sábado 07 de mayo de 2016
EL INFIERNO TAN TEMIDO
MABEL BALCONTE, LA DIPUTADA QUE CAMBIÓ SU
TESTIMONIO Y ACUSÓ A MILAGRO SALA, INTENTÓ
SUICIDARSE
Otra víctima de los aprietes en Jujuy
La diputada provincial que, por presiones del entorno del gobernador Gerardo Morales, denunció a la líder de la Tupac Amaru de entregarle valijas con dinero al diputado Máximo Kirchner en Olivos fue internada ayer tras ingerir 15 pastillas de somníferos.
La diputada provincial por el Fuyo, el partido de la Tupac Amaru, Mabel Balconte permanece internada en terapia intensiva.
Por Ailín Bullentini
La diputada provincial jujeña Mabel Balconte, ex referente de Tupac Amaru que cambió su testimonio por presión del entorno del gobernador Gerardo Morales y acusó a Milagro Sala de entregarle valijas con dinero al diputado Máximo Kirchner en la quinta de Olivos, permanece internada desde ayer en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Santa María de San Pedro, en Jujuy, con un cuadro de intoxicación tras haber ingerido 15 somníferos. A pesar de que su abogado intentó restarle gravedad al asunto al asegurar que la diputada había sufrido una "descompensación" debido a una "baja de presión", la clínica informó que permanece bajo tratamiento por "intento de suicidio" y advirtió a la Justicia, que investiga a través del fiscal José Alfredo Blanco.
Balconte fue internada en el Sanatorio Santa María ayer a las 10.15 de la mañana. Según pudo saber Página/12, sus hijos, con quienes vive en San Pedro, no pudieron despertarla y la llevaron a la clínica, en donde de inmediato fue ingresada en la unidad de terapia intensiva. En poco tiempo, la información que advertía que Balconte había querido suicidarse comenzó a tomar fuerza.
La periodista Cynthia García fue una de las primeras en encender la alarma: "Urgente. Jujuy: la diputada Mabel Balconte está en terapia intensiva por intento de suicidio. Clínica Santa María de la localidad de San Pedro", tuiteó y comenzó el efecto dominó en diarios locales y radios nacionales. El actual abogado de Balconte en la causa en la que la diputada denunció a Sala, Kirchner y a algunos otros dirigentes kirchneristas, Guillermo Puerta, lideró la estrategia para contrarrestar el peso del intento suicida. En declaraciones a la agencia Télam, que después replicó ante cada micrófono que se le puso enfrente, informó que su defendida había sido internada por "una descompensación" debido a una "baja de presión" y que los médicos del Sanatorio Santa María, a los que acudió, le indicaron que se quedara "internada para su recuperación". La familia y el entorno de la legisladora, en tanto, guardaron silencio de manera oficial, aunque diversas fuentes aseguraron ayer haber escuchado a sus integrantes indicar que "Mabel está bajo mucha presión" o "Mabel no soportó la presión" en referencia a la denuncia judicial y mediática que la legisladora realizó en contra de la dirigente de la Tupac y el hijo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La confirmación del intento de suicidio con "exceso de pastillas" provino ayer mismo, a última hora, y del propio expediente judicial, que inició la Fiscalía Número 9 de Jujuy, a cargo de Blanco, luego de que los directivos de la clínica San Pedro dieran aviso a la Justicia. Según informó el Ministerio Público Fiscal Penal de la provincia, Blanco no caratuló la investigación aún, pero ordenó medidas. Entre ellas, solicitó al sanatorio que informe sobre el estado en que ingresó Balconte. La respuesta no tardó en llegar. Según el documento que surge del expediente judicial, la clínica informó a Blanco que Balconte ingresó "con cuadro de somnolencia con diagnóstico de intoxicación con benzodiazepina" y que supo por medio de sus "familiares" que no fueron uno sino dos los episodios de ingesta de pastillas. En el primero, los familiares que acompañaron a Balconte a la clínica informaron que fueron "15 pastillas de Alprazolam de un miligramo" las que la mujer "había consumido 48 horas antes" del segundo episodio, del que no se conoce la cantidad de cápsulas ingeridas. "Se le realizó un lavaje de estómago, pero su resultado fue negativo porque habían pasado más de dos horas desde el consumo de pastillas (segundo episodio)", certifica el informe enviado a Blanco. Por último, la institución informó que "ante el cuadro clínico existente, se procedió a aplicar el protocolo de intervención médica ante intento de suicidio". Además, recomendó al fiscal que "realice un seguimiento a través de especialista en psiquiatría y licenciado en psicología".
En un parte médico difundido públicamente en la tarde de ayer, la subdirectora del sanatorio, Ana Gómez, confirma el diagnóstico de "intoxicación con benzodiazepina" e informa que "la paciente Mabel Balconte permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del sanatorio Santa María (...), hemodinámicamente estable", y que seguirá internada bajo las mismas condiciones durante dos días más. No informa sobre el intento de suicidio que sí aparece en el informe presentado ante la Justicia.
Desde el bloque legislativo provincial del Frente Unidos y Organizados por la Soberanía Popular (Fuyo) denunciaron que la descompensación de la legisladora se debía a un "exceso de pastillas", atribuyendo el hecho a que la misma "es una víctima de la feroz persecución impulsada por (el gobernador jujeño Gerardo) Morales".
Balconte fue elegida diputada provincial por el Fuyo y encabezaba junto a sus hijos una de las cooperativas de construcción de viviendas que integraba la Red de Organizaciones Sociales cuya principal referente es Milagro Sala. Al igual que Sala, Balconte y dos de sus hijos fueron imputados por la Justicia jujeña por cometer los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión a partir de una denuncia del gobierno de Morales por supuestos malos manejos con la plata para la construcción de viviendas. Balconte siguió unida a su referente y a la Tupac hasta hace poco menos de un mes, cuando repentinamente cambió de abogados defensores y modificó su postura: en una ampliación de su declaración indagatoria, la semana pasada, acusó a Sala, su marido, Raúl Noro, y otros integrantes de la Tupac, de pagar "retornos" a Máximo Kirchner. Luego de declarar ante la Justicia, en diversos programas televisivos repitió que Milagro Sala llevaba personalmente el dinero de los "retornos" a la quinta de Olivos, en donde era recibido por Kirchner, Andrés Larroque o el ex ministro de Infraestructura Julio De Vido.
El lunes pasado, un grupo de diputados nacionales y provinciales, integrantes de la Tupac y periodistas denunciaron a Morales y al Presidente Mauricio Macri por "coacción agravada": creen que el repentino cambio de testimonio de Balconte se debe a amenazas y presiones por parte del gobernador de Jujuy, un plan del que el jefe de Estado tiene conocimiento, denunciaron. El mismo día, el referente porteño de la Tupac, Alejandro Garfagnini, denunció a Balconte por injurias y anteayer hizo lo propio Patricia Jaldin, una de las principales colaboradoras de Sala, quien acusó a la legisladora por las falsas imputaciones que ésta había vertido en su contra en la ampliación de su declaración indagatoria.
Cien murales por Milagro Sala
PANORAMA POLÍTICO
Doloroso
Por Luis Bruschtein
"El sinceramiento es doloroso" dijo Macri cuando le preguntaron por la pobreza. En ese contexto, el verbo sincerar es tramposo; se usa como contraposición a la "mentira" con que se descalificaban los logros sociales del gobierno anterior. Y hay un sustrato de cinismo cada vez que este gobierno conservador tiene que hablar de los problemas que están generando sus políticas en la gente común, como el desempleo o la pobreza. Si se habla de sinceridad, se supone que se está hablando de algo bueno. Solamente es doloroso si el sujeto que se sincera es un sádico que empieza a los latigazos. Sincerar en el diccionario de este gobierno macri-radical está relacionado con la idea del neoliberalismo sobre el rigor necesario en una economía donde la parte dolorosa la ponen los pobres para que los ricos aumenten su rentabilidad.
Son pocos meses y todos los índices son dolorosos. Como peregrinos sedientos, las provincias piden fondos que les prometieron pero que nunca vieron. El distrito bonaerense está al borde del colapso. Los intendentes reclaman que recomiencen las obras públicas que se detuvieron cuando llegó el gobierno pro-radical. Las universidades avisan que llegan hasta agosto y después tienen que cerrar. Sobre todo las universidades más nuevas, del conurbano, están agonizando.
Es un misterio. La plata no aparece. En los primeros cuatro meses de este gobierno el Banco Central ha girado al Tesoro 42 mil millones de pesos –allí también hay emisión–, cinco veces más que en los cuatro primeros meses del año pasado durante el kirchnerismo y este gobierno no paga nada, ni los subsidios. Pero lo plata no aparece. Hasta el último día del gobierno saliente, todo eso funcionaba, no puede ser que lo hicieran sólo a fuerza de emisión porque la inflación del 1,5 o 1,8 por ciento de los últimos meses del kirchnerismo era muchísimo menor que el 7 por ciento de este abril macrista. Se atravesó por la peor epidemia de dengue en la historia del país, tapada por los medios oficialistas, sin que se hiciera ni siquiera una campaña pública de información y prevención. En la CABA hubo más de cinco mil infectados reconocidos con lo cual habría que multiplicar por tres para tener una estimación aproximada de los enfermos que no fueron detectados. Hubo una movilización masiva en La Plata para pedir que se ejecute el boleto estudiantil establecido por la legislatura como existe en otras provincias, pero la gobernadora María Eugenia Vidal dijo que no está entre sus prioridades. Las universidades no tienen para pagar los servicios con las nuevas tarifas y con una inflación que no estaba prevista en sus presupuestos. Macri les concedió el uno por ciento de aumento.
Los únicos índices buenos son los que marcan las ganancias del sector financiero. A pesar de que se mantiene la fuga de divisas, en contrapartida aumentaron las comisiones para bajar fondos del exterior atraídos por las altas tasas de interés. Vienen capitales a la timba financiera. Pero cuando se trata de inversiones la provincia de Neuquén, que fue la primera en tomar deuda después del pago a los buitres, pese al respaldo de su riqueza petrolera debió tomarla con más de 8,60 puntos de interés, más cara de lo que había conseguido YPF durante el kirchnerismo.
Los índices son malísimos si están referidos a la capacidad adquisitiva del salario y al trabajo. La venta de insumos para la construcción bajó el 22 por ciento y el consumo minorista bajó el 6,6 por ciento. Son cifras reveladoras de caídas de la economía cercanas a las de la crisis de 2001, pero en esa época se notaron más porque se venía de un largo camino de descomposición y empobrecimiento. En este caso es un golpe de furca y no la culminación de un proceso, como fue en 2001, sino su comienzo.
No parece doloroso para ellos, pero ha sido un sinceramiento el rechazo del oficialismo a una ley que busca frenar los despidos masivos que se están produciendo en la administración pública y en el ámbito privado. Por el motivo que sea, al asumir esa posición, los radicales y el PRO se muestran a favor de los despidos, lo cual es una forma de sincerarse. Es obvio que una prohibición legal por sí sola no impedirá los despidos, pero puede funcionar como paraguas o como obstáculo. El problema de fondo son las políticas del gobierno que están achicando la actividad económica, lo cual lleva a la destrucción de fuentes de trabajo.
Como bomberos que llegan a apagar el fuego, ya circulan índices para mayo y encuestas de imagen. Después del espantoso 7 por ciento de inflación mensual en abril, se calcula que será del 3 por ciento para mayo, lo cual es menos de la mitad, un alivio relativo, porque es una inflación altísima en un país en recesión. De todos modos el 7 por ciento de abril ha sido un histórico acto de sinceramiento.
Después de la masiva concentración convocada por las cinco centrales obreras contra los despidos masivos aparecieron encuestas donde Macri, a pesar de haber bajado, seguiría alrededor del 50 por ciento de imagen positiva. Se supone que se trata de personas que alegremente aprueban la inflación y los aumentos de tarifas. En la calle se percibe un humor diferente. Hasta los taxistas porteños con el cerebro perforado por las 24 horas por día de escuchar las radios y los periodistas oficialistas, ya no defienden al gobierno. Vista al frente y en silencio.
Pero es real que un sector importante de la sociedad todavía no reacciona frente a un cuadro de situación que en otros momentos hubiera producido una fuerte conmoción. Hay muchos que todavía no sintieron el impacto de las nuevas tarifas y otros que acumularon en el colchón para pasar el mal tiempo y piensan que con eso les alcanzará.
El movimiento obrero ya mostró su inquietud con la concentración masiva en Paseo Colón. El movimiento estudiantil, que en otros momentos se movilizó por el presupuesto universitario, no ha tomado conciencia del riesgo que corren las casas de altos estudios, muchos de cuyos rectores son radicales y parte del oficialismo que las está asfixiando.
El deterioro de la economía y el desgaste del gobierno van más rápido que los movimientos en la política. La inercia de la derrota electoral del Frente para la Victoria llevaba a las demás fuerzas a coaligarse para terminar de destruirlo. Queda un remanente de esa inercia, muy ligada al retintín de los medios oficialistas con las causas judiciales y el show mediático que han montado alrededor del caso de Lázaro Báez. Un gobierno de radicales y conservadores con el presidente y la mitad del gabinete a la cabeza de empresas fantasmas offshore denunciadas a nivel internacional, y la otra mitad involucrada en la especulación con el dólar, no tiene demasiada autoridad moral para hablar de corrupción.
No terminaron de acomodarse los cambios que produjo el resultado electoral cuando empezaron los reacomodos que genera una crisis económica provocada de manera vertiginosa por las medidas del gobierno. Se visualizaron nuevas ecuaciones en la movilización de los trabajadores y en puntos concretos de la labor parlamentaria. A nivel institucional, la crisis acompaña a la economía y al desgaste del gobierno. La persecución contra Milagro Sala por parte del gobernador radical Gerardo Morales llevó ayer al intento de suicidio de la diputada provincial Mabel Balconte que el oficialismo radical había extorsionado para que traicione a su movimiento, según denunciaron los propios colaboradores y amigos de la legisladora. En la CABA, patoteros del PRO que fueron identificados y fotografiados, y uno de ellos resultó empleado del gobierno de la ciudad, atacaron el jueves una reunión de vecinos que estaban discutiendo el destino de los terrenos de Casa Amarilla en La Boca. Hay un acuchillado y resultó herido Fernando Abal Medina, hermano del senador Juan Manuel Abal Medina. Son síntomas fuertes de descomposición institucional que no se veían desde hace muchos años.
Es improbable que todo mejore ni siquiera en el inexistente tercer semestre del año. Lo más que puede pasar en el segundo semestre es que la inflación baje y estabilice la situación en una normalidad con mayor desempleo y salarios de menor poder adquisitivo, destrucción de las economías regionales y de la mediana y pequeña industria. Cuando Macri y sus aliados del radicalismo dicen que el sinceramiento es doloroso, están diciendo que, en el mundo real, los pobres no tienen los derechos que les hicieron creer con las mentiritas del populismo. Es doloroso pero es así. Aunque no reparten la riqueza, son generosos y reparten los sentidos: la sinceridad es para los ricos y lo doloroso para los demás.
SESENTA MIL PERSONAS SE MANIFESTARON EN COMODORO
RIVADAVIA EN DEFENSA DEL EMPLEO Y LA ECONOMÍA
REGIONAL
Masiva movilización contra el ajuste petrolero
El incumplimiento del compromiso del gobierno nacional de subsidiar la producción petrolera para no paralizar los yacimientos tuvo una contundente respuesta. El "comodorazo", como se lo denominó, movilizó a la población contra el ajuste.
No faltó nadie. Todas las organizaciones sindicales, el intendente y gran
parte de los vecinos participaron de la multitudinaria marcha.
Por Raúl Dellatorre
Cerca de sesenta mil trabajadores y vecinos de Comodoro Rivadavia, ciudad de 300 mil habitantes, se movilizaron hasta la intersección de las rutas 3 y 26 cercana a dicha localidad, en defensa de los puestos de trabajo de la industria petrolera y en repudio a la situación de indefinición que vive el sector desde el 1º de febrero, cuando el gobierno nacional garantizó un subsidio a las exportaciones de hidrocarburos para asegurar la continuidad de la actividad, que aún no ha hecho efectivo. Las empresas operadoras en la región del Golfo San Jorge mantienen paralizados 22 equipos de producción (perforación y "work over"), de los cuales habían vuelto a comprometer la reactivación de 12 de ellos para el mes de abril. Pero ante el incumplimiento del gobierno nacional, los mantuvieron inactivos. El sindicato petrolero convocó a un paro de 12 horas (que se cumplió ayer entre las 8 y las 20 horas) y a la movilización mencionada, que contó con el respaldo del gobernador de Chubut y el intendente de la ciudad, además de una participación que llevó a que los medios locales la denominaran "comodorazo". Los trabajadores de la región de Chubut y Santa Cruz norte, junto al resto de la comunidad, le dieron ayer una respuesta contundente al gobierno nacional y a las empresas petroleras: no aceptarán retroceder sobre los derechos conquistados ni ajustes en el empleo por "razones de mercado".
El incumplimiento de los compromisos firmados en Buenos Aires el 1º de febrero y ratificados el 11 de abril recibieron una respuesta masiva ayer en Comodoro. Esta vez, ni siquiera la promesa del gobierno nacional y las empresas petroleras, de que en los próximos días llegarán los subsidios y se pondrán en actividad los equipos de producción, fue suficiente para frenar la convocatoria. El conflicto tiene su origen en la caída del precio internacional del petróleo, que afecta principalmente al tipo de crudo pesado que se extrae en la cuenca del Golfo San Jorge y se destina mayormente a la exportación. Además, desde enero el gobierno de Mauricio Macri, a través de su ministro de Energía, Juan José Aranguren, viene planteando su intención de abandonar la política del gobierno anterior de garantizar una retribución a la producción que promoviera la exploración y la exportación. La política de búsqueda del autoabastecimiento y la soberanía energética, planteada en 2012 por el kirchnerismo, fue dejada de lado por el macrismo con la idea de que las refinerías pudieran sacar provecho de la baja del precio internacional.
Pero la resistencia de los gremios petroleros y la firme movilización de las regiones que resultarían afectadas por la paralización de la actividad, obligó al gobierno nacional a sentarse a una mesa de negociación y firmar un acuerdo de respaldo a la producción local. Por el compromiso asumido, se le garantizaba a las petroleras que operan en la cuenca (PAE, YPF, Tecpetrol y Sipetrol) un subsidio de 10 dólares por barril exportado (2,50 a cargo del gobierno de Chubut, 7,50 a aportar por el Estado nacional), a cambio de garantizar la estabilidad del personal y sus remuneraciones. Pero el gobierno nacional fue demorando el giro de los fondos y, en consecuencia, la industria petrolera mantuvo inactivos los equipos.
El domingo 1º de mayo, en Asamblea General del Sindicato del petróleo y el gas privado de Chubut, su secretario general, Jorge "Loma" Avila, pronunció un encendido discurso en el que convocó al paro de ayer. "Sin equipos, no hay paz social", advirtió, proponiendo el paro y la movilización de ayer. Explicó que la medida sería la respuesta al "incumplimiento de las actas firmadas por el Gobierno nacional y el provincial, donde decía que el 30 de abril tenían que salir los equipos parados y no salió ninguno."
La convocatoria movilizó a todo el pueblo, incluso a sus autoridades, concientes de lo que estaba en juego era sostener el crecimiento que logró Comodoro Rivadavia en la última década y media, o convertirse en un pueblo fantasma. Carlos Linares, intendente de la ciudad, cerró el acto de ayer respondiendo al desafío. "Hemos dado un ejemplo al país, tenían dudas de cuánta gente íbamos a mover y aquí está la respuesta", señaló, frente a una multitud en la que participaron todas las organizaciones sindicales locales, sin excepción. Hasta los trabajadores de La Anónima, la cadena de supermercados de la familia del secretario de Comercio Interior, Miguel Braun, dieron el presente.
"Esto es un acto de los trabajadores, no de los políticos, pero sin ellos tampoco hubiéramos llegado donde estamos", dijo Jorge Avila al abrir el extenso discurso con el que inauguró el acto central de la convocatoria. Confirmó que existe el compromiso de reactivar los equipos petroleros en las próximas semanas, pero que pese a la promesa se había decidido mantener la medida de fuerza. Y advirtió que éstas se endurecerán si no se cumple, como ocurrió en las oportunidades anteriores. Las organizaciones sindicales participantes elaboraron un documento en el cual se ratificó el objetivo de defender los puestos de trabajo y la economía de la región, descartando cualquier intencionalidad política, aunque no ahorraron condenas a las medidas que atentan contra el poder adquisitivo del salario, como la suba de precios y tarifazos en los servicios.
La pueblada que agitó la provincia patagónica tuvo su mensaje más claro en una de las expresiones que remató el discurso de Avila a la multitud. "No nos asusta si quieren confrontar con los trabajadores. No vamos a renunciar a nada de lo que tenemos. Vamos a reclamar todo lo que nos corresponde". El destinatario, el gobierno nacional, por ahora no acusó recibo.
PANORAMA ECONÓMICO
33,5 y emergencia laboral
Imagen: Carlos Brigo.
Por David Cufré
El informe de FIEL conocido esta semana sobre la evolución de precios de las canastas de consumo dejó en ridículo a aquellos que decían que había una campaña del miedo cuando se advertía sobre las consecuencias de las políticas económicas que proyectaba implementar Cambiemos. El estudio de la consultora ultraliberal determinó que la canasta básica total (CBT), que incluye alimentos y servicios, aumentó un escandaloso 33,5 por ciento en apenas seis meses, al pasar de 7927 pesos para una familia con cuatro integrantes en octubre del año pasado a 10.580 pesos en abril. En valores absolutos, en seis meses hicieron falta 2653 pesos más para cubrir la misma canasta. La CBT marca el límite de la pobreza por ingresos. Aquellas familias que estaban en el umbral de 7927 pesos en octubre y no lograron aumentar sus recursos en esa proporción, 33,5 por ciento hasta abril, pasaron a ser pobres. Esto explica por qué para la Universidad Católica Argentina, otra fuente insospechada de enemistad hacia el macrismo, la pobreza subió del 29 al 34,5 por ciento solo en el primer trimestre de este año, lo que equivale a 1,4 millón de nuevos pobres. También revela por qué hay un derrumbe generalizado del consumo. Una enorme mayoría de trabajadores estuvo lejos de recuperar ingresos en un 33,5 por ciento los últimos seis meses, diluyendo aceleradamente el poder de compra de sus salarios.
Para tomar dimensión del salto inflacionario corresponde comparar esos valores con lo que ocurría antes de noviembre, cuando Alfonso Prat-Gay anunció con liviandad que un probable gobierno de Cambiemos –a esa altura ya era favorito para el ballottage– aumentaría el dólar oficial en busca de una unificación cambiaria. El economista desafió que una devaluación no afectaría a nadie porque los precios ya estaban fijados al valor del dólar ilegal, en torno a 15 pesos. Era mentira. Eso se observa con claridad al analizar la evolución de precios de la CBT de FIEL entre abril y octubre de 2015. El aumento en ese semestre fue del 6,0 por ciento, de 7475 a 7927 pesos. Es decir, 452 pesos más. En cambio, en los seis meses que siguieron a la promesa de Prat-Gay de liberar la compra de dólares el incremento de la CBT fue del 33,5 por ciento, 2653 pesos más, hasta 10.580 pesos. De 6 a 33,5 por ciento. Los datos corresponden a la Ciudad de Buenos Aires, adonde el impacto por el aumento de tarifas de electricidad, agua y transporte fue mayor. Curiosamente es el distrito donde se encuentra una de las mayores bases electorales de Macri, quien obtuvo 64,8 puntos en el ballottage de noviembre, contra 35,2 de Scioli. Otra comparación posible para asimilar la magnitud del ajuste de Cambiemos es con todo el año 2014, el peor del kirchnerismo en materia inflacionaria luego de la devaluación de enero de ese año. La misma canasta básica de FIEL registró entonces un alza del 35,0 por ciento, de 5236 a 7070 pesos (1834 pesos más). El nuevo gobierno provocó 33,5 por ciento en solo seis meses.
Un incremento de la CBT superior a 30 puntos en un semestre no significa necesariamente que vaya a ser mayor a 60 por ciento en un año. Es probable que la abrupta caída del consumo que está provocando la estampida inflacionaria desacelere los aumentos en la segunda mitad de 2016. Sin embargo, el arranque de mayo confirma la tendencia que se instaló desde que el ahora ministro de Hacienda y Finanzas sostenía que no había riesgos con la devaluación. La cámara de supermercados de origen chino que conduce Yolanda Durán denunció que esta semana se presentaron nuevas listas de precios con aumentos del 10 al 12 por ciento en harinas, del 5 al 10 en lácteos y de más del 15 en verduras, a lo que se suma el ajuste del 10 por ciento en combustibles y el 60 por ciento en cigarrillos. La suba en las naftas, el gasoil y el GNC dará lugar a otra ronda de remarcaciones por el impacto de ese costo sobre la industria y los fletes. Esos incrementos fueron la respuesta del Gobierno a la masiva concentración de las centrales obreras de la semana pasada, junto con la férrea resistencia al proyecto de ley que declara la emergencia laboral y un paquete de medidas para profundizar la desregulación financiera, que incluyó la autorización para la compra de divisas hasta 5 millones de dólares mensuales, en lugar de los 2 millones decretados en diciembre. Seguramente serán grandes empresas y fugadores de divisas a guaridas fiscales quienes más aprovechen el nuevo permiso.
Los aumentos de precios, como se mencionó más arriba, están forzando un recorte del consumo. Para el tercio de los hogares de menores ingresos eso afecta directamente la compra de alimentos para la familia. De acuerdo a una investigación del economista Sergio Rosanovich, de la UBA y Unsam, en base a la encuesta nacional de gastos de los hogares del Indec de 2012-2013, el decil más pobre de la población destinaba entonces el 51,5 por ciento de sus recursos a ese fin. Esa proporción era del 47,1 por ciento para el segundo decil y del 44,2 para el tercero. Con esos patrones de consumo, los aumentos en las góndolas dejan a ese amplio sector social prácticamente sin margen para evitar menores compras de alimentos. El "sinceramiento económico" que tanto le duele a Macri recae sobre las espaldas y los estómagos de los sectores más humildes.
La emergencia laboral que el Gobierno desconoce, a su vez, se agravó en abril. La consultora Tendencias Económicas presentó ayer su informe sobre lo ocurrido el mes pasado: se sumaron 12.252 trabajadores despedidos, un nivel 9,7 veces superior al de abril de 2015. Algunos ejemplos son 40 cesantías en Acindar (que además suspendió a 100 trabajadores); 250 en la fábrica de electrodomésticos BGH; 300 en la metalúrgica Brighstar; 1500 en la Red de Cooperativas Textiles CABA que trabajaban para el Estado, cuyos contratos no fueron renovados; 60 en la textil Felsum; 60 en la autopartista Motorarg; 9 en la alimenticia Nestlé; 20 en la compañía de móviles Nextel; 90 en la productora televisiva PPT; 28 de Editorial Atlántida; 120 en la petrolera Perterser; 120 en la productora de acoplados Petinari; 180 en la planta de Siderar en San Nicolás; 15 en la metalúrgica Tenaris Siat, y 65 de estaciones de servicios de San Juan. El listado es mucho más amplio y engloba despedidos de la construcción (que son mayoría), gastronómicos, comercio, del sector transporte, de la salud, de prensa, vitivinícola, otros metalúrgicos, textiles y petroleros, entre otros. A eso hay que agregar lo que ocurre en el sector público, tanto nacional como provincial y municipal, donde también se multiplicaron las desvinculaciones. Por ejemplo, 119 de Tecnópolis; 200 de la ex Afsca; 86 de la Secretaría de Agricultura Familiar de Corrientes; 35 del mismo organismo en San Juan; 110 de Cancillería; 74 del Centro Cultural Kirchner; 18 de la Dirección de la Niñez del Municipio de Morón; 230 de Migraciones; 160 del Ministerio de Hacienda y Finanzas; 270 del Ministerio de Trabajo; 5 del Ministerio de Trabajo de La Rioja; 10 del Municipio de General Villegas, y 120 de la Secretaría de Asuntos Malvinas, entre otros. De acuerdo a este relevamiento, los despedidos en cuatro meses de 2016 suman 139.396. De ese total, 99.247 se desempeñaban en el sector privado y 40.149 en el público. En cuanto a las suspensiones, fueron 10.513 en abril, 35 veces más que un año atrás, y 38.101 en lo que va del año, 3,3 veces más que en igual período de 2015. Como era esperable, esto provocó un aumento de 12 veces en los paros respecto de abril de 2015.
La sangría laboral y la escalada inflacionaria son las más altas desde la crisis de 2001-2002. Así arrancó el cambio.
LA PERSONA QUE FILTRÓ LOS PANAMA PAPERS EXPLICÓ SUS
MOTIVOS
"Una moral enferma"
La fuente anónima que filtró 11,5 millones de documentos sobre empresas offshore conocidos como "Panama Papers", por los cuales están siendo investigados el presidente Mauricio Macri y su ex secretario de Hacienda y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti, difundió una extensa carta en la que aclaró que no trabaja para ningún gobierno o agencia de inteligencia, señaló que está "dispuesto a colaborar con las autoridades" pese a las consecuencias que han sufrido denunciantes y activistas por "revelar evidentes actos de mala fe", y destacó que "aunque estas empresas fantasma no son ilegales por definición, son utilizadas para llevar a cabo una gran serie de crímenes graves que son más grandes que la evasión de impuestos". "Los Panama Papers son, sin más, un síntoma evidente de la fábrica moral decaída y progresivamente enferma de nuestra sociedad", advirtió."La desigualdad de ingresos es uno de los principales problemas de nuestros tiempos", arranca la carta de quien hace un año le acercó los documentos del estudio panameño Mossack Fonseca al diario alemán Süddeutsche Zeitung, que a su vez contactó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para estudiarlos y difundirlos. Luego se pregunta por qué se aceleró el debate sobre la multiplicación de esa desigualdad y sugiere que "los Panama Papers ofrecen una convincente respuesta: corrupción masiva generalizada". "El único 'propósito especial'" de las empresas fantasma es "el fraude a gran escala", advierte.
"Decidí exponer a Mossack Fonseca porque me imaginé que sus fundadores, empleados y clientes tendrían que responder por su participación en estos crímenes, de los cuales sólo algunos han salido a la luz", escribió, y calculó que "tomará años, tal vez décadas, para que la magnitud total de los sórdidos actos del bufete se conozcan". Aclaró que no trabaja "para ningún gobierno o agencia de inteligencia de manera directa o como contratista, nunca lo he hecho", y que su decisión de difundirlos no fue "por propósitos políticos sino simplemente porque entendí lo suficiente sobre su contenido para comprender el nivel de injusticias descritas".
"He presenciado cómo, uno tras otro, a denunciantes y activistas en los Estados Unidos y Europa, les han destruido sus vidas" luego de "revelar actos de mala fe", señaló, y citó los casos de Edward Snowden, Bradley Birkenfeld y Antoine Deltour. Aunque "el ICIJ y sus medios asociados han declarado firmemente que no los entregarán a las autoridades policiales", aclaró que "estoy dispuesto a cooperar con las autoridades en la medida de lo posible". Luego criticó a la Unión Europea, al Reino Unido y a los Estados Unidos por "el ocultismo financiero", que calificó como "piedra angular de la corrupción institucional a nivel mundial", y enumeró responsables y cómplices: "bancos, reguladores financieros y autoridades fiscales" por escatimar controles a los ricos y concentrarse en las clases media y baja; jueces que "han adquirido por mucho tiempo los argumentos de los ricos"; medios de comunicación, porque "muchas cadenas de noticias son parodias caricaturescas de sus perfiles anteriores", destacó, y agregó que "varios medios líderes" accedieron a los documentos y "eligieron no darles cobertura"; por último a abogados "profundamente corruptos", afirmó, y recordó que "Mossack Fonseca no trabajó en un vacío" sino que "encontró alidados y clientes en los bufetes más grandes en prácticamente cada país".
LOS AGRESORES DE DOS MILITANTES EN LA COMUNA 4
TRABAJAN PARA EL GOBIERNO PORTEÑO
Patoteros y empleados del PRO
Organizaciones sociales identificaron a Rodolfo "El cordobés" Corzo y su hijo Rodolfo como dos de los atacantes de Matías Scinica y Fernando Abal Medina en la reunión del consejo consultivo comunal. Uno es agente de Policía Comunal porteña y el otro, de una cooperativa
La patota intentó impedir que se discuta la cesión fraudulenta de
terrenos de Casa Amarilla a Boca Juniors.
Imagen: Télam.
Antes que la Justicia, las organizaciones sociales del barrio de La Boca lograron identificar a dos de los patoteros que protagonizaron el miércoles la agresión contra los militantes Matías Scinica, de la agrupación Boca es Pueblo, y Fernando Abal Medina (hermano del senador nacional), de la JP Descamisados. Los hechos ocurrieron durante una reunión del consejo consultivo de la Comuna 4 en la que se discutía la cesión fraudulenta de los terrenos de Casa Amarilla al club Boca Juniors. Se trata de Rodolfo "El cordobés" Corzo y de su hijo del mismo nombre, Rodolfo Corzo. Padre e hijo son empleados públicos del gobierno porteño: el primero es agente de Policía Comunal desde 2011, bajo las órdenes del jefe comunal Jorge Apreda, quien encabezó dos veces la lista de comuneros del PRO; el segundo logró un contrato tercerizado con el Ejecutivo a través de la cooperativa de higiene Solidaria. Las organizaciones remarcaron que ambos forman parte de "una patota del PRO" y calificaron la agresión como un "intento de homicidio".
En base a fotos y videos tomados con celulares y testimonios de vecinos que circularon ayer por las redes sociales, las organizaciones denunciaron con nombre y apellido a los patoteros en una conferencia de prensa que brindaron en la legislatura porteña. Acompañados por legisladores y organizaciones de derechos humanos, pidieron explicaciones al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta: "La violencia que sufrieron los vecinos no es un hecho aislado, es un intento de amedrentar a las organizaciones sociales que defienden sus derechos y denuncian los negociados. El jefe de Gobierno debe dar explicaciones dado que los agresores son sus empleados", indicó a Página/12 el abogado del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Jonathan Baldiviezo.
Los agresores
En las fotos presentadas como pruebas de los vínculos de la patota con el PRO aparecen identificados Rodolfo "El cordobés" Corzo (padre), lanzando sillas sobre los militantes, y Rodolfo Corzo (hijo), portando el cuchillo con que hirió en el cuello a Matías Scinica, quien permanece internado en el Hospital Penna, fuera de peligro. Según las organizaciones, Corzo padre es un militante rentado del PRO, un puntero "con varios años" en el barrio, que incluso fue parte del cuerpo de seguridad que acompañó a Rodríguez Larreta en sus visitas al barrio durante la última campaña electoral. Su contrato en el Ejecutivo depende de la Secretaría de Descentralización, organismo que regula el funcionamiento institucional de las comunas. "Se lo ve en el barrio como si fuera un inspector, recorriendo negocios, levantando la caja del Gobierno", describió una militante. "Al hijo recién anoche lo pudimos identificar, es la primera vez que aparece involucrado en algo así, sólo se lo veía a veces limpiando las veredas", agregó. Corzo hijo es miembro de la cooperativa Solidaria que realiza obras de mantenimiento del espacio público, de manera tercerizada, para el gobierno porteño.
La agresión
Según pudo reconstruir este diario, la violencia se desató cuando Facundo, un militante del Comedor Los Pibes, tomó la palabra. Su idea era leer el acta que las organizaciones nucleadas en la red La Boca Resiste y Propone habían consensuado presentar durante la reunión comunal. Pero no llegó a hacerlo. "Apenas Facundo se presenta como vecino y militante del barrio, la patota empieza a interrumpirlo y patotearlo. El no se calla, y junto a él responden Facundo y Matías. Empezaron a discutir para que los dejen hablar, pero enseguida Corzo se abalanza y empieza la violencia", relató una vecina presente en el lugar. "Eran diez patoteros en total. Los encerraron en un pasillo, para que nadie vea cómo les pegaban", agregó.
Hacía dos años que el consejo consultivo no sesionaba. Apurados para denunciar la cesión de tres hectáreas de Casa Amarilla para la construcción de un estadio shopping de Boca sin aprobación de la Legislatura ni audiencias públicas, las organizaciones decidieron autoconvocarse hace dos meses para llevar a la comuna su oposición al proyecto. "La Boca es uno de los barrios con más organizaciones sociales y más movilizados", apuntó Baldiviezo, "razón por la cual el Gobierno manda a la patota para amedrentar".
El fiscal
Dos días después de los hechos, no había detenidos. El fiscal a cargo de la causa, Marcelo Munilla Lacasa, dijo que aún busca "identificar las caras" de los agresores, dos de los cuales ya fueron individualizados por las organizaciones, quienes a priori desconfían de su labor. Munilla tiene decenas de denuncias en su contra por ocultar crímenes de violencia institucional, y para las organizaciones es un "operador judicial del macrismo". Fue uno de los convocantes a la marcha del 18F.
Informe: Matías Ferrari.
AXEL KICILLOF Y ADRIÁN PAENZA DESBORDARON LA FERIA
DEL LIBRO
"Vamos a volver mucho mejores"
La presentación del libro de entrevistas al ex ministro, Diálogos sin corbata, convocó a más de mil personas. El matemático lo propuso como candidato a presidente, el diputado prefirió reivindicar la militancia como la llave del FpV.
"Trataron de convertir el triunfo de Macri, raspando, en un pasaporte para todos los abusos", dijo Kicillof.
Imagen: Sandra Cartasso
Por María Daniela Yaccar
Fue tal la convocatoria para la charla de Axel Kicillof y Adrián Paenza en la Feria del Libro, que los organizadores no tuvieron más opción que trasladarla de una sala con capacidad para 200 personas a una en la que cabían 1000. Cuando tomaron la determinación, en medio de las quejas y la decepción de los asistentes que pensaban que iban a quedar afuera, fueron aplaudidos. "¿En qué cabeza cabe que iban a venir 200 personas?", se preguntaba una joven. "Esto es una catarsis. Venimos a sentirnos acompañados", se expresaba una señora ante quienes hacía instantes eran absolutos desconocidos. Primero, en la sala Borges, fueron habilitadas 500 butacas. Luego, hubo que habilitar 500 más. Cuando corrieron los paneles negros que dividían el espacio en dos, un aplauso evidenció regocijo.
Sobresalía la cantidad de adolescentes en grupo. Las chicas de uniforme estaban ansiosas por ver al ex ministro: "Yo me voy a desmayar", advertía una a sus amigas. El matemático y el diputado presentaron el libro Diálogos sin corbata. Para pensar la economía, la política (y algunas cosas más) en el siglo XXI.
El acto fue bastante accidentado, no sólo por el asunto del público, sino también porque Kicillof llegó tarde, por haber quedado "atascado en el tráfico", según informó Paenza ya en el escenario. Aunque el público le pidió que improvisara, el científico se definió como un mero "telonero" y prefirió esperar. Entre el movimiento de la gente de una sala a la otra, que estaban muy distantes entre sí, y la demora del diputado, la charla comenzó 50 minutos más tarde de lo previsto.
Lo cierto es que el libro – de Siglo XXI y presentado en dos ocasiones con anterioridad – quedó en segundo plano. El acto fue pura mística kirchnerista, la de los dedos en V, los "vamos a volver" y hasta un atrevido "se siente, se siente, Axel presidente". Fue Paenza quien sorprendió con la propuesta: "El kirchnerismo, la sociedad argentina, necesitan empezar a consensuar un proyecto, para que Axel sea el nuevo presidente, dentro de cuatro años menos 143 días". Kicillof, que tomaba mate, no dijo ni sí ni no. A la sala llegaban voces desde el exterior: afuera también había gente cantando.
El discurso del ex ministro fue, ante todo, una reivindicación de la militancia: "Es nuestra llave, nuestra clave, nuestra capacidad, nuestro poder", definió. "Tenemos una gran ventaja. Después de doce años, de tres períodos de un gobierno popular y de la campaña que hicieron, con persecución judicial y mediática, ganaron por un mísero punto. He sido militante toda la vida, en diferentes lugares. Esa palabra que recibe tantas atribuciones negativas, como algo vergonzoso, malo y negativo, siempre la hemos reivindicado. Es un término que hay que ampliar. Militar no es llenar la fichita de un partido, no es exclusivamente ir a la unidad básica o al comité. Hay miles de formas", definió, dirigiéndose a los "autoconvocados", los "empoderados".
Y graficó: "Muchos habitantes del país se volcaron a participar en la campaña como podían. Fue un fenómeno masivo. Creo que fue la clave de que casi ganáramos la elección. Son nuevas formas de militancia que empezamos a encontrar".
Claudio Martínez, creador del programa televisivo Economía sin corbata – en el que está inspirado el libro – bromeó con la posibilidad de que Kicillof utilice en el futuro cadenas nacionales. Se sabe: sus discursos no se caracterizan por breves. "Hay que seguir trabajando en la cuestión discursiva. No la pegamos en todo en la comunicación. Tenemos que comunicar mucho mejor", admitió el diputado. Y reivindicó, también, el concepto de "comunicación popular". "En esta etapa estamos encontrando la clave. Nunca tenemos que abandonar el boca en boca, el timbrado, el bar, el club de barrio, Resistiendo con Aguante, las formas de autorganización", instó.
Aunque el discurso tuvo más que ver con la construcción que con la destrucción de un proyecto al que calificó como "liberal", las críticas al macrismo y a los medios de comunicación no faltaron. El diputado dijo que las políticas del nuevo gobierno son "una pala mecánica para hundir los ingresos de los argentinos". "Trataron de convertir el triunfo de Macri, por un puntito, raspando, en una especie de pasaporte para todos los abusos. Hemos encontrado un gobierno que no ha demostrado el más mínimo respeto por la República ni por la democracia", sentenció.
El puntapié inicial de la charla había sido una pregunta de Martínez: ¿qué haría el kirchnerismo si se cumple la consigna de que va a volver? "Es inexorable que esto triunfe. Los movimientos populares podrán tener descansos, volteretas y traiciones, pero lo que está atrás es algo que no muere, que no cambia. La voluntad de nuestro pueblo", respondió Kicillof. Al despedirse retomó esta idea, elevando la voz: "Vamos a volver mejores, no nos van a vender más espejitos de colores porque los resultados están a la vista".
Inspirado en el programa televisivo Economía sin corbata, el libro presentado el jueves recupera algunas entrevistas del ciclo y revela el pensamiento del ex ministro a partir de diferentes variables del tablero económico. Participaron de las entrevistas Pablo Camaití, Alejandro Dolina, Víctor Hugo Morales, Joaquín Morales Solá, José Natanson, Adrián Paenza, Emir Sader, Horacio Verbitsky y Marcelo Zlotogwiazda.
Paro y marcha universitaria
Los gremios docentes universitarios realizarán un paro de 48 horas a partir del jueves próximo. Ese mismo día convocaron a una marcha que partirá de la Plaza Houssay frente a la Facultad de Medicina de la UBA hasta el Ministerio de Educación. Las negociaciones salariales con el ministro Esteban Bullrich comenzaron a fines de marzo. La última oferta llegó a un 32 por ciento en tres cuotas que se completarían a fin de año.
Los docentes reclaman un 40 por ciento y discrepan con el desdoblamiento en tramos. La semana próxima será clave para encontrar una solución al conflicto, también con los no docentes, o fogonear la escalada de protestas.
El frente universitario está complicado para Cambiemos. Los rectores de las universidades nacionales se reunieron la semana pasada con el presidente Mauricio Macri porque los fondos presupuestados no alcanzan para afrontar los gastos de funcionamiento luego del aumento de tarifas. El diálogo sigue pero los 500 millones de pesos anunciados como refuerzo en un presupuesto de 51 mil millones de pesos no disiparon la preocupación.
Los docentes reclaman un 40 por ciento y discrepan con el desdoblamiento en tramos. La semana próxima será clave para encontrar una solución al conflicto, también con los no docentes, o fogonear la escalada de protestas.
El frente universitario está complicado para Cambiemos. Los rectores de las universidades nacionales se reunieron la semana pasada con el presidente Mauricio Macri porque los fondos presupuestados no alcanzan para afrontar los gastos de funcionamiento luego del aumento de tarifas. El diálogo sigue pero los 500 millones de pesos anunciados como refuerzo en un presupuesto de 51 mil millones de pesos no disiparon la preocupación.
MACRI DICE QUE NO AYUDA A GENERAR EMPLEO, PERO LOS
DATOS LO REFUTAN
Mitos de la ley antidespidos
Según datos oficiales, entre 2002 y 2007, mientras estuvo vigente una normativa similar, se crearon 2,1 millones de nuevos empleos en el sector privado y la informalidad se redujo diez puntos porcentuales.
"La doble indemnización no ayuda a la generación de empleo", aseguró
el ministro Jorge Triaca.
Por Tomás Lukin
"Ya probamos en 2002 con leyes que prohibían los despidos y eso no trajo más empleo, destruyó trabajo", reiteró el presidente Mauricio Macri. Con esa fórmula, el mandatario argumenta su rechazo al proyecto de ley que suspende los despidos sin causa y duplica las indemnizaciones durante un período de tiempo limitado. La propuesta bajo debate en el Congreso ofrece un paliativo para el proceso de destrucción de empleo en marcha. Para el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, la normativa para amortiguar el impacto del ajuste recesivo desincentivará la creación de empleo, incluso cuando sus disposiciones no alcanzarán a los nuevos puestos de trabajo. "La doble indemnización no ayuda a la generación de empleo. Es una señal contraproducente", consideró el funcionario. Los argumentos del Gobierno contra el proyecto impulsado por la oposición desconocen el desempeño del mercado de trabajo entre 2002 y 2007 mientras estuvo vigente una normativa similar. A lo largo de ese período se crearon 2,1 millones de nuevos empleos en el sector privado de acuerdo a los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y se observó una reducción de más de 10 puntos porcentuales en los niveles de informalidad.
La Emergencia Ocupacional declarada en 2002 suspendió los despidos sin causa y, a lo largo de los cinco años que estuvo vigente, obligó a los empleadores a pagar una doble indemnización si igualmente procedían con la desvinculación. La normativa pretendía proteger a los trabajadores en relación de dependencia frente a las consecuencias de una crisis económica que, a esa altura, resultaba de alcances impredecibles. A pesar del cuestionamiento patronal permanente, el crecimiento empleo registrado alcanzó durante el lustro en el que estuvo vigente la normativa un ritmo record de 12 por ciento anual.
Entre 2002 y 2007, para los registros administrativos de la AFIP, la cantidad de trabajadores registrados en el sector privado pasó de 3,5 a 5,6 millones, un salto del 60 por ciento. A su vez, la terminación de la indemnización aumentada (a medida que caía el desempleo el monto adicional se redujo: 80 por ciento en 2004 y 50 por ciento en 2005) fue seguida por una ralentización de las mejoras del mercado de trabajo. En 2007, en el último año de vigencia de la normativa, los niveles de empleo registrado crecieron 8,6 por ciento, al año siguiente la variación fue de 6,1 por ciento y para 2009 se contrajo 0,9 por ciento.
Que los niveles de empleo hayan mejorado significativamente durante la vigencia de la normativa no implica una causalidad. La mejora en el mercado de trabajo fue la consecuencia directa del modelo de crecimiento económico tirado por el consumo interno instalado a partir de la salida de la convertibilidad. La doble indemnización no promovió la creación de empleo pero tampoco la desincentivó. El documento "Macroeconomía empleo e ingresos. Debates y políticas en Argentina frente a la crisis internacional 2008-2009" expone que las políticas laborales no pueden ser evaluadas de manera aislada, sino que presentan efectos diferentes según el régimen o modelo económico en el cual se aplican.
Durante la fase contractiva de 2009, el kirchernismo rechazó reinstalar la doble indemnización e implementó un paquete de políticas laborales contracíclicas para contrarrestar las lógicas que producen destrucción de empleo en Argentina. Para el segmento de empleadores de elevada rotación laboral, se buscó estimular a las empresas a seguir contratando personal -al menos para compensar las desvinculaciones habituales- con la política de reducción de contribuciones patronales para las nuevas contrataciones, establecida en el marco de la Ley 26.476. Por su parte, el Programa de Recuperación Productiva (Repro) tuvo como objetivo reducir el riesgo de despidos masivos entre empresas del segmento estable.
Las estimaciones realizadas entonces por la cartera laboral sostienen que la reducción de contribuciones patronales a través de la dinamización de las incorporaciones de personal redujo a la mitad el número de puestos que se habrían perdido durante la crisis de no mediar la política. En el caso del Repro, fue efectivo limitando los despidos de trabajadores en el segmento de baja movilidad del tejido productivo y en empresas particularmente afectadas por la crisis internacional. "Las políticas laborales no pueden ser evaluadas de manera aislada, sino que presentan efectos diferentes según el régimen o modelo económico en el cual se aplican", advierten los autores. El ejemplo de reducción de contribuciones patronales es claro: su implementación en los noventa sólo se vinculó con aumento de la precariedad o pérdida de empleos. "Las medidas aplicadas en 2008-2009 fueron particularmente exitosas, debido a la coherencia y articulación de políticas e instituciones que conforman el modelo socioeconómico vigente. El sostenimiento del nivel de actividad y de la demanda interna impulsado por una política macro expansiva constituyó una condición necesaria para que medidas como las implementadas presenten un impacto positivo en la preservación de las fuentes de trabajo", concluyen los investigadores de Trabajo.
GIOJA APUNTÓ CONTRA CAMBIEMOS MIENTRAS MASSA
VOLVIÓ A PEDIR CAMBIOS AL PROYECTO
Nuevos cruces por la ley antidespidos
El titular del PJ pidió que se termine con las dilaciones y se apruebe la iniciativa tal como se sancionó en el Senado. El líder del Frente Renovador habló de proteger a las pymes, en sintonía con la estrategia de hacermodificaciones que benefician al macrismo.
José Luis Gioja y Sergio Massa, con distintas posturas frente a la
ley que declara la emergencia ocupacional.
Imagen: Leandro Teysseire
El Frente para la Victoria y otros bloques opositores volvieron a reclamarle ayer al Gobierno que deje de dilatar el tratamiento de la emergencia ocupacional y apruebe la ley antidespidos tal como se sancionó en el Senado la semana pasada. "El Gobierno no quiere que se apruebe la ley que prohíbe los despidos por 180 días porque pretende seguir echando gente a discreción de los organismos públicos", aseguró José Luis Gioja, presidente del PJ. Desde el Frente Renovador, Sergio Massa volvió a mostrarse a favor de introducir cambios a la iniciativa aprobada en la Cámara alta: "Nosotros pensamos que hay que proteger el empleo y también crear instrumentos de generación de trabajo pyme", afirmó el tigrense, que el jueves mantuvo una reunión con Gioja y Diego Bossio, del Bloque Justicialista, para tratar de alcanzar algún tipo de consenso. Desde el oficialismo, de todas maneras, mantienen su rechazo a la iniciativa y ratificaron la convocatoria a los empresarios y al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, para la semana próxima.
La ley de emergencia ocupacional, que limita el despido de trabajadores sin causa durante 180 días, continúa generando tensión entre los bloques legislativos. La alianza Cambiemos armó una agenda legislativa para tratar de contrarestar el desgaste que le genera la confrontación con las cinco centrales obreras y un sector importante de la oposición. Mientras negocia con el massismo la posibilidad de introducir cambios y así enviar el proyecto de vuelta al Senado, presentó otros proyectos con la idea de instalar el "pacto por el empleo" en lugar de la "emergencia ocupacional". La agenda se consensuó en una reunión que mantuvieron en el despacho del presidente de la Cámara, Emilio Monzó, los diputados Mario Negri y Jorge D'Agostino (UCR), Elisa Carrió y Fernando Sánchez (Coalición Cívica) y Nicolás Massot, Eduardo Amadeo, Luciano Laspina y Silva Lospennato (PRO). Primero Carrió presentó su iniciativa para que las empresas se hagan cargo de pagar parte del transporte de los trabajadores y ayer los radicales hicieron lo propio con la creación del Tribunal Nacional de la Competencia.
Para Felipe Solá, diputado del Frente Renovador, el gobierno nacional "creó un ambiente que intenta disminuir los derechos de los trabajadores, y la respuesta a ese ambiente es esta ley, que dura seis meses y que proponen las cinco centrales sindicales". El ex gobernador bonaerense rechazó las críticas de Mauricio Macri, quien le había pedido a Sergio Massa que "no acompañe al kirchnerismo" en este proyecto. Solá aseguró que no se trata de una ley kirchnerista porque la medida "es producto del acto multitudinario del 29 de abril, organizado por las cinco centrales sindicales". De hecho, tanto Hugo Moyano (CGT Azopardo), Antonio Caló (CGT Alsina), Luis Barrionuevo (CGT Azul y Blanca), como Hugo Yasky (CTA de los trabajadores) y Pablo Micheli (CTA Autónoma) asistieron al Congreso hace más de un mes para reclamar la aprobación de la emergencia ocupacional.
En ese contexto y pese a haber acompañado en Diputados el dictamen que se firmó tras la visita de los sindicalistas, Massa ahora plantea modificaciones: "Proponemos instrumentos para generar empleo Pyme, generar acceso de los jóvenes al trabajo, transformar los planes sociales en trabajo, facilitar a los mayores de 50 la posibilidad de trabajar, y también audar a que las personas con discapacidad puedan incorporarse al mercado laboral", dijo durante una visita a la ciudad bonaerense de San Andrés de Giles.
La posición del massismo será clave para aprobar o no la media sanción proveniente del Senado ya que los que votarían a favor acumulan 118 diputados: 82 del FpV y sus aliados, 17 del Bloque Justicialista, 8 de Progresistas, 4 de la izquierda, 4 de Compromiso Federal y tres monobloques. Para iniciar la sesión se necesitan al menos 129 diputados y el interbloque UNA, que preside Massa tiene 37.
Desde el FpV, el presidente del bloque, Héctor Recalde, aseguró que "hay avances" en las conversaciones con el Bloque Justicialista, que un primer momento tenía diferencias internas. El abogado laboralista aseguró que "no hay problema para que en forma simultánea se elabore una ley que perfeccione la aprobada por el Senado, y que contemple el tema de las pymes y el primer empleo". "La posición del FpV-PJ es que se sancione la ley tal como está, y el mismo día elaboramos otro, sancionamos y que vaya al Senado. No queremos la dilación que significa todo un nuevo trámite, tardaramos ocho días en que venga del Senado a acá. ¿En el medio cuántos despidos va a haber?", agregó el diputado y completó que para ayudar a las pymes hay que "excluírlas del tarifazo, pero no sacarle derechos a los trabajadores".
Despidos en la Anses
El gobierno de Mauricio Macri sigue adelante con los despidos en la administración pública. Esta semana los telegramas les llegaron a unos 150 integrantes de la planta permanente de la Anses. Carlos Ortega, dirigente de uno de los gremios del organismo, expresó su rechazo a "todos los despidos" y les atribuyó "un cierto tinte ideológico" porque de los cesanteados "la gran mayoría pertenece a alguna organización kirchnerista". El dirigente sindical anunció también que el próximo martes realizarán una concentración frente a la sede central de Anses en la Capital Federal, en Córdoba y Maipú. Allí le entregarán un petitorio al director ejecutivo del organismo, Emilio Basalvibaso, en el que expresarán su oposición a los despidos y plantearán además reclamos en el marco de la paritaria del sector. En defensa de la ley antidespidos frente a las dilaciones en su tratamiento por parte de Cambiemos, el diputado y titular del PJ José Luis Gioja citó el caso de los cesanteados en la Anses y remarcó que "se suman a los cientos y cientos de trabajadores que día a día el Estado deja sin trabajo".
No hay comentarios:
Publicar un comentario