martes 30 de agosto de 2016
DEBATE SOBRE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL
PASADO Y EL PRESENTE
Las nuevas formas de esclavitud
Los jueces Sebastián Casanello y Daniel Rafecas, el titular de la Protex, Marcelo Colombo, y el obispo Marcelo Sánchez Sorondo, cercano al Papa, coincidieron en la necesidad de enfrentar con políticas públicas delitos como la explotación sexual y laboral.
“La esclavitud es un crimen de lesa humanidad en cualquiera de sus formas”,
dijo Sánchez Sorondo.
Por Ailín Bullentini
El avance en el juzgamiento y el castigo a los responsables de los delitos de la última dictadura como “ejemplo mundial” y la necesidad de “políticas públicas” que permitan replicar la experiencia en relación con los delitos que reflejan “nuevas formas de esclavitud” –como la trata de personas para explotación sexual y laboral, así como los casos de torturas que suceden en democracia– fueron los dos ejes sobre los que coincidieron los jueces federales Sebastián Casanello y Daniel Rafecas; el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo; y el canciller de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano, Marcelo Sánchez Sorondo. Todos ellos debatieron sobre “Lesa humanidad, derechos humanos de ayer y hoy”, en la Legislatura porteña.
“El consenso social y político sobre la necesidad de juzgar los delitos de lesa humanidad de la última dictadura está más que claro, pero no sucede lo mismo respecto de las nuevas formas de esclavitud”, introdujo ayer por la tarde el legislador porteño Gustavo Vera (Bien Común), organizador de la charla. “Porque la desaparición de una persona para cosificarla con fines de explotación sexual o laboral, y eventualmente matarla, o para el tráfico de órganos, también constituyen delitos de lesa humanidad, eso es lo que el Papa Francisco está impulsando y llamó a los jueces a que traten de aplicarlo”, continuó, luego de agradecer la participación de los disertantes y destacar la presencia de intendentes, diputados, como Gustavo Arrieta y Eduardo Valdez, senadores, como Fernando Solanas, así como sus pares Paula Penaca, Carlos Tomada y Gabriel Fucks, entre muchos otros.
El nombre de Francisco estuvo presente en varias de las exposiciones. Durante la suya, Sánchez Sorondo recordó un discurso en el que el Papa había advertido que “la esclavitud es un crimen de lesa humanidad en cualquiera de sus formas” y que “la Iglesia tenía que hacer política”. “Hacer política es ir en contra de la esclavitud, que todos los hombres puedan vivir con dignidad, esto es ir en busca del bien común”, concluyó el sacerdote. Luego, criticó que la esclavitud “no está calificada de manera internacional como delito de lesa humanidad con la suficiente fuerza” e insistió en que “si bien se ha caminado mucho, hay que actuar en este sentido”.
Colombo trazó un puente entre los efectos que persisten en la vida de una persona que fue víctima de crímenes de la última dictadura y de aquella que lo fue de una red de trata: “Estrés postraumático, procesos de disociación, estigmatización”, enumeró. “Pero hay algo que las víctimas de redes de trata no lograron, que sí lo hicieron muchas que sufrieron el genocidio: una verdadera reparación, y ahí hay que trabajar”. Para lograrlo, sostuvo, “hace falta decisión política firme, porque cuando en la investigación de estas nuevas formas de esclavitud uno va escalando en la pirámide de responsabilidades, termina encontrando a los grandes ganadores del capitalismo, los mismos personajes que aquellos que litigan por delitos de la última dictadura enfocan en su intento por juzgar a los responsables civiles”.
Rafecas remarcó que el “avance que Argentina hizo en el juzgamiento y castigo a los culpables de los crímenes de la última dictadura” es “ejemplo mundial por la profundidad de ese proceso, por su seriedad y su escala”, aunque advirtió que “aún existe una masiva supervivencia de la cultura autoritaria en el país y de prácticas de tortura en cárceles y comisarías”, en las que ve “la larga mano de la dictadura”. Para el juez, “tenemos que trabajar desde todos los ámbitos para hacer retroceder esta cultura y reconocer en estas víctimas a iguales, pero para eso necesitamos políticas públicas”, insistió.
Su colega Sebastián Casanello coincidió en que el proceso judicial en torno al genocidio de la última dictadura “fue producto de fuertes políticas de Estado”, pero que no se consigue lo mismo cuando se trata de casos de tortura, y mencionó a la única condena alcanzada por ese delito, la de los responsables de torturar a Brian Núñez. “Hay un grave problema cuando el Estado tiene que juzgarse a sí mismo.” Casanello consideró necesario evitar que “la política se convierta en algo canceroso” así como también “la llegada de la globalización de la indiferencia”, en una cita reforzada a Francisco. “Los delitos de lesa humanidad pueden convertirse en algo sistemático cuando la indiferencia se convierte en una política de Estado”. Por último, llamó a la reflexión “a toda la sociedad en la necesidad de generar auténticas políticas de Estado para lograr que la política, como práctica, sea algo virtuoso”.
REPUDIOS DEL PUEBLO MAPUCHE A UN EDITORIAL DE LA NACIÓN
PRO CAMPAÑA DEL DESIERTO
Una defensa del aniquilamiento
Un editorial del diario La Nación salió en defensa de la Campaña del Desierto. Y sostuvo que “ningún pueblo es originario”. Fuertes repudios del pueblo mapuche, organismos de DD.HH., y trabajadores del propio diario de los Mitre.
“Es el mismo medio que intenta disimular el genocidio de Videla”, dijo la
Confederación Mapuche de Neuquén.
Por Darío Aranda
Primero fue un editorial que llamaba “guerra sucia” a la dictadura y pedía “terminar con las mentiras sobre los años 70”. En la misma línea, el diario La Nación apunta a los pueblos originarios, reivindica la figura de Julio A. Roca, celebra la avanzada militar sobre las comunidades indígenas y hasta relativiza a las culturas ancestrales y sus derechos. Originó repudios del pueblo mapuche, académicos y de la Asociación de Abogados de Derechos Indígena (AADI). “Nuevamente La Nación carga contra los pueblos originarios. Manipula la realidad y miente”, afirmó la Confederación Mapuche de Neuquén.
“No más venganza”, fue el título del editorial del diario La Nación en noviembre pasado. Recurrió al concepto de “guerra” (y no de terrorismo de Estado) y calificó a la cárcel común para los genocidas como “vergonzoso padecimiento de condenados”. Provocó repudios de todos los organismos de derechos humanos, múltiples sectores políticos y de los propios trabajadores del diario.
El domingo 21 de agosto fue en el mismo sentido. “En aquella mañana fría del 25 de mayo de 1879, cuando se celebraba la misa de campaña en Choele Choel, frente al río Negro, el joven general Julio A. Roca no hubiese podido imaginar que ese emocionante tedeum, muchos años después, iba a ser interpretado como la culminación de una campaña genocida para exterminar a los pueblos originarios de la Patagonia”, comienza el editorial titulado “la utilización populista de los pueblos originarios”.
Define a la Campaña del Desierto como “un conflicto de culturas” y la defiende: “Es perverso intentar una condena moral”. También señala que “ningún pueblo es realmente originario”. Afirma que El Calafate, YPF, Vaca Muerta y las Malvinas “son todos íconos de la argentinidad gracias al general Roca”. Y reivindica a los ejecutores de la campaña militar: “Quienes expandieron la cultura occidental por el territorio de la patria sembraron las semillas de un valor esencial que no existía en América y que difícilmente hubiera florecido si aquella misa matutina: el respeto por la dignidad individual, plasmado en la concepción moderna de los derechos humanos”.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, respondió: “No resulta llamativo que el diario de los Mitre reivindique a Roca. Es el mismo medio que intenta disimular el genocidio de Videla y de la misma manera intenta ocultar ese primer terrorismo de estado, donde Roca instituyó campos de concentración, mató poblaciones enteras, saqueó, realizó traslados forzados de población, entre ella numerosos niños. Es un posicionamiento político sin ningún fundamento histórico”.
El vocero indígena recordó que el pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los estados de Chile y Argentina, y siempre habitaron de ambos lados de la Cordillera, con centenares de trabajos académicos que derriban la falacia de que “los mapuches son chilenos”. Nahuel atribuyó “la profusa ignorancia” del editorial a un hecho no casual: “Intenta ocultar la movilización de un pueblo-nación mapuche, cultura milenaria que ya no está pasiva, sino que exige el cumplimiento de sus derechos”. Diana Lenton es doctora en antropología, docente de la misma carrera en la UBA y coordinadora de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena. Definió el accionar del diario La Nación con una palabra: “Negacionismo”. Y lo vinculó al editorial sobre la dictadura cívico-militar de noviembre y también a lo actuado por Darío Lopérfido al negar los 30.000 desaparecidos.
“Son acciones deliberadas que buscan retrotraer lo avanzado. Existe un consenso social de que fueron 30.000 los desaparecidos, pero igual lo niegan. Existe un consenso de que los pueblos indígenas sufrieron un genocidio, pero también lo niegan”, cuestionó Lenton, y atribuyó un objetivo a ese negacionismo: “Buscan restaurar privilegios de una clase social, de ahí la nostalgia por la generación del ‘80, donde la exhiben como la época de oro del país cuando en realidad lo fue solo de una clase social determinada”.
Lenton afirmó que el negacionismo del genocidio indígena tiene profundas vinculaciones políticas y económicas actuales: “Los pueblos indígenas lideran resistencias a proyectos extractivos, donde están presenten grandes empresas mineras, petroleras, agropecuarias e inmobiliarias, y donde medios como La Nación son parte de ese entramado. Desconocer el genocidio pasado es también negar derechos del presente”.
Recordó que la academia ya se expidió sobre el mito de que los mapuches son de Chile. “Es una falacia construida por intereses políticos y económicos de ocupación territorial. Quien mantiene ese postulado desconoce de historia”, afirmó la investigadora del Conicet y recordó que el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (donde se dictan las carrera de historia y antropología) se expidió en 2009 sobre la preexistencia mapuche en ambos lados de la Cordillera.
Lenton llamó la atención sobre la falta de reacción de organismos de derechos humanos, sectores políticos e intelectuales frente a este editorial (en comparación a la que sí hubo ante la referida a la dictadura cívico-militar). “Nos llama a la reflexión la falta de indignación y de acción ante el negacionismo del genocidio indígena, pareciera que cuesta mirar más allá de la propia clase social”, señaló Lenton.
Teorías de superioridad racial
La Asociación de Abogados/as de Derechos Indígenas (AADI) repudió el editorial del diario La Nación y la calificó como “histórica, política y jurídicamente errónea y contradictoria con lo contemplado en la Constitución Nacional”. Recordó que “los hombres que gobernaron (durante la Campaña del Desierto) no dudaron en atacar militarmente a los pueblos originarios, basándose en teorías de superioridad racial, moral o religiosa que sabemos eran científicamente falsas y éticamente condenables”. Precisó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que las acciones “para reclamar su investigación y reparación integral son imprescriptibles” y afirmaron que la avanzada militar es “encuadrable en los supuestos de genocidio o crímenes contra la humanidad”. “Resulte jurídicamente falsa la afirmación de que ‘ningún pueblo es realmente originario’”, cuestionaron los abogados y resaltaron que la propia Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17) reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas.
La Asociación de Abogados/as de Derechos Indígenas (AADI) repudió el editorial del diario La Nación y la calificó como “histórica, política y jurídicamente errónea y contradictoria con lo contemplado en la Constitución Nacional”. Recordó que “los hombres que gobernaron (durante la Campaña del Desierto) no dudaron en atacar militarmente a los pueblos originarios, basándose en teorías de superioridad racial, moral o religiosa que sabemos eran científicamente falsas y éticamente condenables”. Precisó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que las acciones “para reclamar su investigación y reparación integral son imprescriptibles” y afirmaron que la avanzada militar es “encuadrable en los supuestos de genocidio o crímenes contra la humanidad”. “Resulte jurídicamente falsa la afirmación de que ‘ningún pueblo es realmente originario’”, cuestionaron los abogados y resaltaron que la propia Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17) reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas.
MAS DE 260 JUECES PENALES PIDIERON CAMBIAR LA POLÍTICA DE
DROGAS
Cuando la Justicia penal mira hacia losderechos humanos
El documento, impulsado por APP y firmado por 265 jueces, fiscales y defensores, propone abandonar la guerra contra las drogas y explica los resultados nefastos que tuvo en todo el mundo. Propone nuevos paradigmas donde el eje sea la salud.
El Congreso tiene una deuda con la sociedad, transformar en ley el fallo que
despenaliza el consumo.
Por Carlos Rodríguez
"Hemos trabajado mucho para lograr el apoyo de casi 300 jueces, fiscales y defensores a este proyecto y lo que ahora esperamos es lograr un consenso, a nivel Legislativo, para poder impulsar una norma legal que le ponga fin a la ‘guerra’ contra las drogas”. En diálogo con Página/12, Mariano Fusero, de la Asociación Pensamiento Penal (APP), expresó su satisfacción por el logro alcanzado a nivel del Poder Judicial y ahora esperan “que se vuelva a retomar el camino que se había iniciado con el proyecto de reforma del Código Penal, inspirado por Raúl Zafaroni, para terminar con la penalización del consumo y empezar a transitar otros avances, como la reparación de daños”. Fusero recordó que en la frustrada reforma “se había logrado un amplio consenso de legisladores, incluso el aval de Federico Pinedo” del PRO.
Fusero insistió en que “para poder concretar un avance a fondo en materia de despenalización de drogas y para instalar una lógica distinta frente al problema, es necesario lograr un amplio consenso en el Poder Legislativo”. La propuesta de la APP fue expuesta y avalada ayer, en el Congreso de la Nación, durante un encuentro en el que aportaron sus ideas algunos de los magistrados firmantes de la iniciativa.
La presentación de los paneles, en el salón Azul del primer piso de la Cámara de Senadores, estuvo a cargo de Mario Juliano, director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal (APP), y de Mariano Fusero, responsable del área de Política de Drogas de la APP. Ambos resaltaron que, hasta ayer, la propuesta de la entidad para la despenalización efectiva del consumo y para descriminalizar el tema tratando de ponerle fin a la llamada “Guerra contra las Drogas” – incentivada por el gobierno de Mauricio Macri – contaba hasta ayer con un total de 265 firmas de jueces, fiscales y defensores del Poder Judicial, lo que indica que en las últimas 24 horas hubo nuevas adhesiones a la iniciativa, que también ha recibido el respaldo de más de miles de personas apenas se lanzó la campaña.
Los organizadores del encuentro, además de ratificar la “inconstitucionalidad” de las normas que se aplican contra los usuarios, resaltaron que lo que se busca con la despenalización “no es más que la lucha por las libertades individuales, con el objetivo de afianzar la democracia”.
Tanto Juliano como Fusero aclararon que no sólo buscan que cese “la persecución a los adictos” sino que también se tomen otras medidas en la misma dirección, como la reducción de daños, una ley que ya tiene un antecedente, pero no se ha podido aplicar porque “nunca fue reglamentada”. En la apertura, como símbolo trágico de la política represiva, se recordó el caso del joven entrerriano Miguel Ángel Durrels, de 29 años, detenido en septiembre de 2013 por tener 70 gramos de marihuana y que apareció ahorcado en un calabozo de la comisaría primera de Pilar; murió en una celda que había sido clausurada por decisión del Ministerio de Justicia bonaerense.
El juez Martín Vázquez Acuña, del Tribunal Oral 1 de la Capital Federal, fue el encargado de abrir el primero de los dos paneles realizados para fundamentar la propuesta de la APP. Para dejar en claro el peso que tiene la persecución penal de adictos y pequeños distribuidores de droga en el país, señaló que “sobre un total de 10.315 presos en las cárceles federales, el 30,98 por ciento son personas detenidas por la Ley de Drogas”. Del total de encarcelados por drogas, 2.794 son hombres y 402 mujeres.
Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, sobre 37.097 detenidos, el porcentaje de presos por infracción a la Ley de Drogas llega al 8 por ciento, lo que significa un total de 3.194 personas. Vázquez Acuña dijo que se ha llegado a ese punto “en el marco de una política que se basa en la Seguridad Pública” y que coloca a los usuarios de drogas en la mira, por el viejo concepto – nunca probado científicamente – de que el consumo lleva indefectiblemente al delito.
Para poner en evidencia el incremento de la actividad punitiva en general, desde la asunción del gobierno de Mauricio Macri, el juez Vázquez Acuña resaltó que en el último fin de semana, un total de 40 personas fueron llevadas a la Unidad 28 del Poder Judicial, en Lavalle al 1300, que “no está preparada” para recibir un número semejante de personas llevadas allí “por problemas menores”.
El segundo expositor fue Luis Fernando Niño, juez de la Cámara Nacional de Casación de la Capital Federal. En su exposición hizo un paralelo entre la política represiva de los Estados Unidos y la idea opuesta que se aplica en países como Holanda. Uno de los contrastes más evidentes es que “mientras que la política de salud pública que se realiza en Holanda hizo que el consumo se redujera a un 0,2 por ciento de la población, en Estados Unidos, con la DEA como eje central, el consumo llega al diez por ciento de la población”.
Agregó que en el país europeo “en 2001 había cien mil adictos a la heroína y en 2015 esa cifra se redujo a 30 mil; y estamos hablando de heroína, no de drogas menores”. La cara opuesta, en América Latina, es lo que ocurre en Brasil, donde la guerra contra las drogas, hizo recrudecer la violencia y la proliferación de la droga en los barrios pobres, arrasados por la policía militarizada.
Por su parte, la jueza de la Cámara Federal de Casación Angela Ledesma se lamentó por el hecho de que “hicimos muy poco, desde el Poder Judicial y desde el Poder Legislativo, para profundizar el camino que abrió, hace 30 años, el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso Bazterrica”, un hito desde la doctrina en lo que respecta a la despenalización del consumo de drogas en la Argentina.
Ledesma centró su intervención en la disparidad con la que se aplica el peso de la ley. En ese sentido, puntualizó que “La Ley de Drogas marca más claramente que ninguna otra que los perseguidos son los pobres, los consumidores, y los que venden para sobrevivir, dado que a los tribunales nunca llegan los grandes narcotraficantes en los que se basan las campañas que pretenden justificar la ‘guerra’ contra las drogas”. La jueza aprovechó la oportunidad de hablar en la Sala Azul del Congreso Nacional “para que los legisladores tomen nota de lo que estamos exponiendo y modifiquen las leyes que criminalizan a los más pobres, a los marginados”.
El segundo panel tuvo la participación del defensor oficial Gabriel Ignacio Anitua, del juez en lo Contencioso Administrativo Guillermo Scheibler, el fiscal de la Procuración General Félix Crous, y la Defensora Pública Interamericana, Silvia Martínez. El encuentro fue presenciado por representantes de organizaciones que vienen luchando desde hace años por la legalización del cannabis y por el cese de la persecución a consumidores y a los que cultivan para consumo personal.
Juliano y Fusero, de APP, abren la presentación de la “Declaración de magistrados
argentinos por una política de drogas respetuosa de los DD.HH.”.
Por Irina Hauser
Después que en 2009 la Corte Suprema resolvió desincriminar la tenencia de droga para consumo personal en el fallo conocido como “Arriola” una veintena de proyectos de ley fueron presentados para modificar la Ley de Estupefacientes pero no fueron debatidos. Las propuestas fueron presentadas por la mayoría de las fuerzas políticas e incluyen el anteproyecto de reforma penal elaborado por una comisión que presidió Raúl Zaffaroni. Ssegún el abogado Mariano Fusero, entre la mayoría hay numerosas coincidencias. Fusero, que se ocupa de Política de Drogas en APP, hizo un estudio comparativo de 15 proyectos presentados hasta el año pasado que abarcan la tenencia para consumo y el autocultivo, y concluyó que:
- Trece proyectos despenalizan la figura de siembra o cultivo para consumo personal (artículo 5 inciso “a” y anteúltimo párrafo de la ley). Son el 86,66 por ciento de los proyectos presentados.
- Catorce proyectos despenalizan la figura de tenencia para consumo personal (artículo 14 segundo párrafo), lo que representa el 93.33 por ciento de los proyectos.
“Podemos afirmar que en nuestro país existe cierta transversalidad y consenso político-legislativo respecto al cambio de paradigma que se pretende abordar, referido al tratamiento que se les brinda a los/as consumidores/as de sustancias prohibidas mediante la punición de ciertos delitos de consumo. Más allá de la técnica legislativa implementada en cada uno de los proyectos, lo cual siempre puede ser objeto de crítica y mejoramiento, lo sustancial es que apareció la voluntad política de modificación legislativa de estas conductas”, dijo Fusero. ¿Por qué ninguna propuesta avanzó? “Porque es necesario cierto coraje político para deconstruir el arraigo de prejuicios y preconceptos El tema drogas – dijo el especialista – siempre ha sido un tabú social y político. En especial en los mismos sectores que se opusieron al matrimonio igualitario, el divorcio o la fertilización asistida. El discurso de la ‘guerra contra las drogas’ siempre es últil para gobiernos débiles”.
Las razones por las que algunos de los funcionarios judiciales firman la “Declaración de magistrados argentinos por una política de drogas respetuosa de los derechos humanos”.
Alicia Ruiz, jueza del Superior Tribunal porteño. “No hay solución posible sin respeto irrestricto del sistema de garantías y de derechos humanos. El Poder Judicial es parte necesaria de una política estatal en la materia. Su compromiso con el estado de derecho le exige no tolerar actitudes que criminalicen la vida privada de las personas y en especial de quienes están más expuestos por su situación de vulnerabilidad.”
Félix Crous, fiscal de la Procuración General. “Acompaño la declaración de APP porque comparto todo su contenido. El fallo Bazterrica, del que se cumplen 30 años, nos recuerda la tensión permanente entre el abordaje de la relación de las personas con las sustancias desde una perspectiva democrática y de derechos humanos, frente al enfoque beligerante que lo trata como desde la defensa nacional y social, partiendo de presupuestos deliberadamente falseados, olvidando a la persona, afectando sus derechos y utilizándola como instrumento de objetivos geoestratégicos. Nuestro presente nacional exhibe esa tensión de un modo evidente.”
María Laura Garrigós de Rébori, camarista de Casación porteña.
“La criminalización de las adicciones no sólo dificulta el abordaje adecuado para un problema tan grave, sino que favorece el desarrollo de un mercado ilegal que, dada la generalidad que abarca, afecta a todo el grupo social sin distinciones. Pretender que el sistema penal es la vía adecuada para tratar un problema de estas características, no es la postura apropiada porque esta perspectiva es insuficiente para ocuparse de todas las aristas que ofrece el problema. Es que la persecución penal y la aplicación de la pena cuando esto ocurre, estigmatizan al adicto, poniéndolo en una situación que dificulta cualquier intento de liberarse de su afección y esto favorece que repita la conducta que lo involucra en causas penales. Al relegar el tratamiento de la cuestión al sistema penal, le damos la espalda al problema, nos desvinculamos, haciéndonos la ilusión que no nos compete ni atañe directamente. A mi modo de ver esta es la mejor forma de lograr que un problema se perpetúe: no reconocerlo como un asunto de todos.”
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