domingo 04 de setiembre de 2016
EL GOBIERNO TIENE "BAJO ANÁLISIS" MAS DE 114 MIL CONTRATOS
DE EMPLEADOS PUBLICOS
Macri de nuevo con la tijera
Documentos girados a todos los ministerios, a los que accedió Página/12, instruyen sobre los pasos a seguir para llegar a fin de año con la "dotación óptima de personal". En algunas dependencias ya se les pide a los trabajadores que respondan un cuestionario con datos sobre sus estudios, la tarea que realizan y sus horarios laborales.
Macri hizo entre diciembre y marzo pasados un primer recorte en la administración pública y dejó un tendal de estatales en la calle.
"Dotación óptima de personal", es el eufemismo con que el Gobierno justificará la nueva ola de despidos en el Estado prevista para fin de año. El término da nombre a uno de los documentos internos que el Ministerio de Modernización giró a las direcciones de recursos humanos de los 20 ministerios y los cinco organismos descentralizados que conforman el Poder Ejecutivo, a los que accedió Página/12. A modo de instructivo, el documento plantea una serie de objetivos y pasos a seguir por cada organismo a fin de "adecuar" la "dotación inicial" de empleados públicos a lo que el Gobierno considera una "dotación óptima". Allí se explica que ese proceso apunta a "resolver los aspectos cualitativos y cuantitativos de personal", intención que ya fue declarada en privado a los delegados y secretarios gremiales de ATE Capital por funcionarios que responden al ministro Andrés Ibarra. En otro papel filtrado, que lleva el sello de Modernización, se señala que los contratos de más de 114 mil trabajadores de la administración pública nacional se encuentran "bajo análisis". Para llevar adelante este "análisis", que puso en marcha en mayo y aceleró en las últimas semanas, el ministerio que ejecuta el deseo del Presidente de reducir el empleo público elaboró también un formulario de preguntas para ser contestadas por los estatales sobre nivel de estudios alcanzado, las tareas que desempeñan y la cantidad de horas laborales que cumplen. Con el agravante, según denunció ATE, de que las encuestas son implementadas, en algunos casos, por consultoras privadas, y en otros, por trabajadores que lograron ser reincorporados tras los despidos del primer trimestre y son ahora obligados a entrevistar a sus propios compañeros.
"Programa de análisis y planificación de dotaciones", se titula el documento de Modernización que blanquea entre sus objetivos "producir una adecuación entre los organismos públicos y los aspectos cualitativos y cuantitativos del personal". El eufemismo "dotación óptima" aparece mencionado en varios apartados también como "dotación adecuada" y es definido como "la cantidad de recursos humanos para hacer frente a los volúmenes de trabajo de cada uno de los organismos". A través de esas definiciones, el ministerio da a entender a las direcciones de Recursos Humanos del Estado que existe un excedente de empleados públicos. El documento circuló con fecha posterior a los 11 mil despidos en la administración pública nacional con que comenzó la gestión macrista.
Otra de las cuestiones que blanquea el documento es el rumor que circula en los pasillos de los ministerios hace meses: las jubilaciones y los retiros voluntarios que ofrecerá – y a los que intimará – el Estado para desvincular a trabajadores tanto contratados como de planta permanente. "Jubilaciones", "retiros voluntarios", "bajas vegetativas (fallecimiento)", se lee en el apartado titulado "Mecanismos de adecuación" del papel burocrático. En principio, el Gobierno está habilitado –por la Ley de empleo público– para avanzar en por lo menos 21 mil jubilaciones, número que duplica los despidos de principios de año. "Identificar las dotaciones de empleados jubilables (sic) y de aquellos que podrían acceder al retiro voluntario", se enumera explícitamente como uno de los "objetivos específicos" del programa.
El texto también habla de "revisión de los sistemas de contratación" y de "movilización transversal" de los recursos; es decir, del traspaso de trabajadores entre distintos ministerios y la reasignación de funciones. Según uno de los delegados consultados por este diario, funcionarios de Modernización ya hablan de "reasignación o resignación" a la hora de plantear el panorama de muchos trabajadores a partir del año próximo.
Los 114.962 mil trabajadores rotulados "bajo análisis" en un segundo documento configuran el "53,9 por ciento" del total de empleados públicos (a excepción del personal de seguridad), divididos en 78.533 de planta permanente y 36.409 contratados. A través de los cuestionarios, Modernización comenzó en mayo a recabar información sobre ese eventual universo de empleados, hasta ahora lo más parecido a un dato preciso en manos del Gobierno, que entre diciembre y marzo decretó el despido por igual de profesionales, técnicos, científicos, trabajadores con fuertes lazos con el territorio, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.
Desde el ministerio que conduce Andrés Ibarra reconocieron la existencia de los documentos y la puesta en marcha del "plan", aunque negaron que el objetivo sea avanzar en nuevos despidos. "Tiene que ver con la estrategia de recursos humanos", dijeron, y explicaron que el término "dotación óptima" refiere "a la optimización de los recursos, porque hay áreas donde falta personal y otras donde sobra". Para graficar la posición, aseguraron que no habrá otro decreto como el 254/15, que habilitó a Ibarra a la primera "revisión" en diciembre pasado, y sostuvieron que "de haber nuevos despidos, correrá por cuenta de cada ministerio". En Modernización no quieren quedar pegados, por ejemplo, a las 200 cesantías que dispuso días atrás el ministro de Educación, Esteban Bullrich, que derivaron en el abrazo simbólico alrededor del Palacio Sarmiento para el que se unieron trabajadores estatales, docentes y buena parte de la comunidad educativa.
Consultoras y encuestadores
En el cuestionario, que ya se comenzó a aplicar, los trabajadores deben responder sobre su estado civil, sus antecedentes laborales, su nivel de estudios, el tipo de contrato que los vincula al Estado y sobre cuántas horas semanales trabajan. También se les pregunta a qué superior "responde" cada uno y en qué año ingresaron a la administración pública, y se les pide que hagan un resumen "de las tareas cotidianas que realiza". Los datos, completos, le ofrecerán a Modernización un CV reducido de cada trabajador e información relacionada con su situación laboral concreta. Este punto es especialmente sensible luego de la desarticulación de áreas y programas, que dejaron a muchos trabajadores en el aire.
Cuando en mayo los formularios comenzaron a bajar a los ámbitos de trabajo, delegados de ATE detectaron el desembarco de consultoras privadas. La prueba piloto fue en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). "Es un hecho sumamente grave porque las consultoras tienen una visión economicista del trabajo, no hacen un análisis desde la política pública", sostuvo el secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández.
El gremio ya pidió una reunión con Modernización para ser informado sobre el proceso de contratación de privados para esa labor, dado el malestar que generó entre los encuestados. "Quieren aplicar acá también la famosa planilla de Excel. El problema es que con esa lógica, irremediablemente va a haber gente que sobra. Los despidos de principios de año vinieron de la mano de la reducción de la política pública. Vaciaron programas, suspendieron áreas y esa es la razón por la que hoy hay compañeros sin funciones", agregó Fernández.
Pese a que no hubo hasta ahora resoluciones publicadas en el Boletín Oficial a tal fin, el apartado "Metodología de abordaje" del documento filtrado da cuenta de la conformación de grupos de análisis integrados por más de 20 "asistentes técnicos" aportados por Modernización, que no cuenta actualmente con esa plantilla, lo que hace suponer que efectivamente buscarán apoyos externos.
Desde el ministerio sostienen que "es posible" que a futuro se contraten consultoras. Ibarra cuenta con el antecedente de haber realizado el mismo proceso en el ministerio homónimo de la Ciudad de Buenos Aires. Entre 2012 y 2013 contrató a las consultoras PCG SA y TBT SRL por más de 11 millones de pesos para un trabajo similar: contabilizar la cantidad de empleados de determinados ministerios e identificar a los trabajadores "jubilables".
"El uso de consultoras remite a la década del 90. Los privados toman competencias que son de las direcciones recursos humanos. Hablan de un criterio objetivo, pero no tiene nada de objetivo: no es lo mismo la dotación óptima en un país como Suecia que en Argentina. No son los mismos Estados ni los mismos desarrollos históricos. Durante el kirchnerismo, el Estado claramente creció en competencia y en personal, porque se propuso llegar al núcleo de los problemas sociales y abordar el territorio. La lógica del macrismo es la de la grasa militante, omitiendo que vaciaron programas o suspendieron determinadas políticas del gobierno anterior. Entonces, cuando terminen las encuestas, una consultora privada, con esa misma lógica, va a encontrar gente que sobra y van a decirle a la sociedad que tienen la excusa para echar compañeros. Nosotros vamos a oponernos y vamos a salir a luchar", describió Fernández.
Algunos ministerios, como el de Justicia y Derechos Humanos, optaron por delegar la tarea de los cuestionarios en los propios trabajadores. "Armaron un equipo de laburantes que se habían quedado sin tareas porque cerraron el área", describió Leonardo Surraco, delegado de ese ministerio. Se trata un grupo de trabajadores primero despedidos y luego reincorporados que desempeñaban tareas en programas como Asistencia a la víctima, que quedaron sin funciones luego de su desarticulación. "Son psicólogos, asistentes sociales y profesionales que los pusieron a hacer las encuestas. Los mandan, por ejemplo, a la ex Esma, con una computadora, y van leyendo las preguntas. Muchos compañeros no quieren contestar porque hay datos personales y de formación que no tienen por qué dar", graficó Surraco.
Otra de las preocupaciones que manifestó el gremio es el destino que se le dará a los datos de los empleados, teniendo en cuenta la obsesión del Gobierno por recolectar información privada de las personas, como quedó al descubierto con el convenio que firmó la Anses con la Secretaría de Comunicación Pública. "No sólo nos pasaron por arriba a la hora de aplicar las encuestas, sino que tampoco sabemos adónde va a parar esa información. Una cosa es que la administre un organismo público y otra que quede en manos de una consultora privada", sostuvo Fernández.
Así las cosas, Fernández adelanta para diciembre, cuando vencen miles de contratos, un "panorama similar" al que se vio en los ministerios en los primeros meses del año. "Si seguimos así vamos al paro y movilización, con una situación social más delicada que en diciembre pasado y con un gobierno más deslegitimado", aseguró.
Informe: Matias Ferrari.
LA DESTITUCIÓN DE DILMA, LA CRISIS VENEZOLANA Y LA MARCHA
FEDERAL
Cambio de ciclo
La destitución de Dilma y la aguda crisis venezolana cierran un ciclo en la región. La enorme Marcha Federal preanuncia la apertura de uno distinto, con realineamientos políticos y sindicales. Hasta académicos de universidades liberales de elite reconocen los avances logrados en la región por los gobiernos que llaman de izquierda. La modista del Hada Buena y los cambios en la redacción de Clarín.
Por Horacio Verbitsky
Dos ex presidentes de Uruguay fijaron los términos de la discusión sobre el juicio político que destituyó a Dilma Rousseff en Brasil. Para Julio Sanguinetti "es una grosería intelectual y una inmoralidad hablar de un golpe de Estado", porque se cumplieron todos los requisitos constitucionales. En cambio José Mujica, sostiene que el trámite en el Senado "fue una gigantesca pantomima" para ocultar que "no sólo se trató de un golpe de Estado sino que se decidió en otra parte". Este debate hace ahora una breve escala en el Tribunal Supremo de Justicia, pero visto el rol que el tribunal cumplió en la destitución, este recurso será rechazado, lo cual agotará los recursos internos y despejará el camino hacia el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Luego de la suspensión de la presidente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia de cinco diputados y senadores del PT con el patrocinio de dos abogados brasileños y del argentino Damian Loreti, secretario de la Comisión Directiva del CELS. Ahora insistirán señalando que no hay ninguna causa penal, ni imputación ni condena contra la mandataria destituida; que sus juzgadores adelantaron la posición que sostendrían por lo que la condena fue una profecía autocumplida y que se violaron los derechos políticos de Dilma y de sus votantes. El viernes, la CIDH expresó su preocupación ante la destitución de Dilma en un juicio político sobre el cual "se han planteado cuestionamientos por irregularidades, arbitrariedad y ausencia de garantías al debido proceso", señaló que seguía con atención la observancia de los derechos humanos "que las autoridades competentes del Poder Judicial de Brasil proporcionen a este caso" y anunció que continúan su curso regular la cautelar y la petición presentadas. Durante el impeachment quedó establecido que Dilma no había cometido ningún delito de corrupción, como sí lo hicieron sus principales acusadores. De los 81 senadores, 61 votaron por la destitución, 47 están bajo proceso judicial y 15 fueron condenados. Nunca antes el Tribunal de Cuentas había considerado irregular el dictado de decretos para reasignar recursos presupuestarios, tal como el jueves hizo el presidente argentino, y había aprobado sin objeciones las rendiciones de cuentas presidenciales. Tampoco había objetado la postergación de compromisos asumidos por el Estado bajo una forma de maquillaje fiscal conocido como "pedaleadas". También se violentó el principio de no discriminación por razones políticas, puesto que no se aplicó similar proceso a su sucesor, el actual presidente Michel Temer, quien fue denunciado por los mismos hechos. En cuanto se votó la destitución, el Congreso sancionó la ley 13.332/16, que en forma expresa legitima la práctica por la que fue sancionada la ex presidente. Lo que hasta ayer se consideraba un delito hoy es una conducta admitida. "La conducta no era ilícita ni lo sería después. Sólo fue considerada delictiva para aprobar el juicio político", dijo el profesor de derecho Ricardo Iodi, uno de los testigos de la defensa.
La parcialidad de todo el procedimiento fue tan manifiesta que los dos testigos del Tribunal de Cuentas llamados a declarar fueron eximidos del juramento de decir verdad, ya que estaba probado que participaron en las movilizaciones contra Dilma y en la redacción del informe en su contra. En el camino, Temer perdió dos ministros, que debieron renunciar cuando se difundieron grabaciones en las que urgían a la rápida destitución de Dilma para que no avanzaran las investigaciones sobre corrupción que golpean con especial contundencia a los dos partidos del nuevo oficialismo, el Demócrata (PMDB) de Temer y el Social Demócrata (PSDB), los Tucanos de Fernando Henrique Cardoso, Aecio Neves y Ze Serra.
Detrás de la escena
Nadie ocultó durante el largo proceso que estas cuestiones formales no eran lo que de verdad se discutía. Hace un año, durante una visita privada, el asesor en temas internacionales de Dilma y de Lula, Marco Aurelio García, comunicó a sus interlocutores argentinos que la situación no tenía retorno. Pese a la profunda recesión (arañó el 4 por ciento en 2015, a lo que habrá que sumar una cifra similar o mayor este año) el principal problema no era económico sino político. Luego de vencer al candidato socialdemócrata Aecio Neves denunciando las políticas de ajuste que se proponía aplicar, Dilma asumió desde el gobierno esa agenda liberal y ante el malestar que esto provocó en las bases del PT, interrumpió los contactos con Lula. Cuando los retomó, en los primeros meses de este año e incluso intentó designarlo jefe de gabinete para que condujera el gobierno y la contraofensiva política, ya era tarde. Sólo el 8 por ciento de la población aún creía en ella.
El ocaso de Dilma no puede analizarse en forma separada de la crisis profunda que desgarra a Venezuela desde que la oposición obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional en diciembre de 2015 y reclamó realizar este año un plebiscito revocatorio del mandato de Nicolas Maduro; de la asunción de Maurizio Macrì en la Argentina en elecciones libres el mismo mes; de la derrota de Evo Morales en Bolivia en febrero, cuando una ajustada mayoría le negó la posibilidad de una nueva candidatura cuando termine su actual mandato, en 2020, y del anuncio de Rafael Correa de que no buscará ser reelecto, pese a que sus partidarios aún impulsan una consulta popular que le permitiría intentarlo, para lo cual ya han reunido 1,2 millones de firmas. También es preciso incluir en el análisis la situación de Chile, donde Michelle Bachelet se arrastra con pena y sin gloria en su deslucido segundo mandato, y de Uruguay, cuyo gobierno encabezado una vez más por Tabaré Vázquez se parece cada día más a las administraciones del Partido Colorado que el Frente Amplio desplazó.
Es hora de intentar un balance, así sea preliminar, sobre lo actuado por esos gobiernos que desde la elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela en 1999 transformaron el patio trasero de Estados Unidos en una región pacífica y autónoma, que sacó de la extrema pobreza a millones de habitantes y gozó por ello de una fuerte adhesión popular. Lejos del cénit, aun conservan un apoyo significativo que se expresa en la consigna argentina que esta semana retumbó también en Brasil: "Vamos a volver". La cuestión es cuándo y cómo.
En un libro recién publicado *, el sociólogo Marcelo Leiras, director del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés, no oculta su sorpresa al constatar que en los países que fueron gobernados en este lapso por lo que él llama la izquierda, se produjo una reducción del desempleo y de la desigualdad superior a la del resto de los países, aunque las condiciones globales fueron las mismas para todos. Leiras enumera como países que tuvieron gobiernos de izquierda durante periodos extensos a la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela. Como Izquierda Amplia considera a esos mismos países más aquellos donde por lo menos hubo un gobierno de izquierda aunque fuera breve (el Salvador, Honduras, Nicaragua y Paraguay) y como Otros a Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Perú y Surinam. Leiras destaca que los países con gobiernos de izquierda,
- Crecieron a una tasa mucho más alta durante los años dorados de los precios internacionales de las materias primas.
- Tuvieron resultados más favorables del comercio internacional.
- Redujeron en mayor proporción el peso de los intereses de la deuda pública.
- Aumentaron en mayor medida el gasto público, pero no se generó mayor déficit, porque también mejoraron su capacidad de generar ingresos.
- La inflación fue mayor.
- Comenzaron el periodo con niveles de desempleo que triplicaban al resto e hicieron desaparecer esa brecha con los otros dos grupos.
- Redujeron la desigualdad en la distribución de los ingresos en forma mucho más pronunciada. Comenzaron el periodo siendo más desiguales que el resto y lo cierran siendo menos desiguales.
Leiras afirma que la inconsistencia fiscal es un fracaso para cualquier gobierno pero no compromete la identidad de un gobierno de izquierda, mientras que la recesión es una señal de incompetencia de cualquier gobierno, pero afecta en especial las credenciales de un gobierno de derecha. "Los gobiernos de izquierda que chocaron contra el desequilibrio fiscal dejan una memoria de progreso social que, sin ser brillante, está mucho más cerca de la promesa inicial. Los gobiernos de izquierda que perdieron popularidad y elecciones, perdieron en su ley. Esa es en mi opinión la base de experiencia y de memoria sobre la cual podrá construirse la proyección electoral de la izquierda en los países que tuvieron gobiernos con esa orientación. Esa base podrá sostener nuevos gobiernos de izquierda o no en la medida en que pueda expresarse eficazmente a través de las organizaciones sociales y de los partidos políticos. Pero aún cuando no haya expresión organizada de esa memoria de recuperación social, creo que la recuperación del empleo de esta década les pondrá un dique a las políticas económicas que se adopten en el futuro". Al ponderar lo que considera un "enorme progreso político en la región", concluye que sus sistemas políticos maduraron, al desterrar el golpe de Estado como recurso de la competencia política, a pesar de las frecuentes crisis presidenciales y los gobiernos que no llegan a completar sus mandatos y sostiene que los gobiernos de izquierda mostraron que se puede redistribuir el ingreso "sin sacrificar el crecimiento, el equilibrio fiscal ni poner en riesgo la democracia". La derecha, dice, acusa a los gobiernos de izquierda de anti republicanos, plebiscitarios, hegemónicos, clientelistas y tramposos. Esta clasificación le va bien a los gobiernos chavistas "pero no a los gobiernos del Frente para la Victoria en la Argentina".
La reconstrucción
La Marcha Federal que culminó el viernes con un masivo acto cuyas columnas desbordaron desde la Plaza de Mayo sobre las dos diagonales y la Avenida de Mayo, muestra un camino de recomposición del movimiento popular, a partir del rechazo a las políticas oficiales que con celeridad están revirtiendo aquellos avances que contabilizó el académico de San Andrés. La confluencia bajo el rótulo de Articulación Popular, de las dos CTA, cuya reunificación parece próxima, del Movimiento Sindical Federal, de varios sindicatos de la CGT (entre ellos los de Camioneros y Peajes que conducen dos de los hijos de Hugo Moyano y el de Dragado y Balizamiento, del flamante secretario general de la CGT Juan Carlos Schmid), de varias regionales cegetistas que participaron en los actos realizados en sus provincias, de diputados y senadores justicialistas, de autoridades partidarias, de organizaciones kirchneristas y de la izquierda marxista (que marchó con consignas propias) contrastan con las actitudes de la magra Marcha de la Resistencia de la semana pasada y de los encuentros de gobernadores e intendentes de la próxima, que coinciden en sus propósitos de exclusión. En uno de sus mejores discursos, Hugo Yasky mencionó la confluencia del movimiento sindical, los movimientos sociales y estudiantiles, los pequeños productores, las pymes, la agricultura familiar, los organismos de derechos humanos, los trabajadores informales de la economía popular, a los que definió como el mapa del campo popular, que el neoliberalismo quiere dividido. Igual que Micheli, dijo que "si logran dividirnos van a dominarnos. Si nosotros construimos la unidad para la lucha, por la liberación, por la justicia social somos invencibles". Agregó que protagonizaban un cambio histórico porque el pueblo "no se arrodilla ante el poder económico ni ante la represión". Anunció que el viernes 16, cuando comiencen las audiencias públicas para tratar las tarifas, las dos CTA y la GCT estarán presentes y movilizadas y llamó a unificar todas las centrales sindicales, luego de una referencia afectuosa a Micheli, con quien hasta se abrazó. Una semana después, el viernes 23, la CGT tendrá su Congreso General Confederal, en el que podría disponerse el primer paro general bajo el actual gobierno. Si no hay dudas sobre el valor de la unidad, resta por discutir el problema de la conducción. Nada menos.
* ¿Por qué retrocede la izquierda?, Capital Intelectual.
Dedicación exclusiva
Por Horacio Verbitsky
El editor responsable del diario Clarín, Ricardo Luis Kirschbaum, respondió a la columna publicada aquí el domingo pasado. En un correo electrónico negó que Julio Blanck hubiera sido despromovido a "mero columnista sin responsabilidades en la edición del diario" en represalia por haber definido como "periodismo de guerra" el que practicó Clarín durante los últimos años. Ante un pedido de precisiones dijo que para responder al "desafío digital" se creó "una nueva mesa central de redacción a cargo de todas las plataformas: papel, web, móviles, web televisión, redes sociales, Realidad Virtual y 360. En este proceso de cambios fuertes, también cambiaron funciones de editores teniendo en cuenta la plataforma en la que mejor se desempeñan y mayor afinidad tienen, entre ellos los de Julio Blanck y Daniel Fernández Canedo. Blanck es uno de los dos principales columnistas políticos del diario, no un mero columnista. Nadie puede decir que Blanck ha sido despromocionado por sus opiniones personales sobre el modo de hacer el diario durante el gobierno de Cristina cuando integra la primera línea del periodismo político de Clarín". Blanck "conserva un lugar relevante en la redacción. Los tiempos y los soportes cambian, y en esta industria cambian velozmente. Hay que probar nuevas fórmulas frente a un desafío cuyo resultado todavía es incierto, aunque afecta mucho al papel". Ante una repregunta sobre Blanck dijo que no coincidía con su descripción de periodismo de guerra. Le pregunté entonces a Blanck si tiene alguna limitación digital o no se lleva bien con esa plataforma. Su respuesta fue que "después de muchos años de trabajar en tareas de edición del diario fui promovido a columnista". Hasta ahí podría tratarse de un asunto de interpretación. Pero Blanck agregó que "la promoción me fue comunicada cinco semanas antes de hacerse pública, ocho días antes de realizarse la entrevista con La Izquierda Diario y trece días antes de que la entrevista fuese publicada. En cuanto a la no coincidencia de Ricardo con mi definición en el reportaje, es la muestra de que los periodistas de Clarín no estamos sometidos a ningún sistema de pensamiento único". En otro mensaje agregó que "siempre escribí agregándole tiempo extra de trabajo a mi función de editor. Ahora puedo hacerlo con dedicación exclusiva".
Lo sencillo sale caro
Por Horacio Verbitsky
El look sencillo del Hada Buena requiere mucho esfuerzo. Un chef personal se encarga de su dieta, un estilista se ocupa de su pelo y dos asesoras de moda son las responsables de su vestuario. Algo similar ocurrió con Carlos Menem, que puso en la nómina oficial a su peluquero, con Fernando De la Rúa, que cargó al erario la remuneración del jardinero de su quinta privada y con Gabriela Michetti, que paga con un cargo en el Senado tareas realizadas en su Fundación. La diferencia es que la gobernadora bonaerense debió enfrentar por ello una rebelión burocrática. La modista Laura Felisa Medina es hermana del consultor de imagen Fabián Medina Flores, quien también colaboró con el look de la gobernadora, desde la agencia Allegra Moda. Ni Lali Medina ni su colaboradora Claudia Salomé Carreira presentaron los papeles necesarios para cobrar la mensualidad de sus contratos de locación de obras. Medina protestó en forma airada porque no le pagaron y esto derivó en el despido del director de Personal, Ricardo Callaba. Cuando esto se conoció, ofrecieron su renuncia en solidaridad con Callaba los directores de Administración, Gustavo Durán; de Contabilidad, Mariano Navia, de Contrataciones, Carlos Navajas; de Licitaciones y Contratos, Guillermo Navia, y de Compras y Suministros, Gabriel Larsen. También desapareció del sitio oficial el expediente de la modista (2100 - 5265 / 2016).
HUGO YASKY HABLA DE LA MARCHA FEDERAL Y ANALIZA SU
IMPACTO POLÍTICO
"Había una demanda de salir a la calle"
El titular de la CTA de los Trabajadores dice que la marcha "llenó un vacío de representación del conflicto social" y que "aceleró los tiempos" hacia un paro nacional, aunque advierte que debe ser convocado por todas las centrales sindicales.
Yasky considera que tras la Marcha Federal "al Gobierno no le queda otra que declarar la emergencia social".
El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, está seguro. "Al Gobierno no le queda otra que declarar la emergencia social", remarca tras la Marcha Federal a la que durante tres días se sumaron trabajadores y trabajadoras de todo el país para llegar el viernes a la Plaza de Mayo, donde se concentraron más de 200 mil personas. Yasky sostiene que tras dos meses de "construcción" en asambleas, plenarios, reuniones, encuentros "con el objetivo de sintetizar los reclamos y convertir las incertidumbres y los padecimientos de decenas de miles de compañeros en una iniciativa concreta", la movilización "llenó un vacío de representación del conflicto social" que "aceleró los tiempos" hacia un paro nacional que debe contar con una "convocatoria unificada". "Ir a un paro que le permita al Gobierno mostrar que el 40 por ciento de los trabajadores no adhirió, sería generar condiciones favorables para los que aplican el ajuste", advierte.
–¿Qué balance hace de la Marcha Federal?
–La Plaza nos demostró que colmamos nuestras expectativas, pero también que había una demanda muy fuerte de parte de los trabajadores y las trabajadoras de salir a la calle. La Marcha Federal vino a cumplir un vacío de representación del conflicto social, a dar una respuesta a la orfandad en la que estaban muchos sectores que, más allá de tener o no tener una representación formal, sentían que había que unificar y expresar una demanda de cambio profundo en las políticas que vienen constituyéndose en una permanente agresión a los sectores populares.
–¿Encuentran similitudes con la primera Marcha Federal, en 1994?
–No, encontramos muchas diferencias entre aquella marcha y ésta. La más visible es la masividad de la convocatoria. La del viernes por lo menos cuadruplicó a la de aquel julio de 1994. Y tiene que ver con que a mediados de los 90 el movimiento sindical estaba deflecado, estaba debilitado, se había producido ya la defección de muchos dirigentes sindicales que habían sido parte del festín de las privatizaciones; veníamos de un proceso de destrucción sistemática del empleo y la desocupación que ya entonces tenía niveles muy altos. Hoy venimos de un período de casi 13 años de crecimiento del movimiento sindical porque creció el empleo y de avances en derechos de los trabajadores. En aquella marcha, el movimiento piquetero aparecía como la expresión que iba sustituir al sindicalismo en las luchas sociales; el protagonismo era de los piquetes, no de los sindicatos. Otra diferencia es la participación activa de las regionales de la CGT. Estamos viviendo una etapa en la que la CGT y la CTA en los territorios se entrelazan en las acciones de una manera que en mediados de los 90 no se producía. En muchos actos, como el de Rosario o el de Córdoba, esa participación codo a codo de organizaciones pertenecientes a diferentes centrales no solo le dio masividad sino que expresó que en la base la unidad de acción está instalada y de allí ya no hay retorno, más allá de que a algunos dirigentes les guste más o les guste menos.
–¿Es posible una unidad con sectores de la CGT como los de Luis Barrionuevo o los "Gordos"?
–La unidad en la acción va a depender de cómo se resuelva el conflicto interno que existe en la CGT, en la que hoy persiste un sector que trata de neutralizar el posicionamiento del movimiento obrero y la confrontación contra el ajuste. Pero soy optimista respecto de la señal que significa la presencia de muchos gremios y dirigentes de la CGT en los actos previos de la Marcha Federal y en la propia Plaza de Mayo, como Pablo Moyano o Sergio Palazzo. Hay un contraste entre las bases y lo que sucede en las cúpulas de la CGT. En la cúpula hay resistencias de sectores que no solamente miran con algún grado de recelo la posibilidad de la unidad en la acción, sino que actúan en base a tiempos diferentes que los de sus bases. El reloj político de esa cúpula tiene más que ver con los tiempos que tratan de administrar desde los sectores de oposición política, como el massismo, que trata de hacer una especie de regulación y administrar con dosis homeopáticas las críticas a la gestión oficial, pero a la vez darle tiempo al Gobierno, especular con la pos de que a futuro el desgaste les permita convertirse en la alternativa política al macrismo. Esto no se compadece con las necesidades y las urgencias de los trabajadores.
–¿Y la unidad de las dos CTA es posible?
–Es un proceso que está en marcha y que en el correr de este año va a seguir avanzando. La realidad nos demostró que nuestra historia, que empezó siendo la de lucha contra los gobiernos del ajuste neoliberal, nos pone otra vez en el camino de volver a ser una sola central frente a esta oleada de derecha que en Argentina está expresada en un gobierno que escondió el cuchillo del ajuste debajo del poncho de la pobreza cero.
–El mismo día de la marcha, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca se reunió con algunos dirigentes de la CGT y ayer aseguró que recibirá a Pablo Micheli, de la CTA Autónoma.
–Está claro que a Triaca lo zamarrearon y lo despertaron de la siesta. La reunión con dirigentes de la CGT podría haberla realizado antes o después de la marcha, pero eligió hacerla el mismo día en que los trabajadores llegaban a la Plaza para confrontar la foto de un gobierno dialoguista con una dirigencia que apuesta a la conflictividad social. Y creo que en ese sentido, no solo el Gobierno perdió sino que le jugó una mala pasada a la dirigencia de la CGT también.
–Triaca consideró que la marcha tuvo "tintes políticos e ideológicos".
–Recurre a la muletilla de la derecha y de los sectores empresariales que siempre descalifican las protestas de los trabajadores. Eso es lo mismo que pretender negar la realidad en la que se sustentan las demandas y sobre todo revela la decisión de renunciar al papel que tiene que tener un ministro de Trabajo y convertirse en un vocero empresario, como si fuera un jefe de personal.
–¿La CTA que usted conduce también pidió, como la de Micheli, una reunión con Triaca?
–Estamos esperando desde que asumió el Gobierno a que nos convoque, pero no pedimos reunión. El Gobierno elige a sus interlocutores y pretende que para ser convocado a una reunión hay que adherir a los postulados del plan económico oficial. Como central sindical tenemos un mandato y vamos a llevar ese mandato a cuanta reunión se nos convoque. A la larga la realidad se impone y la masividad de la convocatoria de ayer demuestra que el Gobierno puede terminar discutiendo frente al espejo mientras en la calle la movilización, la demanda y la lucha seguirá creciendo.
–¿Qué debería hacer el Gobierno?
–Declarar al país en emergencia social, reconocer que batir el triste record de generar el pico más alto de desocupación en ocho meses en toda la historia de la Argentina requiere la adopción de medidas urgentes. Recomponer el mercado interno, recuperar a la pequeña y mediana empresa, devolverle el poder de compra a los asalariados, generar una masa protectora a la producción nacional, poner en la discusión la resolución final de los tarifazos. En definitiva, desmontar la maquinaria del ajuste, terminar con la fantasía de la lluvia de dólares. El Gobierno tiene que dejar de mirar al modelo chileno, un país sin industria, de servicios, sin derechos laborales, con 70 por ciento de educación privada, un país de ricos tipo Miami y de pobres tipo África.
–¿Van a avanzar igual con la idea del paro por más que la CGT decida no implementar medidas de fuerza?
–El paro tiene que tener la masividad que solamente le pueden asegurar una convocatoria unificada de todas las centrales. Ir a un paro que le permita al Gobierno mostrar que el 40 por ciento de los trabajadores no adhirió, sería generar condiciones para que quienes aplican el ajuste tengan la posibilidad de decir que no solo los apoya la clase alta y los empresarios, sino también la mitad de los trabajadores. Hay que construir ese paro y lograr que los sectores retardatarios entren en crisis, queden aislados. Para eso, creo que la Marcha Federal es un revulsivo, acelera los tiempos.
OPINIÓN
Cuando la sociedad viene marchando
La primera Marcha Federal, remembranzas y diferencias con la segunda. Las dos CTA, protagonistas. Los antídotos oficialistas y el mensaje de la calle. La gravitación sindical en la protesta, el paro posible, mensaje a la CGT. Los empresarios industriales, desangelados.
Por Mario Wainfeld
La primera Marcha Federal desembocó en la Plaza de Mayo el 6 de julio de 1994. Carlos Menem llevaba cinco años casi clavados en la presidencia. Los dos primeros repitieron y ahondaron los problemas económicos que había heredado del gobierno del presidente Raúl Alfonsín, incluyendo hiperinflaciones. En 1991 Menem descubrió su piedra filosofal: el Plan de Convertibilidad urdido por Domingo Cavallo. El sociólogo Juan Carlos Portantiero interpretó que esa etapa fue "la piedra del toque" de lo hoy llamamos menemismo: "todo lo anterior fueron pruebas de ensayo y error en las que el error lucía imbatible, una suerte de prehistoria del fenómeno".
La híper es una pesadilla cotidiana, obsesionante, envolvente. La Convertibilidad le puso fin como sucedió en otras latitudes: la cesó de inmediato, al modo de un tiro en la frente. El alivio colectivo posterior constituyó un capital político del que Menem sacó réditos durante dos períodos presidenciales.
La convertibilidad y la entrega a precio vil del patrimonio público-estatal eran una bomba de tiempo, cuya lesividad se agravaba a medida que se prolongaba la paridad peso-dólar. Los efectos arrasadores del ajuste noventista tardaban en advertirse porque había paliativos, los retiros voluntarios de los estatales entre tantos.
Hubo protestas pioneras contra Menem y su modelo pero eran minoritarias. Este columnista no ahorra ni ahorró críticas a Cavallo pero es cierto que, entre los adalides de la derecha económica, fue acaso el único que dedicó atención a recaudar impuestos, desde luego con política fiscal afín a su paradigma.
- La segunda, en otro contexto: La segunda Marcha Federal de anteayer sorprendió por su convocatoria masiva y por la transversalidad de los apoyos conseguidos paso a paso.
Mauricio Macri no cumplió nueve meses en la Casa Rosada y la movilización se enlaza con decenas anteriores, con variados protagonistas y escenarios.
La recaudación cae en picada porque el programa económico M renunció a cobrar impuestos por varias vertientes: retenciones, IVA, ganancias, sin haber generado ningún ingreso sustituto. Apuesta a llenar el tonel sin fondo con el blanqueo (una inmoralidad que se puede usar una sola vez, una bala de plata sucia) y el endeudamiento externo cuyas consecuencias concretas, por ahí, se tardan en percibir porque muchos de sus costos son diferidos. Ese es, dentro de las diferencias, un símil con la devastadora acción del menemismo.
La reseña semanal reitera y agrega huelgas, reclamos, índices desoladores que subrayan una tendencia. El domingo pasado repasamos la cantidad de despidos. Ahorramos números hoy: se corroboró que siguen in crescendo. Son una luz roja, mientras las suspensiones y la mora patronal en el pago de cargas sociales funcionan como amarilla: son indicios de parálisis cuya continuidad detonaría nuevas cesantías.
Macri y sus adláteres buscan manos negras K detrás de cada movida, arropados por los medios dominantes que dibujan ese relato: se equivocan. Multicolor política y socialmente fue la Marcha Federal, como casi todas las convocatorias cotidianas. En la cadena TN explicaban que había contados trabajadores, porque se "mezclaban" con militantes (que como todo el mundo sabe son rentistas) y organizaciones sociales (cuya base, se supone, son herederos de millonarios).
- Antídotos de baja intensidad: El oficialismo manotea dos tipos de antídotos para replicar a las muchedumbres opositoras. El primero es redoblar, en yunta con los medios dominantes, las denuncias contra la "corrupción kirchnerista". Todo vale en ese juego, por ejemplo, sacar del frízer acusaciones ya rechazadas o maquillarlas para presentarlas como nuevas. De cualquier modo, parece que el manejo es todavía eficaz, por lo menos en el universo del cincuenta por ciento que votó a Macri en la segunda vuelta electoral.
El segundo antídoto, cada vez más inocuo, es reunirse "a dialogar" con dirigentes sindicales, legisladores, gobernadores o dirigentes opositores o semi opositores o pseudo opositores. El viernes el ministro de Trabajo, Jorge Triaca (h), recibió a la cúpula de la CGT unificada. El encuentro resultó chirle, tuvo sabor a nada evocando a la mejor creación del cantautor estadista Ramón "Palito" Ortega: "¿Qué nos sucede vida, qué, últimamente/ya discutimos por pequeñeces?". Aquí y ahora no son pequeñeces sino enormidades que los jerarcas cegetistas no tienen margen (ni vocación, acaso) para ignorar.
El acto motorizado por las dos CTA los interpela con más vigor que la retahíla de negativas del ministro, quien ya les dio el bocado de las Obras Sociales. Pablo Micheli y Hugo Yasky, Secretarios Generales de la CTA Autónoma y de la CTA de los Argentinos, serena e inequívocamente les reclamaron un paro general conjunto (pedido también por los asistentes) en medio de un escenario que les daba oxígeno y fuerzas.
- Memorias del mejor pasado: Fue notoria la diferencia (medida en número y en capacidad de atraer aliados de otros "palos") con la Marcha de la Resistencia de la semana pasada. El dato es instructivo y debería ser madurado por el kirchnerismo.
Micheli y Yasky pusieron broche a la lista de oradores, constituyó un acierto dejar a éste el cierre. Yasky recuperó el mejor verbo de los fundadores de la CTA, Víctor de Gennaro y Germán Abdala. Su discurso fue inclusivo e identitario, subrayando el apoyo de distintas fuerzas políticas y vertientes gremiales. Recorrió cuarenta años de historia, enalteció luchas populares, homenajeó a las Madres y Abuelas de Plaza Mayo. Yasky pronunció, tal vez, el mejor discurso de su carrera, considerando el marco imponente y los desafíos. Es un gremialista docente al fin: sigue viviendo como habla. Como lo hizo con el guardapolvo blanco puesto, en el levantamiento de la Carpa Docente, cuando alboreaba el gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa. Anteayer recuperó aquel mojón de las luchas sindicales contra el ajuste neo conservador, comenzado cuando la aquiescencia y el silencio acompañaban al neoliberalismo, con contadas y valerosas excepciones. Brega constante y pacífica como ocurre ahora con las movidas que el oficialismo intenta mancillar acusándolas de entorpecer el tránsito o de incitar al golpe.
Fariseos hubo siempre, pobres también… pero hay trances históricos en que las respectivas cantidades crecen.
- Uia, no hay nada para celebrar: El 2 de septiembre es el día de la Industria. El historiador Felipe Pigna, con las clásicas ganas de fastidiar de los estudiosos, recuerda que "la primera exportación argentina", producida el 2 de septiembre de 1587, "encubre un acto de contrabando y comercio ilegal". Ese día zarpó desde el fondeadero del Riachuelo, que hacía las veces de puerto de Buenos Aires, la carabela San Antonio, rumbo al Brasil. Llevaba en sus bodegas cubrecamas, frazadas, otros tejidos, sombreros y bolsas de harina, producidos en Santiago del Estero. Pero en su interior, camufladas, según denunció el gobernador del Tucumán Ramírez de Velasco, también cargaba barras de plata provenientes de Potosí, cuya exportación estaba prohibida por Real Cédula". Aguafiestas al margen, esta vez la Unión Industrial Argentina (UIA), que venía siendo claque del oficialismo, tuvo que aceptar (a regañadientes) que no hay nada para celebrar.
La conmemoración en la UIA rezumó melancolía y poco entusiasmo. El presidente viajaba a China, alguien le sopló a la vicepresidenta Gabriela Michetti que era mejor no asistir. Los popes patronales evitaron el cinismo de festejar.
Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, se constituyó en la estrella de la semana, aunque recibió más críticas que palmadas en la espalda. Predicó que el año próximo, los sueldos deben aumentar entre el 15 y el 17 por ciento, que son los porcentajes que su imaginación proyecta para la inflación anual, sin que le crean ni los cofrades del equipo de Macri con pensamiento propio. Algunos hay, aunque usted no lo crea.
Sturzenegger carga en su currículo con haber sido partícipe necesario del Megacanje que terminó de hundir al país. Es un fundamentalista del monetarismo, en grado preocupante. El peligro de figuras así con poder es que el fanatismo los obnubile y no entiendan las reacciones sociales frente a sus alquimias. La furia de los aprendices de brujo es casi tan nociva como sus medidas, porque los compele a insistir y, en el borde, a odiar a quienes se les oponen.
- Audiencias y sentencia: Las movilizaciones son variopintas, las tres más numerosas fueron encarnadas por gremios y organizaciones sociales. Las cuatro centrales obreras (con preeminencia cegetista) el 29 de abril, las organizaciones sociales en San Cayetano, las CTA este viernes pasado.
Las convenciones colectivas, sus pedidos de reapertura y los paros han sido las acciones opositoras más determinantes a partir del 10 de diciembre de 2015. Lógica pura, derivada del peso específico del sindicalismo en el sistema político. El oficialismo va en camino de consumar una hazaña que refleja bien un tweet del periodista Martín Rodríguez: "¿En un año de gobierno reunificaron todas las centrales sindicales? Yo que Macri en el saludo navideño lo incluyo como 'mérito'".
Los ciudadanos-usuarios de servicios públicos, a su vez, encarnaron otra movida que le cambió la hoja de ruta al macrismo.
El aumento de precio del gas sigue en suspenso, a la espera del nuevo esquema tarifario y de la audiencia pública. El gobierno la postergó unos días, al 16 de septiembre, para que no ensombreciera un cónclave empresario VIP. Simbolismo involuntario, el orden de prioridades: las corpos primero,
La Corte Suprema se apresta a resolver un expediente que suspende el tarifazo de energía eléctrica. Para el Acuerdo del martes 6 ya estará presentado el dictamen de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó y el Tribunal podría resolver o tomarse unos días más.
La incorporación del juez Carlos Rosenkrantz y la versatilidad ideológica de Ricardo Lorenzetti alientan esperanzas del gobierno. Rosenkrantz es descripto como un jurista market friendly en materia económica y liberal "a la norteamericana" en materia de derechos civiles. Algo así como una versión jurídica del diario ideal de Jacobo Timerman. Lo más sensato es esperar y ver, desde ya.
- Brasil, un precedente: La mejor nueva para el Gobierno llegó de Brasil: el derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff. El PT llevó al gobierno a un obrero de cuna humilde primero, a una mujer después. Podría decirse que concretaron dos ilusiones fundacionales del peronismo, que produjo solo uno de esos logros. Avances así, ejemplares, irradian y contagian a la sociedad. El gabinete del presidente Michel Temer grafica el giro reaccionario: está integrado exclusivamente por hombres blancos. Una señal de los tiempos por venir.
La reacción popular ante el despojo pareció escasa, medida con ojos argentinos. El sociólogo Waldo Ansaldi explicó ayer (en el programa Gente de pie que se emite por Radio Nacional) que es bajo el "coeficiente histórico" de movilizaciones políticas populares en el gigante vecino. Las hubo, por cierto, en demanda de elecciones directas en los '80 y en la promoción de impeachment al ex presidente Fernando Collor de Mello en los primeros '90. El PT cambió en parte ese comportamiento pero no contó con apoyo contundente en la hora decisiva.
En la Argentina, la acción directa gravita mucho desde siempre, característica acentuada desde fin del siglo XX. El Estado y las patronales privadas ponen cientos de miles de personas en la calle. Los damnificados concretos y quienes avizoran que pueden serlo se organizan, se hacen dueños del espacio público y protestan. Bienvenida costumbre, cero novedad.
La factible huelga general, la reunificación de la CTA y la acción sindical futura serán determinantes en el futuro cercano, también caracterizado por la relativa entropía de los partidos políticos opositores.
La tentación de prejuzgar
Por Mario Wainfeld
Lino Villar Cataldo mató de cuatro tiros a Ricardo Krabler quien había intentado asaltarlo y robarle un auto. Según Villar Cataldo el asalto fue violento, Krabler lo agredió, esgrimió un pistolón, lo amenazó de muerte. El arma es una Bersa 9 milímetros, Villar Cataldo es su titular.
Quedan por develarse muchos aspectos del hecho trágico, esenciales para sentenciar. Subrayemos que se revierte la carga de la prueba. El que mató no se presume inocente: debe acreditar que obró en legítima defensa, como alegó en Tribunales y en declaraciones periodísticas. Depende de varios factores: la gravedad de la agresión, la proporcionalidad de la respuesta, el tiempo que se tomó Villar Cataldo, entre muchos etcéteras.
Hechos de esta índole tientan a comunicadores y dirigentes políticos a convertirse en jueces infalibles y dotados de percepción extrasensorial: no precisan evidencias para pronunciarse. Así obraron formadores de opinión y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Esta dictaminó que "la víctima es el médico. No hay que perder de vista ese concepto". Extraño e incoherente concepto, porque en otras causas como los Panamá Papers, los funcionarios convocan a esperar que "la Justicia decida".
Da pena mencionar a un periodista conocido por su manodurismo que también sella el asunto y agrega "uno menos", aludiendo al joven muerto. La consigna "Ni una menos" fue elegida por la sociedad civil para combatir la violencia machista. La similitud seguramente es casual, lo que no la priva de significación.
Eludiremos la tentación de "sentenciar" o, así más no fuera, especular. Es prematuro mientras quedan circunstancias pendientes de develación que abren un abanico amplísimo de desenlaces que van de una condena por homicidio calificado hasta la absolución.
Sobran discípulos de Isidro Parodi, aquel presidiario imaginado por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, que descifraba cualquier enigma policial pese a estar encarcelado.
Los criterios de Bullrich son tan deplorables cuan coherentes con su ideología. El ministro de Justicia, Germán Garavano, optó por refutarla, sin nombrarla: señaló que Villar Cataldo, Krabler y "la sociedad" son víctimas. Un baño de sensatez y un cachito de apego a la ley nunca vienen mal.
Krabler tenía familia, afectos. Ellos son víctimas, en cualquier escenario. Se los priva de respeto y se los destrata, se los deshumaniza.
Definir la calificación penal depende de la labor del magistrado y los fiscales. La pérdida de una vida es irreparable para la sociedad.
Las amenazas de allegados y amigos de Krabler atemorizan. Ojalá sean solo producto de la desolación y el dolor que no los legitima para ejercer violencia. Salteamos también la expresión "justicia por mano propia", inexacta y brutal.
Hemos evitado hasta acá mencionar que Villar Cataldo es médico. El licenciado en Comunicación Roberto Samar explicó, en una columna publicada en Página/12, que el martilleo de ese dato evoca al caso del Ingeniero Horacio Santos, un "justiciero" que tuvo triste fama hace más de veinte años.
Hablar todo el tiempo del "médico" que ultimó a "un delincuente" define roles sociales y valoraciones que redimen o excusan de antemano. La identificación del público con el ciudadano honesto y con título universitario se presume y se consigue, en gran medida. La empatía cultural funciona pero (¿porque?) se ejercita de modo abusivo. El autor de esta columna es de clase media y profesional graduado como Villar Cataldo, también tiene hijos. Puede sintonizar con los temores del hombre por la seguridad de su familia o con sus consejos para que "la gente no compre armas" o con la desolación que expresa por haber matado a otro ciudadano. Cuesta compartir su decisión previa de munirse de un arma de grueso calibre y tenerla a mano.
A este cronista, crítico de los cotidianos abusos de prisión preventiva, le parece aceptable que se concediera excarcelación extraordinaria a Villar Cataldo. Es una persona del común, sin poder para interferir en la investigación ni ha dado señales de querer rehuir el accionar de los jueces y fiscales. El criterio garantista debería expandirse a miles de casos pero eso no descalifica la resolución del juez de Garantías Lucas Oyhanarte.
OPINIÓN
EXCLUSIVO: EL ARREGLO CON LOS BUITRES SEGÚN LOS EXPERTOS
DE LA ONU
"El acuerdo es un retroceso"
Este diario tuvo acceso al texto final entero del comité sobre los buitres formado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y encabezado por el suizo Jean Ziegler.
Por Martín Granovsky
El Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU opina que el acuerdo con los buitres firmado por el gobierno de Mauricio Macri "representa un retroceso en el proceso encaminado a establecer un mecanismo internacional para reestructurar las deudas soberanas". Añade que "los expertos en derechos humanos han expresado su profundo pesar".
Página/12 tuvo acceso exclusivo al texto, que ya fue redactado por completo y será sometido este mes al Consejo de Derechos Humanos, el órgano mayor del área en las Naciones Unidas.
En septiembre de 2014, hace dos años, el Consejo condenó a los fondos buitre por su influencia en la violación de derechos humanos. Sobre los 47 Estados que integran el Consejo votaron en contra de la condena solo Gran Bretaña, los Estados Unidos, Alemania, Japón y la República Checa. El Consejo evaluó que los buitres son un factor de vulneración de derechos económicos y sociales. De inmediato formó un grupo de trabajo y puso a la cabeza a Jean Ziegler, el investigador suizo que aprendió para siempre las claves del lavado de activos cuando rastreó la ruta de los bienes robados por los nazis a los judíos en el Holocausto.
"Mensaje equivocado"
El informe de Ziegler tiene 21 páginas. Incluye lo sucedido entre los buitres y la Argentina hasta su capítulo final, el de la negociación de Macri. Hace centro en las maniobras del fondo NML Capital Ltd., con base en las Islas Caimán. Recuerda el documento que NML compró parte de los bonos antes del default del 2001 pero adquirió la mayoría después, a precios de pichincha. Por ejemplo compró por 48,7 millones una partida de bonos por 220 millones de dólares. Incluso se hizo de bonos de la deuda soberana argentina después de los dos canjes encarados por el gobierno, el de 2005 y el de 2010.
Cuando en noviembre de 2012 el juez de Nueva York Thomas Griesa ordenó pagar a NML y otros buitres el total de 1,3 mil millones de dólares, estaba convalidando una ganancia del 1600 por ciento. El problema es que la Argentina quedó impedida de pagar sus obligaciones a los bonistas con los que había llegado a un arreglo. Aunque Macri nunca le haya aplicado su insulto preferido en política, Griesa se convirtió en un palo en la rueda.
Cuentan Ziegler y su equipo: "Los hechos se aceleraron y en abril, cediendo a la masiva presión financiera, la Argentina revirtió abruptamente su política previa y llegó a un arreglo extrajudicial para pagarles 6,5 mil millones de dólares a los holdouts".
Ése fue el retroceso. "Pagarles a los fondos buitres mucho más de lo que había sido pagado a los acreedores cooperativos en las reestructuraciones previas de deuda es un resultado molesto", dice el documento. Fue un "mensaje equivocado" haber premiado a los que habían rechazado participar en los esfuerzos de reestructuración de deuda.
Puesto el tema en perspectiva de derechos humanos, el Comité Asesor busca ser preciso. Por un lado, indica que "haberle puesto un final a más de una década de disputas judiciales, en el corto plazo puede reforzar la credibilidad del país y permitirle pedir préstamos en los mercados financieros internacionales". Pero, al pagarles a los holdouts, "el gobierno fue forzado a incrementar el peso de la deuda, un hecho que a largo plazo puede debilitar al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos económicos y sociales, al mismo tiempo que podría exacerbar la desigualdad y la inestabilidad financiera".
De todos modos, y sea cual sea el resultado del arreglo, el comité cree que conviene "regular las prácticas de inversión especulativa para ponerlas en línea con el enfoque de derechos humanos y sus necesidades".
Otra necesidad futura estaría dada por el establecimiento de un mecanismo multilateral "con un mandato para resolver litigios sobre deuda soberana de una manera independiente e imparcial". Ese mecanismo serviría para compensar la doctrina de los tribunales norteamericanos, que al amparar a los buitres les dan mayor credibilidad y "los incentivarán a seguir con las mismas estrategias en el futuro". El caso argentino no es una excepción.
Los fondos buitre suelen obtener ganancias fabulosas después de usar formas disruptivas de litigio. Solo en el período 1976-2010 hubo 120 juicios contra 26 países en default en tribunales de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. Los buitres ganaron el 72 por ciento de los casos, sobre todo de países de África y América Latina. En África las derrotas judiciales fueron tan serias que el Banco de Desarrollo Africano creó un organismo de asistencia jurídica a los países en peligro.
Pero entre los países centrales solo dos Estados – Gran Bretaña y Bélgica – crearon mecanismos para desalentar el litigio disruptivo de los buitres. Iniciativas parecidas fracasaron en Francia y en los Estados Unidos.
"Interés público"
El Comité Asesor no se queda en el simple registro de desdichas. Sugiere cambiar las leyes y promulgar otras que tengan en cuenta "las preocupaciones sobre la situación socioeconómica del Estado deudor y el bienestar de su población".
Advierte también que NML está accionando contra las autoridades belgas para cambiar la legislación adversa. Su principal argumento es que las leyes atacan el derecho de propiedad.
La comunidad internacional reaccionó de distintas formas contra los buitres. Hubo una crítica discursiva con pronunciamientos que van de uno emitido por el Grupo de los Ocho (los países más poderosos) a otro escrito por los ministros de finanzas de los países del Commonwealth.
La iniciativa con mayor consenso partió del Grupo de los 77 con el agregado de China y fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 9 de septiembre de 2014 con el título de "Hacia el establecimiento de un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana". Fue la victoria más preciada del entonces canciller Héctor Timerman y de un trío de diplomáticos conformado por la representante argentina Marita Perceval, el representante boliviano Sacha Llorenti, ambos en Nueva York, y en Ginebra el delegado argentino ante los organismos internacionales, Alberto D'Alotto. Para el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos es importante que la resolución de la Asamblea considerase la protección de la viabilidad de los Estados y su crecimiento cuando se ven sometidos a un ataque de los buitres.
Un año después, en septiembre de 2015, otra resolución de la Asamblea General señaló que la reestructuración de deudas soberanas no podía ir contra el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo sustentable. La sustentabilidad es para la ONU el principio rector "para promover y proteger el desarrollo económico, el crecimiento y los derechos humanos". El principio va mucho más allá de los buitres. Así lo resume el Comité Asesor: "El interés privado de los acreedores no puede ser protegido a expensas del interés público de promover y proteger el crecimiento sustentable e inclusivo y el desarrollo sustentable de un país".
El documento que el Comité Asesor elevó al Consejo de Derechos Humanos sugiere mantener el tema en la agenda internacional, vigilar el impacto negativo de los buitres en los derechos económicos, sociales y culturales, recomendar a las administraciones nacionales de Justicia que limiten el valor de las demandas.
En 2014, cuando empezó su trabajo, Ziegler dijo a Página/12 que los buitres son un caso de "bandidismo financiero" y presumió que constituyen el instrumento de trabajo sucio utilizado por la gran banca internacional como Goldman Sachs.
También dejó un pronóstico: "La batalla que comenzará cuando entreguemos el informe será dura".
Llegó el día.
MURIÓ CARLOS BULGHERONI. ESTABA INTERNADO EN
ESTADOS UNIDOS
De una cúpula diferente
Falleció a los 71 años el principal directivo de Bridas y PAE. Muy influyente durante décadas, profesaba un estilo muy diferente al de la dirigencia empresaria hoy en el gobierno.
Carlos Alberto Bulgheroni. Supo tender puentes con cada gobierno a lo largo de treinta años.
Por Raúl Dellatorre
La noticia pura, fría, cruda, es que murió en la madrugada de ayer Carlos Alberto Bulgheroni, de 71 años, en Estados Unidos, donde se encontraba internado desde hace meses en la Clínica Mayo. En junio pasado, había sido intervenido quirúrgicamente, como parte del prolongado tratamiento al que venía sometiéndose contra el cáncer. Los comentarios periodísticos destacan, en primer lugar, que era el hombre "más rico" de la Argentina, siguiendo los ranking de la revista Forbes. Un ranking elaborado en base a las participaciones declaradas en el capital de empresas que presentan balances y resultados regularmente, y tienen carácter público. Los otros activos, los ocultos, no "rankean" en Forbes. Carlos Bulgheroni era millonario, sin dudas, pero quién sabe si otros argentinos millonarios que ocultan su fortuna tras pantallas "off shore" son o no más ricos que él. Según la Red de Justicia Fiscal, hay más de 400 mil millones de dólares de argentinos en el exterior, cifra que deja espacio para "varios millonarios" que superen los 3500 millones que la revista Forbes le asigna a Carlos y su hermano Alejandro en su ranking.
El hombre fuerte de Bridas, Axion y Pan American Energy, encadenamiento empresario que Bulgheroni supo construir a lo largo de las últimas décadas pisando firme donde otros resbalaron, fue sin duda un empresario ambicioso, audaz, en algún sentido inescrupuloso, con fino olfato para los negocios pero también para tender puentes hacia la política. A lo largo de las últimas décadas construyó su imperio vinculándose con cada uno de los gobiernos que pasó por la Casa Rosada, sin excepción. También explotó, se podría decir que como nadie, las relaciones y los negocios internacionales de su empresa familiar, Bridas. Es memorable la foto en la que se lo vio sentado en el piso, sobre una alfombra, negociando con los Taliban en medio del desierto. Es del año 1995, cuando se aventuró a negociar con cada tribu la "autorización" para atravesar el desierto con un gasoducto que le permitiera llevar el gas desde el bloque de Yashlar, en Turkmenistán, donde tenía concesiones de explotación, hasta una salida al mar atravesando Pakistán y Afganistán, en pleno conflicto armado. No lo logró, pero sobrevivió a la experiencia.
Bulgheroni perteneció a una clase empresaria muy poderosa, que fue caracterizada por enriquecerse con los negocios con el Estado, a la que se la acusó de construir un modelo de país altamente concentrado y con un sector público muy dependiente de ese sector dominante. A su vez, algunos detalles como el relatado del Asia Central hablan de una ambición y audacia que lo diferencia de otra clase dominante que se enriqueció con las trampas financieras, la especulación, las importaciones o el uso de las relaciones con el Estado para negocios fáciles y nada productivos.
Carlos Bulgheroni fue el primero en asociarse con los chinos para convertir a Bridas en una empresa con interconexión con el gigante asiático, sin perder el manejo de sus negocios petroleros en el país. No es poco en un país cuya cúpula empresaria rinde tributo casi a diario al capital norteamericano, al punto de exigirle al Gobierno que rechace el ingreso de China a la OMC (UIA, esta semana). También se diferenció de esa otra dirigencia empresaria que llegó al gobierno gracias a campañas engañosas y falsas promesas. PAE, la empresa en que los Bulgheroni están asociados con los chinos, enfrenta hoy dificultades con la política de desregulación petrolera que pretende el gobierno de Mauricio Macri, tras haber sido la petrolera privada que más invirtió en el sector en los años anteriores, con el gobierno kirchnerista. Casi una metáfora de la diferencia entre estos CEOs actuales y esa otra generación de capitalistas a la que perteneció Carlos Alberto Bulgheroni. Con un proyecto de país que no es el de las mayorías, pero diferente al que hoy promueve una apertura salvaje disfrazada de "integración eficiente al mundo".
COMO SIGUEN LOS CASOS FORZADOS O INVENTADOS CONTRA
CRISTINA KIRCHNER
La ofensiva judicial
Pese a que fue un tema político y no judiciable, Bonadio sigue tratando de que pegue la acusación por el Memorándum con Irán. Y sigue flotando la hundida denuncia del fiscal Nisman, sostenida desde varios frentes.
Por Raúl Kollmann
De a ratos en silencio, de a ratos haciendo ruido, la estructura político-judicial de Comodoro Py sigue a la ofensiva para ver cómo puede acorralar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El juez Claudio Bonadio ya le tomó declaración a dos ex cancilleres para ver si puede procesar a Cristina por traición a la patria por la firma del Memorandum con Irán, mientras se tramita además la reapertura de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra CFK por encubrimiento, una ofensiva protagonizada por la DAIA. Bonadio pidió veinte discos con escuchas que el propio Nisman había descartado. El magistrado quiere ver si allí encuentra algún elemento más contra la ex presidenta. El otro expediente que se intenta volcar contra la ex presidente, es el que instruye el fiscal Guillermo Marijuán por el supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero de Lázaro Báez. El jueves entró Maximiliano Rusconi como nuevo abogado del constructor y en los próximos días le pedirá al juez Sebastián Casanello la excarcelación de su defendido en base a que la detención se hizo sobre la base de una falsa inexistencia de plan vuelo y una suposición de fuga. Rusconi reclamará otras medidas al juzgado y pedirá la nulidad de los allanamientos del último viernes. "De ninguna manera está probado que hubo sobreprecios en la obra pública que se adjudicó Báez. Ni eso ni ningún tipo de delito que ponga en duda la legitimidad del dinero que pasó por las manos de Báez", señaló el abogado ante este diario.
Traición
El principal punta de lanza contra CFK, Bonadio, no parece demasiado interesado en el expediente por el Memorandum porque es esencialmente político. No involucra una cuestión de corrupción, sino de estrategia internacional. Lo asombroso es que se imputa a la ex presidenta y al ex canciller Héctor Timerman por traición a la patria a raíz de la firma del Memorandum con Irán. El origen de la causa fueron sendas denuncias de un militante del PRO y un abogado de derecha, que sacaron de la galera el delito con el que las monarquías colgaban y ejecutaban a sus opositores. Cualquier política podría ser considerada traición a la patria y una acusación de esta naturaleza puede llevar, por ejemplo, a acusar por ese delito a los que firmaron el acuerdo con los fondos buitres. Dos familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA, ambos vinculados a los dirigentes de la comunidad judía, se sumaron como querellantes y la DAIA presentó un escrito aportando elementos.
Uno de los hechos más graves de este expediente es que tomó como prueba una conversación entre Timerman y el titular de la AMIA, Guillermo Borger, grabada en forma clandestina. Es la primera vez en 33 años de democracia que se deja correr como evidencia una prueba ilegal de esa naturaleza. Lo hizo la Sala II de la Cámara Federal. Para peor, la llamada entre Timerman y Borger no incluyó ninguna novedad: el canciller reiteró que los iraníes fueron los responsables del atentado y por eso había que negociar con ellos para que declaren ante el juez Rodolfo Canicoba Corral.
Reapertura
La misma DAIA también es protagonista de otra intentona por reabrir la denuncia original de Nisman que acusó a CFK y Timerman por encubrimiento. El caso fue cerrado en su momento por el juez Daniel Rafecas quien consideró que el Memorandum nunca entró en vigencia, por lo que hubo inexistencia de delito. Al mismo tiempo sostuvo que todo lo que afirmó Nisman fue desmentido por la realidad: ni se levantaron las capturas con alertas rojas de los sospechosos iraníes ni se armó una nueva pista sobre el atentado ni hubo intercambio de petróleo por granos. La Sala I de la Cámara Federal confirmó ese fallo en su momento, pero ahora habrá una nueva audiencia el 15 de septiembre para ver si se acepta el reclamo de la DAIA, acompañada por fiscal Germán Moldes, de reabrir la denuncia.
La movida, impulsada por dirigentes judíos del PRO, es asombrosa: el Memorandum no tiene ninguna existencia ni hay probabilidades de un acuerdo con Irán, pese a que las grandes potencias – Estados Unidos, China, Rusia, Alemania, el Reino Unido y Francia – sí firmaron un pacto con Teherán. Hoy por hoy, esta causa y la de traición a la patria sólo consisten en golpear a la ex presidenta y al ex canciller por una decisión política que, además, fue votada por el Congreso.
Estrategias
Bonadio avanzó en las últimas semanas convocando a Rafael Bielsa y a Jorge Taiana, ex cancilleres, para que testimonien sobre la relación con Irán. Bielsa prestó declaración a lo largo de cuatro horas, Taiana se extendió una hora y media.
Lo que el juez trata de demostrar es que Cristina-Timerman utilizaron caminos extraordinarios para concretar el acuerdo con Irán, que Néstor Kirchner nunca admitió hablar con los iraníes salvo que fuera sobre AMIA y que fue Irán quien propuso el tratado en los términos formulados por el argentino pro-iraní Yussuf Khalil supuestamente para beneficiar a los sospechosos persas.
Bielsa fue el canciller que buscó la realización de un juicio por AMIA en un tercer país e incluso se barajó la idea de Marruecos. La iniciativa fracasó. Es una demostración que sí había negociaciones sobre AMIA y que esa era la estrategia de Néstor Kirchner. No se podía hablar con Irán salvo que se hablara de AMIA.
Taiana señaló que en su tiempo de canciller no hubo diálogo con Teherán porque en aquellos momentos se dió la batalla por establecer las ordenes de captura con alertas rojas contra los iraníes. Después de mucho esfuerzo, con todo el apoyo de la Casa Rosada, Nisman y la Cancillería consiguieron que Interpol diera el visto bueno en una votación realizada en Marruecos en la que, por ejemplo, Brasil se abstuvo. Nisman no quería viajar a Interpol, pero fue el gobierno kirchnerista el que se puso firme. En todo el tema AMIA, siempre Cristina tuvo la voz cantante.
La ex titular de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Susana Ruiz Cerruti, sostuvo ante Bonadio que ella no estuvo encargada del tema porque estaba con la cuestión de la fragata embargada por los fondos buitres. Pero testimonió que acompañó a Timerman al Congreso a defender el Memorandum desde el punto de vista del derecho internacional.
Habrá que ver cómo sigue el expediente, pero Bonadio no parece haber acumulado pruebas hasta el momento. La firma del Memorandum significó haber hablado con Irán, pero sólo sobre el tema AMIA, como quedó demostrado, ya que no hubo negociaciones ni hechos concretos sobre cuestiones comerciales.
En su búsqueda, el juez le pidió ahora a la fiscalía AMIA, que sucedió a Nisman tras su muerte, veinte discos con conversaciones entre las personas que fueron acusadas por el fallecido fiscal: son llamados de Iussuf Khalil, Luis D'Elía, Fernando Esteche y Andrés Larroque. De todas las llamadas grabadas a lo largo de ocho años, el propio Nisman seleccionó 300 conversaciones y las usó para hacer la acusación. Descartó unas dos mil conversaciones que ahora pidió Bonadio. En su momento, Rafecas sostuvo que no había nada incriminante en esos diálogos pero el camarista Jorge Ballestero fue aún más demoledor y afirmó que Nisman editó las conversaciones y usó frases de comunicaciones realizadas en determinado momento con comunicaciones concretadas meses después.
Recusación
La defensa de Timerman, a cargo de los doctores Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, recusó a Bonadio por no considerarlo un juez imparcial y, además, porque el magistrado fue apartado en su momento de la causa AMIA. Es decir, Bonadio termina interviniendo en un expediente vinculado al atentado, cuando en su momento fue eyectado por no haber hecho nada durante cinco años.
Pese a estos argumentos, la Sala II de la Cámara Federal confirmó a Bonadio el jueves al frente de la causa. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah – Horacio Cattani está de licencia – se han convertido en confirmadores de cualquier juez que avance contra el kirchnerismo. Irurzun reporta al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y Farah es de la escudería integrada por el ex espía Jaime Stiuso y el sector radical de la ex SIDE, que responde Darío Richarte y Daniel Angelici.
"Siempre en relación con la causa AMIA" – señalaron Peñafort y Rúa – "la Cámara ha demorado mucho en apartar a los jueces. Tardó casi diez años en apartar a Galeano en la causa principal, y luego otros cinco en apartar a Bonadio en la causa por el encubrimiento. Y cuando los apartó, se anuló buena parte de lo actuado reconociendo la falta de imparcialidad que desde un inicio no admitían. Acá va a pasar lo mismo y seguiremos denunciándola".
Vaticano
Durante la semana que pasó, hubo un llamativo apoyo a dos de los jueces que intervienen en las causas que se pretenden orientar contra Cristina, Sebastián Casanello y Daniel Rafecas. Ambos magistrados fueron convocados a la Legislatura en una conferencia sobre derechos humanos organizada por La Alameda, la ONG que encabeza Gustavo Vera y que es tan cercana al Papa Francisco. El dato que exhibe el apoyo del pontífice es que en la conferencia participó el obispo Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano. Es decir que se trató directamente de un enviado del Papa.
Pronósticos
Columnistas, fiscales y dirigentes de la comunidad judía cercanos al PRO pronosticaban en junio que las causas por el Memorandum y la que investiga la muerte de Nisman llevarán a la detención de CFK.
La inexistencia de pruebas y de delito parecen indicar todo lo contrario. Sin embargo, la feroz ofensiva político-judicial que tiene por escenario Comodoro Py impide manejarse con certidumbre. La ex presidenta es una obsesión y hay una especie de competencia – como decía la grabación del fiscal Marijuán – por poner a la anterior mandataria "al borde de la detención".
La nueva estrategia de Báez
Por Raúl Kollmann
Desde la cárcel de Ezeiza, el constructor Lázaro Báez parece haber de decidido un cambio de rumbo en su defensa. Pasará a un segundo plano su estrategia de enfrentar al juez Sebastián Casanello, dado que fracasó la idea de decir que el magistrado jugaba a favor de la ex presidenta y que estuvo reunido con ella en Olivos. Judicialmente se comprobó que el magistrado nunca estuvo en la quinta presidencial. Báez pondrá ahora toda la energía en responder a las acusaciones concretas respecto de los sobreprecios en la obra pública, el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero. El cambio de estrategia llevó también al cambio de abogado: el empresario designó a Maximiliano Rusconi, ex defensor del informático Diego Lagomarsino en la causa de la muerte de Alberto Nisman y asesor principal de la defensa de Leonel Messi en el expediente por evasión impositiva en España.
De acuerdo a lo adelantado por Rusconi tal vez su primer paso sea pedir la excarcelación del empresario. "Báez siempre estuvo a derecho y fue detenido cuando venía a presentarse ante el juez. La mayor prueba es que, justamente, teniendo un avión a su disposición, no llevaba rumbo a ninguna fuga, sino a Comodoro Py. A esto tengo que agregar que la situación de salud de Báez es más que precaria, muy delicada", señalaron cerca de Rusconi.
En segunda instancia, es muy posible que la defensa siga los lineamientos que marcó el propio Báez cuando habló con Infobae. Que no hubo sobreprecios en la obra pública que se le adjudicó, que todas las obras fueron licitadas y que él no fue el principal beneficiario de las licitaciones, sino las empresas constructoras más tradicionales, entre ellas las vinculadas con Mauricio Macri: Iecsa, del primo del Presidente Angelo Calcaterra, y Caputo, la compañía del íntimo amigo de Macri Nicolás Caputo.
El principal objetivo del fiscal Marijuán es orientar el expediente Báez contra Cristina Fernández de Kirchner. El audio que se conoció hace diez días – "la pongo al borde de la detención" – podría motivar una recusación, pero Rusconi no adelantó su opinión hasta el momento.
El nuevo abogado de Báez pedirá la nulidad, por ejemplo, de los allanamientos que se hicieron el viernes en un edificio de Báez en Villa Urquiza. El argumento es que se allanó el conglomerado para hacer una tasación, algo que – según él – no requiere de allanamiento. Por otra parte, es la segunda vez que se allana el mismo lugar y nunca se convocó un perito de parte de la defensa.
A primera vista, parecen haberse terminado los tiempos en que Báez iba contra Casanello y contra la ex presidenta. La decisión ahora sería responder a las acusaciones que se le hacen en el expediente y cuestionar lo que consideran irregularidades, como la filmación en la financiera que – según ellos – es ilegal. Habrá que ver si esa estrategia abarca también a Martín Báez. En algún aspecto de la causa, los defensores del hijo del constructor fueron Claudia Balbín y su hijo Santiago Viola, muy allegados a la conducción de la Agencia Federal de Inteligencia, la ex SIDE. La versión es que la defensa de Martín Báez quedará únicamente a cargo de los ex abogados de Lázaro, Rafael Sal Lari y Daniel Rubinovich.
No hay comentarios:
Publicar un comentario