martes 23 de agosto de 2016
Hasta el momento, los diferentes amparos judiciales, la Cámara Federal de La Plata y la Corte Suprema le han dado un período de sobrevida al intento de suicidio del gobierno de Macri en el que, de todos modos, insiste.
ACCIÓN MUTANTE.
UN GOBIERNO DE ORATES EMPEÑADO EN SUICIDARSE
Todo lo ocurrido podría haber sido calculado por el almacenero de la esquina si éste siguiera siendo gallego y no chino, pero sus resultados parecieron sorprender al menos a algunos de los funcionarios de la cartera económica, quienes creyeron, o fingieron creer, que el ominoso acuerdo con los fondos buitre traería una tempestad de inversiones, tanto como la devaluación y eliminación de retenciones llevaría a que los exportadores de granos liquidaran los stocks y las divisas acumuladas. Se puede asegurar que el macrismo es una asociación bendecida por la buena fortuna y a la vez que su ya demostrada compulsión a reiterar errores lo llevará a las puertas de una debacle prematura.
Por Teodoro Boot
Pájaro Rojo
Una devaluación y volvemos
Se dirá que hay una lógica detrás de la o las simultáneas y contradictoras políticas económicas de Cambiemos, pero también la hay en cualquier intento suicida.
La primera de las medidas, forzada por su propio accionar durante la transición, fue la devaluación, maquillada como "eliminación del cepo".
Supuestamente, la devaluación ponía las cosas en su sitio, devolviendo rentabilidad al sector exportador argentino: con un dólar bastante planchado y una inflación que orillaba el 20 % anual, los precios de la producción argentina perdían competitividad a nivel internacional.
Dicho así, suena muy bien, a no ser que tomemos en cuenta que sigue existiendo una prolongada crisis económica internacional gracias a la cual cae la capacidad y posibilidades adquisitivas de los países afectados, a la vez que aumentan sus stocks exportables.
Focalizada en el mercado interno, la producción argentina conseguía sobrellevar sin graves consecuencias los efectos de esa crisis y su "falta de competitividad" se veía compensada con una política de subsidios directos e indirectos destinados a reducir los costos de producción y a aumentar la demanda.
A la vez, los distintos y para muchos "desleales" mecanismos ideados para desalentar las importaciones resguardaban a nuestra industria de la competencia con productos introducidos a igualmente desleales precios de dumping.
En este marco, la devaluación, en sí misma, no podía suponer ninguna ventaja para la mayor parte de la producción industrial: la pretendida reducción del precio en dólares de los productos locales no garantizaba, de por sí, un incremento en las ventas.
Es de cajón: ¿cómo mediante la simple reducción de precios pueden aumentarse las ventas en un mercado internacional deprimido y a la vez saturado de productos subsidiados?
Aun de registrarse un incremento en las ventas, este sería demasiado leve como para compensar el aumento (vía devaluación) de los costos de insumos y bienes de capital.
En suma, la devaluación favoreció a una parte del sector primario de la economía y, ya más relativamente, a un pequeño grupo de industrias ligadas al comercio internacional.
Y cuando decimos a una parte del sector primario nos referimos a la producción de cereales y oleaginosas, que cuentan con un mercado globalizado y, por ahora, de altos precios.
Pero no es esa la situación de la mayor parte de la producción agropecuaria: el "campo" no son sólo los Etcheveheres, los Buryailes ni los De Angelis, sino los productores de frutas y verduras de Río Negro, los tamberos, los citricultores, los quinteros, los criadores de aves y cerdos y, en cualquier momento, en la misma situación, lo estarán también los ganaderos.
Ninguno de esos sectores fue beneficiado con la devaluación, en gran parte por el modo en que fue llevada a cabo.
Si dejamos de lado al sector financiero y a los grupos especulativos, agraciados con la libre disponibilidad de divisas, que son quienes se han hecho con el poder en diciembre último, los únicos beneficiados fueron los grandes a productores de cereales y oleaginosas y, más que ningún otro, las trasnacionales exportadoras.
De primero inferior
No es ninguna novedad que nuestro país más exporta aquello que más consume y que, tratándose de alimentos, resulta de primera necesidad.
De ahí que sea indispensable separar los precios internos de los internacionales, a no ser que se pretenda equilibrar los salarios de los trabajadores argentinos con los de sus colegas franceses y alemanes, lo que, al parecer, estaría algo alejado de las teorías económicas en boga.
El separar precios internos de precios internacionales es el principal propósito de las retenciones, medida extrañamente olvidada por Remes Lenicov al momento de la salida de la convertibilidad, "error" enmendado por Roberto Lavagna, todavía en tiempos del gobierno de Eduardo Duhalde.
El segundo propósito sería recaudatorio y, según se implemente, redistributivo.
Mediante las retenciones a las exportaciones agropecuarias, el Estado se apropiaría de parte de la renta diferencial que obtiene la región pampeana – que en general suele ser incrementada mediante políticas cambiarias y de subsidios – con el fin de destinarla al desarrollo de una industria que, debido al escaso tamaño del mercado interno y, más que nada, al subdesarrollo tecnológico, necesita auxilio y protección para crecer.
La necesidad estatal de utilizar las retenciones para recuperar parte de la renta diferencial se debe, básicamente, a la privatización y extranjerización tanto del comercio exterior como del manejo de los puertos, transportes y compañías de seguro.
Actualmente el Estado (y por su intermedio, el conjunto de la sociedad) carece de otros modos de recibir esa porción de los beneficios extraordinarios obtenidos por el sector, debidos a las bondades de la naturaleza pero también a sacrificios realizados por el conjunto social.
A la vez, con la expansión de la "frontera agropecuaria", son productoras de granos y oleaginosas (en numerosas ocasiones, a expensas de otras producciones o cargándose el bosque natural) áreas que carecen de la renta extraordinaria de la región pampeana, por lo que resulta absurdo y contraproducente que reciban el mismo tratamiento.
Por otra parte, el mercado mundial de granos no suele ser muy estable y está sujeto a vaivenes sobre los que el productor, aun el más grande de ellos, no puede incidir de ninguna manera, por lo que también debe estar protegido (lo que igualmente significa regulado) por el Estado.
Así, tras el crack mundial de 1929, por intermedio de Federico Pinedo el gobierno conservador de Agustín P. Justo ideó las "juntas reguladoras" (de carnes, de granos, del algodón, del vino, etc.) que buscaban sostener el precio de esos productos y abrir mercados externos.
Una década después, por intermedio de Miguel Miranda, el gobierno de Edelmiro J. Farell y Juan D. Perón, perfeccionó la medida al crear el IAPI (Instituto Argentino de Promoción e Intercambio) que, si en sus primeros cuatro años de vida se apropió de parte de las ganancias agrícolas, en los restantes sostuvo al sector, jaqueado por la sequía, la caída de los precios internacionales y el boicot explícito de Estados Unidos.
El proceso de destrucción de la estructura estatal iniciado en noviembre de 1955 que culminó durante los 90, privó a la sociedad de numerosos instrumentos recaudatorios, regulatorios y redistributivos que, en el caso puntual que nos ocupa, obligó a la imposición de retenciones.
Pero como a la vez el sector agrícola requiere de incentivos y, más que nada, de precios sostén, un medio para ello, aunque bastante deficiente, es el de dar a esas retenciones un carácter móvil.
Vale aclarar que no fue esa la intención de la resolución 125 que, no obstante las modificaciones y mejoras introducidas por la Cámara de Diputados, no hacía más que incrementar el poder de los exportadores por sobre los beneficios de los productores.
A la vez, el voto "no positivo" no supuso ventaja alguna para nadie – excepto para los exportadores, claro – pero cabe presumir que libró al gobierno de CFK de las previsibles consecuencias de una de las tres grandes campañas suicidas a las que se abocó con fruición.
Si se permite la digresión, cuando se llega a ciertos límites en la utilización para fines populares de las instituciones y los instrumentos creados para garantizar la perpetuación de los intereses de las elites, lo primero es no obcecarse en intentar forzarlos; lo segundo, entender que ha llegado el momento de cambiarlos por otras instituciones e instrumentos, más adecuados al propósito que supuestamente nos anima.
Hecho este largo aparte, vayamos a la consecuencia de la eliminación de retenciones que, vale aclararlo, nadie le había exigido al gobierno.
Tomala vos, dámela a mí
Aun con retenciones, la devaluación supuso el inmediato incremento de los precios de los alimentos exportables o derivados de productos de exportación, en proporción directa al nivel de devaluación que fue, aunque al ministro Prat-Gay le cueste creerlo, del 50%.
Tal como no tardó en demostrarse, no era de ninguna manera cierto que los precios tuvieran como referencia el valor del "dólar blue".
El resultado fue un primer deterioro del salario que perjudicó principalmente a las personas de menores recursos, habida cuenta que gastan en alimentos una proporción mayor de sus ingresos que quienes tienen mayor poder adquisitivo.
No conforme con eso, tras cartón el gobierno redujo las retenciones a la exportación de soja y eliminó las de los demás productos, lo que supone una merma en la recaudación de este año de entre 60 y 75 mil millones de pesos.
"El conflicto terminó", aseguraron los dirigentes ruralistas, sin advertir que al mismo tiempo se iniciaban otros conflictos.
El primero y más evidente para cualquiera, excepto, por lo que puede apreciarse, para un dirigente ruralista tipo, es el que indefectiblemente habría de afectar a varios sectores de la producción agropecuaria: el automático aumento del 25% del precio del maíz incrementa los costos de producción de los criadores de aves y cerdos, así como los de los feed lots, reduciendo la dudosa ganancia del 17% al parecer obtenida por la eliminación de las retenciones a la exportación de carne vacuna.
Es preciso recordar – y sería saludable que lo recordaran los dirigentes ruralistas – que las carnes argentinas no son automáticamente colocadas en el mercado internacional, como suelen serlo el trigo, maíz, girasol o soja, de manera que mediante la exportación el productor no recuperará la porción del mercado interno perdida por el aumento de precio de ese y otros alimentos.
Porque este es el otro detalle: al 50 % de incremento del precio de los alimentos primarios debido a la devaluación, debe sumarse un aumento, promedio, del 15% originado en la eliminación de las retenciones.
Al ser acompañadas estas medidas por la apertura de los mercados, maravillosa panacea que viene destruyendo la producción nacional durante los últimos 200 años, las carnes y alimentos argentinos se ven obligados a competir con sus equivalentes extranjeros, beneficiados en sus países de origen por subsidios e incentivos, sobreacumulados por la retracción del consumo en sus países de origen, e introducidos en nuestro país a precio de dumping.
En los últimos años, el incremento del precio de la carne vacuna hizo retroceder su consumo a expensas del pollo y el cerdo nacionales, que a su vez ahora retroceden a expensas del pollo brasilero y del cerdo europeo.
De no tener el cerebro estragado por su ilimitada ambición y las malas compañías, el ex dirigente de la Federación Agraria y actual senador Alfredo De Ángelis conseguiría recordar el colapso de la industria aviar de Entre Ríos durante la década del 90 originado en los altos costos internos y la introducción de pollos brasileros.
Ante esto, si es que se le ocurre algo y no está durmiendo la siesta, se sumará a quienes piden una nueva devaluación… que no hará que reproducir los resultados de la primera.
Una de cal… y otra de cal
Todo lo ocurrido podría haber sido calculado por el almacenero de la esquina si éste siguiera siendo gallego y no chino, pero sus resultados parecieron sorprender al menos a algunos de los funcionarios de la cartera económica, quienes creyeron, o fingieron creer, que el ominoso acuerdo con los fondos buitre traería una tempestad de inversiones, tanto como la devaluación y eliminación de retenciones llevaría a que los exportadores de granos liquidaran los stocks y las divisas acumuladas.
Llegados a este punto, uno no sabe si son o se hacen.
¿Qué demente invierte en un mercado que se achica y en un país en el que, como es previsible, aumentará la conflictividad social? (Es posible desplumar una gallina sin que chille si se le saca una plumita cada diez minutos, pero no si se le pretende arrancar todo el plumaje de un saque.
Otro tanto ocurre con los trabajadores, en especial cuando surgen dirigentes gremiales que, no estando domesticados, no son, precisamente, aves de corral)
¿Y por qué los exportadores van a liquidar todo el stock al ritmo que pretende el gobierno, siendo que aspiran a una nueva devaluación?
Todo lo que ha conseguido Cambiemos fue contraer deuda externa por 30 mil millones de dólares y provocar una, para los funcionarios, "sorprendente" inflación que acabará siendo del 50% anual.
El aumento de los precios, que al parecer pretendería ser demencialmente corregido mediante la libre importación de alimentos y productos industriales, ha hecho desaparecer las ventajas relativas que la devaluación supuso para los exportadores, pero a la vez agudizó los perjuicios que esa devaluación ocasionó al conjunto de la sociedad, mayormente a los trabajadores, comerciantes y pequeños industriales.
Es razonable que los exportadores, los criadores afectados por la libre importación y productores agropecuarios en general, así como los industriales, reclamen una nueva devaluación que les devuelva a los primeros la rentabilidad que creen merecer y a los demás alguna posibilidad de supervivencia, ya que en pocos meses la conducción económica ha conseguido el milagro de dejar a nuestro país en peores condiciones que durante la convertibilidad: al tiempo que se deteriora la capacidad adquisitiva de los salarios, los precios en Argentina vuelven a igualar a los más caros del planeta.
No es difícil predecir qué surgirá de esta combinación.
Por lo pronto, puede decirse que lejos de beneficiarlas, la política de Cambiemos terminó por aniquilar las posibilidades de mejoría de las economías regionales, excepto en el rubro contrabando o, para decirlo con elegancia, comercio exterior hormiga.
El inconveniente aquí es que, contrariamente a los exportadores, las empresas trasnacionales, los bancos y los especuladores requieren, para seguir haciendo sus negocios – tal como estableció Martínez de Hoz y perfeccionó Domingo Cavallo – de un dólar a valor estable o al menos previsible.
Y el más serio inconveniente es que precisamente es ese sector el que ha tomado el gobierno, de lo que los productores agropecuarios demorarán en comprender el mismo tiempo que demande la recuperación de las neuronas exterminadas por la prédica cotidiana de gurúes económicos y medios de comunicación.
Este conflicto es una bomba de tiempo que habrá de estallar, tarde o temprano, al interior de la alianza gobernante. Y resta ver si uno de los sectores adquiere el suficiente poder como para disciplinar al otro, o si encuentra el modo de hacerlo coparticipar de sus negocios.
Sobre llovido, mojado
En este ya de por sí difícil panorama que el propio gobierno se provocó a sí mismo, el ministerio de Energía, con el explícito aval presidencial, incrementó el precio del gas en boca de pozo – sin que nadie tuviera una idea precisa del costo de producción del fluido – llevándolo de 2 a 5 dólares el millón de BTU, medida que combinó con la compra a Chile del gas proporcionado por la trasnacional Shell a 6,90 U$S el millón de BTU, un 53% más caro que los 4,50 que cuesta el gas licuado transportado en barco y mucho más del doble de los 3 U$S a que lo suministraba Bolivia, cuyas autoridades desmintieron tajantemente los argumentos dados por el ministro para justificar este dislate.
A todo esto, la prestigiosa Fundación Bariloche estimó el costo del millón de BTU en boca de pozo en 1,90 dólares.
La consecuencia práctica de la medida consistió en un tan descomunal como impreciso incremento de las tarifas de gas y luz, habida cuenta que parte de su generación es gasífera.
Como para no quedar fuera de tono, se más que duplicó el costo del servicio de agua corriente, mucho más impreciso y errático si cabe, toda vez que no se tarifa de acuerdo al consumo sino a los metros cuadrados de superficie del bien "consumidor", que puede tanto usar millones de litros como ninguno.
Según una ilustrativa nota publicada por Claudio Scaletta en el diario Página/12 el aumento del precio del gas en boca de pozo supuso una transferencia anual de recursos a las empresas de unos 45.000 millones de pesos, en lo que tanto podría verse un rasgo de torpeza como las huellas de un negociado.
Para Scaletta, se trataría de ambas cosas.
En sus palabras: "El gobierno es torpe y existen a su interior grupos que hacen negocios, pero la clave no está en estos dos puntos" sino en que se trata "junto con la devaluación y la quita de retenciones, del núcleo duro del proyecto económico de Cambiemos (…) la creencia en que las súper ganancias son buenas para las empresas y el desprecio por los efectos sociales del tarifazo".
La necedad presidencial, que insiste con defender la injustificable y hasta ahora injustificada medida, trata de ser atemperada por sus asesores de imagen.
De ahí que Cambiemos haya elaborado una estrategia comunicacional que, combinando campaña publicitaria con operaciones de prensa, trata de convencer a la sociedad de que el aumento de las tarifas resultaba inevitable.
La campaña va desde el meneo de advertencias apocalípticas sin fundamento a explicaciones "técnicas" y comparaciones que podrían resultar contraproducentes, toda vez que la población podría tomar conciencia – ¡por fin! – de que las tarifas en Argentina de TV por cable, de conexión a Internet y de telefonía celular revistan entre las más elevadas y abusivas del mundo.
Por otra parte, los conceptos de "caro" o "barato" son siempre relativos y deben ser considerados respecto a qué se los compara.
Por su parte, el discurso apocalíptico, el argumento de que sin aumento de tarifas las empresas concesionarias no llevarían a cabo tampoco ahora las inversiones y mejoras que nunca hicieron, resulta sumamente oportuno para enmendar uno de los mayores desastres provocados por el menemismo y al que los gobiernos que lo sucedieron jamás atinaron a encontrarle remedio: la privatización de los servicios públicos, responsabilidad que el Estado jamás debió haber abandonado.
Más allá de los posibles resultados inmediatos, la necesaria discusión acerca de la pertinencia de una modificación tarifaria, es sumamente oportuna toda vez que, de acuerdo a la experiencia, la sociedad se encuentra en condiciones de evaluar las consecuencias del retiro del Estado de aquellas áreas que por su importancia estratégica, económica y social, no pueden ser dejadas en manos de particulares.
Es que como resulta lógico y comprensible, el interés de un particular se centra en el beneficio que pueda obtener de su esfuerzo y su inversión, y carece de la menor relación con los intereses estratégicos del país y con las necesidades de la sociedad.
El suicidio anunciado
Habiéndose introducido en tan peligrosos barriales, el gobierno insiste en seguir chapoteando y confía en los resultados de la manipulación mediática, olvidando que si en ocasiones puede serle favorable en materia de opinión, no lo será en la experiencia práctica, que viene a ser un aspecto algo descuidado de eso que se llama "realidad".
Más allá de la opinión o la ideología impuesta a martillazos mediáticos, el sueldo alcanza o, en su defecto, resulta insuficiente para lo que cada uno cree merecer.
Que, por otra parte y por más empeño que pongan los creativos del grupo Clarín, jamás podrán convencer de resignarse a la austeridad a una sociedad habituada –a través de esos mismos medios– a presenciar, admirar y emular el nivel de consumo de los más pudientes.
De igual manera, mediante la reiteración de eslóganes publicitarios, se podrá seguir destruyendo la capacidad de razonamiento de empresarios y comerciantes, pero cuando el alza de los precios reduce las ventas y el incremento de insumos y tarifas vuelve ilusoria la ganancia o, como ya se prevé, provoca pérdidas y descapitalización, hasta el más lobotomizado comprende que lo más conveniente será cerrar el comercio o vaciar la empresa, invirtiendo lo que ha podido salvar en la importación o acaso la timba financiera.
Este es un camino previsible y nadie podrá culpar a un industrial de vaciar su industria, pero el resultado será un aumento del desempleo, una mayor pérdida del poder adquisitivo de los salarios, una más pronunciada reducción del mercado interno y un simultáneo incremento, en el mejor de los casos, de la conflictividad social y, en el peor, del delito, que viene a ser el modo anárquico, individual y desesperado en que se expresa el conflicto social.
Hacia ahí insiste en dirigirse el gobierno, y muy especialmente el presidente, en parte en beneficio de algunos intereses, pero también promoviendo campañas que acaban por autointoxicarlo.
El poder judicial lo advirtió a tiempo y tiró al gobierno un salvavidas, que el propio gobierno se empeña en desinflar. Fue muy grosera la presión sobre la Suprema Corte para que se pronunciara favorablemente a un tarifazo que muy pocos podrán pagar, que producirá el cierre de industrias, el despido de mayor número de trabajadores, un mayor quebranto del comercio, un incremento todavía mayor de la inflación y, consiguientemente, un aumento de las presiones devaluatorias, que de tener éxito, a su vez reproducirían, aumentado, los mismos efectos de estos primeros meses del año.
La Corte no ha cedido del todo las presiones y, en un nuevo intento de salvar al gobierno de sí mismo, postergó la resolución del tema hasta la realización de las audiencias públicas que establece la ley.
El gobierno tendría, así, una nueva oportunidad de corregir su política, lo que, según parece, lamentablemente no hará.
De ahí en más, podrá empezar la cuenta regresiva para un proceso de restauración oligárquica que jamás debió haber comenzado. Pero nada será amable, por así decirlo, y resultará arduo reparar y sobreponerse al daño que estos meses han producido en la estructura social y productiva del país.
Sin ánimo de ser agorero, quien escribe sospecha que el único modo posible de salir del berenjenal en el que Cambiemos se ha y nos ha metido con la eliminación de las retenciones y su insistencia en el error, sea a las trompadas.
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