lunes, 29 de agosto de 2016

GRAN CUÑADO


lunes 29 de agosto de 2016




LA JUSTICIA INVESTIGA UNA DONACIÓN DEL

EMPRESARIO DANIEL AWADA A LA CAMPAÑA DE      

SU CUÑADO, MAURICIO MACRI


Aporte sospechoso para ayudar al Presidente



El fiscal federal electoral Jorge Di Lello abrió una investigación para averiguar si esa y otras donaciones a distintos partidos se utilizaron para encubrir otras no declaradas o en negro en violación de la ley electoral.
          Daniel Awada junto a su hermana Juliana Awada, esposa del presidente            Mauricio Macri.


Por        Santiago O'Donnell



A raíz de un informe de la fiscalía nacional especializada en lavado de dinero que identificó como sospechoso a un aporte de campaña del cuñado del presidente Mauricio Macri, el fiscal federal electoral Jorge Di Lello abrió una investigación preliminar para averiguar si esa y otras donaciones a distintos partidos se utilizaron para encubrir otras donaciones no declaradas o en negro en violación de la ley electoral. Según la Procelac, dichas donaciones también podrían haber ocultado maniobras ilegales como la evasión impositiva y el lavado de dinero.

El informe de 28 páginas de la Procuraduría de Criminalidad y Lavado de Activos (Procelac), al que tuvo acceso este diario, fue entregado hace dos semanas a la fiscalía electoral. En el texto, el cuñado del presidente, el empresario textil Daniel Awada, aparece como uno de los seis donantes sospechosos identificados con nombre y apellido.

Después de detallar la situación impositiva de Awada y su participación en distintas empresas, incluyendo su condición de "empleador" en Cheek SA, dueña de la marca de ropa infantil Cheeky, el informe dice lo siguiente: "En los últimos meses habría percibido acreditaciones bancarias que ascendieron a 1.063.200 pesos."

Por su parte Daniel Awada confirmó que había aportado 2,6 millones de pesos a la campaña Macri-Michetti para el ballotage de las elecciones del 2015, y hasta había exhibido un recibo del partido Cambiemos por ese monto a un periodista de Cronista.com, según consta en una breve crónica en ese sitio de noticias el 3 de mayo de este año.

Fuentes judiciales señalan que precisamente lo que llamó la atención de los investigadores es la magnitud del aporte, el más importante de toda la campaña macrista, en relación a la situación financiera del donante, ya que el monto entre duplica y triplica sus acreditaciones bancarias durante todo un año.

Según una investigación del sitio especializado en análisis de datos y discurso Chequeado.com del 10 de abril de este año, con "los 2,6 millones de pesos que declaró para la campaña previa al ballotage," Daniel Awada es "el individuo privado que más dinero ha declarado haber aportado a la campaña de Mauricio Macri Presidente". Esa investigación había detectado que la última campaña Cambiemos habría recibido más de tres millones de pesos en donaciones de gerentes y empleados de empresas contratistas con el gobierno de la ciudad, lo cual, según un fallo de la Cámara Nacional Electoral, equivaldría a un aporte empresarial encubierto, que está prohibido por la ley electoral.

Para la Procelac, la donación de Awada y otras similares deben ser investigadas para "desalentar a aquellos que eventualmente podrían estar facilitando su nombre para que figure un aporte de orígenes no permitidos por la ley de financiamiento a los partidos políticos o incluso hechos ilícitos," según dice el informe.

Consultado por este diario Awada facilitó copias del comprobante de la transferencia y el recibo de Cambiemos y señaló por escrito lo siguiente: "Mi donación de 2.600.000 pesos, en el marco de la campaña presidencial, fue realizada a través de un banco y cuenta con toda la documentación respaldatoria necesaria, además de estar por debajo del monto máximo estipulado para el aporte de personas físicas".

Por su parte el vocero de Macri, Iván Pavlovsky, derivó la consulta de este cronista a un amigo personal y estrecho colaborador del presidente con un importante cargo en el partido PRO y un rol clave en la fiscalización de la última campaña. "Awada dirige una empresa con más de 700 empleados, le sobra para hacer la donación que hizo. Yo hubiera querido que aporte más", dijo la fuente, que pidió no ser nombrada. El asesor presidencial agregó que no le sorprende que el cuñado de Macri haya aportado más que los principales empresarios de la Argentina y aún más que el propio presidente, quien aportó dos millones de pesos y aparece en segundo lugar en la lista de donantes de Cambiemos. "Es normal que te apoye tu familia. Por ejemplo, cuando abrí mi estudio de abogacía mi familia me apoyó. Esta denuncia se va a terminar cuando consulten a Awada y él explique que se trata de fondos propios", señaló.

La investigación de la Procelac, la fiscalía especial a cargo de Gabriel Perez Barberá y María Laura Roteta, contó con la colaboración de la UIF, la unidad fiscalizadora de delitos financieros que depende del Ministerio de Justicia. Surge de un convenio firmado por el organismo con la Cámara Nacional Electoral en marzo del año pasado, después de que una auditoría del tribunal encontrara irregularidades en los informes que presentaron las alianzas electorales.

Además del aporte de Awada, el informe señaló como aportes sospechosos a la campaña de Cambiemos los realizados por la poderosa empresaria industrial Ivana Karina Román, hija del llamado "zar de las grúas", y por su pareja Ricardo Jose Mihura Estrada. Con 1.500.000 y 1.481.215, respectivamente, son los principales donantes a la campaña de Macri detrás del cuñado presidencial y del presidente. Mihura Estrada fue candidato en 2012 para representar a los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación por el Bloque Constitucional, secundado por Victoria Villarruel, presidenta de la ONG Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que fue recibida por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a pocos días de la asunción de Macri.

El capítulo del informe de la Procelac dedicado al Frente para la Victoria (FpV) incluye como sospechosos a los aportes de campaña de tres empresarios vinculados al dueño de medios, casinos y constructoras, Cristóbal López, que en total donaron 340.000 pesos. Se trata de Ricardo Benedicto, socio de López en Casino Club, que aportó $ 120.000; Héctor José Cruz, socio de López en Estados Unidos, que donó $ 120.000, y Carlos Fabián de Souza, socio de López en el canal de televisión C5N, que puso otros $ 100.000.

Con respecto a Compromiso Federal, del candidato presidencial era Adolfo Rodríguez Saá, la Procelac detectó que doce de los quince donantes privados más generosos de toda la elección hicieron aportes a esa campaña por un total de más de 4,3 millones de pesos.

En su informe, la Procelac le pide al fiscal Di Lello "profundizar la investigación del perfil patrimonial de los aportantes y los informes finales de campaña de los partidos políticos mencionados". También solicita que la secretaría electoral remita los balances anuales de 2014 y 2015 "de los partidos de orden nacional que comprenden las alianzas mencionadas" o sea Cambiemos, FPV y Compromiso Federal, para analizar y cotejar los perfiles de los aportantes. Además, la Procelac pidió cruzar los datos de los donantes con la base de datos de la ANSES. Con un número sospechoso de donantes jóvenes aportando a la campaña de Cambiemos justo por debajo del límite establecido, se busca averiguar cuántos son empleados públicos en distritos macristas, ya que sus nombres podrían serían usados para encubrir aportes en negro, explicó una fuente.

En el caso específico de Awada, la Procelac informó que el empresario registra el Reporte de Operación Sospechosa o ROS número 39296384 del 24 de enero de 2012, en el cual "una aseguradora informó que no pudo definir el perfil del cliente atento a la imposibilidad de obtener la información y documentación" correspondiente. Además, y solicita que "se realice una amplia certificación de la causa 5583/2013 de la justicia en lo Penal Económico caratulada AWADA, Daniel y otros sobre infracción 22.415". En esa causa, Awada había sido imputado por contrabando de ropa desde China a través de una falsa triangulación a Paraguay, ya que dos choferes denunciaron a la policía que habían perdido la mercadería en un robo pero luego declararon ante la aduana que la habían dejado en el depósito de Cheeky de Cuyo 3040, Martínez, por orden de un tercero. Sin embargo, según informó el sitio Perfil.com., el 28 febrero, dos meses después de la asunción presidencial de Macri el juez Diego Amarante sobreseyó a Awada "por el beneficio de la duda" a pesar de que los recibos aduaneros y de la AFIP de la ropa en cuestión estaban a nombre de Cheeky.

Awada también se benefició con sobreseimientos recientes en sendas causas por reducción a la servidumbre en los talleres clandestinos que proveían trabajo esclavo para confeccionar la ropa que vende en sus tiendas, tal como denunció en varias oportunidades la fundación La Alameda desde 2006. El primer sobreseimiento provino del entonces juez federal Guillermo Montenegro poco antes de asumir como ministro de seguridad de Macri en la ciudad en diciembre de 2007. Más cerca en el tiempo, en abril del año pasado, la jueza porteña María Fontbona de Pombo sobreseyó a Awada, y otros dueños de marcas de ropa de moda, en una causa similar por "reducción a la servidumbre de costureros bolivianos con documentación irregular". La jueza falló que no es delito contratar a talleres clandestinos. Según la apelación del fiscal Adrián Madrea, citado en el sitio CosechaRoja.com, el fallo equivale a decir que para Awada "contratar a un taller donde trabajan esclavos para producir ropa de su marca para beneficiarse con ello no es su problema ni está prohibido". El fallo de la jueza porteña fue confirmado en Cámara.

Tras recibir el informe de la Procelac sobre aportes de campaña sospechosos, fuentes de la fiscalía señalaron que Di Lello abrió una "investigación preliminar" y dispuso una serie de medidas esta semana. Por un lado, pidió al Cuerpo de Auditores Contables de la Cámara Nacional Electoral que remitan a su fiscalía "todos los informes que haya realizado hasta el momento con relación a las campañas electorales de orden nacional celebradas durante el año 2015 respecto de las alianzas Cambiemos, FpV y Compromiso Federal". Por otra parte, pidió a la Procelac que profundice su investigación para determinar "en qué circunstancias detalladas en la presentación resultan, si bien en forma provisoria, suficientes para iniciar una investigación en el campo electoral".

El llamativo aporte de campaña del cuñado presidencial quedó así en la mira de la justicia electoral, a la espera de novedades.

@santiodonnel






















 OPINIÓN



Palmeras, ensoñaciones




Por      Eduardo Aliverti


Cualquier desprevenido que aterrice en Argentina por estos días e, inclusive, quien viviendo aquí se interese entre poco y nada por la escena política y social, tendrá problemas para entender el origen de un clima espeso. Si lee y escucha a la militancia periodística macrista, resulta que el kirchnerismo desquiciado, envuelto en la corrupción, víctima de un desbande imparable, no sólo habría resurgido de sus cenizas de la noche a la mañana sino que tiene la capacidad de arrinconar al Gobierno y desestabilizar el país.

El volumen organizativo de la banda K es efectivamente asombroso. Sin ir más lejos: las varias toneladas de fruta fresca que productores patagónicos llevaron a Plaza de Mayo, para protestar contra sus condiciones de rentabilidad, se agotaron porque apenas en un rato, a través de las redes, los kirchneristas organizaron a miles y miles de personas para que se precipitaran sobre peras y manzanas. Pero eso no es nada comparado con la aceitada máquina kirchnerista que agita la protesta popular a través de ataques a comitivas presidenciales, tomas de tierra, piquetes y convocatorias a vecinos, militantes y circunstanciales para alentar eventos antimacristas; y para lo cual se cuenta con micros, viandas y viáticos para todos. Esto último es tomado textualmente de un panfleto apócrifo circulante por las redes, atribuido a Luis D'Elía sin más ni más, bajo el título de "Comunicado Nº 150" y el encabezado de la organización Miles, que Clarín publicó el viernes como otra de las pruebas de la avanzada agitadora de los K. Y es probable que sea en este punto donde deba terminarse toda pretensión irónica. Difícil encontrar las palabras que alcancen para dimensionar una bajeza grotesca de ese tamaño. Algunas son mucho más divertidas, siempre dentro del género surrealista. El martes especificaron que "como consecuencia del estado de deterioro en que quedó la Casa Rosada tras doce años de gobierno kirchnerista" murió una de las históricas palmeras de la Casa Rosada, afectada por un persistente pérdida de agua que la actual gestión ya reparó. Quizá pueda afirmarse que la proyección geométrica de las barrabasadas del periodismo militante oficial es armónica con un gobierno que, como ya se afirmara hace un par de columnas, ve vencer el plazo fijo de echarle todas las culpas al anterior.

En la semana se conoció que el índice de desempleados está cerca del promedio de dos dígitos, con epicentros que los superaron: Gran Rosario (11,7%); Mar del Plata (11,6%); Gran Córdoba (11,5%); partidos del GBA (11,2%) y Río Cuatro (10,5%). Obviamente, la interpretación de autoridades y adeptos es, primero, que ahora las estadísticas oficiales se miden bien y, después, que el kirchnerismo había dejado de medir (siendo que además mentía) en el tercer trimestre de 2015. Es curioso – si la manipulación de cifras por parte del gobierno anterior se toma como veraz, pudiendo en cualquier caso ser verosímiles – que durante el año pasado no manifestaran su preocupación la industria, el comercio y los gremios. Y es incontrastable que las zonas donde la desocupación avanza son precisamente las industriales, como efecto de plena responsabilidad macrista por causa principal de un mercado interno desgastado, recesivo y sumido en una fiesta importadora. En Rosario, Mar del Plata y Córdoba, como lo admitieron funcionarios del área laboral en las dos primeras, el empleo registrado se desplomó por el parate de construcción, industria textil, metalmecánica, comercio, pesca, sector frutihortícola. Todo ocurrió con preeminencia en el segundo trimestre de este año. Tampoco puede decirse que sea de simpatías kirchneristas el Centro de Estudios Orlando Ferreres, que el viernes reveló haber registrado la mayor caída del PBI en lo que va del año, con un retroceso interanual del 5 por ciento respecto de 2015 y atando las perspectivas de mejoras a que despegue el blanqueo de capitales (que no arranca) y la inversión en obra pública (amenazada por un déficit fiscal creciente, en la visión de los gurkas del mercado y de una parte del equipo económico rotulada como las palomas del ajuste). Se suma el relevamiento del Centro de Economía Política Argentina conocido ayer, señalando que un cuarto de los conflictos laborales de julio pasado fueron por atraso en el pago de sueldos. A todo esto, conviene recordar que esos números no reflejan el impacto del achique en la economía informal, situado en alrededor del 35 por ciento de la población activa. Alfonso Prat Gay disertó también el viernes en Nueva York, en un foro organizado por el Consejo de las Américas, y reconoció que la inflación anual superó ya el 40 por ciento, aunque insistió en decir que "el trabajo sucio está mayormente hecho". Notable frase con la que uno de los "moderados" del equipo económico vuelve a evocar el lenguaje de los genocidas, como para advertir de su ingenuidad o cinismo a quienes hablan de errores comunicativos gubernamentales y no del programa que llevan a cabo a perfectas sabiendas.

Mientras tanto, los parlantes mediáticos del macrismo festejan que sí arrancó el "Puerta a Puerta" de los encargos de productos desde el exterior. Es un símil de Macri celebrando el acuerdo con la empresa Mercado Libre cual avance hacia la pobreza cero. Como señaló el economista Claudio Scaletta en el suplemento Cash del pasado 14 de agosto, acerca de los supermercados de la Argentina amarilla que se manifiestan con cerdos daneses, pollos brasileños, manzanas chilenas, naranjas españolas y frutillas polacas, entre otros tantos productos planetarios, "(…) el debate económico local retrocedió décadas. Junto con las mercancías exóticas reaparecieron los defensores de la apertura económica, como herramienta de disciplinamiento de precios internos o de incentivo a la competitividad. Imposible no recordar la publicidad de las sillas importadas de Martínez de Hoz. Resulta asombroso tener que volver a dar en el presente el mismo debate que hace 40 años. No sólo por el paso del tiempo, sino porque ahí está la historia para conocer de antemano los resultados que tuvieron esas políticas, sobre el aparato productivo y el empleo". Si lo increíble de ese retroceso pudiera explicarse por la ensoñación o ansias de castigo que una mitad apenas mayoritaria de los argentinos votó en noviembre último, el malhumor y las reacciones por ahora sectoriales que genera el ajuste no se sostienen con el ridículo argumento de la agitación K para pudrir todo. De algo de eso da cuenta, entre otros hechos, la lisiada reunificación de la CGT. Quedaron afuera alrededor de un centenar de gremios y adentro el maxiquiosco de Luis Barrionuevo. Algunos directamente ni asistieron, comandados a derecha por las huestes del capataz Gerónimo Venegas. Otros, como los bancarios que lidera Sergio Palazzo, se fueron por izquierda de la posibilidad de cargos, pero se quedaron para no beneficiar al macrismo con aliento de ruptura. Como sea, es muy probable que las vertientes que se fusionaron articulen con movimientos sociales del ecosistema panperonista en la presencia callejera. Nada de todo esto sucedería si el clima social y la presión de las bases no lo enmarcaran, del mismo modo en que el rechazo masivo al tarifazo sembró el fallo de la Corte Suprema.

Si de Justicia se trata, y esta vez sí con mayúscula, vaya en el cierre de esta columna la emoción – ¿qué otra palabra? – por el fallo del Tribunal Oral Federal Nro.1 de Córdoba, que en la megacausa por el campo de concentración La Perla y otros centros clandestinos de la provincia dictó 28 condenas a prisión perpetua, 43 penas de hasta 21 años y sólo cinco absoluciones. Solamente Luciano Menéndez, alias "el Cachorro" o "la Hiena", quien con ésta ya acumula 14 condenas, fue encontrado culpable de 52 homicidios, 260 secuestros y 656 casos de tortura, más el robo de un bebé. Enrique "Nabo" Barreiro, el jefe de los torturadores fugado en Estados Unidos hasta 2007 e impune hasta el fallo, también recibió la condena a perpetua. En el proceso se recibieron unos 600 testimonios durante más de mil horas de audiencia. Hubo 717 víctimas involucradas y están desaparecidas 279, habiéndose recuperado e identificado los restos en 71 casos. Son números que ya circularon en forma no tan cuantiosa, al menos en la inmensa mayoría de la prensa de alcance nacional, y cuyo carácter escalofriante se equipara a la persistencia de una lucha inquebrantable. Argentina ratifica que es ejemplaridad mundial en el enjuiciamiento y castigo a los genocidas. El fallo del tribunal cordobés vino a coincidir con tanta declaración repugnante y acumulada de funcionarios nacionales, que fueron capaces de bastardear la memoria poniendo en duda la cifra de desaparecidos o diciendo que no tienen idea del tema. Contra todas esas pretensiones olvidadizas, espantosas, que provocan una vergüenza universal, el dictamen por La Perla les recuerda de qué se trata y de qué continuará tratándose.

Las bestias no tendrán paz, porque los imprescindibles no descansan.

























EN EL PAMI, EL MACRISMO CREÓ 351 PUESTOS Y LES 

ASIGNÓ SALARIOS DE HASTA 160 MIL PESOS

MENSUALES


Para remedios no, para más cargos sí


Mientras el PAMI recorta gastos en medicamentos y acumula deudas, su titular, Carlos Regazzoni, modificó el organigrama para incorporar funcionarios con salarios jerárquicos. Los nuevos puestos se llevarán 447 millones de pesos al año de la obra social de los jubilados.
                 Regazzoni multiplicó el gasto salarial pese a sus quejas sobre "la grave                          situación administrativa" del PAMI.


Por       Miguel Jorquera


El titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (más conocido como PAMI), Carlos Regazzoni, denunció en junio – ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados – que durante la gestión kirchnerista existieron "circuitos mafiosos" en la institución que se encarga de la salud de los jubilados. Tal vez por eso, el funcionario nombrado por el presidente Mauricio Macri armó su propio ejército de autodefensa en el PAMI: modificó el organigrama institucional y creó 351 cargos nuevos, gran parte de ellos con sueldos jerárquicos que trepan hasta los 161 mil pesos mensuales. Pese a sus quejas sobre "la grave situación administrativa" del PAMI, Regazzoni sumó 27,6 millones de pesos mensuales a la masa salarial de la institución. Una cifra que, con el Sueldo Anual Complementario (SAC) y el 31 por ciento de aumento que el gremio estatal UPCN acordó posteriormente con la entidad – personal jerárquico incluido —  alcanza a 447.595.200 de pesos anuales, que la obra social de los jubilados deberá desembolsar para pagar el masivo incremento salarial de los funcionarios macristas.

Ese monto de dinero representa casi el 90 por ciento de los 500 millones de pesos que la actual gestión del PAMI recortó de su gasto anual en medicamentos. O casi el 20 por ciento de la deuda 2600 millones de pesos que el PAMI acumuló en los últimos ocho meses con las farmacias que dejaron de atender a los jubilados por falta de pago y que recién en junio se comenzó a saldar parcialmente. Así como el equivalente a 4388 prótesis importadas de cadera (a un valor de 102 mil pesos cada una, con la cotización del dólar a 15 pesos) que la obra social dejó de comprar y abastecer a las clínicas que operan a los pacientes del PAMI.

El seguimiento que los diputados nacionales del Frente para la Victoria hace a la gestión macrista en el PAMI – y que encabeza Teresa García, como integrante de las comisiones legislativas de Personas Mayores y de la Tercera Edad – determinó que una de las primeras medidas de la gestión de Regazzoni fue modificar el organigrama del PAMI, que blanqueó a través de la resolución interna 2/16.

La modificación de la estructura administrativa le permitió a Regazzoni crear al menos 351 cargos nuevos desde el inicio de su gestión en diciembre pasado, cuyas designaciones acompañaron en escala ascendente todas las resoluciones internas que siguieron a la modificación del organigrama. A excepción de aquellos nombramientos cuyos salarios no superen los 50 mil pesos mensuales y que no están obligados a publicar en el boletín oficial de la institución.

Aunque la escala salarial del PAMI se compone de unidades retributivas (UR) determinadas para cada tarea específica, Regazzoni equiparó la mayoría de los cargos creados con los niveles salariales más altos de la obra social de jubilados y pensionados.

Así, los funcionarios macristas que ocuparán las flamantes 9 secretarias para las gerencias, las 3 para la Jefatura de Gabinete de Asesores y 1 nueva secretaría administrativa, cobrarán nada menos que 161 mil pesos mensuales brutos. Que con la deducción de los descuentos de ley y la alícuota del Impuesto a las Ganancias llegan a la cifra nada despreciable de 91 mil pesos de bolsillo, sin contabilizar el 31 por ciento de la paritaria de UPCN – que también alcanza a los funcionarios jerárquicos del PAMI – se transforman en 118 mil pesos mensuales en la cuenta sueldo de cada uno de ellos.

Los siguen, en la escala salarial que fijó la administración macrista en su organigrama, el nuevo coordinador – que en el nuevo esquema está "por encima del despacho del director ejecutivo" – y los también nuevos gerentes de Planificación Territorial, de Desarrollo Estratégico y de Asuntos Judiciales y de Gestión para la Calidad. Que junto a los Coordinadores de Gerencia de la Administración, de Prestadores y Proveedores, cobran 142 mil pesos mensuales brutos cada uno. Unos 81 mil de bolsillo sin contabilizar el aumento paritario.

Los 4 noveles coordinadores regionales designados por encima de las Unidades de Gestión Local (UGL) cobran 101 mil pesos mensuales brutos cada uno, equivalente al salario de un director nacional. La resolución 16/16 también creó la Coordinación General Ejecutiva en todas las UGL: 38 cargos con los mismos salarios de un director nacional, 101 mil pesos mensuales brutos.

La nueva estructura del Síndico General del PAMI tiene 13 empleados más con salarios de 83 mil pesos mensuales brutos.

En las escalas salariales algo inferiores, las designaciones son más numerosas. Los nuevos 80 jefes de agencia quedaron algo más relegados y cada uno percibe un salario en bruto de 52 mil pesos mensuales.

La gestión macrista del PAMI tampoco dejó de lado los "contratos basura" que criticó y con los que justificó miles de despidos de trabajadores estatales en todos los niveles de la administración pública. Una sangría que el viernes pasado continuó el ministro de Educación, Esteban Bullrich, con 200 contratados despedidos por su decisión de desactivar distintos programas educativos.

Regazzoni adecuó los salarios de los nuevos contratados por el macrismo no a valores del acuerdo paritario de UPCN, sino a valores del tarifazo en los servicios públicos esenciales, aumentándolos entre un 500 y un mil por ciento. Los nuevos 145 contratados Letra A "sin función específica" – algo que no contempla la escala salarial del PAMI, donde los sueldos están fijados de acuerdo a la tarea a desempeñar – cobran 85 mil pesos mensuales brutos cada uno. Mientras que los 50 con contratos letra B, también "sin función específica", se llevan 52 mil pesos brutos. Estos 195 contratados no percibirían aguinaldo (SAC).

Los 351 nuevos cargos que asumieron los flamantes funcionarios macristas suman una erogación mensual a la obra social de 27.633.000 pesos mensuales. Una cifra que a lo largo de un año – incluido el Sueldo Anual Complementario (SAC) a excepción de 195 nuevos contratados – trepa a 344.304.000 pesos. A lo que hay que sumarle el 31 por ciento de aumento salarial que UPCN cerró posteriormente a los nombramientos en la paritaria que incluye al PAMI y todas las categorías de la obra social, por lo que cifra anual alcanza 447.595.200 de pesos anuales. Por ahora, parece que la gestión "austera" y "transparente" que el macrismo fijó para el PAMI solo alcanza a los jubilados y a las prestaciones de la institución.




















Haz lo que yo digo…



En el informe que Carlos Regazzoni rindió ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el titular del PAMI se defendió de los cuestionamientos de los legisladores cargando las culpas sobre la gestión anterior: "El PAMI no fue una isla del país de Lázaro Báez. Hubo fraude en la administración pública", sentenció. "Estaba en una situación institucional insostenible", dado que "se revendían remedios" del organismo a través de "circuitos mafiosos", agregó Regazzoni, envalentonado. Lo que no explicó Regazzoni – que abandonó el plenario mucho antes de lo previsto y esquivó muchas otras preguntas – es por qué entre sus flamantes designaciones nombró como coordinador ejecutivo de la Unidad de Gestión Local La Plata, a Pablo Ávila, denunciado penalmente por la Asociación de Profesionales de IOMA por estafas con medicamentos y servicios de internación domiciliaria cuando se desempeñaba como director de Gestión Institucional de esa obra social del Estado bonaerense.



















UN FALLO ORDENÓ REINCORPORAR A

TRABAJADORES CESANTEADOS DEL RENATEA


Freno al carnaval de despidos



El Registro de Trabajadores Agrarios que conduce el Momo Venegas tendrá que volver a tomar o ubicar en otra área a trabajadores que había echado. La medida cautelar reconoció el derecho de los empleados a mantener sus puestos.
                       Para controlar el trabajo rural, el Renatea contaba con 880 empleados:                          600 quedaron bajo amenaza de despido.


Por      Laura Vales


El juzgado Federal de Dolores ordenó al Renatea – bajo el mando de Gerónimo "Momo" Venegas – y al Ministerio de Trabajo que reincorporen a cinco trabajadores o los reubiquen en otro puesto dentro del Estado, pagándoles durante el tiempo que lleve su reinstalación el mismo sueldo que percibían antes de su despido. La medida cautelar reconoció así el derecho que tienen los empleados del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios – que Venegas decidió desarmar – a no aceptar el retiro voluntario y mantener sus empleos.

Bajo este tipo paraguas, por una serie fallos que se han ido dictando, hay amparados actualmente 24 trabajadores. Para dar una idea del tipo de conflicto en curso, basta tener en cuenta que en algunas delegaciones del Renatea, como la de la provincia de Corrientes, han sido intimados a firmar el retiro voluntario todos los trabajadores que no recurrieron a la Justicia.

El dato es reseñado en diálogo con Página/12 por el abogado Luis Palmeiro, patrocinante de los afectados. "La planta del Renatea era de 880 personas", señala. Los que quedaron bajo amenaza de despido luego de que el macrismo repuso al titular de la Uatre – socio político y principal aliado sindical del oficialismo – en el Registro de los trabajadores rurales son alrededor de 600, es decir todos los que ingresaron entre los años 2012 y 2015. De los 600, un centenar permanece sin aceptar los despidos, algunos todavía trabajando y otros con demandas por su reinstalación.

El Renatea fue creado en enero de 2012, cuando Venegas había sido desplazado del manejo del registro. Se armó como un complemento del estatuto del peón rural que, sancionado un año antes, amplió los derechos de estos trabajadores. "Por sus funciones de apoyo y de fiscalización, por ejemplo con operativos que hallaron peones en condiciones cercanas al esclavismo, el Renatea necesita de una planta de trabajadores no sólo numerosa, sino también comprometida", indica Palmeiro.
Gerónimo "Momo" Venegas.
Venegas nunca ocultó su oposición a la existencia y funcionamiento del organismo. El dirigente sindical accionó judicialmente contra su creación; en noviembre del año pasado, después del ballottage y en sintonía con los nuevos tiempos políticos, la Corte Suprema de Justicia aceptó su pedido para declarar inconstitucional al Renatea. Esto abrió las puertas a su disolución, que Venegas impulsa apoyándose en un acuerdo que firmó con el gremio estatal UPCN, en su condición de representante de los empleados públicos.
Por el acuerdo, UPCN y la Uatre derogaron el convenio colectivo de los trabajadores del Renatea (que les daba estabilidad en el empleo), fijando una indemnización especial para los que fueran desvinculados en el proceso de "readecuación del personal". El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, homologó este acuerdo.
Los trabajadores que recurrieron a la Justicia reclamaron tanto contra el acuerdo UPCN-Uatre como contra su homologación.
El fallo del juzgado federal de Dolores, con la firma de Alejo Ramos Padilla, amparó a trabajadores despedidos de la localidad de General Belgrano. Se trata de una sentencia de primera instancia. Otros casos cuentan con dictámenes favorables de segunda instancia, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
"En todos los fallos, al garantizarse la vigencia del convenio colectivo, todos tienen el derecho de permanecer dentro del Registro o buscar instancias de reubicación en otras áreas del Estado nacional. Algunos jueces han señalado en este sentido al Ministerio de Trabajo porque el Renatea estaba dentro de su jurisdicción", explicó Palmeiro.
Como parte del proceso de despidos masivos, denunció el abogado, el Registro está además impulsando despidos "con causa" de los delegados (los titulares de cada delegación provincial). "Inventan causas: 'no rindió la factura número 3', 'en el expediente tal faltó que hiciera un informe final', para expulsarlos sin indemnización. Son despidos ideológicos, porque está claro que los delegados pertenecían a otra gestión política y respondían a otra línea, y este es el único motivo por el que quieren despedirlos".














 OPINIÓN



Reforma constitucional, ciberpolítica y patíbulo


Por          Mempo Giardinelli


Parece claro que estos tipos vienen por todo y que la única manera de detenerlos que no sea la violencia que ellos estimulan, conscientes o no, será por vía de una Reforma Constitucional. Las trampas que urde el macrismo ayudado por las descompuestas dirigencias políticas-sindicales-empresarias argentinas, la hacen necesaria y urgente.
Ésta es la principal propuesta del colectivo El Manifiesto Argentino, que desde media docena de provincias y la Capital viene pensando nuevas, diferentes y ojalá mejores formas republicanas. Una reforma política verdaderamente democrática para que la sociedad recupere la confianza en el sistema requiere, primero, una reforma de la Carta Magna. El principio constitucional de que "el pueblo argentino no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes" está cuestionado desde hace muchos años y para que la ciudadanía vuelva a confiar en sus representantes es ineludible una Reforma Constitucional democrática que consagre formas de participación popular no delegativas.
Una reforma política así concebida perfeccionará el sistema electoral mediante voto popular en urna, con firme rechazo a la actual intención macrista-radical que urde la trampa de "tecnologizar" el voto sólo para imposibilitar el control popular del sufragio.
Por otra parte, y aunque resulte doloroso admitirlo, hoy parece evidente que marketing electoral mata militancia política. Eso ha permitido y permite todo tipo de engaños, a la vez que somete rebeldías y ofrece el deplorable espectáculo de políticos camaleónicos al servicio de una gobernabilidad de cartón pintado.
Gobernando con las peores decisiones antisociales, y fortaleciendo la política económica y el endeudamiento feroz que aplican desde diciembre, en el gobierno saben que el modelo neoliberal sólo cerrará si sus víctimas aceptan y sostienen el cuento de la herencia recibida y la corrupción K. Por eso acusan al kirchnerismo y alrededores de conjuras y conspiraciones, cuando son ellos mismos los que se preparan para la violencia como modo final de sustentación en el poder, y para ello cuentan con el diario espectáculo que ofrecen sus cacatúas mediáticos.
Pareciera, por momentos, que logran sus propósitos. Lo que entonces obligaría a todo demócrata a, primero que nada, entender el fenómeno. Y para ello ahí están, diáfanas, las instrucciones del Sr. Durán Barba en el congreso PRO de San Juan: "Hay que entender la política desde lo que ve la gente normal y no los informados", dijo DB, con lo que llama "normales" a los telecautivos de las clases más pobres, las medias y las más ricas. Oxímoron horrible que empata los intereses de las amas de casa más vulnerables con los de la Sra. Legrand y a esforzados laburantes explotados con los Sres. Morales Solá, Lanata o Majul.
Basado en la no desdeñable, sí que penosa idea de que la gente "elige" según los mensajes en Internet y la microparafernalia de las llamadas redes sociales (RS), este hombre piensa con brillante astucia pero al servicio de la peor causa política: "Si un candidato dice un disparate sobre cómo pagar la deuda externa, tal vez no pierda votos, porque eso es complicado. Pero si el candidato adopta un perro y lo patea y sale en facebook, pierde las elecciones". Con lo que DB afirma de hecho que meter perros en una campaña sirve para que "el perrito gane muchísimos votos", en obvia alusión al can presidencial.
Hay una dinámica impactante en los modos de hacer política, y si hace 15 años la sociedad clamaba "que se vayan todos" y eso desataba debates públicos, hoy las RS muy excepcionalmente son espacios públicos de discusión y más bien son mero machacar rótulos y provocaciones de todo tipo. Así, el "homo-dispositivus" es manipulado con perversa inteligencia, minimizando toda propuesta o discurso político-ideológico. Se apela a valores individualistas, anticolectivos y por ende antisociales. La vida política ciudadana se reduce a aprobar o desaprobar mediante "me gusta o no me gusta" y en base a creencias, no a pensamiento ni mucho menos análisis.
Es desolador, sin dudas, pero es la realidad que vive el mundo y en nuestro país impacta en la línea misma de flotación. La política elude así todo control político. Por eso DB aconseja: "Más que comités, necesitamos manejar bien las redes sociales".
Los políticos profesionales – tanto los genuflexos y camaleónicos, como los dignos que aún quedan – saben hoy que las RS son instrumentos importantes para la construcción de ciudadanía, pero no saben cómo hacerlo y siguen el ritmo machacón que les marcan Clarín y La Nación, que hay que reconocer que están a la vanguardia en estrategias de manipulación colectiva.
Y si bien las redes cambian velozmente, año a año y día a día, y la sonoridad multimedial y tecnologizada resulta incontrolable e impredecible, de hecho la comunicación propagandística por Facebook o usinas de tuiteros (los llamados trolls) es la forma más eficaz de penetración directa en la pobre inocencia de la gente común, como usted o como yo. Las RS son el único espacio en el que cualquier ciudadano/a puede expresarse sin intermediarios y sintiendo que su rol es protagónico. De ahí la facilidad para consolidar cuentos satanizantes de personas o de políticas sociales en un mundo en el que no se rinden cuentas ni hay transparencia.
Las RS son hoy la verdadera plaza pública. Es allí es donde se consagra o se condena; allí donde se coloca el patíbulo contemporáneo. El espacio virtual es de todos y todas, y en ese sentido es democracia pura, en la que por eso mismo es tan peligrosa la manipulación imperial y la local a su servicio. Las RS son el ágora contemporáneo y por eso la democracia representativa va camino del cementerio y lo que viene, como ya decía el Manifiesto Argentino en 2002, es la democracia participativa.

















DECLARACIÓN DE CIENTISTAS SOCIALES "ANTE EL  
AVANCE DEL PROYECTO NEOCONSERVADOR"


"Viviremos una sociedad más polarizada"



Destacados académicos e investigadores de las ciencias sociales y humanas advirtieron que, ante las medidas tomadas por el Gobierno, se corre "el riesgo cierto de que durante una generación no haya perspectivas de desarrollo con soberanía e integración social".
     Los académicos llamaron a construir "una convergencia para defender derechos".

"Ante el avance del proyecto político neoconservador, construyamos una convergencia para defender derechos", plantearon reconocidos intelectuales y académicos de las ciencias sociales a través de un pronunciamiento público. El documento fue firmado por sociólogos, filósofos, politólogos y cientistas sociales de diversas universidades y centros de estudios, que hacen una advertencia sobre "el riesgo cierto de que durante una generación no haya perspectivas de desarrollo con soberanía e integración social". E hicieron un llamamiento a distintos sectores políticos y sociales "a converger en un proyecto progresista".
La declaración fue firmada por el economista José Luis Coraggio, el filósofo Alfredo Pucciarelli, la socióloga Dora Barrancos, la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Graciela Morgade; el sociólogo Fortunato Malimacci, el antropólogo Alejandro Grimson, el filósofo Federico Schuster; el secretario ejecutivo de CLACSO, Pablo Gentili, el ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, y el politólogo Eduardo Rinesi.
También lo suscribieron el filósofo Rubén Dri, el politólogo Atilio Borón, la licenciada en Letras Marta Dujovne, el sociólogo Gabriel Vommaro, el sociólogo Mario Margulis, la historiadora Laura Lenci; la decana de la Facultad de Periodismo en la Universidad de La Plata, Florencia Saintout; la socióloga María Pía López; el dirigente Juan Carlos Junio, del Centro Cultural de la Cooperación; el politólogo Diego Raus, la socióloga Alejandra Oberti, el historiador Roberto Pittaluga y los cientistas de la educación Pablo Imen y Myriam Feldfeber, entre muchos otros firmantes de diversas universidades nacionales y centros de investigación.
En el texto, advirtieron que, tras ocho meses de gobierno de Mauricio Macri, es necesario manifestar su "profunda preocupación ante los efectos que genera el pronunciado cambio registrado en la orientación de las políticas públicas".
"Las consecuencias sociales de las medidas de 'ajuste/sinceramiento' son evidentes. Nos parece necesario señalar que detrás de la enorme transferencia de ingresos desde los sectores asalariados al sector agro-minero-exportador y bancario-financiero, detrás de esta recesión con inflación, detrás de la devaluación, del 'tarifazo', de la pérdida de poder adquisitivo de la población y del aumento de la pobreza, está en marcha un proyecto de transformaciones estructurales regresivas en lo económico, lo social, lo político y lo cultural", advirtieron los intelectuales.
Los cientistas sociales advirtieron sobre las consecuencias a corto y mediano plazo del éxito de ese cambio: "Viviremos en una sociedad más fragmentada y polarizada, sin autonomía económica ni política. Existe el riesgo cierto de que durante una generación no haya perspectivas de desarrollo con soberanía e integración social", indicaron. Área por área, desglosaron las consecuencias del nuevo régimen.
Economía. "En lo económico, el regreso a un modelo primario exportador con especulación financiera, extranjerización de la economía y liberación de los capitales monopólicos, implica la restauración de la subordinación al capital financiero y la dependencia de una deuda impagable", sostuvieron. Advirtieron que esto implica "renunciar a un horizonte de industrialización, de crecimiento de las Pymes, del mercado interno, de regulación pública de la economía, de pleno empleo con derechos laborales y seguridad social, y de creación de autonomía tecnológica, científica y de conocimiento crítico respecto de la situación y perspectivas/tendencias de la sociedad".
Política. Además, advirtieron que "supone la sujeción del Estado a intereses corporativos profundizando el poder de los órganos de poder militar-policial y comunicacional que obstruyen el debate y la diversidad de ideas". En materia de política exterior, destacaron que implica "la subordinación a la estrategia económica y al proyecto geopolítico militar y cultural, principalmente de los EE.UU., y la incorporación a los bloques regionales que representan sus intereses".
Cultura. La transformación buscada por el Gobierno de Cambiemos "lleva a construir mecanismos coercitivos de disciplinamiento social, a reforzar y promover lógicas individualistas, a cuestionar pilares básicos de una sociedad democrática como los derechos humanos desandando el camino de la igualación ciudadana, y a renunciar a cualquier horizonte de pluralidad de voces en el espacio público y los medios de comunicación".
Los intelectuales advirtieron que diversos sectores sociales están respondiendo "a las medidas que reducen sus derechos y su poder adquisitivo". "Creemos que para enfrentar este proyecto en forma efectiva se requiere de una visión política integral, amplia y generosa; de una estrategia que aúne las diversas acciones y expresiones críticas y que procure la participación activa de la sociedad civil en la elaboración de diagnósticos, políticas públicas alternativas y organización de acciones colectivas de gran alcance", indicaron. "Sólo la articulación de las fuerzas populares – remarcaron – puede contrarrestar este retroceso a una mayor dependencia de fuerzas externas y de pérdida de derechos."







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