sábado 02 de abril de 2016
Por DEMETRIO IRAMAIN
En la mañana de hoy, los vecinos y vecinas que habitan desde hace 25 años el inmueble de la avenida Pavón al 4100, en la comuna 5, alcanzaron una solución parcial a su reclamo, la suficiente como para impedir el desalojo compulsivo de sus casas, tal como lo había ordenado el titular del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 46, y que estaba previsto se concretara a las 7 y 30 de la mañana de hoy viernes.
El acuerdo otorga un plazo de 90 días durante el cual las 37 familias afectadas deberán ser reubicadas en un inmueble situado en la misma comuna. El acta establece el compromiso asumido por el gobierno porteño, a través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), de hacer efectiva y concreta esa solución.
Si bien la guardia de Infantería de la Policía Federal, una unidad de bomberos y camionetas del gobierno porteño se hicieron presentes para realizar el operativo de desalojo, la vigilia que desde la noche anterior montaron numerosos vecinos de Boedo, amigos de las familias afectadas y referentes sociales y políticos en el frente de la vivienda, demoró el inicio del operativo y dio margen para una nueva negociación, que resultó exitosa. Ahora, los vecinos podrán afrontar en una situación más favorable la lucha por una vivienda digna, que continúa.
El dueño formal de la propiedad en conflicto quiere demolerla para construir sobre sus escombros un edificio de varios pisos, con pileta, parque arbolado y parrillas en los balcones, todo eso que no tienen en sus casas las treinta y pico de familias que habitan el inmueble desde hace muchísimos años, en condiciones muy precarias.
Bajo el brillo sin sol del capitalismo, sus luminarias artificiales, sus burbujas de consumo, asoma el pantano de la más cruel desigualdad social. "Ni casas sin gente, ni gente sin casas", resumía un cartel pegado en la puerta del edificio de una planta.
Desde luego, la vivienda es, ante todo, un derecho, no un negocio. Aun en clave capitalista, el techo podrá ser una fuente de apropiación de plusvalor una vez que el derecho a su acceso esté garantizado para todos los habitantes de una comunidad. Al menos así lo establece la Constitución. ¿O será que la ley del valor y la ambición por el lucro pueden más?
¿Puede haber crisis habitacional y boom inmobiliario al mismo tiempo? ¿Son compatibles una y otro? Si concurrieran, ¿cuál es la relación social de explotación, la condición de pobreza estructural, la prepotencia de clase, que encubren esa coexistencia que nunca jamás podrá ser pacífica?
Como decía Cristina, "todo tiene que ver con todo". En paralelo a la orden de desalojo y a la excitación que les sube en la piel a los oficiales de justicia y los jueces que las ordenan, el gobierno nacional aplica puntillosamente una política tendiente a achicar el Estado y desmantelarlo en áreas clave.
¿Por dónde empieza esa devastación que dejará a la intemperie del capitalismo a vastos sectores de la población? Obvio: por los trabajadores.
Despedir empleados públicos, abreviar el alcance de las políticas destinadas a morigerar el costo social de las relaciones de producción capitalistas (porque sin trabajadores estatales que las ejecuten, esas políticas se vuelven letra muerta, paso previo a su derogación formal), reducir el presupuesto del Estado so pretexto de bajar el déficit fiscal, son medidas complementarias, cuyo desenlace final es el endeudamiento externo.
Sin presupuesto estatal y comprometiendo metas fiscales que permitan pagar las nuevas deudas, no sólo no podrán aplicarse políticas sociales sino que, además, el Estado se verá impedido de intervenir en los mercados, para mediar en los ciclos económicos y prohibir en todo lo que esté a su alcance la concentración empresarial, la cartelización en determinados segmentos de la producción (especialmente la de bienes de consumo básico) y la manía del capital por transformarse en monopolio.
Si, en simultáneo al ninguneo social, el Estado ingresa a los mercados financieros internacionales y se endeuda a tasas de interés altísimas, que deberán pagar las próximas dos o tres generaciones de argentinos, ¿no estamos acaso ante algo tan irracional como querer construir un edificio de 30 pisos sobre un pantano?
Esa "irracionalidad" vista desde los sectores populares es, sin embargo, la más pura "racionalidad" liberal, que ya sabemos a qué disparate social condujo.
Cuando el gobierno, más sus justificadores mediáticos, más los políticos de signo contrario que alió en el camino, dicen "acceder al crédito", en verdad están diciendo (aunque callándolo con precisión de cirujanos), deuda para el pueblo, divisas baratas para los fugadores seriales de capital y destrucción, entre otros, del soberano derecho a vivir bajo un techo digno, sin agujeros cuando llueve y abrigado en invierno.
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