lunes 11 de julio de 2016
Policía local, infierno grande
Por Andrés Klipphan
La Policía Bonaerense sigue siendo un colador de corrupción, que la transforma en una olla a presión que ya estalló. Las policías municipales no pueden escapar a la misma lógica que rige a aquella fuerza desde hace años, y las víctimas, como siempre ocurre, son los ciudadanos. Ituzaingó, Hurlingham, San Miguel, son apenas tres distritos en los que se evidencian estos hechos y de los que no están ajenos los jefes comunales locales. Ex militares carapintadas y policías exonerados de la Federal y otras fuerzas encontraron cobijo en las policías urbanas.
La "patota" de San Miguel
Así llaman los vecinos de ese municipio a la policía local al mando del intendente Joaquín de la Torre. El alcalde formó a su tropa por fuera del Ministerio de Seguridad provincial que las creó por ley, durante la gobernación de Daniel Scioli y la gestión de Alejandro Granados. De hecho, fue la primera fuerza local del conurbano bonaerense.
Por entonces, De la Torre – que llegó a la comuna de la mano del Frente para la Victoria – militaba bajo el ala política del diputado Sergio Massa, ex candidato a presidente y líder del Frente Renovador.
Los policías locales, uniformados de negro, fueron escrachados y filmados por los vecinos cuando, junto a una cuadrilla municipal, y sin orden judicial, demolieron con una retroexcavadora el hogar donde vivía un matrimonio con sus tres hijos.
La vivienda estaba asentada en terrenos de Ferrocarriles Argentinos, que el Estado nacional, a través de la ley 24.146, le otorgó, hace 28 años, al guardabarreras Héctor Lencina. De acuerdo con la denuncia judicial que cursa en tribunales, ahora "la Municipalidad de San Miguel intenta expropiar de manera ilegal" dicha vivienda que pertenece a la familia Lencina.
Lencina denunció que el intendente De la Torre quiere "tirar abajo todas las casas de los ferroviarios para hacer un complejo inmobiliario".
Lencina denunció ante Veintitrés que la intención del intendente De la Torre es "tirar abajo las casas de los ferroviarios para construir un complejo inmobiliario en la zona". En las imágenes se observa cómo los policías locales arrojan gas pimienta sobre los rostros de las mujeres que intentaban evitar el atropello policial.
También se ve cómo empujaban a los niños y hasta le quebraron el brazo a una vecina que se puso delante de la máquina retroexcavadora. Los gritos de los chicos estremecen. También las imágenes de chapas retorcidas, ladrillos aplastados, y triciclos y osos de peluche bajo los escombros.
Las violentas escenas transcurren bajo la atenta mirada de un hombre recostado sobre una de las camionetas de la policía local. Un personaje oscuro y de pasado nefasto cuya existencia hasta ahora desconocían los contribuyentes de San Miguel. Se trata de del ex sargento ayudante de ingenieros Marcelo Mauricio Osores. El ex militar participó del sangriento levantamiento carapintada liderado por el entonces coronel Mohamed Alí Seineldín, el 3 de diciembre de 1990.
El "poronga" y "asesor" en jefe de la Policía Municipal de San Miguel fue condenado el 19 de abril de 1994, junto a otros militares, como coautor de los delitos de motín calificado por el derramamiento de sangre en concurso ideal con el de rebelión agravada por la condición de militar.
La rebelión carapintada culminó con la muerte de 14 personas y 100 heridos. En el expediente se ubica al jefe de la patota de la policía municipal entre el grupo de militares carapintadas que con un tanque de guerra embistió el interno 314 de la línea 60. Osores fue condenado a "reclusión perpetua", pero quedó en libertad gracias a los indultos dictados por Menem.
Osores reivindica aun hoy los cuatro levantamientos carapintada desde su cuenta de Facebook, cuya imagen central es la figura del ex coronel Seineldín.
Este hecho no sería de extrañar si se toman en cuenta los antecedentes del intendente local. De la Torre fue uno de los firmantes de la solicitada que en 1989 se publicó en varios diarios en favor del presidente de facto, el genocida Jorge Rafael Videla, lo que le valió el cuestionamiento de los organismos de derechos humanos.
Hurlingham y los exonerados
Otra policía local en la que recayeron uniformados de mala reputación, exonerados, es Hurlingham. Las purgas policiales de las últimas décadas generaron distintos nichos de inserción para estos ex uniformados. Uno son las agencias de seguridad privada y otro, por ejemplo, el Centro de Operaciones Municipal de esa localidad.
Esa fue la razón por la cual, entre otras organizaciones, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre le solicitó a la Justicia – tanto federal como provincial – que se investigue al ex intendente Luis Acuña y a otros ex funcionarios por la "posible comisión del delito de violación a los deberes de funcionarios públicos, falsedad ideológica de instrumentos públicos, obligación de denunciar, y/o ilícitos penales".
Los imputados, entre otros delitos, habrían posibilitado que ex uniformados exonerados "obtuvieran en forma irregular la tenencia de un arma de guerra en clara violación a la normativa y portar ilegalmente armas, para cumplir funciones en la Policía Municipal".
Las causas en trámite por esa presentación son dos. La primera está a cargo de la fiscal de instrucción de Morón, Adriana Suárez Corripio, que investiga si policías expulsados de la Policía Federal y de la Bonaerense fueron contratados por Acuña para formar parte de la patrulla de seguridad urbana. La segunda, por haberlos dotado de armas de guerra por fuera de las normas del Renar, tramita en la fiscalía federal 12 a cargo de Patricio Evers.
La causa madre señala que "el ex policía Horacio Ariel Rojas formaría parte del servicio de patrulla municipal de Hurlingham, estando a cargo de las once camionetas VW Amarok que patrullan la ciudad". Rojas, cuya alta como agente de maestranza (legajo prontuario 19.243) operó en 1998 con destino en la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía Federal, "fue dado de baja en setiembre de año 2004, al ser declarado por la junta de calificaciones personal prescindible para el servicio efectivo".
A Rojas se le suma la denuncia que en agosto pasado ya había realizado la Red contra la Violencia Institucional de Hurlingham al denunciar en los tribunales de Morón que "el jefe de operaciones de la Patrulla de Seguridad Urbana Municipal, el ex oficial ayudante Gustavo Alberto Contreras, había sido exonerado de la Bonaerense mediante una resolución dictada el 27 de mayo de 1994".
Según pudo saber esta revista, Contreras fue dado de baja en los términos del artículo 59 inciso 7 del Decreto-Ley 9550/80, que sanciona "todo acto que afecte gravemente el prestigio de la institución o la dignidad del funcionario".
El escándalo más visible ocurrió la semana pasada en Ituzaingó, el distrito de Alberto Descalzo, cruzado por una fuerte interna entre la policía local y las autoridades del Ministerio de Seguridad provincial. El jueves pasado se enfrentaron en una violenta revuelta vecinos, uniformados y barrabravas del club del fútbol local, frente al circo Royal de Ituzaingó, que terminó con el incendio de parte de la carpa, siete detenidos y diez heridos, entre ellos dos policías.
La explosión vecinal habría ocurrido por los intentos frustrados de secuestros de dos niñas. Los padres de las víctimas sospechan que los delincuentes forman parte del circo itinerante que encubriría una red de trata de personas.
Descalzo declaró ante los medios que cubrieron la supuesta pueblada espontánea que "en Ituzaingó no hay secuestros", a la vez que Walter, el hijo del dueño del circo Royal, dijo ser "víctima de denuncias falsas", además de haber sugerido el "robo de 16.000 pesos".
En la Justicia de Morón, en cambio, cursan dos denuncias por los intentos de raptos de una niña de 4 y otra de 6 años en el mes de junio en Ituzaingó. Ambos intentos de secuestro, que habrían sido protagonizados por el mismo hombre, que estaba desarmado, fueron frustrados por la reacción de los padres de las chiquitas.
En los dos casos, los testigos aseguran que el delincuente hablaba una lengua extranjera que no pudieron identificar. Y señalaron, por "rumores de la zona", que el malviviente se ocultaban en el circo.
Estos hechos generaron la pueblada que, para las autoridades provinciales, está impulsada por una interna policial entre el Ministerio de Seguridad y la policía local de Descalzo. Esta sospecha está basada en que los fiscales, días antes de los enfrentamientos, explicaron a las familias víctimas que entre el staff del circo Royal no hay extranjeros y que ninguna pista los lleva hasta ese lugar.
Días después, cuando los vecinos (presuntamente arengados por desconocidos) atacaron el circo, por la presunta inacción de la Justicia y la policía, se encontraron con una formación de uniformados y barrabravas del Club Atlético Ituzaingó que habría enviado el intendente Descalzo, que los recibieron con piedrazos y balas de goma.
Los incidentes coinciden con las investigaciones que la Auditoría General de Asuntos Internos de la Bonaerense inició contra el ex jefe de la policía local, a quien varios subordinados acusaron de haberlos mandado a hacer custodias particulares, con lo que se dejaban sin patrullar zonas donde ocurrían robos.
Según estas denuncias, los jefes policiales del distrito, designados con el aval de Descalzo, se quedaban con la totalidad del dinero recaudado por esas tareas. A raíz de las primeras denuncias en Asuntos Internos, el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, desplazó al coordinador civil de la Policía Local de Ituzaingó y días después al comisario supuestamente "protegido" por el intendente, Jorge Castillo, que hasta ese momento se desempeñaba como jefe de la misma fuerza de seguridad que los vecinos llaman "pitufos" por el color de los uniformes, e intervino a la Policía Local, lo que desató la furia de Descalzo quien, a través de una resolución municipal, retiró del servicio los 10 patrulleros comprados por la intendencia, y los "60 equipos nextel", proporcionados por la municipalidad para comunicarse mientras hacían las rondas.
La corruptela de la Policía Local de Descalzo, coordinada por el comisario Castillo, se descubrió después del robo a un empresario de la zona.
La polémica resolución fue firmada por Descalzo el 16 de junio y tenía efecto a partir "de las 22 horas" de ese mismo día. Según pudo saber Veintitrés a través de las autoridades de Asuntos Internos, la corruptela en la Policía Local de Descalzo, coordinada supuestamente por el comisario Castillo, se descubrió después del robo a un empresario de la zona. En el asalto, los delincuentes, armados con fusiles y armas 9 mm se llevaron 1.300.000 pesos y las armas y chalecos antibalas de los policías locales que oficiaban de custodios del auto del empresario.
La intervención, a cargo del comisario Leandro Maidán, no hizo más que confirmar los negocios sucios que se realizan desde esa policía local. Fue en medio de este juego de intereses y desprotección al ciudadano del municipio que se generó el incendio al circo y el enfrentamiento entre vecinos, infiltrados, patotas de fútbol y policías.
Después de la represión policial, donde quedó expuesta la Bonaerense, el ministro Ritondo terminó pagando el costo político de las imágenes en las que se veía a sus policías arrojando cascotes a la multitud. El ministro pasó a disponibilidad al comisario mayor Sergio Carlos Giménez, coordinador regional de la Policía Local en la Zona Oeste. Por esos incidentes también desplazó al jefe distrital de Ituzaingó, comisario inspector Hugo Gramajo; al jefe de comando de patrulla, comisario Martín Verduri, y a los titulares de las comisarias 1ª, comisario Rubén Batallan, y 2ª, Leandro Almeida.
Un escándalo que se suma a los ya denunciados por esta revista a través de la palabra del capitán Roberto Mazzitelli, quien relató con lujo de detalles cómo funciona la recaudación ilegal en San Martín y en la zona oeste del conurbano bonaerense.
"¿Sabés por qué acá no se terminan las mafias? Porque la mafia somos nosotros", dijo "El Tano" Mazzitelli a esta revista en exclusiva el 2 de junio, en su número 934.
El policía también había asegurado que lo relatado ante este semanario lo iba "a denunciar ante el doctor Gastón Rueda, que es aún hoy uno de los principales auditores de Asuntos Internos, que no me quiere tomar la denuncia porque es hijo del comisario mayor Rueda, compañero de curso de estudio de Mario Briseño y de Hugo Matzkin (ex jefe de la Bonaerense). O sea que ese personaje, abogado e hijo de un poronga de la policía, es uno de los que maneja Asuntos Internos, y para mí es tan corrupto o más corrupto que la cúpula".
Después de esos dichos, el auditor general de Asuntos Internos, Guillermo Berra, le exigió la renuncia a Rueda. Como se ve, la marca de la gorra, al menos por ahora, mantiene en jaque a la administración de la gobernadora María Eugenia Vidal y a su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.
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