sábado 16 de julio de 2016
EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS
PIDIÓ LA LIBERACIÓN DE LA JOVEN PRESA EN TUCUMÁN
Un reclamo desde la ONU por el caso Belén
El organismo exhortó al Estado argentino a revisar la situación de la joven, que sufrió un aborto espontáneo y terminó condenada. Hizo recomendaciones en favor de los derechos de las mujeres.
El caso Belén es uno de los reclamos de actualidad más urgentes del movimiento de mujeres.
Por Mariana Carbajal
El Comité de Derechos Humanos de la ONU exhortó ayer al Estado argentino a revisar "el caso de Belén", a la luz de los estándares internacionales en la materia, "con miras a su inmediata liberación". El organismo, con sede en Ginebra, puso el foco en la situación de la joven de 27 años, presa desde hace más de dos años –tras sufrir un aborto espontáneo cuando fue a atenderse a un hospital público en Tucumán–, luego de examinar el informe periódico presentado por la Argentina. En sus observaciones finales al gobierno de Mauricio Macri, el Comité expresó su "preocupación" por la aplicación a Belén de la figura de "homicidio agravado por el vínculo" y por el hecho de que "esté todavía privada de libertad"; y también, por "los altos índices de abortos clandestinos que han resultado en mortalidad materna, así como por los embarazos de adolescentes". Entre sus recomendaciones, le pidió que "considere la descriminalización del aborto", multiplique y asegure los programas de educación sexual –justo en momentos en que es crítica la situación del Programa Nacional que se ocupa del tema–, e incremente "sus esfuerzos para prevenir y combatir todas las formas de violencia de género, asegurando la aplicación efectiva del marco legislativo en vigor en todos los niveles del Estado y dotándolo de los recursos necesarios para su cumplimento". Además, consideró que la Justicia debe "investigar de manera pronta y efectiva los hechos de violencia contra la mujer, enjuiciando e imponiendo sanciones apropiadas", y que se "debe además hacer efectivo el derecho de las víctimas a una reparación que incluya una adecuada y justa compensación, así como capacitación y sensibilización para enfrentar la violencia de género en todos los ámbitos".
El CDH es el órgano de la ONU que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Políticos, un tratado con rango constitucional en la Argentina. En las sesiones celebradas el 29 y 30 de junio, en su sede de Ginebra, examinó el quinto informe periódico presentado por el país. Los expertos independientes que conforman el organismo interpelaron a la delegación del gobierno de Cambiemos, encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. Varias ONG elevaron "contrainformes", entre ellas, el CELS. Ayer, el CDH difundió las observaciones finales. "Estamos muy satisfechos porque el Comité recogió las preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil, y pide acciones bien concretas en relación al encarcelamiento ilegal de Belén y la criminalización del aborto, entre otros temas. Esperamos que el Estado tome medidas al respecto y cumpla con sus compromisos internacionales", señaló a este diario la abogada del CELS, Edurne Cárdenas.
En las observaciones al Estado argentino se incluyen tres ejes vinculados con los derechos de las mujeres: "Igualdad de género", "violencia de género y doméstica" e "interrupción voluntaria de embarazo". Sobre el primer tema, el CDH señaló que aunque toma nota de las medidas adoptadas por el Estado para promover la igualdad entre hombres y mujeres, "lamenta la persistencia de las notables diferencias salariales entre hombres y mujeres, que se ubica en un promedio de 25 por ciento". También "lamenta que las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en los sectores público y privado, en particular en los puestos decisorios". En tal sentido, considera que el Estado debe:
- "Redoblar sus esfuerzos para eliminar los estereotipos de género sobre el papel y las responsabilidades de los hombres y de las mujeres en la familia y en la sociedad, y llevar adelante campañas de sensibilización al efecto".
- "Procurar el aumento de la participación de las mujeres en los sectores público y privado y, de ser necesario, aplicar medidas especiales de carácter temporal apropiadas para dar efecto a las disposiciones del Pacto".
- "Adoptar medidas concretas para reducir la diferencia salarial que sigue existiendo entre las mujeres y los hombres y examinar todas las causas que hacen crecer esa disparidad".
En relación a la violencia contra la mujer, el CDH observó "con preocupación" los informes que señalan que continúa representando "un serio problema" en el país y lamentó "la persistencia de las deficiencias" en la aplicación de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Ley 26.485), "la insuficiencia de presupuesto asignado para su implementación" y "la falta de implementación del Plan Nacional que allí se establece". Sobre este último punto, adeudado desde la gestión anterior, la nueva titular del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, prometió presentar ese Plan a fines de este mes. Por otra parte, el Comité celebró la sanción a fin de 2015 de la ley que crea un cuerpo de abogados para las víctimas de violencia machista, pero "lamenta que ésta todavía no haya sido implementada". La subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, anunció días atrás que están trabajando en la reglamentación de la norma y que "seguramente" se pondrá en marcha en un primer momento a través de un plan piloto en Tucumán.
En relación a la interrupción voluntaria del embarazo, el CDH destacó el fallo de la Corte Suprema (caso F.A.L., 2012), que clarificó los alcances de los abortos no punibles. Pero al mismo tiempo expresó su preocupación por el hecho de que su aplicación "no es uniforme" en todo el país, y que "el aborto legal resulte, muchas veces, inaccesible por la falta de instrumentación de protocolos médicos, del ejercicio individual de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud u otros obstáculos de facto".
Puntualmente sobre el "caso de Belén", pidió que sea revisado teniendo en cuenta "los estándares internacionales en la materia, con miras a su inmediata liberación", y a la luz su encarcelamiento arbitrario, exhortó al Estado a "considerar la descriminalización del aborto". También recomendó al Gobierno "multiplicar y asegurar la aplicación de programas de educación y sensibilización a nivel formal (escuelas y colegios públicos y privados) e informal (medios de comunicación y otros) sobre la importancia del uso de anticonceptivos y los derechos a la salud sexual y reproductiva".
El antecedente de L. M. R.
Por Mariana Carbajal
No es la primera vez que el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresa su preocupación por las consecuencias de la criminalización del aborto en el país. En 2011 condenó al Estado argentino por no haber garantizado el acceso a un aborto legal a una adolescente con discapacidad mental, embarazada en una violación, que solicitó la práctica en un hospital público bonaerense. En aquel momento el organismo consideró que la obstrucción del aborto permitido por el Código Penal constituyó una violación de los derechos humanos de la joven y ordenó al país a proporcionarle "medidas de reparación que incluyan una indemnización adecuada" y a "tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro".
La condena se refirió al caso de L. M. R., una adolescente de Guernica que tenía 19 años y una edad mental de 10 en 2006, cuando fue abusada sexualmente por un familiar y quedó embarazada. Su mamá, Vicenta, reclamó un aborto no punible en el Hospital San Martín de La Plata. Pero una jueza de menores intervino y prohibió la interrupción del embarazo. El pedido recorrió todas las instancias judiciales y llegó hasta la Suprema Corte bonaerense, que avaló con un fallo su reclamo y aclaró que no era necesaria la autorización judicial, dado que se trataba de un aborto no punible. Treinta y siete días demoró ese tortuoso camino legal, innecesario. Pero L. M. R. no consiguió, aun con la sentencia del máximo tribunal de la provincia, que le realizaran el aborto en un hospital público. Con el apoyo de organizaciones de mujeres, finalmente accedió a la intervención en una clínica privada. La gestación llevaba casi veinte semanas.
El CDH dictaminó que la judicialización del pedido del aborto no punible de L. M. R. constituyó "una injerencia arbitraria" del Estado y debe ser considerada una violación del derecho a la intimidad de la joven. También entendió que la obligación impuesta de continuar con el embarazo, a pesar de estar amparada por el artículo 86 inciso 2º del Código Penal causó a la adolescente "un sufrimiento físico y moral contrario al artículo 7 del Pacto, tanto más grave cuanto que se trataba de una joven con discapacidad mental". El artículo 7 dice que "nadie será sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes". El CDH recordó que "el derecho protegido" en ese artículo "no sólo hace referencia al dolor físico sino también al sufrimiento moral".
PRESENTACIÓN EN LA CAUSA
Amicus curiae
Por Mariana Carbajal
La liberación de Belén depende de la Corte Suprema de Tucumán. Su defensa presentó dos recursos de Casación, uno para que se revea la denegatoria del pedido de cese de la prisión preventiva, y otro para que se revise su condena y sea absuelta. Mientras el alto tribunal se toma su tiempo para resolver, nueve organizaciones comprometidas los derechos humanos y dos organismos públicos se presentaron como amicus curiae, con amplia fundamentación y argumentos que demuestran la arbitrariedad de la detención y las irregularidades que enfrentó durante la investigación judicial y el juicio, que terminaron con una condena injusta a 8 años de cárcel por homicidio agravado por el vínculo con condiciones extraordinarias de atenuación. Belén estuvo dos años presa a la espera del debate oral. Y continúa privada de su libertad.
Luego de que trascendiera la condena, su defensa la asumió la abogada Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a Decidir. Durante el juicio, Belén tuvo una defensora oficial que se hizo cargo del caso tres días antes del inicio del debate oral, cuando renunció su abogado particular. Y la defendió mal.
Entre las ONG que se presentaron como amicus curiae está Innocence Project Argentina, fundada por el piloto y cineasta Enrique Piñeyro. Su presidente es el diputado radical Manuel Garrido. "Nos dedicamos a trabajar en casos donde, por error judicial o por causa armada, personas inocentes han sido condenadas injustamente a penas privativas de la libertad. A partir de esos casos, Innocence Project contribuye a visibilizar los defectos o problemas estructurales del sistema penal y promueve reformas con el fin de mejorarlo y evitar futuras condenas erradas. Por esa razón nos interesamos en el caso de Belén", explicó su directora ejecutiva, Celestre Braga.
Los otros amicus fueron presentados por Abogados y Abogadas del NOA en DD.HH. y Estudios Sociales (Andhe), la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), la Asociación Pensamiento Penal (APP), Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), y la diputada del Partido Obrero, Soledad Sosa. El lunes a las 16, en la sede de la AABA, referentes de cada organización explicarán su intervención en el caso de Belén. También pidieron a la Corte Tucumana la absolución y liberación de la joven, con otros dos amicus curiae, el Consejo Nacional de las Mujeres y la Defensoría General de la Nación.
Belén quedó detenida desde que el 21 de marzo de 2014 llegó al Hospital Avellaneda a pedir ayuda porque tenía dolores abdominales, que derivaron luego en un aborto espontáneo. Este año fue condenada por homicidio agravado por el vínculo por la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán.
LAS OTRAS OBSERVACIONES
Pendientes en DD.HH.
En las observaciones que hizo el Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene rango constitucional, se señalaron algunos de los problemas que requieren políticas concretas e iniciativas institucionales por parte del Estado. La lentitud para investigar las responsabilidades de los grupos económicos en delitos de lesa humanidad, los cambios en la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la persistencia de las prácticas de tortura y las detenciones arbitrarias por parte de la policía fueron algunas de las situaciones que destacaron los expertos que escucharon a representantes del gobierno y de algunas organizaciones, como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia de Género y las Católicas por el Derecho a Decidir. El Estado debería ahora implementar las recomendaciones para materializar el compromiso expresado por sus funcionarios con la ONU.
Entre los hechos que fueron motivo de preocupación y que se destacan en el documento del organismo internacional figuran:
- Demoras para investigar la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad y cambios preocupantes en áreas del Estado vinculadas a la protección de los derechos humanos: la ONU destacó el informe sobre la responsabilidad empresarial en delitos contra trabajadores durante la dictadura y la creación de la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas "pero lamenta los obstáculos en el avance de las investigaciones de estos delitos y que dicha Comisión no haya sido implementada hasta el momento". Exige que se avance en el juzgamiento de los empresarios y del personal de las empresas involucrados en delitos de lesa humanidad. En varios puntos, expresó preocupación por "la adopción de recientes medidas de reducción de personal y cambios institucionales en áreas destinadas a la protección de los derechos humanos, particularmente respecto a las instituciones destinadas al proceso de memoria, verdad y justicia".
- Preocupación por las reformas a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que favorecen la concentración: de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Estado debe "revisar las recientes reformas en el servicio de comunicaciones audiovisuales que podrían tener el efecto de concentrar la titularidad de los medios de comunicación y afectar negativamente el derecho a la libertad de expresión". El documento exigió la adopción de medidas para impedir esa concentración.
- Persistencia de prácticas de tortura y malos tratos y falta de investigación y sanción: los expertos de la ONU manifestaron preocupación por los niveles de autogobierno de los servicios penitenciarios y el escaso número de condenas a los responsables de torturas o malos tratos. Recomendaron medidas específicas para una mejor investigación y sanción de estos delitos y señalaron que urge la implementación de la Ley que creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Para el Comité, se debe "asegurar que el Mecanismo Nacional de Prevención (de la Tortura) sea establecido en todas las regiones del país (y que) disponga de recursos humanos y financieros suficientes para funcionar eficientemente".
- Hacinamiento en las cárceles y lugares de detención prohibidos: el Comité solicitó que el Estado adopte "medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales de los centros penitenciarios, reducir el hacinamiento existente y responder debidamente a las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad, en particular el acceso a la salud, tanto en el ámbito federal como provincial". También indicó preocupación por el uso de las comisarías como lugares permanentes de detención.
- Muertes en el hospital neuropsiquiátrico Melchor Romero. Necesidad de implementar la Ley Nacional de Salud Mental: la ONU expresó preocupación por "internaciones por períodos prolongados, sin control efectivo, y el fallecimiento de 133 personas en el Hospital Melchor Romero, entre 2012 y 2014". Recomendó "la plena aplicación de los estándares internacionales y de la Ley Nacional de Salud Mental".
- Detenciones policiales arbitrarias: el Comité de Derechos Humanos cuestionó la normativa y las prácticas policiales para la detención de personas sin orden judicial. Expresó particular preocupación por las detenciones por averiguación de identidad sin control judicial suficiente.
Exigió que el Estado tome "todas las medidas necesarias, incluyendo medidas legislativas, con el fin de combatir eficazmente las detenciones no vinculadas a la comisión de un delito".
- Lentitud e información limitada sobre la investigación del ataque a la AMIA: la ONU subrayó que "el Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para investigar lo ocurrido en el ataque en 1994 al edificio de la AMIA, con el fin de que los responsables sean llevados ante la justicia" y "tomar las medidas necesarias para garantizar que la investigación se lleve a cabo de una manera rápida, efectiva, independiente, imparcial y transparente".
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