domingo 28 de agosto de 2016
LAS MADRES DE PLAZA DE MAYO FINALIZARON AYER
LA PRIMERA MARCHA DE LA RESISTENCIA DESPUÉS
DE 10 AÑOS
"Hay que resistir a este gobierno salvaje"
Hebe de Bonafini pidió "armar grupos de solidaridad" para "acompañar a los desocupados que genera el plan económico de Macri" y llamó "a llenar todas las plazas del país". En el acto hablaron además Máximo Kirchner, Agustín Rossi, Mario Secco y Edgardo Depetri.
La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en el acto de cierre de la Marcha de la Resistencia.
La campana de la Catedral marcó las cinco de la tarde en punto. "Ahora sí, compañeros, podemos decir orgullosos que cumplimos 24 horas de marcha sin descanso." La arenga provino desde el escenario y fue festejada con aplausos y el ruido de los bombos. Todavía había quienes seguían dando vueltas a la plaza, una más de cientas, cuando el locutor de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo anunció que Hebe de Bonafini y un grupo de madres subían al escenario de la mano de Máximo Kirchner, Edgardo Depetri, Agustín Rossi y el intendente de Ensenada, Mario Secco. Bajo una lluvia torrencial, la multitud que marchó desde el viernes y los que fueron llegando ayer buscaron refugio bajo los paraguas disponibles para escuchar los discursos. "Pensé que nunca volveríamos a hacer esta marcha, pero hay que resistir a este Gobierno salvaje", introdujo Hebe antes de hacer un llamado "a llenar todas las plazas del país" y pedir "solidaridad con los compañeros desocupados", consigna con que dio marco a la convocatoria.
Cuando se subió al escenario, Bonafini llevaba más un día entero de vigilia. Reeditar la Marcha de la Resistencia después de diez años fue idea suya, y estuvo hasta en el último detalle de la organización. Ya en el escenario, habló poco, pero fue contundente: "Macri, pará la mano. Vamos a hacer cuantas marchas querramos, y si jodemos a este Gobierno, mejor. Nos acusa de desestabilizadores, pero se va a caer solo, hijo de puta", dijo. Luego disparó contra "la burocracia sindical", sostuvo que "algunos dirigentes sindicales son más malditos que el ministro de Economía, porque tranzan", y reivindincó que la militancia gremial de los 70 "hacía reuniones después del horario de trabajo". Y no se olvidó de ironizar sobre el Presidente: "El, en cambio, no puede hacer una reunión ni en el baño, porque no lo llena."
Frente al mar de banderas y paraguas desplegado sobre la plaza, Bonafini pidió "armar grupos de solidaridad" y "llenar las plazas de todo el país" para "acompañar a los desocupados que genera el plan económico de Macri". "Nuestros hijos nos enseñaron que hay que darlo todo. Muchos de nosotros tenemos más de lo que necesitamos. Tenemos que ser solidarios con ellos", recitó.
"Esta marcha nació cuando los medios callaban la lucha de las Madres y que había desaparecidos. Y hoy vuelve a surgir otra vez, cuando los medios callan los despidos y las consecuencias del plan económico", rememoró Máximo Kirchner la primera Marcha de la Resistencia, que tuvo lugar el 10 de diciembre de 1981. Aquella vez, como ayer, la convocatoria estuvo fijada para las cinco de la tarde.
El líder de La Cámpora tomó el micrófono en el cierre del acto y reivindicó la jornada: "Llama la atención que digan que esta marcha es subversiva cuando estamos acá celebrando un acto democrático. Este Gobierno ve fantasmas en todos lados porque le tiene miedo a los trabajadores cuando salen a la calle", dijo.
Con una consigna
La consigna que aglutinó ayer a las organizaciones que formaron parte de la jornada fue inequívoca. "Cristina Conducción" se leía, con letras imprentas blancas sobre un fondo azul, en la bandera que encabezó cada una de las vueltas alrededor de la Plaza. Aunque sin dar nombres propios, Máximo Kirchner se refirió a los dirigentes que recientemente rompieron con esa idea: "Todavía están a tiempo de volver. Algunos, pensando más en los cargos que en las ideas, y con miedo, se fueron. Hay que tener coraje para defender ideas", disparó. Y advirtió: "El poder quiere un peronismo previo al del 25 de mayo de 2003, quieren ese pre-peronismo de vuelta en la Rosada."
Todos los discursos aludieron a la situación interna del FpV y el peronismo. El diputado del Mercosur, Agustín Rossi, se encargó de contestarle al jefe del bloque del PJ en el Senado, Miguel Pichetto, quien ayer temprano dijo que el término "resistencia" no es "propio de un sistema democrático en donde el pueblo ha votado" y aseguró que "el peronismo no está en estos espacios críticos radicalizados". "Hay pocas cosas más nobles que la militancia kirchnerista", dijo Rossi. "Somos un ejemplo de convicción, la resistencia es un acto legítimo de la democracia", siguió para luego completar: "La gente, con su voto, nos puso en el lugar de oposición. Y eso es lo que espera del peronismo y no un paraoficialismo."
El "nene triste"
En el tramo de su discurso en el que reivindicó la creciente lucha en las calles, que el Gobierno no tardó en señalar como desestabilizadora, Máximo Kirchner remarcó que "en ocho meses, el Presidente elevó la desocupación del 6 al 9 por ciento, cuando a nosotros nos llevó 4 años bajarla del 20 al 10 entre 2003 y 2007. Entonces que no dramatice si el pueblo y los trabajadores salen a la calle". "Que se haga cargo de que quiso ser presidente, que no juegue a victimizarse, al nene triste. Si no le encuentra el agujero al mate, que lo busque", graficó. "En Cristina tiene un ejemplo: le cortaron 200 rutas durante el conflicto del campo. Y siguió aún cuando murió Néstor", agregó.
El referente de La Cámpora sostuvo que las movilizaciones surgieron "en respuesta a un plan económico que se parece mucho a un plan de negocios de las multinacionales". "Es un plan económico gélido, vacío y frío como la mirada del Presidente", aseguró y le dedicó varios dardos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ayer sostuvo que las movilizaciones buscan una "deslegitimación" del Gobierno. "La ministra tiene la mala suerte de haber sido parte de dos gobiernos que aumentaron la desocupación", ironizó. "Nosotros no estamos desestabilizando a nadie. Estamos militando, convocando, debatiendo, como lo hicimos siempre", dijo.
"Hay que tener cuidado con la idea de desestabilización, porque esconde la idea de reprimir, del Estado de sitio. No dudo que esa maniobra está dando vueltas en la cabeza de alguno de los asesores del Presidente", había advertido Rossi un rato antes y dicho también que. "inestable es el plan económico del Gobierno, y fue la resistencia civil la que frenó el tarifazo", arengó.
El diputado Edgardo Depetri, de origen sindical, pidió que "la CGT convoque a un paro general para enfrentar el ajuste" y adelantó que la Marcha Federal, a la que convocan ambas CTA y algunos gremios de la CGT "van a llenar esta misma plaza la próxima semana". "Tenemos claro dónde tenemos que estar: en la oposición a esta política económica que es la misma de Martínez de Hoz y Cavallo, que fue inaugurada a sangre y fuego durante la dictadura", dijo también Depetri y sostuvo que Cristina Fernández "es la salida política que el pueblo necesita".
"Este es el gobierno de los ricos", calificó Depetri a la administración macrista y para graficarlo enumeró medidas como "la transferencia de recursos a los sectores exportadores, el pago a los fondos buitre y la liquidación de los fondos previsionales". En contraste, remarcó que "Néstor y Cristina defendieron al trabajador, por eso nos odian y hacen campañas mediáticas y judiciales". Máximo Kirchner retomó después el tema el "bombardeo mediático" a favor del gobierno actual y en contra del anterior y acusó a los "medios hegemónicos" de haber sido "cómplices y parte de la mentira electoral de Cambiemos". "Mintieron que no iba a haber tarifazos, mintieron que nadie iba a perder el trabajo, mintieron cínicamente con la pobreza cero", señaló.
El intendente de Ensenada, Mario Secco, quien hace una semana recibió a la ex presidenta en ese municipio, dijo que "se empieza a ver el hambre y la desocupación" en el conurbano. "Algunos creían que el frío nos iba a parar. Pero acá estamos, demostrando una vez más la lealtad a las ideas", aseguró Secco, quien añadió que "las bases están intactas". "¿Se imaginan lo linda que va a ser esta plaza el día que volvamos de la mano de Cristina?", preguntó al público, que contestó con el clásico "Vamos a volver".
Informe: Matías Ferrari.
LOS ASISTENTES A LA MOVILIZACIÓN EN PRIMERA
PERSONA
Un desafío a la lluvia, y al ajuste
Hombres y mujeres de a pie compartieron con militantes kirchneristas el cierre de la marcha de la resistencia convocada por la Asociación Madres de Plaza de Mayo. El temor al 2001 y la represión; la pérdida de empleo y el apoyo a CFK.
"Para mí es atípico esto de resistir", cuenta un jubilado de hablar pausado que llegó solo a la Plaza de Mayo y nunca militó políticamente. "Yo trabajé toda mi vida y personalmente no la paso mal pero vengo por una cuestión solidaria. La comida no me cae bien si el que tengo enfrente no puede comer", dice mirando a los ojos y agrega: "veo muchas medidas que afectan a la mayoría de la población, veo cada vez más gente que la está pasando mal y pienso que hay que estar acá, tratando de expresar la disconformidad". Alberto es una de las miles de personas que ayer soportó el diluvio y el frío que congelaba hasta los huesos para marchar durante horas junto a militantes de organizaciones sociales y políticas, en contra del gobierno de Mauricio Macri. La convocatoria de Hebe de Bonafini, que invocó las históricas "Marchas de la Resistencia" nacidas para enfrentar el terrorismo de Estado, planteó como consigna central del acto la lucha por el derecho al trabajo. "Derecho a trabajar, resistir sin descansar. Cristina conducción", decía entre pañuelos la gran bandera diseñada por la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Entre los manifestantes podía verse a los jóvenes de La Cámpora, Kolina, la Juventud Peronista, Nuevo Encuentro y la Tupac Amaru.
La marcha tradicional alrededor de la pirámide de Mayo se amplió esta vez hasta la mitad de la plaza habilitada por el vallado (el recorrido incluyó el frente de la Catedral y del Cabildo). A las tres de la tarde, cuando ya habían transcurrido 22 horas de ronda y las Madres se tomaban un merecido descanso bajo una carpa en el centro de la plaza, la columna de manifestantes (que abarcaba unas cuatro a cuadras a juzgar por el trayecto) no tenía espacios vacíos. La mayor delegación, encabezada por el diputado Andrés Larroque y el nieto recuperado Horacio Pietragalla, fue la de La Cámpora, con pibes de la ciudad pero también de San Miguel, Ituzaingó, Almirante Brown y varios partidos más del conurbano. "Porque Néstor no murió/ lo llevo en el corazón/ con la jefa los soldados de Perón", cantaron a coro.
A pesar de las inundaciones que complicaron la movilización desde muchos barrios, fue notoria la delegación de la Tupac con sus camperas caqui y una ancha bandera de "Milagro Sala #presa política". También aportaron garra, trompetas y música la JP Descamisados, la JP Peronismo Militante, el Partido Comunista Congreso Extraordinario y el Movimiento Aníbal Verón, entre otros.
Las banderas, pecheras y sombrillas que identificaban a dirigentes políticos no fueron mayoritarias. Se destacaban la agrupación Eva Perón referenciada en el intendente Jorge Ferraresi, de Avellaneda, y los partidarios de Mario Secco, el intendente de Ensenada, que sería el primer orador del acto.
"¿Querés saber qué siento? Siento angustia", confiesa un hombre al cronista de Página/12 mientras saca un cartel con esas mismas dos palabras. Detrás suyo, en la vereda de Hipólito Irigoyen, una mujer duerme sobre un colchón mugriento y dos criaturas con rostros curtidos comen las migas de lo fue un budín. "Vengo ahora porque cuando empiecen a reprimir tal vez no me anime. Están preparando el terreno", agrega Jorge, el hombre de la angustia, y se explaya sobre su certeza de un escenario que incluirá palos y balas a partir de un escenario planificado con denuncias de "amenazas" al presidente Mauricio Macri o a la gobernadora María Eugenia Vidal.
"Vengo a apoyar a la presidenta", dice sin dudar Margarita, madre de familia de Florencio Varela, quien sonríe al reparar que la gestión de CFK terminó en diciembre. Detrás hay un puesto de pines de Evita, Cristina, "Juicio y castigo" y "#soydel49%" que en el ballotage no votó a Cambiemos. Margarita cuenta que su marido y sus hijos, obreros de la construcción, quedaron sin trabajo en los últimos meses, y que no se referencia en ningún otro liderazgo. Cuando se le recuerda el pedido de la ex presidenta en Avellaneda hace apenas una semana ("Cristina conducción, no. Cristina militante, junto a cada uno de ustedes") asiente con la cabeza. "Espero que cambie de postura", reclama, mientras de fondo retumba "Vamos a volver…"
"Soy de quienes quedamos en la calle en 2001 y estoy porque no quiero que aquella historia se repita", explica René mientras camina y cobija al cronista con su paraguas. "Después de aquella crisis pudimos crear una cooperativa de reciclado de plástico. Crecimos durante el gobierno de Néstor y somos parte de la lucha por el trabajo sin patrón", explica y agrega que la cooperativa forma parte del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. "Con el tarifazo pasamos de pagar 12.000 pesos de luz a recibir una factura de 67.000, que por supuesto no podemos pagar", agrega.
Minutos antes de las cinco, con el frío pegando duro y techos de nylon improvisados para cubrirse de una lluvia torrencial, la voz oficial del acto agradece "esta maravillosa herramienta que nos regalaron las Madres", celebra a gritos "casi 24 horas ininterrumpidas de marcha" y anuncia que Hebe de Bonafini está en el escenario. La columna que marchó durante horas se transformó en un bloque de militantes apiñados para darse calor, que ocupan buena parte de la histórica plaza. Los vendedores de choripanes y bondiola empiezan a levantar campamento. Mientras un vendedor ofrece paraguas y pilotos, un anciano con una bolsa de nylon en la cabeza muestra un cartel con la leyenda "Macri, pará la mano!".
EL GOBIERNO DICE QUE REALIZARÁ POR LOS VOTOS EL PROGRAMA
DE LAS BOTAS
La Confesión
En encuentros para homogeneizar posiciones internas, Gustavo Lopetegui habla con impactante crudeza: dice que el gobierno realizará mediante los votos el programa histórico de las botas. La meta decisiva para conseguir eso que define como un cambio cultural es finalizar el mandato, como sólo pudieron hacerlo hasta ahora presidentes de origen peronista. Invirtiendo los términos, el gobierno acusa a CFK de intentar que Macrì no termine bien, e intenta neutralizarla mediante el acoso judicial.
Gustavo Lopetegui, tercer hombre de la Jefatura de Gabinete.
Por Horacio Verbitsky
El objetivo de mínima del gobierno nacional es terminar el mandato de cuatro años en diciembre de 2019, meta que en las tres décadas de la democracia argentina sólo alcanzaron presidentes de origen peronista. En encuentros de dirigentes y funcionarios dirigidos a homogeneizar posiciones, el tercer hombre de la jefatura de gabinete de ministros, Gustavo Lopetegui, explica que durante un siglo sólo hubo dos formas de acceder al gobierno, por los votos o por las botas, y dos programas contrapuestos. El cambio cultural que el gobierno entiende protagonizar consiste en cumplir mediante el voto el programa histórico de las botas, según las crudas palabras de Lopetegui. Para Luis Alberto Romero, quien en la primera reunión de Macrì con intelectuales le planteó su cuestionamiento a los juicios por crímenes de lesa humanidad, "el hecho mismo de haberse mantenido el gobierno en pie, es un pequeño milagro. Concluir normalmente el período de cuatro años será en sí mismo un logro". Aunque la formación profesional de Lopetegui es la de contador público, el ex CEO de LAN tiene debilidad por las ciencias políticas. A su manera, alude al empate hegemómico entre las opuestas alianzas agroexportadora-financiera e industrial-laboral descripto en las obras de Guillermo O'Donnell y Juan Carlos Portantiero para las décadas que sucedieron al derrocamiento de Juan Perón en 1955. Uno de los indicadores empíricos de esta lid es la participación de los trabajadores en el ingreso, que tendía a crecer con los gobiernos electos y a mermar en los periodos militares. Como lo expresó Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar en 1977 "la miseria planificada de millones" se imponía "congelando salarios a culatazos mientras que los precios suben en las puntas de las bayonetas". Cuando Macrì sostiene que los trabajadores ponen palos en la rueda de los patrones, o sus ministros Alfonso De Prat-Gay y Francisco Cabrera instan a reducir el costo del empleo expresan la misma concepción de entonces. Haber conseguido el mismo resultado con la aprobación de las víctimas en las urnas es un triunfo de las técnicas de marketing electoral por sobre la militancia política; mantenerlo a pesar de las condiciones materiales, que no podían sentirse durante la campaña electoral en la que Macrì enmascaró sus propósitos, pero que son inocultables ahora, requeriría de un prodigio mayor.
Construcciones discursivas
Con pocos días de diferencia, seis columnistas partidarios del actual gobierno dijeron que CFK intenta que Maurizio Macrì no termine su mandato. Son los mismos que desde hace meses claman, sin el menor intento de camuflar de información su propuesta, que Cristina debe ir presa. Ahora vinculan una hipótesis con la otra: la conspiración, como le llaman, sería la única alternativa de la ex presidente para eludir su de otro modo inexorable destino carcelario, postulado que ocupó el título principal en la portada de un diario de circulación nacional el viernes, como si se tratara de una noticia. Dos de estos operadores mantienen relaciones de dependencia laboral a través de sus compañeras sentimentales con la vicepresidente Gabriela Michetti y uno fue destinatario del eufórico mensaje de un fiscal que se jacta de haber puesto a la ex presidente al borde de la detención. Estos datos personales, que serían significativos si se tratara de reflexionar sobre la degradación del periodismo político en periodismo de guerra (según la definición que le costó a Julio Blanck la despromoción a mero columnista sin responsabilidades en la edición del diario Clarín) sólo se mencionan aquí como constatación del origen oficial de ese libreto, que todos replican sin mayores variantes. En este punto no hay diferencias internas en la Alianza Cambiemos: tanto los tecnócratas de la jefatura de gabinete como los políticos, repiten que el kirchnerismo procura que Macrì deje el cargo de mala manera antes de tiempo. Podría argüirse en la misma dirección pero en sentido contrario: el acoso judicial y mediático al kirchnerismo como el principal argumento para conseguir la tolerancia social ante los efectos deletéreos de la política económica en aplicación desde diciembre, que constituye el verdadero riesgo para la estabilidad del gobierno. De ser así, el operativo es exitoso: una parte de quienes padecen las consecuencias de esa política, por ahora adscriben a la explicación oficial sobre la herencia recibida y cuando no pueden describir en qué consistiría recaen en el machacón "Se robaron todo".
Se trata de construcciones discursivas con débil asidero en la realidad. Hasta ahora ningún juez o fiscal han encontrado nada que involucre a Cristina en alguna infracción a la ley penal. Esto se aprecia en las contorsiones intelectuales a las que recurren para mantener su nombre en la agenda del delito nuestro de cada día y a la creación pretoriana de normas procesales, como la instrucción de tramos de una causa por la Cámara de Apelaciones, que recién la delegó en un juez de primera instancia cuando no obtuvo la prueba que buscaba. Con la lógica incontaminada de los niños y de los orates la heroína radical Elisa Carrió extendió la enésima denuncia a los cinco ex jefes de gabinete del kirchnerismo, lo cual sugiere que Carrió ha vuelto a poner el dedo en un enchufe. ¿Cómo podría imputarse a la ex presidente por la distribución de obras públicas, salteando a los jefes de gabinete en quienes de acuerdo con el artículo 100 de la Constitución recae "la administración general del país"? Si la responsabilidad penal no llega hasta ellos, sería más difícil remontarla hasta el Poder Ejecutivo, que según el artículo 99 sólo tiene la responsabilidad política de la administración. Y si el hurgueteo tribunalicio rozara a Sergio Massa y Alberto Fernández dinamitaría la gobernabilidad sui generis que el gobierno ha adquirido con las distintas vertientes opoficialistas. El objetivo oficial no parece ser la detención de la ex presidente, que tendría previsibles repercusiones nacionales e internacionales, sino el hostigamiento permanente con el propósito de erosionar su liderazgo popular (cosa que no está ocurriendo) y su influjo sobre la dirigencia partidaria (que sí sucede). Pero la intrusión de Carrió amenaza con desordenar las piezas de este mecanismo de relojería. La justicia argentina puede quemar más que el fuego, y con la misma indiscriminación. Jugar con ella como está haciendo el gobierno puede brasileñizar la agenda política, algo que a nadie le conviene menos que a quienes ejercen el poder, sobre todo cuando su jefe lleva el apellido emblemático de los negocios dudosos con el Estado.
Para la atribución de intenciones desestabilizadoras a Cristina los voceros oficiales y oficiosos citan pronunciamientos de terceros, de lengua suelta y nula responsabilidad, como si respondieran a órdenes de la ex presidente. El juez de Mar del Plata Alfredo López afirmó que así como existió "un plan sistemático de saqueo del Estado" ahora existía un "plan sistemático de desestabilización" conducido por Cristina. En una entrevista radial citó como prueba "las declaraciones de Esteche, Moreno, D'Elía y Bonafini incitando a la rebelión y derrocar al gobierno. No sé si hay algún fiscal investigando esos delitos. ¿Usted escuchó a Cristina desautorizar a esos militantes de su espacio político?". A su juicio esos son "datos objetivos". López, quien asiste a todas las ceremonias navales en Mar del Plata, es un juez federal con competencia en lo civil y comercial, subrogó durante unos días al juez penal Santiago Inchausti. Su desconocimiento del derecho penal y procesal penal es vasto: hasta ignora que las causas con autores desconocidos, o NN, deben ser instruidas por el fiscal. Proviene de Santa Cruz y su acceso a la magistratura fue promovido durante la presidencia de Fernando De la Rúa por el ex senador Pedro Molina, cuyo asesor era Gustavo Modesto Demarchi, el ex fiscal federal que hoy está detenido y bajo proceso por los crímenes cometidos por la versión marplatense de la Triple A. Para eludir el procesamiento, Demarchi huyó a Colombia, donde fue detenido y extraditado. López ordenó a la fiscal Laura Mazzaferri que pidiera informes de inteligencia sobre las organizaciones sociales que protestaron contra Macrì el 12 de agosto. La fiscal le respondió que eso estaba prohibido por la ley de Inteligencia, cuando aún ni se había establecido qué ocurrió, con la ministra federal de Seguridad Patricia Bullrich aduciendo que se habían arrojado piedras contra el vehículo presidencial y el jefe bonaerense de Policía, Pablo Bressi negándolo. López le pidió al fiscal general Daniel Adler que sustituyera a Mazzaferri, a quien acusó de entorpecer la investigación. Adler respondió que no tenía facultades para hacerlo y el juez lo denunció también a él. El tercer denunciado fue el fiscal Nicolás Czizik, por no haber comunicado a López la declaración que tomó a la ex concejal Débora Marrero, señalada por el diario Clarín como una de las organizadoras del mal rato que pasó Macrì. El argumento de López es que esos fiscales pertenecen a la organización Justicia Legítima, como si fuera una banda delictiva. Adler es, oh casualidad, el fiscal del juicio contra Demarchi. López convocó a una marcha en su apoyo, que organizaron un hijo de Demarchi y los hijos del juez Pedro Hooft, a la que asistieron decenas de personas, entre ellas uno de los abogados defensores de Demarchi. "El hombre perdió la hélice, hace años era un gorila tranquilo pero algo le pasó por la cabeza y enloqueció. No para de decir pavadas", lo describe un funcionario judicial marplatense que no intervino en la disputa pero conoce de cerca a todos sus protagonistas.
La supuesta conspiración conducida por CFK es una ficción insostenible, pero no obstante revela los temores instalados en el imaginario oficial. En cualquier caso, es ostensible la polarización entre el actual y el anterior gobierno y más específicamente entre sus titulares, Macrì y CFK, que coinciden en un punto: la disputa cultural entre dos concepciones de la sociedad y del poder. Esto no es nuevo para el kirchnerismo, que ya planteó la cuestión en esos términos hace casi una década, pero sí para quienes entonces se le oponían y hoy gobiernan. Para lograrlo sumaron fuerzas en una alianza que se hubiera disuelto de no lograr su objetivo pero que se consolidó en el poder, dado el entusiasmo que siempre despierta acudir en auxilio de la victoria. Todo lo contrario sucede con quienes fueron derrotados. Hoy el fomento a la dispersión del voto peronista es la mejor estrategia electoral del gobierno. La idea del cambio o la batalla cultural sobrevuela todas las definiciones oficiales, no sólo en las reuniones reservadas en las que se analiza la estrategia y se intenta homogeneizar las posiciones en los distintos niveles del gobierno sino también en las manifestaciones públicas de los principales funcionarios, el propio presidente y su jefe de gabinete, Marcos Peña Braun, como en la difusión por vía de voceros oficiosos. Acostumbrados a no ver más allá de las combinaciones entre dirigentes y las configuraciones legislativas, entienden que están ganando esa batalla porque el Frente Renovador de Massa cogobierna la provincia de Buenos Aires; varios gobernadores, el jefe del bloque de senadores justicialistas Miguel Pichetto y el ex protegido de Cristina Diego Bossio, cada vez más parecido a José Mayans pero sin su ingenio, se hacen cargo de asegurar la gobernabilidad. Este es el eufemismo con que justifican votos indefendibles, como el que autorizó el astronómico endeudamiento externo mucho más allá de lo debido a los fondos buitre, la liquidación del sistema previsional o el pase para los turbios nuevos jefes de la Inteligencia estatal. En cambio parecen ignorar la fuerte contestación social que consiguió parar el tarifazo energético y esta semana se desplegará por todo el país con la Marcha Federal, mientras la convocatoria de apoyo a Macrì en el Obelisco no llegó a 200 personas. Tampoco es aconsejable ignorar la forma en que la movilización social interactúa con el sistema político. Ayer y el viernes, tuvo lugar la marcha de la resistencia en la Plaza de Mayo, cosa que el gobierno desdeña como parte de la presunta desestabilización kirchnerista. El miércoles representantes de las organizaciones sociales Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Federación de Recicladores, Vía Campesina, Movimiento Evita y Movimiento Independientes de Jubilados y Pensionados expusieron en el Senado ante 28 legisladores de distintos bloques (Miguel Pichetto, Juan Manuel Abal Medina, Teresita Luna, Fernando Solanas, Jaime Linares, José Mayans, Ruperto Godoy, Juan Manuel Irrazábal, Omar Perotti, Graciela De La Rosa, Alfredo Luenzo, Sigrid Kunath, Leonardo Grosso, Remo Carlotto, Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Andrés Guzmán, Federico Masso, Graciela Cousinet, Alcira Argumedo, Daniela Castro, Jorge Barreto, Victoria Donda, Carolina Gaillard, Lautaro Gervasoni, Cristina Álvarez Rodríguez, Silvina Frana y Juan Manuel Pedrini) sobre la situación de los trabajadores que están fuera de la estructura laboral formal. Así como la audiencia con representantes de las centrales sindicales fue el prolegómeno de la ley de Emergencia Laboral que Macrì vetó, este encuentro podría derivar en leyes de Emergencia Social y de Salario Social Complementario, que permita que todos los trabajadores alcancen al Salario Mínimo Vital y Móvil; en la creación de un comité de crisis que extienda los programas Argentina Trabaja a 2,5 millones de beneficiarios y de un registro para los trabajadores informales de la economía popular. La presencia de Cristina obliga aún a quienes reniegan de su conducción, como el inspirador de este encuentro, Emilio Pérsico, a no perder sintonía con el malestar que brota desde las entrañas de la sociedad.
El Banco de la dictadura
Por Horacio Verbitsky
Eduardo Basualdo coordinó al equipo de investigación sobre el rol del Banco Nación durante la última dictadura militar, integrado por los economistas Juan Santarcángelo y Guido Perrone, la historiadora Cintia Russo y el sociólogo Andrés Wainer. En esos años se adjudicó un grado militar a cada trabajador del Banco Nación, de general a soldado, y se los sometió al código y a los tribunales de justicia militar. En las instalaciones hubo una cárcel donde se practicaron torturas y decenas de trabajadores fueron detenidos desaparecidos. Los préstamos del Banco Nación se redujeron a la mitad: del 19 al 10 por ciento del crédito total otorgado por el sistema financiero local. Y además se invirtió el origen de los recursos prestados: en 1975 el 80 por ciento de los créditos institucionales provenían de los depósitos internos y en 1983 de créditos internacionales. Las sucursales del BN en el exterior tomaban deuda y la represtaban a entidades públicas locales y privadas del exterior. No sólo se abrieron sucursales en los países centrales sino también en Panamá, donde tuvo una notable actividad, en desmedro de las sucursales en Estados Unidos, para eludir cualquier bloqueo que pudiera determinar el gobierno de James Carter por las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Argentina. Igual que empresas como YPF, el BN fue utilizado para obtener las divisas que hicieron posible la valorización financiera y la fuga de capitales. Los investigadores partieron con la hipótesis de que esos recursos serían prestados a las empresas. Con sorpresa constataron que el principal tomador no fue el sector privado, sino los comandos en jefe de las tres fuerzas armadas por 5.000 millones de dólares, equivalentes a 22.500 millones de hoy. El año clave de ese endeudamiento castrense fue 1979, cuando comenzó a aplicarse "el ajuste monetario de balanza de pagos" con su célebre tablita, la CGT realizó su primer paro general y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató en el país el carácter sistemático y masivo de las violaciones a los derechos humanos. El libro con la investigación fue publicado por Siglo XXI.
La vida te da sorpresas
Por Horacio Verbitsky
El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, asistió a la lectura del fallo en la megacausa La Perla, donde luego de cuatro años de juicio fueron condenados 28 represores, la mayoría a prisión perpetua, entre ellos los generales Luciano Menéndez, Santiago Martela y Jorge Gorleri, el ex jefe de policía Alberto Choux, y un nutrido lote de torturadores del Ejército (como los notorios Ernesto Guillermo Barreiro y Héctor Vergez) y de la policía, entre ellos varios integrantes del D2, la temida Inteligencia policial (Carlos Yanicelli, Mirta Antón y Yamil Jabour). Conmovido ante el recuerdo de una de las víctimas, Graciela Doldán, Schiaretti lloró durante una entrevista. Por eso se entiende su furia al saber que en marzo había firmado la designación de otro ex policía de la D2 como fiscal de lucha contra el narcotráfico, Raúl Ramírez. Comisario general, ex jefe de Asuntos Internos y de la Dirección de Drogas Peligrosas, retirado en 2005 como director de Lucha contra el Narcotráfico, Ramírez hizo carrera en el gabinete del ex gobernador José De la Sota, donde llegó a ser Secretario de Políticas de Seguridad, equivalente a viceministro. Al presentar sus antecedentes a la Legislatura para la designación como fiscal, ocultó su desempeño en la D2. Esto fue descubierto por Dante Abel Leguizamón, el más acucioso investigador periodístico de la violencia institucional, quien entrevistó a Ramírez en su programa de la Radio Universidad de Córdoba, Otra Vuelta de Tuerca. Según Leguizamón, Ramírez también había concursado como fiscal federal, pero no resultó elegido. Ramírez admitió ante Leguizamón haberse desempeñado en la Dirección de Inteligencia policial, pero dijo que sólo a partir de septiembre de 1983 en la realización de guardias y tareas administrativas. En noviembre de ese año un incendio destruyó las listas de quienes pasaron por el D2 junto con Yanicelli, Yabour, Antón y Ramírez. El policía-fiscal explicó que no había consignado ese dato porque entonces era un oficial subalterno y no le pareció relevante. Schiaretti no estuvo de acuerdo y decidió promover su remoción por juicio político.
ECHAN A 45 EN EL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE
Despidos de docentes
El viernes a la tarde recibieron llamados para que no se presenten mañana. Denuncian que a fin de mes vencen más contratos y hay muchos precarizados en esa área docente.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció una "nueva ola de despidos", esta vez en el Instituto Nacional de Formación Docente, que depende del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. La entidad gremial aseguró que "cuarenta y cinco trabajadores y trabajadoras" del Instituto "recibieron (el viernes) llamados desde la Dirección de Recursos Humanos, anunciándoles que a partir de mañana no podrán ingresar a la sede", para llevar a cabo sus tareas habituales. Voceros de la cartera educativa consultados por la agencia Télam, negaron que se esté produciendo "un vaciamiento" del Instituto y agregaron que "no hubo situaciones de de malos tratos ni amenazas a los trabajadores del Instituto".
Sin embargo, a una semana del comienzo del conflicto en el Instituto Nacional de Formación Docente, la Junta Interna de ATE expresó su "preocupación ante la falta de respuestas de los funcionarios ministeriales sobre los despidos masivos, abusos y maltrato laboral" ocurridos en esa dependencia. La entidad gremial señaló que luego de siete días "en estado de alerta, movilización, asamblea permanente y movilizaciones", los trabajadores "no han obtenido respuestas satisfactorias" por parte del ministro Esteban Bullrich, la secretaria de Innovación y Calidad Educativa, Mercedes Miguel, y de la directora y la vicedirectora del Instituto, Cecilia Veleda y Florencia Mezzadra, respectivamente. Ante la situación, la Junta Interna declaró el "estado de asamblea permanente en todo el Ministerio".
El Instituto de Formación Docente es el que coordina y dirige las políticas de formación docente de Argentina, en articulación con las 24 jurisdicciones. El organismo nuclea a todos los institutos y profesorados e impulsa programas destinados a educadores y estudiantes del nivel superior. ATE denunció que "el gobierno de Cambiemos profundiza el vaciamiento de nuestro organismo, en el marco del recorte de políticas públicas que viene llevando adelante desde su asunción".
La organización gremial aseguró que "de esta manera, el Estado deja de ejercer su rol como garante de los derechos establecidos en la Ley de Educación Nacional N°26.206" y denunció que "esa situación impacta directamente en la calidad educativa a través de la subejecución presupuestaria, el cierre de áreas y el vaciamiento de contenidos". Recordó que desde el 10 de diciembre pasado, cuando Mauricio Macri asumió la presidencia de la Nación "se han suspendido los programas de radios socioeducativas y derechos humanos, a la vez que corre riesgo el Programa Nacional de Formación Permanente 'Nuestra Escuela', que brinda capacitaciones gratuitas para docentes de las más de 50 mil instituciones educativas del país".
ATE consideró que desde el 10 de diciembre pasado "los y las trabajadoras somos una variable de ajuste a través de la caída de contratos, la reducción de salarios y la precarización". En estos momentos "decenas de trabajadores/as" del Instituto de Formación Docente "realizan sus tareas sin contrato, mientras que otros/as 47 tienen fecha de caducidad el 31 de agosto". En ese marco "las autoridades del organismo no dan respuestas sobre la continuidad laboral de cientos de trabajadores contratados precariamente, a través de convenios basura, a la vez que amenazan con despidos masivos".
Mientras tanto "las autoridades (del Instituto) perciben salarios que superan los 70 mil pesos mensuales, han ofrecido pases a planta transitoria – seleccionados con criterios arbitrarios – que suponen reducciones salariales que, en la mayoría de los casos, superan los cuatro mil pesos en mano". Los trabajadores denunciaron "el estado de situación crítica, la extorsión y la total incertidumbre sobre la continuidad de los puestos laborales", mientras desde el Ministerio de Educación nacional "se habla sobre la educación como una prioridad de gestión, cuando en realidad destruyen el sistema educativo".
OPINIÓN
El modo de bajar los costos
El ascenso del desempleo, congruente con la política económica. Records de despidos en menos de nueve meses, efectos de un cambio de paradigma. Evolución del nivel de desempleo, desde los 90 hasta ahora. La nueva CGT y los movimientos sociales, movidas opositoras.
El Instituto nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció que el índice de desempleo llega al 9,3 por ciento. Su titular, Jorge Todesca, lo describió como "una situación muy grave del mercado de trabajo". Tiene toda la razón, más allá de debates o precisiones sobre comparación de los índices o con "la herencia recibida". Lo principal e innegable es que durante el gobierno de Mauricio Macri se elevó la desocupación y se produjo una oleada de despidos. El fenómeno no es consecuencia del azar, ni siquiera de errores de gestión: forma parte del programa económico de Cambiemos.
Abaratar "el costo laboral" está en el menú del macrismo, en esta semana lo sinceró con todas las letras el ministro de la Producción, Francisco Cabrera.
La noción oficialista de competitividad supone la reducción masiva de los salarios, para emparejarlos al nivel de otros países de la región.
Si se buceara en la obra de Adam Smith, leída por neo-cons, se podría decir que si el trabajo es una mercancía y se aumenta la oferta de mano de obra, el precio (sueldos) baja. Si se prolongara en versión libre la tradición del marxismo se podría hablar del "ejército de reserva" que facilita la explotación capitalista.
Si prescindimos de las bibliotecas y optamos por la mirada localista se puede contar que el oficialismo produjo una ofensiva inmediata contra el empleo público. El impacto de las cesantías sobre el gasto público es dudoso porque muchos laburantes salientes fueron reemplazados por otros: menos en número pero con salarios mayores. O sea, el nuevo truco de trocar diez personas que ganaban (es un decir) 100 por tres que ganan 500 o más. Se crearon nuevos ministerios y hubo prodigalidad en designaciones con rango salarial de Subsecretarios o secretarios de estado aunque con funciones menos exigentes y a menudo imprecisas. La finalidad no es "que las cuentas cierren" sino aumentar la masa de desempleados y transmitir una señal al sector privado: vamos, que sí se puede.
La segunda ola, la de despidos en actividad privada, continuó entonces la secuencia, que se prolonga.
Según un informe del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD), fundado en datos del actual Ministerio de Trabajo, entre noviembre de 2015 y mayo de 2016 más de 95 mil trabajadores registrados del sector privado perdieron su empleo principal, Los cálculos oficiales llegan hasta ahí y, dado que el segundo semestre no fue la fiesta esperada, es sensato calcular que la cifra creció y seguirá en ascenso.
Sobre despidos en sector público hay referencias opacas que no facilitan llegar a un número indiscutible pero es clavado que son decenas de miles.
Frisa con lo imposible proponer guarismos sobre trabajadores no registrados, por definición. La experiencia prueba que quienes laburan "en negro" o hacen changas son, siempre, el sector más vulnerable a las recesiones y las mermas de demanda de trabajo.
Hacer sistema: Cuando el presidente reprocha a quienes "ponen palos en la rueda" lo hace desde un sesgo clasista. Para él, son los trabajadores que abusan del ausentismo o de "la industria del juicio". Habla un patrón y no un funcionario. Las empresas que evaden cargas fiscales no caben en la crítica aunque dicha ilegalidad es la mayor causa del trabajo informal. Tampoco hay una frase presidencial que apunte a quienes vacían establecimientos o fugan divisas. El maniqueísmo es patente: los palos solo los inserta el proletariado.
Si el discurso explícito del macrismo no bastara, se puede observar el conjunto de la política económica. La merma del valor adquisitivo de los salarios y de su peso relativo en la distribución del ingreso son, de nuevo, fines buscados. Portavoces "light" o culposos del oficialismo alegan que el gobierno quiere bajar los salarios sin afectar al empleo. No ahondan cuál de los dos deseos se está cumpliendo (adivinen…) ni se preguntan si son compatibles.
La devaluación, la baja o supresión de las retenciones que eleva precios en el mercado interno, el jubileo en las importaciones que devasta a ramas enteras de la actividad van en combo. Las ventas "puerta a puerta" son mala nueva para los comercios locales, menos frecuentados y con facturación en baja.
Indices y pulgares para abajo: Todesca y su equipo remarcaron que el INDEC se vale de un nuevo diseño de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) lo que impide comparaciones lineales con los índices de 2015. Tiene razón en ese aspecto: son series estadísticas diferenciables.
La trampa estriba en lo que Todesca calla y reiteramos, a riesgo de ser cargosos: el desempleo y los despidos crecieron desmedidamente desde el 10 de diciembre. El funcionario tuvo la prudencia de no aducir lo contrario, el aparato de comunicación macrista dobló la apuesta y atribuyó la suba al cambio de metodología. Así dicho, es una falacia, un encubrimiento conceptual.
El ex diputado Claudio Lozano publicó, junto a Tomás Raffo, un estudio en el que analiza el informe del INDEC. Opositor al kirchnerismo y al macrismo, Lozano concluye que las diferencias entre los indicadores de desempleo de 2015 y 2016 tienen dos orígenes. En parte son fallas de los anteriores índices del INDEC. Pero "un mínimo de 205.869 (nuevos desocupados) y un máximo de 360.424 le correspondería al efecto de la política económica desplegada por el Gobierno de Macri".
La devastación del INDEC fue, tal vez, la peor política pública del kirchnerismo. Trajo aparejada, entre otros problemas, la pérdida de credibilidad del Índice de Precios al Consumidor (IPC). No hay motivos para negarlo porque (primero) afectó la reputación del Estado y, en segundo lugar, facilitó el bartoleo de índices berretas.
El descrédito, vale aclararlo, no se propagó a otros indicadores estatales. En un reportaje publicado en La Nación, el uruguayo Rafael Diez de Medina, Director Global del departamento de estadística de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) "consideró que los índices laborales no fueron afectados al nivel al que sí lo fueron los de precios". Volvamos al núcleo.
La desocupación de dos dígitos, a las que el macrismo va arrimando peligrosamente, es relativamente nueva en la Argentina. Ese límite, concreto y "psicológico", se traspasó por primera vez en 1993, cuando empezaban a notarse los efectos devastadores de la Convertibilidad de Carlos Menem-Domingo Cavallo. Se sostuvieron, en alza: cuando asumió el presidente Néstor Kirchner trepaba al 18por ciento. Se consiguió a partir de entonces una colosal disminución del desempleo y del trabajo no registrado. En 2006 se anunció que el desempleo era menor a dos dígitos y se dejó sin efecto la "ley anti despidos" o de indemnización agravada que Macri no quiso volver a implantar. Vale la pena recordar que la intervención aciaga del INDEC comenzó recién a fines de 2006: no contamina esas mediciones.
En el lapso del largo cuatrienio de Kirchner la pobreza se redujo del 55 por ciento al 27 por ciento.
Herramientas y revisiones: Los mejores años del kirchnerismo se prolongaron hasta 2011, aunque padeciendo el freno que impuso la crisis mundial de 2008 y 2009. A partir del 2012 el "modelo" topó con límites en la generación de trabajo, en el casi total amesetamiento del porcentaje de trabajadores no registrados. La clásica "restricción externa" se hizo sentir, en consonancia con la pérdida de dinamismo de la actividad industrial.
Para conservar sus valiosos objetivos, el Frente para la Victoria (FpV) debía renovar sus instrumentos, lo que logró solo en parte. Quien anhelara conservar el modelo basado en altos niveles de empleo y consumo, con la demanda interna como motor de la economía debía remozarse y en cierta medida relanzarse. A menudo los gobernantes se enamoran de sus herramientas, que son medios sujetos a revisión y correcciones.
Macri propone un nuevo proyecto de país, algo lógico en la alternancia democrática, lo que no impide que se lo discuta encarnizadamente. Los intereses que se privilegian son otros, el crecimiento se imagina motorizado por la inversión extranjera, el endeudamiento externo. Y, en un futuro impreciso, el "derrame" de la riqueza, ulterior a su concentración en pocas manos.
La CGT en escena: Los alineamientos sindicales responden al cambio de escenario. La reunificación de las dos CGT testimonia el nuevo cuadro de situación. El Congreso del lunes 22 ungió a un triunvirato que se define como opositor al gobierno o, si usted prefiere, toma nota de que fue empujado a esa posición.
El secretario general de los bancarios, Sergio Palazzo, elevó la voz sin romper, en un cónclave tranqui y ordenado por demás, filo-escandinavo. El sector financiero es un ganador del nuevo modelo, tampoco le iba mal con el anterior. Palazzo, un radical de origen, pronunció un discurso combativo, compatible con la defensa encendida y exitosa de los trabajadores de su gremio que habían sido echados del Banco Central. No es exótico ni novedoso que haya sindicatos "favorecidos" con dirigentes luchadores: el camionero Hugo Moyano supo serlo desde los '90 hasta hace contados años. También lo fueron los gremios que encabezaron el "Cordobazo" en mayo de 1969, para estupor de los dictadores militares de aquella época.
Los triunviros Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña (mencionados en orden decreciente de peso específico y potencialidad futura) le mostraron los dientes al macrismo. Rehusaron hablar de un paro general y, claro, fecharlo. En la coyuntura, es casi seguro que lo concretarán antes de fin de año. No lo harán en septiembre porque ya empieza y porque no le pinta darle el gusto a Palazzo y las dos CTA, que se lo exigen. Diciembre, el mes del calor y las fiestas, es un momento poco aconsejable. Todo indica que la huelga general llegará entre octubre y noviembre, como correlato inexorable de la agresión a los derechos de los trabajadores.
La clase segmentada: Entre 2003 y 2015 se produjo un ascenso notable, aunque no uniforme, de la clase trabajadora. La socióloga Gabriela Benza lo aborda en un notable ensayo publicado en el libro "La sociedad argentina hoy", compilado por Gabriel Kessler. Según Benza "fue notoria la contracción, absoluta y relativa, de los núcleos no calificados y marginales de sectores populares, acompañada de un importante incremento de las posiciones ubicadas en la parte intermedia de la estructura (social)". Añade que "las remuneraciones de los asalariados calificados de las clases populares fueron las que más crecieron". El cuadro expresa una elevación colectiva, acompañada con nuevas formas de segmentación y desigualdad en la clase trabajadora.
Los más relegados son ahora los trabajadores de la economía popular, los informales, los desocupados de ayer y flamantes.
Las organizaciones sociales que tratan de representarlos se reunieron con el bloque de Senadores del FpV, encuentro al que asistieron diputados de esa fuerza y de otros partidos de la oposición. Se pactó promover una "Ley de Emergencia Social", presentada por el bloque de senadores del FpV que, de votar unido, garantiza una aprobación sencilla en la Cámara Alta. En Diputados deberá congregar aliados, repitiendo el esquema de la Ley Anti despidos.
Los senadores del FpV son un conjunto variopinto en el que prevalecen grupos muy transigentes con el oficialismo, por motivos variados: el oportunismo no es el menor. Pero el oportunismo de los justicialistas jamás equivale al suicidio. Hasta los semi opositores advierten cuán piantavotos sería acompañar al oficialismo, sin diferenciarse.
Si se llega a plasmar la iniciativa, el presidente podrá recurrir al veto, su peculiar modo de traducir el consenso parlamentario. Habrá que ver.
El pulgar hacia abajo: Cualquier gobierno procura resultados difíciles, en parte contradictorios con algunas de sus medidas. El macrista, por caso, genera inflación y recesión (que desea reducir y revertir) con sus políticas públicas. El desempleo, en cambio, es anhelado, funcional a su paradigma market friendly: condición necesaria para la baja de los salarios, requisito sine qua non para la lluvia de inversiones extranjeras.
En ese camino, se llegó en tiempo record a una cantidad de despidos que no se padecía desde los gobiernos de los presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa. El índice de desempleo también remonta hasta esa etapa pasado. Kirchner la llamaba "el infierno", apodo que le calzaba justo.
El testigo que quiso ver
El paisano, arriero, José Julián Solanille testimonió por primera ante la CONADEP, más adelante en el Juicio a las Juntas militares. Su primera declaración figura en el Nunca Más. También lo hizo en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en La Perla.
Durante la dictadura trabajaba de jornalero en una chacra cercana al campo de concentración y exterminio. Se enteró de que pasaban "cosas raras", quiso ver, fue a caballo acompañado por un conocido, se plantó en una colina. Según narró Marta Platía en Página/12, Solanille declaró ante el Tribunal Oral número 1de Córdoba en abril de 2013, a los 83 años de edad. "Estaba con otro compañero en la Loma del Torito. Habíamos visto la fosa cavada. Unos cuatro metros por cuatro. Tenían a toda la gente en dos filas. No sé, eran muchas personas. Como cien. Algunos vestidos, otros totalmente desnudos. Estaba (Luciano Benjamín) Menéndez. El había llegado en un (Ford) Falcon blanco. Yo lo había visto. Sabía que se venía algo grande. Y ahí estaba, con su fusil. No lo vi disparar. Pero él dio la orden. La gente estaba encapuchada o vendada o tenían unos anteojos... Los que no tenían nada, los que podían ver, gritaban. Unos hasta corrieron. Pero los mataron por la espalda. Ahí nos rajamos con mi amigo. Estábamos cagados de miedo. Nos habíamos arrastrado hasta arriba de la loma, pero bajamos corriendo. Después se ve que los quemaron. Tiraron explosivos. El humo con ese olor espantoso se vino para mi casa. Era insoportable. Mi mujer y mis hijos se quejaban. Era horrible". Días después pasó por el lugar y vio que habían tapado la fosa: "Se ve que estaba muy llena, porque sobró mucha tierra".
El testigo que quiso ver atrajo la atención del sociólogo Horacio González ya en 1986, cuando lo mencionó en un artículo publicado en la revista-libro UNIDOS. Con la iluminación propia de los grandes intelectuales, González escribió que "en las declaraciones que hizo en el Juicio a las Juntas, los abogados defensores insinúan que había bebido, que es un alucinado. (…) Sucede que Solanille se había convertido en el apéndice testimonial de los fragmentos escenográficos prohibidos que había observado desde la colina. Si antes hubo locas de la plaza que ya nadie se animaba a llamar así porque la locura era decir lo impensable pero lo impensable acontecía, Solanille heredaba esa locura de haber mirado ese horror (…) custodiaba esas huellas visuales solo comprobables por su relato. Solanille era el loco de la colina".
La crónica de Platía recoge que Solanille fue, como casi treinta años antes, hostigado por los criminales y sus defensas. El hombre respondió. "Quiero decir que donde todos murieron, yo resucité. El año pasado, el 24 de marzo, cuando fui a La Perla, me infarté. Y si no fuera por los chicos de HIJOS, no estaría acá. Ellos me salvaron y no me morí por diez minutos, me dijo el médico. Emiliano Fessia (encargado de ese espacio de la Memoria) y los chicos me salvaron. Tanta gente que murió ahí y ahí yo resucité".
Las palabras veraces de Solanille y las de centenares de testigos sirvieron de pruebas de cargo para que hubiera, al fin memoria, verdad, justicia, juicio y condena.
Los progresos en la lucha por los derechos humanos permitieron aportar pruebas imposibles de conseguir en la década del '80. Cuerpos de víctimas desaparecidas recuperados e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Documentos emanados de los represores, en los que pedían ascensos como reconocimiento por sus crímenes.
El fallo contuvo 38 condenas, 28 de ellas a cadena perpetua, Menéndez sumó otra a su prontuario. También hubo absoluciones, que duelen a las víctimas y sus familiares pero que comprueban que los juicios distan de ser linchamientos con condenas pre escritas. Se realizan con apego a derecho, lo que implica reparaciones y, a veces, sinsabores.
El gobernador Juan Schiaretti estuvo presente en la lectura de la sentencia, junto su esposa, a Madres y Abuelas. Lloró, conmovido. Su compromiso fue constante, bien diferente al del ex mandatario cordobés José Manuel de la Sota. El "Gringo" Schiaretti y el "Gallego" de la Sota son aliados políticos, de hecho éste es el jefe político. Pero la historia no se deja escribir en blanco y negro, las trayectorias pueden diferir y siempre es necesario resaltarlo.
La Perla fue por su magnitud y cantidad de víctimas, el tercer campo de exterminio de la Argentina. Se mantuvo sin modificaciones sensibles hasta que el presidente Néstor Kirchner lo puso a a disposición de la Comisión Provincial de la Memoria, integrada por los principales organismos de derechos humanos cordobeses, para montar un "Espacio de la memoria". Kirchner participó el 24 de marzo de 2007 en un acto con víctimas, familiares, organismos de derechos humanos. Clamó entonces contra la lentitud deliberada de la Cámara Federal de Casación que cajoneaba expedientes.
Hoy día, el problema se repite y se agrava. Los presidentes Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner apuntalaron los juicios con leyes, políticas públicas y poniendo su cuerpo. El gobierno del presidente Mauricio Macri se obceca en entorpecerlos, solo para empezar.
OPINIÓN
Peripecias de la alternancia
Hace pocos días dijo Cristina Kirchner en la facultad de filosofía y letras de la universidad de Buenos Aires que el logro de los años de gobierno del Frente para la Victoria que más la enorgullecía era el de que en esos años nadie dejó de decir lo que pensaba políticamente y nadie fue perseguido por decirlo. Agregó que el ámbito de la libertad de expresión abrigó formas de agresión personal poco habituales. La frase de la ex presidenta pasó bastante desapercibida; tanto el público propio como sus antagonistas están, razonablemente, mucho más pendientes de las definiciones políticas urgentes que de las reflexiones históricas. Sin embargo, es posible que en esa reflexión de largo aliento para la historia argentina haya mucho contenido dramáticamente importante para estos días y para los próximos.
Efectivamente, el cuadro de situación actual que enuncia la maquinaria mediática dominante - más dominante y más histérica todavía que antes del triunfo de Macri - es más o menos así: el macrismo está enfrentando una conspiración orquestada por el kirchnerismo para defenderse de las investigaciones judiciales y, de paso, "desestabilizar" al gobierno. Hay en el cuadro la peligrosísima construcción de una amalgama entre la adhesión a una bandería política y la acción guiada por el propósito de sabotear las instituciones democráticas. Subversión, dijo un titular del diario La Prensa, hace unos días. La variedad de los actos de persecución política contra esa identidad política – desde los escraches a los abusos judiciales, desde el agravio a la censura pública - están claramente concentrados en un objetivo político, la eliminación de una experiencia y una forma de pensar políticamente. La derecha – gubernamental, mediática y jurídica – no quiere que la "nueva Argentina" conviva con la huella político-cultural de los doce años anteriores a su triunfo. Es una curiosidad republicana, en todas las carreras de Ciencia Política del país se enseña el valor central de la "alternancia" en el gobierno. ¿Cómo se compagina la alternancia con la persecución?
La contradicción es formal. La alternancia no es el nombre de un sistema en el que todos los proyectos de país convivan pacíficamente y se sucedan del mismo modo en el gobierno. Igual que la palabra liberalismo la palabra alternancia tiene un límite interno que se disimula, tiene oculto un principio de exclusión. En el lenguaje políticamente correcto, la exclusión está justificada en los siguientes términos: el límite de la alternancia - igual que el del liberalismo democrático - consiste en la exclusión de los enemigos de la libertad y la democracia. No está mal. El problema es que en todo sistema de dominación la cuestión principal es quién tiene el poder de definir los conceptos y de trazar los límites. Quien escribe tiene el amargo recuerdo de largas épocas de su vida en la que la exclusión se sostenía en la necesidad de proteger al país de doctrinas foráneas y apátridas, afirmación que era establecida por gobernantes surgidos de la proscripción y la persecución facciosa, cuando no directamente del uso fáctico de las armas. Y existían incluso leyes que prohibían no tal o cual acto sino incluso pensar de ese modo subversivo. No era gente venida de otro planeta la que construyó esa peculiar interpretación de la defensa de la libertad; eran directos continuadores de una dictadura que en 1955 prohibió hasta el uso del nombre propio Perón. Y siempre, en todos los casos, la exclusión se presentaba como necesaria para la defensa de la libertad.
La alternancia funciona, entonces, en un régimen particular de exclusión. Las democracias realmente existentes desde el fin de la última guerra mundial fundamentan su legitimidad en la derrota a escala global de los autoritarismos; son democracias postautoritarias y antiautoritarias. La existencia de más de un partido, la libertad y la transparencia electoral, la libertad de expresión de las propias ideas son las instituciones formales rectoras del funcionamiento del sistema, por contraste con el autoritarismo dominante en Europa en el período de entreguerras. La alternancia forma parte de ese dispositivo. El anillo de la legitimidad postautoritaria de las democracias actuales se cierra entre 1989 y 1991 con la caída del muro de Berlín y el derrumbe soviético; es la cumbre de un ciclo democratizador que se había iniciado con la quiebra de las dictaduras del sur de Europa a principios y mediados de la década del setenta del siglo pasado. Para los argentinos y para todos los ciudadanos del cono sur del continente americano, las nuevas democracias fueron un remanso después de años de dictaduras sanguinarias. Además en la superficie institucional las cuestiones democráticas no parecen tener fisuras importantes en nuestra región: hay gobiernos surgidos de elecciones libres, no hay partidos únicos ni proscripciones político-ideológicas, se intercambian diferentes partidos en el gobierno, todo parece funcionar según la letra honorable de la democracia y la libertad. Sin embargo, en casi todo el mundo, la democracia realmente existente en nuestros días es la forma política del neoliberalismo. Es una democracia de ciudadanos pasivos, de maquinarias políticas endogámicas que compiten en las elecciones para acceder a los recursos que proporciona la administración del Estado. Y esa administración del Estado tiene reglas no escritas que la rigen: el poder central del dinero, el peso decisivo de los lobbys corporativos en las decisiones políticas, el seguimiento de reglas de juego económicas y políticas globales cuya trasgresión será inevitable y rápidamente castigada. Es decir hay un manual de estilo de lo que es posible y lo que no lo es en la política. Los gobernantes griegos de esta etapa lo han vivido dramáticamente en carne propia: llamaron a un referéndum para convalidar una política soberana frente a la extorsión de los poderes financieros fácticos de Europa, lo ganaron y después retrocedieron frente a lo que consideraron la amenaza de la virtual destrucción de su país como respuesta a la osadía "antieuropea".
La alternancia neoliberal no es la apertura a todas las formas de la política. Excluye de hecho la exploración de rumbos que no satisfacen al bloque dominante. Y la afirmación incluye a la propia potencia dominante. Sheldon Wolin, un pensador estadounidense muy prestigioso en la academia global de la ciencia política llamó "totalitarismo invertido" al régimen imperante en su país, del que afirma "Es posible que la mitología democrática haya permanecido después de que las prácticas democráticas perdieran sustancia, permitiendo así que la mitología, la pasividad y las formas vacías sirvan a un tipo de régimen totalitario". Es en el contexto de ese vaciamiento que surgieron las experiencias populares sudamericanas que fueron y son la más importante novedad de la política democrática mundial de las últimas décadas.
La palabra alternancia no nombra la realidad de nuestro país. Mucho más eficaz es tomar como punto de partida analítico el intento de destrucción y escarmiento de la experiencia "populista" como necesidad crucial de un proyecto de plena restauración neoliberal como el que está en marcha. La forma política de ese proyecto es la alternancia entre dos partidos que se critiquen mutuamente con dureza y se sucedan periódicamente en la aplicación de la línea política que se traza entre Davos y la exposición rural.
Por eso, la reivindicación del carácter ilimitado de la libertad de expresión en estos años tiene una enorme potencia en la política argentina. Tiene en sí el legado de una apuesta histórica: la de abrir paso a cambios en las condiciones nacionales e internacionales de existencia de un país sin el clásico requisito revolucionario del acallamiento sistemático de las disidencias; una conquista que se inserta en la historia que los argentinos estamos escribiendo desde la recuperación del estado de derecho en 1983. Y la resonancia de la afirmación sacude a la coyuntura política en la que vivimos. Porque lo que hoy se está revisando es la hipótesis inicial del nuevo gobierno, la de que el kirchnerismo sin los recursos del Estado y progresivamente vaciado de influencia en los circuitos formales del peronismo se convertiría rápidamente en un náufrago sectario y aislado de la sociedad. Claro, la hipótesis estaba asociada a un relato edulcorado que sus propios autores terminaron creyendo, el de la magia de la confianza del mundo, la lluvia de dólares y las expectativas de los sectores medios que habría de reforzarse con la puesta en escena de la corrupción del "viejo régimen". El triunfo -parcial y relativo, pero políticamente muy importante- que tuvo la movilización popular contra el tarifazo, reconocido por el pragmático fallo de la Corte Suprema, marca la apertura de una etapa política diferente dentro de la estrategia del establishment para asegurar un orden político estable y consistente a la restauración conservadora. Es muy visible que la retórica del periodismo de guerra se ha desplazado desde la confianza en un lento y gradual ocaso de la memoria popular de la experiencia última hasta un reforzamiento progresivo de la belicosidad de los ataques a sus protagonistas y a sus simpatizantes. Belicosidad que corre paralela a la acentuación de los aspectos represivos de la política oficial que incluye la ilegal prisión de Milagro Sala, democráticamente electa como parlamentaria argentina en el Mercosur.
Se está jugando el rumbo del país, sus posibilidades de ensanchamiento de los derechos de sus habitantes, la autonomía de su democracia respecto de los poderes fácticos, su lugar en el mundo. Y se está jugando también la posibilidad de que en el futuro cercano todo el mundo pueda seguir diciendo lo que piensa sin ser perseguido por eso.
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