domingo 03 de abril de 2016
Por Alfredo Zaiat
Uno de los argumentos expuestos públicamente para convencer acerca del beneficio de acordar con los fondos buitre fue que no había alternativa. El oficialismo y voceros locales de los buitres aseguraban que había una sentencia en contra y el costo de no arreglar era mayor que el de continuar negociando condiciones justas, equitativas y sustentables. Además de lanzar la amenaza la aprobación o el caos, hubo métodos no tan pulcros para sumar voluntades en el Congreso como la extorsión financiera a provincias con el garrote unitario de la Casa Rosada. El primer informe de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación ofrecía opciones a la rendición incondicional en el juzgado de Thomas Griesa, material que fue ignorado pese a que estaba disponible para diputados y senadores, muchos de ellos votando a favor una ley que en el discurso de su fundamentación rechazaron. Esos votos doble personalidad se explican por el republicano apriete financiero del macrismo a provincias y otras amenazas subterráneas a diputados y senadores vulnerables, por ejemplo los que estuvieron vinculados directa o indirectamente a la Anses. En ese valioso documento, una de las secciones plantea "El debate sobre la capacidad de los Estados de limitar el accionar de los fondos buitre" y en otra propone "posibles cursos de acción". Los embargos a activos argentinos en el exterior y el bloqueo al financiamiento externo fueron las principales armas de presión de los buitres. El anterior gobierno recurrió con bastante éxito a diversos mecanismos defensivos frente a ese ataque. El informe de la Bicameral aporta varias vías que hubiesen servido para desplegar una estrategia ofensiva en la disputa con los buitres, que podían haberse utilizado como un factor de negociación sobre el monto de la sentencia Griesa. Una de ellas, prohibir a fondos buitre o a sus empresas vinculadas realizar actividades económicas y comerciales en Argentina.
La Bicameral presidida hasta el 10 de diciembre pasado por el economista Eric Calcagno propuso a diputados y senadores no sólo analizar los aspectos financiero y jurídico del problema, sino incorporar cuestiones políticas referidas a la capacidad de daño "dentro de la ley" que tiene el Estado sobre fondos buitre. El informe detalla algunas acciones adicionales de política pública que podía haber instrumentado el Estado argentino para mejorar la posición relativa en la negociación, en lugar de la opción de la capitulación elegida por el gobierno de Macri. Entre ellas, destaca
- la prohibición a los fondos buitre de obtener por los bonos emitidos por un Estado deudor un precio mayor al pagado para adquirirlos. Es replicar lo que establece la ley aprobada por el Parlamento de Bélgica el 12 de julio de 2015. De tal modo se impediría la especulación financiera con deuda soberana en default y reestructurada;
- la aplicación del orden público argentino al cumplimiento de sentencias extranjeras. El documento de la Bicameral explica que si una orden de pago da lugar a una ventaja ilegítima para la parte que recompra el préstamo o crédito a un tercero, es violatoria de la legislación nacional y por ende del orden público argentino. Así se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que negó la homologación de una sentencia adversa a la Argentina del juez Thomas Griesa (caso Claren Corporation c/ Estado Nacional, fallo del 6 de marzo de 2014);
- el procesamiento de los fondos buitre por el delito de usura (artículo 175 bis del Código Penal), consumado o en grado de tentativa. Los fondos buitre como propietarios del 1,6 por ciento de los bonos exigen el pago de la totalidad de esos bonos a valor nominal, más intereses y punitorios. El informe apunta que "conminan que se les pague 1600 millones de dólares por bonos que compraron en 2008 por 50 millones de dólares. Evidentemente exigen una tasa de interés que es usuraria"; y
- la prohibición a los fondos buitre o empresas vinculadas a que realicen determinadas actividades en territorio argentino.
Los fondos buitre desplegaron una guerra judicial que incluyó gran cantidad de demandas monetarias y embargos contra Argentina: 77 demandas judiciales que procuraron obtener sentencias monetarias y 46 intentos de ejecuciones judiciales y embargos, de los cuales 18 fueron en Estados Unidos, 12 en Francia, 7 en Bélgica, 2 en Luxemburgo, 2 en Suiza, 4 en el Reino Unido y 1 en Ghana. Además intentaron embargar desde reservas del Banco Central depositadas en el Banco de la Reserva de Nueva York y bienes de las embajadas argentinas en Estados Unidos, Francia y Bélgica, hasta un satélite de Conae listo para ser lanzado en California. No obstante su enorme artillería judicial, no obtuvieron ningún embargo firme.
Para adelantarse a previsibles impugnaciones de representantes de los intereses buitres en el país, la investigación de diputados y senadores aclara que, acerca de la capacidad de daño del Estado, las medidas contra actividades de fondos buitre en el país no hubiesen sido discriminatorias, porque se hubiese aplicado la legislación vigente. La Ley de Sociedades Comerciales 19.550 dispone que "cuando la sociedad de objeto lícito realizare actividades ilícitas se procederá a su disolución y liquidación a pedido de parte o de oficio" (artículo 19).
El anexo 2 del documento de investigación de la Bicameral incluye información muy reveladora del entramado societario de fondos buitre en empresas con actividades en el país. El buitre Paul Singer tiene participación en RR Donnelley Argentina, Iron Mountain Argentina, Delphi Packard Argentina, y Kenneth Dart en Dart Sudamericana.
Las siguientes fueron algunas de las actividades económicas de fondos buitre en Argentina que se judicializaron:
- Elliott Management Corporation y Elliot International LP, fondos buitre controlados por Paul Singer, son accionistas de Iron Mountain Argentina SA (Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 12).
- La quiebra de la papelera R. R. Donnelley, controlada por el fondo buitre Elliot, fue denunciada por fraudulenta por la AFIP (Juzgado Comercial n 19 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
- La multinacional Delphi, ligada al fondo buitre Elliot, de Paul Singer, fue denunciada por presunto delito de "alteración del orden económico y financiero" (Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3).
- El presunto contrabando cometido por Kenneth Bryant Dart, dueño de Dart Sudamericana, dueño del fondo buitre EM Ltd., en connivencia con Valle del Carmen SA, Woodford SRL y Valle Encantado SA (Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1).
A septiembre 2015, Elliott Management de Singer tenía presencia en 80 firmas financieras internacionales, entre ellas American Capital Agency Corp, Ishares Trust, Spdr Series Trust y Vanguard Index Trust. Esta última es uno de los fondos integrantes de The Vanguard Group, uno de los mayores fondos de pensiones del mundo. El 98 por ciento del capital de Donnelly era controlado por fondos institucionales y mutuos, entre ellos se encuentran esas firmas de Singer, siendo The Vanguard Group el más significativo pues posee acciones de R.R. Donnelly & Sons Company por un valor de 12.890.497 de dólares, equivalente al 7,09 por ciento del capital, a febrero de 2014.
The Vanguard Group también tiene una participación importante en Iron Mountain. Posee acciones por un valor de 26.267.170 de dólares representativo de 12,52 por ciento del capital, según informó en octubre 2014 a la SEC (comisión de valores estadounidense). De ese modo Singer a través de fondos buitre tiene participación en el capital de uno de los mayores depósitos de documentación del país, cuyo incendio en febrero de 2014 –cuya intencionalidad es motivo de investigación judicial– tuvo como saldo la muerte de 10 personas. Un vínculo societario similar se observa en el capital de la autorpartista Delphi Automotive Inc., cuyas filiales en Argentina son Delphi Packard, Delphi Packard Electric Sielin (entidad en liquidación) y Holdcar. Vanguard Group Inc. retiene el 7,36 por ciento de las acciones de Delphi Automotive PLC.
El informe de la Comisión Bicameral de la deuda externa que no fue tomada en cuenta en el debate por el acuerdo pro buitre concluye que "estos son sólo cuatro casos judiciales que atañen a dos de los fondos buitre que más han agredido a la soberanía nacional (Singer y Dart)". Propone una investigación más profunda que no sólo considere los casos judicializados, puesto que estima la existencia de más actividades de los fondos buitre en la Argentina o de sus empresas vinculadas.
OPINION
La hora del desbarajuste
Triunfo político oficialista y tarifazos a mansalva. Despidos en el Estado, falacias y contabilidad social. Maltrato a los trabajadores, ninguneo al impacto del ajuste tarifario. El semestre perdido para las mayorías. La vida en el presente, las virtualidades del futuro.
Por Mario Wainfeld
El oficialismo tuvo la delicadeza de no celebrar en el recinto la goleada en la votación de la Ley Buitre. Agrandado por el cambio colosal en la correlación de fuerzas, avanzó a su manera: despidos sin justificación ni reglas claras, tarifazos en servicios públicos esenciales y en transportes. Los condimentó con declaraciones peyorativas sobre trabajadoras o trabajadores cesanteados y agredidos.
Hay augurios transversales de una inflación galopante, que rozará o superará en el primer semestre el 25 por ciento que, según el presidente Mauricio Macri, iba a ser su marca anual.
La asimetría entre los avances políticos del macrismo y el desquicio económico social que provoca adrede signará este año y el próximo, solo para empezar. Los beneficios concedidos a la banca, los grandes exportadores, las patronales agropecuarias, las mineras, los usureros de las finanzas internacionales son fabulosos e irrevocables en el corto plazo. Algunos ya son más ricos, lo serán por décadas.
Otras personas, argentinos, son más pobres o desamparados. Para ellos, el macrismo revierte la máxima peronista: mejor que realizar es prometer. No hay medidas favorables pero sí promesas para cuando lluevan dólares e inversiones. El que apuesta a la lluvia equitativa de dólares venidos de afuera pierde, según corrobora la historia argentina desde el siglo XIX hasta el cierre de esta nota.
Cambiemos avizora otro porvenir, sin precedentes. El endeudamiento es su apuesta para revertir la caída general de producción, empleo y PBI. Ajústense los cinturones, quienes no vuelen en helicópteros privados.
Tómbola perversa: La escena se repitió en reparticiones públicas de todo el país. Los empleados llegan a su lugar de trabajo, se identifican para ingresar. En muchas hay sistemas de control accionables con impresión digital o credencial. La máquina dictamina: "ingreso permitido" o lo deniega. Lo usual ha sido que no les hayan llegado telegramas o cartas documento informándoles el despido. El gobierno de la transparencia y la comunicación on line no movió un dedo para informarlo antes, en reuniones cara a cara o en soportes accesibles y públicos.
Las decisiones se notifican de prepo, en edificios plagados por policías. Ante la protesta general, se cierran puertas de acceso provocando una situación riesgosa en caso de desbande.
La falta de reglas de juego agrava la movida. El "derecho de admisión" es como la Lotería de Babilonia de Borges, que repartía bienes o castigos no estipulados aun a quien no hubiera comprado un billete.
El bloqueo a la entrada le puede caer sin anestesia a un contratado flamante o a un empleado añoso. No hay parámetros expresos ni implícitos. Perversión adicional que propaga el miedo y el estrés.
Fantaseemos, por el absurdo, que Macri hubiera dispuesto echar a las mujeres que pesaran más de 60 kilos o a los hombres que midieran más de 1,75 metros. Sería un poco más arbitrario el método pero "al menos" cada cual sabría a qué atenerse. Es un sarcasmo, no lo propugnamos, se entiende... pero aspiramos a que se sopese cuán brutal es el abuso del enigma.
Tarjeta roja fácil: Se encoge la lista de dirigentes de Cambiemos que porfíen en que las personas cesanteadas son ñoquis. Ese trabajo sucio queda en manos de periodistas de medios dominantes, que sazonan su ruindad con burlas.
La casuística comprueba que se han dejado en la calle a gentes del común con años de antigüedad, con presentismo acreditado, fácil de corroborar. Para matizar también hay casos de embarazadas, personas licenciadas por enfermedad, discapacitadas. La tutela en esas situaciones es absoluta: prohibido despedir. Cuando las denuncias los jaquean los funcionarios macristas vuelven atrás, auto elogian su capacidad de rectificación. Autoestima sorprendente y piel dura, insensible a las secuelas irreparables o duraderas.
Un caso real, no excepcional: Ana Suárez trabaja desde hace años en la Municipalidad de La Plata. Antes fue empleada doméstica y también personal de comercio. Fue despedida por el intendente oficialista Julio Garro, casi concomitantemente con la asunción. Fue a protestar pacíficamente, se movilizó por primera vez en su vida. La Policía regó con balas de goma su nuca, su espalda, la cola. Suárez había concurrido con una hija adolescente descontando que acompañaba una protesta tranqui. Su foto fue publicada en muchos diarios, se hizo conocida. Fue reporteada en el programa Gente de a pie, que se emite por Radio Nacional. Ahí narró su biografía y comentó que había sido reincorporada. Contra el relato oficial: no todo está como era entonces. La víctima tardó semanas en recobrarse físicamente y sigue en tratamiento psiquiátrico. Se le concedió licencia médica. La retractación no borra el daño.
Quienquiera haya sufrido en carne propia la experiencia del despido, la agresión policial o estar desempleado, así sea episódicamente, sabe que, con variantes, su padecer se multiplicará por miles.
Laberintos y tómbolas: El régimen de la función pública está emparchado, necesitado de regularizaciones y supresión de condiciones fraudulentas.
Según el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) y los convenios colectivos hay dos categorías estrictamente legales. La primera es la Planta Permanente cuyos empleados gozan de estabilidad propia: no se los puede despedir. La segunda es la Planta Transitoria para tareas temporarias o programa que duran un tiempo fijo u otras variantes. Los trabajadores aportan al sistema de seguridad social, tienen derecho a vacaciones y aguinaldo, cobertura de obra social pero se pueden cesar sus servicios cuando vence el plazo. Las tareas transitorias deben corresponder a necesidades reales del Estado. Es habitual que bajo ese velo se encubran relaciones permanentes, es una forma de burlar la ley. Hay otras modalidades de contratación que dejan inerme al empleado público.
En 2003 el porcentaje de contrataciones irregulares era altísimo. El kirchnerismo resolvió muchas situaciones, llamó a concursos... Mejoró el porcentaje de situaciones regularizadas sin poner fin a la dispersión y a la supervivencia de variantes de fraude laboral. Una mirada atenta y necesaria demostraría que el desempeño fuer dispar en diferentes áreas del Estado.
Mejorar la situación es necesario. La praxis macrista va en el sentido inverso, desbaratando lo que hay, perfectible por cierto. No eleva el umbral, arrasa derechos.
Altas por arriba y bajas en otro nivel: El oficialismo creó cuatro nuevos ministerios, 15 Secretarías, 35 subsecretarías. Los nombramientos van en consonancia. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, lleva la batuta de los despidos en todas las carteras. La suya es flamante, superpoblada de cargos altísimos. El macrismo es magnánimo al engrosar los rangos más empinados del escalafón. Las bajas recaen en categorías menos favorecidas, en grandes números y en general. Dicho como ejemplo tomado del Boletín Oficial: si se dan de baja 6 empleados que ganan 15000 pesos por mes y entran otros tantos que ganan 50.000 el gasto social crece, pari passu con el desempleo.
Imposible hacer la contabilidad minuciosa, a falta de data proporcionada por el oficialismo. En el ínterin crecen las dudas acerca del ahorro. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncia que no lo hay, el gobierno calla. Suena una sola de las dos campanas, queremos preguntar.
Sin reparos: El estado o los patrones privados disponen de facultades para rescindir ciertos contratos laborales. Los requisitos y contraprestaciones exigidos son mayores que la media mundial o la regional.
Es una constante (espasmódica, ya explicaremos el oxímoron) de la legislación nacional, diferente a las de otros países. Los nac & pop o la izquierda las juzgamos positivas, algunos hasta piden mayor protección. Para los neo conservadores la falta de "flexibilidad" nubla el clima de negocios, atenta contra la competitividad, una de cuyas patas es la explotación (más) intensa.
Como fuera, existen principios institucionales, incluidos en la Constitución o en leyes. Los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa desbarataron o avasallaron conquistas consecuencia de la lucha popular. El kirchnerismo construyó una legislación reparadora que restituyó derechos añejos y añadió nuevos. Sectores relegados por años fueron objeto de atención y cobertura: los peones rurales, las trabajadoras de casas particulares o a domicilio solo para empezar.
Despedir no es una prerrogativa monárquica. Es forzoso notificar las cesantías con recaudos precisos, por escrito, fundamentando. Es el imperio de los "derechos humanos del presente", que tanto clamor levantan. La dignidad debe mantenerse incólume: los dueños o funcionarios carecen de atribuciones para maltratar a sus empleados. Internalizarlo es difícil para patrones de estancia o CEOs de grandes empresas.
Lanzar al desempleo es de por sí terrible daño; no abre puertas al sadismo o la desconsideración que en la práctica están separados por líneas muy tenues.
Los anuncios del miedo: Los aumentos de luz, gas, combustibles y transportes anunciados en combo garantizan traslaciones a precios, merma del poder adquisitivo de clases medias y proletarias, enfriamiento de la actividad económica. Su impacto y magnitud serán analizadas por periodistas o académicos más calificados. La Vulgata mediática macrista se resigna a decir "ajuste".
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, debió mudarse del Ministerio de Economía a la Casa Rosada para su respectiva conferencia de prensa. Una protesta de trabajadores lo indujo, un signo de la etapa.
Dietrich es un empresario próspero, vende muchos autos aunque en la ciudad prefiere desplazarse en motos o bicicletas de primera. Es más expeditivo, cuenta. Tal vez por eso subestime lo que pesarán las subas en el bolsillo de quienes andan en subte, tren o bondi.
Comunicar medidas impopulares (o anti, usted sabrá) siempre es desdichado, motivo sobrado para hacerlo con recato y respeto. Dietrich subestimó el impacto en el bolsillo de los usuarios: "en plata es poco". A título de ironía o de humor negro: si quiere ser más cínico todavía puede argumentar que quienes se queden sin trabajo ahorrarán más en transporte.
Prometió "tarifa social" para mitigar la carga a varios conjuntos de usuarios. La tarifa cubre a 2.200.000 usuarios, confesó. Como la "SUBE": es herencia del gobierno kirchnerista. Prestaciones del estado fofo, grasoso, bobo... en fin.
Dietrich ve en el horizonte la ampliación de la tarifa a seis millones de personas. Los boletos ya están en la estratósfera, las coberturas son virtuales. Hay dos velocidades de la acción pública. Los aumentos llegan "de una", para los paliativos habrá que confiar en la eficacia comprobada de los sistemas creados por el kirchnerismo y en la hipotética eficiencia de los funcionarios macristas.
Aumentarán los importes de las tarifas sociales, ya mismo.
Centrales unidas ¡uia!: ATE y las dos CTA sostienen la resistencia y la defensa de los estatales, día tras día, en los lugares de trabajo. Son hoy la mejor representación de la clase trabajadora, una señal de alerta para el kirchnerismo que las relegó. Y para las dos CGT que se manejaban hasta fin de marzo con parsimonia que comenzaron a rectificar. Las cuatro centrales se reunieron con diputados (ninguno del oficialismo) y lo harán con senadores la semana próxima.
Delegados de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) comenzaron a dar la cara en conflictos. Alguno habló en los habituales actos de fin de semana en las plazas. La recepción fue dura, lo que puede eventualmente ser injusto con alguno pero refleja una valoración acertada sobre el desempeño de la conducción del gremio.
Una máxima del gremialismo peronista aconseja replegarse a las "organizaciones" en tiempos difíciles. Aun a costa de desamparar un cachito (o un muchito, según) a los compañeros a fin de preservar al sindicato para tiempos más propicios. Siempre fue discutible, sobre todo por la muy desigual libido destinada a cada objetivo. Sería entre un disparate y una canallada apelar a la táctica defensiva en este momento, con la población avispada y consciente de sus derechos frente a un gobierno que ansía conservar legitimidad electoral y consenso masivo.
La cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) recibió al ministro de Producción, Francisco Cabrera. El cónclave fue amable en los modales pero el paquete de temores y vaticinios de los hombres de negocios mete pavor.
Todo discurso sectorial es sesgado: seguro que parte del diagnóstico busca allanar terreno para las paritarias y para procurar franquicias del estado. Desagiando ese componente, truena la advertencia de Juan Carlos Sacco, secretario de la entidad, vertida en los oídos de Cabrera y en declaraciones a la prensa. Ponderó que "si no hay algunas medidas rápidas, se pueden perder entre 100 y 200 mil puestos de trabajo" y apuntó que el gobierno "se quiere suicidar" con los incrementos de tarifas. Quienes alertan son compañeros de ruta, que celebraron eufóricos el cambio de gobierno.
Semestre de miedo: La herencia del Estado populista cede paso a una versión aggiornada pero no tan novedosa del estado de malestar de la derecha.
La realidad es dialéctica, los vasos comunicantes son más descriptivos que los compartimentos estancos. El golpe ¿blando? en Brasil, tan ansiado por el establishment local, seguramente causaría un colapso económico con repercusiones tremendas en estas pampas. Derogar o restringir el "impuesto al trabajo", la demanda laboral más intensa de las CGT y el Frente Renovador, empiojaría la ecuación financiera de los gobernadores, que tan gozosamente aúpan a Macri.
El verano macrista fue arduo para las mayorías sociales, en plena luna de miel. El invierno se insinúa crudo, frío al mango. La fecha del rebote económico M se trasladó al segundo semestre en el cual el gobierno promete "agenda social", inversiones extranjeras, creación de fuentes genuinas de trabajo en el sector privado. Tendrán que remontar la cuesta abajo: el desempleo creciente, la inflación acumulada, la recesión que ya se percibe.
Las historias de vida de los despedidos o los que sufren ataques al bolsillo se transforman en indicadores sociales. Vale preguntarse cuántas personas padecen emocional o económicamente en forma directa. Y cómo incide la merma de ingresos de las clases populares en la economía general.
El kirchnerismo dejó su herencia, que debe leer en clave de película y no de foto. Niveles de empleo, de informalidad, de consumo popular, de inflación tangibles y estables. Algunos son virtuosos, otros no, el "trabajo en negro" se amesetó en exceso en los años recientes. El gobierno empeoró todos... y va por más.
Las personas normales viven en el presente, quieren (tienen derecho a) comer su porción de la torta ahora y no cuando virtualmente crezca, beber de la copa antes de que derrame.
El macrismo promete un futuro venturoso con inversiones jamás vistas. Es porvenir, incierto por definición En esta semana empeoró el cotidiano de millones de argentinos. Para redondear, ninguneó el impacto y maltrató a trabajadores. Algunos llaman a eso "remedio necesario" o imaginerías parecidas. Otros podemos creer que es defensa de intereses, empecinamiento ideológico. Mal gestionado, además.
JUAN CARLOS SCHMID HABLO DE LAS MEDIDAS DE
MACRI Y DE LA UNIFICACION DE LAS CGT
"La única política que aplicó es de shock"
El dirigente de la central sindical que lidera Hugo Moyano advierte que no ven que el Gobierno tenga una herramienta para enfrentar la inflación y el desempleo. Sobre la fusión de las CGT, dice que es "un trabajo lento" y destaca que "ahora tenemos una agenda común".
Por Julián Bruschtein
"Siempre se dijo `y para qué nos vamos a juntar, esto no tiene que ser un amontonamiento', y ahora tenemos una agenda común. Lo que hay que ver es cuáles dirigentes encarnan mejor la defensa de esa agenda." Con su cartera de mano marrón y el último número de Le Monde Diplomatique sobre la mesa, el secretario general de la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid, compartió con Página/12 la mirada de la CGT que encabeza el camionero Hugo Moyano en el camino hacia la fusión con las dos centrales hermanas. Además apuntó que "la caída del nivel de empleo en combinación con la persistencia de la inflación históricamente desemboca en una crisis política", anticipando un panorama que la central obrera ya está observando y agregó que el macrismo "ya va por los 120 días de gobierno y la única política que desplegaron es de shock". La marcha del 29 de abril "va a ser multitudinaria y vamos a hacer a mostrar nuestra agenda a la opinión pública y el Gobierno nacional".
–Parece haberse terminado la paciencia de la CGT con el gobierno de Mauricio Macri. ¿Esperaban otra política para los trabajadores?
–Yo provengo de una CGT que ha cuestionado la marcha de la economía y el ejercicio de la política de los últimos tres o cuatro años. Suelo decir que nosotros siempre hemos mantenido esa posición. Indudablemente la situación se ha agravado y tiende a agravarse. Los problemas que estaban presentes en la agenda han recrudecido, en lugar de resolverse se han profundizado y esto también ha hecho que muchas expresiones que acompañaban a la gestión anterior también adviertan este peligro. Puede haber distintas miradas alrededor de todo esto, pero lo cierto es que nosotros en todo caso hemos reafirmado nuestra voluntad de poner sobre la mesa las cuestiones que están faltando en el país. El tema inflacionario venía desde antes, ahora se agudizó. La caída del empleo no estaba en el sector público pero no había creación de puestos de trabajo en el sector privado. El crecimiento estaba detenido por más que hoy hay una controversia de quienes dicen que creció o que no creció. Los problemas de infraestructura estaban antes, ahora yo creo que se van a agudizar porque, por más que aterricen la inversiones, el trabajo de reposición en energía salud y educación es de largo plazo.
–¿Este escenario político abonó el camino de la unidad de las tres CGT?
–Hemos tenido una postura que indudablemente estamos llevando a cabo todos juntos y esto es un hecho muy valioso, muy importante. Más importante que la foto del miércoles (cuando se acercaron los cinco secretarios generales de las organizaciones de trabajadores al Congreso) fue todo el tiempo que estuvimos, cerca de tres horas y media, discutiendo con los diputados. Y esto no es un ejercicio muy común en la alta dirigencia sindical, creemos que esto es muy valioso.
–¿Es decir que es un hecho que se pueda llegar a una sola CGT?
–En realidad es un trabajo lento, complejo, de mucha paciencia que se inició hace un año atrás y que desembocó en el encuentro del Castelar, de ahí el nombre del grupo. De alguna manera empieza a madurar a partir de que en la CGT se juntaron los diputados de extracción sindical y después estas tres expresiones del sindicalismo que felizmente tuvieron una vinculación con las dos expresiones de la CTA que estuvieron también en la Cámara de Diputados.
–Cada vez que se tiene que elegir la conducción de la CGT su nombre aparece en el listado...
–En el peronismo tenemos una frase histórica: "Todos llevamos el bastón de mando en la mochila". Pero también es verdad que elegir secretario general en la Argentina es más difícil que elegir al Papa. Acá lo importante primero es que haya una reunificación porque por primera vez hay algo importante para destacar: el "para qué". Siempre se dijo "y para qué nos vamos a juntar, esto no tiene que ser un amontonamiento", y ahora tenemos una agenda común en la que está el aumento de emergencia para los jubilados, la emergencia ocupacional, la modificación del sistema tributario, que las asignaciones familiares sean de carácter universal para todo el mundo, el cuestionamiento al protocolo de seguridad y garantizar la ratificación del derecho de huelga que hoy está siendo atacado en todo el mundo. Es una agenda concreta el para qué, por eso lo que tenemos que discutir es cuáles dirigentes encarnan mejor la voluntad de que esos reclamos sean llevados adelante.
–Mauricio Macri ya lleva más de cuatro meses de gobierno. Siempre se habla de una tregua de noventa días para dar tiempo a que muestren sus políticas. ¿Ya es hora?
–Bueno, es verdad porque ya no son ni 30, ni 60, ni 90; ya va por los 120 días y la política que desplegaron es de shock, no hay otro nombre. No hay compensaciones frente a lo que está ocurriendo. Digo, está bien que siempre en los procesos electorales se recurre a esta interpretación, pero la etapa social histórica tiene otra cronología. Si los salarios ya no alcanzaban en el último trimestre del año pasado, menos van a alcanzar ahora. Y esto no tiene nada que ver con la última elección, el compañero no llega a fin de mes a parar la olla. Esta no es una interpretación desde lo sindical, es desde el sentido común, si lo entendieran de esta manera, la política se ejecutaría de otra forma.
–La oleada de despidos parece no detenerse. ¿Qué evaluación hace la CGT?
–La caída del nivel de empleo en combinación con la persistencia de la inflación históricamente desemboca en una crisis política; esto no es de ahora, siempre fue así. En la CGT no vemos señales que impliquen que va a haber un instrumento, una herramienta o un sendero para enfrentar estas dos cuestiones. Hubo una apuesta muy fuerte del Gobierno para romper la brecha cambiaria y para darle ventajas a los grupos económicos, los grupos económicos no respondieron con la misma moneda. Hubo una velocidad muy concreta para resolver estos dos puntos que estaban en la campaña y una velocidad mínima para abordar los temas sociales. Esto lo podemos sintetizar de esta manera: había una brecha cambiaria, la resolvieron, pero la brecha social no.
–Por lo que plantea, la brecha social se va a agudizar...
–En vista de las perspectivas el trazado nos indica que vamos en ese camino.
–¿Cuál es el camino de la CGT frente a esto?
–Me parece que es el camino del sindicalismo más que el de la CGT solamente. Se trata de combinar el pensamiento, la estrategia, nuestra identificación de los graves problemas que vive hoy el país, junto con la acción. Por eso hay prevista una movilización en vísperas del 1 de mayo, pero no solo para conmemorar el 1 de mayo en términos tradicionales sino para que esta agenda que ha surgido de los sindicatos sea puesta al frente de la opinión pública y frente al Gobierno nacional.
–Ahora que están en buenos términos, ¿se invitó a la CTA al acto?
–Todavía no está muy claro, pero es probable que haya algunas conversaciones. Pero no podría adelantar que se concrete.
–¿La interna del Partido Justicialista (PJ) va a influir en este proceso que se está dando en el sindicalismo?
–Creo que el PJ está en ebullición. No me parece que esta fórmula que están buscando de normalizarlo sin ahondar en los problemas más cercanos como la derrota electoral ni cuántas miradas hay para el peronismo del siglo XXI, me parece que eso no va a ser saldado. Y menos va a ser saldado si no hay una participación abierta del movimiento sindical. Hay muchas expresiones que están afuera todavía, yo diría que son mayoritarias.
–Moyano se fue y no volvió a participar del PJ...
–Moyano, los gremios del transporte tampoco, y todos estos son elementos muy importantes.
–¿Falta liderazgo en el PJ? Por un lado, hay sectores que están pidiendo que la ex presidenta Cristina fernández de Kirchner y, por otro, tampoco hay figuras importantes del peronismo que estén asumiendo ese rol.
–Frente a un estilo tan concentrado en el poder que hubo durante el kirchnerismo, hay que reformular quién ocupe ese vacío. Creo que en principio hay que asumir la derrota, encontrar las vías de analizarlo sin que esto termine agrietando a todo el peronismo, hacerlo con una madurez superadora porque estamos frente a otra etapa. Hay muchos sectores, entre ellos estoy yo, que sostienen que se le alfombró el camino para que aparezca esta expresión de la derecha en la Argentina. En la medida que no se despeje esa incógnita es difícil que encontremos una etapa superadora.
Advertencia de Moyano a Macri
La tremenda inflación que hemos sufrido en los últimos meses le saca un plato de comida a la gente. Esto tienen que entender muchos funcionarios y evidentemente los técnicos que asesoran al Presidente no se dan cuenta o no han pasado nunca necesidad y esta realidad." Por si esa sola afirmación no fuera suficiente, el secretario general de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, dejó ayer otras definiciones que hablan a las claras de que su luna de miel con Mauricio Macri parece llegar a su fin. "Estamos llamando a la reflexión al Gobierno, estamos diciéndole 'señores, no pueden seguir aplicando estas políticas perversas que hacen tanto daño a los sectores menos pudientes'", dijo también. El líder camionero señaló que "la mayoría de los funcionarios son CEO de empresas, gerentes que ven otra realidad de la que vive la gente", lo que lleva a que "estas medidas sean mucho más graves de lo que podían ser". Moyano afirmó que "había que sincerar la economía, pero no de la forma tremenda en que lo están haciendo" y le pidió a la administración macrista que "entienda" los reclamos del sindicalismo porque "si no es inevitable que se tomen medidas para que los funcionarios entiendan que esto no puede ser de la forma en que lo están haciendo". "Si no escuchan estos reclamos, después se verá", remató Moyano, cuyo hijo Pablo – quien conduce el sindicato de Camioneros – ya había marcado el jueves la distancia que hoy por hoy los separa de Macri.
Por la unidad de acción
El secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma, Pablo Micheli, advirtió que "vamos camino a un conflicto social" y alentó la unidad de acción con las otras cuatro centrales sindicales: "Estar unidos" – remarcó – "es el único camino frente a los despidos y los tarifazos brutales que afectan el bolsillo de los trabajadores". El gremialista también recordó los incumplimientos de las promesas de campaña de Mauricio Macri y como ejemplos citó "la situación de los jubilados que tienen ingresos miserables sin que se concrete el 82 por ciento móvil" y la "no mejora de las escalas de Ganancias". "Nosotros vimos lo que iba a suceder, algunos otros compañeros no lo habían visto y lo están viendo ahora, así que estamos unidos buscando respuestas y no vamos a abandonar la calle en esta búsqueda", agregó Micheli y comentó que el movimiento obrero está "pensando en realizar acciones sociales" junto con asociaciones de consumidores, como la prevista para el próximo jueves, día en que desde esas entidades se convocó "a no comprar ningún producto en los hipermercados con el fin de poner un freno a los formadores de precios y demostrar al Gobierno que hay jornadas de protesta". El titular de la CTA Autónoma también recordó que para "el 15 de abril estamos pensando en una acción movilizatoria contra los despidos, camino a otra acción que se hará antes de fines de abril".
PASES DE FACTURAS ENTRE LA UCR, LA CC Y
EL PRO POR LAS ÓLTIMAS MEDIDAS DE MACRI
Una nueva grieta en la alianza
Tras las críticas públicas de Carrió al "ajuste brutal" del PRO, los radicales también dejaron entrever su "preocupación" por el rumbo de la economía y la falta de "manejo político" del macrismo. Reproches por la falta de diálogo en la toma de decisiones.
Macri reunió esta semana a Sanz y a Carrió para ordenar el frente interno tras las declaraciones de la chaqueña.
Por Sebastian Abrevaya
La alianza Cambiemos volvió a crujir esta semana, tras los nuevos tarifazos y la seguidilla de despidos que realizó el Gobierno y que despertaron las luces de alerta en sus dos principales socios políticos: la Coalición Cívica y la UCR. La diputada Elisa Carrió hizo sentir su disconformidad por el "ajuste brutal", lo que le valió una convocatoria de Mauricio Macri para encauzarla, con el radical Ernesto Sanz como coequiper de contención macrista. Sin embargo, en el radicalismo la percepción es la misma: "Nosotros somos más responsables y por eso no lo decimos en público pero eso no quiere decir que no estemos tan preocupados como Carrió", relató un dirigente de primera línea. En este contexto, la diputada tiene un ojo puesto en su futuro político, la provincia de Buenos Aires, donde evalúa competir como candidata a diputada o a senadora.
A las peleas que surgieron luego de la victoria electoral por la distribución de los espacios de poder, se le sumaron los roces por los DNU y las decisiones inconsultas de las primeras semanas de gestión. Con la apertura del período legislativo, la UCR depositaba su esperanza en un mayor diálogo producto del trabajo conjunto en el Congreso. Sin embargo, la oportunidad de mostrar un triunfo con el acuerdo de pago a los fondos buitre se apagó rápidamente por el impacto social y económico de las iniciativas que se fueron acumulando desde los primeros meses y que se profundizaron con los últimos tarifazos.
"Hay mucha preocupación porque la situación social se está deteriorando muy rápido y el tema de apelar a la paciencia es muy riesgoso. Macri hizo las cosas al revés. Tendría que haber dado los incentivos a los asalariados como modificar las escalas de Ganancias y después empezar el ajuste de a poco. Transfirió demasiados fondos, demasiado rápido, a muy pocas manos", sintetiza un radical de diálogo permanente con los pocos radicales que integran el gabinete. El informe de la Universidad Católica Argentina, que indica un incremento de un millón y medio de pobres, sumado a la advertencia de la Unión Industrial sobre la pérdida de hasta 200 mil puestos de trabajo generó un nuevo pase de facturas por la falta de "manejo político" de la administración macrista. "Monzó, Pinedo, Frigerio, Michetti, ninguno sirve para atajarle un penal a Macri. No tienen una visión política global, sistémica, del país", se queja un legislador radical que rescata en cambio la figura del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, pero lamenta que no tenga mayor margen de maniobra dentro del equipo económico. Le reconocen al ex referente de la Coalición Cívica las gestiones con los holdouts pero reclaman la falta de programa industrial y agropecuario por parte de otros ministros. Incluso el propio Ricardo Buryaile, ex diputado radical, escuchó de parte de sus correligionarios la demanda de "empezar a laburar" y definir un "programa nacional agropecuario" después de la devaluación y de haberle otorgado al sector la quita de retenciones.
Otro punto que critican los radicales es la falta de anuncios en materia social, cuando la inflación está en pleno aumento, se eliminan subsidios y se aumentan tarifas. El único anuncio que se le escuchó a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, es la espera de un crédito del Banco Mundial para ampliar al Asignación Universal por Hijo. "No tienen nada para ofrecer pero además usar un crédito para eso no está bien", remata un boina blanca que transita la Cámara baja.
Los vínculos políticos se vienen deteriorando desde hace rato. El jefe del bloque en Diputados, Mario Negri, tuvo que "mostrarle los dientes" a Emilio Monzó, presidente de la Cámara, para lograr los lugares espacios en las comisiones que se terminaron de resolver en las últimas semanas.
Pero aunque las críticas se profundizan, el destino de los radicales en la alianza de gobierno ya está sellado a fuego: "Acá estamos todos adentro de un barco y si se hunde nosotros nos hundimos con él", se lamentan y agregan: "El problema es que si le llega a ir bien, a nosotros nos va a pasar por arriba".
Producto de esta situación comenzó a especularse con el regreso de Ernesto Sanz a un rol protagónico. El ex senador mendocino funciona ahora como un "asesor en las sombras" ya que sigue siendo el interlocutor predilecto de Macri con los radicales. Por otro lado, la UCR ya tiene en el horizonte uno de los juegos que más les gusta: la interna. En septiembre se renuevan las autoridades bonaerenses y Ricardo Alfonsín, totalmente relegado y sin mayor influencia debe dejar su silla en el Comité provincial. Algunos depositan sus ojos en Daniel Salvador, actual vicegobernador, pero muchos dirigentes están disconformes con su actitud para defender ante María Eugenia Vidal los espacios para sus correligionarios.
La situación de Carrió, en cambio, es totalmente diferente. En la Coalición Cívica remarcan que la chaqueña no dejó a sus dirigentes ocupar cargos en el gabinete precisamente para tener más autonomía y poder desarrollar su propia estrategia política con libertad. La lista de socios políticos de Lilita que padecieron sus estiletazos es larga. Se remonta a la Alianza de Fernando de la Rúa, se repite con la UCR luego de la debacle y sigue con la líder del GEN, Margarita Stolbizer, el socialismo de Hermes Binner, Proyecto Sur de Fernando "Pino" Solanas hasta llegar al PRO de Mauricio Macri. "El macrismo se lo veía venir pero la subestiman", sostiene uno de esos socios que ya quedaron en el camino. Después del fracaso rotundo en las primarias de 2015, en las que sacó el 2,3 por ciento, Carrió camufló su derrota debajo del triunfo de Macri. Ahora busca resurgir pegando el salto a la provincia de Buenos Aires, donde tiene domicilio desde hace meses por su nueva casa en Exaltación de la Cruz. Tiene dos opciones: puede encabezar la lista de senadores, una jugada más arriesgada porque podría competir con Sergio Massa y Daniel Scioli, dos pesos pesados del peronismo que ya están anotados. O sino garantizar la renovación de su banca en la Cámara baja, encabezando la lista de diputados nacionales. En cualquier caso, la apuesta es mantener un perfil propio, lo que en definitiva puede costarle caro a la propia alianza que ayudó a gestar y que podría terminar explotando, como ocurrió hace 15 años.
Macri con intendentes radicales
El radicalismo reunirá el martes a los 440 intendentes que tiene el partido en todo el país. El encuentro, que será en Córdoba, lo presidirá el titular de la UCR e intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, y contará con la presencia del presidente Mauricio Macri. "El encuentro servirá para intercambiar experiencias y definir agendas en común", adelantó Corral, quien además elogió la visita del Presidente: "Comprende perfectamente el trabajo de los intendentes por su experiencia en la Ciudad de Buenos Aires", dijo. "Los intendentes radicales administramos localidades donde viven cinco millones de argentinos", sostuvo el jefe de la UCR para tratar de mostrar el peso territorial de su partido.
VICTORIA CON LA LEY BUITRE PERO LÍMITES
PARA NUEVO ENDEUDAMIENTO Y DESPIDOS
Líneas paralelas
La victoria política del gobierno con la ley buitre es inocultable y obedece a las condiciones estructurales de la economía y a la asimetría entre la Nación y las provincias. Pero un proyecto de ley transversal a distintas fuerzas de la oposición sometería al Congreso todo nuevo endeudamiento. También podrían aprobarse proyectos de emergencia que detengan la oleada de despidos, que ya está impulsando un reagrupamiento sindical. El default se debe a De la Rúa y Cavallo, no a Rodríguez Saá.
Por Horacio Verbitsky
La aprobación por los dos tercios del Senado del acuerdo con los fondos buitre, que a su vez preanuncia un nuevo ciclo de endeudamiento externo, constituye una victoria política del gobierno del presidente Maurizio Macrì que es imposible exagerar. La interpretación que se promueve desde el gobierno la presenta como símbolo de una nueva política de diálogo y consensos, que vendría a sustituir doce años de verticalidad y autoritarismo, lo cual marcaría un precoz eclipse del liderazgo de la ex presidente CFK.
El estilo de un gobierno que tuvo mayoría en ambas cámaras del Congreso no puede ser igual al de otro que está en minoría en la Cámara de Diputados y tiene una representación minúscula en el Senado. Pero atribuir el resultado a un cambio de clima político o a la habilidad de un par de operadores, como el ministro de Obras Públicas Rogelio Frigerio (n) y el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, es una interpretación simplista que prescinde del análisis de algunos condicionamientos estructurales de la política argentina, cuyo centralismo no depende del temperamento de los gobernantes sino de la desigualdad de recursos entre la Nación y las Provincias. Por cierto hay votos de fuerte contenido ideológico, tanto a favor como en contra, pero la dependencia provincial del Tesoro es una motivación insoslayable en el resto de los casos. Esto puede no advertirse con claridad, debido a la homogeneidad política entre el Poder Ejecutivo Nacional y las jefaturas de gobierno de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, los dos distritos que menos necesitan del aporte de la Nación para financiar sus respectivos presupuestos. Los legisladores de PRO que responden a Horacio Rodríguez Larreta votaron a favor del acuerdo porque representa la política de su partido pero lo necesitaba mucho menos que cualquier otro gobernador, ya que financia con recursos propios el 81,68 por ciento de los gastos de la Ciudad Autónoma. Lo mismo puede decirse de María Eugenia Vidal, cuyos recursos propios llegan al 59,7 por ciento, bien por encima del promedio nacional del 42,69 por ciento. Formosa, Catamarca, La Rioja, Jujuy y Santiago del Estero reciben de la Nación nueve de cada diez pesos que gastan; Corrientes, Chaco y San Juan obtienen por esa vía en torno al 85 por ciento; Salta, el 79 por ciento; San Luis, La Pampa, Tucumán y Tierra del Fuego arañan el 75 por ciento, Tucumán y Entre Ríos el 72 por ciento, Misiones el 71 por ciento (Todos estos datos son oficiales de la Secretaría de Hacienda y corresponden al tercer trimestre de 2014, pero desde entonces no hubo cambios sustanciales salvo en los casos de Córdoba, San Luis y Santa Fe, beneficiadas por el fallo de la Corte Suprema que ordenó al Estado Nacional devolverles el descuento del 15 por ciento en la coparticipación, que cedieron por los pactos fiscales cuando se privatizó el sistema jubilatorio). No es de extrañar que los senadores de esas provincias hayan votado a pedido de sus gobernadores junto con el gobierno nacional, cualquiera fuera su bloque de pertenencia. Las pocas excepciones a esta regla se encuentran en Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner, cuyos senadores del Frente para la Victoria se opusieron, igual que dos de La Rioja, uno del Chaco y uno de San Juan. El resto de los senadores del Frente para la Victoria que se pronunciaron en contra provienen de provincias gobernadas por la Alianza Cambiemos, como Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza o Corrientes, por fuerzas provinciales como el Movimiento Popular Neuquino o Juntos somos Río Negro, o por fracciones del Peornismo Opositor como San Luis y Chubut. Para medir el declive de las autonomías provinciales, basta recordar que a mediados del siglo pasado las provincias financiaban con recursos propios el 80 por ciento de su presupuesto. En las actuales condiciones los gobernadores serán transversales a cualquier gobierno nacional, con independencia de sus definiciones políticas. Los únicos que no lo consiguieron fueron los dos presidentes radicales: Alfonsín porque si no redistribuía a las provincias los puntos de coparticipación que le arrancó a su débil correligionario bonaerense Alejandro Armendáriz, no hubiera ni siquiera ingresado al último año de su mandato; Fernando de la Rúa porque nunca entendió cómo se ejerce el poder en este país despiadado. Los radicales de hoy se han encallecido, y el gobierno de Macrì tiene tantos peronistas como radicales en sus filas. Su habilidad estuvo en explotar al máximo esas asimetrías. Al plan canje que propuso el presidente del bloque mayoritario en el Senado, Miguel Pichetto (votos en el Congreso por transferencia de recursos de la Nación en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el reintegro del 15 por ciento detraído de la coparticipación cuando se privatizó el sistema previsional) el gobierno respondió con dureza: por un lado abrió una investigación en la ANSES sobre el desempeño del ex gerente financiero Juan Manuel Pichetto, quien fue el principal colaborador allí de Diego Bossio; por otro dejó ver que estaba en el interés de las provincias el recurso a los mercados voluntarios de deuda, imposible sin el pacto con los buitres y que quien torpedeara el acuerdo mejor fuera preparándose para una larga travesía del desierto.
La ley votada tiene graves deficiencias que fueron señaladas en las reuniones previas con especialistas y en el recinto. Contiene un cálculo impreciso del monto de los juicios perdidos que deben saldarse, con intereses descomunales y quitas de maquillaje; incluye el pago de honorarios por juicios ganados, como el de la fragata Libertad en el Tribunal del Mar; no previene contra futuros juicios y posibles fallos adversos, tanto por parte de los tenedores del 3,5 por ciento restante del total de bonos que cayeron en default hace quince años, como de aquellos que ingresaron en forma voluntaria a los canjes de 2005 y 2010 con la promesa de que no habría ofertas mejores en el futuro; ni siquiera queda claro si se va a pagar antes o después de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York levante las cautelares que impiden pagar a quienes reestructuraron su deuda hasta 2010, si es que se van a levantar. Pero además, el argumento central del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales que lo acompañaron es que esto permitirá volver a los mercados internacionales de crédito a tasas reducidas. Es difícil decir si lo peor de este razonamiento es su falsedad (las tasas para colocar estos primeros 12.500 millones de dólares del acuerdo siguen siendo el doble de las que paga Bolivia, por ejemplo) o su carácter perverso (ya que ni el déficit nacional ni los provinciales requieren dólares, sino pesos). Todos declaman que los créditos que se tramiten serán para proyectos de infraestructura, pero esto lleva años de trabajo de ingenieros, economistas y abogados antes de que comiencen los desembolsos, mientras las urgencias actuales están en la cuenta capital y en el déficit fiscal. El festival de cifras al que se entregan con fruición los operadores no tiene límites. Mientras Miguel Broda dice que se necesitan 40.000 millones de dólares, Adelmo Gabbi vaticina que ingresarán 30.000 por año. Pero las estimaciones de las empresas estadounidenses que durante la visita del presidente Barack Obama se reunieron en la Sociedad Rural fueron de 4.000 millones al año durante los cuatro del mandato macrista. Si el cálculo del presidente de la Bolsa debiera tomarse como algo más que una expresión de deseos, sólo podría aproximarse algo a la realidad sumando ingresos de capitales para comprar a precio vil empresas nacionales que no sobrevivan a este revival neoliberal o realizar ganancias fáciles con el subibaja de tasas y dólar, para retirarse luego sin haber creado un puesto de trabajo ni aumentado en nada la producción o el comercio. Peor aún, incluso las inversiones directas reales que no generaran aumento de exportaciones o reducción de importaciones por substitución con producción local, no ayudarían a enfrentar la restricción externa, que el último año redundó en el primer déficit comercial en lo que va del siglo, por la crisis mundial que golpea a los principales socios comerciales de la Argentina, con la desaceleración china, la crisis europea y la brutal recesión brasileña. La peor derrota del kirchnerismo no debe buscarse en una votación en el Congreso, que podrá revertirse mañana, sino en la perpetuación de esas dos fallas estructurales: la falta de autonomía de las provincias ante la Nación y de la Argentina en el mundo, sin las cuales no hubiera sido posible la regresión política que implica la Alianza Cambiemos. Ninguna de las políticas del nuevo gobierno aliviará esos problemas, sino que los volverá más graves. El soterramiento del ferrocarril del Oeste, a cargo de una empresa familiar del presidente, será una obra muy positiva para los pasajeros y el entorno urbano, mejorará la calidad de vida en su traza y permitirá buenos negocios inmobiliarios, pero no equilibrará en nada la balanza comercial. En el pasado, el grueso del nuevo endeudamiento financió la dolarización de activos dentro del país y la constitución de activos en el exterior. Los cálculos de Eduardo Basualdo, Matías Kulfas y Jorge Gaggero muestran que endeudamiento y fuga fueron entre 1974 y 2011 dos líneas paralelas. El gobierno cabalga en ambas: el presidente del Banco Central aún está procesado por el Megacanje de 2001 y el ministro de Hacienda, investigado por la fuga al exterior de parte del precio que Amalia Fortabat percibió por la desnacionalización de la cementera Loma Negra. Y los mismos bancos que colocan los bonos argentinos con buenas comisiones, facilitan la fuga de esos recursos. Un negocio redondo, pero no para el país. Con la intención de impedir que el futuro repita aquella historia nefasta, los senadores Juan Manuel Abal Medina, Rodolfo Urtibey, Omar Perotti y Liliana Negre de Alonso anunciaron la reforma del título III de la ley de administración financiera de modo que no pueda contraerse nueva deuda externa ni prorrogar la jurisdicción soberana sin previa autorización por ley especial del Congreso. La idea inicial había sido incluir esa reforma en la ley votada el miércoles o tratarla aparte en la misma sesión, pero por razones logísticas no se alcanzó el número de firmas necesarias en las comisiones que debían dictaminar. El próximo miércoles el proyecto se tratará en las comisiones de Economía y de Presupuesto y Hacienda y una semana después podría llegar al recinto. Ésa será la ocasión de ver si el bloque mayoritario del Frente para la Victoria impone su número o el gobierno vuelve a quebrarlo.
El mito del aguantadero
La semana pasada, el gobierno eliminó también las retenciones a las exportaciones de biodiesel (como ya había hecho con las cerealeras y mineras, salvo la soja que sólo redujo al 30 por ciento) y tratará de compensarlo con enormes aumentos de tarifas de gas, agua y transporte y con más despidos en la administración pública, donde la declamada reducción del déficit fiscal no se verifica. "El Estado no puede funcionar como un aguantadero de la política", dijo Macrì, perfeccionando la boutade de Alfonso de Prat Gay sobre la grasa militante. El presidente llegó a estimar en un millón y medio la cantidad de personal sobrante en el Estado. El ministro de Modernización Andrés Ibarra dijo que los despedidos eran "personas que no aparecían en el lugar de trabajo, porque hacían una tarea política concreta y no de servicio público" y anunció que patrullaría hasta el último sector del Estado para confeccionar las nuevas listas de víctimas. Coincidió con él la musageta de la Alianza Cambiemos, Elisa Carrió. "Hay gente que se está quedando sin trabajo porque no trabajaba", dijo. El último informe conjunto elaborado por el Area de Economía y Tecnología de FLACSO y por el centro de estudios de la CTA, CIFRA, sostiene que esas son excusas para encubrir una política dirigida a "revertir la participación de los asalariados en el ingreso". En esta política confluyen "la discriminación ideológica y el intento de redimensionar el empleo estatal que implícitamente este gobierno considera que tuvo un crecimiento explosivo debido a la irresponsabilidad de los gobiernos kirchneristas. Asimismo, es consistente con la pérdida de funciones de un Estado con menor involucramiento en la economía y en las políticas sociales", con cierre de programas y finalización de políticas públicas. Para verificar la evolución del empleo estatal y privado desde 2003, FLACSO-CIFRA utilizan la información sobre salarios registrados declarada por los empleadores al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), al momento de realizar los aportes y contribuciones sobre las remuneraciones. Incluye datos de todos los asalariados registrados del sector privado y de aquellos del sector público nacional y los de las provincias que efectivamente transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación. El estudio es ampliamente representativo aunque no contiene al resto de las provincias ni a los municipios, donde no hay indicios de que intervengan otros factores que contradigan la tendencia general.
En el conjunto del período 2003-2014 no hubo ningún crecimiento explosivo del empleo estatal, que representó el mismo porcentaje de la ocupación en el primer y el último año: poco más del 19 por ciento contra más del 80 por ciento del empleo privado. Su tasa de crecimiento fue menor que la del Producto Interno Bruto (5,4 por ciento) y que la recaudación fiscal en términos reales, deflactada por el índice de precios implícitos del PIB. Los recursos tributarios totales nacionales se expandieron a una tasa anual acumulativa de 10,4 por ciento, casi el doble que la del empleo. También en este caso, el empleo público y el privado describen dos curvas paralelas. Esto desmonta los argumentos del ministro Ibarra, en cuyo caso la excusa es manifiesta: si creyera en su propio discurso no hubiera consentido la designación de su esposa, Carla Piccolomini, en un alto cargo ajeno a su especialidad en la gerencia de Radio y Televisión Argentina, cosa que replican otros ministros y altos funcionarios del gobierno con esposas, hijos, yernos, primos y novias, como Oscar Aguad, Jorge Triacca, Federico Sturzenegger, Pablo Avelluto, Gabriela Michetti, Ricardo Buryaile, Federico Pinero, Mario Cimadevilla, Iván Pavlovsky, Emilio Basavilbaso o Gustavo Santos, quienes tienen muy buen ojo para detectar la paja en el ojo ajeno.
Deuda y fuga, 1974-2001
Empleo público y privado
| Total | Estatales | Privados | ||||
| Miles de ocupados | % | Miles de ocupados | % | Miles de ocupados | % | |
| 2003 | 4.547,4 | 100,0 | 873,4 | 19,2 | 3.674,0 | 80,8 |
| 2004 | 5.062,8 | 100,0 | 921,9 | 18,2 | 4.140,8 | 81,8 |
| 2005 | 5.615,8 | 100,0 | 986,5 | 17,6 | 4.629,2 | 82,4 |
| 2006 | 6.135,2 | 100,0 | 1.070,4 | 17,4 | 5.064,8 | 82,6 |
| 2007 | 6.644,0 | 100,0 | 1.138,8 | 17,1 | 5.505,2 | 82,9 |
| 2008 | 7.082,8 | 100,0 | 1.228,9 | 17,4 | 5.853,8 | 82,6 |
| 2009 | 7.066,6 | 100,0 | 1.302,7 | 18,4 | 5.763,9 | 81,6 |
| 2010 | 7.277,0 | 100,0 | 1.360,5 | 18,7 | 5.916,6 | 81,3 |
| 2011 | 7.640,3 | 100,0 | 1.442,6 | 18,9 | 6.197,7 | 81,1 |
| 2012 | 7.783,7 | 100,0 | 1.505,4 | 19,3 | 6.278,3 | 80,7 |
| 2013 | 7.899,8 | 100,0 | 1.558,2 | 19,7 | 6.341,7 | 80,3 |
| 2014 | 7.783,5 | 100,0 | 1.505,4 | 19,3 | 6.278,2 | 80,7 |
| Tasa anual acumulativa de crecimiento | ||||||
| 2003-2014 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | |||
| 2003-2008 | 9,3 |
Asalariados registrados, sectores estatal y privado, 2003-2014 | ||||||
| TOTAL Miles de ocupados | % | ESTATALES Miles de ocupados | % | PRIVADOS Miles de ocupados | % | |
| 2003 | 4.547,4 | 100,0 | 873,4 | 19,2 | 3.674,0 | 80,8 |
| 2004 | 5.062,8 | 100,0 | 921,9 | 18,2 | 4.140,8 | 81,8 |
| 2005 | 5.615,8 | 100,0 | 986,5 | 17,6 | 4.629,2 | 82,4 |
| 2006 | 6.135,2 | 100,0 | 1.070,4 | 17,4 | 5.064,8 | 82,6 |
| 2007 | 6.644,0 | 100,0 | 1.138,8 | 17,1 | 5.505,2 | 82,9 |
| 2008 | 7.082,8 | 100,0 | 1.228,9 | 17,4 | 5.853,8 | 82,6 |
| 2009 | 7.066,6 | 100,0 | 1.302,7 | 18,4 | 5.763,9 | 81,6 |
| 2010 | 7.277,0 | 100,0 | 1.360,5 | 18,7 | 5.916,6 | 81,3 |
| 2011 | 7.640,3 | 100,0 | 1.442,6 | 18,9 | 6.197,7 | 81,1 |
| 2012 | 7.783,7 | 100,0 | 1.505,4 | 19,3 | 6.278,3 | 80,7 |
| 2013 | 7.899,8 | 100,0 | 1.558,2 | 19,7 | 6.341,7 | 80,3 |
| 2014 | 7.783,5 | 100,0 | 1.505,4 | 19,3 | 6.278,2 | 80,7 |
| Tasa anual acumulativa de crecimiento | ||||||
| 2003-2014 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | |||
| 2003-2008 | 9,3 | 7,1 | 9,8 | |||
| 2008-2014 | 1,6 | 3,4 | 1,2 |
Fuente: CIFRA-FLACSO, sobre datos de SIPA.
Ya no sé quién soy
Durante la sesión del Senado la decisión de los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de aprobar el proyecto oficial motivó el recuerdo de otros senadores sobre el default dispuesto por ARS durante la escasa semana de diciembre de 2001 en que estuvo en forma interina a cargo del Poder Ejecutivo. Pero el Peornismo Opositor de San Luis venía bien preparado, y Negre de Alonso replicó enardecida: "¿Querían que se pagara la deuda mientras los argentinos caían muertos como moscas?" Agregó como justificación una serie de datos sobre deflación, pobreza, indigencia, desempleo y caída del PIB. Es curioso que quince años después Rodríguez Saá aún no haya advertido que no fue él ni su ministro Rodolfo Frigeri quienes dispusieron el default sino Fernando de la Rúa y su ministro Domingo Cavallo, el 19 de noviembre de 2001 cuando no pagaron la tercer cuota de la comisión del llamado Megacanje, por 47 millones de dólares, como recuerda Jorge Gaggero en su artículo "La Cuestión Fiscal bajo el Régimen de Convertibilidad (1991-2001)", publicado en "Realidad Económica". Ellos mismos adoptaron a partir del 30 de noviembre de 2001 las medidas de control de cambios y capitales – que resultaron en una primera devaluación, del orden del 20/25 por ciento – y el régimen de indisposición de depósitos e inversiones bancarios (denominado corralito). El secretario de política económica era Federico Sturzenegger, ahora presidente del Banco Central, quien aún está procesado por su intervención en ese ruinoso precursor proceso.
Luna de hiel
La presencia en el Congreso de los secretarios generales de las tres CGT y las dos CTA marca un punto de inflexión, que para algunos puede parecer liviano y tardío, mientras para otros presagia el comienzo de la luna de hiel con el gobierno. La presencia de un centenar y medio de diputados de la oposición es un dato político de primer orden, más allá de las diferencias de enfoques que subsisten entre los distintos bloques y centrales. Los visitantes mencionaron cinco proyectos que impulsan: emergencia ocupacional con prohibición de despidos; 82 por ciento móvil para jubilados, aumento y universalización de las asignaciones familiares y protección de pymes, que son las grandes dadoras de empleo y las más asediadas por el ajuste en marcha. El Frente Renovador tomó la delantera, gracias a la relación familiar entre sus diputados Graciela Camaño y Facundo Moyano con dos de los cinco secretarios generales. En principio el encuentro se había planeado con los diputados de origen sindical pero la gravedad de la situación lo amplió a la totalidad de la cámara. Los secretarios de derechos humanos de la CCT de Antonio Caló, Carlos Barbeito, y de la CTA de Hugo Yasky, Victorio Paulón vienen trabajando desde hace un par de años la convergencia, que se hizo manifiesta en el encuentro de Centrales Sindicales del Cono Sur y en la marcha del 24 de marzo. En un acto conjunto realizado el jueves en San Lorenzo, Barbeito dijo que la única unidad posible se hace en la calle peleando, desde abajo hacia arriba y pensando en las regionales del interior. Micheli comenzó a considerar la posible recomposición de la CTA luego de perder la estratégica elección de ATE Capital, ante Daniel Catalana, respaldado por Yasky y ante el torpedeo incesante del ex líder de los estatales y de la central alternativa, Víctor De Gennaro. Sergio Massa se proponía hacer girar el planteo sobre el proyecto de impuesto a las ganancias, que no tiene disidentes en ninguna de las centrales, pero Facundo Moyano agregó el proyecto que su padre recibió de Pablo Micheli prohibiendo los despidos (que también suscribieron Héctor Recalde, Alicia Ciciliani, Néstor Pitrola, Edgardo Depetris, Cecilia Moreau, Omar Plaini, Carla Pitiot, Mónica Litza, Claudia Rucci y los camioneros Enrique Castro y Jorge Taboada). Recalde ya era autor de otro proyecto similar, presentado el 21 de marzo junto con el diputado metalúrgico Francisco Burlan, Edgardo Depetri y otros legisladores. Camaño promovió que se unifique el giro de todos los proyectos y el tratamiento en forma conjunta en las seis comisiones involucradas (Trabajo, Presupuesto, Finanzas, Previsión, Industria y PYMES) y Recalde propuso además convocar al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, un aumento de emergencia como los que se concedieron en 2002, un aumento a los jubilados y asistencia crediticia a las PYMES. El jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña Braun, no había previsto ni este reagrupamiento ni los proyectos presentados. Si sólo se tratara de número, la oposición lo tendría en exceso para aprobarlos y pondría a Macrì frente a la alternativa del veto. Peña Braun anunció que concurriría a brindar su informe a la Cámara de Diputados el 13 de abril. Pero el Frente para la Victoria le solicitó que modificara la fecha: ese día se realizará la audiencia en la Cámara de Apelaciones de Nueva York sobre el levantamiento de las medidas cautelares, y CFK será acompañada por una movilización política a su declaración indagatoria ante el juez Glock.
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