sábado 13 de agosto de 2016
PANORAMA POLÍTICO
El miedo no es invento
Por Luis Bruschtein
El primer consejo del diario La Nación a Mauricio Macri apenas ganó las elecciones fue cerrar los juicios a los represores: "terminar con la venganza y empezar con la justicia". No fue el mejor consejo que le podía dar. Este jueves las Madres hicieron su marcha 2000 acompañadas por una multitud y antes de salir a la Plaza recibieron la visita muy afectuosa de Cristina Kirchner. La corporación judicial las puso en el mismo rango como quería La Nación y se produjo una reacción contraria a la que buscaba. Fue una semana signada por esa presión mediático judicial, estimulada por la entrada en escena de la conducción de la colectividad judía con un fuerte y penoso protagonismo junto a sectores del menemismo relacionados con el encubrimiento del atentado a la AMIA. Con un ánimo revanchista que haría cada vez más parecido al macrismo con el gobierno de facto de 1955, en otro consejo, en el editorial del jueves, La Nación volvió a pedir que le cambien el nombre al centro cultural Kirchner. Resultó sintomático que lo primero que reclamó La Nación fuera por los represores de la dictadura. Lo que explica gran parte del odio. Antes de morir en la cárcel, Jorge Videla dijo que "lo peor que le había pasado eran los Kirchner". Se explica el odio y el editorial del jueves.
En otro plano simultáneo, el oficialismo tuvo dificultades para mantener las alianzas con el massismo y con fugitivos del FPV por las que logró el control del Congreso. El brutal tarifazo impactó, inclusive, en su propia alianza con los radicales. De todos modos pudo impedir que la oposición lograra los dos tercios de los votos, con lo cual salvó el tarifazo y salvó la relación con sus opositores amigos que de esa manera pudieron votar sin herir al oficialismo. La libertad de acción que logró el macrismo para aplicar las medidas más salvajes del ajuste en estos siete meses es en gran medida responsabilidad de los opositores amigos del gobierno. Seguramente dentro de unos años, el peronismo discutirá si era más aconsejable garantizarle gobernabilidad al gobierno conservador y desguarnecer el campo popular de oposición; o al revés: fortalecer el espacio progresista popular para frenar el saqueo al bolsillo de los trabajadores.
Si el macrismo hubiera actuado como derecha moderada, la discusión sería otra y más defendible el opoficialismo. Pero en estos siete meses se perdieron 800 mil puestos de trabajo formales e informales, el salario de los trabajadores perdió el doce por ciento, hay miles de suspensiones en distintas ramas de la industria por la apertura de las importaciones, la salud pública está en punto muerto, la deuda pública se multiplicó como nunca en la historia y la producción industrial y el consumo están en caída libre. Este gobierno avanzó como una derecha dura.
Este tsunami para los sectores populares, cuya reacción ha sido todavía moderada, es responsabilidad del PRO-Cambiemos, pero también de sus aliados en la oposición, el massismo sobre todo, que arregló con el gobierno y arrastró después a gobernadores del PJ y dirigentes sindicales. Le abrieron el camino a una aplanadora que atropelló a los sectores populares a los que dejaron desprotegidos. No hay ningún argumento para explicar la forma en que le soltaron la mano. Fue un error que los muestra como corresponsables de la tragedia y tendrá un costo político.
En la calle hay temor por la situación económica. La mayoría tiene un conocido o un miembro de la familia que perdió su trabajo, muchos no saben cuánto resistirá su propio empleo y todos sienten que la plata no alcanza. El futuro no se ve amigable sobre todo en el conurbano. Los medios oficialistas dicen que el kirchnerismo lanzó una "campaña de miedo". Pero es al revés: la inmensa mayoría de los medios está tratando de ocultar esta crisis fulminante. El oficialismo tiene los grandes medios a su favor, incluyendo a los públicos. Es como comparar una honda con un cañón. Es estúpido achacar todo a una "campaña de miedo" del kirchnerismo. Por un lado se regocijan porque dicen que se redujo a una secta y por el otro lo culpan por el mal humor social.
La protesta ha sido liviana. Todavía hay una luz de esperanza y un resto en la economía. Pero las medidas tienen un efecto cascada. Cerrar es la última opción de un comerciante o un pequeño o mediano industrial. Primero trata de reducir costos, se endeuda, suspende compras, intenta achicar el costo salarial y bajar gastos en una espiral descendente hasta que al final cierra. Lo que se pierde no se recupera. El que queda fuera difícilmente vuelva al mercado de trabajo o lo haga al mismo nivel que perdió. Si la situación sigue así, en algún momento la reacción será desesperada. El temor ahora es que no haya retorno. Cuando se confirme que no lo hay, habrá desesperación y la reacción no será como ahora. Es lo que se percibe, no es una campaña de miedo.
Este escenario se pelotea con el otro. La campaña de los medios y un sector de la justicia mantiene a Cristina Kirchner en el candelero y el ataque la confirma en una imagen de competidora temible. A esta altura, las acusaciones empiezan a rebotar sobre el malestar que produce el ajuste. Atacar al movimiento de derechos humanos también suele ser contraproducente. Las Madres son parte del magma creacional de esta etapa de la democracia argentina así como los militares de la dictadura son su enemigo. Los treinta y tres años de democracia se han construido sobre esa dualidad. Son lugares axiomáticos. Quedó demostrado cuando Hebe se negó a concurrir al juzgado. La reunión de Cristina Kirchner con Hebe antes de la ronda en la Plaza, este jueves, suma un dato que se fija en ese imaginario ciudadano.
Las medidas económicas aparecen como una agresión a los sectores populares. Los medios también muestran una ofensiva judicial contra Cristina Kirchner y contra los movimientos sociales y de derechos humanos. Aunque diferenciados, cualquier mapa informativo, incluso los más manipulados, mostrará a ese conjunto de un lado y al gobierno del otro, junto con los medios oficialistas y la corporación judicial, a los que se suma la conducción de la colectividad judía de la mano de un juez y un fiscal del menemismo que fueron acusados de interferir o planchar la investigación del atentado a la AMIA.
La denuncia por encubrimiento fue realizada años atrás por las distintas agrupaciones de familiares de víctimas del atentado. La actitud de la conducción de la DAIA y la AMIA, enfrentada a estos familiares y alineada con Claudio Bonadío y Germán Moldes en la persecución a Cristina Kirchner, evidencia el uso político que se le ha dado desde el principio al atentado contra la AMIA. La actuación de los dirigentes comunitarios deja ver que su prioridad no es proveer justicia a las víctimas y sus familiares. No se trata, para ellos, de aclarar el atentado, sino que éste funcione como peón de la geopolítica internacional y como arma para atacar a Cristina Kirchner, cuya gestión fue un obstáculo para ese fin. Además de su penosa alianza con estos funcionarios menemistas relacionados con el encubrimiento del atentado, el espacio político de esta conducción comunitaria tiene varios funcionarios y legisladores en el gobierno de Macri, como el rabino Sergio Bergman y el diputado Waldo Wolff.
Si algo faltaba para evidenciar estas intenciones, mientras la dirigencia comunitaria insistía con la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Kirchner, esta semana, después de 22 años, se identificó el cuerpo de Augusto Jesús, de 21 años, que en el momento del atentado asistía a un taller que se daba en la AMIA. Después de tantos años sin producir ninguna prueba ni avanzar en cuestiones concretas, esta identificación nada compleja que realizaron los fiscales que asumieron recientemente la investigación, confirma la ineficiencia de Nisman y el desinterés de esa dirigencia por el esclarecimiento del atentado. La idea de un juicio en ausencia de todos los acusados ratifica esa estrategia que se desentiende de la aclaración de los hechos y busca el cierre de la investigación con una sentencia puramente política. No por casualidad, esa condena sin esclarecimiento coincide con el interés de los lobbies internacionales de la derecha israelí y la derecha norteamericana.
PANORAMA ECONÓMICO
Dos dígitos
Por David Cufré
La tasa de desocupación se encamina a los dos dígitos. La pérdida constante de puestos de trabajo desde la llegada de Cambiemos vuelve a instalar la problemática del desempleo en el centro de la agenda económica. El derrame, que nunca se produce cuando se trata de la riqueza, sí se verifica en sentido opuesto, dado que la caída de la clase media arrastra a sectores populares que le prestan servicios. El sindicato de empleadas domésticas registra un aumento de la conflictividad entre sus afiliadas, sobre todo por la pretensión de los empleadores de reducirles las horas de trabajo. El gremio de la construcción denuncia que por cada empleo formal que se pierde en el sector, otros dos trabajadores no registrados quedan sin actividad. Hasta mayo, la destrucción de empleo formal en este rubro era de 52.974 puestos respecto a igual mes de 2015, según el último relevamiento de la Cámara de la Construcción. El informe que presentó esta semana la Universidad Católica Argentina sobre el aumento acelerado de la pobreza en los primeros meses de gobierno de Mauricio Macri advierte que una de las razones principales es el agravamiento de la situación laboral de los cuentapropistas. La actividad fabril evidenció en junio una caída del 9,5 por ciento, la más pronunciada del año, que abarca prácticamente a todos los bloques. Esto se traduce en que el sector es el segundo mayor expulsor de mano de obra detrás de la construcción, también con repercusiones sobre puestos indirectos en talleres o pymes que complementan la producción, proveen insumos o prestan servicios a empresas más grandes. Otro rubro clave en materia de empleo es el comercio minorista, cuyas ventas acumulan siete meses consecutivos en baja. La última, en julio, fue del 8,1 por ciento, de acuerdo al reporte de CAME. A eso se agrega, señaló la entidad, el fuerte aumento de costos, lo cual ubica cada vez a más negocios cerca de la decisión del achicamiento o el cierre.
Noemí Rial, ex viceministra de Trabajo durante trece años, se desempeña ahora como directora del centro de capacitación de la Unión Ferroviaria, el sindicato que conduce Sergio Sasia. Desde allí observa que el aumento de la desocupación tiene dos derivaciones muy claras en el escenario laboral: la contracción del salario y el empeoramiento de las condiciones de trabajo, que sectores empresarios y el Gobierno pretenden cristalizar con una reforma legislativa de efectos duraderos. "El desempleo es el mayor disciplinador social que existe, el que permite que los trabajadores acepten situaciones de flexibilización que en otras circunstancias serían intolerables", sostiene. La pérdida del poder adquisitivo se refleja por ejemplo en la evolución del Salario Mínimo Vital y Móvil. En noviembre del año pasado, antes de la devaluación, superaba el valor de la Canasta Básica Alimentaria de la Ciudad de Buenos Aires. El sueldo mínimo era de 6060 pesos y la canasta, de 5246 pesos, según el registro del gobierno porteño para una familia con cuatro integrantes. Es decir que el salario mínimo a esa familia la ubicaba por arriba de la línea de indigencia y le sobraban 814 pesos, equivalentes al 15 por ciento del valor de esa canasta. En la actualidad el salario mínimo está en 6810 pesos y la canasta, en junio, se encontraba en 6888, con lo cual la misma familia pasó de cubrir 1,15 canasta alimentaria a que le falten 77 pesos para costearla, cayendo en la indigencia. En resumen, de quedarle un margen de 814 pesos en noviembre tras comprar los alimentos esenciales a faltarle 77 pesos en junio para ese fin. Esa situación se irá agravando hasta enero del próximo año, cuando se efectivice la segunda cuota del aumento del salario mínimo y llegue a 8060 pesos, con un incremento global del 33 por ciento, muy por debajo de la inflación.
La misma situación se da con el sueldo de las empleadas domésticas. En noviembre del año pasado era de 5358 pesos por ocho horas de trabajo, 112 pesos por encima de la canasta alimentaria, que se encontraba en 5246. En junio, en cambio, el nuevo salario de 6322 pesos quedó a 566 pesos del costo de la canasta, calculada por el gobierno porteño en 6888 pesos. Otra vez, de encontrarse arriba de la línea de indigencia por 112 pesos a estar por debajo en 566. Carmen Britez, secretaria de actas del sindicato de empleadas domésticas, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), sostiene que en las 25 sedes de la entidad reciben cada vez más consultas por situaciones de despido o por tensiones con los empleadores que quieren achicarles la jornada de trabajo y el salario.
"Nos acercamos al 2001 de manera galopante. A este ritmo no se tardará en volver a los dos dígitos de desocupación. Existen estimaciones que lo anticipan para este año. Es una pérdida muy grande, ya que al tercer trimestre de 2015 estábamos en 5,9 por ciento, la menor tasa de desempleo en 28 años", compara Rial. "Se perdió el equilibrio entre inflación y salarios. Y lo peor es que el Gobierno no muestra reacción", agrega. Otro indicador de la destrucción de puestos de trabajo es el aumento en la cantidad de planes Repro concedidos por la cartera laboral, que a pesar de su pasividad, se está viendo desbordada por las solicitudes. En julio entregó un 27 por ciento más de subsidios al salario de empresas en crisis que el mes anterior. La evolución fue de 11.961 planes en junio a 15.240 el mes pasado. Esta situación de debilidad material de los trabajadores, explica la ex número dos del Ministerio, facilita la instalación de proyectos de flexibilización laboral.
"El Gobierno y sectores empresarios que se expresaron en un seminario de derecho del trabajo en Mar del Plata pretenden avanzar en al menos tres aspectos", anticipa Rial. "Descentralizar la negociación colectiva, restablecer contrataciones a prueba por períodos de hasta doce meses y reducir el costo de despido del trabajador", explica. Daniel Funes de Rioja, presidente de la cámara de industrias de la alimentación (Copal) y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), fue quien planteó esos objetivos de manera más frontal. "La descentralización de la negociación colectiva para establecer convenios por empresa fue lo que consagró la Ley Banelco del gobierno de la Alianza. Con ello se pierde el concepto de igual remuneración por igual trabajo. Los acuerdos por empresa deben ser aceptados cuando es para establecer condiciones salariales y laborales mejores a las del convenio de la rama o actividad, pero acá lo que se pretende es que el trabajador quede en una posición desventajosa para aceptar arreglos a la baja", alerta la ex funcionaria. Respecto del período de prueba, recuerda que también en los '90 y los '2000 se fueron extendiendo esquemas de contratos basura hasta habilitar plazos de un año. "Lo otro que quieren es copiar el modelo brasileño para facilitar la salida del trabajador. Pretenden crear un fondo con aportes de los empleados y de las empresas para financiar los despidos, con lo cual le descontarían una porción del sueldo al trabajador para pagarse su propia indemnización", detalla.
La última vez que la desocupación alcanzó los dos dígitos fue en el tercer trimestre de 2006, cuando marcó 10,2 por ciento. Desde el pico de 25 por ciento de 2002, el desempleo cayó de manera ininterrumpida hasta 2009. Ese período de crecimiento a tasas chinas e inclusión social logró superar mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado en 2001 la crisis laboral del menemismo y del gobierno de De la Rúa. La crisis financiera internacional interrumpió el proceso, pero la desocupación, que subió, no alcanzó los dos dígitos. En 2009 el gobierno respondió al shock externo con una batería de medidas de estímulo a la demanda y una presencia permanente del Estado frente a cada conflicto laboral. Los resultados de esa estrategia se expresan en el 5,9 por ciento de desocupación del tercer trimestre de 2015, que fue el último registro del kirchnerismo. El cambio de 180 grados en las políticas por parte del actual gobierno, incluida la apertura de las importaciones en medio de una dura recesión, ya ha provocado consecuencias graves. Es obvio que serán peores si el Poder Ejecutivo logra imponer el tarifazo, y permanentes si concreta las reformas estructurales, como la previsional, la impositiva y la laboral. Es probable que antes que esos proyectos lleguen al Congreso, la desocupación ya haya regresado a los dos dígitos.
GABRIELA MICHETTI QUEDÓ IMPUTADA POR LAS DUDAS
SOBRE EL ORIGEN DEL DINERO QUE LE ROBARON DE SU
CASA
Una vicepresidenta envuelta en sospechas
El fiscal Guillermo Marijuán le pidió al juez Ariel Lijo que abriera una causa y le sugirió varias medidas de prueba. Apunta a un conjunto de fundaciones que están en la mira como posibles fuentes de recaudación para el financiamiento del PRO.
. Los montos de dinero y las explicaciones de Gabriela Michetti fueron sinuosos y dejaron posibles anomalías a simple vista.
Por Irina Hauser
Gabriela Michetti quedó imputada por las sospechas sobre el origen del dinero que le robaron de su casa el mismo día del ballottage presidencial, el 22 de noviembre del año pasado, aunque el hecho se conoció recién ocho meses después. Cuando la vicepresidenta intentó dar explicaciones públicas, dijo que los 200 mil pesos en efectivo que le faltaban eran donaciones a la fundación SUMA, que preside, otros 45 mil eran para refacciones, mientras que 50 mil dólares eran un préstamo que le había hecho su pareja, Juan Tonelli, para pagar una maestría de su hijo. El fiscal Guillermo Marijuán le pidió al juez Ariel Lijo que abra una causa y le sugirió una batería de medidas de prueba, parte de las cuales apunta a un conjunto de fundaciones más amplio que están en la mira como posibles fuentes de recaudación para el financiamiento de la actividad política de PRO, algo que fue denunciado por los diputados del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade.
El episodio del robo fue revelado a mediados de julio por el diario cooperativo Tiempo Argentino. La Policía Metropolitana informó que se había mantenido en reserva tanto por pedido de la fuerza como de la Justicia, "para no alterar la investigación" con el argumento de que se sospechaba del círculo más cercano a Michetti. El entrecruzamiento de llamados involucró a su entonces custodio, David Juan Pablo Cruzado, asignado por el Ministerio de seguridad porteño. El dinero estaba repartido en lugares muy precisos de la casa (el cajón de la mesa de luz, una bolsa de papel madera a un costado de la cama, y en el interior de dos placares distintos). Cruzado pagó 20 mil pesos de fianza para salir en libertad el mes pasado y le embargaron un millón de pesos.
Pero más allá del episodio policial, los montos de dinero y las explicaciones de la vicepresidenta fueron sinuosos y dejaron posibles anomalías a simple vista. ¿Acaso no está prohibido que las fundaciones reciban donaciones en pesos? ¿SUMA justificó el origen de sus donaciones y cumplió con las normas antilavado? ¿Por qué Michetti declaró el supuesto préstamo de su pareja en pesos (al cambio oficial de noviembre de 2015) y no en dólares? ¿Los dólares fueron obtenidos con los permisos correspondientes de la AFIP? ¿Qué maestría haría su hijo capaz de costar 50 mil dólares? El diputado Tahilade informó a Página/12 que Juan Tonelli, pareja de Michetti, declaró dos veces en la causa sobre el robo "y que en ninguna de esas dos ocasiones dijo que los dólares se los hubiera prestado él". Lo que abre la pregunta de ¿qué constancias hay de qué los dólares son un préstamo de Tonelli? "Ella lo incluyó en su declaración jurada, pero con posterioridad al robo", dijo el abogado Leonardo Martínez Herrero, quien presentó la primera denuncia contra la vicepresidenta.
En un comienzo, Martínez Herrero pidió que se investiguen las supuestas donaciones, de quién provienen, cómo se concretaron, si cumplen con toda la normativa exigida a las fundaciones. Reclamó la revisión de las declaraciones juradas de este año y el anterior de Michetti y de su pareja. Planteó que si los 200 mil pesos eran de donaciones, el dinero debía estar bancarizado. Informó a este diario, además, que hasta el 18 de julio SUMA no tenía empleados, al menos reconocidos.
La denuncia de Cabandié y Tailhade fue una ampliación. Ellos plantearon a SUMA como el posible paradigma bajo el cual actuarían otras fundaciones, como posibles pantallas para recaudar fondos para la política. Presentaron incluso una lista que incluyó a las fundaciones Creer y Crecer, de Néstor Grindetti (el intendente de Lanús, que es investigado por derivaciones de los Panamá Papers); Formar, de Guillermo Dietrich; y Fundar Seguridad y Justicia, de Eugenio Burzaco. Según los denunciantes, tendrían en el denominador común de no haber presentado balances en los últimos años ni cumplir con los estándares mínimos que se les pide a las ONG para prevención del lavado de activos. En la fundación SUMA, además de Michetti, son directivos el jefe del bloque del Senado, Federico Pinedo; el ministro de Interior, Rogelio Frigerio; y el titular del sistema de medios públicos, Hernán Lombardi, entre otros.
El fiscal Marijuán le pidió al juez Lijo que abra una causa penal ante posibles delitos de "acción pública", aunque no especificó cuáles serían. En el Gobierno intentaron bajar el tono a la situación y dijeron que era "lógico el procedimiento", algo que no suele ser visto del mismo modo cuando los implicados son dirigentes de otras fuerzas políticas.
Algunos de los posibles delitos en puerta serían falsedad ideológica, en relación a la declaración jurada donde figura una deuda en pesos por el equivalente a 50 mil dólares a la cotización de noviembre pasado (461 mil pesos) aunque ahora serían por lo menos 300 mil más; también están en duda si se cumplieron las normas cambiarias; habrá que ver si como titular de SUMA Michetti cumplió con el deber de informar todos los aportantes y ofrecer documentación respaldatoria; además, las fundaciones que reciben donaciones superiores a 50 mil pesos deben informar sobre cumplimiento de normas de prevención del lavado ante la UIF; habrá que ver si se cumple con leyes impositivas ya que por la resolución 2681 de la AFIP las donaciones se hacen mediante depósito bancario, giro o transferencia, débito por cajero o débito, pero no está previsto el dinero en efectivo.
REPRIMIERON A MANIFESTANTES QUE QUERÍAN ACERCARSE
A MACRI EN MAR DEL PLATA
Previa de gases y balas de goma
La represión se produjo antes del acto del Presidente, que fue abucheado durante su discurso. Cuando la comitiva presidencial se retiró del lugar se registraron nuevo incidentes. El Gobierno puso el eje en que el auto de Macri fue apedreado.
Mauricio Macri estuvo ayer en Mar del Plata. Lo que sobresalió de su paso por esa ciudad no fueron las obras que allí anunció, sino los incidentes que rodearon su visita y que comenzaron con la represión a un grupo de manifestantes que quería acercarse al lugar donde habló para plantearle que "los más humildes no pueden afrontar el ajuste feroz". Dirigentes de derechos humanos desplegaron, a su vez, una gran bandera argentina con fotos de desaparecidos, Macri fue abucheado durante su discurso y a su salida del acto hubo nuevos disturbios en torno a la comitiva presidencial. El Gobierno puso el eje en que el auto de Macri fue apedreado, rápidamente se instaló esa idea y se apuntó contra la agrupación HIJOS, que negó cualquier participación en los hechos. Dirigentes oficialistas, opositores y otros que están a mitad de camino repudiaron la "agresión" al Presidente y le expresaron su solidaridad, pero sólo unos pocos destacaron que reprimir "no es el camino". Esa fue la línea de un pronunciamiento del Partido Justicialista, que remarcó que "hoy los medios nos devuelven imágenes de represión en las calles, y no es con represión como se resuelven los problemas sociales que tenemos; por el contrario, se agudizan, se profundizan".
Los incidentes fueron el barrio Belisario Roldán, donde Macri lanzó con María Eugenia Vidal el Plan Nacional de Hábitat, pensado para mejorar la situación habitacional de los sectores más vulnerables. Ante la presencia del Presidente y la gobernadora bonaerense allí se dirigieron integrantes de la organización Votamos Luchar con la intención de hacerles "escuchar la voz de los más humildes que no podemos afrontar el ajuste feroz", pero la policía les cerró el paso y los reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos. "Hay algunos compañeros heridos. Dispararon a unos metros de los compañeros, entre ellos mujeres con bebés", contó Ezequiel Francomano, miembro de esa agrupación.
Integrantes de organismos de derechos humanos también se movilizaron con una gran bandera argentina con rostros de desaparecidos para rechazar lo dicho por Macri acerca de la dictadura y que no tiene "idea" de si hubo 30 mil desaparecidos.
Macri habló poco. "Sí, se puede", lo alentaron sus seguidores, aunque también hubo abucheos. Macri tomó nota de ellos y llamó a "poner la energía en construir y no para agredir". "Aquellos que creen que el camino es la agresión, tienen que entender que el camino es el respeto al otro. En vez de sumar apedrean", insistió después en Sierra de los Padres, donde inauguró una planta empaquetadora de kiwis. Allí lo acompañó el jefe de bloque de senadores del PJ-FpV, Miguel Pichetto. "Desmentimos enérgicamente las acusaciones de Clarín y La Nación", afirmó en un comunicado la agrupación HIJOS, a la que responsabilizaron por la "agresión". "En 21 años de lucha, jamás hemos ejercido la violencia, ni siquiera cuando todos los genocidas caminaban impunes por las calles", remarcó HIJOS, que también advirtió sobre la intención del Gobierno de retroceder en materia memoria, verdad y justicia y agregó: "Pretenden tapar el plan de hambre y exclusión del Gobierno con acusaciones falsas sobre las organizaciones del pueblo. Eso es violencia: la mentira, la persecución política, la represión y la pobreza."
Sin mencionar una sola palabra de la represión previa al acto, funcionarios y dirigentes de Cambiemos repudiaron las "agresiones" a Macri y cargaron las tintas sobre el kirchnerismo. "Una alternativa política no se construye tirando piedras, sino con propuestas para resolver los problemas de la gente", se sumó al coro el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.
Desde el peronismo se solidarizaron con Macri el titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, y el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, con un matiz: destacó que "no debemos tolerar la represión a las manifestaciones sociales, ese no es el camino. Debemos escuchar y respetar el reclamo de la gente."
En esa sintonía estuvo el documento el Partido Justicialista, que también se hizo eco del informe de la UCA sobre el aumento de la cantidad de pobres. "Se registra un aumento de la pobreza, la indigencia, la desocupación, la precarización laboral y profundización de la desigualad social", señaló el PJ y le reprochó al Gobierno hacer "oídos sordos a los reclamos provenientes de los distintos sectores de la sociedad que le reclaman cambios en el modelo de ajuste salvaje". Además, llamó a "descartar el uso de la fuerza para reprimir a los sectores más vulnerables".
SE LANZÓ LA CORRIENTE FEDERAL DE TRABAJADORES QUE
POSTULÓ A SERGIO PALAZZO PARA LA CENTRAL OBRERA
"Una CGT que confronte, no cómplice"
Los gremios más combativos de la CGT lanzaron ayer la nueva corriente que busca posicionarse como referencia interna y tener representación en la futura conducción. Pidieron "una CGT que derrote en las calles y en las urnas al neoliberalismo".
El secretario general de la Bancaria, Sergio Palazzo, fue el orador de fondo en el acto sindical en el microestadio de Ferro.
Los gremios más combativos dentro de la CGT llenaron ayer el microestadio de Ferro para lanzar la Corriente Federal de los Trabajadores Argentinos, espacio que intentará posicionar a Sergio Palazzo como parte de la futura conducción de la central obrera. El secretario general de La Bancaria presentó los ejes principales de un programa de gobierno del movimiento obrero que propone el espacio: protección del trabajo y la industria nacional, estatización de los recursos estratégicos y de los servicios públicos y reforma financiera y tributaria. Postulado como a viva voz como futuro secretario general por los gremios presentes, Palazzo criticó el "brutal" tarifazo en los servicios, "del que no tiene memoria el pueblo argentino", dijo que el Gobierno "tiene puesto el escudo de la Sociedad Rural, los grandes medios y las corporaciones" y pidió por una CGT "que derrote en las calles y en las urnas al neoliberalismo".
Con la mira puesta en el plenario de la CGT del 22 de agosto en el que se definirá el formato y los nombres de la futura conducción, Palazzo lanzó la posición del espacio que encabeza. "Queremos una CGT que confronte, no cómplice ni tampoco gestoría del gobierno neoliberal, y que sea parte central en la construcción de un frente nacional para que volvamos a tener un gobierno del pueblo", dijo.
El espacio que se lanzó ayer surgió de la confluencia de la Bancaria y los sindicatos referenciados con el núcleo del MTA y la Corriente Sindical Federal, muchos de cuyos dirigentes se reunieron con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada, durante el homenaje a Raimundo Ongaro. Hacia dentro de la CGT, plantean que la conducción debe ser "colegiada", pero no concuerdan con el triunvirato de Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, quienes fueron presentados como los candidatos para conducir la futura central unificada.
La apuesta, con el lanzamiento de ayer, fue posicionar a Palazzo dentro de la conducción. El sector teme que una central dirigida por Daer y Acuña termine jueando políticamente para Sergio Massa. Luis Barrionuevo, jefe de la CGT Azul y Blanca donde se referencia Acuña, dijo hace poco que la CGT debe "ir a buscar" al líder del Frente Renovador. "No queremos ser el cuarto de servicio de ningún partido político", lanzó ayer Palazzo.
Los 26 puntos del programa presentado ayer tienen raíces en los programas de Huerta Grande, La Falda y la CGT de los Argentinos, que fueron reivindicados en los discursos de ayer. "Vamos a reclamarle a la CGT que tome este programa, que es el programa histórico del movimiento obrero, por la soberanía y la independencia, y contra la oligarquía moderna que quiere someternos", dijo el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti.
Además de las medidas a mediano plazo como la estatización de los recursos, la promoción de la industria nacional y la reforma impositiva, el espacio propone "un salario universal básico" para ocupados y desocupados, y retomar la "emergencia laboral".
"La unidad de la CGT es empoderamiento de los trabajadores. Pero esa unidad debe tener una dirección. Éste programa es la dirección que creemos que tiene que tener", sostuvo Palazzo. "Si este programa lo enarbola un partido popular, estaremos en ese partido", definió, luego de reivindicar a Ongaro, Saúl Ubaldini, Raúl Alfonsín y Néstor y Cristina Kirchner "como ejemplos de la política".
El microestadio de Ferro fue un hervidero de bombos, bocinazos y banderas, que sonaron como trasfondo de los discursos. Mientras la militancia esperaba la llegada de los dirigentes, se cantaba la marcha peronista y en las pantallas a ambos costados del escenario se leía "No aceptamos que nuestros salarios vuelvan a convertirse en variable de ajuste". Cuando Hilda Bustos, delegada de la CGT de Córdoba, recordó a Néstor Kirchner, el estadio tembló al grito de "Vamos a volver".
Cerca de las 17, subieron al escenario los 27 dirigentes que componen la mesa de conducción. Además de Palazzo y Amichetti, estuvieron Horacio Ghilini (Docentes Privados), Carlos Minucci (APSEE), Víctor Carricarte (Farmacia), Walter Correa (Cuero), Vanesa Siley (Judiciales) Carlos Ortega (Secaspfi), Osvaldo Moreno (Autores), Fabían Feldman (Educadores) Horacio Arreceygor (Televisión) y Pablo Biró (Pilotos), entre otros. Todos cantaron la marcha peronista y el himno argentino con los dedos en V.
"Esta unidad se vino trabajando desde la columna sindical del 24 de marzo", apuntó Ghilini, uno de los fundadores del MTA. "El movimiento obrero tiene que ser el polo de unidad del campo nacional y popular", agregó.
Informe: Matías Ferrari.
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