lunes 22 de agosto de 2016
¿Corte salomónica?
Por Marcelo Zlotogwiazda
LECTORES@VEINTITRES.COM
En el Gobierno reconocen que el ministro Aranguren se equivocó, avalado por Macri, al aplicar el tarifazo sin convocar a audiencia.
El cuento corto que no lleva título es del escritor y periodista marplatense Agustín Marangoni y forma parte de su libro de relatos breves Nadie escuchó el último secreto. Se lo puede entender como una inteligente burla al mal uso del término fallo salomónico para referirse a una decisión que deja conformes a ambas partes.
Un fallo salomónico de la Corte Suprema en relación a la medida cautelar que tiene frenado el tarifazo de gas es la alternativa más probable que espera el Gobierno. Luego de varias gestiones reservadas ante el máximo tribunal que realizaron el Procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, y otros hombres del círculo más próximo al Presidente, la expectativa que tienen es que los jueces le den la razón en lo que ellos consideran que tienen razón, pero que fallen en contra en aspectos en los que reconocen que se equivocaron. "Además de ser justo y razonable, sería un fallo político y salomónico".
En la Casa Rosada están convencidos de que así como el aumento en el valor del gas en boca de pozo (que representa aproximadamente el 75 por ciento de la tarifa final que pagan los usuarios residenciales) no requiere de la realización previa de audiencias públicas, para aumentar la parte de la tarifa que corresponde al transporte y a la distribución del gas, es necesario cumplir con ese trámite de consulta no vinculante. La diferencia entre uno y otro caso, argumentan los expertos jurídicos de Presidencia, es que la producción de gas (lo mismo que la generación de electricidad) no se considera un servicio público.
En el Gobierno ahora reconocen que el ministro Juan José Aranguren se equivocó, avalado por Macri, al aplicar el tarifazo sin convocar a audiencia. También admiten que fue un grosero error no haber previsto que el aumento se iba a potenciar hasta niveles estratosféricos debido a que, en algunas provincias y para muchos clientes residenciales, las facturas de hace un año habían sido particularmente baratas porque no se les aplicó el aumento de entonces o incluso porque se beneficiaron de un descuento por menor consumo.
Consciente de que esos errores complicaron un problema que de por sí era dificilísimo, en el Ejecutivo se darían por satisfechos si la Corte avalara el aumento correspondiente al gas y ordenara que se dé marcha atrás con la parte destinada al transporte y la distribución hasta tanto se realicen las audiencias públicas.
Si eso ocurriera, las empresas distribuidoras deberían devolver el aumento cobrado hasta ahora en concepto de transporte y distribución. Según cálculos oficiales eso implicaría una pérdida de facturación de alrededor de 7.000 millones de pesos para el período abril-octubre, es decir, desde que se anunció el aumento hasta la realización de la audiencia que lo rehabilitaría. Obviamente, esos 7.000 millones de pesos serían cubiertos con subsidios fiscales.
En el Gobierno lo consideran un costo más que razonable para salir del enorme embrollo en que está el tema. Por sobre todo, valorarían que la Corte ratifique la interpretación que ellos hacen del marco regulatorio acerca de que el valor del gas en boca de pozo es un precio y no una tarifa de servicio público, porque, argumentan, eso despejaría el camino para las inversiones.
Los funcionarios que en Presidencia se ocupan del tema lo viven como un asunto crucial. En primer lugar, porque el ajuste tarifario con la consecuente disminución de subsidios compensatorios es la variable fundamental para lograr achicar el déficit fiscal. Además, porque la racionalización del consumo que provocaría el encarecimiento energético disminuiría las necesidades de importar el gas.
Actualmente la producción local de gas alcanza para abastecer el 73 por ciento de la demanda. El resto se cubre con importaciones de gas natural de Bolivia y (recientemente) Chile, de gas natural licuado, y de gas oil. Si se lograra reducir el consumo de gas en un 4 por ciento, alcanzaría para evitar la compra de gas oil, el combustible más caro, lo que ahorraría varios cientos de millones de dólares.
En el Gobierno están convencidos de que, tras haber corregido el tarifazo original con los topes del 400 por ciento de aumento para los usuarios residenciales y de 500 por ciento para empresas, el cuadro tarifario que resulta es razonable. El primer dato en el que se apoyan, que Aranguren destacó el martes ante los diputados, es que el 87 por ciento de las facturas emitidas en el bimestre mayo-junio fueron por menos de 500 pesos mensuales, entre los que se incluye el 11 por ciento que está cubierto por la tarifa social. En el caso de Metrogas, el 40 por ciento de los usuarios de la categoría de consumo más baja y con la tarifa más barata (R1) recibió una factura promedio de 202 pesos por bimestre; y al 29 por ciento de los clientes de la siguiente categoría (R2) le llegó una factura promedio de 624 pesos por bimestre. En el extremo superior, los 153.478 usuarios (el 7 por ciento del total) de las categorías de mayor consumo (R3-4) recibieron una factura promedio de 5.370 pesos para el bimestre.
Otro fundamento, que también esgrimió Aranguren en su presentación, es que, aun después del aumento, las nuevas tarifas de gas son mucho más baratas que en los países vecinos.
La ansiedad por la decisión de la Corte es enorme. "La situación es grave y en ésta nos estamos jugando mucho", dice la fuente. No tiene demasiada esperanza de que los jueces supremos le den toda la razón a Aranguren y restablezcan las tarifas con retroactividad y sin ordenar la realización de audiencia. Pero descartan que el fallo sea totalmente desfavorable, demorando todo aumento hasta después de la audiencia.
Esperan que la Corte sea salomónica.
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