jueves 11 de agosto de 2016
LA JUSTICIA FEDERAL ORDENÓ EXTERNACIONES DE
HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS
Para cumplir con la Ley
de Salud Mental
El juez federal Pablo Cayssials ordenó la externación de cuatro pacientes internados en psiquiátricos porteños y bonaerenses y que no deberían estar internados. También exigió a la Nación y la Ciudad individualizar y externar otros casos semejantes.
Por Carlos Rodríguez
En el marco de un amparo colectivo en el que se dispuso la externación de cuatro pacientes internados en hospitales monovalentes (manicomios), la Justicia Federal ordenó a los gobiernos nacional y porteño que en un plazo de 20 días hábiles presenten "un plan de acción" destinado a resolver de igual modo la situación de "todos aquéllos que se encuentren en las mismas condiciones". La resolución del juez en lo Contencioso Administrativo Federal número 9, Pablo Cayssials, establece que las autoridades deberán individualizar a los pacientes que se encuentren en condiciones de ser externados y hacer una estimación de los costos y las previsiones presupuestarias necesarias para afrontar la implementación de la medida judicial, fijada en el marco del incumplimiento de las leyes de Salud Mental de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires.
El recurso fue patrocinado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) y por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi). En una declaración a la que tuvo acceso Página/12, Acij señaló que la disposición judicial que se dio en el marco de la causa "S.A. y otros contra el Estado Nacional y otros" tiene por objetivo "poner fin a un estado de total incumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental, que rige desde 2010 pero se encuentra incumplida en sus aspectos fundamentales".
Acij agregó que "esa falta de cumplimiento se traduce en una continua y sistemática violación de derechos fundamentales sobre la que ha llamado la atención el Comité de Derechos Humanos de la ONU en su reciente examen sobre Argentina". La entidad puntualizó que en el país "las personas con discapacidad psico-social no tienen verdaderas alternativas al manicomio, pese a que la ley establece que para el 2020 éstos deben haber sido sustituidos por una red de dispositivos comunitarios, fuera del ámbito de internación hospitalario, en la comunidad y con un abordaje interdisciplinario".
Fue en ese contexto, recalcó Acij, que "dos defensoras públicas curadoras iniciaron la causa" en la que falló el juez Cayssials "en representación de cuatro personas que todavía continúan internadas en hospitales psiquiátricos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires". En esas circunstancias, Acij y Redi se sumaron a la demanda "en representación de todas las personas con discapacidad psicosocial y usuarias de servicios de salud mental afectadas por la falta de dispositivos intermedios" que permitan la atención ambulatoria en centros de salud comunitarios.
La sentencia, que condena tanto al Estado Nacional como a las autoridades porteñas ordenó la creación de "dispositivos comunitarios adecuados y beneficia no sólo a quienes iniciaron la acción sino también a todas las personas que se encuentran en su misma situación". La presentación, en favor de los cuatro pacientes, fue realizada hace varios meses, pero las autoridades nacionales y porteñas "no han presentado una propuesta concreta de cumplimiento" de lo que dictan las leyes de Salud Mental vigentes tanto en la Ciudad como a nivel nacional. En ese contexto, la medida judicial "intenta poner fin a este estado de sostenido incumplimiento y avanzar en un plan de implementación" de las normas legales en vigencia.
Las entidades señalaron que "no se trata de un problema de falta de recursos sino de criterios de asignación ilegítimos, ya que cuantiosos recursos se destinan a sostener la internación en hospitales psiquiátricos que violan derechos humanos, cuando por ley deberían destinarse a dispositivos alternativos a los manicomios".
Acij recordó que del análisis del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, surge que "casi el 8 por ciento del presupuesto de salud se destina a salud mental. De esto, casi el 80 por ciento del presupuesto para salud mental se orienta a reforzar el sistema manicomial", mientras que "menos del 1 por ciento (...) es destinado a servicios de externación, y no hay información presupuestaria desagregada sobre dispositivos comunitarios". Mientras tanto, el Estado Nacional "tampoco desarrolla políticas tendientes a implementar" la Ley de Salud Mental.
Por el contrario, a través del Ministerio de Salud nacional, se acaba de dejar sin efecto la resolución 1484, del año 2015, que establecía las normas para desarrollar la implementación de los servicios comunitarios y la atención multidisciplinaria, para minimizar las internaciones en psiquiátricos públicos y privados. El titular del juzgado 9 para el 7 de septiembre próximo "para verificar el cumplimiento de todo lo dispuesto" en el fallo.
LA SEGUIDILLA DE DENUNCIAS POR LA VIOLENCIA SEXUAL
EN EL ROCK
Un debate que crece
Por Juan Ignacio Provéndola
Las declaraciones de Gustavo Cordera en la charla de TEA Arte reavivaron un debate abierto a fines de abril, cuando una serie de denuncias públicas sobre Miguel del Pópolo (cantante de la banda La Ola Que Quería Ser Chau) evidenciaron la problemática de la violencia de género en el rock argentino.
En ese entonces, dos mujeres habían difundido videos en los que señalaban a Del Pópolo como autor de varios hechos de violencia sexual. Las imágenes se viralizaron rápidamente por las redes sociales y, al mismo tiempo, abrieron la puerta a otros reclamos que apuntaban a músicos de diversas bandas.
El caso más resonado fue el de Cristian Aldana, líder de El Otro Yo, cuestionado por una ex pareja de él y luego por más mujeres, todas ellas menores de edad. En medio de la viralización de las denuncias, se creó una página de Facebook con el título "Víctimas de Cristian Aldana", que hoy cuenta con casi cuatro mil seguidores. Parte de la información recogida allí permitió a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género contra las Mujeres (UFEM) tomar seis testimonios, con ellos realizó una denuncia formal, que derivó en una investigación por parte de la Fiscalía de Instrucción 38.
"Las mendacidades y falacias mencionadas no tienen asidero legal alguno", se defendió entonces Aldana a través de un comunicado. Luego de radicar la denuncia, su ex pareja publicó en su perfil de Facebook: "Dudar de una víctima es ser cómplice y apoyar a una red enorme de abusadores, violadores y golpeadores que hoy están ejerciendo esto con infinidad de mujeres y varones".
Por ese entonces circularon dos comentarios que irritaron y abrieron aún más la herida iniciada a causa de los cuestionamientos hacia la cultura rock que habilitaron los casos de violencia sexual en ese mundo. Uno fue de Wallas Cidade, quien en un show de su banda, Massacre, ironizó sobre una de las denuncias a Del Pópolo. "En el video (la chica) dice que la violaron dos veces. ¿Qué hicieron entre violación y violación? ¿Se fumaron un pucho?", expresó el cantante ante su público.
En esos días, se reprodujeron dos entrevistas que Ciro Pertusi había ofrecido en 1997, cuando aún era cantante de Attaque 77. En ellas admitía tener fantasías con menores de edad. "He vivido buenos amores platónicos con chicas de siete años, cosas muy lindas, de vernos y tener deseos el uno del otro. Pero hay gente a la que no le podés hablar de esto", había confesado Pertusi a la revista Inrockuptibles.
Ambos artistas tuvieron que hablar públicamente para aclarar los dichos, desdecirse y disculparse.
Otro músico denunciado fue Alan Eric Martensen, cantante de Tarantos. Al menos cuatro mujeres lo acusaron de violencia verbal, psicológica y hasta física. Una de ellas realizó una exposición formal en la Oficina de Violencia Doméstica a mediados de julio.
Años antes de la ola de denuncias y acusaciones de 2016, hubo también artistas reconocidos que estuvieron involucrados en episodios de abuso. En julio de 2014 había trascendido que Juanse Gutiérrez, ex líder de Los Ratones Paranoicos, estuvo imputado en Jujuy por abuso sexual. "¡Fue una cama!", aseguró un año después al diario Clarín, tras ser consultado al respecto. "No fue en Mónaco, fue en Jujuy, ¿entendés? La mina más alta es como esta parrilla. Esta parrilla es más linda, y no hablo de belleza, sino del estado en el que estaban todos. Con la mujer que tengo, no voy a ir a Jujuy a encerrarme con un mamarracho". Por las dudas, añadió: "Ojo, no tengo diferencial racial".
Las resonantes declaraciones derivaron en una intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), quien citó al músico para que diera explicaciones sobre aquellas declaraciones periodísticas. Finalmente, Gutiérrez tuvo que ofrecer disculpas y dejarlas asentadas por escrito en una carta en la que aseguraba: "no ha sido (mi) intención ofender, agraviar y menoscabar de ningún modo al pueblo jujeño, y mucho menos a las mujeres de esa bendita provincia".
El primer antecedente público acaso haya sido el de Charly García, quien a fines de los 90' se obsesionó con Florencia Zabala, entonces menor de edad. El músico solía esperarla a la salida del colegio de Ituzaingó donde Zabala, de 17 años, cursaba el secundario. La situación llegó a niveles intolerables y la chica realizó una denuncia que derivó en un episodio insólito: García terminó a los golpes con los padres de Florencia y también con dos policías que pretendían contenerlo. A pesar de que la relación se configuraba a las claras como estupro, el músico sólo fue imputado por resistencia a la autoridad. Dos años después fue sobreseído de esa causa y el hecho quedó como una simple anécdota, que hoy se relee distinto en un escenario de crecientes denuncias por violencia de género en la cultura rock de Argentina.
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