sábado 20 de agosto de 2016
LA OPOSICIÓN HIZO EJE EN EL REVÉS QUE SIGNIFICÓ
EL FRENO AL TARIFAZO
"Es un límite al modelo"
Todos los opositores coincidieron en que el fallo de la Corte Suprema contra el aumento del gas no fue lo que el Gobierno esperaba. También llamaron a hacer una lectura política de la decisión de los jueces y a dar marcha atrás los aumentos.
Héctor Recalde, Leonardo Grosso y Cecilia Moreau se hicieron eco del fallo de la Corte Suprema.
Todo el arco opositor se pronunció ayer respecto del fallo de la Corte Suprema sobre el tarifazo del gas. Hubo quien exaltó que fue un triunfo de las protestas callejeras de los usuarios, otros hablaron de revés para el Gobierno y no descartaron que implique nuevos aumentos, pero todos coincidieron en que la administración macrista tuvo un mal trago.
- Héctor Recalde, presidente bloque diputados FpV: "Es un límite al modelo, el gobierno nacional inmediatamente también debe dar marcha atrás con los aumentos para los clubes de barrio, las cooperativas de trabajo, las empresas recuperadas, las pymes y las universidades nacionales. Que no espere que haya cientos de medidas cautelares porque la doctrina de la Corte ya está. Insto al Gobierno a que lea bien el fallo y se la aguante, y si no que luego no se quejen de la industria del juicio. Los considerandos del fallo son claritos como el agua y plantean que el aumento no puede ser confiscatorio, a la vez que pide gradualidad y la aplicación del principio de razonabilidad, y rescata los tratados internacionales de derechos humanos."
- Leonardo Grosso, diputado del Peronismo para la Victoria y dirigente del Movimiento Evita: "Es una buena noticia porque ordena un poco las cosas y plantea que existe legislación que tiene que respetar el gobierno de Mauricio Macri, además demuestra la incompetencia del ministro de Energía, Juan José Aranguren. Si uno escucha a la gente, no llega a la Corte Suprema, y el Gobierno tiene que no sólo acatar sino hacer una lectura política del fallo dictado por el máximo tribunal. El elemento que destrabó estas complejidades fue la gente en la calle. Es un fallo para todos los demás aumentos y una señal política para el Gobierno de que tiene que haber una marcha atrás."
- Cecilia Moreau, diputada Frente Renovador: "La problemática de las tarifas tuvo, por fin, su resolución. Y por suerte para los ciudadanos fue en su favor, mientras el oficialismo esperaba el fallo de la Corte con la esperanza de que legitimara su arbitraria decisión. Tiene un doble significado: por un lado es un acto de Justicia hacia la indefensión de los usuarios; por el otro, una lección política para un gobierno que pecó de soberbio. La falta de audiencia pública para la fijación de las tarifas, requerimiento fundamental para la toma de decisiones respecto a la cuestión tarifaria previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional fue el foco en que se centró el fallo. Desde el bloque que integro se alertó en el mes de abril que debían hacerse las audiencias para poder escuchar a los ciudadanos y demás actores en lo que es su derecho a expresión. La respuesta del Gobierno fue el avance en la medida, aislándose del impacto social que produjo. Ahora, se ve obligado a llamar a la audiencia por la determinación de la Corte. Por no tener voluntad política, violentaron un derecho."
- Araceli Ferreyra, diputada Peronismo para la Victoria e integrante de la comisión de Defensa del consumidor, del usuario y de la competencia: "Ganó la lucha, el "ruidazo", las protestas, los cacerolazos, San Cayetano, la Patagonia sublevada y todas las formas con que la sociedad dijo que no se podía pagar semejante tarifazo. El fallo de la Corte derogando el megatarifazo no fue salomónico sino contundente pero, al mismo tiempo, insuficiente porque no ganamos todos: faltan las pymes, empresas recuperadas, cooperativas; que no pueden esperar el dilatado tiempo judicial para nuevos fallos reparadores."
- Christian Castillo, dirigente del PTS-FIT: "Nos van a meter el tarifazo de vuelta. No es un problema ideológico sino material, son los intereses materiales del Gobierno; el conflicto de intereses de Aranguren con las empresas que tiene que controlar es obsceno. El Gobierno ha recibido un cachetazo político, ya que a pesar del chantaje y la amenaza de carpetazos la bronca popular estaba del otro lado. Hay que señalar que el fallo es parcial, no sólo por el alcance que tiene sino porque después de las audiencias, al no ser vinculantes, nos van a tratar de meter el tarifazo de vuelta."
- Fernando "Chino" Navarro, diputado provincial del Movimiento Evita: La Corte Suprema frenó el tarifazo, derrota para el gobierno de Macri y triunfo de la movilización y lucha del pueblo argentino. El Congreso, donde tenemos mayoría, debe resolver la crisis de las tarifas priorizando los intereses de nuestro pueblo y no los de Shell".
PANORAMA ECONÓMICO
Carta orgánica
Por David Cufré
El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, tiene entre sus planes avanzar con una nueva reforma de la Carta Orgánica de la entidad. Pretende desmontar los cambios que se introdujeron en 2012 y volver al esquema normativo anterior, más afín a sus convicciones técnicas e ideológicas, diseñado por Domingo Cavallo en 1992. Sturzenegger comparte una larga historia con el ex ministro de Menem y De la Rúa. Fue su secretario de Política Económica en 2001, en una gestión inolvidable por el megacanje, la rebaja del 13 por ciento a los jubilados y el corralito, y vivió de cerca la etapa de "gloria" del mediterráneo en los '90 cuando su padre, Adolfo, era uno de sus asesores principales. El banquero central de Macri le viene haciendo honor a esa trayectoria en los ocho meses que lleva de mandato. Dejó de lado la orientación heterodoxa que impone la Carta Orgánica del Central al titular del organismo y desempolvó el manual neoliberal que se utilizaba hasta que Mercedes Marcó del Pont ocupó el cargo a fines de la década pasada. Ese giro radical ubica a Sturzenegger en la incómoda posición de estar incumpliendo la ley, que el Congreso sancionó por amplia mayoría hace cuatro años. Para un defensor a ultranza de la independencia de la autoridad monetaria, la contradicción de independizarse de la ley que actualmente debería guiar su gestión tiene una connotación especial. De allí que uno de los objetivos que se trazó Sturzenegger para cuando el Gobierno encuentre las condiciones políticas es promover una contrarreforma de la Carta Orgánica que ampare las decisiones que viene tomando de hecho.
La Carta Orgánica que se aprobó en 2012 instruye a las autoridades del Banco Central a perseguir objetivos múltiples. Abandona la idea de que la estabilidad de precios debe ser la única meta y establece que ésta debe estar acompañada por "el desarrollo económico con equidad social, la promoción del empleo y la estabilidad financiera". La modificación no implica que el BCRA dejará de "preocuparse" por la inflación, sino que elimina la visión monetarista del fenómeno donde los únicos causantes de los aumentos de precios son la emisión monetaria y el exceso de demanda. Las medidas que viene tomando el Central desde el 10 de diciembre van exactamente en sentido opuesto al mandato de la ley. De hecho, desde el mes que viene el organismo proyecta adoptar como regla de oro las metas de inflación, que subordinan las variables económicas como el crecimiento y el empleo al control de precios a través de una política monetaria rigurosa y contractiva. Las consecuencias de esa orientación general están a la vista estos meses con el derrumbe de la actividad económica, la multiplicación de los despidos y la duplicación de la inflación, cuyos motores más que monetarios fueron la devaluación, la quita de retenciones y el desmantelamiento de los controles a la formación de precios.
Las decisiones que impulsó Sturzenegger desde el Banco Central conspiraron, al mismo tiempo, contra una de las prioridades de política económica que se fijó Cambiemos desde la campaña electoral: el aliento a la inversión. De acuerdo al Indec, ésta sufrió una caída del 3,8 por ciento en el primer trimestre y las previsiones para el resto del año no son mucho mejores. Frente a las altas tasas de interés que impuso el Central, los proyectos productivos quedan en el freezer hasta nuevo aviso. Junto con esto, el organismo fue dando de baja regulaciones macroeconómicas prudenciales y aquellas orientadas a controlar al sector financiero. El resultado fue una agudización de la recesión, un crecimiento explosivo de la rentabilidad de los bancos en detrimento de los usuarios y un debilitamiento de los mecanismos de defensa frente a eventuales shocks externos, abriendo otra vez la puerta al endeudamiento masivo de la economía y a la fuga de capitales.
Un repaso por las principales medidas permite observar el proceso:
- Fin al crédito dirigido: la gestión de Sturzenegger fue desmontando los instrumentos regulatorios diseñados por el directorio anterior para forzar a los bancos a prestar a la producción, y en especial a las pymes. Modificó la Línea de Crédito para la Inversión Productiva (Licip) que imponía al sistema financiero la obligación de destinar hasta el 7,5 por ciento de los depósitos privados a prestar a esos sectores, con tasas subsidiadas al 18 por ciento anual. Con ello, limitó el alcance del plan, a la vez que subió la tasa a 22 por ciento. Pero además desactivó el comité de seguimiento permanente de los bancos que auditaba el cumplimiento de la norma, y flexibilizó los requisitos que deben cumplir las entidades sobre los créditos a conceder. "Ahora se dedican muchos más a descontar cheques en la Bolsa, adonde no llegan las pymes más chicas", explica el ex presidente del Central, Alejandro Vanoli. En paralelo, otros organismos del Estado, como la Superintendencia de Seguros y la Comisión Nacional de Valores (CNV), dieron de baja la instrucción a compañías de seguro y fondos comunes de inversión de financiar también a la producción. La Anses, por su parte, redujo la participación de los créditos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a la producción, y proyecta la paulatina liquidación de ese ahorro de los trabajadores en lugar de potenciarlo para apalancar a la economía real.
- Libre entrada y salida de capitales: se eliminó el encaje de 30 por ciento que debían constituir fondos extranjeros para inversiones especulativas en el mercado de capitales. Eso expone al país a la conformación de burbujas cuando las divisas entran y a estallidos cuando salen en manada. Después de tantas crisis en el mundo por esa razón, hasta el FMI y el G-20 recomiendan ahora evitar tales grados de liberalización financiera. "En la Argentina la desregulación de capitales siempre propició etapas de endeudamiento que en algún momento se cortan y dejan en ruinas al Estado. En el ínterin, la bicicleta financiera genera apreciación cambiaria", alerta Vanoli.
- Libertad para la remisión de utilidades al exterior: el Central volvió a abrir el grifo para que las multinacionales giren ganancias a sus casas matrices. En el primer semestre salieron 1451 millones de dólares del sector privado y 281 millones del sistema financiero por esa vía.
- Liberalización cambiaria: la posibilidad de comprar divisas es irrestricta. Se eliminó hasta el límite de 5 millones de dólares mensuales, una medida que como es obvio no está pensada para pequeños inversores sino para quienes tienen semejante capacidad económica. Las multinacionales, en primer lugar. También se suprimieron regímenes informativos de operaciones cambiarias por comercio exterior, facilitando las maniobras de elusión y evasión fiscal a través de transacciones entre empresas con sus casas matrices. El sector automotor, las exportadoras de cereales o las telefónicas eran las más controladas en el pasado por el uso de los precios de transferencia.
El Central también tomó una serie de medidas que generaron rentabilidades extraordinarias al sistema financiero a costa de sus clientes, cada vez más desprotegidos.
- Sin piso ni techo para las tasas de interés: se eliminó el tope de tasas que podían aplicar los bancos por la cesión de créditos y el piso que debían pagar a los ahorristas por la captación de depósitos. Esto favoreció una ampliación de los spreads, aunque hasta ahora los bancos estuvieron más dedicados a volcar el fondeo que obtienen del público y las empresas a la compra de Lebacs, con tasas que fueron del 38 al 29,25 por ciento en estos ocho meses, que a aumentar el crédito disponible. De hecho, este cayó un 12,8 por ciento real en el primer semestre, de acuerdo al último informe de la autoridad monetaria.
- Desregulación de cargos y comisiones: desde septiembre los bancos podrán fijar libremente los precios de cargos y comisiones por servicios financieros, como la renovación de tarjetas de crédito, las extracciones por cajero automático o los distintos paquetes que ofrecen. Esta es una fuente de ganancias fabulosa para el sector bancario, que ahora se verá potenciada por el corrimiento del Central.
- Sin defensor del usuario financiero: la nueva gestión desactivó la recepción de denuncias de clientes bancarios por abusos de las entidades financieras, quienes antes eran atendidos por el defensor del usuario financiero. La oficina sigue existiendo, pero con perfil decorativo. Del mismo modo, se dejó de lado el área de educación financiera que instrumentaba campañas para informar de sus derechos a los consumidores.
La devaluación, la bicicleta financiera y medidas como esas redundaron en que los bancos ganaron en el primer semestre un 52 por ciento más que en igual período del año pasado, hasta 38.425 millones de pesos. Solo para tomar dimensión, Fútbol para Todos cuesta 1800 millones de pesos al año. Esa rentabilidad se logró pese a la caída real de los depósitos en pesos, del 12,1 por ciento, y una baja real de los créditos del 12,8. Es decir, el sistema financiero que está consolidando la administración de Sturzenegger le sirve a los poderes concentrados, a quienes se endeudan, a quienes especulan y a quienes fugan divisas, mientras que la economía real se ve abandonada a su suerte. No parece ser el mejor camino para soñar con la reactivación, y menos si una reforma de la Carta Orgánica cristaliza ese funcionamiento de manera permanente.
EL MOMO VENEGAS, ALIADO DEL MACRISMO, BUSCA
ENTORPECER LA REUNIFICACIóN DE LA CGT
Un peón mandado a embarrar la cancha
El jefe del gremio de los trabajadores rurales decidió no
asistir al congreso cegetista del próximo lunes.
Amenazó con impugnarlo.
Venegas, jefe de la Uatre, asegura que el Congreso del lunes es nulo y amenaza con impugnarlo.
Embanderado con el macrismo, Gerónimo "Momo" Venegas conspira contra la unificación de la CGT. El jefe de los peones rurales encabezó un encuentro de los llamados 66 gremios confederados en el que decidieron no participar del congreso unificador de la central sindical del próximo lunes 22 de agosto. El propio Venegas amenazó con impugnar "por nulo" el congreso ante el Ministerio de Trabajo si como está previsto se consagra un triunvirato al frente de la CGT, con un representante de cada una de las tres principales corrientes en la que está fraccionada. El "Momo" insiste que el estatuto prevé un solo secretario general, el cargo para el que se postula acompañado de los gremios más cercanos al gobierno del presidente Mauricio Macri.
"La convocatoria realizada y la propia naturaleza del Congreso de la CGT son absolutamente nulos. Este espacio, por lo mismo, no participará y, de forma inmediata, lo impugnará ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, la autoridad de aplicación", aseguró Venegas. El jefe del gremios de los peones rurales (UATRE) y de las 62 Organizaciones Peronistas, ya se había enfrentado con sus ex socios de la CGT moyanista en su intento de frenar los cuestionamientos al gobierno de Cambiemos. Eso mismo sucedió con la movilización cegetista a favor de la ley para impedir los despidos y que Macri vetó.
A Venegas tampoco le cayó en gracia que el bendecido por Hugo Moyano para representar a la CGT Azopardo en el triunvirato haya sido Juan Carlos Schmid, que conduce la poderosa Confederación de Trabajadores del Transporte y es uno gremialistas que mas cuestiona las políticas socioeconómicas del macrismo.
Por eso Venegas construyó su autoproclamada candidatura a secretario general de la CGT, con el apego al estatuto cegetista como bandera: "la decisión del plenario de no participar en el Congreso se basó en la imposibilidad de legitimar la convocatoria y autorizar la modificación del Estatuto de la central obrera", sostuvo el Momo y anunció el envió de una carta documento a la CGT y al ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Tampoco participará del congreso unificador de la CGT el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), que conduce el jefe de los peones de taxis Omar Viviani – de excelente relación personal con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich – que postula para la secretaría general de la CGT al ferroviario Sergio Sasia. Este sector, sin embargo, no se plegaría a la impugnación del Congreso.
Las tres fracciones cegetistas que impulsan la unificación de la central sindical intentaron negociaciones para evitar el boicot del Vengas, pero ninguna de ellas logró prosperar. El encuentro de la CGT del lunes en la sede de Obras Sanitarias prevé dos etapas. Un congreso extraordinario para modificar transitoriamente el estatuto de la CGT, como ya se realizó en otros procesos similares. Y un congreso ordinario que consagraría al triunvirato de conducción: Schmid de Dragado y Balizamiento (por el moyanismo); el diputado massista Héctor Daer de Sanidad (por la CGT Alsina que conducía el metalúrgico Antonio Caló) y Carlos Acuña de estaciones de servicios (por la barrionuevista CGT Azul y Blanca también encolumnada con el massismo).
Este esquema le daría un sesgo renovador a la nueva conducción colegiada de la CGT. Por eso también había tratativas de último momento para sumar a puestos de la futura conducción de la central sindical a la Corriente Federal, el sector más combativo que encabeza el bancario Sergio Palazzo, que irá a dar el debate en el congreso cegetista.
EL EX TITULAR DE LA ANSES CONFIRMÓ UN ENCUENTRO CON TRES
GOBERNADORES DEL PERONISMO
Bossio quiere ser el primer renovador
El diputado del Bloque Justicialista dijo que coincide con los gobernadores Bertone, Peppo y Bordet en la necesidad de "renovación del peronismo". Manzur y Casas estaban invitados y no fueron por "problemas de agenda". Bossio explicó que buscan "coincidencias".
El referente del Bloque Justicialista, Diego Bossio, confirmó el encuentro en su departamento.
Aunque el líder del Frente Renovador es Sergio Massa, el diputado del Bloque Justicialista Diego Bossio también busca mostrarse como referente de la renovación dentro del peronismo. El ex titular de la Anses confirmó que días pasados organizó una reunión política en su departamento de Barrio Norte de la que participaron los gobernadores de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, de Chaco, Domingo Peppo, y de Entre Ríos, Gustavo Bordet. "Compartimos causas comunes que tienen que ver con el peronismo y la renovación del peronismo", contó Bossio.
"Tenemos como objetivo juntarnos los gobernadores y el Bloque Justicialista para encontrar coincidencias para resolver problemas concretos. Se convocaron los gobernadores, yo sólo fui anfitrión", comentó Bossio. Detalló que también había invitado a los gobernadores de La Rioja, Sergio Casas, y al de Tucumán, Juan Manzur, pero que "por cuestiones de agenda no pudieron venir en esta ocasión pero que están trabajando en conjunto".
Así presentado, fue casi un encuentro paralelo al del Consejo Nacional del PJ que se reunió el jueves pasado en la sede de la calle Matheu presidido por José Luis Gioja y Daniel Scioli y en el que participaron otros gobernadores como la catamarqueña Lucía Corpacci y el salteño Juan Manuel Urtubey, además de legisladores, intendentes y sindicalistas.
"A los jóvenes peronistas nos alegra que haya gobernadores que están iniciando su gestión, con problemas comunes, que también tengan la impronta de ir juntando las partes de las causas comunes que tienen que ver con el peronismo y la renovación del peronismo", insistió Bossio. En este marco, sostuvo que, quienes compartieron el encuentro, están de acuerdo en que "la Argentina necesita seguir trabajando para incluir a millones de argentinos, que hay que mejorar la gestión en todos los niveles de gobierno, que es necesaria más infraestructura y más competitividad, que hay que cuidar las economías regionales y que hay que dar una discusión profunda del federalismo".
Cuestionó el perfil del bloque de diputados del Frente para la Victoria del que decidió separarse en febrero pasado junto a otros 16 legisladores. Fue sorpresivo porque durante toda la campaña Bossio se había mostrado como un kirchnerista convencido e, incluso, Scioli ya lo había designado como su eventual ministro de Infraestructura en caso de llegar a la presidencia. "Oponerse por oponerse no es bueno para los argentinos porque puede haber muy buenas propuestas del gobierno, puede haber cosas interesantes para acompañar del gobierno y otras cosas en las que hay que poner límites", postuló ayer Bossio. Supuestamente, él y este grupo de gobernadores coinciden en la necesidad de que el peronismo se aleje del kirchnerismo.
En ese contexto, remarcó que "las cosas que estuvieron bien durante muchos años hay que preservarlas porque son buenas e, incluso, deben ser constituidas como políticas de Estado", y, en cambio, sostuvo que "las cosas que están mal y que no tienen nada que ver con la impronta del peronismo, no sólo hay que repudiarlas sino cambiarlas".
"Necesitamos que la Argentina empiece a superar etapas; hay que mirar para adelante", subrayó Bossio, quien indicó que, en esa perspectiva se ubican claramente "la necesidades de los gobernadores, de los sindicatos y de la Argentina de avanzar". Con esos argumentos, Bossio entendió que, quienes compartieron el encuentro días pasados en su casa, están "trabajando en otra línea absolutamente distinta" a la de otros sectores de la oposición, que identificó como de "respeto institucional, y de madurez republicana y democrática".
LA CÁMARA FEDERAL REVOCÓ EL SOBRESEIMIENTO DEL TITULAR
DEL SISTEMA DE MEDIOS
Lombardi sigue bajo la lupa
Los camaristas consideraron "prematuro" el sobreseimiento a Lombardi en una causa en la que se investiga una posible defraudación durante su gestión en el Ministerio de Cultura porteño. Dijeron que se deben realizar nuevas diligencias.
El titular del Sistema Federal de Medios, Hernán Lombardi, ayer junto a la gobernadora Claudia Ledesma.
La Cámara Federal porteña revocó por "prematuro" el sobreseimiento del titular del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, y ordenó continuar la investigación por supuesta defraudación a raíz de donaciones a la Fundación Pensar, en la que, consideraron, existen "diligencias pendientes de producción" lo que "impide arribar a un pronunciamiento definitivo como el ocurrido". La Sala II del Tribunal de Apelaciones dispuso, además, que Ariel Lijo, el juez del caso y quien en marzo pasado deslindó a Lombardi de las acusaciones por defraudación, defina si la causa debe seguir en el fuero federal o pasar al de la justicia de la ciudad de Buenos Aires.
En consonancia con el dictamen elaborado por el fiscal ante Casación, Ramiro Velazco, los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah devolvieron a primera instancia el expediente que compromete al ex ministro de Cultura porteño y al presidente de la Fundación Pensar, Matteo Goretti en el desvío de fondos públicos. En un fallo que emitieron el 10 de agosto pasado pero conocido ayer, los camaristas entendieron que "el análisis de los elementos recabados a lo largo de la investigación llevan a compartir el criterio sostenido por el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia en cuanto asigna carácter prematuro a la desvinculación dispuesta, pues la existencia de diligencias pendientes de producción impide arribar a un pronunciamiento definitivo como el recurrido, imponiéndose –por ende– la revocación de lo decidido", afirmaron los camaristas.
Además, la Cámara sostuvo que "a la luz de la naturaleza de los hechos investigados", el juez deberá examinar "su competencia para continuar interviniendo en la pesquisa". Lijo sobreseyó a Lombardi y Goretti en marzo pasado, una decisión que fue apelada por la fiscal Paloma Ochoa, quien había impulsado la causa a propósito de una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a fines de 2015. En su apelación, Ochoa consideró que "el examen de las evidencias reunidas en el sumario permiten arribar a una decisión diametralmente opuesta a la impugnada, en tanto la hipótesis de ilicitud que motivó el inicio del sumario se ha visto a su criterio robustecida, siendo necesario profundizar la investigación a efectos de poder contar con un panorama acabado".
La causa se inició por una denuncia de la Procelac cuando Lombardi era ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires y se investigaban donaciones que la Fundación Centro de Estudios de Políticas Públicas Aplicadas (Ceppa), también a cargo de Goretti, habría realizado a la Fundación Pensar con dinero obtenido del Estado porteño para fines culturales. Tras recibir la denuncia de parte de la Procelac, Ochoa imputó a Lombardi y a Goretti y le solicitó al juez que investigue si el titular de las fundaciones había utilizado al Ceppa como una plataforma para desarrollar una ingeniería de lavado de activos previamente sustraídos de manera fraudulenta de las arcas porteñas. Entonces, para la fiscalía, Goretti "valiéndose de la Fundación Ceppa e invocando fraudulentamente el Régimen de Promoción Cultural" establecido por la ley porteña 2264 obtuvo recursos del gobierno de Mauricio Macri estimados en 1.302.153 pesos a partir de actos administrativos dictados por Lombardi que "no se dirigían al destino para el que fueran suministrados, esto es la promoción de actividades culturales", sino que "se desviaban" y servían para financiar la Fundación Pensar.
LA MUCAMA DE LA VICEPRESIDENDA DIJO QUE GUARDABA DINERO
EN SOBRES ENTRE LA ROPA
Michetti, con sobres en el placard
La justificación del dinero que le robaron de su casa a Michetti genera más contradicciones: ella insiste con que fue producto de donaciones a SUMA. La Fundación está floja de papeles y ahora le mudaron el domicilio a su casa.
"Es una infamia", repitió Michetti cuando le preguntaron sobre el dinero en el placard.
Los dimes y diretes de la vicepresidenta Gabriela Michetti en torno a los 245 mil pesos y 50 mil dólares que le robaron de su casa el pasado 22 de noviembre tienen cada día un nuevo ingrediente. Ayer, mientras salía de su casa en Pasco 600, Michetti se molestó con los cronistas porque le preguntaron sobre los dichos de su empleada doméstica acerca de que guardaba dinero envuelto en pañuelos o en sobres en distintos lugares del placard.
– "Eso es mentira, Norma nunca declaró eso. Es una infamia," – aseguró antes de cerrar la puerta del auto oficial y dar por terminado el diálogo - porque "todo está en manos de la justicia".
Norma, su empleada desde hace veintidos años, declaró ante la policía el 24 de noviembre de 2015 que "En muchas oportunidades (Michetti) le ha dado distintas sumas de dinero que colocaba dentro de un placard envueltos en pañuelos, pero no sabía la cantidad exacta en virtud de dárselos en sobres cerrados". El acta refrendada por el subinspector Hugo Alberto Luna de la División Delitos y Crimen Organizado de la Policía Metropolitana registra la declaración testimonial de Norma, quien dijo cobrar "1000 pesos por semana por ocho horas de trabajo diario".
El juez Ariel Lijo habilitó las medidas de prueba requeridas por el fiscal Guillermo Marijuán: las delcaraciones juradas de la vicepresidenta de 2014 y 2015, la inscripción de la Fundación SUMA ante la Inspección General de Justicia y los donantes de la Fundación. La vicepresidenta tendrá que demostrar ante la justicia más rigurosidad que en sus declaraciones públicas si pretende que se le crea.
Si bien el robo fue denunciado en la policía, la vicepresidenta recién lo asumió después de que trascendiera en la prensa. Conocida la noticia, el abogado Leonardo Martínez Herrero presentó una denuncia por "averiguación de ilícito" porque "hay que investigar si se trata de una omisión maliciosa, una defraudacion o lavado de dinero", explicó. Los diputados del Frente para la Victoria, Juan Cabandié y Rodolfo Taihade realizaron otra denuncia en la que piden que se investigue el entramado de fundaciones de Cambiemos donde figuran el ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el intendente de Lanús Néstor Grindetti, entre otros.
Michetti dijo que los 200 mil pesos eran producto de donaciones para organizar un evento de la Fundación, que se había juntado de "a puchitos". Martínez Herrero señaló que las disposiciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) establecen que a partir de los 50 mil pesos se debe justificar el origen de los fondos y la Afip obliga a la bancarización. De los 50 mil dólares, la vice dijo que se los prestó su novio Juan Tonelli, sin embargo el caballero no lo declaró en la causa por el robo. Michetti está tratando de poner en orden los papeles de SUMA y ayer se supo que cambiaron la dirección de la fundación ante la IGJ al mismo domicilio de la vicepresidenta.
ASAMBLEAS DE TODO EL PAÍS RECHAZARON DURAMENTE EL
IMPULSO OFICIAL A LA ACTIVIDAD MINERA
"Favorecen el modelo extractivista"
Luego de que el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, recorriera pueblos conocidos por su lucha socioambiental, los asambleístas denunciaron que el gobierno opera para extender "los territorios devastados por la megaminería".
Por Darío Aranda
"La minería es una actividad productiva que el gobierno nacional apoya y desarrolla. Las posiciones extremas terminan politizando y desprestigiando actividades productivas que, cuando se hacen seriamente, traen bienestar para la comunidad". Las frases, en línea con el discurso de las empresas, fueron dichas por el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, en su paso por Chubut. Desde su asunción, Bergman visitó bastiones socioambientales como Esquel, Andalgalá, Jáchal y La Rioja, con propuestas de "diálogo" para avanzar con el extractivismo. A ocho meses de su asunción, las asambleas las cuestionaron duramente. También definieron al ministro. "Es un lobbista de las mineras", afirmó Rosario Carranza, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá.
A fines de julio, Bergman visitó Trelew y Rawson. Explicó que el Gobierno promueve "debates serios" sobre minería y señaló que el problema es la "falta de controles". Señaló que era "inconsistente" oponerse a la minería en una provincia con historia petrolera.
Empresas y funcionarios impulsan en Chubut el proyecto de plomo y plata Navidad, en manos de la empresas Pan American Silver. Ubicado entre Gan Gan y Gastre, el emprendimiento ya fue rechazado por una decena de comunidades indígenas y asambleas de toda la provincia. El 4 de agosto hubo movilizaciones en distintas ciudades de Chubut en rechazo a los nuevos intentos de las mineras y gobiernos.
En Esquel, lugar emblemático donde en 2003 el 80 por ciento de la población votó en contra de la actividad, hubo manifestaciones a pesar de la lluvia y las temperaturas bajo cero. "Nos encontramos una vez más en esta plaza para manifestar el repudio a la megaminería contaminante y saqueadora. Exigimos el tratamiento del proyecto de ley de Iniciativa Popular (presentado por los vecinos) para frenar las mineras para siempre", destacó el documento de la Asamblea de Vecinos de Esquel.
Por su parte, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (Ampap) repudiaron "la continuidad del modelo extractivista" y denunciaron los intentos de profundización del "saqueo de la megaminería", que comenzó con la quita de las retenciones en diciembre pasado. "Pero más nos preocupa y alerta que los ministerios a cargo de Juan José Aranguren (Energía) y Sergio Bergman (Ambiente) estén operando conjuntamente para seguir extendiendo los territorios devastados por la megaminería", alertó Marcelo Giraud, de Ampap.
Giraud afirmó que Bergman busca "quebrar la oposición de las asambleas, comunidades y pueblos de las provincias cordilleranas". Una vía en ese sentido es el intento de los gobiernos, junto a las empresas de mineras, de derogar las leyes que frenan la actividad, como la 7722 (en Mendoza) y 9526 (en Córdoba).
El Gobierno pretende avanzar con los proyectos mineros Potasio Río Colorado (de la denunciada multinacional Vale) y San Jorge. Las asambleas mendocinas cuestionaron el accionar del subsecretario de Energía y Minería provincial, Emilio Guiñazú, impulsor de "mesas de diálogo para la minería sustentable".
Andalgalá conoce de megaminería desde hace veinte años. Allí funciona Bajo la Alumbrera e impulsan el nuevo proyecto Agua Rica, rechazado por amplios sectores de la población. El ministro Bergman visitó la ciudad en mayo pasado. Y repitió lo que había hecho en Jáchal y Chubut: propuso diálogo y "minería con controles", y pidió "respetar la ley" para avanzar con la actividad. Rosario Carranza, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, dijo por eso que el ministro "es un lobbista de la mineras". "Su visita fue una falta de respeto. Repite todos los mismos argumentos de las empresas y cuestiona nuestros conocimientos, experiencias y propuestas", detalló.
El respeto a la ley es el argumento recurrente de Bergman. En Andalgalá le plantearon que existen leyes claves: Ley de Glaciares (no se pueden realizar actividades que pongan el riesgo esas fuentes de agua) y el principio precautorio de la Ley General del Ambiente (ante riesgo de contaminación y afectación a la salud, se deben tomar medidas preventivas y detener las actividades de riesgo).
"Quedó claro que no vino a escucharnos, vino a buscar consenso para la minería", afirmó Carranza y recordó que Andalgalá – donde todos los sábados marchan en la plaza de la ciudad, hubo cortes de caminos y hasta puebladas de rechazo – ya se expresó contra la actividad extractiva.
La Asamblea de Ciudadanos por la Vida de Chilecito (La Rioja) también se expidió la semana pasada. "El gobierno de Mauricio Macri y del gobernador Sergio Casas no solo son continuidad de los anteriores, sino que profundizan el modelo extractivista que consiste en entregar los recursos naturales del país a las empresas transnacionales, sin importarles los costos económicos y ambientales que deberán pagar los pueblos y las generaciones futuras", declaró. Los integrantes de la Asamblea también señalaron: "La visita del mediático Sergio Bergman, principal lobbista de las mineras, es una muestra de la decisión del gobierno nacional de que nuestra provincia se transforme en minera cueste lo que cueste".
En julio pasado, la Asamblea Jáchal No se Toca viajó a Buenos Aires para exigir el cierre y la remediación de la mina Veladero (que derramó en septiembre más de un millón de litros de solución con cianuro a ríos de San Juan). También reclamaron la aplicación de la Ley de Glaciares y cuestionaron al Ianiglia (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), que – según la misma ley – debiera haber finalizado el inventario de glaciares de todo el país.
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