domingo 10 de abril de 2016
Por Nora Veiras
Nadie debería sorprenderse del entusiasmo de Mauricio Macri por armar sociedades offshore para impulsar sus negocios. Apenas llegó a la Jefatura de Gobierno de la ciudad intentó transformar a Buenos Aires en un paraíso para ese tipo de empresas. Nadie debería sorprenderse tampoco de su obsesión por desplazar a Alejandra Gils Carbó de la Procuración General de la Nación. Fue ella, desde su lugar de fiscal de la Cámara Nacional en lo Comercial, la que durante ocho años consiguió impedirlo. En estos días algunos recordaron que fue mediante la utilización de una sociedad de ese tipo como su empresa Sevel realizó las maniobras de contrabando que llevaron a su procesamiento en febrero de 2001, pero pocos tomaron nota que favorecer el uso de las sociedades offshore estuvo en el centro de sus preocupaciones durante sus dos mandatos como Jefe de Gobierno primero, y en sus escasos meses como Presidente después.
Aunque desde que los Panama Papers dejaron al descubierto sus sociedades en paraísos fiscales Macri trató de tomar distancia del tema culpando a su padre, a poco de asumir como Jefe de Gobierno el ahora presidente impulsó y logró la sanción de una ley para crear una Inspección General de Justicia porteña, destinada a evitar los controles reforzados que bajo la dirección de Ricardo Nissen había impuesto la IGJ nacional. El objetivo de Macri era claro: transformar a la ciudad de Buenos Aires en el refugio de las sociedades offshore que veían dificultado su accionar desde la resistida reforma de Nissen.
La entonces fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial Alejandra Gils Carbó, la actual Procuradora, planteó entonces la inconstitucionalidad de la ley porteña y consiguió impedir su puesta en marcha con una medida cautelar. Durante ocho años, en los que los Kirchner se sucedieron en la presidencia, el expediente recorrió sin éxito más de un cajón de tribunales. Casualmente, hace apenas un mes y medio, cuando Macri y su perro Balcarce ya se turnaban en el sillón presidencial, la jueza subrogante Macarena Marra Giménez rechazó las atribuciones de la fiscalía para presentarse en la causa, sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, y dejó expedito el camino para que ahora sí, cuando el PRO controla tanto los resortes porteños como los nacionales, las sociedades offshore puedan de una vez enseñorearse en la ciudad. Les queda pendiente solo un obstáculo: conseguir que sea ignorada la apelación presentada por la ahora fiscal general Gabriela Boquin y el fiscal Fabián Canda. Confiados en la influencia que Macri ha demostrado tener sobre extensos segmentos del Poder Judicial en los cortos meses que lleva en la Rosada, en el Gobierno de la Ciudad ya empezaron a diseñar los mecanismos para armar la IGJ local.
La tragedia de las offshore
La Inspección General de Justicia no se limita a la automática inscripción de sociedades sino que juega un papel central en el control de esos entes. Durante los '90 proliferaron las sociedades offshore provenientes de los más variados paraísos fiscales. En 2004, la tragedia de Cromañón en el barrio de Once, donde murieron 194 personas, derivó en la fijación de normas estrictas para actuar en la ciudad. La propiedad del local figuraba a nombre de una sociedad uruguaya offshore llamada Nueva Zarelux S.A. La investigación de la IGJ develó que había sido fundada por Henry Luis Vivas, un jubilado, changarín. "Fui, firmé y me retiré", le dijo Vivas en el 2005 a Página/12. Junto con otra socia aparecía como presidente de otras tantas sociedades uruguayas. Un estudio de abogados les pagaba unos pesos por figurar como socios en compañías constituidas en Uruguay. La IGJ concluyó que aún cuando Rafael Levy no figuraba en ningún documento otorgado por la sociedad había evidencia de que era el controlante de la misma. Sin embargo, durante años el entramado societario ficticio lo mantuvo a cubierto de las consecuencias patrimoniales y penales del estrago del 30 de diciembre de 2004. Ninguna offshore se crea como mecanismo de transparencia.
Nissen recordó que en ese momento, cuando él encabezaba la IGJ, se empezaron a poner condiciones para desalentar la operación de las offshore que permiten diluir las responsabilidades de los verdaderos dueños. Se establecieron mecanismos para regularizar esas sociedades fijando un capital social adecuado, la nominalidad de las acciones, y se obligó a que pagaran dividendos. "En la Ciudad de Buenos Aires había 17 mil propiedades offshore, todas radicadas en Belgrano, Palermo Chico, Barrio Parque", señaló el ex funcionario. En las torres Le Parc de Figueroa Alcorta, por ejemplo, casi todos los pisos eran propiedades offshore. Sólo ricos y famosos acceden a esa "contabilidad creativa" que les permite ocultar bienes, evadir impuestos y desentenderse de las consecuencias de actos ilegales.
"En las dos últimas décadas, el progresivo abuso de formas societarias offshore con fines de fraude a la ley ha generado un mundo jurídico paralelo, donde la eficacia de las leyes imperativas decae en beneficio de un sector privilegiado provocando un grave daño al resto de la sociedad. Cualquier estudio jurídico-contable que asesore en cuestiones que atañen a la evasión de impuestos y de responsabilidad ante terceros tiene un departamento dedicado a la creación de 'sociedades offshore o pantalla' a disposición de sus clientes", explicó Gils Carbó en su presentación ante la Justicia en noviembre de 2008. Ante la develación del affaire de los Panama Papers, la descripción fiscal cobra vigencia: "a la par que se pregona la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, se mantiene un sistema que permite a las elites sustraerse del ordenamiento legal". "La oferta de opacidad en que se basa el negocio de las plazas offshore se completa con la imposibilidad de realizar cualquier investigación y obtener alguna prueba en los 'paraísos de la impunidad'", advertía hace ocho años Gils Carbó.
La idea fija
Apenas se develó la participación de Macri en las offshore Fleg Trading LTD y Kagemusha SA, desde el Gobierno aguzaron su ingenio y dijeron que había sido "director ocasional". Ante la escalada de la repercusión internacional que lo ponía entre los 12 líderes políticos del mundo que no habían informado sobre sus negocios en paraísos fiscales, el Presidente dijo "está todo perfecto. No hay nada extraño en esa operación declarada frente a la DGI Argentina por mi padre (Franco)". Una denuncia judicial lo transformó en imputado y tendrá que demostrar por qué para ser transparente hay que armar empresas offshore en paraísos fiscales. Otros miembros del entorno de Macri como Néstor Grindetti (ex secretario de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús) y Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos aparecieron en los Panama Papers o denuncias paralelas.
La obsesión del PRO por estas sociedades pantalla es una constante desde que llegaron al poder político. Macri asumió en diciembre de 2007 como jefe de Gobierno porteño. El 9 de octubre de 2008, la Legislatura sancionó la ley 2875 que dispone la creación de un Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas de la ciudad. Entre las atribuciones del nuevo organismo figura "la fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Nissen ironiza: "No se trató de un mediático clamor popular reclamando un registro porteño por casos de corrupción o denuncias contra IGJ lo que motivó esa ley".
La formación de un registro "mellizo" del Nacional que se anunciaba con trámites más ágiles y rápidos en una jurisdicción que por la ley de autonomía de la comuna –conocida como ley Cafiero– mantiene en la Nación las atribuciones de la IGJ fundamentaron el planteo de inconstitucionalidad de la fiscal el 2 de febrero de 2009. "En la medida en que rijan en los registros locales diferentes políticas sobre el control y fiscalización de sociedades extranjeras offshore, ello permite la creación de 'paraísos societarios' en nuestro país, en beneficio de un sector privilegiado de la sociedad y con grave daño al resto de la comunidad", sostuvo la fiscal y abundó: "La creación de un registro local paralelo y simplificado no permite un control eficaz del fraude societario y, menos aún, del fraude cometido a través de offshore (...) La sola idea de liberalizar la actuación de sociedades pantalla amenaza el tejido social y el Estado de Derecho, a la vez que conduce a descargar el peso tributario sobre la gente más pobre (la evasión elevada lleva a gravar el consumo) y sobre los que no tienen facilidades para recurrir a los sofisticados tipos societarios que permiten ocultar las rentas".
La presentación se realizó ante el fuero Comercial, el derrotero judicial llevó la causa al fuero Contencioso Administrativo y, ocho años más tarde, la jueza subrogante Marra Giménez desconoce las atribuciones de la fiscalía como demandante.
La forma como pantalla
Durante el kirchnerismo, Gils Carbó ascendió a la Procuración General de la Nación con acuerdo mayoritario del Senado. Ya en campaña electoral Mauricio Macri la había elegido como una de las funcionarias a eyectar de su cargo a pesar de la estabilidad que le garantiza la ley. Entre los motivos de su antipatía hacia la funcionaria se encuentra la medida cautelar con la que logró suspender la IGJ porteña. Esta semana, la frontalidad del embate mutó a cuatro proyectos de ley para recortar sus atribuciones que el Gobierno acaba de enviar al Congreso. El acotamiento de su permanencia a cuatro años, que el ministro de Justicia Germán Garavano pretende aplicar en forma retroactiva, y la fragmentación de la Procuración para subordinarla políticamente son los ejes de la reforma de Cambiemos.
Gabriela Boquin, la nueva fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial y el fiscal en lo Contencioso Administrativo Fabián Canda apelaron el fallo de Marra Giménez y cada uno fundamentará antes de fin de mes su decisión. Boquin consideró ante Página/12 que "el fallo de por sí es nulo porque le niega legitimidad procesal al Ministerio Público fiscal cuando la Constitución establece que su función es velar por el interés general y el debido proceso" y destacó que este fallo que después de ocho años no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la ley "quiere silenciar al ministerio público que es un extrapoder garantizado por la Constitución". Boquin señaló como un agravante la actitud de la Inspección General de Justicia que también era demandante en esta causa y del Ministerio de Justicia, de quien depende la IGJ, que no apelaron el fallo a pesar que desconoce la función del Ministerio Público Fiscal.
El macrismo ahora tiene el terreno allanado para rediseñar los mecanismos de inscripción y control de las sociedades nacionales y extranjeras: gobierna en la Nación y en la Ciudad y la Justicia, en este caso, parece haberse despertado al ritmo de los nuevos actores políticos. La fiscal Boquin machacó en que la apelación del fallo de Marra Giménez "tiene efecto suspensivo". En buen romance, la Ciudad no puede avanzar en la creación de su IGJ. En la comuna, sin embargo, piensan distinto: ya empezaron a activar los resortes para organizar esa nueva estructura.
COMO JEFE DE GOBIERNO Y PRESIDENTE IMPULSÓ
LA INSTALACIÓN DE LAS SOCIEDADES OFFSHORE EN
LA CAPITAL. HASTA AHORA LO FRENÓ GILS CARBÓ
Macri, un ejemplo de coherencia
Cuando llegó a la Jefatura de Gobierno, Macri impulsó la aprobación de una ley que transformaba a la ciudad de Buenos Aires en un virtual paraíso para esas compañías. Lo frenó Alejandra Gils Carbó, a quien él ahora quiere echar. Apenas llegado a la presidencia volvió a la carga y ya consiguió una jueza que anuló lo actuado por la actual procuradora y revivió el proyecto pro offshores.
Imagen: EFE
Nadie debería sorprenderse del entusiasmo de Mauricio Macri por armar sociedades offshore para impulsar sus negocios. Apenas llegó a la Jefatura de Gobierno de la ciudad intentó transformar a Buenos Aires en un paraíso para ese tipo de empresas. Nadie debería sorprenderse tampoco de su obsesión por desplazar a Alejandra Gils Carbó de la Procuración General de la Nación. Fue ella, desde su lugar de fiscal de la Cámara Nacional en lo Comercial, la que durante ocho años consiguió impedirlo. En estos días algunos recordaron que fue mediante la utilización de una sociedad de ese tipo como su empresa Sevel realizó las maniobras de contrabando que llevaron a su procesamiento en febrero de 2001, pero pocos tomaron nota que favorecer el uso de las sociedades offshore estuvo en el centro de sus preocupaciones durante sus dos mandatos como Jefe de Gobierno primero, y en sus escasos meses como Presidente después.
Aunque desde que los Panama Papers dejaron al descubierto sus sociedades en paraísos fiscales Macri trató de tomar distancia del tema culpando a su padre, a poco de asumir como Jefe de Gobierno el ahora presidente impulsó y logró la sanción de una ley para crear una Inspección General de Justicia porteña, destinada a evitar los controles reforzados que bajo la dirección de Ricardo Nissen había impuesto la IGJ nacional. El objetivo de Macri era claro: transformar a la ciudad de Buenos Aires en el refugio de las sociedades offshore que veían dificultado su accionar desde la resistida reforma de Nissen.
La entonces fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial Alejandra Gils Carbó, la actual Procuradora, planteó entonces la inconstitucionalidad de la ley porteña y consiguió impedir su puesta en marcha con una medida cautelar. Durante ocho años, en los que los Kirchner se sucedieron en la presidencia, el expediente recorrió sin éxito más de un cajón de tribunales. Casualmente, hace apenas un mes y medio, cuando Macri y su perro Balcarce ya se turnaban en el sillón presidencial, la jueza subrogante Macarena Marra Giménez rechazó las atribuciones de la fiscalía para presentarse en la causa, sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, y dejó expedito el camino para que ahora sí, cuando el PRO controla tanto los resortes porteños como los nacionales, las sociedades offshore puedan de una vez enseñorearse en la ciudad. Les queda pendiente solo un obstáculo: conseguir que sea ignorada la apelación presentada por la ahora fiscal general Gabriela Boquin y el fiscal Fabián Canda. Confiados en la influencia que Macri ha demostrado tener sobre extensos segmentos del Poder Judicial en los cortos meses que lleva en la Rosada, en el Gobierno de la Ciudad ya empezaron a diseñar los mecanismos para armar la IGJ local.
La tragedia de las offshore
La Inspección General de Justicia no se limita a la automática inscripción de sociedades sino que juega un papel central en el control de esos entes. Durante los '90 proliferaron las sociedades offshore provenientes de los más variados paraísos fiscales. En 2004, la tragedia de Cromañón en el barrio de Once, donde murieron 194 personas, derivó en la fijación de normas estrictas para actuar en la ciudad. La propiedad del local figuraba a nombre de una sociedad uruguaya offshore llamada Nueva Zarelux S.A. La investigación de la IGJ develó que había sido fundada por Henry Luis Vivas, un jubilado, changarín. "Fui, firmé y me retiré", le dijo Vivas en el 2005 a Página/12. Junto con otra socia aparecía como presidente de otras tantas sociedades uruguayas. Un estudio de abogados les pagaba unos pesos por figurar como socios en compañías constituidas en Uruguay. La IGJ concluyó que aún cuando Rafael Levy no figuraba en ningún documento otorgado por la sociedad había evidencia de que era el controlante de la misma. Sin embargo, durante años el entramado societario ficticio lo mantuvo a cubierto de las consecuencias patrimoniales y penales del estrago del 30 de diciembre de 2004. Ninguna offshore se crea como mecanismo de transparencia.
Nissen recordó que en ese momento, cuando él encabezaba la IGJ, se empezaron a poner condiciones para desalentar la operación de las offshore que permiten diluir las responsabilidades de los verdaderos dueños. Se establecieron mecanismos para regularizar esas sociedades fijando un capital social adecuado, la nominalidad de las acciones, y se obligó a que pagaran dividendos. "En la Ciudad de Buenos Aires había 17 mil propiedades offshore, todas radicadas en Belgrano, Palermo Chico, Barrio Parque", señaló el ex funcionario. En las torres Le Parc de Figueroa Alcorta, por ejemplo, casi todos los pisos eran propiedades offshore. Sólo ricos y famosos acceden a esa "contabilidad creativa" que les permite ocultar bienes, evadir impuestos y desentenderse de las consecuencias de actos ilegales.
"En las dos últimas décadas, el progresivo abuso de formas societarias offshore con fines de fraude a la ley ha generado un mundo jurídico paralelo, donde la eficacia de las leyes imperativas decae en beneficio de un sector privilegiado provocando un grave daño al resto de la sociedad. Cualquier estudio jurídico-contable que asesore en cuestiones que atañen a la evasión de impuestos y de responsabilidad ante terceros tiene un departamento dedicado a la creación de 'sociedades offshore o pantalla' a disposición de sus clientes", explicó Gils Carbó en su presentación ante la Justicia en noviembre de 2008. Ante la develación del affaire de los Panama Papers, la descripción fiscal cobra vigencia: "a la par que se pregona la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, se mantiene un sistema que permite a las elites sustraerse del ordenamiento legal". "La oferta de opacidad en que se basa el negocio de las plazas offshore se completa con la imposibilidad de realizar cualquier investigación y obtener alguna prueba en los 'paraísos de la impunidad'", advertía hace ocho años Gils Carbó.
La idea fija
Apenas se develó la participación de Macri en las offshore Fleg Trading LTD y Kagemusha SA, desde el Gobierno aguzaron su ingenio y dijeron que había sido "director ocasional". Ante la escalada de la repercusión internacional que lo ponía entre los 12 líderes políticos del mundo que no habían informado sobre sus negocios en paraísos fiscales, el Presidente dijo "está todo perfecto. No hay nada extraño en esa operación declarada frente a la DGI Argentina por mi padre (Franco)". Una denuncia judicial lo transformó en imputado y tendrá que demostrar por qué para ser transparente hay que armar empresas offshore en paraísos fiscales. Otros miembros del entorno de Macri como Néstor Grindetti (ex secretario de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús) y Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos aparecieron en los Panama Papers o denuncias paralelas.
La obsesión del PRO por estas sociedades pantalla es una constante desde que llegaron al poder político. Macri asumió en diciembre de 2007 como jefe de Gobierno porteño. El 9 de octubre de 2008, la Legislatura sancionó la ley 2875 que dispone la creación de un Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas de la ciudad. Entre las atribuciones del nuevo organismo figura "la fiscalización de las sociedades constituidas en el extranjero que realicen actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Nissen ironiza: "No se trató de un mediático clamor popular reclamando un registro porteño por casos de corrupción o denuncias contra IGJ lo que motivó esa ley".
La formación de un registro "mellizo" del Nacional que se anunciaba con trámites más ágiles y rápidos en una jurisdicción que por la ley de autonomía de la comuna –conocida como ley Cafiero– mantiene en la Nación las atribuciones de la IGJ fundamentaron el planteo de inconstitucionalidad de la fiscal el 2 de febrero de 2009. "En la medida en que rijan en los registros locales diferentes políticas sobre el control y fiscalización de sociedades extranjeras offshore, ello permite la creación de 'paraísos societarios' en nuestro país, en beneficio de un sector privilegiado de la sociedad y con grave daño al resto de la comunidad", sostuvo la fiscal y abundó: "La creación de un registro local paralelo y simplificado no permite un control eficaz del fraude societario y, menos aún, del fraude cometido a través de offshore (...) La sola idea de liberalizar la actuación de sociedades pantalla amenaza el tejido social y el Estado de Derecho, a la vez que conduce a descargar el peso tributario sobre la gente más pobre (la evasión elevada lleva a gravar el consumo) y sobre los que no tienen facilidades para recurrir a los sofisticados tipos societarios que permiten ocultar las rentas".
La presentación se realizó ante el fuero Comercial, el derrotero judicial llevó la causa al fuero Contencioso Administrativo y, ocho años más tarde, la jueza subrogante Marra Giménez desconoce las atribuciones de la fiscalía como demandante.
La forma como pantalla
Durante el kirchnerismo, Gils Carbó ascendió a la Procuración General de la Nación con acuerdo mayoritario del Senado. Ya en campaña electoral Mauricio Macri la había elegido como una de las funcionarias a eyectar de su cargo a pesar de la estabilidad que le garantiza la ley. Entre los motivos de su antipatía hacia la funcionaria se encuentra la medida cautelar con la que logró suspender la IGJ porteña. Esta semana, la frontalidad del embate mutó a cuatro proyectos de ley para recortar sus atribuciones que el Gobierno acaba de enviar al Congreso. El acotamiento de su permanencia a cuatro años, que el ministro de Justicia Germán Garavano pretende aplicar en forma retroactiva, y la fragmentación de la Procuración para subordinarla políticamente son los ejes de la reforma de Cambiemos.
Gabriela Boquin, la nueva fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial y el fiscal en lo Contencioso Administrativo Fabián Canda apelaron el fallo de Marra Giménez y cada uno fundamentará antes de fin de mes su decisión. Boquin consideró ante Página/12 que "el fallo de por sí es nulo porque le niega legitimidad procesal al Ministerio Público fiscal cuando la Constitución establece que su función es velar por el interés general y el debido proceso" y destacó que este fallo que después de ocho años no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la ley "quiere silenciar al ministerio público que es un extrapoder garantizado por la Constitución". Boquin señaló como un agravante la actitud de la Inspección General de Justicia que también era demandante en esta causa y del Ministerio de Justicia, de quien depende la IGJ, que no apelaron el fallo a pesar que desconoce la función del Ministerio Público Fiscal.
El macrismo ahora tiene el terreno allanado para rediseñar los mecanismos de inscripción y control de las sociedades nacionales y extranjeras: gobierna en la Nación y en la Ciudad y la Justicia, en este caso, parece haberse despertado al ritmo de los nuevos actores políticos. La fiscal Boquin machacó en que la apelación del fallo de Marra Giménez "tiene efecto suspensivo". En buen romance, la Ciudad no puede avanzar en la creación de su IGJ. En la comuna, sin embargo, piensan distinto: ya empezaron a activar los resortes para organizar esa nueva estructura.
COMO OPERAN LAS SOCIEDADES RADICADAS EN PARAÍSOS
FISCALES, SEGÚN LA MIRADA DE LA PROCURADORA
ALEJANDRA GILS CARBÓ
El fraude planetario offshore
Imagen: Bernardino Ávila
Los Panama Papers provocaron un cimbronazo en el mundo capitalista acostumbrado a disfrutar de las garantías del anonimato en los negocios triangulados a través de paraísos fiscales. La aparición de cinco mandatarios en actividad como dueños de sociedades offshore, entre ellos Mauricio Macri, reactualizó el debate siempre silenciado sobre los ricos y famosos beneficiarios de esos mecanismos. Hace ocho años la entonces fiscal general de Cámara Alejandra Gils Carbó describió con minuciosidad la operatorio de esas empresas fantasmas al cuestionar la ley impulsada por Macri para flexibilizar los controles en la radicación y fiscalización en la Ciudad de Buenos Aires (ver nota central). Bajo el título "El fraude planetario offshore" explicó: "Las sociedades offshore se caracterizan porque están autorizadas por el país de origen (verbigracia Panamá, Islas Vírgenes, Islas Caimán) para cumplir su objeto social y desarrollar su actividad exclusivamente en el exterior. Algo así como entregarle a un médico su título bajo la promesa de que no va a ejercer la medicina en el país que lo habilitó". Extraño mecanismo si lo que se busca es la "transparencia" en los negocios como repitió durante la última semana el Presidente.
A continuación se detallan algunos de los argumentos de la presentación de 81 carillas de la fundamentación de la fiscalía:
- Las sociedades offshore permiten ocultar a los verdaderos dueños del negocio cuando necesitan esconder su participación en determinadas actividades y eludir las responsabilidades.
- Gran parte de los paraísos fiscales se encuentran bajo la protección de grandes países onshore. Por ejemplo, el Reino Unido tiene bajo su tutela buena parte de los mejores paraísos fiscales del mundo, como el de las Islas Vírgenes Británicas, donde se garantiza la ausencia de transparencia en las operaciones y el anonimato de los accionistas. Con una población de veinte mil personas disponen de un registro de más de 350 mil sociedades. Otro de los centros más concurridos de prácticas offshore es el Estado de Delaware en los Estados Unidos. Allí se garantiza el anonimato a través de sociedades creadas en pocas horas por módicas sumas de dólares, a través de las cuales se pueden abrir cuentas en las principales entidades bancarias de ese país y fijar sus sedes sociales en cualquier lugar del planeta.
- Los principales clientes de este sistema clandestino son las corporaciones transnacionales que lideran el mercado mundial, los magnates, los hombres de negocios, las estrellas del espectáculo, los miembros del Gobierno y de la clase política de los países más avanzados.
- Si bien es cierto que los grupos económicos utilizan sociedades offshore para transferir fondos y mejorar su situación fiscal, en la mayoría de los casos se trata de una operatoria ilícita que consiste en esconder sus ganancias para no pagar en ningún lado los impuestos que correspondan.
- Una de las más importantes ventajas que refuerza el sistema de confidencialidad ofrecido por los centros offshore es que garantizan el fracaso de las acciones judiciales que inicien los afectados para hacer valer la responsabilidad civil o penal de los autores de un fraude. La obligación de presentar balances e informar sobre la actividad es nula o de gran laxitud.
- En gran parte de los casos, la sede de la sociedad está constituida por una simple casilla de correo para recibir correspondencia y no hay forma de acceder a los libros de comercio y otra clase de documentación. Solamente el costo en traducciones que insume realizar medidas de prueba en esas tierras extrañas disuade a los perjudicados de intentarlo, sobre todo ante la escasa posibilidad de obtener algún dato de estos sitios especializados en la ausencia de transparencia.
- Bastaría que la jurisprudencia establezca que quien eligió radicar una sociedad en una plaza offshore tenga la carga de probar la legitimidad de su actuación, la identidad de sus titulares, el origen de los fondos empleados, etcétera. Sin embargo, hasta ahora no ha habido un solo fallo judicial que se haya pronunciado en ese sentido. La adopción de ese criterio desestructuraría un sistema corporativo de impunidad en beneficio de las elites organizados por importantes estudios jurídicos.
- En 2008, el Vaticano alertó sobre el riesgo y la responsabilidad de las sociedades offshore en la crisis económica mundial. Instó a los jefes de Estado a "llevar a cabo un nuevo pacto financiero internacional en el que considerar atentamente el papel, oculto pero crucial, del sistema financiero offshore".
En su libro Amenazados. El Miedo en la economía, Alfredo Zaiat recuerda que también en 2008, la Auditoría General de los Estados Unidos (GAO, siglas en inglés) informó que 83 de las 100 corporaciones más grandes de ese país tenían filiales en paraísos fiscales. En Europa, 99 de las 100 empresas más grandes, según la investigación de la organización Tax Justice Network. Recién en 2011, el G-20 (el grupo de países más ricos del mundo) sostuvo en la declaración de Cannes que "estamos decididos a proteger nuestras finanzas públicas y el sistema financiero internacional contra los riesgos provocados por los paraísos fiscales".
El affaire de los Panama Papers pone la lupa sobre los atajos permitidos a los grandes ganadores del capitalismo para ocultar sus ganancias. El Presidente argentino apareció en esa selecta lista que lo puso en boca de todo el mundo no exactamente por sus méritos. Paradójicamente, en la Argentina, después de ocho años la Justicia permite reflotar un viejo proyecto de Macri para hacer más laxos los controles a las offshore.
OPINION
Paraísos para pocos
El Gobierno frente a las revelaciones de Panama Papers. Las empresas off shore, su razón de ser. Las excusas de Macri. Franco Macri, el defensor sin legitimidad. Laura Alonso, una de twittera a stopper. Rebusques ingeniosos para tapar la información, jueces federales que cooperan.
Por Mario Wainfeld
La privatización de YPF fue más grave que las dádivas que pudieron haber recibido funcionarios o legisladores menemistas. La Reforma Laboral del presidente Fernando de la Rúa, más dañina que las coimas que "adornaron" a senadores peronistas. La corrupción, queremos decir, no es el núcleo de la historia o la política. Su centralidad en el debate público es, por lo general, un problema, acentuado por la creciente "judicialización de la política".
Desde ya que las conductas atentatorias contra la la fe pública deben ser señaladas y llevadas a los tribunales. Nadie está exento o a cubierto. Ningún desempeño político (por virtuoso o popular que sea) "blinda" contra denuncias, investigaciones, juicios o condenas por delitos. Esas cuestiones graves afrentan a las gentes del común, lastiman la credibilidad en el sistema democrático, fomentan el descreimiento o la apatía política.
El deber del dirigente o el estadista es superior al de cualquier persona, su responsabilidad va en proporción directa. Sabiamente, las leyes fijan penas más severas para las autoridades públicas que para los particulares.
Las sospechas deben, entonces, pesquisarse. El deber de jueces y fiscales es ser diligentes y veloces dentro de lo factible. De cualquier forma, hay dos niveles de juzgamiento. El político que es expeditivo y depende de la opinión pública, sin supeditarse a los rígidos parámetros penales. Y el judicial, sometido a reglas, a la presunción de inocencia y al respeto de los derechos constitucionales de todos los sospechosos, procesados y aún condenados.
De nuevo: la judicialización de la política es una tendencia nociva. La agrava la exorbitancia de los jueces.
Los abusos cometidos contra el ex Secretario Ricardo Jaime o el empresario Lázaro Báez apestan a intencionalidad política. Apresamientos espectaculares, con chalecos antibalas y cobertura mediática pactada vulneran las reglas del debido proceso.
Por si es necesario: Jaime es un personaje oscuro, pesa sobre él una condena justa por su responsabilidad en la tragedia de Once y acusaciones con cargos verosímiles en otros expedientes. Bueno es que avancen los trámites lo que no sanea un arresto sin derecho y sin respetar derechos esenciales, que todos los tenemos.
Algo similar rige para Lázaro Báez. El recuento procaz de parvas de billetes en una cueva activa sospechas firmes, que pueden ampliarse a otros protagonistas, si hay elementos sólidos. Su arresto cinematográfico ocupó las tapas de los diarios hegemónicos horas después de estallar el escándalo Panamá Papers. Una tapadera, precisamente para desplazar a Macri como tema central.
El juez Sebastián Casanello, rápido para los mandados, justificó una detención sin condena por el temor a que Báez se fugase o entorpeciera la investigación. Privar de la libertad a un inocente es un recaudo extremo, admisible solo como excepción. Las razones aducidas por Casanello sirven para un barrido como para un fregado. Vaya un ejemplo contrario, tomado de la vida real y cercana. El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, tiene procesamiento firme por un delito económico. Pocas posiciones mejores que la suya para potenciales interferencias en la causa. Es oficialista, poderoso, maneja la autoridad monetaria. Sería insensato exigir que se lo arreste, enchaleque y arrastre a una comisaría. No lo hacemos, pues, porque tratamos de evitar el doble standard que grita la inocencia del presidente antes de averiguar y condena prematuramente a sus adversarios políticos o a quienes se sindica como "empresarios K".
El desastre de Panamá: El fulbito tiqui tiqui entre el Gobierno, Comodoro Py y los grandes medios daría para un seminario internacional de comunicación de masas. Hacerlo en Panamá sería una ironía simpática.
La narrativa abunda en ejemplos de cómo tapar un hecho con otro o entre otros. Jorge Luis Borges imaginó en "La muerte y la brújula" tres crímenes distractivos como preludio y coartada necesarios del cuarto, el único que importaba. Edgard Allan Poe fabuló que es un gran rebusque esconder dentro de un conjunto visible de cartas una que fue robada. Gilbert K. Chesterton narró la historia de un general que mató a uno de sus oficiales y que camufló el crimen llevando a todo el ejército a una derrota sangrienta, con muchas bajas. Es tópico en cuentos y novelas, se ahorran otros para no fatigar o no anticipar el final.
Los relatos mediáticos del siglo XXI superan esas fuentes excelsas, por su arsenal de recursos y tácticas. La saturación informativa es uno, claramente descripto por el periodista Ignacio Ramonet.
Se "sobreinforma", se discute, se coloca a tres especialistas de posturas divergentes y se los somete al formato de Intratables. La grita abruma sin esclarecer, enfurece sin dar pie a la reflexión, empacha sin alimentar.
Si Macri quedó expuesto, es momento para llenar la pantalla con imágenes de Lázaro o Jaime. La superposición sugiere un empate falaz.
Las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) sobre los Panamá Papers son un escándalo internacional cuyas estribaciones no se conocen del todo.
Mauricio Macri es el vicepresidente de dos sociedades off shore: Kagemusha constituida en Panamá en 1981 y Fleg Trading Ltd, armada en las Bahamas en 1998. Las preside su padre, Franco. Los grandes diarios se ingeniaron para escurrir de sus tapas a la segunda.
El oficialismo trató de tapar el cielo gris con un arnero. "No pasa nada, no nos toca" es un primer reflejo típico de gobiernos ante una situación límite: no se puede acusar al macrismo de original en ese punto. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, canchereó de entrada y quedó desairado, es un castigo automático por su rol.
Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, rebasó la medida por su compulsión al tweet precoz. No es abogada, papelón iniciático que podría suavizar estudiando o asesorándose. Alegó que participar de una empresa off shore no es "un delito por sí mismo". Es verdad, a condición de no actuar como abog... militante de la defensa.
Casi ninguna conducta es delito por sí misma, aunque algunas den toda la impresión. Matar a dos personas puede constituir homicidio, sin embargo el juez federal Claudio Bonadio que lo hizo (con balazos en la espalda de uno de sus atacantes) fue declarado inocente por haber obrado en defensa propia.
Si usted ve a alguien baleando a otro humano, es sensato que advierta a las autoridades. Es factible que haya delito, aunque se reconocen excepciones. Salvando distancias, hay homología con las off shore. Lo habitual es que sean instrumentos para delitos de guante blanco. La evasión impositiva, para empezar, el lavado para seguir.
Macri es inocente en materia penal hasta que se acredite lo contrario, como cualquier persona. La necesidad de investigar su proceder es flagrante, tanto como la parcialidad de Alonso, carente de abuela y seriedad.
¿Qué hiciste tú en el istmo, papá?: Ricos y famosos eligen cambiar de nacionalidad o de lugar de residencia para pagar menos impuestos. Tenistas, automovilistas, el actor francés Gérard Depardieu, entre muchos. La conducta arranca como poco ética y linda con lo delictual, la frontera es borrosa.
Las grandes empresas se valen de recursos más sofisticados y difíciles de detectar. Los "paraísos fiscales" y las empresas off shore ranquean en primer lugar. El economista francés Gabriel Zucman escribió un libro notable que las estudia, publicado en castellano el año pasado: La riqueza escondida de las naciones. Lleva como subtítulo "Cómo funcionan los paraísos fiscales y qué hacer con ellos". Zucman enseña que las off shore existen para evadir impuestos y que "el dinero de los paraísos fiscales no duerme, alimenta los mercados financieros internacionales".
Nadie crea empresas así para tenerlas inactivas, adornando la vitrina. Su buena plata cuestan los papeleos, el secretismo, los grandes estudios.
El anonimato de las acciones al portador es un subterfugio clave. Zucman propugna, como académicos de todo el mundo, imponer la nominatividad de las acciones para que la responsabilidad no sea velada por la falta de información.
Bajo el cobijo del anonimato mencionado el presidente aduce que no posee acciones de las dos off shore caribeñas y que jamás cobró nada. En general nadie integra una sociedad encriptada para alardear o por hobby. Se las constituye para hacer negocios y no para la pereza, que es madre de todos los vicios. Es forzoso investigar.
El fiscal Federico Delgado imputó al presidente por haber omitido toda mención en sus declaraciones juradas y buscará averiguar si existió otra irregularidad o delito. Delgado a veces exagera su afán inquisitorio pero es un funcionario honesto que no se embandera políticamente, descripción que no se hace extensiva a Casanello que lleva la causa.
El Grupo Macri es conocido, nadie lo emparentaría con un colegio de monjas. Pregonar que las excusas del padre del presidente sirven como excusas (¡o pruebas!) judiciales es una tomadura de pelo, que sería cómica en un cuento de Fontanarrosa.
El intendente PRO de Lanús, Néstor Grindetti, es otro devoto de las off shore. El economista Horacio Rovelli recuerda en un buen post publicado en "La Tecl@ Eñe" que toda la trayectoria de Grindetti en la actividad privada transcurrió en el Grupo Macri, detalle también subrayado en este diario.
Son indicios rotundos que contradicen la euforia de Alonso y Marcos Peña.
Macri se "puso a disposición de la Justicia" a su manera: amañó una presentación ante un juzgado civil. Delgado respondió, con derecho y razón, que la competencia apropiada es la penal, la civil es una pantalla, un simulacro. Otra vez la táctica de esconder el árbol plantando un bosque en su derredor.
"Plantar un juicio" contra Cristina forma parte de la estrategia oficial.
Flojos de papeles: La ex presidenta está citada el miércoles 13 para declarar ante Bonadío** en la causa por el "dólar futuro". El periodista de La Nación" Adrián Ventura la describe como la más floja iniciada en su contra. Se queda corto, pero rumbea bien.
La audiencia depende de lo que defina la Cámara sobre una recusación deducida contra Bonadío por otro acusado, Pedro Biscay. Según viene informando Página/12, la decisión se conocería mañana o pasado. Si prospera el pedido, el expediente cambiará de juzgado. La parcialidad de Bonadío es notoria, se denota apenas habla: el veredicto de la Cámara es incierto porque no todo es coherente en el fuero Federal.
Los cargos son confusos y mal fundados. Los debilita el pecado original de querer judicializar medidas de gobierno. Para peor, el efecto de las ventas a futuro es consecuencia de una decisión de Macri, negada en campaña: la maxi devaluación. Sin ese hecho, las consecuencias serían otras. Dicho en criollo, el escenario sería distinto si el ex hubiera ganado el ex gobernador Daniel Scioli o si Macri hubiera honrado sus promesas. La decisión popular era un hecho futuro, que distaba de ser inexorable.
Los funcionarios toman decisiones que comprometen intereses de los gobernados. Es alocado que cualquier movida, así arroje resultados negativos, se traduzca en persecución penal. Pensemos preventivamente en el ministro de Salud César Lemus, cuya campaña contra el dengue es criticada acerbamente por actores calificados como Médicos del Mundo. Han muerto personas por la epidemia, otras sufrieron daños severos ¿Cabría procesarlo por homicidio o lesiones graves si un magistrado cree que obró equivocadamente?
Hacerle la venia al Comodoro Py: Mayoría no es unanimidad: sobreviven jueces federales dignos y decorosos, una proeza en un contexto adverso.
El mega poder de los magistrados que atienden en Comodoro Py se remonta al menemismo que los designó en banda, como protección. El poder político es temporario, el de los federales se autonomizó y sobrevive.
Un sistema procesal perverso les concede la prerrogativa de actuar como jueces y fiscales, a su criterio. Funcionalmente es un problema: quien se hace cargo de acusar estará menos inclinado a archivar, sobreseer o absolver. Incluso si mediara buena fe
En cualquier circunstancia, la acumulación de tareas conlleva exceso de poder. El manejo discrecional de los tiempos ahonda el problema: cajonear los juicios provee una amenaza latente que se puede reactivar a piacere. Los procedimientos espectaculares en primera instancia infligen daños irreparables que no reparan las revocaciones de las Cámaras.
El kirchnerismo, como todos los gobiernos, atravesó su luna de miel con Comodoro Py. El divorcio motivó reformas judiciales, correctas o infaustas. En todas faltó prestar atención a los litigantes del común, las personas que van a pleito una vez en la vida por problemas cotidianos y acuciantes: accidentes viales o de trabajo, despidos, conflictos familiares. Con la mira en las "grandes causas" se relega a quienes son los demandantes principales de un poder judicial democrático.
La reforma del Código de procedimientos penal estuvo entre las mejores acciones. Impone la oralidad, audiencias públicas, disminuye el papeleo y la proliferación de instancias que demoran procesos de por sí kafkianos. El sistema acusatorio aporta otra virtud: los jueces hacen de jueces y los fiscales de fiscales, a quienes le cabe la carga de acusar.
El cúmulo de ventajas de la nueva ley explica la resistencia de los magistrados del Ancien régime: les quitarían facultades desmesuradas, poder.
El Gobierno demora la implementación, que no es sencilla. Es costosa, requiere inversión pública. Y provoca un casus belli con los Bonadío, Casanello y colegas semejantes.
La jubilación de Norberto Oyarbide sería una buena nueva si no aconteciera con un delay record. Debió ser removido en 2001 con un juicio político del que zafó con apoyo de la bancada de senadores peronistas. Escogieron el 11 de septiembre, ´día en que el mundo miraba a hacia Nueva York. La repercusión se mitiga también con un hecho más tremendo.
Clamor de palcos y tribuna: Los palcos VIP y la tribuna de doctrina no se han saciado con las ventajas formidables concedidas a las cerealeras, la gran banca, los buitres y el multimedios. Ahora claman por "el fin de la impunidad". Kirchnerista, por más señas.
Los catones de los medios llegan a expresar que "el pueblo votó para ver presa a Cristina". Qué pocas demandas... Quizás ese reduccionismo vulgar explique por qué a los voceros M les importan tan poco las transferencias regresivas de ingresos, la baja del valor adquisitivo de los trabajadores y del consumo de carne, la suba de tarifas y de transporte público, los despidos, la recesión, los gritos de alarma de sindicatos y pymes.
En las últimas semanas al gobierno se le escapó de las manos la agenda pública. Medidas antipopulares, mal comunicadas para colmo. Y los Panamá Papers, cuya espuma no baja.
El Gobierno espera que vengan las inversiones para frenar la recesión y contener los despidos. Y pone sus fichas a la "agenda negra K": la corrupción de los otros. Tiene de su lado a bravos jueces federales y comunicadores PROactivos. Les patean en contra indicadores sociales, económicos y laborales que empiezan a alarmar o meter miedo hasta a los macristas menos fanáticos.
La comunicación en pugna
Víctor Hugo Morales volvió a hacer radio en una semana plagada de operaciones, jugadas judiciales-mediáticas, tañidos furibundos de las dos campanas. Un buen momento para el retorno de un protagonista imprescindible de la comunicación. No por ser "lectura obligatoria" sino casi por lo contrario: es una alternativa al alcance de cualquier oyente. Sus pareceres y el modo en que los emite son discutibles, como todo. Su ausencia forzada por la patronal, una triste marca del comienzo del gobierno macrista. Su voz, su estilo y su vocabulario, infrecuentes. Los más fervorosos voceros-periodistas macristas, en llamativa proporción, aborrecen al kirchnerismo, a la sintaxis castellana y a la conjugación de los verbos regulares.
El derecho humano a la comunicación no se sacia, al revés, cuando se concentran los emisores. La libertad de prensa suele ponerse en cabeza de los empresarios de medios o de periodistas. Les atañe a ellos y a muchos argentinos.
En la etapa kirchnerista primó un pluralismo radical, gritón, a menudo rústico. La vastedad de posturas se percibía en la radio, en los diarios o en la tele. El sesgo al discurso único es una característica del actual gobierno. La derogación capciosa e inmediata de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA) es clave para ese designio.
Un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) veloz del presidente Mauricio Macri comenzó la tarea. La comentó el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, de supina ignorancia sobre los temas que gestiona.
La Cámara de Diputados aprobó el DNU en una sesión patética que estuvo a un tris de quedar sin quórum. La votación no fue nominativa... hay que dar la cara, legisladores. El bloque del PJ amarillo se abstuvo, un modo medroso de aprobar en la aritmética parlamentaria de esta era.
Los argumentos oficiales son pobres de solemnidad. Afincan en prácticas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Varias de ellas, las cadenas oficiales por antonomasia, nada tienen que ver con la vigencia de la LdSCA y se "derogan" si otro mandatario se comporta de modo distinto.
La audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) re versionó e hizo añorar el debate de la aprobación de la LdSCA. De un lado, representantes de organismos de Derechos Humanos, de universidades, radios comunitarias, académicos de alto nivel, varios de ellos críticos de cómo gestionó el kirchnerismo la LdSCA.
Del otro, los grandes medios representados por su vocera Silvana Guidici, ex diputada ultra clarinista, ahora funcionaria macrista como premio a esa militancia. Más allá de la trayectoria de figuras menores, lo grave es el desplazamiento del Estado ejecutado por el Gobierno.
La coexistencia entre el capitalismo concentrado y un sistema democrático es tensa, conflictiva. La mejora un estado atento, presente, dispuesto a compensar asimetrías entre los poderes fácticos y la sociedad civil. La empeora un nuevo proteccionismo estatal, desviado a favor de la concentración económica.
La LdSCA es, entre otras aristas, una norma antitrust encaminada a limitar monopolios u oligopolios. Esos son los grandes favorecidos por la política macrista, como dijeron los mejores expositores ante la CIDH.
Los medios hegemónicos son mentores y protectores calificados del oficialismo, cuando las papas queman. Las maniobras de esta misma semana, sobrevoladas en la nota principal, son prueba y un síntoma de la pugna. La correlación de fuerzas cambió dramáticamente pero la historia continúa. "El mundo" obsesiona al macrismo. En la CIDH, enclavada en el centro del mundo, los representantes del macrismo desnudaron la brutalidad de sus intenciones y sus carencias para sostener un debate en paridad.
B'NAI B'RITH NEGÓ HABER CREADO LA SOCIEDAD ANÓNIMA
EN PANAMÁ QUE PRESIDE AVRUJ
Una coartada que se derrumba
Kalushy SA fue creada en 1992 y todavía figura vigente. El secretario de Derechos Humanos es su presidente y su esposa la tesorera. Avruj había dicho que había sido la entidad humanitaria la que constituyó la empresa pero la organización lo negó terminantemente.
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, no respondió
los llamados de Página/12.
Por Werner Pertot
La organización B'nai B'rith internacional desmintió al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien aseguró que la sociedad anónima Kalushy, radicada en Panamá, fue creada por esa organización para "cumplir con la normativa laboral" de Panamá cuando Avruj fue director del distrito 23 área Caribe de B'nai B'rith. Este diario publicó la existencia de esa empresa en un paraíso fiscal, que figura a nombre suyo y de su esposa, y luego la aclaración que hizo Avruj. Sin embargo, consultado por este diario, B'nai B'rith Internacional indicó que "B'nai B'rith no estableció, ni autorizó la constitución de ninguna empresa en Panamá". Incluso advirtió que esto es contrario a los principios de esa organización "cuyas finanzas son enteramente transparentes".
Este diario había revelado la existencia de esa sociedad anónima en un paraíso fiscal en la que figura Avruj como presidente. Según el Registro Público de Panamá, Kalushy SA fue creada el 27 de julio de 1992. Como tesorera, aparece Elisa Alfie, esposa de Avruj, y como secretario Ramie Attie. Según los registros públicos continúa "vigente". Antes de esta publicación, Página/12 intentó comunicarse con Avruj, que no respondió a los llamados.
La empresa de Avruj se sumó a otras radicadas en Panamá y otros países que se conocieron en estos días. La lista, aún incompleta, incluye al intendente de Lanús, Néstor Grindetti; al de Vicente López, Jorge Macri; al titular de la AFI, Gustavo Arribas; y a los dos asesores y amigos del presidente, el empresario Nicolás Caputo y el presidente del Club Boca Juniors, Daniel "El Tano" Angelici.
Luego de que se conociera la existencia de la empresa, la Secretaría de Derechos Humanos nacional emitió un comunicado de prensa que tituló: "Claudio Avruj nunca tuvo sociedades offshore". En él, detalló que "Avruj trabajó en Venezuela para la organización B'nai B'rith, reconocida a nivel mundial por su tarea en derechos humanos, institución que lo designó como su director internacional del distrito 23 área Caribe, en Panamá, entre los años 1992 y 1995".
El comunicado indicó que "la organización constituyó a través de sus representantes la sociedad anónima Kalushy, a los efectos de cumplir con la normativa laboral local y permitirle a Avruj asentar su residencia en aquel país". Es decir que, según afirmó el secretario de Derechos Humanos, fue la organización y no él la que creó la empresa. B'nai B'rith es una entidad humanitaria creada en 1843 que tienen como objetivo luchar contra el antisemitismo y las violaciones a los derechos humanos. Tiene sedes en más de cincuenta países, incluyendo a la Argentina.
"La firma creada oportunamente es una sociedad anónima local, de carácter perpetua, y de ninguna manera se compadece con los parámetros de una sociedad offshore, ni tuvo movimiento alguno desde su registro el 20 de julio de 1992", aseguró en el comunicado, aunque no proveyó evidencia de estos dichos. "Es necesario aclarar que Claudio Avruj dejó de cumplir funciones en Panamá el 1º de enero de 1995 y, desde entonces, la sociedad permanece abierta por su condición constitutiva, pero sin movimiento alguno ni vinculación con la función del secretario", indicó.
Página/12 se puso en contacto con las autoridades de B'nai B'rith Internacional en Wahington para verificar la explicación que dio el funcionario de Mauricio Macri.
En respuesta, en un correo enviado por el vicepresidente del área de Comunicaciones de la organización, Sharon Bender, B'nai B'rith Internacional formuló esta declaración oficial: "B'nai B'rith no estableció, ni autorizó a constituir ninguna empresa en Panamá. Crear una empresa con el propósito de ocultamientos de cualquier tipo es completamente contrario a nuestros principios y prácticas como una organización caritativa, cuyas finanzas son enteramente transparentes".
Este diario intentó volver a comunicarse con Avruj para pedirle nuevas explicaciones sobre Kalushy SA, pero todos los celulares del secretario de Derechos Humanos se encontraban cerrados.
La mano derecha de Beraja
Cuando volvió de trabajar de director del área Caribe de B'nai B'rith, Claudio Avruj fue durante diez años (1997-2007) integrante de la conducción de la DAIA, que presidía el banquero Rubén Beraja, recordado por la quiebra del Banco Mayo y por su papel en el encubrimiento del atentado a la AMIA, por el que está siendo juzgado. Avruj se incorporó al PRO de la mano del jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, a quien reporta directamente. En el gobierno porteño, fue primero director de Relaciones Institucionales. Es licenciado en Dirección y Organización Institucional de la Universidad de San Martín. De su gestión surgió la idea de "Buenos Aires celebra", que organiza ferias temáticas con las distintas comunidades migrantes de la Ciudad de Buenos Aires. Luego Avruj pasó a ocupar la subsecretaría de Derechos Humanos porteña. Allí tuvo un entredicho con el familiar de una víctima de la AMIA, Sergio Burstein, quien aseguró que Avruj le mintió y le negó que Jorge "Fino" Palacios fuera a ser designado como jefe de la Policía Metropolitana. El comisario debió dejar el cargo cuando fue procesado por encubrimiento del atentado de la AMIA. Era una época en la que Macri tenía una relación difícil con las entidades de la comunidad judía y Avruj debió trabajar largo y tendido para recomponer esos lazos. Con la victoria nacional de Macri, pasó de su rol en Derechos Humanos de la ciudad a la Nación. Dentro de los funcionarios macristas, es el que tiene una relación más cordial con los organismos de derechos humanos. Además de tener a su nombre una empresa en Panamá, Avruj comparte la administración de una agencia de noticias, Vis a Vis, con Guillermo Yanco, el marido de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según el ex dirigente de la DAIA, Jorge Elbaum, esa empresa fue "financiada en su totalidad por publicidades del Gobierno de la Ciudad".
EMPRESAS FANTASMA Y OPERACIONES OFFSHORE, LEGALES PERO CON ALTO COSTO PARA LA SOCIEDAD
Buenas para la ley, malas para el país
La apertura de sociedades offshore por grandes empresas, aun siendo legal, condenó al país al endeudamiento, al debilitamiento del Estado y al deterioro de las condiciones de vida de la población.
Por Raúl Dellatorre
El uso de las guaridas fiscales como herramienta de ocultamiento de activos o fuga de capitales tuvo un desarrollo creciente a partir de mediados de la década del 70, proceso que continuó en forma ininterrumpida hasta nuestros días. Al punto tal que la cantidad de jurisdicciones reconocidas como "paraísos" o guaridas fiscales se multiplicó por cinco entre el inicio de los 80 y los primeros años del siglo actual. Más allá de la legalidad de ciertas operaciones (que sólo se puede entender por la generosidad de las leyes, que por lo general no miden intenciones), lo concreto es que la apertura de cuentas bancarias y empresas "fantasma" en lugares promocionados por su opacidad (secreto jurídico bursátil, secreto bancario y baja o nula tributación) ha redundado en enormes perjuicios económicos y sociales para los países que son víctimas de la fuga de capitales. La apertura de empresas offshore ha sido un generador muy fuerte del desfinanciamiento de los Estados periféricos en los últimos treinta años, una herramienta eficaz para crear las condiciones en favor del endeudamiento del país y una causa central del debilitamiento de las prestaciones que debe brindar el sector público. Algunas estimaciones señalan a la Argentina como uno de los países más afectados por la fuga de capitales de sus residentes en el mundo, tanto en términos absolutos como en la relación entre riqueza offshore y PBI. Sin sanciones legales ni sociales, la cúpula empresa argentina de las últimas décadas –a la par de los dueños de grandes riquezas– ha sido funcional a la profundización de la dependencia financiera del país, al debilitamiento progresivo del Estado y al deterioro de las condiciones de vida de la población.
Qué es una guarida fiscal
Algunas jurisdicciones (no siempre son países) se han dado, a sí mismas, la condición de distritos con condiciones ventajosas para los inversores, con facilidades para el movimiento de capitales desde esos distritos a cualquier parte del mundo. Esto último lo hace posible la intervención de entidades financieras con capacidad de operar en prácticamente todo el mundo (los bancos globales), que son los grandes artífices de estas prácticas. Básicamente, lo que ofrecen estos "paraísos" para la evasión es: secreto jurídico bursátil, lo que supone de parte del país anfitrión el compromiso de absoluta confidencialidad sobre la identidad del inversor o dueño de la sociedad radicada; secreto bancario, que significa compromiso de no revelar la identidad de titulares de cuenta; y baja o nula tributación, es decir que los activos financieros allí radicados no pagan impuesto a las ganancias o a la riqueza, o sólo en una proporción insignificante. El "combo" hace por demás atractiva la utilización de esas plazas para "triangular" operaciones: un negocio que se hace en otro lado, pero se "registra" a nombre de la empresa "fantasma" offshore para ocultar al titular y sus ganancias.
No es casualidad que las dos plazas financieras más importantes del mundo, Nueva York y Londres, estén señaladas como las promotoras de los "paraísos" offshore. Ni que esto haya ocurrido a mediados de los 70. El surgimiento de las guaridas fiscales fue funcional al despegue del neoliberalismo a nivel global. Por cuestiones prácticas (es decir, elegir plazas donde ya operaban), Londres eligió ex colonias británicas y Nueva York espacios en territorio estadounidense a los que se le otorgó un estatus especial. Así, los distritos de Nevada, Delaware o Wyoming funcionan como guaridas fiscales dentro de los límites del propio Estados Unidos.
En esa primera etapa, la función principal de esos "paraísos" era captar los capitales fugados de los países periféricos, para volcarlos como "inversión" en los países centrales. Del otro lado, los países víctimas de la fuga quedaban descapitalizados (la denominada "restricción externa") y, consecuentemente, debían recurrir como solución al endeudamiento externo. Obviamente, prestarle a esos países a altas tasas se convirtió en un gran negocio para los capitales financieros de los países centrales.
Eran los años, los 80 y los 90, en los que en Argentina los grupos empresarios locales se enriquecieron con los contratos del Estado y las concesiones de servicios privatizados, o asociados con capitales extranjeros para explotar licencias de las marcas de estos últimos. El grupo Socma fue uno entre varios que luego se convertirían en empresas dominantes o directamente monopólicas en rubros fundamentales de la economía. Buena parte de las ganancias obtenidas por este núcleo de empresas se derivó a sociedades offshore o a cuentas no declarados en el exterior. Esta corriente de fuga, con particular aceleración en la segunda mitad de los 90 y en la década siguiente, de 2006 en adelante, sería un factor fundamental que condicionó las políticas públicas del país en estos años.
La crisis financiera mundial, que se disparó en 2008, cambió las condiciones para los países centrales, que empezaron a sufrir la fuga de capitales desde sus propios países. Para naciones periféricas como Argentina, la dinámica offshore no varió en demasía por la crisis. Siguió siendo el mecanismo mediante el cual las grandes empresas administran los fondos que evaden o desvían del país.
Lo que el presidente Mauricio Macri explica como una operación legal, la constitución de una empresa offshore declarada por su padre, es una maniobra habitual de las grandes empresas en Argentina. Pero su propósito no puede ser otro que el de eludir impuestos, evadir o radicar en el exterior ganancias derivadas de prácticas abusivas sobre el comercio exterior. Un ejemplo habitual es el de una exportación en la que la mercancía puede navegar en línea directa y sin escalas entre el puerto argentino y el país de destino, pero la documentación no. Hace escala en una empresa offshore, que compra la mercancía a un valor muy inferior al real, y luego revende a un precio mayor facturando servicios que nunca se prestaron. Así, la diferencia entre el precio de salida del puerto argentino y el precio real que paga el importador quedará radicado en la empresa offshore. Quien hace la maniobra se ahorra el impuesto y habrá fugado parte del valor, que quedará en el exterior sin siquiera estar declarado como propio.
Mientras estas operaciones no se puedan detectar y las guaridas fiscales sigan siendo paraísos para evasores, sólo se podrán conocer la parte "legal" de operaciones complejas, a través de las cuales grandes empresas e inmensas fortunas han estado sometiendo al país a sufrir las consecuencias de la denominada "escasez de divisas".
OPINION
Mossack Fonseca vs. Paul Singer
Ramón Fonseca Mora, socio fundador de Mossack Fonseca. Paul Singer,
financista y líder de fondos buitre.
Por Alfredo Zaiat
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación presenta el caso Panama Papers en su página web del siguiente modo: "Gigante fuga de registros financieros offshore expone la matriz mundial de la delincuencia y la corrupción". Es un extenso reporte elaborado por 18 periodistas integrantes del CIPI. La única mención directa involucrando a argentinos es por la offshore Fleg Trading Ltd. en las Bahamas cuyo director y vicepresidente es el presidente Mauricio Macri. Otra referencia pero indirecta es por la sede de Nevada, Estados Unidos, del estudio de abogados Mossack Fonseca, indicando que un fiscal argentino había solicitado información sobre 123 offshore de "un socio" de la familia Kirchner, sin precisar su nombre, pero se trata de Lázaro Báez. El informe no considera relevante o no tiene información para profundizar el caso Báez y en la publicitada ruta del dinero K, sino que concentra las observaciones en que Mossack Fonseca intentó ocultar el vínculo de su sucursal de Las Vegas con la casa central en Panamá. La investigación apunta a Mossack Fonseca Nevada por la operación Lava Jato, trama de corrupción política y empresarial brasileña, que tiene a esa agencia del estudio como base importante. En un reportaje de descargo brindado al diario La Estrella de Panamá, Ramón Fonseca Mora proporciona un dato revelador, que el informe del CIPI no posee. El socio fundador del estudio, abogado y mano derecha del presidente de Panamá Juan Carlos Varela señala al líder de fondos buitre Paul Singer como el promotor de sus desdichas y de que haya quedado en el centro de las acusaciones por crear offshore para la evasión y lavado de dinero. Otro dato que aportó en su defensa fue que el acoso mediático que dice padecer es impulsado también por Singer, a quien menciona como el financista del viaje de Jorge Lanata a Nevada como parte de la investigación sobre las supuestas firmas offshore de Báez.
En el mundo de las finanzas donde el test de transparencia no deja bien parado a casi nadie, cuando se precipita una guerra entre protagonistas centrales emergen revelaciones interesantes. Empiezan las denuncias cruzadas que permiten conocer información que hasta ese momento estaba oculta en el pacto implícito del secretismo financiero y fiscal de ese negocio. La batalla que se precipitó es entre uno de los estudios de abogados más activos en la creación de empresas fantasmas (offshore) en los últimos cuarenta años y uno de los financista más importante de la categoría fondos buitre. Mossack Fonseca versus Paul Singer.
Información
Antes de la difusión de los Panama Papers, acorralado por las denuncias en Brasil por haber contribuido a construir pantallas societarias para el lavado de activos producto de la corrupción con fondos de Petrobras, en el mencionado reportaje publicado el 14 de marzo pasado, Fonseca Mora acusó a Singer de presionarlo con esa denuncia para que entregara información que relacione a Báez con Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Fonseca Mora no tenía lo que quería Singer, según se desprende de la entrevista. El periodista Nicanor Alvarado de La Estrella de Panamá le pregunta si el estudio Mossack Fonseca también está siendo investigado en Nevada. Fonseca Mora contesta:
– Allá (en Nevada) nos están pidiendo información hace cinco años, pero por otro caso, uno de (Cristina) Kirchner, en el cual nosotros vendimos una sociedad de Nevada a una oficina de abogados en Uruguay, hace muchos años, y esta oficina revende la sociedad en Argentina. Esta sociedad es involucrada, y no sabemos de qué forma, entre muchas otras sociedades, en casos de un socio de Kirchner. Como la sociedad está en Nevada, Paul Singer, un hombre que compra bonos basura (a Argentina, incluso) y después quiere cobrarlos a su valor total, se da cuenta que la sociedad está en su territorio, y comienza a pedir información de la empresa. Pero en Estados Unidos el fishing expedition (pedido de información) está permitido, entonces nos han estado presionando por cinco años para que les demos información de otros clientes que incluso no tienen nada que ver.
– ¿Cómo eso se relaciona con lo que, dice, le pasa ahora?
– Singer es un hombre muy sucio. Nos metió en periódicos internacionales. Creemos que la campaña de ahora está dirigida por él para presionarnos para que no lo demandemos. Nos trajo a (Julio – sic – se confunde el periodista con el nombre Jorge) Lanata aquí, que es un periodista internacional. Pagó y lo llevó a Nevada, creemos que ha pagado a otros medios que han venido y están viniendo a Panamá.
Algoritmo
El reporte del Consorcio Internacional de Periodista de Investigación refiere a que en abril de 2013, cuando difundieron la investigación OffshoreLeaks, a partir de 2,5 millones de archivos secretos filtrados por dos firmas que facilitan negocios en paraísos fiscales, una de Singapur y otra de las Islas Vírgenes Británicas, algunos clientes de Mossack Fonseca enviaron correos electrónicos preguntando si los registros de sus operaciones offshore estaban seguras. El estudio de abogados de Panamá les recomendó que no se preocuparan recordando el compromiso que la privacidad de sus clientes "siempre ha sido de suma importancia y, en ese sentido, la información confidencial almacenada en nuestro centro de datos y cualquier comunicación dentro de nuestra red global se maneja a través de un algoritmo cifrado que cumple con los más altos estándares mundiales". La filtración de 11 millones de documentos demostró que el algoritmo de su centro de datos era vulnerable.
En relación a la sede de Nevada, el informe del grupo de periodistas de investigación destaca que empleados del estudio de abogados trabajaron a fines de 2014 para ocultar los vínculos entre la agencia La Vegas y su sede central en Panamá por la eventualidad de una orden judicial de Estados Unidos que le exigiera entregar información reclamada por Singer.
Estados Unidos
La batalla que tiene de contendientes a la firma fabricante de offshores Mossack Fonseca y al principal estratega de fondos buitre Paul Singer, donde la plaza de Nevada es el territorio de la disputa, es sólo el emergentes de la verdadera guerra que se está desplegando con la sucesión de filtraciones masivas en los últimos años (OffshoreLeaks, LuxemburgoLeaks, SwissLeaks y Panama Papers), y las puntuales e inorgánicas (HSBC Ginebra-Hervé Falciani, banca suiza Julius Baer-Rudolf Elmer, JP Morgan-Hernán Arbizu, BNP Paribas). Lo que está en juego principalmente es el millonario negocio del dinero offshore. Dónde se radica esos fondos y no tanto cuál ha sido su origen y quienes son sus dueños. El último golpe fue a la credibilidad de Mossack Fonseca para este tipo de negocios. Es una de las cinco firmas más importantes del mundo en la creación de firmas offshore. Tiene más de 500 empleados en unas 40 oficinas distribuidas por el mundo y decenas de bancos internacionales han trabajado con el estudio para ayudar a sus clientes para gestionar empresas offshore. El centro de periodistas de investigación informó que UBS creó más de 11.000 offshore y HSBC más de 2300 a través de Mossack Fonseca.
La presión para la eliminación del secreto bancario en Suiza y el golpe a la credibilidad del secretismo de paraísos fiscales (Luxemburgo, Panamá) favorece a otras plazas que se ofrecen más seguras para esos capitales. Estados Unidos no firmó los acuerdos sobre el intercambio de información de cuentas financieras promovidos por la OCDE, y a la vez aprobó la ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (Fatca, por sus siglas en inglés), que exige a los países información financiera de ciudadanos estadounidenses para combatir la evasión impositiva.
De ese modo, con la ley Fatca y con los estados de Nevada, Delaware y Dakota del Sur, que garantizan confidencialidad y poseen también muy flexibles normas de fiscalización financiera para empresas y grandes fortunas, Estados Unidos convoca a los capitales radicados en el resto de las plazas offshore. Ofrece refugio en sus propias guaridas fiscales, seduce a capitales extranjeros y presiona a estadounidenses para que depositen sus fortunas en esas zonas francas fiscales y financieras.
Es un hecho curioso que en todos los casos de megafiltración de información de guaridas fiscales y de cuentas de bancos internacionales no haya aparecido involucrado ningún político ni empresarios relevantes de Estados Unidos y ninguno de sus grandes bancos. Ni datos de Delaware, Las Vegas o Florida. Es lo mismo que ha señalado Marco A. Gandásegui (h), profesor de sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos, en un reciente artículo "Los Panama Papers y la falta de transparencia" publicado en la red de información Alai-amlatina. "Curiosamente, entre los millones de documentos que le fueron hackeados a Fonseca, muy pocos se refieren a los negocios que la firma realiza con sus contrapartes en Estados Unidos, Gran Bretaña o Europa occidental". Informa que Fonseca Mora señala que entre sus socios más importantes se encuentran bancos y abogados en Miami (Florida) y en el estado de Nevada (Las Vegas). "Este último, junto con Delaware, son las 'lavadoras' más grandes del mundo. Compiten con sus contrapartes en el Canal de la Mancha (Gran Bretaña). Estas lavadoras, sin embargo, no son consideradas offshore y pueden operar debido a la protección que reciben de sus respectivos gobiernos (Washington y Londres, respectivamente)", afirma Gandásegui (h).
La disputa por los capitales offshore circulando en las guaridas fiscales se ha precipitado con una intensidad inédita. Es una pelea por el manejo de billones de dólares. Diferentes investigaciones realizadas por ONG, el Banco Mundial y el FMI calculan que la evasión, fuga y lavado de activos a través de empresas offshore en guaridas fiscales ha alcanzado un stock de 25 a 30 billones de dólares. Las megafiltraciones de documentos para conocer quienes operan en guaridas fiscales para evadir impuestos y fugar capitales forman parte de un acelerado reordenamiento del negocio global del secretismo fiscal y financiero.
EMPRESAS FANTASMA Y OPERACIONES
OFFSHORE, LEGALES PERO CON ALTO COSTO
PARA LA SOCIEDAD
Buenas para la ley, malas para el país
La apertura de sociedades offshore por grandes empresas, aun siendo legal, condenó al país al endeudamiento, al debilitamiento del Estado y al deterioro de las condiciones de vida de la población.
Islas Bahamas. Las guaridas fiscales fueron funcionales al desarrollo del neoliberalismo.
Por Raúl Dellatorre
El uso de las guaridas fiscales como herramienta de ocultamiento de activos o fuga de capitales tuvo un desarrollo creciente a partir de mediados de la década del 70, proceso que continuó en forma ininterrumpida hasta nuestros días. Al punto tal que la cantidad de jurisdicciones reconocidas como "paraísos" o guaridas fiscales se multiplicó por cinco entre el inicio de los 80 y los primeros años del siglo actual. Más allá de la legalidad de ciertas operaciones (que sólo se puede entender por la generosidad de las leyes, que por lo general no miden intenciones), lo concreto es que la apertura de cuentas bancarias y empresas "fantasma" en lugares promocionados por su opacidad (secreto jurídico bursátil, secreto bancario y baja o nula tributación) ha redundado en enormes perjuicios económicos y sociales para los países que son víctimas de la fuga de capitales. La apertura de empresas offshore ha sido un generador muy fuerte del desfinanciamiento de los Estados periféricos en los últimos treinta años, una herramienta eficaz para crear las condiciones en favor del endeudamiento del país y una causa central del debilitamiento de las prestaciones que debe brindar el sector público. Algunas estimaciones señalan a la Argentina como uno de los países más afectados por la fuga de capitales de sus residentes en el mundo, tanto en términos absolutos como en la relación entre riqueza offshore y PBI. Sin sanciones legales ni sociales, la cúpula empresa argentina de las últimas décadas – a la par de los dueños de grandes riquezas – ha sido funcional a la profundización de la dependencia financiera del país, al debilitamiento progresivo del Estado y al deterioro de las condiciones de vida de la población.
Qué es una guarida fiscal
Algunas jurisdicciones (no siempre son países) se han dado, a sí mismas, la condición de distritos con condiciones ventajosas para los inversores, con facilidades para el movimiento de capitales desde esos distritos a cualquier parte del mundo. Esto último lo hace posible la intervención de entidades financieras con capacidad de operar en prácticamente todo el mundo (los bancos globales), que son los grandes artífices de estas prácticas. Básicamente, lo que ofrecen estos "paraísos" para la evasión es: secreto jurídico bursátil, lo que supone de parte del país anfitrión el compromiso de absoluta confidencialidad sobre la identidad del inversor o dueño de la sociedad radicada; secreto bancario, que significa compromiso de no revelar la identidad de titulares de cuenta; y baja o nula tributación, es decir que los activos financieros allí radicados no pagan impuesto a las ganancias o a la riqueza, o sólo en una proporción insignificante. El "combo" hace por demás atractiva la utilización de esas plazas para "triangular" operaciones: un negocio que se hace en otro lado, pero se "registra" a nombre de la empresa "fantasma" offshore para ocultar al titular y sus ganancias.
No es casualidad que las dos plazas financieras más importantes del mundo, Nueva York y Londres, estén señaladas como las promotoras de los "paraísos" offshore. Ni que esto haya ocurrido a mediados de los 70. El surgimiento de las guaridas fiscales fue funcional al despegue del neoliberalismo a nivel global. Por cuestiones prácticas (es decir, elegir plazas donde ya operaban), Londres eligió ex colonias británicas y Nueva York espacios en territorio estadounidense a los que se le otorgó un estatus especial. Así, los distritos de Nevada, Delaware o Wyoming funcionan como guaridas fiscales dentro de los límites del propio Estados Unidos.
En esa primera etapa, la función principal de esos "paraísos" era captar los capitales fugados de los países periféricos, para volcarlos como "inversión" en los países centrales. Del otro lado, los países víctimas de la fuga quedaban descapitalizados (la denominada "restricción externa") y, consecuentemente, debían recurrir como solución al endeudamiento externo. Obviamente, prestarle a esos países a altas tasas se convirtió en un gran negocio para los capitales financieros de los países centrales.
Eran los años, los 80 y los 90, en los que en Argentina los grupos empresarios locales se enriquecieron con los contratos del Estado y las concesiones de servicios privatizados, o asociados con capitales extranjeros para explotar licencias de las marcas de estos últimos. El grupo Socma fue uno entre varios que luego se convertirían en empresas dominantes o directamente monopólicas en rubros fundamentales de la economía. Buena parte de las ganancias obtenidas por este núcleo de empresas se derivó a sociedades offshore o a cuentas no declarados en el exterior. Esta corriente de fuga, con particular aceleración en la segunda mitad de los 90 y en la década siguiente, de 2006 en adelante, sería un factor fundamental que condicionó las políticas públicas del país en estos años.
La crisis financiera mundial, que se disparó en 2008, cambió las condiciones para los países centrales, que empezaron a sufrir la fuga de capitales desde sus propios países. Para naciones periféricas como Argentina, la dinámica offshore no varió en demasía por la crisis. Siguió siendo el mecanismo mediante el cual las grandes empresas administran los fondos que evaden o desvían del país.
Lo que el presidente Mauricio Macri explica como una operación legal, la constitución de una empresa offshore declarada por su padre, es una maniobra habitual de las grandes empresas en Argentina. Pero su propósito no puede ser otro que el de eludir impuestos, evadir o radicar en el exterior ganancias derivadas de prácticas abusivas sobre el comercio exterior. Un ejemplo habitual es el de una exportación en la que la mercancía puede navegar en línea directa y sin escalas entre el puerto argentino y el país de destino, pero la documentación no. Hace escala en una empresa offshore, que compra la mercancía a un valor muy inferior al real, y luego revende a un precio mayor facturando servicios que nunca se prestaron. Así, la diferencia entre el precio de salida del puerto argentino y el precio real que paga el importador quedará radicado en la empresa offshore. Quien hace la maniobra se ahorra el impuesto y habrá fugado parte del valor, que quedará en el exterior sin siquiera estar declarado como propio.
Mientras estas operaciones no se puedan detectar y las guaridas fiscales sigan siendo paraísos para evasores, sólo se podrán conocer la parte "legal" de operaciones complejas, a través de las cuales grandes empresas e inmensas fortunas han estado sometiendo al país a sufrir las consecuencias de la denominada "escasez de divisas".
EL KIRCHNERISMO CRITICÓ EL PEDIDO DE IMPUTACIÓN
A CRISTINA FERNÁNDEZ
"Hay ánimo de revanchismo"
Dirigentes del PJ y el kirchnerismo respaldaron a la ex mandataria y remarcaron la convocatoria a manifestarse en Comodoro Py el próximo miércoles, cuando se presente a declarar en la causa que lleva el juez Bonadío.
Héctor Recalde, Agustín Rossi y Martín Sabbatella, entre los dirigentes que
apoyaron a la ex presidenta.
Imagen: Télam.
La decisión del fiscal Guillermo Marijuán de pedir la imputación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de una causa por lavado de dinero generó un fuerte rechazo por parte de distintos dirigentes y sectores del peronismo y el kirchnerismo. A cinco días de la citación a indagatoria para la ex mandataria por la investigación respecto a las maniobras con el dólar futuro, la noticia de una nueva imputación redobló la convocatoria para la manifestación que se realizará el miércoles en su apoyo.
"Hay un ánimo de revanchismo similar al del golpe del 55", aseguró ayer el jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde. Por su parte, el parlamentario del Mercosur y ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, aseguró que "quieren tapar la mugre de Macri" por el escándalo Panama Papers "persiguiendo a Cristina".
El pedido de investigación a CFK luego de que declarara Leonardo Fariña, un supuesto "arrepentido" de la operación de lavado investigada, "no tienen ningún sustento jurídico", aseguró Recalde ayer, en una entrevista radial. "Escuchar sin ningún sustento probatorio a un hombre que dice que está arrepentido y hace dos años que está preso, da lugar a sospechas", agregó el diputado, que calificó como "por lo menos muy apresurada" y "muy débil" la decisión del fiscal Marijuán. "Son imputaciones fáciles con pruebas que no existe. Es una persecución", agregó.
Por su parte, el senador por la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Abal Medina, consideró que "involucrar a un ex presidente" en una causa judicial sin tener pruebas plenas "no es muy sano para la Argentina". Para el legislador, muchas veces los dirigentes terminan "judicializando la política y la Justicia se termina politizando, y eso no es bueno para nadie". En tanto, Rossi acusó al gobierno de montar esta ofensiva judicial para "tapar la mugre" de las acusaciones de corrupción en su contra: "Macri y su gabinete son un Laverap. El Presidente, su familia, y sus funcionarios tienen cuentas offshore. Todos evaden", denunció.
Las redes sociales también fueron el lugar donde otros dirigentes se manifestaron sobre la imputación y la convocatoria a manifestarse el miércoles que viene. "Ni siquiera lo intenten", advirtió escuetamente en Twitter diputado nacional, Leonardo Grosso, del Movimiento Evita. Su compañera de bancada, Juliana Di Tullio, escribió: "¿Marijuán? ¿El militante de Carrió? ¿La independencia de la Justicia? A mí no me van con ese cuento... No subestimen al pueblo argentino", lanzó en un mensaje en las redes sociales. La ex embajadora en México, Patricia Vaca Narvaja, posteó: "Van por Cristina presa, porque quieren destruir el proyecto de inclusión y distribución de la riqueza de estos 12 años".
El referente de Nuevo Encuentro y ex titular del Afsca, Martín Sabbatella, también se refirió al asunto en un acto que protagonizó en la ciudad de Salta en el marco de las "plazas del pueblo" que lleva adelante cada fin de semana. "El Partido Judicial está desplegando un ataque brutal contra Cristina, como parte de la estrategia de la derecha de desgastar a los proyectos nacionales, arrasar la memoria del kirchnerismo, su legado y su historia", aseguró.
"Saben de lo que Cristina fue capaz, los irrita el amor que la une al pueblo argentino y la consideran una amenaza para las ambiciones de las corporaciones que hoy gobiernan el país. La desprecian y le temen; por lo que hizo, porque se fue aclamada y abrazada por millones de argentinos y porque está dispuesta a frenar a esa derecha y avanzar por lo que quedó pendiente. Por eso, ellos están dispuestos a todo", completó.
Además, más de un centenar de concejales de cuarenta municipios bonaerenses se reunieron ayer para reafirmar su respaldo a Fernández de Kirchner y convocar a la manifestación del miércoles: "Tenemos que estar todos. Será nuestro 17 de octubre", promete el documento difundido tras el plenario. También Espacio Popular, donde confluyen el Frente Grande, el Partido Comunista, publicó ayer un comunicado repudiando "el intento de fabricar supuestas causas sobre corrupción para desacreditar a los gobiernos populares y socavarlos, como intentan ahora con la compañera Cristina Fernández de Kirchner y como vienen ensayando en América Latina".
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner regresará mañana a la Ciudad de Buenos Aires, cuatro meses después de que concluyera su mandato y a dos días de presentarse ante el juez Claudio Bonadio para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa por el dólar futuro. "CFK tiene plan de vuelo. Sale el lunes de El Calafate destino Buenos Aires vuelo 1893. Hora de salida 19.30", informó ayer a través de la cuenta de twitter @CasaRosadaAr. Por su parte, Martín Sabbatella en la misma red convocó a la militancia a ir por la noche a Aeroparque a recibir a la ex mandataria.
CFK ante Bonadío
LA DEMANDA POR EL DOLAR FUTURO SE BASA
EN COLUMNAS PERIODISTICAS Y COMENTARIOS
RADIALES
Una causa con recortes de prueba
Tuits, textos en Facebook, diarios y las ideas de funcionarios macristas son la base de la acusación contra el BCRA y la ex presidenta. El denunciante aclaró que nunca la mencionó.
La ex presidenta será llamada a declarar en una causa con pruebas más que débiles.
Por Irina Hauser
Un día de septiembre del año pasado, en pleno debate sobre las operaciones de dólar futuro, el historiador económico Pablo Gerchunoff tuiteó con su humor habitual: "Equidad es que cada argentino pueda acceder a los futuros de Vanoli. Por una república de iguales". Como es un tuitero frecuente, después se olvidó. En marzo recibió un e-mail muy amable del juzgado de Claudio Bonadio. Decía que querían consultarlo sobre el mercado de futuros. Arregló una cita y fue a tribunales. Antes repasó, por si debía ser didáctico, y dudó si alguna vez habría hecho ese tipo de operación. El juez le tendió la mano, le indicó su silla y lo dejó con su secretaria. Ella, de bienvenida, le advirtió que estaba bajo juramento y que si mentía le imputarían falso testimonio. El la miró con pánico. La mujer le mostró un papel con el tuit. "¿Lo reconoce como suyo?", le preguntó. Enseguida recordó: "¡Sí, claro!". "¿Usted piensa lo que dice ahí?", siguió la secretaria. El experto reaccionó: "¿Pero usted sabe cómo funciona tuiter? ¡Sólo fue una ironía!", tuvo que aclarar ante el absurdo.
El célebre tuit de Gerchunoff –quien fue jefe de gabinete económico de la Alianza– y su declaración testimonial bajo juramento, son apenas una muestra de qué tipo de pruebas hay y cómo se recopilan en la causa sobre las operaciones de dólar futuro en la que está citada a indagatoria para este miércoles la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y un día antes el ministro de Economía Axel Kicillof. Antes que eso, la Sala II de la Cámara Federal deberá resolver la recusación contra Bonadio presentada por Pedro Biscay, uno de los directores del Banco Central imputados (ver aparte). ¿Qué otras evidencias juntó el juzgado? Son –en esencia– opiniones de periodistas opositores al kircherismo, como Marcelo Bonelli, ideas de funcionarios macristas (el ministro Alfonso Prat-Gay declaró dos veces), palabras de economistas ortodoxos, otras de ex funcionarios y audios de radio Mitre. En cambio, no ordenó ninguna pericia contable que corrobore las pérdidas millonarias que, según su estimación, rondarían los 77 mil millones de pesos, a pesar de los reclamos de algunos de los implicados.
Desde que empezaron a declarar los primeros imputados, que son directores y ex directores del Central, ellos y el resto pudieron enterarse que se los acusa de: haber actuado de manera organizada, violando sus competencias y atribuciones, "para que el BCRA concrete operaciones en el mercado de dólar futuro en condiciones dañosas para el erario público ya que entre septiembre y noviembre de 2015 se vendieron contratos de dólar futuro por parte del BCRA a valores inferiores al precio de mercado con conocimiento e intención, que provocaron cuantiosas pérdidas para el Estado". Con el concepto de que existió una organización, Bonadio utiliza el delito de asociación ilícita, que tiene una expectativa de pena alta, hasta diez años. Con eso generar presión y amenaza de detenciones.
La operatoria del dólar futuro es así: se establece un precio para el futuro, en una fecha determinada de vencimiento. Si ese día la cotización es más alta, el comprador tiene una diferencia a su favor, si es más baja, la diferencia por compensación es para el Estado. Hace años que se usa este tipo de contratos del Banco Central, como una especie de seguro de cambio cuando hay incertidumbre con el dólar. Pero es parte de una política para regular el mercado frente a mercados especulativos. Lo que sucedió es que Mauricio Macri produjo una devaluación y eso produjo pérdidas. Se acusa al gobierno anterior por lo que sucede en el actual en función de las medidas adoptadas.
Cuando la secretaria de Bonadio empezó a pedirle opinión a Gerchunoff, una vez que superó el baldazo de agua fría el economista le dijo que está "en contra" de la política del mercado de futuros porque "siempre el BCRA va a tener que emitir pesos". "¿Quién se favorece?", preguntó la funcionaria. "Empresas comerciales, industriales y productivas. Hay especuladores que van a ganar mucha plata. No me gusta, pero es mi opinión económica", contestó. Todo fue tan delirante que Gerchunoff le dijo que por un instante quería meterse en "su terreno", el judicial: que "si se considera todo esto como materia judiciable", entonces las ventas de dólares en el final de la convertibilidad, que eran por debajo del valor de mercado deberían serlo. "De estos le puedo contar 400 casos que no fueron materia judiciable", agregó. "Son medidas que toman los gobiernos en situaciones inestables", señaló, en contra de la teoría de que hay un delito.
También fue citado a declarar el periodista del grupo Clarín Marcelo Bonelli, a raíz de una nota que publicó el 26 de junio 2015: "Mientras sube el dólar blue, Kicillof y Vanoli se pelean". Le pidieron que explicara cómo le constaba que los miembros del directorio del BCRA obedecían al ministro de Economía, y en menor medida al titular de la entidad. La respuesta bien genérica fue que eran "apreciaciones de público conocimiento" y que lo conocía "todo el sistema financiero" y que era "sabido" que "el ex ministro daba instrucciones a través del director (Germán) Feldman".
Bonadio tomó una nota publicada en el diario Perfil escrita por Nicolás Salvatore y Martín Grandes el 28 de febrero último. El artículo empieza así: "Un juez federal viene de citar a declaración indagatoria a la ex presidenta de la Nación y a otros dos funcionarios por operar en el mercado de dólar futuro local (forward, en adelante) a un valor muy inferior al de mercado apenas unos meses antes de dejar el poder. La pregunta de la hora es: ¿es esta operación un delito? Nos anticipamos a la respuesta: no sólo es delito, sino que hay sobrada jurisprudencia internacional, tal como lo muestran los casos de Sudáfrica y Tailandia". Cuando citaron a Grandes como testigo, dijo que quería "dejar en claro": "no soy un experto en el caso de Tailandia. Tampoco lo soy en el caso de Argentina". Luego agrega que sí lo es en el caso de mercados cambiarios y economía de Sudáfrica (allí hubo una devaluación inmensa tras operaciones de futuros mal hechas). Su coequiper Salvatore en 2010 – por ejemplo – escribía estas cosas en Facebook: "Este gobierno termina con el mundial, es motivo de celebración. la inflación es un fuego santo, purificador, que incendiará a todo el kirchnerismo en la hoguera. Brindo por Phi (inflación esperada) esperado!! Y no solo brindo, me voy a encargar, como todos los meses, de que Phi esperado sea alto, muy alto, recontra alto, como diría el finado Guido Di Tella". Ese año fue denunciado por maltrato a alumnos en la facultad de Ciencias Económicas.
Junto con estos ejemplos, que ilustran el material de la causa donde está imputada la ex presidenta, también hubo declaraciones testimoniales de personajes que forman parte de o son afines a Cambiemos, como el propio ministro de Economía Alfonso Prat-Gay, el actual presidente del Banco Central Lucas Llach, su antecesor Martín Redrado (que declaró más de una vez, siempre con la idea fija de que están afectadas las reservas), el ex titular de la Comisión Nacional de Valores Eduardo Hecker, el ex titular del Central Juan Carlos Fabregas (antes de Vanoli). El juez incorporó más material periodístco, como una entrevista de Marcelo Longobardi al titular de la AFIP, Alberto Abad, donde habla del déficit fiscal.
Esta semana se presentó con un descargo por escrito Vanoli, ex titular del Central, quien señaló que el costo de los contratos a futuro no se debe a la operación en sí sino a la devaluación abrupta que aplicó el gobierno de Cambiemos desde diciembre. Lo que sostuvo es que los contratos de dólar futuro pretendían "enviar señales de estabilidad cambiaria" y contrarias a una devaluación. Es uno de los caminos para intentar contrarrestar la inflación que se deterioren los salarios. Era, básicamente, una decisión también de política económica, un criterio.
La denuncia que dio origen a esta causa la hicieron el hoy presidente provisional del Senado Federico Pinedo (PRO) y el radical Mario Negri. El jueves en una entrevista radial Pinedo explicó que en su momento evaluó que podía haber "una decisión ruinosa del Banco Central" pero ahora mostró preocupación por los alcances que le dio al tema Bonadio: "No pensaba que tenía que ver la Presidenta, de hecho en la denuncia nuestra no figura en absoluto".
OPINIÓN
Una unidad sin
significado político
Imagen: Sandra Cartasso.
Por EDGARDO MOCCA
La jueza Servini de Cubría produjo una nueva intervención del Poder Judicial en los asuntos políticos. Amplió el plazo para la normalización del Partido Justicialista, de una manera que habilita las maniobras para provocar su intervención. El justicialismo apeló la medida e intenta mantener el cronograma oportunamente decidido. Ese es el actual cuadro en términos jurídicos pero, con independencia de cómo se tramite en el plano judicial, la situación del partido merece ser analizada en términos políticos. El PJ alcanzó finalmente una fórmula de unidad para conformar su dirección. El significado práctico de este acuerdo se limita a dos objetivos: se intenta evitar la intervención del partido y se esquiva el mecanismo de la elección por los afiliados, entre dos o más alternativas de conducción. Ni intervención ni interna, unidad. Si se intentara dar medio paso más y se buscara algún otro criterio de unidad entre los participantes del acuerdo, sería imposible. Ningún otro principio ideológico, político, táctico o estratégico justificaría la unidad de todo el espectro participante.
Frente a esta evidencia, se levanta toda una serie de atenuantes respecto de la insólita heterogeneidad de lo que sería la futura conducción justicialista. Se habla de "pluralidad", de "unidad en la diversidad" y se esgrime la condición nacional del peronismo capaz de albergar toda la gama ideológica de los argentinos. Si esto es así, no se entiende para qué hay que tener un partido. Entonces se habla del partido como "herramienta electoral": hay que tenerlo normalizado para que algunos compañeros puedan participar en las elecciones en su nombre. El relato de la historia del partido es el de la voluntad de un líder, políticamente transformada (a través del éxito electoral) en la voluntad de todo el movimiento, incluida su herramienta electoral. Mientras el líder era Perón esta fórmula tenía sentido político: el peronismo no nació en la oficina de un partido, ni es el fruto de un gran acuerdo programático, nació en la Plaza de Mayo repleta de gente que se había reunido, para rescatar y respaldar a quien consideraba su líder. Todo el recorrido político del peronismo, toda su configuración doctrinaria, su simbología, su lugar en el mundo ideológico de los argentinos nace de ese gran encuentro histórico. De los dos puntos de ese encuentro: la conducción del líder y la creatividad de su pueblo. Ese fue el fundamento del verticalismo, característica inseparable del peronismo mientras vivió su fundador. Los institucionalistas liberales repudian a coro ese relato, lo contraponen al deber ser del partido, a su legalidad, a sus fundamentos doctrinarios prolijamente escritos en doctas plataformas programáticas. No importa para nada esa objeción porque todo lo que merece llamarse teoría política no estudia lo que la política debería ser sino lo que es. "No la imaginación de la cosa sino la verdad efectiva de la cosa" fue la fórmula con la que Maquiavelo fundó la tradición de la teoría política moderna. Después de la muerte de Perón, el peronismo deja de ser el itinerario que la relación entre conducción y pueblo impone en cada circunstancia. Claro está, nunca lo fue del todo en la vida práctica pero esa interacción era la que proveía el fundamento de la legitimidad del movimiento, que no era un conglomerado de fracciones diversas y contradictorias sino una estrategia de conducción, acompañada (y muchas veces transformada en la práctica) por su pueblo. La muerte del líder terminó para siempre con ese principio de legitimación. Mucho más después de que el gobierno de su viuda estuviera signado por el intenso conflicto de fuerzas internas del movimiento y terminara aislado social y políticamente, lo que ayudó al triunfo y consolidación del criminal golpe cívico militar de 1976. No hace falta desarrollar todas las peripecias recorridas por el movimiento desde la reconquista de la democracia hasta hoy. Alcanza con destacar que la nueva forma de legitimación para el liderazgo del movimiento se redujo a la consagración en ese sitio de quien lograra previamente conquistar el apoyo mayoritario del pueblo. Desde ese punto de vista, el Partido Justicialista (que sigue siendo el portador de la memoria histórico-institucional del peronismo) tuvo tres líderes: Carlos Menem, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Las diversas composiciones del consejo superior partidario no dicen nada realmente importante sobre la historia del partido, más allá de que pudieran servir de termómetro de las relaciones de fuerza internas del PJ.
El peronismo gobernó en dos grandes etapas en la Argentina posterior a 1983, con Menem y con los Kirchner; el interinato de Duhalde fue una transición involuntariamente fugaz entre la experiencia neoliberal y el brusco cambio de rumbo del kirchnerismo. En ambas etapas hubo muchos peronistas "fuera del peronismo". En la época de Menem todas las corrientes identificadas con las banderas fundacionales de corte nacional-popular del movimiento quedaron fuera del partido o en sus márgenes (dentro del movimiento-fuera del partido era la fórmula que sostenían muchos de esos sectores). En la reciente experiencia kirchnerista hubo un fenómeno inverso que, en este caso, dejó fuera del partido a un conjunto de dirigentes que privilegian la mirada del peronismo como "partido del orden", plenamente integrado a la práctica liberal-democrática. El arco temporal que va de 1989 a 2015 contiene dos experiencias políticas de signo antagónico protagonizadas en nombre del movimiento peronista.
¿Puede el peronismo sintetizarlas en su futuro histórico? La evidente polaridad estratégica entre los dos períodos lo hace muy problemático, pero lo que sí es seguro es que una "lista de unidad", fundada en las necesidades jurídicas y en el acuerdo implícito de sus protagonistas de no producir ninguna definición política sustantiva en la coyuntura actual, no constituye ni tiene absolutamente nada que ver con esa síntesis. Una vez más: su sentido se limita a defender el sustento jurídico de una estructura, mientras se posterga sin fecha cierta la discusión sobre el lugar político que esta estructura procurará ocupar. Mantengamos aceitada la herramienta electoral, después disputamos quién la utiliza, es la fórmula de la unidad.
La historia de un partido político, decía Gramsci, no es la historia de sus congresos, sus reuniones, sus dirigentes, sino que es la historia de un país contada desde un grupo social determinado. Instituciones que tienen el nombre de partido político y están validadas ante la justicia hay muchísimas en la Argentina. Eso no significa que haya la misma cantidad de proyectos orgánicos viables para el país; se podría decir entonces que conviene diferenciar lo que es un partido político desde el punto de vista jurídico, de lo que es desde una perspectiva de fuerzas históricas en pugna en una determinada historia nacional. Lo jurídico hace falta, pero lo que le da sentido a lo jurídico es el proyecto de país que pretende representar o al que pretende contribuir.
Desde esa perspectiva, el Partido Justicialista está ante una dramática disyuntiva: tiene que definir su lugar en un proceso político en el que una coalición de derecha ha triunfado electoralmente y está ejecutando –con rapidez y dureza estremecedora– una política de normalización neoliberal de la Argentina. Ese proceso se desarrolla en todos los planos: en el ajuste económico, en la profundización de la desigualdad social, en el agravio a derechos democráticos y populares, en la abdicación de la soberanía nacional frente a los circuitos políticos, judiciales y financieros que la agreden, en el realineamiento con la política militarista y neocolonial de Estados Unidos. Ese proceso ha partido aguas en el interior del justicialismo: nada menos que la consagración del fallo de Griesa y la renuncia a cualquier negociación digna por parte de nuestro país mereció el voto positivo de algunos diputados y de la mayoría de los senadores del PJ. Una cosa es que el partido haya sido menemista en tiempos de Menem y kirchnerista en tiempos de los Kirchner; otra cosa es que sea al mismo tiempo menemista y kirchnerista en la época de la restauración neoliberal. Ese es el punto en que la fórmula –criticable y a la vez legítima– que consagra líder a quien gana el apoyo popular, entra en una zona crítica: ¿qué tipo de identidad social puede construirse desde semejante conjunción? Todo el mundo justicialista sabe que esa conjunción es inviable y que perecerá en plazos no largos. ¿De qué se trata entonces? De darle prioridad a la solución jurídica y postergar la resolución sobre qué coalición interna del PJ será la que gane la puja por el manejo de la herramienta electoral. Vistas así las cosas, el acuerdo no tiene gran significación política. No es bueno ni malo, no importa. El partido quedaría validado jurídicamente y, al mismo tiempo, reducido a la nada misma como actor político en la actual circunstancia. Para que tuviera algún significado tendría que lograr, como mínimo, que los miembros de la conducción unitaria aseguraran el voto en común de las bancadas parlamentarias en las cuestiones decisivas para el futuro del país, desde los derechos laborales hasta la composición de la Corte Suprema; esa cuestión tan elemental sería, en la actual circunstancia, una proeza política de alcance histórico. Lo que está claro es que la colocación política del movimiento peronista no dependerá de esta "conducción" unificada sino de una disputa más profunda en su interior. Una disputa que ya está en pleno desarrollo y que es una manifestación en el interior del partido y del movimiento, de la gran disputa en la que ha entrado este país. Es la que pone en juego si el macrismo se consolida en las elecciones del año próximo y se perfila hacia una dirección más o menos duradera de gobierno o encuentra en la política argentina un freno en lo relativamente inmediato y un cambio de orientación para dentro de cuatro años. La pregunta para los que en el interior del peronismo se pronuncian por frenar y derrotar al neoliberalismo es desde qué plataforma histórica y política puede cumplirse ese designio, como no sea desde la valoración, el rescate crítico y la profundización del curso adoptado por el país en los anteriores doce años. Todo lo que ocurre políticamente en el país adquiere o no significado según su lugar en esta disyuntiva histórica. Claramente la unificación de las listas del PJ no tiene ningún significado destacable.
ABOMINAR DEL PASADO, PROMETER EL PARAISO E IGNORAR LA REALIDAD
Cuestión de contexto
El Estado no respondió ni una de las cuestiones que plantearonen la sede de la OEA el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Relator para la Libertad de Expresión y las organizaciones de la sociedad civil. Con diatribas al pasado y promesas inverificables de un futuro refulgente, hicieron silencio sobre los hechos consumados que refuerzan la concentración, silencian el pluralismo, reducen la diversidad, y afectan derechos humanos básicos en una sociedad democrática.
Por Horacio Verbitsky
Desde Washington DC
Durante la audiencia temática convocada el viernes aquí por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes del Estado Nacional no contestaron una sola de las preguntas y observaciones formuladas por el vicepresidente de la CIDH (el comisionado peruano Francisco Eguiguren), por el Relator Especial para la Libertad de Expresión (el periodista y abogado oriental Edison Lanza) y por los miembros de la Coalición para una Comunicación Democrática. Todos ellos plantearon desde dudas hasta clamores de alarma por la supresión de cualquier límite a la concentración de la propiedad de los medios; la compraventa de licencias como si se tratara de una mercancía y la eliminación de la sociedad civil de la autoridad regulatoria, lo que afecta la pluralidad, la diversidad y la libertad de expresión, el derecho a la información y a la comunicación, esenciales en una sociedad democrática.
La estrategia estatal es llamativa. Todos los miembros de la delegación se limitaron a hablar del pasado y del futuro, pero nada tuvieron para decir sobre el presente, que está generando graves hechos consumados cuya reversión será ardua. Desde la apertura, a cargo del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, los enviados se concentraron en cuestionamientos políticos al gobierno que terminó su mandato hace cuatro meses, que no formaba parte del tema a discutir. Avruj llegó a hablar de "periodistas encarcelados", cuando sólo hubo un caso, en Santiago del Estero y por pocas horas. También recurrieron a las autoalabanzas por el esplendor que adquirirá el Estado de Derecho cuando ellos produzcan en alguna fecha imprecisa del vasto futuro el marco regulatorio que vienen anunciando para la comunicación audiovisual y las telecomunicaciones. Esa estrategia fue desplegada sin fisuras por Avruj y por el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, Miguel de Godoy. Como políticos en campaña no escatimaron promesas sobre el pluralismo, la diversidad y el respeto por los derechos que imperará en ese venturoso mañana. Contaron con el refuerzo del ex Relator Especial para la Libertad de Expresión y ex secretario ejecutivo de la propia Comisión Interamericana, Santiago Cantón, ahora funcionario del gobierno bonaerense. Vaya a saber por qué complejo mecanismo inconsciente Cantón abrió su discurso con una confesión involuntaria pero devastadora de los intereses que vino a defender aquí: "Como bien sabe esta comisión y también la Corte Interamericana, cuando hablamos de violaciones a los Derechos Humanos es esencial el contexto en el que se producen" fue su clamoroso acto fallido.
Otro ex relator que mutó al oficialismo, Eduardo Bertoni, también la emprendió con la anterior autoridad regulatoria, que no estaba en el temario, a la que calificó de ineficiente selectiva, parcial y partisana. El flamante director de protección de datos personales del Ministerio de Justicia explicó que el derecho internacional no obliga a implementar una determinada política pública u otra, salvo que alguna de ellas viole las obligaciones jurídicas del Estado, de modo que sólo hay que evaluar si la propuesta cumple con ciertos estándares internacionales. Luego de tan buen comienzo, sentenció con energía que el nuevo marco regulatorio "es acorde con el derecho internacional". Es una mera expresión de deseos, ya que como él mismo reconoció, recién se está elaborando. Luego expuso los principios de pluralismo y diversidad que deberá contemplar el anteproyecto, según una Resolución 9 del Ministerio de Comunicaciones, que sólo él conoce, porque el gobierno no la ha dado a publicidad y es inhallable en las páginas del Ministerio y del ENACOM. Lo que se pide, entonces, es un acto de fe. Otro tanto ocurrió con De Godoy, quien ante los cuestionamientos a los decretos que suprimieron la obligación de los cables de transportar señales, dijo que el 1 de abril una resolución la había repuesto. Nadie la conoce, porque no fue publicada, con lo cual todo queda librado a la discrecionalidad gubernamental. Godoy invitó en tono melifluo a los peticionarios a reunirse en Buenos Aires para recoger sus aportes. Entre ellos estaba el representante de las pequeñas y medianas empresas de comunicación audiovisual, Osvaldo Francés, vicepresidente del Consejo Federal hasta que el gobierno lo desalojó con la policía, antes aún de la publicación del decreto. Francés dijo que los pequeños operadores ya no pueden competir contra los grupos concentrados, dada la programación, publicidad y eliminación de los techos de concentración. "Librados a estas condiciones de mercado no vamos a sobrevivir."
Cantón eligió para describir el contexto una serie de episodios (el diario Clarín roto en cámara por el ex jefe de gabinete Jorge Capitanich, las piedras y casquillos hallados frente al domicilio de Jorge Lanata, los cables que envolvieron el auto de Miguel Wiñazki, la represión a los manifestantes que protestaban en Tucumán por el resultado de las elecciones provinciales, la publicación del horario de vuelo de Damian Pachter, el uso de 44 cadenas nacionales, la asignación discrecional de la pauta publicitaria del Estado, la pinchadura de comunicaciones por autores hasta hoy desconocidos) pero no pudo explicar qué relación tendrían con las leyes modificadas por decreto. Bastaba con que el nuevo gobierno se abstuviera de realizar esas conductas para que el problema desapareciera. Es ostensible que se trata de pretextos para justificar medidas cuya gravedad expusieron los peticionarios. Varios de los expositores oficiales dijeron que los decretos crearon un marco transitorio, pero eludieron referirse a los efectos permanentes que crean, así fueran derogados más adelante, por el Congreso o por la Justicia. Irreprochable, la directora del ENACOM, Silvana Giudici, se acogió con inteligencia a los beneficios del silencio.
El comisionado Francisco Eguiguren dijo lo que los informes de los sucesivos relatores vienen especificando desde hace años, que "la concentración de medios es dañina, contraria al derecho de los receptores de la información" y le preguntó al Estado "qué va a hacer, si es que algo va a hacer" y cómo la va a enfrentar. También les preguntó a los funcionarios de qué forma el Estado abordará "el tema de la participación de sectores de la sociedad civil que no están ligados necesariamente a una propuesta empresarial pero que sí buscan tener acceso a medios". El Relator Especial Edison Lanza coincidió en que la concentración afecta el pluralismo y la diversidad, y planteó la falta de autonomía del ente regulador (ENACOM), cuya composición y atribuciones no cumple con los estándares de libertad de expresión, ya que debería estar "blindado de toda injerencia política o económica". El Estado no tuvo otra respuesta que un ritual agradecimiento a la Comisión por realizar la audiencia y una retahíla de buenos deseos sobre los prodigios que nos aguardan.
El pretexto y la realidad
Quedó muy claro que con el pretexto de las falencias en la aplicación de la LSCA, que muchos de nosotros hemos señalado, y con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica, se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal, que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales, cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los procedimientos legales que los amparaban.
El Poder Ejecutivo sostiene que todos podrán competir en el mercado, pasando por alto las diferencias de escala que sin regulación estatal derivan en la ley del más fuerte. Si la implementación de la ley audiovisual era incompleta e imperfecta, cosa que no fue tema de la audiencia, el nuevo gobierno tenía la posibilidad de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo un marco jurídico que garantizaba la comunicación como un derecho de toda la sociedad y decretar la ley de la selva, donde los grandes jugadores se quedarán con todo y dejarán a la sociedad sin nada.
Damián Loreti, secretario del CELS y vicepresidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, afirmó que tanto la creación de una autoridad de aplicación dependiente del Poder Ejecutivo y sin ningún ámbito de participación de los actores de la comunicación como quitar la televisión por cable de los servicios regulados por el Estado y la consiguiente eliminación de la obligación de los cables de transmitir señales producidas por terceros (must carry) son contrarias a los estándares de libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Daniel Badenes, en representación de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Red de Carreras de Comunicación, relató que los decretos desplazaron a las universidades de todos los espacios de toma de decisiones sobre el sistema de medios, tanto del directorio del AFSCA como del Consejo Federal, y que sus canales fueron afectados por la eliminación de la regulación de los cables. Se pasó de una autoridad de aplicación plural, integrada por representantes de diversos sectores, a una representación en la que, de los siete integrantes del directorio, cuatro son nombrados a discrecionalidad por el Poder Ejecutivo y de los tres designados por el Congreso, uno es integrante por el oficialismo y solo dos por las minorías. Además, pueden ser removidos por el Poder Ejecutivo en forma directa, eliminando las garantías de independencia.
Néstor Busso en representación de las radios comunitarias, populares e indígenas, afirmó que "mientras compraventas y fusiones de empresas son autorizadas y se prorrogan en forma automática las licencias, cientos de trámites de concursos de radio y televisión –abierta y por cable– están demorados". Busso también destacó que "la declaración conjunta de relatores y relatoras especiales de libertad de expresión de 2014 sobre universalidad y el derecho a la libertad de expresión recomienda a los Estados: 'Crear y habilitar un marco jurídico para medios de comunicación comunitarios a fin de que, entre otras cosas, puedan responder a las necesidades de comunicación y expresión de distintos grupos e individuos'. Ese marco jurídico existía en la Argentina y hoy se desconoce y vulnera, en una clara regresión".
Ana Jaramillo, rectora de la Universidad de Lanús, resumió el petitorio a la CIDH en el cual las organizaciones pidieron que se solicite al Estado argentino la adopción de medidas que impidan la consolidación de las regresiones y cumplan con los principios de protección de la libertad de expresión.
En el electrizante cierre de la audiencia, que fue trending topic mundial en Twitter, Oscar Nocetti habló en nombre de 300 cooperativas del interior. Hasta 2009 no podían tener licencias de comunicación audiovisual, que sólo se otorgaban a entidades con fines de lucro. El cambio de los últimos años generó trabajo y pluralidad de voces. Todo esto está en riesgo, por los decretos que "han desguazado el carácter antimonopólico de la ley. Les han quitado a los grupos concentrados todas las restricciones que les impedían depredar el servicio de la televisión por cable. Esos decretos afectan nuestros derechos económicos y nuestros derechos culturales. Quiebran con nuestra concepción de que la comunicación es un derecho humano y quitan voz a las comunidades que se dignifican a través de sus cooperativas".
Los representantes del Estado afirmaron que la futura regulación del sistema de medios contemplará principios de pluralismo, diversidad y participación social acordes a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Nada de eso ha ocurrido en sus primeros cuatro meses de gestión.
Pluralismo en acción
Con voz cansina, como si se hubiera cenado un hipopótamo y aun no terminara de digerirlo, Miguel de Godoy encomió el pluralismo y la diversidad, se declaró enriquecido por lo que escuchó en la audiencia e invitó a los peticionarios a reunirse en la Argentina para incorporar sus puntos de vista al proyecto oficial.
El ex secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, que lo acompañó en la delegación oficial, dijo que su reseña sobre atropellos a periodistas en el último año no era de su autoría, que se había limitado a copiar y pegar del último informe del Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, a quien apuntó con su índice derecho, en un gesto cuya comprensión requiere un conocimiento particular sobre las intimidades de la Comisión Interamericana. En el apuro por llegar a tiempo, se le pasó por alto este punto del informe 2015:
º86. En julio, el periodista Roberto Navarro, conductor del programa Economía Política, de C5N, denunció presiones de parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, entonces en manos del político del PRO Mauricio Macri, luego de la difusión de un video en el que economistas cercanos a ese partido exponían ideas sobre la economía argentina. Según relató el periodista, cuando el programa fue a una tanda comercial, el dueño del canal lo llamó para comentarle que lo había contactado el jefe de prensa del gobierno de la ciudad, Miguel de Godoy, para que "saquen" el informe, o de lo contrario "rompían relaciones"."
El pluralismo suena bonito en un discurso. Por eso, mejor verlo en acción.
Toma todo
Martín Becerra, especialista en políticas de comunicación, autor de investigaciones sobre concentración y asesor del ex director del AFSCA por la UCR, Marcelo Stubrin, recordó que en 2013 la Corte Suprema de Justicia con el aval de seis jueces contra uno, entendió que es obligación del Estado generar políticas públicas de estímulo al pluralismo y, en consecuencia, de restricción de la concentración" y remarcó "que la concentración excesiva de la palabra es una antítesis de la democracia". La concentración ya es alta: el 70 por ciento de la televisión por cable (a través de la cual reciben televisión ocho de cada diez argentinos) está en manos de dos grupos, problema que las nuevas normas decretadas ignora. Además, con la creación del ENACOM, combinó "la discrecionalidad del mercado con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo", lo peor de cada mundo.
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