jueves 1º de setiembre de 2016
DE HONDURAS A PARAGUAY Y DE AHÍ A BRASIL, DE
LA PERIFERIA AL CENTRO, DE LO BURDO A LO MAS
SOFISTICADO
Golpes blandos, la nueva tendencia en la región
Siguiendo con la progresión de condena total en el caso hondureño y condena parcial en el caso paraguayo, esta vez las voces de protesta a nivel regional son más la excepción que la regla, atento al vuelco a la derecha en Sudamérica. Mel Zelaya, Fernando Lugo y Dilma Rousseff, víctimas de golpes blandos en Latinoamérica.
Por Santiago O'Donnell
El golpe parlamentario que terminó con el gobierno de Dilma Rousseff es el eslabón más reciente de una serie de golpes blandos que empezó con el derrocamiento del presidente de Honduras, Mel Zelaya, en el 2009, y siguió con el de Paraguay, Fernando Lugo, en 2014.
La secuencia, a medida que avanza, va creciendo en su maquillaje y su sofisticación. Empieza en Honduras con un golpe rudimentario, al principio casi de manual, pero con una parodia de legalidad. Sigue con un juicio político express en Paraguay sin pruebas contra el presidente y violando su derecho de defensa y culmina en Brasil con un proceso tan legal como ilegítimo y carente de fundamentos jurídicos.
La secuencia, además, arranca en la periferia de la región, donde Estados Unidos continúa siendo la fuerza hegemónica, y llega hasta el corazón mismo de Sudamérica y principal potencia regional, que es Brasil, pasando como escala intermedia por un país sudamericano y socio del Mercosur como Paraguay, parte del grupo de países sudamericanos que formó un bloque relativamente autónomo en la década pasada y empezó a aplicar mecanismos propios para resolver sus conflictos.
A principios de la década pasada, las nuevas instituciones regionales como Mercosur y especialmente Unasur habían servido para evitar la interrupción de regímenes democráticos en Ecuador y Bolivia, y conflictos bilaterales como Colombia-Venezuela, Colombia-Ecuador o Bolivia-Chile, desacuerdos todos ellos que en tiempos de guerra fría habrían tenido a Estados Unidos como protagonista principal y árbitro eventual.
Pero la distracción de Washington con las guerras en Medio Oriente, y la aparición de China como principal socio comercial, junto a la coincidencia de un grupo de gobernantes carismáticos de similar signo político, comprometidos con la integración regional, consiguió romper la hegemonía del Consenso de Washington a nivel sudamericano.
Mientras en México, Centroamérica y el Caribe, a pesar de puentes tendidos a través de organismos que excluyen a Estados Unidos y Canadá como la Celac, por su nivel de integración con la potencia del norte tanto a nivel de tratados de libre comercio como en temas migratorios y de remesas, la dependencia sigue siendo casi absoluta, lo cual impide su participación en otros proyectos de integración. Este límite se vio en el golpe de Honduras.
Zelaya fue sacado de su cama en pijamas por una patota del comandante del estado mayor, Romeo Vázquez. Lo llevaron a una base militar estadounidense, lo subieron a otro avión y lo echaron del país. A la mañana siguiente, en una sesión express asumió un títere civil del comandante, el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, y los militares decretaron el estado de sitio y una serie de medidas de control social de corte autoritario. Según cables del Departamento de Estado estadounidenses revelados por Wikileaks, Estados Unidos no apoyó el golpe y hasta intentó de disuadir a sus autores, aunque Zelaya no era de su agrado. De hecho, Estados Unidos acompañó al resto de los países de la OEA en su condena al día siguiente de que ocurrió. Pero apenas horas después Estados Unidos, a contramano de Latinoamérica, empezó a apoyar la transición del gobierno golpista hacia unas rápidas elecciones, aprovechando que Zelaya estaba en el final de su mandato. Mientras tanto, envalentonados por sus éxitos en Sudamérica, Brasil y Argentina apostaron fuerte al regreso de Zelaya, con Cristina Kirchner acompañando al presidente legítimo en un fallido intento de regreso y Lula dándole asilo en la embajada brasileña de Tegucigalpa una vez que el regreso no pudo concretarse. Con su apoyo a la transición del gobierno golpista, Estados Unidos marcó un límite a la expansión del bloque sudamericano sin romper sus políticas de Estado de no invadir más después del desembarco los Marines en Panamá en 1989, y de no apoyar más golpes, al menos abiertamente, desde el fallido putch contra Chávez en 2002.
Así llegamos al segundo golpe blando contra un gobierno progresista por parte de una elite financiera y política malacostumbrada a perpetuarse en el poder a como dé lugar. Esta vez le tocó al ex obispo Fernando Lugo, otro personaje que no era del agrado de los Estados Unidos, entre otras cosas, Wikileaks dixit, porque reemplazó una unidad antiterrorista estadounidense dedicada a entrenar tropas de elite paraguayas, por asesores militares de Argentina y Brasil. Lugo no era un político tradicional ni era particularmente hábil a la hora de negociar. Sin apoyos en el Congreso, abandonado por sus socios del Partido Liberal, traicionado por su vice Federico Franco, quedó a la merced de la elite golpista, acostumbrada a décadas ininterrumpidas de gobierno de la mano del general Alfredo Stroessner y su Partido Colorado. La oportunidad llegó tras la conmioción social causada por la llamada masacre de Curuguaty, en la que fallecieron once campesinos y seis policías en una estancia sojera en el este del país. Si bien la violencia venía desde hace tiempo y quizá nadie había hecho más para mediar en el conflicto entre campesinos y terratenientes que el propio Lugo, el Congreso decidió destituirlo por su "responsabilidad política" en el enfrentamiento. El juicio duró menos de 48 horas y Lugo tuvo menos de dos para defenderse. A falta de pruebas reales, fue destituido por el voto de 215 de los 225 congresistas paraguayos después de que la Corte Suprema rechazara un pedido de aplazar el proceso. La destitución fue condenada por la mayoría de los países de la Unasur pero, a diferencia del golpe blando hondureño, una moción de censura en la OEA apenas alcanzó 8 votos a favor y 28 en contra. Unasur mandó a una delegación de cancilleres que al término de su misión emitió un documento crítico, los países bolivarianos del ALBA no reconocieron al gobierno de facto de Franco y el Mercosur suspendió la membresía de Paraguay hasta las elecciones, nueve meses después del golpe, que llevaron al gobierno al colorado Horacio Cartes.
Ahora llegó el golpe en contra de Dilma. Esta vez se respetaron los tiempos y rituales que marca la formalidad, en un proceso parlamentario que fue supervisado in situ por el presidente de la Corte Suprema. Pero nuevamente se trata de una interrupción del régimen democrático para imponer un gobierno de facto de una elite nostálgica de poder, a través de mecanismos constitucionales previstos para sancionar acciones criminales a pesar de que no se acusa a la presidenta de haber cometido crimen alguno, aprovechando el mal humor social por una prolongada recesión y un persistente escándalo de corrupción que involucra a muchos de los pincipales empresarios y dirigentes políticos del país, pero no a Dilma.
Siguiendo con la progresión de condena total en el caso hondureño y condena parcial en el caso paraguayo, esta vez las voces de protesta a nivel regional son más la excepción que la regla, atento al vuelco a la derecha que está dando Sudamérica. A diferencia de lo que pasó en Honduras pero en sintonía con lo que pasó en Paraguay, en el caso brasileño Washington se mantiene cauto, distante y prescindente, como aceptando la nueva realidad geopolítica de su pérdida de hegemonía. Sin embargo, atenta a los múltiples intereses que aún posee en la región, así como a su alianza tradicional con los factores de poder que quedaron del lado de los golpistas o directamente operaron para erosionar las fuerzas democráticas especulando con la posibilidad de recapturar ganancias extraordinarias, la administración de Barack Obama no tardó en reconocer la legalidad de los gobiernos surgidos de estos procesos. No es lo mismo que invadir un país, pero no deja de ser una intervención
EL GOBIERNO DE MACRI EVITÓ CONDENAR EL GOLPE
PARLAMENTARIO CONTRA LA PRESIDENTA DE BRASIL
Con la excusa del respeto institucional
La Cancillería manifestó que el Gobierno "respeta el proceso verificado en el hermano país y reafirma su voluntad de continuar por el camino de una real integración". Macri había sido el primer presidente en recibir al canciller de Temer.
Con la excusa del respeto institucional
Página/12 :: El mundo
Por Werner Pertot
Con la cautela del caso, el gobierno de Mauricio Macri emitió un comunicado en el que aseguró que "respeta el proceso institucional" en Brasil que culminó con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Macri, quien fue el primer presidente en recibir al canciller de Michel Temer, se encontraba ayer en viaje hacia Qatar, pero en el Gobierno evaluaron como positivo que haya concluido el proceso. Luego de reconocer al nuevo gobierno, desde la administración de Cambiemos se disponían a trabajar "para la resolución de los temas de mutuo interés en la agenda bilateral".
Tras la destitución de la presidenta brasileña, en el Gobierno argentino fueron muy cuidadosos con las palabras. La Cancillería elaboró un comunicado que se tituló: "Proceso institucional en Brasil". Un contraste claro con los sectores de la oposición argentina que cuestionaron la decisión.
"Ante los sucesos registrados el día de hoy en Brasil, el Gobierno argentino manifiesta que respeta el proceso institucional verificado en el hermano país y reafirma su voluntad de continuar por el camino de una real y efectiva integración en el marco del absoluto respeto por los derechos humanos, las instituciones democráticas y el derecho internacional", aseguró el comunicado de Cancillería, que fue supervisado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña.
En el texto, advirtieron que "Argentina renueva su deseo de continuar trabajando con el gobierno de Brasil para la resolución de los temas de mutuo interés de las agendas bilateral, regional y multilateral, así como para el fortalecimiento del Mercosur", lo que implica que el Gobierno argentino reconoce la legitimidad de la administración de Temer.
La posición argentina no fue una sorpresa, si se tiene en cuenta que Macri fue el primer presidente en recibir al canciller de Temer, José Serra. Allí mismo, Serra anunció que buscará la flexibilización del Mercosur y el alineamiento con los Estados Unidos. Además de con Macri, Serra estuvo reunido en esa oportunidad con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, para conversar sobre el comercio.
En esa visita, la canciller Susana Malcorra advirtió lo que se reiteraría en el comunicado de ayer: "Hubo un procedimiento que se ha seguido a rajatabla y no encontramos que en el haya ninguna razón para que el proceso no haya sido legal. Hemos estado mirando muy de cerca".
Cuando viajó por los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, Macri fue recibido por Temer en el Palacio Itamaraty y ambos mostraron sintonía en diferenciarse del gobierno de Nicolás Maduro y en cuestionar la presidencia de Venezuela en el Mercosur.
Todas las veces que le preguntaron por el impeachment en Brasil, Macri eligió la misma frase para responder: "Para nosotros es fundamental lo que pasa en Brasil porque es nuestro principal socio. Nos afecta a todos los argentinos". El Presidente había elegido Brasil como su primer destino internacional para mostrar su valor como socio estratégico. En ese momento, se reunió con la ahora destituida presidenta y dijo que no le correspondía opinar sobre el juicio político. Cuando suspendieron a Dilma Rousseff, Macri dijo que Brasil "tiene un sistema democrático fuerte, sólido, con instituciones que realmente se han consolidado en el tiempo y se consolidan cada día más. Al final del proceso, Brasil saldrá fortalecido de esta crisis".
Está claro que en el Gobierno seguirán de cerca las consecuencias económicas que podría tener el cambio de mando en Brasil. "Lo único positivo es que terminó el proceso y no hay más incertidumbre", indicaban en Casa Rosada, donde esperan que Brasil deje de traerle malas noticias a la industria argentina. Por otra parte, el gobierno de Temer puede ser un aliado para el de Cambiemos a la hora de avanzar en tratados de libre comercio con otros bloques regionales y con Estados Unidos.
CRISTINA KIRCHNER Y DIRIGENTES DE LA OPOSICIÓN REPUDIARON
LA DESTITUCIÓN DE DILMA ROUSSEFF
"Se violentó la soberanía popular"
"Hay una estrategia dura contra los gobiernos populares", afirmó CFK. La ex presidenta acusó a los sectores económicos concentrados, los medios y las potencias de promover el golpe.
Cristina Kirchner dijo que el mismo "clima destituyente" se vivió durante sus dos presidencias.
La ex presidenta Cristina Kirchner calificó de "golpe institucional" la destitución de Dilma Rousseff. Dijo que se trata de una "nueva forma de violentar la soberanía popular" y destacó que América del Sur es "otra vez laboratorio de la derecha más extrema". "Nuestro corazón junto al pueblo brasileño, Dilma, Lula y los compañeros del PT", difundió por las redes sociales. "Hay una estrategia dura y pura sobre la región de ataque a los gobiernos populares", completó. Otros dirigentes y políticos de la oposición también lamentaron la destitución de la presidenta brasileña.
CFK envió un mensaje por las redes sociales y luego hizo declaraciones por Radio 10. Dijo que "este clima destituyente lo vivimos también en la Argentina" durante sus dos presidencias. Señaló que a Dilma "la destituyeron sin fundamentos" y que vivimos "un momento de desestabilización regional". "Estamos viendo una estrategia dura contra los gobiernos populares", afirmó y acusó a las "superpotencias" de promover ese golpe que, dijo, "lo piensan estratégicamente a 50 años". Añadió que "hay una apoyatura interna en el Congreso (de Brasil) y con los grandes medios para culminar en este episodio negro de la historia de la región" y también mencionó a "los sectores económicos concentrados internos y externos" que operan contra los gobierno populares latinoamericanos.
La ex presidenta sostuvo que el juicio político a Rousseff "se vio venir el día después de la reelección" de la mandataria brasileña.
El ex canciller Jorge Taiana y el ex ministro Agustín Rossi difundieron la declaración de la Bancada Progresista del Parlasur, que repudió el "golpe de estado" perpetrado por "los sectores oligárquicos, conservadores y reaccionarios de Brasil". "No hay más democracia en Brasil. La misma fue sustraída por un grupo de parlamentarios corruptos y de jueces que no están del lado de la justicia", sostiene la declaración que difundieron Taiana y Rossi. El documento repasa los antecedentes de Honduras y Paraguay, los "intentos de desestabilización política en Ecuador, Bolivia y Venezuela", y señala que todos son protagonizados por "sectores conservadores para imponer su agenda y dar vuelta a los procesos de cambio de los gobiernos progresistas". Los parlamentarios destacan que es "un golpe político contra el Mercosur", cuyo desmantelamiento es "un objetivo central de los golpistas y gobiernos de derecha".
El senador Juan Manuel Abal Medina, el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, diputado del Parlasur Daniel Filmus, el ex diputado Jorge Rivas y el disputado Carlos Heller, fueron otros dirigentes del Frente para la Victoria que lamentaron la destitución de Rousseff. "Una vez más, las castas políticas y judiciales, aliadas al poder hegemónico mediático, logran temporariamente torcer la dirección de un proyecto nacional y popular en América Latina", aseguró Rivas. "El proceso llevado adelante no probó que la Presidenta Rousseff haya cometido delito y, por ello, estamos ante un golpe de Estado parlamentario", dijo Heller.
Desde la izquierda, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, del PTS repudiaron "el golpe de la derecha", mientras que el Partido Obrero interpretó que "luego de años de beneficiarse del gobierno PT-PMDB, la burguesía brasileña cambia de frente".
La diputada Margarita Stolbizer, por su parte, difundió en Twitter una reflexión ajena: "en Brasil la mani pulite se deshizo de la única persona no implicada en casos de corrupción".
"Un gobierno sordo"
La ex presidenta Cristina Fernández Kirchner se refirió también al rumbo económico del Gobierno y dijo que desde el oficialismo llaman "efectos adversos no deseados" a lo que es "precisamente aquello mismo que buscan". "Nos habían dicho que iba a haber un shock de confianza, que iban a llover inversiones, pero no fue así. Después nos dijeron que tras pagarle a los buitres iban a llover los dólares, pero tampoco llegaron", dijo CFK y defendió las políticas anticíclicas aplicadas durante su gobierno: "Brasil no viene cayendo hace tres meses, nosotros teníamos una política anticíclica muy fuerte, con un mercado interno robusto, con paritarias muy robustas, con políticas públicas muy fuertes y veníamos sorteando la suerte de Brasil muy bien. Demostramos que con políticas activas se pueden contrarrestar los efectos de las políticas aplicadas en el exterior". CFK señaló que "si quieren eliminar la inflación haciendo que no se consuma más, les digo que es mucho peor el no consumo que la inflación". Y finalizó: "No he visto un gobierno más sordo que éste. Tiene que escuchar lo que dice la gente en la calle y no a los dirigentes o gobernadores que dependen de que les giren fondos".
PROTESTA FRENTE AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Reacción al ajuste
Docentes e integrantes de organismos de derechos humanos realizaron un abrazo alrededor del Palacio Sarmiento en rechazo a la nueva ola de despidos en la cartera educativa.
Los manifestantes responsabilizaron al ministro Esteban Bullrich por las nuevas cesantías.
Docentes nucleados en la Unión de Trabajadores de la Educación porteña, integrantes de la junta interna de ATE Educación y organismos de derechos humanos realizaron ayer un abrazo simbólico alrededor del Palacio Sarmiento en protesta por una nueva ola de despidos que afectó a 200 empleados del Ministerio de Educación. Los manifestantes responsabilizaron por las cesantías al ministro Esteban Bullrich, a quien acusaron de "llevar adelante un ajuste" en la cartera educativa.
Desde la junta interna de ATE señalaron que los cesanteados se desempeñaban en el Instituto Nacional de Formación Docente, el Plan Nacional de Lectura y la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas. Esta última es la encargada de implementar programas como el Plan Fines, el plan de Educación Sexual Integral y las Orquestas Infantiles y Juveniles, entre otros. ATE viene denunciando que en los últimos ocho meses estos programas vieron recortadas sus funciones y sufrieron subejecución presupuestaria, lo que afectó además el cobro en tiempo y forma de los salarios. Los despidos recientes coronaron ese panorama de desguace.
El secretario general de la Junta Interna ATE, Rodrigo Recalde, explicó a Página/12 que los despidos tienen origen en la decisión del ministro Bullrich de migrar a provincias y municipios el presupuesto asignado a las políticas educativas creadas durante el gobierno anterior. "Convirtieron el Fines, las orquestas y otros programas en un mecanismo de cooptación política, porque sólo bajan la plata para las provincias que se alinean al Gobierno", sostuvo. "Mientras tanto, los trabajadores pierden su trabajo y los sectores populares antes beneficiados ven cómo el Estado se retira del territorio", graficó. Y situó el proceso dentro de las políticas educativas propias de los gobiernos neoliberales: "Descentralizaron la escuela primaria durante la dictadura, la secundaria en los noventa y ahora descentralizan los programas."
Para el secretario general de la UTE, Eduardo López, el recorte "implica el empobreciendo la calidad educativa". El titular del gremio de base de Ctera en la Ciudad de Buenos Aires contó además que fruto del ajuste muchas escuelas dejaron de recibir los libros escolares y las notebooks que proveía el Estado.
Consignas como "no a los despidos" o "mi trabajo son tus derechos", impresas en los carteles que portaban ayer los manifestantes, recordaron a las escenas que se vivieron en las puertas de los ministerios durante los tres primeros meses del año, cuando el Gobierno recortó un total de 11 mil puestos de trabajo en la administración pública. Los trabajadores se declararon en aquel momento en estado de asamblea permanente y movilización y lograron ponerle límites al plan "modernizador" del PRO.
Al igual que a principios de año, los estatales denunciaron maltrato en los métodos de despido. Según relataron, los funcionarios de la cartera educativa comunicaron la novedad por teléfono y bloquearon las tarjetas de ingreso de los trabajadores, sin previo aviso.
Además, los trabajadores denunciaron que en paralelo al ajuste, el ministerio elevó a 70 mil pesos por mes los sueldos de los funcionarios jerárquicos y favoreció el desembarco de corporaciones como Google o Microsoft en la dirección de los programas desmembrados, como Conectar Igualdad.
ATE espera para diciembre que el Gobierno intente avanzar con una nueva ola de cesantías. "Sin dudas esta situación es una muestra de hasta dónde quiere llegar el Gobierno. Pero vamos a estar preparados para afrontarlo", afirmó Recalde.
OPINIÓN
Un pueblo movilizado contra los despidos
Por Sonia Alesso *
La Marcha Federal contra el ajuste y los tarifazos partió ayer desde distintos rincones de nuestra Patria, NOA, NEA, Sur Oeste, Patagonia y Cuyo.
Lleva en su memoria el eco de aquella Marcha Federal de 1994, así como también cada una de las acciones de nuestro pueblo que luchó y lucha por la defensa de sus derechos.
Nuestra columna, del NEA, recorre 1640 kilómetros hasta Plaza de Mayo.
Comenzó en Formosa ayer, y reunió a las provincias de Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.
En la oportunidad, uno de los marchantes, Luis Branchi, secretario general de la Agremiación del Docente Formoseño e integrante de la Junta Ejecutiva de la Ctera señaló que "la intención de esta fenomenal movilización es llegar a Plaza de Mayo con consignas claras para demostrar al Gobierno nacional que debe reconsiderar las políticas que está llevando adelante porque estas políticas que dan más al que más tiene no benefician al pueblo trabajador".
Por su parte, José Testoni, secretario general de la CTA de los Trabajadores de Santa Fe y de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, destacó que "el conflicto social está presente en todo el país. Y somos muy conscientes porque lo vivimos, muchos de los marchantes somos docentes y conocemos el sufrimiento de nuestros niños y jóvenes que llegan al comedor nuevamente porque les falta un plato de comida".
La columna NEA pasó ayer por Resistencia donde tuvo lugar un acto en la plaza Argüello, previo paso por Margarita Belén donde la Marcha hizo un homenaje a los 30.000 compañeros desaparecidos y asesinados, que viven en esta lucha del pueblo trabajador. Luego las actividades continuaron en Corrientes con actos y movilización en el Monumento a Andresito, donde se sumaron marchantes de Misiones.
Recorremos el interior profundo de nuestra Patria, en cada lugar, en cada pueblo que sufre los despidos, y el ahogo de sus economías regionales, ante la indiferencia del Gobierno nacional.
Por eso esta marcha une a distintos sectores sindicales, de la CTA, la CGT, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, ambientalistas, cooperativas, multisectoriales contra los tarifazos.
Antes de llegar a Plaza de Mayo llegaremos a Entre Ríos y a Santa Fe, donde se realizarán actos unitarios con más de 100 organizaciones convocantes.
En Santa Fe la concentración se realizará hoy a las 10 de la mañana y luego partirá a Rosario donde a las 17 horas se realizará un acto central con la presencia de Sergio Palazzo y Hugo Yasky, como oradores principales.
Mañana todas las columnas confluirán en Plaza de Mayo, donde nos reuniremos con trabajadores de todo el país, porque entendemos que "solo un pueblo movilizado puede frenar los despidos, el ajuste y los tarifazos".
Nos une el amor por nuestro pueblo y la necesidad de luchar por un presente y futuro mejor para todos los argentinos.
Sabemos que es necesario construir la más amplia unidad de todos los sectores contra el ajuste, contra los despidos, contra el hambre.
* Secretaria general de la Ctera.
GOBERNADORES E INTENDENTES DEL
JUSTICIALISMO ACORDARON
NUEVOS ENCUENTROS Y UN ACTO
Primer encuentro de la nueva "renovación"
Plantean la necesidad de renovar el justicialismo y dar vuelta la página del kirchnerismo. Se reunieron en la Casa del Chaco, hablaron de construir una agenda "hacia adelante" y evitaron criticar a otros sectores del peronismo. Harán un acto el próximo martes.
La amplia mesa ocupada por gobernadores, intendentes y legisladores en la Casa de Chaco.
Los gobernadores e intendentes bonaerenses que buscan llevar adelante un proceso de renovación dentro del justicialismo realizaron ayer su primera reunión general en la Casa del Chaco y acordaron elaborar una agenda común "hacia adelante" y realizar un acto de lanzamiento el próximo 6 de septiembre. "Con nuevas metodologías y una propuesta progresista vamos a conformar un gran frente", se entusiasmó el anfitrión, el gobernador chaqueño Domingo Peppo.
Aunque el grupo se plantea como una instancia superadora del kirchnerismo, ayer evitaron las críticas frontales. Lo mismo con la conducción nacional del PJ que encabezan José Luis Gioja y Daniel Scioli. "Queremos encontrar una síntesis de lo que se hizo en la última década e incorporarle la agenda que nos plantean otros sectores como, por ejemplo, el productivo", explicó a este diario el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis. "Vemos que hay un espacio de renovación en el peronismo vacante y queremos ocuparlo", agregó.
Se planteó en el encuentro "ser inteligentes" y no entrar en un contrapunto desgastante con otros sectores del justicialismo. Por eso, sus planteos serán siempre "a futuro". Por ejemplo, los gobernadores propusieron armar un encuentro programático para tratar la situación de las economías regionales. Incluso, se planteó la posibilidad de mantener un diálogo con Gioja.
La concurrencia fue importante. Además de Peppo, estuvieron los gobernadores Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Casas (La Rioja) y, un poco más sorpresivo, Carlos Verna (La Pampa). Ya habían adelantado que no podrían concurrir Juan Manuel Urtubey (Salta) y Gildo Insfran (Formosa). Los intendentes fueron los del llamado grupo Esmeralda. Junto a Katopodis se vio a Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Juan Zabaleta (Hurlingham), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Juan Pablo de Jesús (La Costa) y Eduardo Bucca (Bolívar) y otros afines como Gustavo Menéndez (Merlo), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas). También participaron el jefe del bloque de senadores del FpV-PJ, Miguel Angel Pichetto, y el jefe del disidente Bloque Justicialista en Diputados, Oscar Romero.
Peppo les dio la bienvenida a la casa de su provincia, en Callao al 300, y pasó la palabra. Hablaron algunos gobernadores y luego algunos intendentes. Pichetto planteó la necesidad de articular iniciativas con todos los bloques, aseguró que es lo que viene tratando de hacer. El martes, Pichetto había dado la nota al mostrarse en un encuentro con Sergio Massa. Ayer, según comentaron, de Massa y del Frente Renovador no se habló. Sí del triunvirato de la CGT, que unas horas antes se había reunido con Pichetto y Juan Manuel Abal Medina y que en los próximos días recibirá a los intendentes del Grupo Esmeralda. "La etapa del kirchnerismo fue larga e importante pero el peronismo tiene que recrear figuras nuevas y apostar a un recambio generacional", dijo ayer Pichetto en rueda de prensa luego de la reunión.
Quedó definido que el acto del 6 de septiembre – en el que se recordará el triunfo electoral conseguido por la renovación peronista que encabezaba Antonio Cafiero – se hará en el hotel NH Buenos Aires en el que hablarán un gobernador, un intendente y un integrante de aquella histórica renovación.
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