“EN MI FAMILIA FALTABA UNA PIEZA, Y ESA PIEZA ERA YO”

domingo 03 de julio de 2016

"EN MI FAMILIA FALTABA UNA PIEZA, Y ESA PIEZA ERA YO"

JOSÉ LUIS MAULÍN PRATTO LE CONTÓ A PÁGINA/12 SOBRE 

LA BÚSQUEDA Y EL REENCUENTRO CON SU FAMILIA

"Pude rearmar la historia que me robaron"

El nieto 120 relató detalles de la vida con su apropiadora, tras ser arrebatado a su madre durante la dictadura, y cómo sus padres y su hermana lo buscaron. "Me falta el nombre", dijo sobre la lucha que aún mantiene para recuperar su apellido biológico.

El documento nacional de identidad de José Luis miente. Él, un hombre de 39 años, lo sabe desde hace siete, cuando un análisis de ADN le contó la verdad que corría por sus venas: en un 99,99 por ciento era compatible con el de Rubén Maulín y Luisa Pratto, sobrevivientes del terrorismo de Estado que en la ciudad santafesina de Reconquista arrasó como en el resto del país durante la última dictadura militar; de Cecilia Góngora, quien figura en los registros oficiales como su madre, y José Ángel Segretín, el dueño del apellido mentiroso, ni rastros. Desde ese análisis, José Luis reclama al Estado la restitución de su identidad, lo que está en pleno debate oral y público. "La identidad es el basamento que explica por qué uno es como es, por qué uno sueña determinados sueños, por qué decide concretarlos de tal o cual manera. No tenerla o tener una falsa es construir castillos en el aire, siendo alguien que en realidad no existe. Como me pasó a mí, que aún me llamo fulano, pero soy mengano", dijo a Página/12 después de que Abuelas de Plaza de Mayo lo reconociera como el nieto 120.

Algo de esa evaluación pudo realizar José Luis el jueves pasado ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe en el juicio por su apropiación. Ese día declaró, ante sus padres, querellantes en la causa, y su apropiadora, una de las dos acusadas. .

–¿Qué significó poder dar testimonio en el juicio que evalúa el robo de su identidad?

–Fue todo lo que esperaba. Estaba bastante ansioso por poder, por fin, declarar. Fue bastante emotiva la situación. Sentí una sensación de descarga total. Hacía tiempo que venía esperando el inicio del juicio y el pedido de que por favor cuanto antes se me restituyera la identidad. Pasaron ocho años, Los tiempos de la Justicia no son los nuestros. Incluso murió uno de los acusados. (Danilo) Sambuelli (era jefe del centro clandestino que operó en la III Brigada de Reconquista y murió en diciembre de 2014 cumpliendo una condena por los delitos de lesa humanidad cometidos allí) era para mí partícipe sumamente necesario en mi apropiación. Era quien administraba la justicia y el orden, el amo y señor de la ciudad de Reconquista durante la última dictadura. Él y la obstetra (Elsa Nasatsky de Martino, quien firmó el certificado de nacimiento) son responsables del aprovechamiento que mis apropiadores hicieron de la situación que padecían mis padres por ser víctimas del terrorismo de Estado como Góngora y Segretín. Patear en el suelo a alguien es a veces peor que aquel que provocó la caída. Mi familia estaba devastada y acá hubo un aprovechamiento que es tan delictivo como el secuestro y las torturas.

–¿Que su apropiadora haya escuchado su testimonio volvió más especial al momento? ¿Le generó dolor? ¿Lo atemorizó de alguna manera?

–No fue fácil ni fue gustoso para mí que ella estuviera sentada como acusada. En lo personal, no necesito una condena para ella, me basta con que esté ahí, con que me haya escuchado. Porque yo tenía la posibilidad de que la retiraran de la sala durante mi declaración, pero me era necesario que escuchara lo que tenía para decir, que supiera de mi boca lo que provocó en mí, que al momento de ser condenada, si resultara así el final del juicio, supiese de mi parte por qué recibe esa condena. Necesitaba que supiera el daño que me provocó, la pérdida que me provocó, lo que me robó, lo que se llevó y no le correspondía.

–¿Qué le robó? ¿Qué se llevó?

–Mi historia.

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Lo que su documento de identidad no reconoce, José Luis lo reivindica desde el lenguaje: llama "viejos, vieja, viejo" a Luisa Pratto y Rubén Maulín, y "apropiadora" a Góngora. A los 11 años, su apropiadora le confesó que no era hijo biológico de ella. "Bajo la promesa de que me llevara el secreto a la tumba", cuenta. La versión lo presentaba como el resultado de una relación extramatrimonial de Segretín, fallecido en 1986. Lo que hasta entonces no sabía era que había una mujer y un hombre en Reconquista que lo estaban buscando como su propio hijo.

"Mi mamá se acercó a mi apropiadora, incluso antes de que mi papá saliera en libertad, pero mi apropiadora la amenazaba con que la iba a hacer meter presa y mi vieja le tenía un terror espantoso a los policías después de las torturas y todo lo que había pasado", reconstruye José Luis algo de lo que sus padres sufrieron. En octubre de 1976, una patota de la III Brigada Área de Reconquista sorprendió al matrimonio de Luisa y Rubén en su departamento. Estaban allí con la mamá de Rubén y los dos hijos bebés de la pareja, Walter y Gisella. A Rubén y a su madre los secuestraron. Días más tarde también se llevarían a Griselda, la hermana menor de Luisa, que había viajado para ayudarla con los nenes. Luisa estaba embarazada de cuatro meses, lo cual no evitó las visitas violentas periódicas de la patota: durante meses la violaron, torturaron y amenazaron frente a sus hijos. Cuando llegó el momento, la llevaron a parir a José Luis al sanatorio privado local, donde la registraron con el nombre de quien le iba a robar a su hijo durante los siguientes 30 años.

Cuando Rubén salió en libertad, en 1982, comenzaron a reclamar a la Justicia por la recuperación de su hijo: tenían el nombre de la apropiadora. "Les llegaron a decir que la causa ya habían prescrito porque había pasado mucho tiempo y en organismos de gobierno les decían que si ellos sabían donde yo estaba y sabían quién era yo y quién me tenía, tenían que ir y buscarme. Entonces, volvían a intentar con mi apropiadora, pero ella los corría siempre. les llegó a decir que si seguían intentando, yo me iba a suicidar".

Para la misma época en que José Luis supo que no era hijo de Góngora, también recibió los primeros datos respecto de esa familia que lo "quería llevar". "Mi apropiadora me decía que me querían llevar, que eran malos y yo tenía terror. Sufrí toda una manipulación. Me decía que el marido era un terrorista, que había estado preso, que era un terrorista, que ponía bombas en colectivos. Así que por lo que me contaba ella yo no quería saber nada con mi mamá", relató a este diario.

–¿Nunca dudó de lo que Góngora le contaba?

–No, hasta que se acercó mi hermana. Ella sembró la gran semilla de la duda en mí, aquella patriada que se mandó fue muy importante para mí.

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Gisella es un año más grande que él y se crió buscándolo. Tras recuperar su libertad, su abuela paterna se la llevaba a buscarlo por las calles. José Luis reconstruyó: "La agarraba a ella y a mi prima y me buscaban, me vigilaban, me espiaban. Gisella tenía una noción desde pequeña de mí, de lo que pasaba conmigo, que después fue completando. Para cuando se acercó, llevaba años extrañándome."

Cuando su hermana mayor lo encontró, ambos compartían escuela secundaria. Él tenía 13 años y ella, 14, y se mandó sola, según le contaron décadas después a José Luis. Ella había escuchado en la casa, en conversaciones entre Rubén y su esposa –está separado de Luisa– el nombre de su hermano: José Luis Segretín. Luego, lo escuchó en el colegio. Y empezó a rastrearlo.

Lo que él recuerda de manera "muy fresca", lo que a él le quedó "grabado para siempre", fue el encuentro fugaz: "Fue en un recreo. Me tocó el hombro. No se presentó. Solo me dijo si podía hablar un ratito conmigo. Yo la vi muy parecida a mí, me di cuenta instantáneamente quién era y le dije que no, con mucho miedo. Se puso muy mal, se dio vuelta y se fue". Por esa "patriada" de su hermana, José Luis se enteró del apellido de su familia biológica paterna: Maulín.

–¿No se volvió a acercar a ella?

–No. Yo conté eso en mi casa y al otro día fue mi apropiadora a hablar con los directivos de la escuela, quienes maltrataron bastante a mi hermana, la acusaron de acosarme. Yo tenía miedo de que me secuestraran, así que mi apropiadora me propuso llevarme a Buenos Aires por un tiempo. Ella sabía cómo manejar los tiempos de la situación, con lo cual a mí me queda claro que ya había pasado otra vez: que nos buscaban, nos escapábamos para que mis familiares perdieran el rastro, desistieran y entonces volvíamos. Y así sucedió. Volví a fin de año a la escuela, pero mi hermana había sufrido mucho por esto y terminó abandonando.

Pasó el tiempo, pasó la adolescencia, pero José Luis siguió pensando siempre. "Me preguntaba por el parecido con esa chica, me preguntaba sobre el por qué del abandono de mi madre, pero la duda de a poco le fue ganando al miedo". El click definitivo llegó en 2008, cuando Góngora le volvió a contar que "esa gente" había vuelto a la carga. "Pero lo más fuerte fue lo de la radio", recordó.

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José Luis ya tenía 31 años, una pareja, dos hijas. Entonces, el juicio a los represores de Reconquista estaba en un momento clave (ver aparte). "Mónica, mi pareja, tenía una cuñada que era productora de un programa de radio y a propósito del juicio, le hizo una entrevista a mi mamá, que era testigo. Mi mamá le comentó que estaba buscando a su hijo, le dio todos los detalles y características y a esta chica le pareció muy familiar. Le pidió a mi mamá si sabía cómo se llamaba el chico que buscaba y mi mamá dudó, pero se lo dio. Cerraba por todos lados, era yo", recordó.

El tema sorprendió a todos en su familia política, que ni siquiera sabía la mentira que Góngora sostuvo hasta la última vez que lo vio: que José Luis es hijo de Segretín con otra mujer.

–¿Por qué aquella vez fue diferente al resto?

–Yo seguía teniendo miedo. No a que me llevaran, porque ya tenía 31 años, dos hijos... ¿Adónde me iban a llevar? Pero estaba enterado de las consecuencias de la situación. Hablé con Góngora y le conté que había decidido a escucharlos. Creía que me debían una explicación. No estaba enojado, pero en mí estaba la idea del abandono. Iba a decirles que me dejaran en paz. Conseguí el número de teléfono de mi vieja. Llamé varias veces y cuando me atendían, cortaba. Recién pude hacerlo en 2009, en el verano, con la ayuda de los profesionales del programa de protección de testigos.

–¿Cómo fue el reencuentro?

–Primero me vi con mi vieja. Y me trajo muchísima paz. Al fin podía escuchar esa parte de la historia: aquello que no quería, pero era tan necesario. Las barbaridades por las que pasaron ella, mi viejo, mis hermanos, mi abuela. No es fácil escuchar a tus seres cercanos, a tu familia, contar sus experiencias en torturas y secuestros. Fue tremendo para mí. Pero desde ese primer encuentro surgió todo. En marzo me encontré con los dos (Luisa y Rubén) y desde entonces el vínculo se fue haciendo más estrecho. Hoy, siento que los conozco de toda la vida.

En abril se sometieron los tres a la prueba de ADN y en mayo llegaron los resultados. Hasta entonces, José Luis tenía contacto con su apropiadora: "El último día que la vi fue con el resultado de ADN en la mano. Le pregunté si estaba segura de lo que ella me había contado siempre y repitió su versión. Le dejé los resultados del análisis, le pedí que no me mienta más, me fui y no volví más. Nunca se volvió a acercar, nunca se disculpó, nunca nada más".

–¿Le contaba algo sobre el terrorismo de Estado?

–En mi casa estaba prohibido hablar de política. Tal es así que yo tenía una colección de revistas encuadernadas de Perón y Evita que un buen día desapareció. Se la llevaron. De política y religión no se hablaba abiertamente. Pero circulaban ciertos términos que yo escuchaba a escondidas: en mi casa supe lo que era un submarino, lo que era una picana, lo que fueron los vuelos de la muerte. Del secuestro y robo de bebés no se hablaba. A medida que fui creciendo me fui enterando. Tuve profesores en el secundario que por fuera del programa educativo nos hablaban de la última dictadura. Nunca pensé que en Reconquista hubiera sido tan fuerte lo que pasó. La historia oficial acá versaba sobre un pequeño puñado de detenidos políticos y ajusticiados. Se lo contaba y veía así, estaba todo muy silenciado.

–¿Tenía postura tomada al respecto? ¿Qué pensó tras enterarse de que es víctima de aquellos años de terror?

–En mi entorno siempre se justificaron los delitos de lesa humanidad. 'Si se los llevaron, era porque eran terroristas', así se pensaba. Y yo tenía mis dudas, más aún cuando fui estudiando. Pregonaba en mí la teoría de los dos demonios: todos eran culpables y había inocentes en todos lados. Cuando empiezo a interiorizarme más, sobre todo en la cuestión política, ahí empiezo a tener una postura más humanista, aunque de todas maneras no me sentía identificado con nada. Cuando me reencuentro con mis viejos, yo ya entendía las cosas de otra manera. Nos encontramos y no estábamos tan lejos. Yo me identifico con el peronismo. Tenemos nuestras diferencias, que las discutimos como cualquier familia.

–No se sintieron extraños, entonces…

–Nos integramos increíblemente. Todo fluyó mucho. Me encontré con un lugar vacío esperándome al que ni siquiera me tuve que amoldar. En mi familia faltaba una pieza, y esa pieza era yo. Todos sabían de mí. Pero hay una parte dolorosa, que es la ausencia durante décadas, el tiempo perdido. Porque si la familia que me faltó hubiera sido una mala familia, todavía, pero saber que perdí tanto tiempo de conocer a esta clase de gente, saber que perdí de conocer familiares, que me perdí momentos, historias, son cosas que no voy a recuperar nunca más. No solo momentos lindos: me hubiera gustado pasar momentos difíciles con mis hermanos, incluso. Igual, sé que algo puedo recuperar, y que todavía quedan mucho por compartir con ellos. Lo más importante a recuperar es mi identidad.

–Le falta el cambio de apellido. "Quiero firmar como José Luis Maulín", dijo días atrás. ¿Qué significa la identidad para usted?

–Afortunadamente pude recuperar mi historia, lo que quedaba de mi familia, rearmar de a racimos de relatos la historia que me robaron. Pero me falta el nombre, la figura legal en la que se representa la identidad de una persona. Y la identidad para mí es la base fundamental de una persona. No se puede andar por la vida sin saber de dónde salió uno, sin saber de qué todo es una parte. Es el basamento que explica por qué uno es como es, por qué uno sueña determinados sueños, por qué decide concretarlos de tal o cual manera. No tenerla o tener una falsa es construir castillos en el aire, siendo alguien que en realidad no existe. Como me pasó a mí, que aún me llamo fulano, pero soy mengano".

En el banquillo, por la apropiación

La semana pasada comenzó en Santa Fe el juicio por la apropiación de José Luis Maulín Pratto. Allí, Cecilia Góngora y Elsa Nasatsky de Martino están acusadas de la sustracción de la identidad del hijo de Luisa Pratto y Rubén Maulín. Estaba acusado el jefe de la Base de la III Brigada Aérea de Reconquista, Danilo Sambuelli, pero falleció en diciembre de 2014. La causa comenzó no bien Rubén Maulín, Luisa Pratto y José Luis supieron por el análisis filiatorio, a mediados de 2009, que eran padre, madre e hijo. En la instrucción, que según José Luis fue "bastante rápida", quedaron claros los roles de cada uno de los participantes del delito: Nasatsky fue quien atendió el parto y firmó el certificado y el acta de nacimiento con el nombre falso de José Luis y sus apropiadores como padres. Góngora suscribió esos documentos como madre biológica de José Luis –Luisa Pratto fue ingresada a la clínica en donde parió con el nombre de la apropiadora de su hijo– y sostuvo la mentira. Sambuelli estaba sindicado como autor mediato del delito: por el cargo que ocupaba en marzo de 1977, no podía no tener conocimiento de lo que había sucedido con los padres del bebé recién nacido, ni de su apropiación. El juicio estuvo a punto de comenzar en marzo de 2014, pero la querella de Rubén Maulín recusó a uno de los jueces que integraban el Tribunal Oral Federal de Santa Fe por ser amigo del ex juez federal Víctor Brusa, condenado a 21 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. El caso de José Luis es particular entre los que evidencian el plan sistemático de robo de bebés de la última dictadura. No se registró entre las denuncias recibidas en Abuelas de Mayo ni tampoco en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Sus padres, sobrevivientes de los crímenes de entonces, lo buscaron e insistieron en recuperarlo durante casi cuatro décadas. Abuelas, tras conocer la historia, "decidió incorporar su caso al listado de nietos restituidos, como un acto de reparación y verdad histórica", apuntaron desde ese organismo.

Un juicio histórico

Danilo Sambuelli falleció cumpliendo una condena por delitos de lesa humanidad. Había sido penado en 2013 a 21 años de prisión por los secuestros y torturas a 39 militantes en el centro clandestino de detención que funcionó en la III Brigada Aérea de Reconquista. El de Rubén Maulín fue contabilizado entre ellos. También la violación agravada reiterada de Griselda Pratto, la tía de José Luis, quien había llegado a Reconquista desde Buenos Aires días después de que Luisa Pratto, su hermana, se quedara sola con sus hijos para "ayudarla" y acabó en la lista de víctimas del terrorismo de Estado. El juicio fue el primero en la provincia que juzgó la violencia sexual en centros clandestinos como delitos de lesa humanidad, por lo cual fue considerado histórico. Allí, Rubén, Griselda y Luisa fueron testigos. Fue la primera vez que la Justicia escuchó la historia del robo de José Luis. "Antes no habían tenido puertas abiertas para plantear el caso. Siempre las golpearon, siempre lo intentaron, pero nadie les tendió la mano necesaria para proceder de manera legal", remarcó José Luis. Además de Sambuelli, la Justicia santafesina juzgó entonces también a otro oficial retirado de la fuerza aérea, Jorge Alberto Benítez y a cinco ex policías: Carlos Nickish, Horacio Machuca, Arnaldo Neumann, Eduardo Luque y Rubén Molina. Todos fueron condenados.

MIRGOR DE NICOLÁS CAPUTO REGISTRÓ EL AUMENTO DE 

RENTABILIDAD EN DÓLARES MAS IMPORTANTE ENTRE LAS

EMPRESAS LÍDERES

No tuvo que esperar al segundo semestre

En el primer trimestre de este año, la compañía del amigo y deudor del presidente Mauricio Macri contabilizó una utilidad de 234 por ciento en dólares respecto a igual período de 2015. El plan oficial para celulares que se anuncia esta semana garantizará ganancias para Mirgor.             Nicolás Caputo tuvo como socio a Mauricio Macri en Mirgor, además de ser                              su amigo y principal contratista de obra pública de la Ciudad. 

                    

Por      Alfredo Zaiat

Las ganancias medidas en dólares de 84 empresas que cotizan sus acciones en el mercado bursátil totalizaron 746,2 millones en el primer trimestre de este año. Agrupadas por sectores, el que más ganó fue Bancos y el de mayor quebranto fue Distribución de Gas. Otro dato del relevamiento realizado por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, ya con todos los balances presentados, muestra que en los primeros tres meses plenos del gobierno de Mauricio Macri tres compañías del panel líder contabilizaron utilidades en dólares superiores al mismo período del año anterior. Una fue Aluar de la familia Madanes. La otra fue la inversora financiera e inmobiliaria Consultatio de Eduardo Costantini. La tercera fue Mirgor. En esta última firma Mauricio Macri fue socio junto a su amigo, confidente, deudor y uno de los principales contratistas de obra pública de la Ciudad de Buenos Aires y ahora de la Nación, Nicolás Caputo.

Macri informó que vendió su parte de Mirgor en 1994, año que comenzó a cotizar las acciones en las bolsas de valores de Buenos Aires, Londres y Nueva York. Se desvinculó del directorio en 1996. La empresa siguió bajo control de Caputo y su familia. Es la acción estrella de la plaza bursátil al aumentar el impactante 608 por ciento desde el 22 de junio del año pasado hasta el último cierre. La empresa goza de un régimen de privilegio fiscal por estar radicada en Tierra del Fuego. En el primer trimestre del año respecto a enero-marzo 2015 pasó de una pérdida equivalente a 4,15 millones de dólares a una ganancia de 5,54 millones de dólares. Esta variación es una impresionante mejora del 234 por ciento en dólares.

Caputo y su familia mantienen la mayoría accionaria de Mirgor. Una porción del paquete está en manos de la Anses en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional. Ese fondo tiene acciones de 46 empresas que el Estado recuperó del negocio financiero de las AFJP. El engendro de ley que impulsó el gobierno y aprobado con el aporte de un sector de la oposición tiene un capítulo reclamado por los dueños de esas compañías, entre ellos Caputo: la posibilidad de que la Anses venda esas acciones. El FGS tiene en su cartera de inversión el 21,5 por ciento de Mirgor, que ahora el principal asesor de Macri podrá comprar.

La reseña del balance informa que su actividad principal es la fabricación de equipos de aire acondicionado para el sector automotriz y a través de sus sociedades controladas se dedica a la fabricación y comercialización de equipos de aire acondicionado para uso residencial, microondas, televisores color, notebooks, equipos de audio, video y telefonía celular. El presidente Macri anunciará esta semana un plan de venta en cuotas de teléfonos con tecnología 4G.

Mirgor tiene una unidad de negocio de telefonía móvil a través de la subsidiaria Industrial Austral de Tecnología (IATEC). Es el área de actividad más reciente desarrollada por el Grupo Caputo. IATEC es fabricante exclusivo de los teléfonos móviles Nokia (Microsoft Mobile) y desde junio de 2014 también ensambla los móviles Samsung. En febrero el gobierno estudiaba un plan canje de celulares que beneficiaba a las firmas que arman las piezas de los equipos en Tierra del Fuego, entre ellas Mirgor. Los inversores bursátiles entendieron el mensaje oficial: las acciones de Mirgor en ese mes subieron 25 por ciento. Ahora el programa de renovación de smartphones será en doce cuotas sin interés, que favorece a la empresa del amigo de Macri y al resto de las ensambladoras de Tierra del Fuego.

El grupo de compañías radicadas en la isla estaban inquietas durante el anterior gobierno por lo que consideraban una campaña en contra de grandes medios de comunicación por el inmenso costo fiscal involucrado para mantener en funcionamiento ese polo electrónico. Informes publicados por los mismos diarios que hoy festejan el plan canje de celulares destacaban el costo fiscal de 15 mil millones de pesos anuales y la demanda de divisas por 3500 millones de dólares de esa promoción industrial. Esas firmas tienen ahora un aliado con una extraordinaria influencia sobre el actual poder político. La empresa de Nicolás Caputo tiene su base en Tierra del Fuego, y su principal actividad por facturación es la de electrónica por encima de la vinculada al sector automotor. En el primer trimestre de este año, los beneficios de promoción industrial fueron equivalentes al 25 por ciento del total de los ingresos ordinarios del rubro de electrónica. Sin ese aporte de recursos públicos, la ganancia operativa de ese segmento de negocios de Mirgor hubiera descendido a casi un tercio.

El sendero transitado de rentabilidad creciente de Mirgor quedó reflejado en la decisión tomada por la asamblea de accionistas llevada a cabo el 29 de abril pasado. Para cerrar el muy positivo ejercicio de la compañía durante los primeros meses del gobierno de Macri decidió distribuir dividendos en efectivo entre los accionistas. El monto a repartir suma 40 millones de pesos, y otros 12 millones en dividendos en acciones. El FGS de la Anses debería haber recibido poco más de 8 millones de pesos, mientras que Caputo y su familia, 20,8 millones al reunir el 52 por ciento de las acciones de Mirgor.

La reseña informativa del balance de Mirgor incluye un "breve comentario sobre las actividades de la sociedad durante el período" (primer trimestre de 2016), que es un resumen de la propaganda oficial. Caputo informa a los accionistas de Mirgor en tono de marketing electoral macrista. Comunicó que "tal como había sido anunciado en la campaña presidencial, el nuevo Gobierno comenzó a atacar los desequilibrios macroeconómicos…"; "la unificación cambiaria desmintió a los que pronosticaban un descontrol de la cotización del dólar…", "para la mejora de la situación externa, se sumaron la reducción de las retenciones y recientemente la resolución de la larga disputa con los 'holdouts'"; "…estas importantes medidas para recuperar la confianza interna y externa apuntan a la atracción de nuevas inversiones"; "los ajustes de tarifas tan necesarios para comenzar a resolver los problemas de déficit fiscal…"; "el gobierno es muy sensible a este problema y por ello ha puesto al tope de sus prioridades la lucha contra la inflación". Es un análisis de coyuntura no habitual en las presentaciones de balances de las empresas. El tono político más que económico del informe de Mirgor a los accionistas es otro aporte de Caputo para su amigo presidente.

Ganancias

Mirgor explica el fuerte aumento de sus ganancias, que la ubica entre la más rentable del panel de acciones líderes MerVal en el primer trimestre, en la mejora en el "abastecimiento" de televisores. En el mismo período de 2015, había vendido 1000 unidades, mientras que en los primeros tres meses de este año los despachos fueron 89.738, al solucionarse "los problemas de abastecimiento" (ingreso de importaciones de partes para ensamblar el televisor). La liberación sin control de permisos de importación realizado por la Secretaría de Comercio en el inicio del gobierno favoreció a Mirgor. Además incorporó a Samsung como cliente de esa línea de productos. Las ventas acumuladas sumaron 3825,8 millones de pesos, 290,5 por ciento más que las reportadas en igual período del año anterior. La expansión en la facturación junto a la reducción en los costos de producción, según detalla Mirgor en el balance, explica la reversión de las pérdidas del primer trimestre del año pasado (36,6 millones) para pasar a ganar 81,7 millones de pesos.

De ese modo Mirgor se destacó sobre la mayoría de las empresas cotizantes en la plaza bursátil. El Instituto Argentino de Mercado de Capitales estudió los balances trimestrales de 84 firmas que abarcan a todos los sectores relevantes de la economía. El resultado neto consolidado de esas compañías líderes sumó el monto indicado al comienzo del artículo (equivalente a 746,2 millones de dólares), que implica una merma del 47 por ciento medido en dólares, variación negativa que se explica fundamentalmente en la fortísima corrección del tipo de cambio del 67 por ciento, que subió de 8,82 a 14,74 pesos en el segmento mayorista en esos doce meses (cotización de referencia para el informe del IAMC).

Diez de las trece empresas del índice MerVal tuvieron ganancias medidas en dólares, pero sólo tres mejoraron sus resultados. Como se mencionó, Aluar, Consultatio y Mirgor. La productora de aluminio incrementó 7 por ciento sus utilidades en dólares, pasando de 33,9 a 36,4 millones; y la firma de Eduardo Costantini mejoró 22 por ciento, de 19,3 a 23,6 millones de dólares. En esa troika, sobresalió la empresa de Caputo con un avance del citado 234 por ciento. Las otras siete firmas que ganaron pero menos que en igual período anterior fueron Telecom (62,8 millones de dólares), Siderar (43,4), YPF (67,6), Pampa Energía (62,7) y los bancos Macro (95,5), Galicia (91,5) y Francés (79,0 millones de dólares. Las tres que registraron quebrantos fueron Edenor (8,5), Comercial del Plata (2,9) y Transener (7,6 millones de dólares).

Aluar y Mirgor tuvieron además un muy buen desempeño en relación al retorno sobre patrimonio neto (roe) en la comparación entre primeros trimestres. Y junto al Banco Galicia se ubicaron en ese indicador clave de rentabilidad y solvencia por encima del promedio de los últimos cinco años. A nivel sectorial, 16 actividades mantuvieron resultados positivos, cuando un año atrás habían sido 20. El mejor desempeño fue para Bancos, con una ganancia en dólares de 389,7 millones de las entidades que cotizan en bolsa, seguida por Industria de Petróleo y Gas, con 126,7 millones, y Holdings, con 104,0 millones de dólares. Los peores resultados fueron para Distribución de Energía Eléctrica, con una pérdida de 38,5 millones de dólares y Distribución de Gas, con un saldo negativo de 49,7 millones.

El análisis del primer ejercicio económico de las empresas cotizantes en la Bolsa en el gobierno de Mauricio Macri refleja el efecto de la actual política económica: los bancos al tope de las ganancias nominales y la empresa de su principal socio afectivo Nicolás Caputo convirtiéndose en la estrella del mercado por el alza de la cotización de la acción y, en especial, por contabilizar la más elevada rentabilidad de todas las compañías líderes. Nicolás Caputo con Mirgor no tuvo que esperar al segundo semestre.

azaiat@pagina12.com.ar

Sector por sector

UNA MULTITUD RECIBIÓ A LA EX PRESIDENTA A SU ARRIBO 

A AEROPARQUE

El mismo amor bajo la lluvia

Decenas de miles de militantes de La Cámpora, Nuevo Encuentro, la JP y, en menor medida, del Movimiento Evita, esperaron a la ex presidenta, que volvió anoche a Buenos Aires para presentarse ante el juez Claudio Bonadio.

                      La ex presidenta saludó a los militantes que fueron a recibirla al aeropuerto.                    

Las puertas de la terminal C de Aeroparque se abrieron pasadas las diez y cuarto de la noche. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sorteó el cordón de seguridad aeroportuaria y se acercó a saludar a la multitud que descargaba contra las vallas la ansiedad contenida después de más de tres horas de espera bajo la lluvia. Cristina tocó las manos que pudo y se besó con aquellos le acercaron la mejilla. La militancia, encendida, respondió con bombas de estruendo, haciendo sonar los bombos y cantando consignas contra el juez federal Claudio Bonadio y el gobierno de Cambiemos.

El vuelo AR 1893 de Aerolíneas Argentinas que transportó a la ex presidenta desde El Calafate aterrizó en Aeroparque cinco minutos antes de lo previsto, a las diez en punto. La esperaba una multitud que según dijeron los organizadores se acercaba a las 50 mil personas y un grupo de dirigentes encabezados por los diputados Axel Kiciloff, Andrés Cuervo Larroque y Juan Cabandié; el ex titular de Aerolíneas, Mariano Recalde y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, entre otros. La ceremonia culminó con fuegos artificiales y al canto de "vamos a volver", y se transformó en una caravana de varias cuadras por Avenida Costanera, con un río de gente siguiendo la huella del coche que transportada a la ex mandataria.

El aguante

"Esto no es para los tibios", se jactó Luis, jubilado, mientras hacía equilibrio para cebar un mate y sostener su paraguas. "Los peronistas, de éstas, tuvimos muchas", bromeó luego sobre la espera en los aeropuertos. Sus familiares y compañeros, con los que había llegado desde Escobar, asentían. Las comparaciones con el recibimiento de Perón en el 72 eran tema de charla entre los más grandes. "Yo estuve en Ezeiza", le contó a este diario Graciela, que todos los días de la semana va desde su casa en Haedo, "ese barrio cheto", hasta la unidad básica que tiene el Peronismo Militante en Ituzaingó – bautizada Laureano Aredes, en homenaje al dirigente de la juventud sindical peronista desaparecido – para dar clases de teatro. "Esta es la JP de los jovatos peronistas", se rió mientras señalaba a los suyos: cada uno con su historia en el peronismo de los setenta. Graciela tenía 19 años cuando fue a buscar a Perón a Ezeiza. "Cuando empezó la balacera, corrí hasta que un compañero me agarró y me escondió. Lo que puedo decir es que a diferencia de la violencia de esos años, estar acá es una verdadera fiesta", dijo. "Acá está la convicción. Como siempre pasa, cuando las papas queman, se van las ratas, como está pasando con algunos que prefiero no nombrar. Pero acá estamos los peronistas de siempre", sostuvo.

Alrededor de las agrupaciones se acomodaban autoconvocados como Gerardo, de Don Bosco, buscando un lugar cercano a las vallas para ver pasar a la ex presidenta. "Cristina tenía que volver. La estábamos esperando. Hay mucha sanata dando vueltas todos los días como para que no estuviera acá", dijo. Con "la sanata", aclaró después, se refería al caso José López: "Alguien se inspiró mucho en Breaking Bad, yo la verdad no me lo creo", dijo. "Pero a la militancia le dolió mucho", reflexionó.

"Soy autoconvocado, sí. Estoy viejo como para reuniones", bromeó Miguel, "jubilado gracias a la moratoria de Néstor Kirchner". "Mi experiencia me dice que hoy había que estar acá. Yo siempre me movilicé, estuve en Plaza de Mayo cuando asumió Cámpora. Creo que estoy del lado de los buenos", dijo. Cada miércoles, todas las semanas, Miguel viaja desde Villa Urquiza, donde vive, hasta el Congreso, donde se para con distintos carteles caseros, siempre con consignas diferentes, que elabora en base a recortes de los diarios. "Algunos me putean, me gritan chorro, corrupto. Con otros nos abrazamos, lloramos, nos damos ánimo", contó. Ayer llevaba una gigantografía con la foto de Cristina posando con la banda presidencial. "Acá estamos los más leales", dijo en sintonía con el sentimiento de lealtad generalizado. "Hubo algunos que después de doce años en el gobierno ahora votan en contra de lo que antes decían que estaba bien. Eso no es lealtad", sentenció.

Poco antes del arribo de la ex presidenta, la militancia soltó los primeros fuegos artificiales, a modo de prueba. Fue un punto de inflexión para los pasajeros que transitaban por aeroparque intentando estar ajenos a la escena que los rodeaba. Algunos de ellos detenían la marcha hacia el check in con cara de desaprobación y puteaban en voz alta. En la calle, otros bajaron las ventanillas de los autos para gritar "chorros", "cárcel" y seguir con su rumbo. La militancia apenas respondía con los dedos en V. Lo mismo hizo ante los bocinazos de aprobación, que se oyeron durante toda la noche.

La mayoría de los presentes ayer pertenecía a distintos agrupamientos de la JP del conurbano, casi todos de La Cámpora, Kolina y Nuevo Encuentro. Hubo varios militantes del Movimiento Evita, que no movilizó masivamente como lo suele hacer. Desde La Cámpora calcularon unas 15 mil personas, contando a los autoconvocados. Toda la organización de la seguridad estuvo garantizada por la Policía de Seguridad Aeoroportuaria, lo que generó algunos cruces con las organizaciones, sobre todo porque el férreo despliegue de efectivos dificultaba el acceso de dirigentes al sector de prensa y a la zona más cercana a las puertas por donde llegó la ex presidenta.

"Hoy cambia la historia", suspiró esperanzado Luis, cuando el coche que transportaba a la presidenta ya se había perdido de vista.

COMO ES LA OFENSIVA JUDICIAL CONTRA LA EX PRESIDENTA Y SU GOBIERNO

El menú de una guerra sucia

El juez Bonadio crea eventos mediáticos porque la Cámara puede apartarlo este martes. El pacto con el narco Pérez Corradi para que “apunte alto” y los aprietes a Báez para que sea arrepentido.

 

Por      Raúl Kollmann

Los policías enviados por el juez Claudio Bonadío allanaron el jueves, en Santa Cruz, propiedades de la familia Kirchner, la mayoría de ellas ya allanadas antes más de una vez. La documentación que se buscó para el expediente Los Sauces, que en gran parte ya está en la causa Hotesur, pudo haberse pedido con un simple escrito. Y, lo más grave de todo, Bonadío concretó los allanamientos para producir ruido mediático porque sabe que el martes próximo la Sala I de la Cámara Federal podría apartarlo dado que Los Sauces es una causa armada. Se trata de una grotesca forma que se encontró para eludir una decisión anterior de la Cámara, que hace un año eyectó a Bonadio de Hotesur por graves irregularidades.

La maniobra no es nada más que una parte de la trama de presiones contra Cristina Fernández de Kirchner, y también contra los jueces que no se disciplinen a la ofensiva que protagoniza el macrismo judicial, incluyendo los servicios de inteligencia – siempre alineados con Washington – y el titular de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, que no se priva de llamar a Comodoro Py para producir un hostigamiento que no tiene antecedentes en democracia.

Armado

La causa Hotesur surgió a raíz de una denuncia en la que se decía que la sociedad de la familia Kirchner, cuya titular es Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner, no había presentado los papeles en la Inspección General de Justicia. Se trataba de una infracción redimible por multa. La denuncia fue hecha por Margarita Stolbizer.

Sin embargo, de la mano de Bonadío, la causa se convirtió el año pasado en una gigantesca investigación sobre gran parte de los bienes familiares de los Kirchner, en especial los dedicados a negocios inmobiliarios. Englobaba a dos sociedades, Hotesur, que alquilaba el hotel Alta Patagonia, y Los Sauces, orientada a alquilar departamentos o propiedades en Río Gallegos, Calafate, El Chaltén y Buenos Aires.

El expediente era uno solo y la instrucción de Bonadío pasaba de una irregularidad a otra. Citaba a testigos sin notificar a la defensa, no permitía que el abogado de los Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, viera el expediente y finalmente mandó a hacer una pericia contable a espaldas de la familia presidencial. Por esta última irregularidad, Bonadío fue apartado del expediente. Se sorteó como nuevo juez a Julián Ercolini.

La prueba más categórica de que Los Sauces era parte de Hotesur es que Ercolini mandó a hacer una pericia contable y de las 33 preguntas que le planteó a los peritos, en 14 hubo referencias a Los Sauces. Por ejemplo, si los balances figuran en las declaraciones juradas de los Kirchner, qué pagos hubo de Lázaro Báez y Cristóbal López a Los Sauces, cuántos son los empleados, los pasivos y muchos otros detalles. En su mensaje por Facebook, CFK dijo el jueves que Bonadio se llevó parte de la documentación con la que se está por hacer la pericia ordenada por Ercolini. "Soy la única ciudadana investigada por el mismo tema por dos jueces distintos de Comodoro Py", dijo la ex presidenta.

El abogado Beraldi denunció la situación y la intromisión de Bonadío en una causa de la que fue eyectado y en la que se metió por la ventana ayudado por el fiscal Carlos Rívolo y la diputada Stolbizer. La audiencia de la Sala I se va a hacer el próximo martes y allí la lógica es que reunifiquen Hotesur y Los Sauces, una división que sólo existe por la maniobra de Bonadío. Para hacer un ruido y tratar de condicionar a la Sala I, el magistrado ordenó los allanamientos en el Sur, aún sabiendo que buena parte de los lugares ya se habían allanado antes.

Servicios

La ofensiva para que Lázaro Báez se declare arrepentido – otra jugada contra Cristina – tiene también contornos escandalosos. Hubo una enorme presión mediática para que el juez Sebastián Casanello ordenara la detención de los cuatro hijos del constructor sobre la base de un informe de inteligencia de Suiza, es decir ni siquiera en base a documentación oficial, bancaria, firmada por algún juez helvético. Además, la abogada de fugadores del HSBC María Eugenia Talerico y el técnico del FMI ahora a cargo de la Unidad de Información Financiera Mariano Federici, pidieron que sean apresados los cuatro, cuando ni siquiera habían prestado declaración indagatoria. La UIF es una dependencia del Poder Ejecutivo, es decir del gobierno de Macri. Es un secreto a voces que la ofensiva sobre Báez tiene como objetivo que el constructor diga que fue testaferro de los Kirchner, o algo por el estilo.

En escena aparecieron la doctora Claudia Balbín y su hijo Santiago Viola como abogados de los hijos de Báez. La madre es de trayectoria radical y hoy en día aparece vinculada a la Agencia Federal de Inteligencia, la ex SIDE, a través del ex fiscal Eduardo Miragaya, quien asumió en ese organismo la Dirección de Inteligencia en materia de delincuencia financiera. O sea que un integrante del gobierno de Macri interviene directamente buscando concretar el pacto: mejorar el lugar de detención de Báez, impedir la prisión de sus hijos, preservar una parte de la fortuna, a cambio de una confesión o arrepentimiento.

Como es obvio, todo apunta a conseguir un testimonio - aunque no se pueda verificar – que sirva para detener a la ex presidenta.

Asunción

Los actuales funcionarios de Seguridad y la AFI se autocondecoran por la detención de Ibar Pérez Corradi (PC), encontrado finalmente en Foz de Iguazú. El ex prófugo es un hombre acusado de ser el ideólogo del triple homicidio de General Rodríguez, está imputado en Estados Unidos por el tráfico de 1700 pastillas de Oxicodona, en base a opio, y se lo sindica como socio también de cárteles mexicanos en el tráfico de efedrina. PC fue proveedor de Jesús Martínez Espinoza, un mexicano que armó un laboratorio de pastillas de metanfetamina en Maschwitz. Allí tenía trabajando once mexicanos, nueve de ellos traídos de León, donde funcionaba una rama clave del Cartel de Sinaloa, el del Chapo Guzmán. Por supuesto que están los que dicen que detrás estaba la mano de la DEA norteamericana, mientras que el dudoso juez Faggionato Márquez le adjudicó el armado del laboratorio y la exportación de pastillas al Chapo.

El equipo que conducían Oscar Parrilli y Juan Martín Mena en la ex SIDE sostiene que todo el hilo conductor para detectar a PC fue encontrado durante el anterior gobierno: el facebook de la pareja actual del traficante ya estaba en conocimiento de la investigación, sólo que el domicilio era en Ciudad del Este, Paraguay, y PC se había mudado a Foz de Iguazú. Lo que dio la pista final fue una foto de la hija del traficante, en el facebook detectado, con un buzo de un jardín de infantes de Foz.

Lo insólito es que desde enero se viene gestando un acuerdo entre el gobierno de Macri y el prófugo, lo que incluyó una reunión con los abogados de Pérez Corradi en el Ministerio de Seguridad. En la causa de la efedrina ya están procesados por la jueza María Romilda Servini de Cubría casi diez funcionarios kirchneristas, con José Ramón Granero a la cabeza. Granero era el titular de la Sedronar, la secretaría de control de drogas, que autorizó la entrada de efedrina en grandes cantidades a la Argentina. Pero lo que se busca con el acuerdo del macrismo con PC es que el traficante prófugo pegue más arriba en el anterior gobierno. Algo curioso es que se quiere involucrar a Aníbal Fernández que era un archienemigo de Granero.

Uno de los datos asombrosos es que el triple crimen de General Rodríguez fue investigado por la justicia provincial bonaerense a través del fiscal Juan Ignacio Bidone. Hubo un juicio en Mercedes que duró dos meses, también en Mercedes fueron condenados los hermanos Lanatta y los hermanos Schillaci – supuestamente pagados por Pérez Corradi para matar – y la apelación se tramitó en La Plata. Es decir que a lo largo de siete años todo cursó en la justicia provincial. Sin embargo, en febrero de este año, tras el cambio de gobierno y de la espectacular fuga de los Lanatta y Schillaci, de la noche a la mañana el fiscal y el juez se declararon incompetentes y le pasaron la causa a la justicia federal. Era una de las condiciones que públicamente impuso Pérez Corradi para entregarse.

El acuerdo que se habría cerrado en Asunción el viernes consiste en que Pérez Corradi se avenga a la extradición desde Paraguay y declare "contra funcionarios kirchneristas que están siendo investigados en el mismo caso por el que me investigan a mi". A cambio de ese compromiso – según revelaron en Paraguay – PC consiguió que lo alojen en alguna dependencia de la Policía Federal o la Gendarmería, no en el Servicio Penitenciario; le garantizaron acceso a Internet y fondos para mantener a su familia. Para cubrir las formalidades será incorporado al programa de protección al testigo.

Ofensiva

Maniobras con allanamientos en causas judiciales, servicios de inteligencia actuando en las defensas de los imputados y pactos con acusados de gravísimos delitos, son el menú orientado contra el gobierno anterior. Los dirigentes del kirchnerismo sostienen que son jugadas con las que se tratan de tapar los aumentos de precios, tarifazos, despidos, recesión y los problemas sociales. En cualquier caso parecen trampas que tienen poco que ver con la institucionalidad democrática que se pregonaba hace seis meses.

raulkollmann@hotmail.com

AMENAZAS DE SANCIONES A LOS QUE NO SE PLIEGUEN A 

LA OFENSIVA ANTI K

Cómo disciplinar a los jueces

Por      Raúl Kollmann

El comentario extendido en los tribunales federales de Comodoro Py es que rige una especie de estado de sitio contra cualquier fiscal, juez o camarista que no se pliegue a la persecución mediática y judicial contra el gobierno kirchnerista. En la semana que pasó, la Sala II de la Cámara Federal le ordenó al gobierno – a través de la Policía Federal – que investigue al juez Sebastián Casanello y determine si estuvo o no en la Quinta de Olivos. El magistrado ya dijo que nunca estuvo allí y que jamás habló con la ex presidenta; CFK aseguró, hasta el cansancio, que nunca se vio con ningún juez ni en la Quinta ni fuera de ella, pero los camaristas resolvieron investigar al magistrado, dándole algo de crédito al imputado. "No se registra en la historia que una Cámara se convierta en juez de instrucción", es el comentario extendido en el edificio de Retiro. Tras cartón, el Consejo de la Magistratura sacó una resolución por la cual se hará una auditoría de las causas de corrupción y se verá así si avanzan al ritmo que ellos consideran que corresponde. Es la primera auditoría en 15 años y es un secreto a voces que está orientada contra Casanello y Rafecas. No da la impresión de que vayan a pesar atrasos en Panamá Papers o en Papel Prensa, por ejemplo: sólo se evaluarán las causas contra el kirchnerismo. Por último, la Sala II emitió un asombroso fallo ordenándole a Casanello que en la causa Báez investigue a CFK. Los juristas sostienen que de ninguna manera una Cámara le puede dar órdenes definidas a un juez. "Los magistrados no son comisarios delegados, tienen soberanía de instancia", le dijo a este diario un magistrado de la Casación.

La mayoría de los juristas mira con estupor la caza de brujas desatada en Comodoro Py. El mayor impacto lo produjo la decisión de la Sala II de recibir dos veces a Lázaro Báez y ordenarle a la Federal que investigue a Casanello. "No hay duda de que lo persiguen porque tiene la causa de Panama Papers, donde está imputado Mauricio Macri. Lo quieren condicionar como sea", aseguran en el edificio. Desde el punto de vista estrictamente jurídico "no existe en el Código Procesal que la Cámara se constituya en juez instructor y ordene medidas de instrucción por su cuenta. Hubieran hecho la denuncia, la hubieran sorteado, pero pedirle al gobierno que investigue a un juez a través de la Policía Federal, es inédito" le dijo este diario el miembro de la Casación.

El Colegio de Abogados de la calle Montevideo, una agrupación tan reaccionaria que la llaman El Club de Abogados del Proceso, le pidió al Consejo de la Magistratura que ordene una auditoría para establecer qué juzgados se demoran en las causas de corrupción. Es la primera de estas características en quince años. En Comodoro Py consideran que es parte de la ofensiva contra Casanello y Rafecas, el magistrado que desestimó la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman antes de morir. Esa decisión fue ratificada por la Cámara Federal y luego acompañada también por el fiscal de Casación, Javier De Luca. En la misma sintonía estuvieron buena parte de los juristas del país: Julio Maier, Raúl Eugenio Zaffaroni, León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra y otros.

La auditoría amenaza con ser un instrumento arbitrario apuntado contra los jueces y camaristas que no comulgan con la presión del aparato judicial del macrismo, con los ex integrantes de la escudería de Jaime Stiuso a la cabeza, con Ricardo Lorenzetti como aliado y con la orientación de Washington para castigar a lo que llaman los gobiernos populistas. Se ve en Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela.

Para rematar la semana, la Sala II de la Cámara Federal – sin la presencia de Horacio Cattani por motivos personales – dictó un fallo también asombroso: le ordenó a Casanello que investigue a la ex presidenta y la obra pública en la causa Báez. El texto llama la atención por cómo prejuzga: sugiere que la relación entre CFK y Báez se basa en alguna ilegalidad y que hubo irregularidades en la adjudicación de obras públicas. Los camaristas recomiendan que ese expediente se vincule también con el de José López y con el de Hotesur. Cada caso está en manos de jueces distintos y la Cámara da por acreditado lo que en verdad se está investigando. Por ejemplo, Julián Ercolini, a cargo de investigar la obra pública, todavía no dictaminó que hubo sobreprecios o adjudicaciones fraudulentas. Por otra parte, quien acusa en un expediente, el fiscal Guillermo Marijuán, por ahora no hizo vinculación alguna, con pruebas, de lo que dice la Cámara.

En realidad, la Sala II podría haber apartado a Casanello y ordenado que todo lo investigue Ercolini, porque se supone que tiene la causa en la que se origina todo, la de la obra pública. Pero no lo hizo. Es que en Comodoro Py las cosas están orientadas principalmente a presionar jueces.

PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE LA 

CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA 

Los obispos y la corrupción 

La conducción de la Iglesia Católica salió al paso de las noticias que dan cuenta del vínculo del fallecido arzobispo Di Monte con José López. "Los seguidores de Jesucristo debemos ser honestos", afirmó.

       José María Arancedo, titular del Comité Ejecutivo del Episcopado. 

La Comisión Ejecutiva de los obispos católicos argentinos, organismo presidido por el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, dio a conocer ayer un comunicado frente a "hechos que vinculan a personas de la Iglesia en la Argentina con posibles casos de corrupción", señalando que "los seguidores de Jesucristo debemos ser honestos y respetuosos de las leyes y como todo ciudadano debemos colaborar con la justicia en su tarea de esclarecer la verdad de los hechos y someternos a sus dictámenes". Sin mencionar a nadie, la declaración sale al paso de las noticias que afectan al fallecido arzobispo Rubén Di Monte con las maniobras de corrupción y eventual lavado de dinero en torno a las investigaciones que se hacen a partir del hallazgo de grandes cantidades de dinero en poder del ex funcionario José López.

Los obispos de la Comisión Ejecutiva manifiestan su "rechazo ante cualquier acto de corrupción, público o privado, pero de manera particular a los que involucren a miembros de la Iglesia, que por su misión y servicio, debieran ser testigos íntegros del Evangelio que predicamos". Y adelantan su "colaboración sincera para el esclarecimiento de las denuncias" subrayando que "en este campo es fundamental que el Poder Judicial se mantenga independiente de las presiones de cualquier poder y se sujete sólo al imperio de la verdad y la justicia".

Dicen los obispos católicos a través de su Comisión Ejecutiva que "lo que ha tomado estado público nos lleva a hacer un sincero examen de conciencia a la luz del Año de la Misericordia que estamos celebrando en la Iglesia católica", y agregan que "a nosotros nos interpela de una manera directa y también lo deseamos, para bien del pueblo de la Nación, que este mensaje llegue a todas las personas promotoras o cómplices de los delitos de corrupción".

Recuerdan también que con ocasión del bicentenario de la independencia "los obispos expresamos que la corrupción desgasta en el pueblo la confianza en las instituciones de la democracia". Citan, además, palabras del papa Francisco, quien calificó a la corrupción como una "llaga putrefacta de la sociedad, un grave pecado que grita hacia el cielo pues mina desde sus fundamentos la vida personal y social". Y agregan que "la corrupción impide mirar el futuro con esperanza porque con su prepotencia y avidez destruye los proyectos de los débiles y oprime a los más pobres" porque "es un mal que se anida en gestos cotidianos para expandirse luego en escándalos públicos".

En tono autocrítico los obispos católicos afirman que "los miembros que tenemos responsabilidades en la Iglesia no podemos dejar de aplicarnos a nosotros en primer lugar estas palabras del Papa Francisco" porque esa "debe ser la luz que nos guíe con valentía por un camino de purificación y conversión profunda del corazón, para renovar a la Iglesia en la caridad pastoral" (cfr. El Bicentenario 48).

Por otra parte, los directores de la fundación Scholas Occurrentes, Enrique Palmeyro y José María del Corral, concedieron una entrevista al diario La Nación, en la que sostienen que ni el Papa ni el Presidente, pretendían una confrontación respecto de la donación de fondos oficiales que finalmente fue rechazada por orden de Francisco. "Los que perdíamos éramos nosotros y el Gobierno. A nosotros nos hicieron pomada y al Gobierno quisieron hacerlo pomada", afirmaron los directores de la fundación auspiciada por el Papa. Y agregaron que "Francisco, en la reunión con la canciller (Susana) Malcorra, aclaró que no era una decisión contra Macri".

Insistieron también en que "Francisco nos pide devolver la donación por la crisis que vive la Argentina" porque "en esas condiciones le parece injusto que pidamos un subsidio" y revelaron que "en 2015 no aceptamos un aporte del Ministerio de Planificación por 23 millones para un plan de producción audiovisual porque la metodología que proponían para la entrega de fondos no era clara".

En la misma entrevista publicada ayer Del Corral y Palmeyro confirmaron la suspensión del partido de fútbol a beneficio de Scholas programado para realizarse en La Plata, postergado para después de un evento similar que se hará en Roma el próximo 12 de octubre.

OPINIÓN

Dilemas del justicialismo

Por      Edgardo Mocca

No tiene nada de extraño el deseo de unidad del Partido Justicialista. Cualquier organización política sabe que cuanto más unidas se encuentren sus partes, más probabilidades de desarrollo tendrá. En este caso, además, se trata de una organización que, surgida (con diferentes y sucesivos nombres) hace más de setenta años, no dejó ni un momento de ser un componente decisivo de la vida política nacional. Toda lucha por la unidad es al mismo tiempo una lucha por el control, puesto que un partido político no es el reino de la horizontalidad y la plena igualdad en su interior; es más bien un campo de tensiones internas, de asimetrías de recursos, de voluntades encontradas. Es decir que se está luchando por el control del partido. Fracciones, coaliciones y reagrupamientos internos no son una especialidad justicialista: de modo más franco o más oculto existe en cualquier grupo político, aún en los más sectarios. La especificidad del PJ consiste en el hecho de que el control del partido ha conservado durante más de siete décadas una gravitación especial en la lucha por el poder en la Argentina. Aún cuando la crisis arrasó a la política, en diciembre de 2001, el PJ logró rearticularse como garante del orden en medio de la tormenta, primero, y luego como la condición de posibilidad para la instalación de un proyecto de orden que duró doce años, lo que para la Argentina es un altísimo rendimiento, solamente superado por la UCR, con las presidencias de Yrigoyen, Alvear y nuevamente Yrigoyen, entre 1916 y 1930. Claramente, ningún purismo ideológico debería sonrojarse por las luchas por el poder en el justicialismo.

Lo que incentiva dramáticamente las tensiones en el interior del PJ no es la lucha por el poder. Es el lugar que esa lucha adquiere en un contexto político signado por un problema principal que es la decisión del establishment de terminar drásticamente con una experiencia histórica, a la que se le da el nombre de kirchnerismo. El problema político de fondo en la Argentina es ese cierre. Si la derecha lo logra habrá avanzado decisivamente en el arduo camino de construir gobernabilidad para la drástica reestructuración neoliberal que está en marcha. Claro que no es un sello (el kirchnerismo) lo que se discute; en todo caso, ese ha sido el nombre circunstancial de una experiencia popular, de una puesta en escena política – inédita en las últimas décadas – de invocaciones épicas que aluden a la justicia, a la soberanía, a la independencia, sostenidas en políticas públicas claramente colocadas en esa perspectiva. Toda la estrategia discursiva de la derecha gira en torno de una idea: no hubo proyecto nacional y popular, eso fue un decorado detrás del cual se montó un dispositivo de corrupción y abuso de poder. Si esa idea se impone, desaparece para los próximos años la frontera principal construida políticamente en estos años, entre dos concepciones y dos proyectos políticos antagónicos en su manera de pensar la historia, el presente y el futuro del país. Y que una idea "se imponga" no quiere decir que "gane" ningún debate formateado por alguna ONG norteamericana; significa que triunfe políticamente, que la manera de vivir de la sociedad incorpore esa imagen ideal, en este caso la de que la contradicción de los últimos años quede explicada en términos de "moral pública" y de "respeto republicano". Es decir, la disputa es por una nueva frontera interna de la política (probos contra corruptos, tolerantes contra autoritarios) que no aluda a la concentración de la riqueza, la extranjerización de la economía, la baja de los salarios para hacer más competitivo al país y otras lindezas que componen nuestra realidad de estos días.

La estructura política justicialista está atravesada en su interior por diferentes puntos de vista sobre este problema político principal. Hay quienes quieren defender la vigencia y la continuidad de la experiencia kirchnerista, quienes están impacientes por destruirla y hay también un amplio "centro" que procura metabolizar el problema, de modo que su solución en un sentido o el otro sea lo menos dañino posible contra el partido. Hasta aquí estamos hablando del partido como máquina, como sistema en sí mismo. Aquí se queda el noventa por ciento de los estudios sobre los partidos políticos que pululan en nuestras carreras de Ciencia Política. Pero hay un enfoque complementario y a la vez antagónico: el que concibe al partido político como expresión de una cierta voluntad histórica, de una cierta lectura práctica de la historia de un país. Angelo Panebianco, un agudo estudioso de los partidos, explicó la convivencia en los partidos de los "incentivos colectivos" y los "incentivos selectivos"; es decir, las cuestiones ideológicas y de identidad en diálogo permanente con aquel interés individual o de grupo de ascender en la estructura. No importa para el caso que el PJ sea un partido muy laxo institucionalmente; lo más importante es que el factor identitario y, en un sentido muy amplio, "ideológico" no desaparece nunca definitivamente barrido por las lógicas pragmáticas sino que estas solamente pueden triunfar si conservan una relación razonable con aquellas.

El PJ y sus actuales conflictos no pueden pensarse simplemente como puja de intereses de personas y grupos dentro de una estructura. El PJ es heredero y portador institucional y simbólico de una historia. Que es la historia que marcó un antes y un después de la política argentina. Que de alguna manera completó una revolución democrática en el país, casi nunca reconocida como tal. Una revolución que colocó en el plano de la ciudadanía a masas de millones de personas, privadas hasta ahí de tal condición. Ciertamente el partido, la estructura, recorrió un largo y sinuoso recorrido desde aquella mítica fundación. Pasó por la resistencia, conoció el arte de la negociación y del conflicto, desarrolló el "saber estatal" que su peso electoral le aseguró, alojó en su interior conflictos extremos convenientemente utilizados por el privilegio para imponer la sangre y el fuego, fue ejecutora fiel del libreto neoliberal de los noventa y volvió a la herencia inaugural después del final trágico de esa experiencia. Todo ese itinerario se recorrió conservando rituales y fastos colectivos. Así y todo, el partido no equivale al peronismo. El partido no es solamente una memoria y una tradición, es también un sistema. La autoconservación de un sistema no es lo mismo que la afirmación y continuidad de un sentido. La historia de la UCR en estos últimos años es la historia de una estructura que puso su autoconservación por encima de cualquier otro valor; hoy es un socio casi insignificante del neoliberalismo macrista.

La idea explícita que gobierna los actos del grupo predominante del PJ es que todos tienen que estar dentro de la estructura y desde ahí disputar las candidaturas. Pero aquí hay un problema que el PJ conoce bien: hace rato que la relación de fuerzas entre proyectos de liderazgos internos no se juega exclusiva ni principalmente "adentro" sino "afuera", es decir en el mundo de la opinión popular medido con el mágico termómetro de los sondeos de opinión, en el que la tenencia de un escritorio en la oficina central del partido tiene bien poca importancia. El grupo dirigente justicialista tiene un problema de liderazgo: la líder justicialista que tiene más potencia política popular –muy lejos de cualquier eventual competidor– se llama Cristina Kirchner. El único líder alternativo, para el gusto justicialista predominante, que tiene la estructura está, curiosamente, fuera de la estructura y es Sergio Massa. Esa es la estación de llegada del proyecto de Gioja y por eso converge objetiva y dramáticamente con el insólito clima desencadenado en el país de estigmatización y persecución del kirchnerismo, que tiene a la ex presidenta en su centro. Por eso esa curiosa estrategia de avanzar hacia la unidad rompiendo los bloques legislativos existentes, estrategia en la que se cosechan inesperados aliados. Por eso se dice que es necesaria la unidad para pelear contra la política del macrismo, mientras los gobernadores que integran el núcleo predominante se encargan de ganar los votos de sus senadores para las principales decisiones del gobierno y el bloque justicialista en Diputados (todos parte de la estructura partidaria) actúa en la misma dirección.

La historia futura de las querellas justicialistas no se va a escribir en las oficinas partidarias sino en la calle. La cuestión es si el establishment construye o no un orden político gobernable. Si lo consiguen con Macri, será muy problemático para la estructura justicialista generar las condiciones para la tan anhelada "alternancia". Si no lo consiguen, querrá decir que la etapa abierta en 2003 no ha sido clausurada y solamente desde el reconocimiento de esta experiencia puede la estructura justicialista asegurarse un futuro. Durante un tiempo más o menos breve es posible mantener un equilibrio aparente. El fracaso de la reunión de la dirección justicialista en la última semana, convocada para completar la ruptura del Frente para la Victoria en el Congreso parece indicar que se están midiendo los tiempos de ciertas decisiones, acaso a la espera de que se vaya completando un balance de la ofensiva oficial-judicial-mediática contra Cristina. El justicialismo carece hoy de iniciativa propia y es sacudido por una dinámica que no puede controlar. De todas maneras el conflicto irresuelto en la Argentina no es el de un partido u otro sino el de uno u otro sentido de la política. El sistema político formalmente ordenado suele no ser lo principal a la hora de resolver situaciones como esta. Hoy está de moda subestimar la movilización espontánea de miles de argentinos bajo diferentes formas de protesta o de deliberación pública. Esa subestimación forma parte de un modo de pensar la política que está entrando en una profunda crisis y dejando lugar a lo largo del mundo a la irrupción de fuerzas políticas desde fuera del sistema. Estas fuerzas irrumpen abruptamente y están en la base explicativa de fenómenos como el voto británico contra la pertenencia a la Unión Europea, el ascenso en Italia del movimiento "Cinco estrellas" y la consolidación de Podemos en España, novedades de signos ideológicos diversos pero que tienen en común el cansancio ciudadano respecto de la élite política. El futuro del principal problema político se resolverá en parte dentro de las estructuras formales de los partidos, pero también fuera de ellas.

REVELACIONES DE VERBITSKY EN CÓRDOBA SOBRE 

LA SITUACIÓN DE MILAGRO SALA

La confesión del contador Morales

En una jornada del Foro por una Segunda Independencia convocada en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba por su decano, Diego Tatián, el presidente del CELS presentó un documento en el que el contador Gerardo Morales admite la verdadera causa de la persecución a Milagro Sala. Esa confesión reduce a su verdadera dimensión el armado de causas penales en serie para destruir a una organización que desafío al bipartidismo y a los poderes fácticos de Jujuy.

    Verbitsky en Córdoba, durante la jornada de solidaridad con Milagro Sala.

Estas fueron algunas de las afirmaciones de Horacio Verbitsky:

El gobierno jujeño del contador Gerardo Morales acaba de sumar dos nuevas causas contra Milagro Sala, una más disparatada que la otra. Como alguien declaró que la dirigente social había ordenado secuestrar por unos minutos al hijo de una disidente de su organización sólo para intimidarla, el diligente juez Pablo Pullen Llermanos la procesó, sin prueba alguna de que haya tenido relación con el hecho. La acumulación de causas en su contra, que el contador Morales me anticipó en la entrevista que le hice en marzo, de modo que a medida que unas se van cayendo por su inconsistencia otras se inician para mantenerla privada en forma ilegítima de su libertad, es usada como pretexto para humillarla. Ante cada diligencia judicial, Pullen Llermanos ordena trasladarla desde la cárcel de Alto Comedero, en las afueras de San Salvador, hasta los tribunales provinciales. Para recorrer esos pocos kilómetros se montan aparatosos operativos de seguridad, con carros de asalto y patrulleros, como si se tratara del Chapo Guzmán y existiera riesgo de fuga o de rescate. Milagro solicitó que en vez de someterla a ese trato ofensivo, que además es costoso para el estado provincial porque implica la movilización de medio centenar de efectivos sustraídos a la tarea de brindar seguridad, el juzgado enviara a un funcionario a la cárcel para que ella firmara la notificación. El juez se negó, lo cual pone en evidencia que el objetivo no es la notificación sino la mortificación de la cautiva. Cuando Milagro le hizo saber que no aceptaría más ese trato vejatorio, Pullen Llermanos la denunció por desobediencia judicial y la llevó por la fuerza.

Para reducir a este estado de impotencia a la dirigente social más importante del país, Morales domesticó al Poder Judicial jujeño a mayor velocidad de la que empleó Carlos Menem con la justicia federal: no le llevó un año sino tres días. En cuanto asumió, hizo llegar a la Legislatura el proyecto de ampliación. A la noche siguiente ya estaba consumado y al tercer día asumieron los cuatro nuevos magistrados, dos de los cuales acababan de votar la ampliación como legisladores por la UCR. La presidente del tribunal, del mismo origen político, designó a su yerno Gastón Mercau como juez ad hoc para las causas contra Milagro Sala, y el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, a una amiga íntima, Liliana Fernández de Montiel, como fiscal especial a cargo de todas las causas que se le abrieran en el futuro, es decir una comisión especial prohibida por la Constitución. Terminada la feria judicial, Pullen Llermanos relevó a Mercau en su tarea. Morales pretende que se trata de decisiones de una justicia cuyo personal fue designado por los gobiernos justicialistas anteriores al suyo. Pero en una burocracia verticalista y acomodaticia como la judicial, basta con colonizar la cabeza para disciplinar al resto. Además, el justicialismo provincial tiene tantos agravios como el radicalismo contra esa india desacatada que se atrevió a desafiar al bipartidismo tradicional y a los poderes fácticos que lo sostienen. El gobierno nacional tiene su parte: el registro de la justicia electoral nacional indica que Pullen Llermanos está afiliado a un partido político en Jujuy y si bien no consigna a cuál, en su perfil de Facebook el justiciero jujeño declara su agrado por el presidente Macrì, incluida su foto.

Morales dice su verdad

Lo mejor es que no sea yo quien explique las razones de esa aversión bien ganada sino el propio contador Morales. En octubre de 2009, cuando era senador nacional por la UCR, Morales presentó un proyecto de Comunicación, que el cuerpo aprobó. Consistía en un largo cuestionario al Poder Ejecutivo Nacional acerca de "las asociaciones civiles, fundaciones, federaciones, organizaciones cooperativas o cualquier otro tipo de persona jurídica relacionada a la acción comunitaria y social y en particular respecto de la organización barrial Túpac Amaru". Quería conocer de ese modo quiénes las componían, si tenían personería jurídica, integraban redes en otras provincias además de Jujuy, cuáles eran sus autoridades estatutarias, si presentaban memoria y balance, cuáles eran sus fuentes de ingresos y el destino de los fondos, si rendían cuentas y pagaban impuestos, si el Estado Nacional y sus diversos ministerios les otorgaban recursos económicos para proyectos habitacionales, de desarrollo social, de capacitación y educativos y a quiénes se habían entregado permisos de tenencia y portación de armas en Jujuy desde 2003.

Lo más interesante está en los fundamentos del proyecto. El contador Morales dice que la Túpac "hecha mano a disímiles recursos y estrategias" (¡hecha mano con hache, porque además de malo es bruto!) y que "siendo miembro de una central sindical no se subordina a su liderazgo", es decir que no es fácil de controlar. Agrega que para conseguir "recursos de distintos planes asistenciales" durante la crisis de fin de siglo la Túpac recurría a la protesta y "nunca participaba en consejos consultivos ni espacios formales de solicitud".

O sea, que formaba parte del vasto movimiento de resistencia contra las políticas de ajuste de los gobiernos nacional y provincial. Vale la pena recordar que el contador Morales fue el secretario de desarrollo social del gobierno de la primera Alianza, que redujo en 13 por ciento los ingresos de los jubilados.

Al describir lo sucedido a partir de 2003, cuando el nuevo gobierno nacional comenzó a transferirle recursos para la construcción de viviendas en cooperativas, el contador Morales dice que la organización "tiene una forma de trabajo que les deja un excedente luego de realizar las obras que le encomiendan".

Esta es una alusión apenas velada a la construcción de parques acuáticos, escuelas y centros de rehabilitación para personas discapacitadas, que escandalizan a las clases dominantes jujeñas, porque ¿dónde se ha visto que los negros se den esos lujos?

El pedido de informes añade que la Túpac Amaru logró "poner en la agenda pública de la provincia de Jujuy la ley de reforma edilicia, aún con la negativa del entonces gobernador y de las organizaciones de profesionales del sector. Ante lo aquí relatado podemos identificar las diferentes formas de acción de la organización: el escudarse en la lucha por los intereses de los sectores más desprotegidos, la presión al gobierno, la movilización en el espacio público, la incidencia para la promulgación de una ley y la amenaza del uso de la violencia".

Describe así las formas organizativas de un sector significativo de las clases populares jujeñas para defenderse de la especulación inmobiliaria y de los gobiernos que la amparaban y que hoy, con el contador Morales en el gobierno provincial y Maurizio Macrì como presidente, han venido a cobrarse estas cuentas viejas.

Según el pedido de informes del contador Morales "puede advertirse la existencia de un interés predominantemente estratégico en el armado de estas asociaciones".

Esto implica que la acción social sólo es legítima si carece de una visión estratégica y se canaliza a través del bipartidismo gobernante. En cambio, se queja Morales, "el espacio político que las organizaciones ocupan gracias a su relación con el gobierno nacional trae consecuencias en las políticas provinciales".

Para el contador Morales "el poder de presión que estas organizaciones ejercen es una suerte de contrapeso relativo de los poderes económicos en la práctica política. Por ejemplo, los gobernadores apelan a los reclamos sociales como excusa para negociar mejor frente a los actores más influyentes de la política local".

Hay que leer dos veces este párrafo para convencerse de que dice la enormidad que dice: Morales habla en nombre de "los actores más influyentes de la política local", molestos por el "contrapeso relativo de los poderes económicos en la práctica política", con los que los gobernadores negocian mejor gracias a los reclamos sociales.

Sigue la confesión del contador Morales: "El continuo y excesivo financiamiento y reconocimiento federal no sólo contribuye a la existencia de una organización social desproporcionadamente poderosa, casi tanto como un estado paralelo, sino que además sus éxitos en las formas de acción y gestión provocan el activismo de otros grupos y líderes vinculados o no con esta experiencia".

Así venimos a saber que Milagro Sala es contagiosa y que el contador Morales no tuvo más remedio que encerrarla, para impedir que el virus siguiera propagándose.

"La protesta utilizada como aquí se explicó, es una institución en el campo político", concluye este documento histórico sobre la miserabilidad de una clase política que no oculta su servicio a los poderes económicos. La Túpac Amaru respondió que Morales sólo tenía una casita cuando comenzó su carrera política. Pero que en 2009 ya poseería mediante testaferros el hotel Panorama, dos edificios en construcción, varios departamentos y terrenos, en Jujuy y Córdoba.

Señor y perro

Ese poder económico al que responde el contador Morales es el ingenio Ledesma y su patrón, Carlos Pedro Blaquier de Arrieta. Cuando el contador Morales asumió la gobernación, el ingenio había sido desplazado por la Túpac Amaru como principal empleador no estatal de Jujuy. Milagro Sala desarrolló una acción eficaz para que renunciara el secretario Carlos Olivera Pastor, al que la Cámara Federal de Salta puso en forma interina a cargo del segundo juzgado jujeño, donde rechazó nueve de cada diez pedidos de indagatoria por crímenes de lesa humanidad. El 24 de marzo de 2012 cien mil personas marcharon en San Salvador y una de sus principales consignas fue la denuncia contra el juez, que había rechazado citar a Blaquier, por su presunta participación en la desaparición de tres sindicalistas el 24 de marzo de 1976 y de veinte trabajadores azucareros en la llamada Noche del Apagón de julio de 1976, cuando fueron secuestrados en camionetas provistas por el ingenio a la Gendarmería.

En una entrevista realizada en 2013 por Alejandra Dandan, la periodista que mejor cobertura ha hecho de los juicios reabiertos en 2001, los fiscales Jorge Auat y Carolina Varsky, de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, dijeron que "tuvimos tremendas dificultades para avanzar hasta que la movilización de la Túpac produjo un antes y un después. Con la remoción de Olivera Pastor y la llegada del juez Fernando Poviña se abrió un nuevo escenario con mejores expectativas". En julio de 2012, Blaquier debió presentarse a la indagatoria, citado por Poviña. Un editorial del diario La Nación dijo entonces que militantes de la Túpac Amaru agredieron a Blaquier, "cuyo vehículo fue destrozado a la vista de todos, con violencia inusitada, en un atentado que hasta pudo costarle la vida al empresario si el auto no hubiera estado blindado". El tema apareció en forma inesperada en la entrevista que le realicé a Milagro Sala en la cárcel en marzo. Allí dijo que cuando Blaquier tuvo que ejercer su defensa los muy organizados militantes de la Túpac se apostaron a cien metros del trayecto que debía recorrer para llegar al juzgado. Cuando llegó, "dos miembros de la organización del Perro Santillán golpearon y sacudieron el auto del patrón. Son unos provocadores" –dijo Milagro. Pero pese a ello, Ledesma acusó a la Túpac y los medios lo reprodujeron como verdad revelada.

–Me he reunido con uno de sus gerentes y le he dicho que saben mejor que nadie que no hemos sido nosotros.

–Sí, pero ustedes tienen peso y nos dan visibilidad  –le respondió.

En noviembre de 2012, Poviña procesó a Carlos Pedro Blaquier por complicidad en los secuestros, en diciembre de 2013 la Cámara Federal de Salta lo confirmó, pero en marzo de 2015 la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (el infaltable Don Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos) revocaron ese procesamiento alegando que Blaquier prestó colaboración a las fuerzas represivas pero no se representó que ello redundaría en los delitos cometidos (sic). El empleado en el bloque Unidos y Organizados por la Soberanía Popular de la Legislatura jujeña Santiago Hamud le dijo a Alejandra Dandan que "Blaquier le bancó la campaña a Morales. Cuando venían Macri o Sergio Massa a la provincia, los aviones bajaban en las pistas de Blaquier". Miembros de la familia Blaquier aparecieron con cuatro compañías offshore en los Panamá Papers, donde también figura el presidente Maurizio Macrì. Hay otras instancias de esa relación: el hijo homónimo de Blaquier, actual CEO de Ledesma, fue uno de los invitados de Macrì cuando asumió la presidencia en la gala del Teatro Colón, donde ocupó un palco próximo al presidencial, y su sobrino Luis María Blaquier (h), miembro del directorio del Grupo Clarín y socio del jefe de gabinete Mario Quintana en el fondo Pegasus, quedó a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que la ley ómnibus se propone liquidar, como forma de destruir el sistema previsional.

De López a Recalde

La absolución de Recalde que estorba al relato del son todos ladrones.

La denuncia de la diputada radical Margarita Stolbizer contra la ex presidente CFK por asociación ilícita y la orden de la Cámara Federal al juez Sebastián Casanello de que investigue la relación entre la ex presidente y el procesado empresario de la construcción Lázaro Báez revelan la frustración de la entente político judicial ante la ausencia de pruebas que la incriminen. La asociación ilícita es la figura penal que desde hace 95 años se emplea cuando no es posible imputar algún delito a una figura política, los sindicatos a partir de su inclusión en el Código Penal en 1921, las organizaciones políticas desde la reforma de 1974. Nada más sugestivo que la ausencia de Horacio Cattani en la decisión por la que la sala II de la Cámara Federal subrogó al juez Casanello en la dirección de la causa y ordenó que todos los jueces que llevan causas contra la ex presidente coordinen sus tareas, algo que no figura en ninguna ley y que podría dar lugar a nulidades. Sólo firmaron Martín Irurzun (de histórica relación con el dirigente radical Enrique Nosiglia y en la actualidad el principal operador de Ricardo Lorenzetti en los tribunales de Comodoro Py) y Eduardo Farah (uno de los más activos integrantes de la Escudería Stiuso, que en forma irregular integra las dos salas de la Cámara, sin que se cubra la vacante que suple desde hace años). El mismo tribunal que ahora intenta vincular expedientes distintos, permite que los jueces Claudio Glock y Julián Ercolini instruyan dos causas gemelas, con el mismo objeto, sobre las mismas sociedades y las mismas personas, en el caso de las propiedades que la familia Kirchner alquiló a Báez. Esta burda manipulación de la justicia es posible por la sesgada cobertura de La Nación y el Grupo Clarín, los medios de prensa señalados en los Panamá Papers por poseer sociedades offshore, que reclaman a gritos el procesamiento y la detención de Cristina y manipulan la información de modo de magnificar algunos episodios y ocultar otros. Lo mismo ocurre en Brasil con las causas que instruye el magistrado Sergio Fernando Moro y que amplifican los medios de la rede Globo y los diarios paulistas O Estado y A Folha, que condujeron a la suspensión de la presidente Dilma Rousseff y la declaración compulsiva del ex presidente Lula, aunque los peritajes realizados hasta ahora no han podido comprobar que hubieran cometido delito alguno. En un artículo académico publicado en 2004 sobre el proceso italiano de Mani Pulite, que abrió la puerta del poder al empresario Silvio Berlusconi, el juez brasileño teorizó sobre el acompañamiento de la prensa: "La información se filtraba como un colador. En cuanto alguien era detenido, detalles de su confesión eran conocidos en L'Expresso, La Repubblica y revistas amigas". El periodista mexicano Marco Lara Klahr acaba de difundir una "Guía de Periodismo sobre presunción de inocencia", basada en una investigación que integra el "Proyecto Presunción de Inocencia", auspiciado por la organización internacional de Derechos Humanos Artículo 19 (el que en la Convención Europea de Derechos Humanos protege la libertad de expresión). Lara Klahr recuerda que en un Encuentro organizado en 2011 por el CELS en Buenos Aires, una periodista televisiva le reprochó: "De ninguna manera vamos a esperar que un juez decida para poder acusar a alguien si nosotros tenemos pruebas: lo digo por eso de respetar la presunción de inocencia". El colega mexicano le preguntó: "Si no debemos esperar que un tribunal defina quién es culpable y quién no para nosotros informarlo, ¿en qué momento del proceso de producción de una noticia debe decidirse la culpabilidad de un ciudadano?" Pero ella "no respondió, prefirió salir intempestivamente de la sala". También cita una declaración de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos sobre una forma de detención arbitraria conocida allí como arraigo, que "no persigue declarar si una persona es culpable o inocente sino privarla de la libertad para conseguir información que pueda ser valiosa para la investigación penal, es decir, no se investiga para arraigar sino que se arraiga para investigar, lo cual vulnera los derechos a la libertad personal, la integridad física y mental y la presunción de inocencia". La guía objeta "la rentabilidad empresarial a costa de información chatarra, una cultura en las redacciones simbiótica con el sistema penal inquisitorio, la empatía de los reporteros con dicho sistema y la corrupción" y señala que "el tipo de periodista que surge de esta atmósfera tiene una especie de confusión identitaria que le hace visualizarse como un híbrido de policía-fiscal-juez, que en ocasiones se vuelve cómplice". Para no ir tan lejos, aquí en Buenos Aires el subeditor de Clarín, Ricardo Roa, publicó la semana pasada una diatriba contra el presidente del bloque de diputados del FpV, Héctor Recalde, quien "se pretende un ejemplo en la lucha contra la corrupción. Aunque sería mejor decir que tiene solo uno y a falta de otros lo repite sin descanso desde hace nueve años. Fue cuando, dice, proveedores de tickets canasta quisieron sobornarlo. Lo volvió a desempolvar para explicar las coimas de López". El directivo de Clarín agregó que cuando Recalde "era abogado de Armando Cavalieri en el gremio de Comercio en 1971 fue procesado y se le dictó prisión preventiva por estafa reiterada a la administración pública. Fue por un pedido de coimas a una empresa constructora. No todos somos López ni Pérez Corradi. Pero hay quienes se les parecen".

En este caso, no se trata de un periodista que se anticipa al fallo de la justicia desconociendo la presunción de inocencia, sino que la ignora cuatro décadas después de pronunciada porque no conviene a su discurso. Como se aprecia en el facsímil, luego de ser procesado por un juez de la penúltima dictadura, Recalde fue absuelto por un juez y una cámara de la democracia en 1974 y 1975. Además, no es Recalde quien "dice que quisieron sobornarlo" sino el Tribunal Oral Federal 2, que condenó a tres años de prisión al empresario Miguel Gutiérrez Guido Spano, grabado y filmado por Mariano Recalde en el momento de ofrecerle 20 millones de dólares si en vez de eliminar los tickets canasta los extendía a todos los trabajadores. Sigue prófugo otro de los coimeros, Santiago Lynch, cuya captura pide Interpol. La condena fue confirmada el mes pasado por la Cámara Federal de Casación Penal. Recalde molesta mucho más que López porque su rectitud obstaculiza el intento de identificar política con corrupción. Según la estimación del propio Recalde, la derogación de los ticket canasta significó entre 2008 y 2015 una transferencia de 50.000 millones de pesos desde los empresarios hacia los trabajadores, la seguridad social, sus obras sociales y sindicatos. Esto es lo que no se le perdona. Se sienten más cómodos con López.

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