lunes 04 de abril de 2016
La deuda de Malvinas
Por Franco Mizrahi
La identificación de los NN
En el conflicto bélico fallecieron 649 argentinos. En el cementerio de Darwin, que se levantó en el archipiélago austral, descansan los restos de 237 caídos de los cuales 123 no fueron identificados. En 2011, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) y familiares de las víctimas iniciaron un proceso judicial para lograr el reconocimiento de los cuerpos. El 30 de diciembre de 2013, el juez federal Julián Ercolini ordenó al gobierno hacer lo que esté a su alcance para resolver la cuestión. Un año y medio antes, el 2 de abril de 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández había solicitado la intervención de la Cruz Roja Internacional para facilitar la identificación. Ese proceso, enmarcado en el Derecho Internacional Humanitario, desembocó en la creación de un equipo interdisciplinario, con integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que recolectó muestras de sangre de familiares de los caídos, necesario para las referencias genéticas. Desde el EAAF aseguran que ya están dadas las condiciones técnicas para ir al campo. Pero eso no sucede. El obstáculo es político-diplomático: la disputa por la soberanía aparece como trasfondo de la cuestión.
Las torturas
En 2007, después de muchos años de silencio y ocultamiento por parte de las FF.AA., salieron a la luz las primeras denuncias de ex conscriptos contra sus superiores por las torturas, incluso asesinatos, que les aplicaron en Malvinas. En la actualidad el caso, que se inició en el juzgado federal de Río Grande, creció hasta convertirse en un expediente con más de 130 denuncias, 150 casos y 73 acusados. Para los ex soldados, sufrieron la extensión del terrorismo de Estado pero en el archipiélago austral. Sin embargo, en febrero del año pasado la Corte Suprema de Justicia obturó la pesquisa. Esto derivó en una presentación de los ex combatientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negación de justicia. El organismo supranacional aún no se expidió. Para el abogado del CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola, en una resolución aclaratoria la Corte corrigió su accionar y sostuvo "que solo se excluyó un caso de la investigación, por lo que el resto sigue bajo investigación. La causa se sigue nutriendo. En breve debería haber llamados a indagatoria", aseguró a Veintitrés. La denuncia fue respaldada por la desclasificación de archivos sobre Malvinas que se produjo en la gestión anterior: se reveló que existió un plan de la dictadura para esconder las torturas en las islas.
Los crímenes de guerra
En el juzgado federal de Río Grande, que tiene jurisdicción en Malvinas, desde marzo de 2013 se investiga una denuncia contra militares británicos por violar los convenios de Ginebra: atacaron y asesinaron a prisioneros argentinos. Se trata de una acusación que había tenido cierto impulso en la década del '90 y no había prosperado. El fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, explicó a Veintitrés que en la actualidad "se recogieron testimonios. Pero tenemos un obstáculo importante: cuando se libran los exhortos al Reino Unido vienen rechazados. Existe un obstáculo diplomático", indicó. Los ingleses acusados son el corporal (primer rango del ejército inglés) paracaidista Gary Sturguer, el sargento John Pettinger, el corporal Stewart MacLauglin y el cabo Connery. Hay cinco casos denunciados. En los próximos días podría sumarse un caso de asesinato tras la rendición.
Comisión por la Verdad
Los ex combatientes reclaman crear una Conadep sobre Malvinas "para esclarecer lo sucedido en las islas", explicó el letrado Jerónimo Guerrero Iraola. "Hay un volumen de información muy grande. Faltan canales comunicantes entre las diferentes fuerzas y poderes del Estado. Es necesaria una comisión que investigue a fondo y arribe a una conclusión sobre la cuestión Malvinas", sumó el abogado del CECIM. Se trata de un antiguo pedido que se actualizó en el reclamo que los ex soldados hicieron a la CIDH. "El proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Malvinas es una gran deuda pendiente. Estamos recurriendo a un órgano supraestatal para encontrar justicia a 34 años de la guerra", señaló Guerrero Iraola. En paralelo, los ex conscriptos exigen que se cree una unidad especial sobre Malvinas en la Procuración General de la Nación para nuclear todas las pesquisas.
Exploración de hidrocarburos
La jueza federal de Río Grande, Lilian Herraez, ordenó en junio de 2015 el embargo preventivo de bienes y cuentas bancarias de empresas extranjeras que están operando ilegalmente en aguas cercanas a las islas. Las firmas están acusadas penalmente por realizar "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en el Océano Atlántico sin contar con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina". La decisión de la magistrada derivó de los pedidos realizados por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la denuncia penal que inició el gobierno de Cristina Fernández, el 9 de abril del año pasado. Las firmas apuntadas son: Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited (FOGL), Noble Energy Inc. y Edison International SpA que integraron el consorcio responsable de la contratación de la plataforma semisumergible Eirik Raude; Petrolium PGS, Desire, – absorbida por FOG – Neptuno y Ocean Rig, propietaria de la plataforma Eirik Raude. "Estamos esperando que nos respondan los exhortos y lleguen los embargos que dispuso la jueza, que se ejecutan mediante exhortos diplomáticos", afirmó el fiscal Rapoport a este cronista.
Pesca ilegal
El negocio pesquero en Malvinas podría recibir el mismo trato que el hidrocarburífero. En la actualidad, los isleños se nutren económicamente de la pesca y el turismo. La primera le aporta a la administración local alrededor de 40 millones de dólares en materia de licencias (no reconocidas por la Argentina). El negocio de la pesca malvinense ronda los 600 millones de dólares y se centra en el calamar y la merluza negra. En lo que respecta al primero, los malvinenses superan a la Argentina. En este contexto, que afecta la fauna autóctona, la ex Secretaría de Malvinas durante la gestión de Daniel Filmus estuvo trabajando en una denuncia similar a la de las petroleras. Aún no se presentó.
El acampe de los ex soldados
Se trata de "movilizados" y aquellos que en 1982 hacían la conscripción o eran personal de cuadro. Pretenden ser reconocidos como ex combatientes pero los sucesivos gobiernos no los contemplan como tales. El planteo es complejo. "No pueden serlo porque no estuvieron en acciones de combate. Sería un acto de injusticia equiparar a un caído en Malvinas y a una persona que estuvo en el sur del continente argentino", explicó el presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatientes, Ernesto Alonso. Mientras tanto, los manifestantes levantaron hace más de seis años una carpa en Plaza de Mayo para visibilizar su reclamo.
El reclamo de diálogo con el Reino Unido
El año pasado se cumplieron 50 años de la resolución 2065 de Naciones Unidas que insta a las partes a dialogar y que el Reino Unido desoye. No es la única resolución que ignoran los británicos. "La 3149 es fundamental. Se votó en 1976. Tuvo un solo voto en contra y fue el del Reino Unido. De acuerdo con esa resolución, ninguna de las dos partes puede tomar actitudes unilaterales en la zona en disputa. Debe tener la autorización de la otra. Se trata de una resolución que ampara las acciones penales contra las empresas que operan en la zona", precisó a esta revista Daniel Filmus, parlamentario del Mercosur y ex titular de la Secretaría de Malvinas. "El Reino Unido está violando esa resolución al explotar los recursos hidrocarburíferos, avalar la pesca y constituir una base militar en la zona", añadió el ex funcionario.
La militarización del Atlántico Sur
Una imponente base militar que los británicos instalaron en las islas custodia los 1.700.000 kilómetros cuadrados usurpados a la Argentina. Se trata de la zona colonial más amplia del mundo. Los ingleses cuentan con un arsenal armamentístico desmesurado para los 2.800 habitantes de las islas. Según lo declarado por el Reino Unido, hay: 4 aviones Typhoon; 1 avión de reabastecimiento de combustible en vuelo VC10 k; 1 aeronave de transporte Hércules C130J; 2 helicópteros de búsqueda y rescate Sea King; 2 helicópteros de apoyo Sikorsky S61; radares de vigilancia aérea; baterías de defensa aérea Rapier (están siendo reemplazadas por baterías más modernas), y el buque patrullero HMS Clyde. A esto se suma la sospecha de que hay armas nucleares. Como si esto fuera poco, recientemente, el ministro de Defensa británico, Michael Fallon, quien visitó el archipiélago días atrás, anunció que se ampliará el presupuesto militar en Malvinas. "Es la zona más militarizada del mundo: para 2.800 habitantes cuentan con unos 1.500 soldados", indicó Filmus.
Genocidas que cobran pensiones honoríficas de guerra
Mario Benjamín Menéndez, gobernador de las islas durante la guerra de 1982 y detenido en 2012 por cometer crímenes de lesa humanidad en el marco del Operativo Independencia, falleció cobrando la pensión de guerra. El represor había sido beneficiado por un controvertido mecanismo legal: de acuerdo a la Justicia, los genocidas que no cobran la pensión son aquellos sobre los que pesan sentencias firmes. Y, se sabe, la Justicia en la Argentina es lenta. "Aún hoy hay genocidas que cobran pensiones de guerra", afirmó el ex combatiente Ernesto Alonso a Veintitrés.
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