viernes 06 de mayo de 2016
LAS VENTAS DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CAYERON
22,3 POR CIENTO EN ABRIL, SEGÚN UN INFORME EMPRESARIO
Una estructura económica que se desploma
La actividad de la construcción registra caídas que no se veían desde 2002. Los despidos en el sector superan los 57.000, lo cual confirma la emergencia laboral. El freno a la obra pública y a los créditos Procrear explican parte del derrumbe.
El índice Construya está elaborado por los principales fabricantes
de cemento, ladrillos, cerámicos, aceros y pinturas.
Por Federico Kucher
La venta de insumos para la construcción cayó 22,3 por ciento en abril respecto del mismo mes del año pasado. La cifra, calculada por los principales fabricantes del rubro de ladrillos, cerámicos, cemento, cal, aceros y pinturas, entre otros, adelanta una fuerte caída para el conjunto de la actividad de la construcción. La última vez que el sector había anotado un retroceso interanual mayor al 20 por ciento fue a mediados de 2002, tras la megadevaluación y el estallido de la convertibilidad. La paralización de las obras de infraestructura, el freno a los programas de crédito para la vivienda como Procrear, el importante aumento de los costos y la incertidumbre de la población por el ajuste del dólar de más del 45 por ciento fueron elementos centrales para explicar las menores inversiones. La construcción, al igual que la industria manufacturera, evidencia fuertes dificultades para mantener los niveles de producción en los últimos seis meses, período en el que ganaron relevancia el negocio de la bicicleta financiera con la colocación de Lebacs, la fuga de capitales y el endeudamiento en el mercado internacional.
La rama de la construcción es la primera en crecer cuando la economía entra en un ciclo expansivo pero también la primera en caer cuando el ciclo se vuelve recesivo. El apagón estadístico del Indec implicó que se dejaran de publicar datos del sector. Esto hizo que las ventas de materiales, como el cemento, adquieran protagonismo para evaluar cuál es la situación en el negocio de las edificaciones, una de las actividades productivas de mayor peso en el mercado interno. El Indice Construya, que mide la comercialización de insumos para construcción, anotó en abril la caída más importante del año (22,3 por ciento), cuando en marzo la merma había sido 9,6 por ciento y en febrero, 4. El declive comenzó a partir de noviembre, cuando se anotó un alza de 20,4 por ciento, cifra que se desaceleró al 11,9 en diciembre y a 3,2 en enero. Además de la reducción de las ventas, se observó una contracción notable de la producción. Por caso, la de cemento disminuyó en marzo 19,3 por ciento interanual, mientras que crecía al 8 por ciento a principios de 2015.
La edificación no es el único sector de la economía real que evidencia distorsiones notables en los últimos meses, a diferencia de lo que ocurre con el próspero negocio de la especulación financiera. Los distintos bloques de la industria manufacturera enfrentaron fuertes dificultades para sostener los volúmenes de producción, debido a la caída de la demanda en el mercado interno y la competencia de las firmas extranjeras a partir de la desregulación de las importaciones (apertura comercial). Los indicadores de consumo minorista en pequeños comercios de centros urbanos registraron que abril la mayor caída de ventas en lo que va de 2016, al retroceder 6,6 por ciento interanual. En diciembre pasado se había computado una suba de 3,1 por ciento, al tiempo que en enero se anotó una contracción del -2,3 por ciento, en febrero de -4,5 y en marzo de -5,8. El mes pasado, los 20 rubros comerciales relevados registraron caída de las ventas. Los que marcaron peor desempeño fueron electrodomésticos y artículos electrónicos (-12,3 por ciento), productos de ferretería (-9,4 por ciento) y materias para la construcción (-8,7). "Nada pudieron hacer los comercios frente a un público que desapareció de las vidrieras. La caída fue muy fuerte y los empresarios comienzan a observar con alta preocupación que la recuperación se va a demorar más de lo esperado", alertaron desde CAME, entidad que midió la evolución de las compras minoristas.
El incremento de la desocupación en los últimos meses, en particular en la actividad de la construcción, fue una de las principales consecuencias de la recesión de la economía real. Los datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) registraron que entre diciembre de 2015 y marzo de este año hubo 141.542 desafectaciones en el mercado laboral. De ese total, 57.824 despidos ocurrieron en la rama de la edificación, al tiempo que 18.824 se explicaron por el recorte de personal en establecimientos manufactureros y 3798 en el sector de servicios. El resto de los desocupados (61.096 individuos) fueron por el ajuste en el sector público nacional, provincial y municipal.
El retroceso de las actividades productivas liderado por el derrumbe de la construcción contrastó con el fuerte crecimiento de los negocios financieros en los últimos meses. Los bancos, según el último informe del Banco Central, registraron en febrero la mayor ganancia mensual de los últimos diez años, en donde se destacó el incremento de la rentabilidad de la banca extranjera. Las entidades capturaron beneficios extraordinarios por la devaluación y la bicicleta financiera generada a partir del aumento de las tasas de interés de las Lebacs hasta 38 por ciento. Estas medidas, que también favorecieron al complejo agropecuario, tuvieron un impacto negativo para asalariados y empresarios industriales que venden su producción en el mercado interno. El avance de la especulación también se observó en el incremento de la fuga de divisas en el primer trimestre del año, que superó los registros de 2009, cuando los capitales salían de las economías emergentes por la incertidumbre la crisis financiera internacional, y el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento externo, que implicó que en los primeros tres meses del año el ingreso de deuda haya más que duplicado los registro de 2015.
PARA LA ULTRALIBERAL FIEL, SUBIÓ 7,8 PUNTOS EN ABRIL
La canasta sigue hacia las nubes
La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, insospechable de cualquier simpatía por los enfoques opositores, registró el salto en las canastas de consumo básicas que utiliza para medir pobreza e indigencia. En el año fue de 41,5.
El tarifazo en los servicios públicos impactó con fuerza en
la inflación del mes pasado.
Los productos básicos que integran las canastas de consumo elaboradas por FIEL para medir pobreza e indigencia registraron en abril un salto interanual del 41,5 y 36,5 por ciento, respectivamente. En abril subieron 7,8 y 2,7 por ciento. Como consecuencia de la aceleración inflacionaria que generaron las políticas del gobierno de Mauricio Macri, el costo de la canasta básica total (CBT) utilizada para definir el umbral de pobreza alcanzó los 10.580 pesos para una familia de cuatro miembros. En tanto, el piso para definir el nivel de indigencia, la canasta básica alimentaria (CBA) construida por la consultora, fue valuado en 4524 pesos para el mismo grupo familiar.
El tarifazo en los servicios públicos disparó la inflación del mes pasado hasta el 7 por ciento, la mayor suba mensual desde abril de 2002. A pesar del inédito apagón estadístico del Indec, las diferentes consultoras calcularon un avance de esa magnitud en los precios a raíz de las medidas de "sinceramiento" adoptadas por el Gobierno nacional. Así, en apenas cuatro meses la inflación alcanzó el límite inferior de la pauta del 20-25 por ciento que pretendió instalar a comienzos de año el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay.
De acuerdo conFIEL, una de las consultoras más afines al establishment económico, la CBT trepó a lo largo de los últimos cuatro meses 18,6 por ciento mientras que la CBA lo hizo al 14,9 por ciento. Se trata de mediciones apuntadas a medir pobreza e indigencia por ingresos que solo contemplan "hábitos de consumo de la población considerándose los requerimientos kilo-calóricos y proteicos imprescindibles para que un hombre adulto de entre 30 y 59 años de actividad moderada (adulto equivalente), cubra durante un mes esas necesidades".
El trabajo de la consultora FIEL no llega a calcular los niveles de pobreza e indigencia sino que se limita a valuar las canastas. Los datos oficiales de pobreza e indigencia se darán a conocer recién a fines de septiembre. Y una de las alternativas disponibles hasta marzo son las estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (ODS-UCA). El centro de estudios consultado por el presidente Macri y sus principales colaboradores estimó que durante el primer trimestre del año la cantidad de pobres en el país llegó a 13 millones, un incremento de 1,4 millones de individuos entre enero y marzo de 2016.
Cuestionado por sobredimensionar la magnitud del fenómeno el relevamiento ofreció una aproximación a las implicancias de las políticas aplicadas entre enero y marzo. El ODS-UCA estima la tasa de pobreza en 29 por ciento de la población para fines de 2015 y sus cálculos llevan el guarismo hasta 34,5 por ciento para el primer trimestre.
OPINIÓN
Realidad efectiva y falsos augurios
Malas perspectivas para la economía argentina, según los datos que pueden recogerse en diversos sectores de actividad. Un futuro inminente auspicioso, en cambio, es lo que augura el gobierno prometiendo un segundo semestre con fuerte reactivación, al impulso de una lluvia de inversiones y precios estabilizados. Pero la realidad se empeña en sembrar dudas sobre ese pronóstico.
La devaluación de diciembre y los ajustes de tarifas (electricidad, transporte, gas y combustibles) fueron presentados como un "sinceramiento necesario" para ordenar los precios y alfombrar el camino de una recuperación "en serio". Diversas mediciones sectoriales muestran que ese camino todavía se mantiene intransitado. Muchas de esas estadísticas privadas que así lo revelan fueron elaboradas con el financiamiento de empresas que apostaron a la entronización de Mauricio Macri. El aluvión de inversiones, tanto locales como externas, faltó a la cita.
El índice Construya, que mide la demanda de insumos para la construcción en base a datos de las propias empresas proveedoras, marca el fuerte retroceso de las inversiones en la rama de actividad con mayor efecto multiplicador (por la cantidad de sectores que impulsa con su crecimiento). El descenso del 22,3 por ciento con respecto a un año atrás indica una menor cantidad de obras iniciadas o el freno o desaceleración de las que ya están en marcha. Es un indicador, además, de expectativas poco optimistas en cuanto al futuro inmediato de parte de quienes deciden demorar o abandonar las obras proyectadas.
El dato del sector de la construcción no va a contramano del proveniente de otros sectores, lamentablemente. Caen las ventas en supermercados, se multiplican las suspensiones en grandes empresas (automotrices y petroleras, por tomar solamente dos ramas de fuerte peso específico) y los sectores intermedios, principalmente las pymes manufactureras, denuncian una situación de ahogo entre el aumento de costos y caída de sus ingresos por ventas.
Frente a ese panorama de estancamiento, la dura realidad se empeña en desmentir los preceptos neoliberales: los precios siguen aumentando. En abril, más allá de los primeros cien días que el gobierno se dio para "sincerar" la economía, una entidad como FIEL, insospechable de querer justificar la demanda de los sectores populares, informa que el costo de la canasta básica total para una familia tipo aumentó en un 7,8 por ciento con respecto al mes anterior. Hasta el ex "golden boy" Martín Redrado advierte sobre el riesgo de estanflación en la economía de lo que resta del año.
Y mientras el Gobierno atiende la emergencia agropecuaria, sigue ignorando la emergencia ocupacional. Como si le faltaran evidencias.
ELEVAN EL MONTO MÁXIMO MENSUAL PARA COMPRAR
DÓLARES DE DOS A CINCO MILLONES
Otra flexibilización a medida de la fuga
El objetivo esgrimido por el organismo que conduce Federico Sturzenegger "es facilitar operaciones con el exterior y las transacciones cambiarias". En los hechos es funcional a la creciente salida de capitales.
En el primer trimestre la fuga de capitales alcanzó los 3300 millones de dólares,
la cifra más alta desde 2009.
El Banco Central dispuso ayer elevar el monto máximo mensual para comprar dólares de dos a cinco millones. El objetivo esgrimido por el organismo que conduce Federico Sturzenegger "es facilitar operaciones con el exterior y las transacciones cambiarias". No obstante, la medida favorece la salida de capitales, la cual en el primer trimestre alcanzó los 3300 millones de dólares. Para el cobro del exterior por exportaciones u otros conceptos por un valor de hasta 100.000 dólares mensuales tampoco se exigirá una declaración jurada previa a la recepción de fondos, sino que éstos podrán acreditarse directamente a la cuenta del receptor por un concepto genérico. Para las compras con tarjeta en el exterior se obliga a los bancos a ofrecer al cliente definir la cuenta de la cual se debitará el dinero, sea en pesos o en dólares para evitar pérdidas por el pase cambiario.
La conducción de la autoridad monetaria continúa combinando la eliminación de controles al sistema financiero con la ampliación de los canales para la fuga de divisas. Esta política en un contexto de bajas tasas de interés en el exterior y altas tasas internas estimula el arbitraje entre ambos rendimientos y la posterior salida de capitales. La operatoria que se abre bajo este escenario es similar al exhibido hasta los 90, donde las empresas tomaban dinero afuera a bajo costo y lo colocaban en el país con tasas altas, como las actuales cercanas al 38 por ciento anual para plazos a 35 días. La ganancia se dolariza en un mercado cambiario irrestricto y sale del país.
Tal como informó este diario, la compra bruta de moneda extranjera en el primer trimestre sumó 4310 millones de dólares, mientras que se registraron ventas por 1011 millones. El resultado fue la formación de activos externos neta de 3300 millones, la cifra es la más elevada desde 2009. En igual período de 2015 las compras netas de moneda extranjera explicaron una fuga de 1363 millones de dólares, mientras que en 2014 la cifra fue de 366 millones; en 2012, de 2478 millones; en 2011, de 2877; en 2010, de 2977; en 2009, de 4357; y en 2013 hubo un ingreso neto de 75 millones.
La medida comunicada ayer por el Central aceita aún más esa bicicleta. La entidad dispuso elevar a cinco millones de dólares mensuales el acceso a la compra de divisas respecto a los ya generosos dos millones que existían hasta el momento. "Es uno de los pasos finales en la remoción de las restricciones cambiarias heredadas, siguiendo el camino iniciado con la liberación del cepo y la reciente eliminación del cronograma de pago para deudas por importaciones", justificó el BCRA. En tanto, se mantiene el límite a la compra de divisas en efectivo a 500 dólares mensuales. Por encima de ese monto la transacción sólo puede efectuarse con débito a una cuenta a la vista abierta en entidades financieras locales a nombre del cliente. Estas operaciones pueden realizarse con transferencia de fondos a favor de la entidad que interviene desde cuentas a la vista del cliente abiertas en una entidad financiera o con pago a través de cheque de la cuenta bancaria.
Para el cobro del exterior por hasta 100.000 dólares mensuales, los fondos podrán acreditarse directamente a la cuenta del receptor por un concepto genérico sin autorización previa. Para quienes decidan optar por esta modalidad tendrán que solicitar el alta de este sistema en su banco. "Este régimen simplificado agiliza la operación a aproximadamente un 50 por ciento de los receptores de pagos en moneda extranjera", según destaca el comunicado del Central.
A los bancos se los obligará a procesar las operaciones de canje desde cuentas del exterior. Esto significa que si la entidad realiza la transferencia en moneda extranjera desde una cuenta del exterior a una local, no podrá computarla como una operación de compra-venta de cambio. "Estas operaciones ya estaban habilitadas. La modificación introducida obliga a las entidades a que el monto acreditado en la cuenta local deberá ser igual al monto debitado en la cuenta extranjera. Si existiera una comisión por esta operación deberá ser consignada por separado, además de estar publicada en la página de homebanking del banco", destacó la entidad que conduce Sturzenegger.
En el caso de compras en el exterior con tarjetas de débito, los bancos deberán dar al cliente la posibilidad de definir qué cuenta se debitará. "Si la cuenta en pesos o la cuenta en moneda extranjera, de modo de evitar operaciones de cambio no deseadas", destaca el Central. Cuando el cliente tenga ambos tipos de cuenta y no haya realizado una opción, se debitará por defecto de la cuenta en moneda extranjera, lo que en algunos casos evitará pérdidas por la operación de cambio. "La actual administración del BCRA ratifica con estas medidas su convicción de que facilitando las operaciones de moneda extranjera contribuye al fomento del comercio exterior y la producción en el país", concluye el comunicado difundido por el ente monetaria.
Un guiño al Citi
El Gobierno continúa con los indultos al sistema financiero. La Comisión Nacional de Valores (CNV) levantó ayer la suspensión que pesaba sobre el Citibank para operar en el mercado local de capitales, por lo que la entidad bancaria podrá retomar su actividad como agente de liquidación y compensación. Esta medida se suma a la reincorporación de Gabriel Martino a la conducción del HSBC, quien se encuentra investigado por incumplimiento en el deber de controlar la evasión fiscal y el lavado de activos, y al Bank of America, que se abstuvo de ejercer su rol de transferir los pagos de deuda reestructurada ante las órdenes del juez Thomas Griesa. La suspensión preventiva que pesaba sobre el Citibank fue dispuesta en el marco del litigio que el país mantenía con los fondos buitre. La CNV había considerado que el Citi tomó en aquella oportunidad una medida considerada unilateral, debido a que el banco se subordinó a la decisión de la Corte neoyorquina para liquidar los pagos, generando una situación de incertidumbre respecto del ejercicio de los derechos de los tenedores de bonos argentinos.
SEGÚN UNICEF, ENTRE EL 25 Y 32 POR CIENTO DE LOS NIÑOS
Y ADOLESCENTES ERAN POBRES EN 2015
Radiografía de la pobreza infantil
Los datos están basados en un abordaje que excede la noción tradicional de pobreza por ingresos monetarios. Se contemplan aspectos vinculados a la nutrición, protección contra la violencia, vivienda y salud, entre otros.
Entre un 19 y 22% de los que no son pobres por ingresos caen en
esa categoría por dimensiones no monetarias.
Un informe elaborado por Unicef Argentina estimó que entre el 25 y 32 por ciento de los niños, niñas y adolescentes (NNA) eran "multidimensionalmente pobres" en 2015. Los datos construidos por la oficina local del organismo de Naciones Unidas están basados en un abordaje amplio del fenómeno que excede a la noción tradicional de la pobreza por nivel de ingresos monetarios. Para estimar las "privaciones" que experimentan los NNA en el país se contemplan aspectos vinculados a la nutrición, protección contra la violencia, vivienda, salud, educación y acceso al agua potable, entre otros factores. Los niveles de pobreza identificados en el documento publicado ayer están en sintonía con los resultados registrados por otra medición similar de 2006 realizada por CEPAL y Unicef. En ese momento, la pobreza infantil total ascendía a 28,7 por ciento en Argentina, el tercer registro más bajo de la región después de Costa Rica y Uruguay.
"En los últimos años, Argentina ha avanzado de manera significativa en la ampliación de los derechos del niño. La sanción de la Ley 26.061 y otras numerosas leyes en los ámbitos de protección social, así como la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), establecieron un nuevo paradigma de protección integral y reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derecho pleno", destacan los autores del documento Bienestar y pobreza de la niñez y la adolescencia. Por eso, los investigadores advierten que a pasar de las elevadas tasas de crecimiento registradas y las mejoras en las condiciones de vida, "los niños todavía experimentan brechas entre el derecho formal y su ejercicio efectivo según el lugar donde nacen y las características socioeconómicas y laborales de sus hogares". Problemáticas que son relegadas de las mediciones tradicionales.
Las limitaciones entre las estimaciones tradicionales para la pobreza por ingresos habilitaron al desarrollo de indicadores que contemplen una mayor cantidad de variables/dimensiones estructurales de otra forma ignoradas en las estadísticas. Entre un 19 y 22 por ciento de los NNA que no son pobres por ingresos, sí caen en esa categoría por las dimensiones no monetarias consideradas en el informe. Asimismo, un 34 por ciento de los NNA que no son pobres por multidimensionalidad, sí lo son por el criterio de pobreza monetaria. Si solo se utiliza el ingreso para estimar la pobreza, uno de cada cinco niños que para el organismo son multidimensionalmente pobres quedaría fuera del alcance de la medición.
Las privaciones más importantes por su contribución al total son las de acceso a la tecnología de la información y la comunicación (televisión, telefonía o internet), la protección contra la violencia doméstica, el tiempo disponible para jugar y la salud (medido como episodios de diarrea y tos). Para el informe de Unicef Argentina, esas cuatro dimensiones explican un poco más del 63 por ciento de la pobreza total infantil en el país. El 33 por ciento restante está bastante igualitariamente distribuido pero la nutrición y protección contra el trabajo infantil son las que tienen menos preponderancia en el total.
En ese sentido, se debe advertir que como los datos son de 2011-2012, las estimaciones estarían dejando de lado varias etapas del programa Conectar Igualdad o el alcance de otras iniciativas públicas implementadas después de esa fecha. Incluso si la metodología elegida sobredimensiona el número de NNA "pobres" en Argentina (alcanza con que el hogar carezca de internet para que el niño sea considerado pobre), el informe permite identificar y dimensionar la existencia de distintos factores estructurales que inciden sobre el desarrollo de la población entre 0 y 17 años. Desde esa perspectiva, los programas de transferencias monetarias como la AUH son fundamentales para mejorar y estabilizar los niveles de ingresos familiares pero no logran penetrar sobre el resto de las dimensiones que hacen a una concepción más amplia de la pobreza.
La investigación encabezada por los economistas Jorge Paz, Javier Curcio y Sebastián Waisgrais, también realiza una aproximación territorial al fenómeno e identifica que la probabilidad de que un niño residente en el noroeste argentino sea pobre es 6,5 veces más elevada que la de un niño de CABA. La versión del documento publicada ayer no incluyó un anexo metodológico pero el informe explica que el trabajo se realizó a partir de diferentes fuentes de información como la denominada Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados de 2011-2012, los datos de precios e ingresos de aquel momento (actualizados) y otras fuentes disponibles para el año pasado.
CFK AMPLIÓ SU DENUNCIA POR EL DÓLAR FUTURO
Con nuevos denunciados
Cristina Kirchner fue citada a Tribunales por esta causa.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner amplió ayer su denuncia en el marco de la causa por la operatoria del dólar futuro y solicitó la indagatoria al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y al director del Banco Central, Pablo Curat, por considerarlos partícipes de una maniobra en la que una decisión de Gobierno de la que formaron parte terminó beneficiándolos directamente. CFK, que está imputada por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de una investigación sobre la venta de dólar futuro iniciada por una denuncia de diputados del PRO, denunció a su vez al magistrado y a funcionarios del actual gobierno por haber participado de una maniobra que les dio grandes dividendos a costa del fisco.
"Quintana no sólo fue director y CEO de entidades que celebraron contratos de dólar futuro" por casi 12 millones de dólares "sino que a su vez fue uno de los funcionarios que decidió el precio que se iba a cobrar por esas operaciones", denunció la ex mandataria. Mario Quintana manejaba Farmacity hasta el día antes de asumir como funcionario, firma que aparece en los listados comprando 12 millones de dólares. Luego, Quintana estuvo en el grupo de funcionarios que determinó a cuánto se liquidaría el precio de dólar futuro, con lo que estableció cuánto ganaría la empresa a la que pertenecía hasta unos días antes.
En tanto, Curat "también compró contratos de dólares a futuro" por la suma de 500 mil dólares, y a su vez votó como director del BCRA a favor de "la flexibilización de las normas cambiarias que daría lugar a la liberalización del mercado de cambios y la consecuente devaluación de la moneda", disparando sus beneficios.
La denuncia por la causa de dólar futuro comenzó con una presentación de los entonces presidentes de las bancadas del PRO y la UCR, Federico Pinedo y Mario Negri, que denunciaron que "el BCRA viene realizando numerosas operatorias de contrato de futuro de divisas, con el presunto fin de beneficiar a terceros y causando un grave perjuicio al patrimonio de la entidad". En base a esa presentación, Bonadio imputó a la ex presidenta, al ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y al ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Pero, en las últimas semanas, investigaciones periodísticas revelaron que entre los terceros beneficiados había funcionarios y empresarios ligados al gobierno nacional, por lo que CFK revirtió la dirección de las denuncias.
NEGOCIACIONES ENTRE GIOJA, MASSA Y BOSSIO FRENTE A
LA ESTRATEGIA DEL PRO DE DILATAR EL DEBATE
Cumbre peronista por la ley antidespidos
Los diputados del FpV, el Frente Renovador y el Bloque Justicialista se reunieron tras el plenario de comisiones. El massismo pidió introducir cambios a la media sanción del Senado, como pretende el macrismo. El kirchnerismo quiere avanzar con el texto como está.
Los diputados opositores de origen peronista se reunieron luego del plenario que se realizó ayer.
Imagen: Télam.
Imagen: Télam.
Por Miguel Jorquera
La decisión del gobierno de Mauricio Macri de dilatar y frenar la sanción de la ley antidespidos, no logró arrastrar a la oposición amigable y terminó por desatar un encuentro del heterogéneo arco opositor peronista en busca de acuerdos para sancionar la Emergencia Ocupacional. Tras el plenario de comisiones de la Cámara baja, a la que pegaron el faltazo las cinco centrales sindicales (ver aparte) por considerarla "una maniobra dilatoria" del oficialismo y los más de 200 nuevos telegramas de despidos en la Anses, los principales bloques opositores buscaron cerrar filas para sancionar la ley que pone freno a los despidos: en el despacho del sanjuanino José Luis Gioja – flamante presidente del PJ – se reunieron el formoseño Luis Basterra que integra la conducción del bloque del Frente para la Victoria (FpV), Sergio Massa y Graciela Camaño por el Frente Renovador (FR) y Diego Bossio y Oscar Romero por el Bloque Justicialista (BJ) para intentar un acuerdo que le permita tratar la media sanción del Senado la semana próxima al recinto de la Cámara baja pese a la resistencia de la alianza oficialista Cambiemos. "Parece que no quieren sacar la ley porque quieren seguir despidiendo gente", dijo Gioja al término del encuentro y agregó que "no queremos más dilaciones" y que "sí o sí" la Cámara de Diputados "tiene que tratarla la semana que viene".
La reunión se formalizó a lo largo de la tarde y el tema convocante fue la urgencia por sancionar una ley que ponga freno a los despidos. Gioja recibió a Bossio en su despacho. Luego se sumaron el sindicalista mecánico Romero y Basterra. Camaño y Massa fueron los últimos en llegar. Aunque las propuestas no fueron las mismas.
El Frente Renovador quiere exceptuar a las pymes de la prohibición. Del otro lado respondieron que las exenciones a las Pymes deberían ser en términos impositivos pero que la prohibición de los despidos debería alcanzar a todos. Massa insistió en la necesidad de unificar ambas iniciativas para que Macri no pudiera vetar lo que el mismo decía para frenar el proyecto. Le recordaron que el Presidente podría vetar igual en forma parcial la ley y recortar lo que más le molesta: prohibir los despidos.
La conversación volvió a girar sobre alternativas para acercar posiciones. La posibilidad de introducir modificaciones o sancionar la prohibición de los despidos y exenciones a las pymes en forma paralela, incluyó la necesidad de establecer canales de negociaciones con senadores y los popes sindicales. Entre ellos, con el camionero Hugo Moyano y el jefe de la mayoritaria bancada del FpV en el Senado, Miguel Pichetto. Los diputados quieren acercar posiciones y que los dos tercios de los senadores que rubricaron con su voto el proyecto no tomaran las modificaciones como una afrenta. Cerca de Pichetto no comparten la visión: "que los diputados hagan lo que consideren y luego los senadores evaluarán", respondieron a Página/12.
Al salir de la reunión, Basterra sostuvo que el FpV insistirá en la necesidad de convertir en ley el proyecto de los senadores que declara la emergencia ocupacional que suspende los despidos sin causa en la Administración Pública Nacional y el ámbito privado por 180 días y prevé la doble indemnización. Las negociaciones siguen abiertas pero tiene fecha de cierre: acordaron volver a juntarse para definir posturas.
El plenario de las comisiones de Legislación Laboral y Presupuesto que se realizó ayer al mediodía en Diputados fue la antesala que llevó a los distintos bloques opositores a intentar otras opciones que no incluyera al oficialismo. Las señales que dieron desde Cambiemos no fueron las mejores para la oposición dialoguista, ya que el FpV – igual que las centrales sindicales – no fue de la partida.
Los motivos fueron varios. El plenario solo funcionó a título informativo, ya que la media sanción del Senado contra los despidos recién ingresó a la Cámara una hora antes que comenzara la reunión de comisiones después que la vicepresidenta Gabriela Michetti la frenara en la Cámara alta con el objetivo de dilatar su tratamiento en medio de negociaciones con la "oposición responsable" que hasta ahora no prosperaron. Tampoco cayó en gracia que Cambiemos quiera prolongar el debate hasta la semana próxima convocando a empresarios y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Facundo Moyano aclaró que la decisión del bloque massista es "apoyar la ley que viene del Senado, más allá que queremos incorporar la cuestión de las Pymes" y luego aclaró que "las centrales sindicales no están viniendo porque no quieren ser funcionales a la maniobra de dilación" del oficialismo. El jefe del BJ, Romero, sostuvo que "estamos ante un gobierno con una política que genera inflación, recesión y desocupación", confirmó la decisión de su bancada es "ratificar" lo aprobado por los senadores y reiteró su reclamo para que se convoque a "una sesión para la semana que viene para tratar la ley que termine con los telegramas de despido".
Pero lo que terminó de desatar el malhumor de los "opositores dialoguistas" fue que "mientras que se desarrollan negociaciones" para acercar un acuerdo con el oficialismo, el Gobierno envió más de 200 telegramas de despidos a trabajadores de la Anses.
"Queremos que la ley se trate la semana que viene sin demoras porque está claro que la decisión del Gobierno es seguir despidiendo empleados", dijo el salteño Pablo Kosiner, que responde al gobernador Juan Manuel Urtubey. "Por lo menos deben reconocer la falta total de tacto político del funcionario que decidió lo despidos. Deberían llevarlo a patadas de acá hasta Luján", se quejó el sindicalista de Sanidad y diputado massista Héctor Daer al tiempo que tomó distancia de los reclamos de las Pymes: "Si tanto insisten en que no quieren la ley es porque están pensando en despedir gente", señaló.
Desde Cambiemos, en tanto, confían en que los negociadores del Gobierno acerquen una propuesta – que ellos no tienen – para alcanzar un acuerdo con algunos bloque de la llamada "oposición responsable" y frenar la ley antidespidos. Por ahora sus miradas están puestas en el massismo que parecen más permeables a las propuestas oficialistas que el endurecido Bloque Justicialista.
LOS GREMIOS NO ASISTIERON A DIPUTADOS Y DENUNCIARON
UNA "MANIOBRA" DEL OFICIALISMO
Para no hacerle el juego al PRO
Las centrales obreras volvieron a pedir que se apruebe el proyecto sancionado en el Senado. Recién ayer al mediodía, después de ocho días, el texto fue girado por Michetti a la Cámara baja. Diputados opositores exigieron que no se dilate más el debate.
Yasky, Micheli, Caló, Moyano y Barrionuevo habían asistido a ambas
Cámaras del Congreso a fines de marzo.
Imagen: Sandra Cartasso.
Por Sebastian Abrevaya
Las cinco centrales obreras pegaron ayer el faltazo a la Cámara de Diputados, en rechazo a la estrategia del macrismo de dilatar el tratamiento de la ley de emergencia ocupacional e introducir modificaciones al proyecto para que vuelva a la Cámara de Senadores. "Cada día que pasa son más trabajadores en la calle, es una maniobra que está haciendo el bloque oficialista en su defensa del empresariado argentino y extranjero para que en definitiva despidan hasta que salga la ley. No hay que discutir más nada y votar la ley ya", reclamó Pablo Micheli, de la CTA autónoma. Desde el PRO realizaron igualmente el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Legislación del Trabajo, al que no asistió el Frente para la Victoria, en repudio a la actitud de la vicepresidenta Gabriela Michetti de retener el proyecto en el Senado hasta ayer al mediodía, cuando recién ingresó a la Cámara baja. Desde la oposición, sectores del Frente Renovador y del Bloque Justicialista le reclamaron al oficialismo que deje de postergar la aprobación de la ley.
Ni Hugo Moyano (CGT Azopardo) ni Antonio Caló (CGT Alsina), ni Luis Barrionuevo (CGT Azul y Blanca) ni Hugo Yasky (CTA de los trabajadores), ni Pablo Micheli (CTA Autónoma) aceptaron la invitación cursada por la alianza Cambiemos para volver a la Cámara de Diputados a plantear su posición sobre la situación de los miles de despedidos de los últimos meses. "Ya estuvimos en el Congreso y expresamos nuestra posición sobre la necesidad de una ley. La que se aprobó en el Senado recoge parte de los problemas y representa un avance. Vamos a optar por el camino de que ésta sea la ley que se apruebe", explicó Yasky, quien consideró que haber asistido al Parlamento ayer hubiera significado "ser parte de una maniobra dilatoria."
Caló, que ayer encabezó una movilización frente al Congreso en reclamo de un aumento para los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), aseguró que el sindicalismo "no está pidiendo ninguna locura" con la ley de emergencia ocupacional. "Yo no quiero que haya despidos, sean en las pymes o las grandes empresas", señaló el dirigente. "No quisiéramos tener que sentarnos a discutir esta misma semana, o la que viene, qué día hacemos el paro nacional. Fuimos dos veces al Congreso, salimos por todos lados a decir lo que pensábamos", advirtió Micheli, uno de los más duros.
Pese a las presiones y los reclamos de los diputados de distintas bancadas opositoras, recién ayer al mediodía la vicepresidenta envió el proyecto aprobado por el voto de 48 senadores a favor y sólo 16 en contra. Ocho días se demoró Michetti, cuando para el pago a los fondos buitre la iniciativa pasó en menos de 6 horas de una cámara a la otra. Ante la falta de argumentos del macrismo para justificar la demora, fuentes del FpV advirtieron que de esa manera no pudo realizarse la sesión especial que habían solicitado al presidente del cuerpo, Emilio Monzó.
"No sé a qué se debe la demora pero pudimos avanzar en un plenario de comisión de dos o tres horas", sostuvo el macrista Pablo Tonelli. El jefe del bloque de PRO, Nicolás Massot, directamente negó que existiera la demora y criticó al kirchnerismo. "No vamos a rehuir al debate como se hacía en el pasado, no nos vamos a esconder. Nosotros queremos discutir, consensuar, para que tengamos un pacto de empleo de calidad", dijo Massot, quien acusó a los opositores de armar una "jugada oportunista políticamente" y no ocuparse de "la cuestión de fondo".
Más diplomático, el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, sostuvo que el nivel de empleo "no ha mejorado, pero tampoco se ha prendido fuego". "Lamento que las centrales sindicales no estén presentes. Podríamos haber trabajado en detalle la situación del empleo. Queremos analizar todas las propuestas para solucionar el problema de creación de empleo", agregó Negri.
Los diputados del Frente Renovador, Facundo Moyano, y del Bloque Justicialista reclamaron el tratamiento "urgente" de la ley el miércoles próximo. "Diputados no puede dilatar in eternum una cuestión que afecta a cientos de hogares", alertó Alberto Roberti, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo.
Desde las centrales obreras recordaron que los únicos que no asistieron al debate con los legisladores cuando ellos concurrieron al Congreso fueron los integrantes de la alianza Cambiemos. Tanto en el Senado como en Diputados los cinco líderes sindicales pidieron que se declare la emergencia laboral y denunciaron la situación crítica que viven los trabajadores.En aquel momento, incluso, los referentes de todas las bancadas de oposición consensuaron un dictamen unificado en las respectivas cámaras, al que ahora el massismo pretende incorporarle modificaciones.
Mientras distintos sectores llevan adelante negociaciones para introducir modificaciones (ver nota aparte), el tratamiento de la ley continuará la semana próxima con una nueva reunión a la que asistirán los representantes del sector empresario, en especial de las pymes (el martes) y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca (el miércoles).
MAURICIO MACRI LLAMÓ A "TENER CUIDADO" DE QUIENES NO
QUIEREN QUE AL PAÍS LE VAYA BIEN
Con un discurso para agitar fantasmas
El Presidente pidió "cuidar esto que estamos empezando a construir" y llamó a valorar "lo que estamos haciendo". Lo hizo al hablar anunciando que la Corporación Andina de Fomento dará financiamiento para la realización de obras en el norte.
Mauricio Macri habló en un acto que encabezó ayer en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.
El presidente Mauricio Macri pidió "tener cuidado" con "aquellos que piensan que no es bueno que nos vaya bien", aunque no identificó quiénes son. "Valoremos lo que estamos haciendo, valoremos la verdad y valoremos el trabajar en equipo", retomó una de sus muletillas de campaña durante un breve discurso en Casa Rosada. El mandatario habló en el Salón Blanco al anunciar que la Corporación Andina de Fomento (Banco de Desarrollo de América latina) dará financiamiento al país por 2000 millones de dólares durante los próximos cuatro años para realizar obras de infraestructura, principalmente en las diez provincias del norte del país comprendidas dentro del Plan Belgrano.
"Tenemos que cuidar esto que estamos empezando a construir, de aquellos que no creen o que piensan que no es bueno para ellos que a este Gobierno o a los argentinos les vaya bien, y eso nos obliga a que tengamos cuidado", alertó el presidente durante el acto en el Salón Blanco luego de firmar el convenio con Enrique García, presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), que está conformada por 19 países – 17 de América Latina (la Argentina entre ellos) y el Caribe, España y Portugal – y 14 bancos privados de la región.
"El primer foco del apoyo de la CAF va a estar puesto en recuperar los cien lugares más expuestos a la pobreza y a la exclusión de todo el norte argentino", expresó Macri, junto a García, los ministros de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y de Transporte, Guillermo Dietrich; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el titular del Plan Belgrano, José Cano; entre otros.
A las provincias del Norte "queremos llegar con cloacas, agua corriente, mejoras del espacio público, inserción general de la educación, y también vamos a trabajar en el tema de las inundaciones que nos ha afectado severamente, especialmente en el Litoral", prometió, y agregó que parte de los créditos se utilizarán para obras de manejo hídrico en la cuenca del río Luján, en la provincia de Buenos Aires. El apoyo del organismo multilateral le permitiría al Gobierno avanzar con un plan de inversiones diseñado para extender las redes de agua potable y saneamiento, fomentar el desarrollo urbano y la infraestructura vial. "Estas son parte de todas las obras que vamos a encarar en conjunto, son obras que necesitamos desarrollar para cumplir con el compromiso de una Argentina con pobreza cero y para desarrollar igualdad de oportunidades en todo el país", dijo. Macri afirmó que el Gobierno puso en marcha "el mayor plan de desarrollo de infraestructura de la historia argentina" aunque aclaró que para concretarlo se necesitan "socios que acompañen y que apoyen".
García, según un comunicado de Presidencia, señaló que en el marco del actual "momento trascendente" la CAF está dispuesta a brindar ayuda a través de sus herramientas de cooperación para que la Argentina "pueda insertarse en forma efectiva en la realidad de este nuevo mundo y, principalmente, lograr un crecimiento que sea más alto y de mejor calidad". Por su parte, Cano destacó la "voluntad" del presidente de "apostar al desarrollo" del Norte Grande y afirmó que se trata de "una decisión muy firme de cambiar la realidad de la zona más postergada del país". "Lo estamos haciendo con la seriedad que el problema merece, en la convicción de que sólo con políticas de mediano y largo plazo vamos a poder hacer que quienes habitan en el NOA o en el NEA tengan las mismas posibilidades que quienes viven en el resto de Argentina", enfatizó.
OPINIÓN
Oídos sordos, cinismo recargado
La marcha y el reclamo unificado de las organizaciones de trabajadores probablemente se convierta en una bisagra en las relaciones entre el movimiento obrero y el gobierno encabezado por el presidente Mauricio Macri. Especialmente porque, siguiendo un estilo que parece definitivamente instalado en la lógica del oficialismo, las respuestas que se brindaron desde las más altas esferas reafirman la actitud de desconocer las demandas y confirmar que la alianza Cambiemos, que llegó a la Casa Rosada con la promesa del diálogo y la escucha como parte del cambio propuesto, definitivamente hace oídos sordos ante los pedidos y niega hasta las evidencias que saltan a los ojos de cualquier observador. A lo anterior se agrega la indiscutible insensibilidad frente a lo que, poco a poco, parece convertirse en una situación crítica para millares de desempleados y para gran parte de la población que sufre el impacto brutal de la política económica que el gobierno insiste en llamar "sinceramiento de la economía".
Hay sin duda, un falso recurso a la comunicación, tal como lo señaló en estas mismas páginas Mario Wainfeld en una nota titulada "Ruido en la comunicación" (30-04-16). Los estudiosos de la comunicación dirán que por más recursos y artilugios comunicacionales que pueden generar impacto y buenos resultados en lo inmediato, a mediano y largo plazo nadie puede comunicar lo que no es. En lenguaje más sencillo se podría decir que a todos se les cae la careta y, en ese momento, queda a la vista el verdadero rostro. Esto es lo que está ocurriendo con el gobierno de Mauricio Macri a una velocidad que era difícil de prever por propios y extraños. Una clara manifestación de lo anterior es que, si bien el gobierno todavía mantiene importantes niveles de aceptación en la ciudadanía, ya comenzó a proliferar la toma de distancia plasmada en el "yo no lo voté" en boca de quienes, hasta no hace mucho, se demostraban públicamente como defensores y propagandistas del "cambio".
A ello contribuyen las acciones y las declaraciones del gobierno atravesadas por contradicciones evidentes hasta para los propios. Mientras terminaba la masiva marcha de los trabajadores el viernes anterior el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se apresuró a calificarla como una "sana expresión del movimiento obrero" con quien "estamos trabajando en diálogo permanente". Simultáneamente, y como parte del "diálogo", el gobierno se encargó de adelantar su intención de vetar la iniciativa de ley de emergencia ocupacional en curso en el Congreso. Esta semana, una vez que el proyecto alcanzó media sanción en el Senado la vicepresidenta, Gabriela Michetti, comenzó la operación destinada a trabar el procedimiento de envío a Diputados donde sus correligionarios de Cambiemos darían continuidad a la maniobra intentando impedir su aprobación.
Mientras se habla de diálogo se lo niega en la práctica. Es un doble discurso que no deja de emparentarse con el cinismo político.
Como todo tiene que ver con todo el ministro de Energía, Juan José Aranguren, al informar el nuevo aumento a las naftas sostuvo que "si el consumidor considera que este nivel de precios es alto en comparación a otros gastos de su economía, dejará de consumir". Por si alguien no lo comprendió insistió: "En cambio, si entiende que el costo no es tan alto, continuará cargando". Siguiendo la misma lógica podría decirse que quien considere que excesivo el aumento ya anunciado de la tarifa de subte deje de transportarse en ese medio... y disfrute del saludable beneficio de ir al trabajo caminando.
Como si las circunstancias lo permitieran Macri cree que puede bromear con la posibilidad de resolver la felicidad por ley. El ministro Jorge Triaca insiste en que no se perdieron puestos de trabajo y que la desocupación está "en el 7%... como en diciembre", mientras su colega Andrés Ibarra admite 11 mil despidos en el Estado, los gremios estatales elevan esa suma a casi 25 mil y distintas fuentes empresarias reconocen, en voz baja para no confrontar con el gobierno, que están despidiendo empleados a causa de la merma en la actividad económica. En el gobierno no se nota ni siquiera rubor ante las contradicciones entre los datos ofrecidos por los organismos oficiales y sus funcionarios.
No se trata de hacer aquí un debate de cifras. Sí de poner en evidencia que, con la complicidad de los medios de comunicación que forman parte de la "cadena oficial de medios privados", el gobierno miente constantemente. En algunos casos utiliza eufemismos para tratar de disimular la realidad que estalla ante los ojos y marca la cotidianidad de gran parte de los trabajadores argentinos. En otros directamente se niega lo evidente. La mentira sistemática es la base de la estrategia comunicacional del macrismo que luego se maquilla con los buenos modales, las sonrisas y contornos paisajistas. Para hacerlo todavía cuenta con la complicidad, la ingenuidad y las ganas de creer contra toda evidencia de parte de la ciudadanía que sigue acreditando como verdaderos los dichos oficiales.
Sobre la base anterior el gobierno ha logrado imponer una versión actualizada del "estamos mal pero vamos bien" que en algún momento fue un caballito de batalla discursivo del ex presidente Carlos Menem. Para el macrismo todo lo que está sucediendo "es necesario" para garantizar un futuro venturoso para los argentinos que, según dice, llegará en el segundo semestre con las inversiones, la caída de la inflación y la recuperación del aparato productivo.
La ya mencionada cadena oficial de medios privados actúa como permanente multiplicador de las explicaciones del macrismo, algunas veces, y en otras directamente fabrica los argumentos que luego son tomados por los funcionarios. Se trata de una alianza que funciona a modo de intercambio de favores. Cambiemos pagó rápidamente, apenas asumió el gobierno y por adelantado, a sus socios mediáticos al arrasar por decreto con buena parte de la ley de servicios de comunicación audiovisual.
La otra pata de la estrategia del oficialismo está dada por la acción del partido judicial, embarcado en combatir y denunciar la "corrupción k" mientras disimula, olvida o niega la "corrupción m", se oculta o minimizan las vinculaciones de los funcionarios con las revelaciones de los "papeles de Panamá" o se pretende reducir el desastre de la fiesta electrónica de Costa Salguero a la imprudencia de los jóvenes que consumieron, desconociendo la responsabilidad del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Las denuncias contra el gobierno anterior – que deben ser investigadas – se amplifican como parte de la maniobra para desconocer o disimular los males presentes. Es la estrategia del tero: distraer poniendo los huevos en un lado y gritar en otro.
No suele ser un buen recurso periodístico apelar a las definiciones del diccionario. Pero en este caso vale. La Real Academia Española define a un cínico como aquel "que actúa con falsedad o desvergüenza descaradas". El gobierno de la alianza Cambiemos ha elegido el cinismo recargado como estrategia de comunicación y de gobierno. Sería necio negar que hasta el momento le da resultados. También porque lo que se afirma – así sea falso – es lo que una parte de los argentinos quiere escuchar. Al menos por ahora...
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