sábado 02 de julio de 2016
La medida desarticuló una serie de exigencias que deben cumplir los inversores extranjeros para respetar la norma. Además, elimina controles que estaban a cargo de la UIF y la AFIP y facilita la venta de terrenos con espejos de agua.
MACRI FLEXIBILIZÓ POR DECRETO LOS CONTROLES PARA
LA VENTA DE PROPIEDADES RURALES A EXTRANJEROS
Abren la tranquera para eludir la ley de tierras
El decreto presidencial explica en su artículo 6 cómo deben hacer los inversores para eludir la ley de tierras.
La nueva normativa les ofrece alternativas para eludir, a través de sencillas maniobras contables, las limitaciones y obligaciones dispuestas. El decreto que lleva la firma del presidente Mauricio Macri ofrece incluso recomendaciones/instrucciones para quienes están interesados en sortear los impedimentos. El texto eliminó también controles que estaban a cargo de la UIF y la AFIP, quitó sanciones para los intermediarios y pretende facilitar la venta de terrenos que incluyan espejos de agua. Las modificaciones, reconocen desde la Casa Rosada, constituyen la antesala para reemplazar el régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión y tenencia de la tierra en manos de extranjeros aprobado en diciembre de 2011 con una nueva y laxa legislación.
La ley vigente estableció el porcentaje del 15 por ciento como límite a la tenencia de tierras en manos de extranjeros. En la actualidad, el territorio controlado por inversores foráneos alcanza al 6 por ciento del total nacional, es decir unas 16 millones de hectáreas. La norma que hace cuatro años fue rechazada por los representantes de la alianza Cambiemos estableció además otras limitaciones y exigencias para los inversores extranjeros: impide que un mismo titular tenga a su nombre más de 1000 hectáreas equivalentes a la zona núcleo y bloquea la adquisición de terrenos que contengan cuerpos de agua de envergadura y permanentes. Asimismo exige que los interesados en comprar un terreno rural soliciten en el Registro Nacional de Tierras Rurales un certificado de habilitación que constate el cumplimiento de las distintas exigencias. Este es uno de los puntos que a partir de ahora podrán eludir.
El subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Borrelli, defendió ayer los cambios al sostener que la normativa "busca facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero en todo el país a través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas en la reglamentación de 2012". "Es mentira que se frenen las inversiones extranjeras con la ley. Desde su creación el Registro Nacional de Tierras Rurales otorgó los certificados de habilitación necesarios en el 93,6 por ciento de los casos solicitados pero parece que no era suficiente ya que frenaba la especulación inmobiliaria", indicó a Página/12 Florencia Gómez, ex titular del Registro. "Este decreto viola la Ley de Tierras. El gobierno de Macri desconoce las limitaciones de la ley para la venta de tierras", consideró la directora del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra del Ceppas.
Una de las cuestionadas modificaciones a la ley que facilita el desembarco de extranjeros sorteando las restricciones es la exención de obtener la habilitación del Registro Nacional de Tierras Rurales en el caso de modificaciones accionarias que resulten en un control directo o indirecto por parte de personas jurídicas extranjeras. Los extranjeros que compren acciones deberán comunicarlo al Registro sin necesidad de requerir el certificado previo que controle el cumplimiento de las limitaciones legales. Pero, según advierte Gómez, brinda a quien supere los límites establecidos en la Ley 26.737, especialmente las 1000 hectáreas en zona núcleo o su equivalente, la posibilidad de "readecuarse" sin ningún tipo de sanción dentro de los 90 días, en caso de ser denunciado.
La "curiosidad" es que el nuevo decreto explica en su artículo 6 cómo deben hacer los inversores para sortear las restricciones vendiendo/transfiriendo a "personas jurídicas controladas o sujetas a control común con ellas, la titularidad del total o de aquella porción de tierras rurales que exceda el límite legal". De este modo, podrían simular una adecuación a la ley a partir una transferencia a una empresa propia, lo que les garantiza mantener el control de las tierras.
El Decreto 820 fue publicado anteayer en el Boletín Oficial. La redacción de la normativa, según pudo saber este diario, contó con la activa colaboración de algunos de los estudios de abogados que protagonizan como intermediarios el desembarco de extranjeros en el mercado inmobiliario rural. Junto con el presidente, el texto lleva la firma del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, el titular de Justicia, Germán Garavano, y el ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio. Los cambios recibieron además el respaldo de la Cámara de Inmobiliarias Rurales (CAIR). Desde la entidad consideraron que facilitará la llegada de inversiones productivas de capital extranjero especialmente en la explotación de commodities como trigo, maíz, soja y girasol. "Era necesario que se flexibilizase", consideró el presidente de la CAIR, Javier Christensen, y consideró que "será necesario hacer más cambios". Por su parte, la Federación Agraria que históricamente impulsó la normativa cuestionó duramente al gobierno (ver aparte).
Vienen por el agua
El decreto del Gobierno de Mauricio Macri que modificó la reglamentación de la Ley de Tierras Rurales creó una zona gris que abre la posibilidad para que las autoridades del Registro Nacional de Tierras Rurales autoricen la venta a extranjeros de terrenos que incluyan cuerpos de agua, una operación que estaba explícitamente vedada por la legislación. De acuerdo a la normativa vigente el Consejo Hídrico Federal debe confeccionar un mapa identificando los cuerpos de agua, ubicados en cada provincia. Si ese registro no fue realizado, la solicitud de los certificados de habilitación ante el Registro de Tierras debe estar acompañada por otro certificado donde un profesional idóneo constate que el inmueble no incluye cuerpos de agua. La nueva norma dispone que cuando eso suceda el Registro debe girar a la autoridad provincial del agua una nota con todos los datos para que verifique lo remitido en un plazo de 10 días hábiles. Con las reglas dispuestas por el Gobierno pasado ese plazo, sin ninguna opinión por la positiva o negativa por parte del registro provincial, la certificación se considerará autorizada.
PANORAMA ECONÓMICO
Ministerio de Trabajo
Por David Cufré
A toda velocidad, el Ministerio de Trabajo empezó a conformar la comisión que diseñará el nuevo sistema jubilatorio. La ley ómnibus que se aprobó a mitad de semana fija un plazo de tres años para la presentación del proyecto que transformará el régimen previsional, pero el Gobierno se propone avanzar con los cambios mucho antes. Es un paso fundamental hacia un nuevo esquema institucional para la distribución del ingreso. La reforma será pensada por un gobierno con convicciones neoliberales, como ocurrió en los 90 con la creación de las AFJP. La cartera que conduce Jorge Triaca está enfocada en una revisión más amplia de las relaciones entre el capital y el trabajo. En su agenda figuran modificaciones a la ley de ART y una reforma de flexibilización laboral, que será presentada como de "modernización", al igual que la devaluación, el aumento de tarifas, la quita de retenciones y el ajuste del gasto público fueron bautizados como "sinceramiento". Las iniciativas irán avanzando en los próximos meses. Para la previsional ya se han producido convocatorias a especialistas para sumarlos al debate. La proactividad que muestra el Ministerio de Trabajo en este terreno contrasta con la actitud que exhibe frente al estallido de la conflictividad laboral, con despidos, suspensiones y medidas de fuerza record desde la crisis de 2001-2002. En junio, la tendencia que arrancó en diciembre con las cesantías en el sector público se mantuvo para el sector privado en la misma dirección, de acuerdo a datos preliminares de la consultora Tendencias Económicas que se conocerán la próxima semana.
Un ejemplo de la pasividad del Ministerio de Trabajo frente a las tensiones en el campo laboral es la instrucción de derivar los conflictos a las provincias donde se producen. La cartera nacional solo interviene en casos demasiado grandes para ignorarlos. Del resto se desentiende. Los deja en manos de sus pares de cada distrito, en una señal inequívoca de la orientación de la política. La gestión de Triaca reedita la experiencia del menemismo de apuntar los cañones a cambios legislativos de fondo mientras aplica el siga siga para los reclamos cotidianos de los trabajadores. Hay un abandono de la política de intervención permanente del Estado que rigió los últimos doce años.
La conversión es muy evidente para el mundo gremial, donde aseguran que día a día van dejando de pedir la mediación del Gobierno ante la desidia en la respuesta de los funcionarios. En este terreno no corre la excusa de la pesada herencia. Triaca no puede echar mano al recurso de descargar la responsabilidad de sus decisiones en supuestas distorsiones del pasado, como abusa Alfonso Prat- Gay. Sin esa gambeta, la mutación de la política laboral expone más abiertamente el giro neoliberal que implica el proyecto económico de Cambiemos. Es un proceso que encuentra como antecedente más cercano lo sucedido a comienzos de los '90, cuando el ministro de Trabajo era el padre del actual, también Jorge Triaca, un ex sindicalista que terminó siendo aceptado como socio del Jockey Club por los servicios prestados. Las cúpulas empresarias, incluso de sectores como el industrial, en zona de riesgo por el desmoronamiento del mercado interno, acompañan al Gobierno en busca de recuperar márgenes en la distribución del ingreso nacional cedidos la década pasada, por más que se llenaron los bolsillos. Es una apuesta peligrosa. La vez anterior terminó en la crisis de 2001, con el tejido fabril en ruinas y las calles incendiadas. Los sectores directamente favorecidos por el modelo, como el agroexportador, el financiero y el de los grandes jugadores, deja ver su entusiasmo en los comunicados que producen entidades como AEA, IDEA o la Sociedad Rural.
El cambio de actitud del Ministerio de Trabajo frente a la problemática del empleo se aprecia en el recorte abrupto del plan Repro. El programa de Recuperación Productiva es un aporte del Estado a empresas en crisis, asumiendo el pago de una porción del salario de sus trabajadores a condición de que no produzcan despidos y presenten alternativas para recomponer su actividad. En abril lo recibieron 8998 trabajadores, aunque a esa cifra corresponde agregar 18.000 choferes de micros de larga distancia que pasaron a estar cubiertos por otro plan del Ministerio de Transporte. Si se los suma, a efectos estadísticos, la cobertura llegó a 26.998 trabajadores. La cifra es una tercera parte de los 76.529 asistidos en 2015. Es decir que en un año donde se produjeron miles de despidos – solo en la construcción se contabilizan 59.000 bajas hasta abril, según el Indec – el Ministerio de Trabajo restringió el Repro a su mínima expresión. En 2014 la cobertura fue de 58.501 trabajadores; en 2013, de 39.209; en 2012, de 46.326; en 2011, de 78.329, en 2010, de 130.306, y en 2009, en medio de la crisis financiera internacional, se alcanzó el record de 142.634. Entre este número y los actuales 26.998 – incluyendo a los atendidos por Transporte – se puede advertir la diferencia en el esfuerzo empeñado por la cartera laboral para sostener el empleo en años de fuertes crisis. El ministro Triaca reconoció el mes pasado en una reunión con industriales que el Gobierno será selectivo en la distribución de los Repro, limitándolos a las empresas que considere "viables".
En la misma línea de achicamiento de las funciones de la cartera laboral, continúa cerrado el programa Asistir. Como ya se contó en este espacio, el Asistir era un servicio de ayuda legal gratuita a trabajadores, diseñado especialmente para quienes no contaban con cobertura sindical, no tenían los medios para pagar un abogado o presentaban reclamos por montos bajos y por lo tanto les resultaba difícil conseguir representación. El Ministerio de Trabajo ponía a su disposición un cuerpo de profesionales para tramitar sus demandas, en resguardo de sus derechos. El plan funcionaba desde 2005, con un promedio de 10.200 personas atendidas por año. En su gran mayoría, trabajadores no registrados. Pese a la debilidad de ese sector, la gestión Triaca desactivó el programa en los peores meses de despidos y aunque prometió restablecerlo, todavía no hay novedades.
La negociación de convenios colectivos de trabajo por actividad y empresa también se ubica en niveles mínimos para los últimos años. Hasta mayo se firmaron apenas 3 por actividad y 10 por empresa, contra 24 y 71 de 2015, respectivamente, a un promedio de 2 y 6 por mes. En ninguno de los años anteriores hasta 2003 se había registrado tan escasa actividad. Lo mismo ocurre con los acuerdos entre empresas y trabajadores homologados por el Ministerio de Trabajo, desde paritarios hasta por condiciones de trabajo o distintos conflictos. Entre enero y mayo se cerraron 340 arreglos, a razón de 68 por mes. En 2015 fueron 1893 acuerdos, a un promedio de 158 por mes, más del doble que el ritmo de este año, pese a que la conflictividad laboral ahora es diez veces superior. El retroceso asimila el momento actual a lo que ocurrió en los '90. Entre 1991 y 2000 se pactaron un total de 1759 convenios colectivos de trabajo y acuerdos homologados por la cartera laboral. Es decir que el año pasado superó por si solo todo lo que se hizo en aquella década.
La decisión del gobierno de Cambiemos de ir corriendo al Estado de las relaciones entre empresas y trabajadores tiende a desamparar a estos últimos. Los proyectos como el de reforma previsional que empiezan a elaborarse en comisión han sido el instrumento de otros gobiernos de derecha para cristalizar la desigualdad.
LA EX PRESIDENTA VIAJARÁ HOY A BUENOS AIRES Y SE
PRESENTARÁ PERSONALMENTE ANTE EL JUEZ CLAUDIO
BONADÍO
Una vuelta para enfrentar al Partido Judicial
CFK llegará a Aeroparque y el kirchnerismo convocó a esperarla a partir de las 20. Volverá a Comodoro Py para notificarse de su situación judicial, lo que consideró un "trámite totalmente insustancial" en el marco de una "persecución política".
Cristina Fernández había regresado a Buenos Aires a mediados de abril, convocada por el mismo juez Claudio Bonadío.
Cristina Fernandez de Kirchner llega hoy a Buenos Aires tras denunciar que el "el Partido Judicial" intensificó la "campaña de persecución y difamación" en su contra con el fin de "distraer a la población" del ajuste impulsado por Cambiemos. La ex mandataria tiene previsto presentarse personalmente en el despacho del juez Claudio Bonadio en Comodoro Py para cumplir con el trámite de notificación de su situación procesal en el marco de la causa por la venta de dólar futuro.
La llegada de la ex presidenta a Buenos Aires tiene como trasfondo el recrudecimiento del accionar de un sector del Poder Judicial en causas de corrupción relacionadas con su gobierno, lo que viene denunciando como hechos de "persecución política" en distintas cartas publicadas en las redes sociales durante los últimos días. "Se intenta crear un nuevo tipo penal: el delito de haber pertenecido al gobierno durante el período 2003/2015", disparó en la última de ellas, difundida el jueves.
La ex mandataria situó bajo ese contexto las medidas judiciales de los últimos días como el pedido del fiscal Gerardo Pollicita de levantar el secreto fiscal sobre ella y sus familiares y los allanamientos simultáneos ordenados por Bonadio sobre varias de sus propiedades en Santa Cruz, en el marco de la causa Los Sauces SA.
CFK arribará a Aeroparque a las diez y cinco de la noche en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de de Río Gallegos. Desde su entorno dijeron que estará en Buenos Aires durante una semana, sin agenda definida por ahora, aunque aseguran que aprovechará su estadía para mantener encuentros políticos con distintos dirigentes y organizaciones.
La visita de Cristina a Comodoro Py, la única actividad confirmada hasta ahora, es en respuesta a una exigencia que Bonadio le hizo llegar el lunes: notificarse en persona sobre su situación procesal en la causa dólar futuro. En su carta del jueves, la ex mandataria volvió a ironizar sobre el su procesamiento: "Esa causa tan particular donde Bonadío dice que la Presidenta, el Ministro de Economía y el directorio del Banco Central del gobierno anterior cometieron un delito para que ganaran plata los miembros del gobierno actual que fue el que devaluó nuestra moneda", dijo.
Además, hizo mención a la citación: "Bonadío, cuando no, me impuso de manera arbitraria e ilegítima la obligación de tener que concurrir nuevamente a su juzgado para cumplir un trámite procesal totalmente insustancial, esto es, notificarme de una resolución que ya conozco y que apelé a través de mi defensa hace más de un mes", agregó.
Como la ex presidenta vive a más de 2000 kilómetros de distancia de los tribunales, el encuentro cara a cara podría haberse evitado si el juez hubiese utilizado el mecanismo de la videoconferencia. Incluso, el abogado de la presidenta, Carlos Alberto Beraldi, le solicitó al juez que el trámite se haga en Río Gallegos, pero la respuesta fue negativa. CFK se ocupó de remarcar ese detalle, y le recordó a Bonadio que ya había hechado mano ese recurso "para recibir declaración testimonial en la misma causa". "Puede advertirse, una vez más, cómo el poder jurisdiccional conferido a este personaje viene siendo ejercido con fines de venganza", dijo en uno de los tramos mas confrontativos.
La escena del encuentro con el juez que la procesó recuerda la primera citación a indagatoria, que derivó en un acto multitudinario frente a Comodoro Py y a lo que se interpretó como la vuelta de la ex presidenta a la arena política.
En las últimas semanas, CFK escribió en las redes sociales una serie de cartas cuyo contenido puede leerse como un adelanto de lo que dirá en caso de volver a encontrarse en público con sus militantes.
"En los últimos días, el Partido Judicial, con inusitada virulencia, instado por el Gobierno y con el explícito incentivo que le brindan los medios hegemónicos de comunicación han intensificado su campaña de persecución y difamación contra el Gobierno que presidí", afirmó. La campaña, dijo, tiene "un evidente doble objetivo: Instalar en la opinión pública que el anterior gobierno tuvo como único propósito cometer delitos de manera indiscriminada y distraer a la población mientras el ajuste y la debacle económica aumentan la pobreza, la desigualdad y la inseguridad de manera ya inocultable y exponencial".
La misma idea la había expresado el jueves en una carta previa, en la que hacía referencia a los allanamientos de Bonadio en Santa Cruz: "Podrán hacer mil allanamientos más, podrán televisarlos, podrán meterme presa, su claro objetivo... Lo que nunca van a poder tapar son las consecuencias de un plan económico que sólo distribuye pobreza para los trabajadores, las clases medias y los pequeños y medianos empresarios".
Respaldo del Evita
Tras su salida del bloque del FpV, los diputados del Movimiento Evita repudiaro ayer los allanamientos realizados a las propiedades de la ex presidenta Cristina Fernández, ordenados por el juez federal Claudio Bonadio. "Estamos convencidos de que ésta es una persecución hacia todos aquellos derechos, que con su conducción del Estado Nacional, permitió conquistar al pueblo argentino. Este ataque a la democracia se inscribe a la persecución política que se está haciendo sobre dirigentes sociales como Milagro Sala, y por ello también seguimos y seguiremos exigiendo su liberación", afirma el comunicado firmado por Leonardo Grosso, Araceli Ferreyra, Remo Carlotto, Lucila Deponti, Andrés Guzmán y Silvia Horne, del bloque "Peronismo para la Victoria". Además, convocaron a la militancia a "estar en estado de alerta y movilización" ante cualquier ataque que se intente concretar desde el Partido Judicial contra la ex presidenta. "Cristina sintetiza el proceso de mayor adquisición de derechos de estos últimos años y creemos que cada derecho se conquista y se defiende en la calle, en la calle nos van a encontrar", concluyeron.
PANORAMA POLÍTICO
Milagro Salvatierra
Por Luis Bruschtein
El homenaje al ex presidente Arturo Umberto Illia no fue tanto un homenaje sino más bien una excusa del presidente Mauricio Macri para recongraciarse con los radicales, aliados que aportaron caudal electoral, pero que casi no pudieron colocar funcionarios y son ignorados olímpicamente por el PRO a la hora de tomar decisiones, incluyendo las del ajuste que después tienen que respaldar. Los aliados del PRO no son la mejor expresión del radicalismo para hacerle un homenaje a Illia. Un gobierno conservador integrado por los Ceos de las grandes corporaciones, incluyendo a las farmacéuticas, tampoco da con el perfil de un ex presidente que fue derrocado por un golpe promovido por estas corporaciones y apoyado por la derecha radical que manejaba el partido.
Un homenaje que fue excusa, por parte de sectores que no lo representan. La historia es injusta con un hecho injusto. El justicialismo recuerda siempre que Illia ganó las elecciones porque el peronismo estaba proscripto. Y tiene razón. Pese a ese pecado de origen, Illia fue un buen presidente, pero sin respaldo. Y cuando los militares lo echaron, sólo unos pocos de sus correligionarios lo defendieron. Su salida de la Casa Rosada fue una de las escenas más tristes de la institución presidencial. El peronismo y la izquierda también fueron críticos de su gobierno, pero eran oposición. El radicalismo no defendió a un presidente propio y poco después, le puso funcionarios a los militares.
Hubo muchas formas de salir de la Rosada, y varios fueron de allí a la prisión VIP de Martín García sin escalas. La salida de Fernando De la Rúa en helicóptero tampoco fue muy feliz, pero tiene cierta coherencia con el personaje.
En el caso de Illia, la soberbia de los milicos y la soledad en que lo dejaron sus correligionarios representó una tremenda injusticia. Muchos de los que se habían dejado arrastrar por la feroz campaña mediática que, como en todos los golpes, había creado el ambiente propicio para su derrocamiento, se arrepintieron después de haber puesto su granito de arena para contribuir a esa escena.
Este homenaje-excusa le sirvió también a Macri para insistir en su campaña contra el kirchnerismo y usó el contraste desmesurado de Illia con López. No dijo López, dijo: "si lo comparamos con lo que estamos viendo hoy". En la división del trabajo, los PRO no tienen participación activa en esta tarea. Los servicios de inteligencia prefieren que no sean del gobierno los que dan los carpetazos. El carpetazo pesa más cuando viene de los opositores cercanos al macrismo. Como el massismo viene del peronismo, tampoco le dan carpetas. Los opositores más coherentes tampoco se dejan usar fácilmente y no les dan carpetas. Las carpetas de los servicios alimentan siempre al mismo sector que forma el panradicalismo anti k, como otro aporte de este radicalismo que poco tiene que ver con Arturo Illia, al gobierno de los Ceos.
Los PRO son gente agradable, no odian y siempre sonríen, son pro y no contras. Para eso tienen a la derecha radical que es la que sostiene un antiperonismo visceral. Los dirigentes PRO no están en el conflicto, en la crispación, pero sí el núcleo duro que los vota, como Alejandro Fabián Sidero, un técnico informático que disparó varias veces al bulto contra una reunión de 400 jóvenes kirchneristas. Hirió a dos chicas y casi mata a un bebé y después huyó a los Estados Unidos. Por la información que aparece en los medios oficialistas tendría que haber sido al revés. Los malditos jóvenes k atacando a una concentración de los globitos. Está cambiada la imagen.
La derecha radical tiene un héroe, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, protagonista de un clasismo fascistoide, que copa la justicia y después la utiliza contra la dirigente de un movimiento social y para extorsionar a sus seguidores para que la denuncien, incluyendo amenazas contra sus familias. Pero en el partido, sobre todo su dirección, admiran la supuesta valentía de este hombre que se atrevió a convertirse en el villano de una película del neorrealismo italiano. En una justicia no manipulada por el gobernador, las múltiples acusaciones contra Milagro Salas no se podrían sostener. La malversación es evidente cuando todas las semanas le agregan un nuevo cargo, el último es por el secuestro de un bebé. El gorilismo de este sector del radicalismo, que representa a un sector derechista de la sociedad, ha sido tierra fértil para la campaña del PRO, que encontró allí mano de obra dispuesta para el trabajo sucio.
En ese clasismo fascistoide se inscribe la detención del Pitu Salvatierra. La información que dieron los medios oficialistas el día que lo detuvieron hacía pensar que habían apresado a un narco con su carga. Los hechos fueron completamente distintos. Ni siquiera se lo puede acusar de "simple tenencia", a lo sumo de "tenencia para consumo personal". Con cualquiera de esas dos acusaciones tendrían que haberlo puesto en libertad, pero el juez Claudio Bonadio le negó la excarcelación. Los organismos de derechos humanos han salido en su defensa. Los dirigentes de muchos movimientos sociales son jóvenes militantes de clase media. En cambio el Pitu Salvatierra y Milagro Salas son exponentes genuinos de los dramas humanos que representan, son culturas diferentes porque son existencias diferentes. Por eso son representativos, porque a pesar de todas las tragedias que debieron sobrellevar en sus vidas, encontraron en la organización y la solidaridad con sus iguales una forma de salir adelante frente a una sociedad que los excluía y relegaba. No son egresados del cardenal Newman. Es su pecado capital. El clasismo fascistoide que condena a Salas y Salvatierra, puede perdonar en cambio a un egresado del Newman que abre cuentas millonarias en el exterior y que evade impuestos. La palabra "gorila" es vieja, igual que oligarquía, oligopolio o sinarquía. Aunque digan que uno se quedó en el 45 no existe otra palabra para describir esa mirada que justifica como justas a todas las injusticias, que culpabiliza al diferente y sobre todo a los pobres, que tienen la desgracia de no pensar como cree ese sector pretencioso de la clase media que piensan los ricos. Son diferentes, se identifican con otras historias y tienen sus propias formas de relacionarse y de expresarse en la política. Por eso los eligieron para meterlos en la cárcel.
Hay muchos dirigentes sociales de clase media de todos los colores políticos y no hay ninguno preso de esas características. No es casual la elección del Pitu Salvatierra y Milagro Salas, hasta con los nombres que tienen entre Milagro y Salvatierra. Tampoco podría decirse que forma parte de un plan magistral. No es así. Esa no casualidad es el producto de una formación cultural que se consuma en esa elección. Es un caldo germinal que alimenta esa mirada que encuentra en esas dos personas todo lo que es diferente y que rechazan y que, en su imaginario, constituyen el kirchnerismo. Que un chico de clase media sea kirchnerista está mal para ellos. Pero un chico se puede equivocar, al fin y al cabo podría ser el sobrino de cualquiera. El Pitu y Milagro son de los excluidos, de los advenedizos, de los que son pobres porque no quieren trabajar. De los que viven del plan. De las que se embarazan por la Asignación. De los que tienen un plasma en la villa. De los que eligen vivir rodeados y empapados del narco y el delito. De todo lo que se percibe como amenaza. Ellos son el kirchnerismo, la falta de moral, de republicanismo, de buena educación. En ese microclima se piensa que la sociedad sufrió al kirchnerismo porque esos bárbaros lo votaron contra la voluntad de la gente buena.
La cárcel de Milagro y Salvatierra funciona para ese grupo social como la confirmación de todo lo podrido del kirchnerismo. Los ponen en la misma bolsa que López aunque sean exactamente lo opuesto, totalmente lo opuesto. Y lo mezclan porque así cierra todo. Los dirigentes populares del kirchnerismo son drogones y ladrones y eligen políticos como López. Se puede aceptar que un pibe de clase media sea dirigente social, pero si ese dirigente sale del seno del mundo que representa, es un negro berreta y ladrón y encima kirchnerista.
Ser gorila no es nuevo, es viejo como la palabra. El peronismo siempre lo sufrió. Es como ese mal dirigente de izquierda que se enoja porque los obreros no son como él quisiera. El pueblo es el pueblo y las injusticias son injusticias siempre, y más cuanto peor sea la situación de la víctima. El gorila lo ve al revés. Es injusticia si le pasa a alguien como él, pero si le pasa a un pobre es porque se lo buscó o, en definitiva, el viejo y conocido "por algo habrá sido". Cada día que pasa con Milagro y Salvatierra en la cárcel hace más injusta a esta sociedad.
ACTOS SEPARADOS PERO CON PROMESAS DE UNIDAD EN EL
ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE PERÓN
"El peronismo unido es el camino"
El PJ bonaerense realizó una amplia convocatoria en la Quinta de San Vicente. El presidente del PJ, José Luis Gioja, reunió a algunos gobernadores en Santiago del Estero.
En medio de la búsqueda por abroquelar fuerzas, el peronismo recordó por separado los 42 años de la muerte de su líder Juan Domingo Perón. En la histórica quinta de la localidad de San Vicente, el PJ bonaerense que dirige Fernando Espinoza logró juntar en el homenaje a dirigentes de la estructura partidaria, La Cámpora y hasta algún massista. En Santiago del Estero, el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, recordó a Perón junto a un puñado de gobernadores, un día después del postergado encuentro del Consejo Nacional partidario que prometía discutir la estrategia parlamentaria y la integración de los bloques en el Congreso.
La foto de la Quinta de San Vicente, donde están los restos del general que fue tres veces presidente de la Nación, sorprendió por lo heterogéneo de la convocatoria para los tiempos que atraviesa el PJ. "El peronismo unido es el camino para devolverle al pueblo su derecho a vivir en un país más justo, libre y soberano", dijo Espinoza en su discurso. Lo escuchaban desde el vicepresidente del PJ nacional y ex candidato presidencial Daniel Scioli y el senador Juan Manuel Abal Medina hasta el camporista y diputado Eduardo "Wado" De Pedro, pasando por el diputado provincial massista Sebastián Galmarini, legisladores e intendentes con distintos posicionamientos sobre el futuro partidario.
Otro de los oradores fue el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, uno de los jefes comunales que mantiene buen diálogo con la gestión que encabeza la gobernadora María Eugenia Vidal, quien recordó en su discurso uno de los mensajes del Papa. "Francisco nos viene diciendo que a la globalización de la indiferencia tenemos que combatirla con la revolución de la solidaridad. Y por eso, cuando la Patria reclama que el peronismo esté presente, el peronismo va estar presente. Tenemos que dejar de lado todas las miradas que nos fraccionan", afirmó. Otros jefes comunales escuchaban: Verónica Magario (La Matanza), Patricio Mussi (Berazategui), Julio Pereyra (Florencio Varela) y los ex intendentes Mariano West (Moreno) y Daniel Di Sabatino (San Vicente), entre otros.
La Cámpora, que se mantiene al margen de la conducción nacional del PJ, estuvo representada por De Pedro, los legisladores Lauro Grande y Miguel Funes y la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi.
"No fui en representación del Frente Renovador" sino por decisión propia, aclaró Galmarini que concurrió acompañado por otros legisladores provinciales del massismo. El propio Sergio Massa estaba en la convocatoria amplia que ideó Espinoza, pero el líder renovador se excusó por "problemas de agenda".
En la capital santiagueña, Gioja estuvo acompañado por los gobernadores peronistas Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manzur (Tucumán) y Lucia Corpacci (Catamarca), además del ex presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. "Esta conducción que integramos y la integran gobernadores justicialistas, compañeros y compañeras con mucha trayectoria, hemos decidido que tenemos que ser de puertas abiertas, nadie es dueño de la verdad y que esa maquinita esmeril de quien es más o menos peronista, tampoco la tenemos y no existe", dijo el jefe de PJ. "Lo más importante que nos enseñó el General es que en política no se manda, se persuade, porque manda el mandón, manda el patrón, y cuando ese patrón deja de serlo, ese mandato desaparece", agregó Gioja.
"En todo proceso, la autocrítica tiene que ser para crecer, no para salir a cazar brujas por cualquier lado echarnos culpas o desunir, debe servir para armarnos de la verdad y para volver a nuestras convicciones", había dicho poco antes Gioja ante una consulta. El ex gobernador sanjuanino optó por postergar por dos semanas el encuentro de la mesa nacional del PJ tenía previsto para el jueves pasado donde se propondría armar bloques legislativos justicialistas que respondieran a la conducción partidaria, diferenciándose del Frente para la Victoria. Pero, a último momento, se optó por la creación de una Comisión de Acción Política que analizará la situación.
SEGÚN LA CASA BLANCA, MURIERON MAS DE 2500
SOLDADOS Y HASTA 116 CIVILES EN 473 ATAQUES EN YEMEN,
SOMALÍA Y LIBIA
EE.UU. reconoce que mató a miles con sus drones
Aviones no tripulados realizaron 473 operaciones, desde que asumió la presidencia estadounidense Barack Obama, en países que técnicamente no están en guerra con EE.UU., dice el informe, que no incluye ataques en Irak, Siria o Afganistán
. Obama reconoció que ha habido críticas legítimas a su programa de ataques con drones
Estados Unidos informó ayer que sus ataques selectivos con aviones no tripulados (drones) mataron entre 64 y 116 civiles en un total de 473 lanzamientos en Pakistán, Yemen, Somalia y Libia desde que el presidente Barack Obama llegó al poder, que abarca el periodo 2009-2015.
"Entre 64 y 116 civiles murieron en ataques de contraterrorismo", afirmó el director de Inteligencia Nacional, James Clapper, en el informe, que busca echar luz detalles sobre el uso de drones por parte de Estados Unidos, muchas veces en medio de gran secretismo, dirigidos contra terroristas fuera de su territorio. En los 473 ataques con drones entre el inicio del primer periodo de gobierno de Barack Obama en 2009 y fines del año pasado murieron además 2.581 combatientes. En abril, Obama reconoció que ha habido críticas legítimas a su programa de ataques con drones por haber asesinado a civiles. "En los últimos años hemos trabajado mucho para evitar y prevenir que tuvieran lugar ese tipo de tragedias", afirmó entonces Obama.
La cifra excluye los ataques aéreos en Irak, Siria y Afganistán, consideradas zonas de guerra, según informó la oficina de Clapper. Esta es la primera vez que Estados Unidos publica información sobre las víctimas de su programa clasificado de ataques selectivos contra sospechosos de terrorismo mediante aviones no tripulados, que comenzó en 2002 a iniciativa del entonces presidente, George W. Bush, y que se amplió a gran escala durante el mandato de Obama.
Además, las cifras están, en el caso de los civiles, en varios cientos por debajo de los números que brindan las organizaciones defensoras de derechos humanos. El informe no precisa dónde se llevaron a cabo los ataques o cuántos muertos hubo en cada uno de ellos. Estados Unidos reconoce que los análisis de las ONG's han cifrado la cantidad de bajas civiles en entre 200 y 900 personas, pero afirma que sus números están basados en información más completa y asegura que algunas de las víctimas contabilizadas como civiles por estos grupos eran en realidad combatientes. La organización New America Foundation calcula que los drones estadounidenses han matado a unos 250 civiles desde que Obama llegó al poder, mientras que la Oficina de Periodismo de Investigación, con sede en Londres, cree que hasta 358 civiles han muerto en esas operaciones, y otros grupos hablan de alrededor de mil bajas.
"El Gobierno de Estados Unidos reconoce que hay diferencias entre nuestras estimaciones y las de organizaciones no gubernamentales", dice el informe publicado ayer. La oficina del Director Nacional de Inteligencia (DNI) atribuye esas diferencias a que su propia metodología emplea información generalmente no disponible para las organizaciones no gubernamentales, que además pueden contar en algunos casos como civiles a personas que Estados Unidos considera combatientes gracias a su información de inteligencia.
La Casa Blanca afirmó que la difusión de las cifras forma parte de un esfuerzo de Obama por arrojar más luz sobre el programa de drones que ha sido una parte crucial de su estrategia en contraterrorismo. "El presidente cree que nuestra estrategia en contraterrorismo es más efectiva y tiene más credibilidad cuando somos lo más transparentes posible", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest. La Casa Blanca había adelantado en marzo que daría a conocer el informe sobre los civiles que murieron en los ataques de sus drones. "El anuncio habla de un tipo de operaciones que hace un par de años ni siquiera habríamos admitido que existen", aseguró ayer Earnest. "El presidente cree que es importante establecer una estructura para guiar cómo se utiliza esa herramienta (los drones) no sólo para esta Administración, sino para la siguiente", que llegará al poder en enero, indicó el portavoz. Earnest aseguró que Estados Unidos hace grandes esfuerzos para evitar las víctimas civiles. Earnest advirtió previamente que la nueva información no responderá a todas las preguntas que existen sobre el programa de drones y confirmó que no incluiría los ataques en Siria, Irak y Afganistán porque, al ser zonas de guerra, es el Pentágono quien lidera esos ataques y esa agencia ya publica algunos datos al respecto.
Estados Unidos ha usado varios drones en Pakistán, Yemen, Somalia y otras partes y Obama prometió más transparencia en un discurso de 2013, en el que admitió el uso de drones.
Junto con el informe, el presidente publicó un decreto que establece como prioridad la protección de civiles a la hora de lanzar ataques selectivos contra sospechosos de terrorismo y ordena publicar anualmente la información sobre las muertes provocadas por los drones. Entre otras cosas, se llama a revisar cualquier baja civil que haya y pagar indemnizaciones a los familiares de los muertos. "Estados Unidos debe mantener y promocionar mejores prácticas para reducir la probabilidad de víctimas civiles, dar los pasos adecuados cuando esas víctimas se produzcan y extraer lecciones de nuestras operaciones para mejorar la protección de los civiles", afirmó Obama en su orden ejecutiva. Esto brinda determinadas guías para el sucesor de Obama, que por otra parte podría fácilmente cambiarlas. La Casa Blanca añadió que, en el futuro, difundirá cifras de víctimas por drones anualmente cada 1° de mayo.
Amnistía Internacional saludó el informe por considerarlo un paso adelante hacia una mayor transparencia, pero dijo que no se podían analizar bien las cifras sin saber cómo se estableció en el informe quién es un civil. "Este no es el fin de las conversaciones públicas sobre los ataques con drones, sino sólo el principio", dijo Naureen Shah, directora del programa de seguridad y derechos humanos del grupo. "Aunque damos la bienvenida a este informe, es difícil dar crédito a la cuenta de muertes del Gobierno, que es más baja que la de todas las evaluaciones independientes", afirmó la directora de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, Hina Shamsi, que agregó que el Gobierno sigue ocultando la identidad de las personas que ha matado y las definiciones específicas que utiliza para decidir quién puede ser legítimamente un target.
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