CUBADEBATE Contra el Terrorismo Mediático
sábado 27 de agosto de 2016
Piden investigar a directivos
de medios argentinos
Por Stella Calloni
Periodista argentina y corresponsal en su país del diario La Jornada. Es autora de "Los años del Cóndor".
La empresa Papel Prensa fue comprada a "un precio vil" por los dueños de los diarios Clarín y La Nación durante la pasada dictadura militar (1976-1983) determinaron las pericias realizadas en la causa que investiga esta venta, que de acuerdo a los denunciantes se realizó mediante el secuestro y tortura de los familiares del entonces recién fallecido dueño de la misma, el banquero David Graiver, quien murió en un extraño accidente de aviación en México en 1976.
El anuncio lo hizo el periodista Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia, esposa de Graiver, quien quedó viuda con una hija pequeña y regresó a Argentina donde fue víctima de secuestro y tortura para obligarla a firmar la venta, en un marco extorsivo de terror impuesto por la dictadura militar.
Papaleo anunció, que pedirán la "inmediata indagatoria" de los directivos de Clarín y La Nación, Ernestina Herrera de Noble, su gerente general Héctor Magnetto, y Bartolomé Mitre respectivamente.
Según los peritajes realizados por ambas partes y por peritos de la Corte Suprema, el precio de la venta de Papel Prensa durante la última dictadura militar "no se ajustó al valor real de las acciones" (más de 24 millones contra los poco más de 8 que se pagaron).
"Esa suma que ellos declararon que habían pagado nunca existió en realidad; sólo se depositaron siete mil y 20 mil dólares que fueron pagados por el Estado con créditos del Banco Nacional de Desarrollo y la suma a la que arribaron coincide con lo que siempre declaró el representante de Graiver, Rafael Ianover", dijo Papaleo.
También hay referencia a los créditos otorgados por 37 mil millones de pesos como inversión de la planta de celulosa. "Esperamos que ahora el juez cite a declarar a los imputados", expresó Papaleo quien fue el último secretario de Prensa y Difusión del gobierno de Isabel Martínez de Perón (1974-1976), derrocada por la dictadura militar el 24 de marzo de 1976, fue detenido entonces y alojado en un barco con otros ex funcionarios por los golpistas y luego estuvo como preso en el Centro Clandestino de Detención Puesto Vasco, donde sufrió torturas, como su hermana.
Papaleo y su hermana Lidia se reunieron esta semana con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para llevarle el informe donde se demuestra en qué condiciones fue vendida Papel Prensa. Actualmente, la causa se encuentra paralizada en la justicia y ninguno de los acusados fue llamado a indagatoria.
Una investigación de la Comisión Nacional de Valores del Banco Central durante el gobierno de Fernández de Kirchner, en 2013 mostró otra faceta como fue la complicidad de funcionarios civiles ligados al poder económico lo que ayudó en la causa que investigó la responsabilidad de militares que participaron, durante la última dictadura, del secuestro y tormento a los hermanos Alejandro, Carlos Alberto y Rodolfo Iacarino (este último, ya fallecido) con fines de extorsión.
Además, esta investigación mostró la "cara civil" de la dictadura, en este caso en particular, de las autoridades del Banco Nación de los años del terror encabezadas por Juan Ocampo, que estando "en conocimiento de la situación" de secuestrados de los hermanos Iaccarino, "facilitaron la transferencia de parte del patrimonio familiar a favor de un grupo empresario que había actuado en complicidad con quienes los mantenían secuestrados", como señalaba Página/12 en junio de 2013.
Uno de los elementos que prueban la responsabilidad de las autoridades de la entidad oficial en tiempos de la dictadura "es un acta interna de la institución de enero de 1980" y de la cual no se conocía hasta hace muy poco de su existencia.
De este documento, de importancia crucial, se desprende que autoridades del Banco Nación estaban al tanto del secuestro de los Iaccarino y abrieron los canales necesarios para desapoderarlos de los bienes a favor del grupo Chezzi; este documento es un claro ejemplo de la articulación del aparato represivo y el sistema financiero trabajando de manera conjunta para el "desapoderamiento de empresarios", concluyeron los integrantes de la Oficina de Derechos Humanos Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Nacional de Valores, que investigó la causa y obtuvo la mencionada documentación.
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