioli en el balotaje, siempre estuvo en contra de la administración Macri y no tiene expectativas sobre el segundo semestre ni sobre 2017. Al menos hasta ahora.
Temas
Es público que el mayor cambio en las preocupaciones de los argentinos fue la aparición en el horizonte de la cuestión de los despidos y el trabajo. Una de cada cuatro personas lo señala como su principal preocupación. Era un tema inexistente durante los gobiernos de los Kirchner: no había temor a perder el trabajo, a la reducción en el empleo o a los despidos. Es cierto que hubo años, como 2009, que la crisis puso todo en jaque, incluyendo el empleo. Sin embargo, ni en ese momento hubo pérdidas sostenidas.
Como en meses anteriores, lo que se ubica en primer lugar de las preocupaciones son la inflación y la economía. "Al día de hoy," – señala Bacman – "la inquietud por la inflación, la marcha de la economía y el fuerte aumento de las tarifas continúan siendo las principales preocupaciones espontáneas de los argentinos. Además, hay que agregarle la inseguridad, la corrupción y la desocupación. En este último trabajo de campo, siempre desde la misma estructura antes señalada, se observan ciertas variaciones: inflación y economía se mantienen al tope en el eje del 55 por ciento, inseguridad permanece en el segundo lugar cerca del 41 por ciento, corrupción trepa al tercer lugar y desocupación bajó unos puntos y pasó al cuarto puesto. No quedan dudas de que el caso López sacudió fuertemente: para expresarlo con mayor precisión en este último mes la preocupación por la corrupción escaló más de seis puntos porcentuales".
De estos datos, resulta curioso que la inseguridad se mantenga en porcentajes tan altos. La realidad es que la cuestión recibe ahora menos atención en los medios, pero igual ranquea altísimo en las preocupaciones. Y esto tiene que ver con que efectivamente se siente que la cantidad de robos y secuestros-express aumentó en los últimos tiempos, más allá de lo que se pretende dibujar en las estadísticas oficiales. Y eso no se percibe en los medios, pero sí en las charlas cotidianas con familiares y amigos.
Antinomias
Desde hace años, el CEOP reitera una pregunta en sus encuestas si se considera oficialista u opositor. "En la actualidad," – analiza el titular del CEOP – "la sociedad se divide en tres segmentos. Por un lado los que se autodefinen como oficialistas (35 por ciento), de los cuáles un quince por ciento es núcleo duro macrista y el restante veinte es radical o independiente. En la vereda de enfrente un 49 por ciento se considera opositor; en este segmento un veinte por ciento lo constituye el denominado núcleo duro kirchnerista y un 29 por ciento es peronista no kirchnerista (la mayoría) o de izquierda. Entre ambos conjuntos navegan los pragmáticos independientes. Representan alrededor de un 16 por ciento de la población, no poseen anclaje ideológico y oscilan; aunque ponen especial énfasis en la economía, la inflación, el tarifazo, la corrupción y la merma del trabajo. Y esta fuerte división, donde los independientes van tomando partido para uno u otro lado, es lo que se puede ver a lo largo de toda esta encuesta. El mal humor social de esta época internalizó una significativa percepción de que existe en nuestro país una crisis que combina inflación, aumento de las tarifas y por sobre todas las cosas una marcada percepción que lo que se gana no alcanza para llegar a fin de mes", concluye Bacman.
DURO DOCUMENTO DE CIENTñIFICOS CRITICANDO LA
POLÍTICA DEL GOBIERNO HACIA EL SECTOR
La ciencia y la restauración conservadora
El análisis coloca el desarrollo tecnológico en el contexto de la desindustrialización, el neoliberalismo y la alineación con Estados Unidos. El contraste con las políticas del período 2003 y 2015, y las consecuencias futuras.
En el Bicentenario de la Independencia y al cumplirse los primeros seis meses del gobierno de Mauricio Macri, el Grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA), difundió un documento crítico sobre la política económica y social de las actuales autoridades, poniendo el eje en el impacto causado no sólo en el bolsillo de los asalariados sino también en el Conicet, en la universidad pública y en los más importantes proyectos de investigación. Los científicos y técnicos firmantes de la declaración cuestionaron el modelo económico que consiste en la "transferencia de recursos a los sectores concentrados" y el "alineamiento con la política exterior de los Estados Unidos".
Los firmantes de la declaración del grupo CyTA son Adrián Paenza; Alberto Kornblihtt; Ana Franchi; Andrea Gamarnik; Andrés Kreiner; Carolina Mera; Daniel Filmus; Diego Hurtado; Dora Barrancos; Eduardo Dvorkin; Federico Robledo; Félix Requejo; Graciela Morgade; Hugo
Aimar; Jorge Aliaga; Jorge Geffner; José Paruelo; Juan Pablo Paz; Luis Alberto Quevedo; Marcelo Ruiz, Mirta Susana Iriondo; Osvaldo Uchitel; Pablo Nuñez; Raquel Chan; Roberto Salvarezza; Rolando González-José, y Sandra Carli.
El grupo CyTA sostiene que el bicentenario de la Independencia encuentra al país "en un momento complejo de su historia" porque lo que califica como "una restauración conservadora encabezada por el gobierno" de Macri "no sólo ha impuesto una serie de medidas políticas, económicas y sociales que retrotraen muchas conquistas populares a situaciones reinantes varias décadas" sino que "además pretende borrar toda huella de los valores de solidaridad, ampliación de derechos, movilización popular y dirección política de la economía que caracterizaron a los gobiernos del período 2003-2015".
Los firmantes del documento señalan que "mediante un discurso típico del marketing publicitario que hace eje en la 'revolución de la alegría' y en el vacuo y tramposo concepto de 'sinceramiento'" el gobierno de Cambiemos "parece querer anular las ideologías y borrar las contradicciones de clase por decreto mientras, por detrás y con mano dura, practica el escarmiento mediante despidos masivos, disciplinamiento ideológico, eliminación de programas sociales en salud, educación y derechos humanos y encarcelamiento de líderes populares como Milagro Sala".
El documento expresa, en referencia a la política internacional del actual gobierno que "se evidencia un cambio de orientación regional y global caracterizado por el alineamiento con la política exterior de los EE. UU., una vuelta sin restricciones a los mercados financieros internacionales y al librecambismo, el alejamiento de la integración estratégica con países latinoamericanos". Sobre este punto, se subraya que eso representaba "el camino a una mayor autonomía y a proyectos soberanos", mientras que el actual "acercamiento a los países que conforman la alianza del Pacífico" opera "en detrimento de la consolidación del Mercosur y la Unasur".
Subraya la declaración que las actuales políticas de Estado "están consustanciadas con un cambio de modelo económico caracterizado por la transferencia de recursos a sectores concentrados de la economía mediante la eliminación o reducción de las retenciones al agro y a la minería, la disminución de la carga impositiva tanto a los grandes patrimonios como a la distribución de dividendos de las empresas y la liberación del mercado cambiario que acarreó un deterioro del 30-40 por ciento del salario real".
Al mismo tiempo se señala que con esas políticas "se ha abierto la puerta al capital financiero especulativo y a las importaciones que impactan negativamente sobre la producción nacional, el empleo y la sostenida incorporación de conocimiento y tecnología nacional a la trama productiva". Por lo expuesto, se afirma que "hoy es posible afirmar que la economía argentina ha ingresado a un ciclo de desindustrialización".
Los referentes del Grupo CyTA, advierten también que "se pretende reducir el patrimonio del Estado con el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses". La política oficial ha determinado que "en escasos siete meses" se haya producido "un brutal ajuste que no sólo afecta a los sectores de bajos ingresos sino también a la clase media. Se afirma que ese ajuste fue "instrumentado en particular por un salvaje aumento de tarifas en los servicios públicos" y que su impacto negativo "no fue mitigado por las paritarias que dejan a los salarios muy por debajo del aumento del costo de vida producido por la inflación" que se produjo desde la misma asunción del actual gobierno encabezado por Mauricio Macri.
El pronunciamiento destaca que "todo esto ha llevado a una conspicua caída del consumo, que paradójicamente no ha hecho todavía retroceder a la inflación y ha generado un significativo aumento de la indigencia y la pobreza" en el país. Resaltan que "para llevar a cabo este plan, el actual gobierno cuenta con el apoyo del establishment nacional e internacional y de la mayor parte de los medios periodísticos concentrados, tanto escritos como audiovisuales, que desde la liquidación de la llamada 'ley de medios' han consolidado su capacidad de ocultar y distorsionar aspectos de la realidad que afectan sus intereses" sectoriales.
Subrayan que el actual Gobierno "también tiene el apoyo de una gran parte de la corporación judicial, de trayectoria histórica conservadora, y ha sabido cooptar a legisladores supuestamente opositores y propiciar medidas restrictivas a las libertades públicas como el nuevo protocolo de seguridad". Agrega, al respecto, que "en el terreno de los derechos humanos -sector que el gobierno anterior había encarado como política de Estado convirtiéndola en un ejemplo internacional- se ha producido el desmantelamiento de numerosas instituciones financiadas por el Estado". En el párrafo siguiente se hace referencia a las declaraciones del ex ministro de Cultura, Darío Lopérfido, y su controvertido discurso minimizando las cifras de detenidos-desaparecidos.
En este sentido, se menciona que "incluso, algunos funcionarios exponen provocativamente su negacionismo sobre los crímenes de la dictadura, reivindicando la teoría de los dos demonios y cerrando las puertas a la investigación de la participación civil y empresarial en el terrorismo de estado implementado entre 1976 y 1983".
En el mismo plano, se indica que "el decreto que otorga a las Fuerzas Armadas mayor autonomía política y recorta el poder civil converge con las acciones mencionadas", lo que lleva a señalar que "el plan de este gobierno se propone desconocer todo avance progresista del gobierno anterior culpándolo de la situación actual por la "herencia recibida", tal como ha resultado evidente en el Informe 'El estado del Estado' que, sin apoyarse en fuentes fehacientes, insiste en resaltar las debilidades y rehúsa destacar los logros" de la anterior gestión presidencial.
Sobre este punto, resalta que "sin embargo, en documentos escritos en inglés con el fin de atraer inversiones extranjeras, el gobierno de Macri describe positivamente los parámetros macroeconómicos de la Argentina logrados por el gobierno anterior que incluyen el bajo nivel de desempleo y de endeudamiento externo". Se pone de manifiesto que "esta contradicción revela que el argumento de la 'herencia recibida' es la táctica elegida para justificar el ajuste" aplicado.
En el siguiente párrafo, los firmantes de la declaración reconocen que "en los últimos meses han tomado estado público graves hechos de corrupción acontecidos en el transcurso del gobierno anterior", sobre los cuales "este espacio expresa su máxima condena (...) sin atenuantes de ningún tipo y aboga por que las investigaciones conduzcan a la identificación de todos los responsables involucrados y a su debido juicio". En este sentido aclaran que "quienes luchamos por transformaciones sociales de contenido popular no podemos avalar ni justificar ningún tipo de robo ni aprovechamiento delictivo de la función pública". Por ese motivo, "acciones como las llevadas a cabo por José López, sospechado de haber implementado estafas sistemáticas al Estado, desvirtúan la convicción y voluntad que deben guiar los procesos de cambio social y dañan a quienes, con absoluta honestidad, se comprometen con los mismos".
Al mismo tiempo, ponen de manifiesto que también advierten que "existe un modus operandi de inusitada gravedad -porque aparece como sistémico y tolerado como natural desde el oficialismo y los medios- que concierne a numerosos referentes de la actual administración e involucra la megaevasión fiscal, el ocultamiento de fondos millonarios en cuentas en el extranjero, y blanqueos de capital hechos 'a medida' de los propios funcionarios".
Se apunta que "estos delitos, a lo largo del tiempo y tomados en su conjunto, involucran cientos de miles de millones de dólares" y agregan por otra parte que "la violación sistemática de la ley de ética pública, poniendo a ex Ceos al frente de numerosas áreas sensibles del Estado, es otra forma grave de corrupción".
Destacan luego las movilizaciones populares, en repudio a las medidas del actual gobierno, que se realizaron en estos seis meses del año y que constituyen "hechos históricos esperanzadores". Entre esos hechos mencionan especialmente, entre otros, la marcha de "ni una menos" y el acto en los tribunales de Comodoro Py para acompañar a la ex presidenta Cristina Kirchner.
Respecto del impacto de estas medidas oficiales sobre las políticas en materia de ciencia y tecnología, destacan que "hubo un esfuerzo realizado por el Estado durante el período 2003-2015 que colocó en el centro de la escena al conocimiento como insumo para el desarrollo del país y el bienestar de los ciudadanos". En este sentido se mencionaron los siguientes aspectos:
- El aumento del presupuesto del Conicet a valores constantes y la expansión de su política de formación de recursos humanos que pasó de 1800 becarios y 3500 investigadores en el 2003 a 10000 becarios y 9000 investigadores en el 2015.
- El incremento de centros de investigación Conicet Universidad que pasaron de 100 en el 2003 a 230 en el 2015 y la construcción de más de 150.000 metros cuadrados de laboratorios.
- El estímulo a la transferencia del conocimiento a la sociedad y la vinculación de los científicos con la comunidad.
- Estudios de la revista Nature dicen que como consecuencia de esas políticas del gobierno anterior, Argentina se encuentra por encima de la media mundial en el impacto internacional de su producción científica.
- El Conicet pasó de la posición 144 que ocupaba en 2009 a la posición 79 en 2014 entre las 5000 instituciones más importantes de Ciencia y Tecnología del mundo.
Se señala luego que el ajuste "ya impactó sobre el sistema de ciencia y tecnología y lo demuestra la incapacidad de los resultados de las paritarias de compensar los efectos de la inflación/devaluación que han reducido grandemente el poder adquisitivo de los estipendios de los becarios y los salarios de los investigadores y personal de apoyo (...) o la nula o insuficiente actualización de subsidios a proyectos de investigación".
No obstante, advierten que "las peores consecuencias de las acciones y omisiones del nuevo gobierno tienen que ver con la discontinuidad o falta de definición alrededor de los grandes proyectos" tecnológicos impulsados por el gobierno anterior, que no dependían ni hoy dependen del" Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entre los hechos negativos se enumeran: el despido de personal calificado en la industria satelital, lo que provocó la paralización del proyecto Arsat 3; también se frenaron las inversiones en la Plataforma de Televisión Digital Abierta (TDA); y los planes para el desmembramiento y/o privatización de la empresa pública Arsat.
En el sector nuclear, "si bien se avanzó con China en un memorando de entendimiento para la construcción de dos centrales de potencia, no están claras las condiciones de participación de las empresas nacionales". En el sector de defensa, "además del despido de personal de Fabricaciones Militares y la cancelación del proyecto de fabricación de vagones" se suma "la paralización del proyecto tecnológico SARA (Sistema Aéreo Robótico Argentino), y hay retraso en el plan de radarización del territorio argentino con radares nacionales (militares y meteorológicos)".
Se recalca, además, que "tampoco hay definiciones claras respecto a dar continuidad al desarrollo del programa de producción pública de medicamentos", cuya importancia estaba dada en el hecho de que el Estado "no sólo promovía procesos de aprendizaje, articulación y organización dentro del sector de ciencia y tecnología, sino que traccionaba la economía y fortalecía el desarrollo y sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas, que representaban en 2015 el 44 por ciento del producto bruto" de la Argentina.
Subrayan también que un capítulo importante del reclamo lo dedican "a las universidades públicas" dado que "Mauricio Macri y su Ministro de Educación, Esteban Bullrich, cuestionan el número de universidades creadas en años anteriores, su autonomía y carácter gratuito y la modalidad vigente de ingreso irrestricto establecida en la Ley de Educación Superior".
"Mientras el gobierno anterior produjo una fuerte inversión presupuestaria que alcanzó la histórica cifra del 1 por ciento del PBI, el actual gobierno demora el acceso a los montos aprobados en el presupuesto 2016 (51.946.796.000 pesos) y no da cumplimiento a la promesa de un incremento adicional que fuera anunciado en el mes de mayo" de 500 millones de pesos.
Concluyen diciendo que "como científicos y universitarios comprometidos con el presente y el futuro del país, queremos avanzar en la necesaria construcción de un espacio popular, plural y participativo, capaz de enfrentar las medidas y políticas reaccionarias del actual gobierno, recreando la posibilidad de pensar y diseñar un proyecto que se desarrolle sobre la base de políticas inclusivas y soberanas". Admiten que este proceso "exigirá la confluencia de sectores de diferente procedencia y un análisis crítico y propositivo que, partiendo de lo mucho que se ha logrado en los últimos 12 años, permita rescatar sus importantes logros, identificar sus errores y límites y encarar los desafíos y tareas pendientes".
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