sábado 10 de setiembre de 2016
FUEGO CRUZADO EN EL PRO ENTRE GÓMEZ
CENTURIÓN Y PATRICIA BULLRICH POR UN
CARGAMENTO DE PSEUDOEFEDRINA
Una interna que está al amarillo vivo
El ex titular de la Aduana, apartado por una denuncia de Bullrich, acusó a las fuerzas de seguridad de ocultar el precursor químico. La ministra mostró que el dato se conocía desde mayo y que el miércoles se había publicado en el Boletín Oficial.
Por Raúl Kollmann
En esta guerra los seguidores de Gómez Centurión – entre ellos Elisa Carrió – acusan a Bullrich de jugar a favor de los ex espías, entre ellos Jaime Stiuso, que hacían negocios en la Aduana. Del otro lado, la ministra de Seguridad deja entrever que Gómez Centurión monta un show y remarca sus vínculos con sujetos de largo prontuario como Oldemar Barreiro Laborda, en su momento acusado de intervenir en una estafa de 60 millones de dólares contra el Banco de Boston. La sospecha es que hay un segundo objetivo del show de Gómez Centurión que consiste también en acusar a la número 2 de la AFI, Silvia Majdalani, por operaciones de espionaje, pelear para que Mauricio Macri la eche de ese puesto, y ocupar ese lugar clave de la inteligencia del Estado.
Focos
A primera vista se diría que una pelea por la Aduana y la AFI debería darse casi en silencio, con misiles volando de un lugar a otro, pero sin estruendo. Sin embargo, en las últimas 24 horas los dos bandos se tiraron con cartuchos de dinamita, sin ningún disimulo. Es una batalla salvaje dentro del gobierno de Macri, con todos los focos iluminando la escena.
El puntapié inicial lo dió Gómez Centurión. El jueves se presentó en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría y denunció la existencia de 10 barriles con un total de 250 kilos de pseudoefedrina. El precursor estaba en un depósito aduanero, TCA, y Gómez Centurión recurrió al viejo truco del sobre con un anónimo. Curiosamente, el desplazado titular de la Aduana sostuvo que la información estaba entre muchos otros sobres que se llevó de la dependencia el día que tuvo que dejar el cargo y recién este jueves, después de dos semanas, se puso a mirar la correspondencia.
No faltaron quienes mencionan que el ex simpatizante carapintada recurrió al truco del anónimo para continuar su serie de denuncias espectaculares, presentarse como un justiciero y convencer a Macri de que lo reponga en el puesto. Ya hubo alguna denuncia contra Gómez Centurión por utilizar métodos non-sanctos de este estilo.
Tras la notificación a la justicia, como Servini estaba de licencia, el juez Luis Rodríguez y el fiscal Juan Pedro Zoni fueron a TCA, allanaron el lugar y encontraron la pseudoefedrina. Se trata de una sustancia muy similar a la efedrina y que también sirve como precursor. La cantidad de 250 kilos no es muy significativa. En el momento en que se traficó el químico hacia los cárteles mexicanos se movieron unos 40.000 kilos.
Lo concreto es que Gómez Centurión presentó el descubrimiento a los medios de comunicación que hacen campaña a su favor y se consideró un superhéroe que prácticamente desbarató una operación digna del Chapo Guzmán.
Boletín
Toda la presentación de Gómez Centurión como un justiciero es, de hecho, un cuestionamiento hacia Patricia Bullrich, ya que la ministra fue la que le presentó a Macri el anónimo –otra vez un anónimo– con el cual se acusó a Gómez Centurión de pedir coimas y hacer negocios oscuros con Barreiro Laborda. En medio de un gran escándalo, Barreiro Laborda adujo que lo grabaron en su propia casa, en San Isidro, con un micrófono puesto en su mesita de luz.
El cartucho de dinamita con el que le tiraron a Bullrich es que la acusación fue armada por servicios de inteligencia, incluyendo al ex jefe de espías Jaime Stiuso, porque Gómez Centurión les había cortado sus andanzas en la Aduana. Uno de los argumentos fue que Stiuso está acusado de ingresar un volumen gigantesco de aparatos médicos, de odontología y hasta consolas de juegos haciendo pasar todo por la Aduana como si fuera material de inteligencia. A esto se agregó que cuando Stiuso se fue de la Argentina para esconderse un año en Estados Unidos, salió de la frontera en el vehículo del fallecido Daniel Sierra, funcionario de la Aduana, que utilizó la camioneta de una empresa que tuvo una vinculación con narcos.
En los días siguientes a su despido, se exhibieron unos informes de inteligencia con un supuesto seguimiento a Gómez Centurión en el shopping Buenos Aires Design donde el funcionario desplazado se había reunido con Barreiro Laborda. Junto a los informes, había algunas fotografías que confirmaban el encuentro. Gómez Centurión volvió a acusar a la ex SIDE, en especial a Majdalani, mientras que los funcionarios de inteligencia contestaron que ni los formularios ni las fotos eran propios de la AFI, sino que eran un trabajo privado de inteligencia. La guerra por la Aduana se extendió entonces a la AFI porque los medios partidarios al simpatizante carapintada y los marginados de la AFI reclamaron el despido de Majdalani. El puesto de número 2 de la AFI, al que llaman Señor 8, es muy ambicionado porque es el más operativo. El número 1, el señor 5, Gustavo Arribas, juega más como representante institucional y supervisor.
Química
Cuando Gómez Centurión se presentó como el héroe que descubrió los poco significativos 250 kilos de efedrina, Bullrich salió a la cancha y lo abrumó con varios datos:
- El primero, es que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le notificó en mayo a la Aduana que los 10 barriles estaban en el depósito TCA. Además, no estaban escondidos: en el manifiesto de importación decía pseudoefedrina.
- El segundo dato es que la importación se hizo en 2011, aunque hay algún dato de que los barriles entraron en 2008. En todo caso, están allí desde hace cinco u ocho años. La importación la hizo, en tránsito, una empresa paraguaya que, aparentemente, abandonó el químico por alguna razón. Por ejemplo, que iban a ser descubiertos como narcos si retiraban los químicos.
- Por la tarde de ayer, Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior, exhibió una evidencia categórica: mostró la planilla del Boletín Oficial del miércoles en la que se mencionan los 250 kilos de pseudoefedrina e informando que se le otorgaban 30 días a los propietarios para retirarlas, pagando las multas y derechos correspondientes. Milman quiso dejar en claro que Gómez Centurión no había descubierto nada, que los barriles estaban allí de forma oficial, no oculta.
Misiles
En la guerra desatada entre los integrantes del gobierno de Cambiemos, los 250 kilos de pseudoefedrina parecen una anécdota menor. Puestos en México, tal vez se podrían colocar a 750.000 dólares. Sin embargo, en el juzgado y en la fiscalía dan un dato que tiene su impacto: la efedrina estaba en una parte del depósito en el que están las mercancías que se despachan a plaza en 24 horas. O sea que, judicialmente, se sospecha que alguien lo tenía pisado allí pero que en algún momento lo sacaba de la Aduana para ser usado como precursor. Como es obvio, Bullrich dá a entender que le avisaron a Gómez Centurión, éste no hizo nada, y cuando lo publicaron en el Boletín Oficial, el ex aduanero salió a denunciarlo para cubrirse. En términos tácitos plantean la sospecha de que alguien vinculado al simpatizante carapintada iba a disponer del químico. Del otro lado pasa lo mismo: si Bullrich sabía, aunque el fármaco estaba en terreno aduanero, se preguntan por qué no hizo la denuncia en la justicia. Lo tácito es que alguien de la PSA iba a sacar el precursor para usarlo o comercializarlo.
De todas maneras, lo significativo dejó de ser la efedrina y pasó a ser la guerra en sí misma. Macri recibió a Gómez Centurión en Olivos, Elisa Carrió se sacó una foto con Gómez Centurión en el living de su casa, o sea que respaldaron al ex simpatizante carapintada que fue denunciado por una ministra del gabinete.
Pero la cosa no terminó ahí: después el aduanero y la ministra se enfrentaron en la justicia adjudicándose, de hecho, complicidad con una importación de efedrina. Fueron dos semanas de misiles enviados a través de los medios y con conferencias de prensa.
El gran problema es que la guerra continúa y no es la única de la administración macrista. Al estar la Aduana y la AFI en juego, se habla de millones y millones de pesos en maniobras posibles y también del inmenso poder, descontrolado, de los servicios de inteligencia.
LIFSCHITZ SALIÓ AL CRUCE DE LAS ACUSACIONES
DE PATRICIA BULLRICH
"Es muy mediática"
El gobernador se quejó del trato que recibe de la Nación y habló de "avasallamiento del federalismo". Frigerio confirmó que el lunes se firmará el convenio con Macri.
Lifschitz acompañado por sus ministros Silberstein, de Justicia, y Pullaro, de Seguridad. Imagen: Carlos Gentilcore.
Luego de una semana tensa, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, salió ayer a responder las declaraciones de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, a quien calificó como "una mujer impulsiva", la criticó por ser "muy mediática" y la acusó de intentar un "avasallamiento del federalismo". El mandatario socialista reveló que hoy mantendrá una reunión con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien a su vez adelantó que este lunes habrá un encuentro con el presidente Mauricio Macri para firmar el convenio que permita el regreso de las fuerzas de seguridad federales a la ciudad de Rosario. En una conferencia de prensa, Lifschitz denunció además que existen "organizaciones mafiosas que están operando" en la provincia. Según el gobernador, detrás de las masivas movilizaciones que se produjeron en las últimas semanas "hay intentos desestabilizadores" llevados adelante por "servicios de inteligencia".
La relación entre el gobierno santafesino del Frente Progresista Cívico y Social y el gobierno nacional de Cambiemos sumó ayer otro foco de conflicto, luego de las duras críticas de Bullrich de los últimos días. La ministra de Seguridad había asegurado que Lifschitz "no quiere asumir el compromiso de depurar y hacer cambios estructurales" en la policía. Al abordar el tema del narcotráfico, la funcionaria nacional afirmó que "el gobernador de Santa Fe no puede decir que la policía provincial ha mejorado cuando en cada caso de drogas hay policías involucrados". "El problema del narcotráfico está empezando a tocar a funcionarios que han asumido algunas conductas esquivas", remató Bullrich el jueves.
Acompañado por sus ministros de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y de Justicia, Ricardo Silberstein, Lifschitz realizó su descargo: "No quiero calificar, sé que es una mujer impulsiva, tal vez ha sido un exabrupto, que afecta no sólo políticamente si no en la dignidad de la institucionalidad santafesina, a los tres poderes del Estado. No puede pretenderse un avasallamiento del federalismo en esos términos", lanzó Lifschitz, quien subrayó que gobierna una provincia "que no oculta información". Respecto de la supuesta falta de voluntad para depurar la fuerza, detalló que 106 agentes están con proceso de destitución y 129 ya fueron pasados a disponibilidad.
En otro tramo de su exposición, el titular de la Casa Gris explicó que el lunes pasado había acordado personalmente con Bullrich el plan para el regreso de la Gendarmería a la provincia. Sin embargo, el socialista aseguró que el miércoles la funcionaria modificó "de manera sorpresiva y sin previo aviso" el punto seis del convenio para incluir un detalle de policías condenados por narcotráfico y corrupción, estado de causas judiciales y test toxicológicos a los efectivos, entre otras cuestiones. "Le agregaron un artículo, que claramente era bastante burdo en su redacción, inconstitucional en algunos aspectos e ilegal en otros, por lo cual lo objetamos y le sugerimos su corrección y en eso estamos", apuntó el mandatario provincial, quien reveló que tras estos inconvenientes decidió a instancias superiores como el ministro del Interior. El gobernador también le reprochó al Ejecutivo nacional la falta de funcionamiento del Consejo de Seguridad, que "no ha sido nunca convocado", y se quejó de que a otras provincias como Córdoba la Nación envía efectivos sin necesidad de firmar un convenio.
Ayer por la tarde, Frigerio confirmó que el Macri recibirá a Lifschitz el lunes a las 17 en la Casa Rosada para rubricar el acuerdo. Más temprano, Bullrich había vuelto a hacer declaraciones. Descartó que el Gobierno nacional haya planteado una intervención sobre la Policía de Santa Fe pero justificó la necesidad de controlarla para "ir al hueso respecto al delito que entra al Estado y lo corrompe". La funcionaria aseguró que las exigencias nacionales son para "que no sea lo que ya fue, Gendarmería y show".
PANORAMA POLÍTICO
Nafta al fuego
Por Luis Bruschtein
No es interpretación forzada, ni siquiera es una interpretación, es lo que surge del texto, de las palabras y de la intención: el país que propone la solicitada contra el juez Daniel Rafecas es el de la violencia. Lleva hacia allí irremediablemente. Cierra puertas, no deja opciones porque es un camino que proyecta convivencias imposibles y que, por lo tanto, sólo podrían resolverse en la violencia. Es un camino que ya fue recorrido. Argentina tiene experiencias dolorosas por esas divergencias potenciadas al extremo. Lo llamativo es que firman esa solicitada personas a las que les gusta mostrarse como "tolerantes". Todas forman parte del entorno oficialista en distintos planos, desde el periodismo, la política, la cultura, e incluso desde un sector de la colectividad judía. Expresan en sus lugares una cosmovisión (por no decir paísvisión) que en la actualidad se siente expresada por el gobierno conservador de Mauricio Macri. Se enorgullecen de que la "tolerancia" es lo que los diferencia de los autoritarios. Hicieron discursos sobre la tolerancia en la campaña electoral, antes de ganar las elecciones, y después cuando tomaron los medios públicos. Se autoproclamaron lo opuesto a lo totalitario porque son tolerantes.
En toda esa construcción de la derecha, la tolerancia otorga superioridad moral. No solamente los diferencia, sino que los haría mejores. Cualquier idea de tolerancia que sirva para juzgar al otro desde cualquier superioridad autoarrogada, es la base de la intolerancia. La idea de tolerancia se acerca más a una visión del mundo entre diferentes que entre mejores y peores o que entre buenos y malos, honestos y corruptos. La forma en que esa idea de tolerancia que surca por la solicitada es de intolerantes.
La otra cuestión es que detrás de la solicitada hay una estrategia que busca destruir a Cristina Kirchner y al kirchnerismo como fuerza política. Cuando compiten fuerzas de distinto signo, esas pujas son legítimas. Pero la herramienta de esa estrategia no es la confrontación de ideas, sino campañas mediáticas y judiciales de desprestigio. El juicio contra Cristina Kirchner por la firma del acuerdo con Irán busca condenarla por traición a la Patria. Y la catarata de juicios contra la ex presidenta y varios de sus funcionarios es por corrupción. Desde la derecha, sean Elisa Carrió o Margarita Stolbizer, no se confrontan ideas, sino que se "combate a corruptos" cuando en realidad quedó demostrado en estos ocho meses que ese argumento les sirvió para esconder el ajuste, el tarifazo y la devaluación que haría Cambiemos. Cuando se trataba de plantear ideas y medidas concretas, Mauricio Macri no decía lo que iba a hacer. Toda la campaña de la derecha se basó en denuncias operadas a veces desde los servicios de inteligencia afines, que repartían carpetas entre periodistas afines, con las cuales funcionarios afines de la justicia producían las causas. La mayoría de ellas no tienen pies ni cabeza.
En una sociedad se puede convivir con personas que piensan diferente. Pero no con traidores a la Patria, corruptos y asesinos. Fue muy evidente en el frustrado acto de apoyo al Gobierno en el Obelisco, la predisposición a la violencia que genera ese discurso. A los traidores y corruptos se les retiran los derechos y se los manda a la cárcel, o se los lincha.
A pesar de toda esa campaña, el kirchnerismo tiene un piso que va del 25 al 30 por ciento. Como fuerza individual, sin alianzas, es una de las más numerosas, más que el radicalismo o el PRO, que integran Cambiemos. A veces el volumen es importante porque lo que se está planteando con esa estrategia es que con el kirchnerismo no hay convivencia posible porque es una fuerza delincuencial que tiene que desaparecer. Entonces, lo que se busca es plasmar la exclusión de una de las fuerzas políticas más numerosa y más dinámica. Y la exclusión de una fuerza que tiene esa representatividad significa anular la vía democrática a millones de personas. O sea retirarles sus derechos políticos.
La "exclusión" del kirchnerismo es una versión moderna de la proscripción del peronismo después del 55. Se retiraron los derechos políticos a millones de personas que no podían elegir a sus representantes y allí se incubó la violencia. Si a un sector de la sociedad se le cierra la posibilidad de expresar sus ideas y votar a sus candidatos en forma democrática, buscará otra formas de hacerse escuchar.
La falsa tolerancia que exuda la solicitada que pide la cabeza de un juez se expresa de la misma manera que la falsa tolerancia de los golpistas del 55 que inauguraron 18 años de dictaduras militares y periodos pseudodemocráticos tutelados por las Fuerzas Armadas, con levantamientos populares, guerrillas, estados de sitio y represiones. Esa etapa culminó con el golpe sangriento del 76, los 30 mil desaparecidos y la derrota de Malvinas. Los que firmaron esa solicitada juegan con fuego. No tienen autoridad moral para llevar al país a la exclusión de ninguna fuerza política y abrir una etapa que desemboque en otra era de violencia.
Podrán decir que no atacan a nadie, solamente a Rafecas por "mal desempeño técnico en una causa". Pero eso sería hipócrita. Si están convencidos de que hubo traición a la Patria, no pueden hacer esa acusación en el aire contra dirigentes de una de las fuerzas políticas más importantes de este país. Tienen que hacerlo con pruebas, ni siquiera por sospechas. Y con muchas pruebas, porque con esa acusación están arriesgando la paz. Y lo real es que esas pruebas no existen. Fue un acuerdo para lograr que los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA declaren ante un juez argentino, que era la única forma de avanzar en la causa. Obvio que iban a negar todas las acusaciones, pero lo mismo hubieran hecho si hubieran sido detenidos en el país. Lo importante es el cuerpo probatorio que debería haber reunido y que nunca reunió el fiscal Alberto Nisman. Hasta ahora, todo lo demás es superchería, sospechas basadas en prejuicios o intereses geopolíticos. Para hacer una acusación que ponga en peligro la paz y la democracia en este país hay que tener más argumentos. Hasta ahora todo indica que la muerte del fiscal Alberto Nisman fue suicidio. Si quieren denunciar que fue asesinato tienen que reunir pruebas contundentes, no sospechas basadas en que los kirchneristas son capaces de todo según sus prejuicios o sus intereses políticos.
Acusar sin pruebas, de magnicidio o de traición a la Patria, a dirigentes de una de las principales fuerzas políticas es irresponsable. Cualquier acusación que se haga a un dirigente político, sea Cristina Kirchner o Mauricio Macri, tiene que ser de cara a los millones de personas que se sienten representadas por ellos. Tiene que convencer a ese público. No puede ser a medias, ni con sospechas interesadas y habladurías mediáticas o secretos en las embajadas como se han construido la mayoría de las causas. Cualquiera de esas opciones lleva a la violencia y la destrucción de la convivencia democrática porque haría que millones de personas se sientan excluidas y estafadas. Eso es lo que están arriesgando los que usan estas denuncias para sus campañas electorales. Es irresponsable, como lo fue el fiscal Nisman por haber presentado sin pruebas una acusación contra la Presidenta de la República después de diez años de no producir ninguna prueba en su causa específica que era el atentado a la AMIA.
Esta estrategia que busca la exclusión de una fuerza de mayorías, sumada a prácticas represivas y autoritarias, avasalladoras de la justicia, como las que practica el oficialismo en Jujuy, empiezan a formar un malhumor social que a su vez funciona como caldo de cultivo. No sería la primera vez que se provoca a los sectores populares para justificar una represalia que sirva como excusa para proteger con represión medidas impopulares como las que lleva a cabo el gobierno de Cambiemos. Es probable que muchos de los firmantes de la solicitada estén de acuerdo con esta perspectiva porque ese texto es echarle nafta al fuego.
PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO
QUE FAVORECE LA EXTRANJERIZACIÓN
Sin límites para comprar tierras
En Río Negro se presentó un amparo en tribunales federales para declarar inconstitucional el decreto que alteró el límite del 15 por ciento a la tenencia de tierras para extranjeros.
Por Tomás Lukin
El decreto que flexibilizó las exigencias para que una persona o compañía extranjera compre tierras rurales en Argentina suma rechazos en la justicia. Legisladores nacionales y provinciales de Río Negro presentaron ayer un amparo en los tribunales federales de Bariloche para que se declare la inconstitucionalidad de la normativa que con la excusa de "facilitar y posibilitar las inversiones en el país" modificó la legislación de 2011 que estableció el 15 por ciento como límite a la tenencia de tierras en manos de extranjeros.
En la actualidad, el territorio controlado por esos inversores alcanza al 6,1 por ciento del total nacional, es decir unas 16 millones de hectáreas. La decisión del Gobierno de Mauricio Macri recibió un cuestionamiento legal similar en Chubut a fines de agosto que hasta ahora no logró avanzar.
"Hemos decidido venir a la Justicia Federal frente a una situación de inacción y complicidad del gobernador Alberto Weretilnek a quien le pedimos, a través del fiscal de Estado, que haga la presentación en representación de los intereses de los rionegrinos. No lo hizo y decidimos hacerlo nosotros pidiendo la inconstitucionalidad", señaló ayer el diputado nacional del Frente para la Victoria, Martín Doñate, que encabezó la presentación realizada junto con concejales de Bariloche y El Bolsón.
En Río Negro la superficie rural llega a las 17,7 millones de hectáreas de las cuales el 2,1 por ciento está controlada por extranjeros. Las propiedades están ubicadas en su gran mayoría en la zona de cordillera donde el porcentaje del territorio con dominios foráneos alcanza al 30 por ciento.
"Un decreto no puede modificar una ley porque esta tiene mayor jerarquía. Es nulo de nulidad absoluta por lo que las operaciones llevadas a cabo en ese marco podrán ser cuestionadas judicialmente también. Esperamos que la Justicia Federal de Bariloche de el puntapié inicial y podamos suspender este decreto", indicó ayer el diputado.
La ley estableció que los inversores foráneos que pretenden adquirir territorios en el país deben tramitar previamente un certificado de habilitación ante el Registro de Tierras. En esa documentación busca garantizar el cumplimiento de las limitaciones a la extranjerización dispuestas por la ley que los legisladores del PRO se abstuvieron de votar a fines de 2011.
De acuerdo a la normativa, el 15 por ciento del territorio nacional puede estar controlado por extranjeros, esas empresas no pueden adquirir tierras rurales que limiten o contengan cuerpos de agua de envergadura y permanentes, y se dispone un tope personal de 1000 hectáreas en zona núcleo, o su equivalente en cada provincia. El decreto del gobierno no modificó esas restricciones pero abrió la puerta para se puedan realizar transferencias de acciones a extranjeros solo "comunicándole" al Registro la operación sin requerir de un certificado de habilitación.
"Las medidas del gobierno de Mauricio Macri atienden a los intereses de los sectores concentrados de la economía. Esta norma ofrece alternativas a los extranjeros para eludir, a traveìs de sencillas maniobras contables, las limitaciones y obligaciones dispuestas en la propia Ley. Elimina multas para los incumplimientos y pretende facilitar la venta de terrenos que incluyan espejos de agua", advirtió el legislador a través de un comunicado.
Un informe del Centro de Estudios Patagonia sostiene que en Río Negro poseen tierras rurales un total de 58 extranjeros o sociedades cuyos titulares son extranjeros. Los cinco propietarios con superficies más extensas concentran el 47 por ciento de las tierras extranjerizadas de la provincia: la Compañía de Tierras Sud Argentino de nacionalidad italiana concentra el 21,3 por ciento de la tierra extranjerizada en la zona de Pilcaniyeu y en el mismo departamento se encuentra Inversora Roland S.A. de nacionalidad Suiza que ostenta el 8,75 por ciento de la superficie de tierras extranjerizadas de la provincia.
"El caso de Lewis y lago Escondido es paradigmático de cómo un extranjero, un inglés, un mafioso nos robó el lago. Se hizo de tierras con protocolos de dudosa legalidad y el presidente Macri no solamente lo legitima utilizando su helicóptero sino que además lo beneficia con el tarifazo eléctrico ya que Lewis es uno de los dueños de las empresas Transener y Edenor", señaló ayer Doñate. Lewis posee una superficie de 11.284 hectáreas en la provincia y concentra casi el 3 por ciento de las tierras extranjerizadas
UN PANEL QUE INCLUYÓ A RAUL ZAFFARONI
DEBATIÓ SOBRE "INSTITUCIONALIDAD POPULAR"
EN LA UMET
"Hay que despertar de los colonialismos"
El ex juez de la Corte fundamentó su prédica a favor de una reforma constitucional. Jorge Taiana imaginó un nuevo modelo que favorezca a los trabajadores. Leopoldo Moreau aseguró que "el pueblo está preparado" y que había que convocarlo..
Raúl Zaffaroni afirmó que el poder financiero transnacional debilita los Estados.
Es hora de despertar de doscientos años de colonialismos, de elaborar obstáculos institucionales a eso. Los populismos que se mantienen en la región cambiaron su Constitución y su Poder Judicial. Para derrocar a Yrigoyen tuvieron que violar la Constitución de 1853, Perón consolidó los derechos sociales con la Constitución del 49, que tuvieron que derogar por bando militar. Ahora entraron por nuestras brechas constitucionales, esta etapa del colonialismo les salió gratis". Así, con su estilo tajante y directo, fundamentó Raúl Zaffaroni la necesidad de una nueva Constitución.
Fue durante la charla Repensando Argentina, hacia una institucionalidad popular, donde el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos compartió panel con el sacerdote Carlos Accaputo (Pastoral Social de la Ciudad de Buenos Aires), Jorge Taiana (presidente del Parlasur), José Urtubey (Unión Industrial Argentina), Leopoldo Moreau (Movimiento Nacional Alfonsinista), Nicolás Trotta (rector Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo-Umet) y Sonia Alesso (secretaria general de Ctera).
"Tienen hinchada propia", dijo la periodista Luisa Valmaggia que ofició de presentadora, ante las ovaciones del público, que colmó el auditorio del teatro Sha-Suterh en este encuentro organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la UMET y La Linterna de las Ciencias Jurídicas y Sociales.
Al igual que los demás panelistas, Zaffaroni también citó al papa Francisco, quien en la encíclica Laudato Si' definió que el mundo sufre una crisis socio-ambiental, donde el uno por ciento de la humanidad concentra el 49 por ciento de la riqueza. "En esta crisis el poder financiero transnacional debilita a los Estados para apoderarse de sus recursos naturales", dijo. A esa altura los aplausos del público interrumpían su discurso como si se tratara de un stand up, al punto que el jurista dijo "esto no es broma, es dramático". A criterio del ex juez de la Corte, "necesitamos un Estado que consolide su soberanía, pero al mismo tiempo que garantice los espacios de dinámica social y libertad". Y agregó: "En esta etapa avanzada del colonialismo nos han penetrado por los defectos institucionales, sucedió en Brasil y está pasando acá".
En tal sentido, puso en cuestión que seamos un estado constitucional de derecho, porque "falla el control de constitucionalidad dado que lo ejercen cinco personas, lo cual es muy poco republicano, el Ejecutivo reparte la coparticipación federal como le da la gana, entonces controla a los gobernadores y ellos condicionan a sus legisladores, según la presión que tenga, que a su vez pueden nombrar a la cúpula del Poder Judicial". En este contexto, Zaffaroni se preguntó "¿dónde queda la República y lo representativo?".
Para fundamentar la necesidad de plasmar una nueva Carta Magna, enumeró que la actual no protege recursos naturales, no contiene una prohibición del monopolio de medios de comunicación ni prevé claramente la función de las Fuerzas Armadas. El jurista alertó que "ahora parece que la embajada (de los Estados Unidos) quiere que las Fuerzas Armadas vuelvan a la función policial". Y confesó que en algún momento, en diálogo con Néstor Kirchner, el ex presidente le dijo que luego de la ley de medios "lo vamos a hacer", en alusión a la necesidad de una nueva Constitución.
Al abrir el debate, Trotta había dicho que "han vuelto los teóricos de individualismo, pero el pueblo reaccionó como se vio en la Marcha Federal, no es tiempo de resistencia sino de construir una mayoría que incluya a todos los sectores del campo popular". En su visión, hace falta una "mirada crítica de las transformaciones, que no fueron magia pero sí fueron insuficientes, hay que darle continuidad a esas transformaciones inclusivas", y aventuró que "mucho más temprano que tarde una construcción popular, progresista, plural y peronista volverá a conducir los destinos de la patria".
A su turno, el ex canciller Taiana indicó que "hay que cambiar relaciones de fuerza en nuestra sociedad, y para eso necesitamos un modelo de desarrollo que fortalezca a los trabajadores, a los industriales con miras a una relación diferente entre el estado y la sociedad. El estado es mas fuerte que las organizaciones sociales pero mucho mas débil que los poderes concentrados". Y propuso que, en caso de darse el debate de una nueva Constitución, no habría que modificar los períodos presidenciales. "No permitamos que las cuestiones de fondo queden limitadas por esa cuestión", dijo.
Por su parte, Moreau enfatizó que "el pueblo esta preparado, sólo hay que convocarlo, no hay ni derrotas ni victorias permanentes, lo único permanente es la lucha". En tanto, Alesso instó a "pelear por el presupuesto educativo, para que no tengamos escuelas a las que se les caigan los techos, que un niño de Jujuy pueda aprender a tocar el oboe al igual que uno de las clases pudientes de la Capital". El padre Accaputo señaló: "No aceptamos que un tercio del país quede afuera de la dignidad, la cultura de los derechos humanos debe unir la expresión individual al interés común". Y para Urtubey, "Argentina necesita un modelo de desarrollo que genere valor en origen, empleo y posicionarnos al mundo exportando nuestro trabajo, para ir a un mundo donde podamos ser competitivos, lo cual se hace con mucho diálogo y madurez institucional".
IMPONEN PENAS DE PRISIÓN POR UNA TALA ILEGAL
EN UN ÁREA PROTEGIDA
En defensa del Parque Nacional
Un tribunal de Tierra del Fuego condenó a tres acusados de haber desmontado un área del Parque Nacional de esa provincia para abrir un camino con fines turísticos. El fallo, considerado ejemplar, es el primero de estas características en el país.
La tala ilegal de dos centenares de árboles en el Parque Nacional fueguino ocurrió en 2005.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego condenó a penas de prisión en suspenso a tres acusados de talar ilegalmente dos centenares de árboles en el Parque Nacional fueguino, entre abril y junio de 2005, en lo que constituye el primer fallo por una acción de estas características en una área protegida nacional.
El veredicto, leído en Ushuaia en la culminación del juicio oral y público que comenzó el 22 de agosto último, consideró a los imputados como "coautores penalmente responsables del delito de daño agravado en concurso ideal con usurpación", la misma figura que había impulsado el fiscal general del distrito, Adrián García Lois.
El fallo condenó a la pena de un año y tres meses de prisión en suspenso más las costas del proceso, al ingeniero civil Ricardo Bianciotto, responsable técnico de la apertura de una senda de 2202 metros de longitud, destinada a un proyecto turístico, que se introdujo tres veces en el área natural protegida y violentó los mojones que lo delimitan. También se le aplicó la misma pena al agrimensor Horacio Burgos, y un año de prisión en suspenso al maestro mayor de obras Orlando Rubén Mansilla Ruiz.
Los jueces Ana María D'Alessio, Luis Giménez y Alejandro Ruggero darán a conocer los fundamentos de la sentencia el próximo 15 de septiembre, según se anunció en el cierre de la audiencia.
En la etapa de alegatos realizada esta semana, el fiscal García Lois había solicitado penas de 2 años de prisión en suspenso para los tres involucrados, mientras que la parte querellante, representada por abogados de la Administración de Parques Nacionales (APN) había requerido una condena de 4 años de cárcel.
Por su parte, la defensa de los enjuiciados fundamentó un pedido de absolución de culpa y cargo, basado en que la tala de árboles se habría llevado a cabo en una franja de terrenos que no pertenece al Parque Nacional, sino a un dueño privado.
El incidente que llevaba 11 años de investigación tuvo lugar cuando la empresa Patagonia Spirit contrató a los acusados para abrir una senda que uniera la Ruta Nacional Nº 3 con el Canal Beagle, bordeando el área protegida. Según la acusación, en ese trayecto el camino invadió el parque y se extrajeron "entre 216 y 255 árboles de diferentes diámetros, afectándose 216 metros cúbicos de madera, 121 de lenga y 95 de guindo".
Tanto la fiscalía como la querella buscaban una condena "ejemplificadora" para que "sirva de antecedente" y "no se produzcan otros hechos similares" en más parques nacionales del país.
En cambio, según los defensores, los mojones que delimitan el área natural se encuentran colocados en lugares equivocados, debido a una demarcación inexacta realizada por el topógrafo que la efectuó hace 50 años. En esa línea, los abogados hicieron hincapié en que la fiscalía y la querella no lograron probar el "derecho real" que posee Parques Nacionales sobre los predios donde tuvieron lugar los hechos.
La presidenta del Tribunal aclaró, antes de la lectura del veredicto, que la resolución de la causa penal no implica sentar una postura sobre la titularidad de las tierras donde tuvo lugar el daño ambiental.
Para la Administración Nacional de Parques Nacionales "el veredicto dictado determinó una condena ejemplificadora en cuanto al deber de cuidado y conservación del ambiente". "La pena tiene una finalidad de prevención tanto general, al enviar un mensaje a la sociedad para que sepa que conductas como las llevadas a cabo por los autores son ilegales, como especial, orientada a educar a los sujetos que delinquieron para que no vuelvan a hacerlo", puntualizó el organismo nacional. Indicó además que la Justicia "ratificó que se trató de un desmonte ilegal en jurisdicción de Parques Nacionales. Se trata, además, de la primera vez que se condena una tala de estas características en un área protegida nacional", precisó.
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