viernes 12 de agosto de 2016
LA JUSTICIA DIÓ DIEZ DÍAS PARA RELEVAR CUANTAS
PERSONAS VIVEN EN LA CALLE
Un blanqueo de los vulnerables
La jueza porteña María Elena Liberatori dio curso a un amparo presentado por la diputada Victoria Donda, y otorgó diez días a la Ciudad para que releve la cantidad de personas en situación de calle. El gobierno asegura que son solo 850.
La Justicia ordenó al gobierno porteño que en el término de 10 días releve la cantidad de personas que viven en situación de calle o se encuentren en situación de "vulnerabilidad habitacional" en la Ciudad. La resolución fue dictada por la jueza María Elena Liberatori, en el marco del amparo presentado por la diputada del bloque Libres del Sur Victoria Donda y por Laura González Velasco, del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos del último censo de GCBA indican que unas 850 personas viven en la calle, sin embargo, según las denuncias de organizaciones sociales a la Auditoría de la Ciudad la cifra asciende a 17.000. Por su parte, comuneros del Frente para la Victoria (FpV) realizaron un pedido de informe al ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano para saber cuántas familias viven en esta situación y qué políticas implementaron las autoridades para asistirlas.
A partir de la resolución de la magistrada, el Ejecutivo porteño deberá, en los próximos diez días, realizar un relevamiento provisorio que contemple a las personas en efectiva situación de calle, pero también a aquellas en riesgo de estarlo o en instituciones de tránsito. Además, la jueza ordenó al gobierno local que realice un diagnóstico provisorio sobre estas personas, analice las causas que provocaron la situación.
Para fundamentar su decisión, la titular del juzgado Nº 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, cita normas internacionales y nacionales que ratifican el derecho a la vivienda como un derecho humano y la obligación del Estado como su garante. "No obstante ello" – aclara la magistrada – "habré de destacar que no solo razones jurídicas de toda índole y jerarquía normativa me guían en la presente decisión, sino que encuentro imperativos de orden moral que avalan la medida de amparar, mediante la tutela judicial que se solicita, al colectivo de personas en situación de calle o en riesgo de estarlo".
La presidenta de la Auditoría General de la Ciudad – organismo que ya pidió informes sobre el tema a las autoridades – contó a Página/12 que si bien los datos del último censo el GCBA arrojan que hay unas 850 personas que viven en la calle, "para las organizaciones que trabajan conteniendo a esta población la cantidad asciende a 17 mil". "Hay una situación muy concreta –apuntó Segura–, tenés que conocer la problemática para abordarla y la Ciudad sistemáticamente realiza censos que no se ajustan a la ley, dan cifras que no tienen ninguna relación con la realidad".
Además, Segura enumeró una serie de problemas que tienen los paradores del gobierno porteño a partir de denuncias radicadas por organizaciones sociales. "Lo que nos cuentan es que estos centros además de ser insuficientes no están abiertos todo el día y todos los días, como deberían, pero también que suelen darse situaciones como que les impiden ingresar con herramientas de trabajo o que les piden a miembros de una familia que se separen, por lo que prefieren dormir en la calle", contó. Además, la presidenta de la Auditoría relató que "hay mujeres trans que denuncian discriminación, a las que les exigen vestirse de hombre para entrar a los paradores".
En su presentación, Donda y Velasco afirman que, hasta la fecha, el gobierno porteño no elaboró ni dio a conocer el relevamiento anual de las personas en situación de calle conforme a los requisitos que impone la mencionada ley. En ese punto, aclaran que el censo poblacional que el gobierno realiza cada año no implica el cumplimiento del relevamiento anual que prevé la ley.
Donda y Velasco también aseguran que el dato que se desprende de ese censo (800 personas que viven en las calles porteñas) no coincide en lo más mínimo con lo reflejado por la propia página web del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, el cual afirma que la línea 108, un número gratuito al que llaman personas en situación de calle o vecinos que ven a alguien en situación de calle, recibe 36.500 llamados por año por dicha problemática.
"Esta sentencia es un hecho inédito en materia de protección de personas cuyos derechos han sido sistemáticamente vulnerados, y acredita nuestra alarma por el crecimiento y la desprotección de las personas en situación de calle en la Ciudad", apuntó la diputada Donda. En el mismo sentido, Velasco remarcó que hasta la propia Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad reconoce que durante la gestión macrista "la pobreza creció hasta el 43 por ciento y la indigencia un 7,3 por ciento".
En tanto, representantes de las comunas 5, 6, 8, 9,10,11,13 y 15 de la Ciudad presentaron un pedido de informes al gobierno porteño para solicitar información vinculada a responsabilidades de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario. A través de esta presentación exigen conocer la fecha y metodología del último censo de personas en situación de calle. Entre otras cosas, los comuneros exigen que se detalle cuántos niños, niñas, adolescentes y adultos mayores forman parte de la población que vive en la calle, dónde se ubican y cuántos paradores ofrece el GCBA para estas personas.
Informe: Paz Azcárate.
UN EJÉRCITO PARA DOMINAR A UN VECINO QUE SE ENCERRÓ
EN SU CASA
La siesta de un atrincherado
Un vecino creyó escuchar algo parecido a un disparo en lo de otro vecino, temido por raro, en Chacarita. Llamó al 911. Rodearon la manzana. Después de cuatro horas, el GEOF tiró abajo la puerta. No encontraron armas ni nada.
Forest y Maure. La preocupación cargada en los rostros policiales.
Durante cuatro horas, el barrio de Chacarita estuvo en vilo por aquello de que todo lo que suena fuerte es estampida y es proclive a ser sospechado. Lo que ocurrió, y que concentró un ejército de policías, al equipo de hiperpertrechados del GEOF, patrulleros de la 29ª, y ambulancias del SAME por doquier, no está claro, no tiene explicación, o viene del lado de la suposición. Un vecino de Forest 426, y Maure, creyó escuchar un disparo en el tercer piso, en lo del cardiólogo de al lado, a quien ya conocían como paciente psiquiátrico con problemas previos. Llamó al 911 y con eso alcanzó para abrir las gateras de la parafernalia policial. A las cuatro horas, los gorutas del GEOF decidieron entrar a la fuerza, voltearon la puerta. Sorry. Estaba el cardiólogo, no había armas, y el ruido pudo haber sido una silla que cayó. El cardiólogo atenderá a puertas abiertas.
A los minutos de la llamada, porque estos casos son proclives a la espectacularidad y la foto, el mentado ejército estaba distribuido alrededor del edificio del 426. Fracasados los primeros intentos de los uniformados para comunicarse con el hombre, apenas llegaron, tomaron la rienda los del GEOF. Siguiendo el protocolo, rodearon el edificio, cortaron los servicios de luz y gas –algunos lo confundieron con una probable medida de gobierno para morigerar el tarifazo–, e intentaron iniciar una negociación.
Pese a la especialización de elite, los intentos fueron vanos. El tipo no respondía los llamados al timbre, bajó las persianas y rechazó toda intención de que tomaran contacto con él. La tevé ya lo había "atrincherado".
Habrá que recordar que estaba encerrado, con llave.
En su casa.
Mientras, llegaban al lugar ambulancias del SAME y especialistas en asistencia psiquiátrica, porque esto, tal como venía, se le iba de las manos al más pintao.
A todo esto, las calles cortadas, uniformados aquí y allá, móviles de tevé, y curiosos, vecinos y autoconvocados de otros barrios, transformaron el lugar en un caos, incluyendo el de tránsito.
Cuatro horas después, y ante la falta de respuestas el GEOF se decidió por la medida drástica: de un saque transformaron la puerta del doctor en un guiñapo y simultáneamente como indica el protocolo, lanzaron una granada de intimidación, que logró su cometido, entraron a la vivienda y atraparon al sospechoso de haber hecho ruido. El cardiólogo, no opuso resistencia. Tampoco le encontraron armas. Falsa alarma Johnny. Go back.
El sospechoso de vecino fue esposado y trasladado al Hospital Tornú para evaluar su estado, informó el comisario Jorge Torres.
Después, ya con más libertad, y sin resultados a la vista, los vecinos tuvieron micrófono abierto para justificar el llamado: que ya hubo otros episodios, que le temían, que había ruidos raros, que había denuncias (?). Y recordaron que hace aproximadamente un año atrás, el mismo cardiólogo se ató a un árbol, se roció con combustible y amenazó con prenderse fuego. En ese momento, intervinieron solo algunos uniformados de la comisaría local.
UNA JOVEN DENUNCÓO HABER SIDO VIOLADA POR VARIOS
HOMBRES EN UN DEPARTAMENTO
Violencia de género en la Recoleta
La joven, de 21 años, fue desde un boliche con un muchacho a quien ya conocía de otras ocasiones, hasta el departamento, en Copérnico y Galileo. Luego entraron otros cinco hombres. Denunció que la golpearon y la violaron.
El segundo piso del departamento en la exclusiva zona "La Isla", de la Recoleta, donde ocurrieron los hechos el domingo pasado.
Una estudiante universitaria de 21 años denunció haber sido violada en un departamento del barrio porteño de Recoleta, en la exclusiva zona conocida como "La Isla", hasta donde llegó con un joven al que conoció en un boliche bailable del centro porteño y quien permitió que al menos otros tres amigos la golpearan y abusaran sexualmente de ella. El ataque ocurrió el domingo a la madrugada. Fuentes judiciales dieron una versión, tradicional, y como mínimo apresurada de lo que ocurrió: "Un caso complejo con versiones contrapuestas". Se referían a la denuncia de violación, contrapuesta con la clásica del consentimiento.
El padre de la víctima, entrevistado por los medios aseguró que están viviendo "un calvario" y que a su hija, una estudiante de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que vive en Lanús, "la golpearon", "la dejaron desmayada" y ahora tiene que ir día por medio al Hospital Fernández, al tratamiento ambulatorio para este tipo de casos.
Si bien en un principio se detuvo a un joven de 20 años que vive en el departamento de Recoleta, sobre Copérnico casi Galileo, el imputado ya fue excarcelado y otros cinco jóvenes que estuvieron en lugar ya se presentaron en el juzgado.
Todo se inició entre la noche del sábado y madrugada del domingo, en el boliche "Goa La France", en la calle Sarmiento al 1600, en el barrio de San Nicolás. La víctima se encontró con un joven a quien ya conocía del boliche, con el que decidió irse en taxi hasta un departamento ubicado en el pasaje Copérnico y Galileo, en la zona exclusiva conocida como "La Isla", a pocos metros de la embajada británica y el Ministerio de Seguridad de la Nación. La chica contó que al cabo de unos minutos, cuando ella estaba a solas con el joven, tocaron el timbre y llegaron al departamento otros cinco muchachos.
"La golpearon, la maltrataron y no la dejaban salir. Mi hija sufre de asma. Se desmayó adentro del departamento y ahí se asustaron y la dejaron salir", dijo el padre de la denunciante.
Las fuentes judiciales indicaron que en su declaración, la universitaria aclaró que de los jóvenes que había en el departamento fueron concretamente tres los que abusaron de ella y otros se retiraron.
Al lograr salir del departamento, la joven se fue hasta su casa en Lanús, relató a sus padres lo sucedido, regresaron al departamento del pasaje Copérnico y desde la calle llamaron al 911. Llegó un patrullero de la 19ª y la chica y su padre denunciaron lo ocurrido en el departamento del segundo piso. Los policías consultaron a la fiscal Estela Andrades y el juez Marcelo Conlazo Zavalía quienes ordenaron identificar a los moradores del departamento, llevar a la denunciante al Hospital Fernández para que le realicen el protocolo médico para casos de violación y que se le tome declaración.
Sólo el habitante de ese departamento, un joven de 20 años, estaba en el domicilio cuando tocó timbre la policía y, por orden del juez Conlazo Zavalía, subrogante en el Juzgado de Instrucción 29, quedó detenido imputado por "abuso sexual agravado por acceso carnal".
El padre de la denunciante aclaró que este muchacho no es el chico con el que su hija se fue voluntariamente del boliche, sino el dueño del departamento y uno de los que llegaron más tarde y presuntamente la violaron.
Frente al juez Conlazo Zavalía, el detenido dijo que la chica había tenido relaciones consentidas en el departamento y que en un momento se había enojado, lo había rasguñado y se había retirado.
Otros cinco jóvenes que supuestamente estuvieron en el departamento del pasaje Copérnico se presentaron voluntariamente en el juzgado y se pusieron a derecho, algunos, hasta con abogados. De todos ellos, tres son los acusados por la víctima de ser sus violadores, según detallaron las fuentes.
"Presentaron pruebas que según ellos avalarían que la chica tuvo relaciones sexuales voluntarias. Esto influyó para tomar la decisión de excarcelar al detenido y dejar en libertad al resto de los implicados", reveló a la agencia Télam uno de los investigadores judiciales de la causa. Era obvio, no se iban a andar autoincriminando.
En el departamento se realizó un allanamiento donde se secuestraron para el análisis en laboratorio un preservativo, tres envoltorios de profilácticos, una sábana, una funda de colchón, dos mantas pólar, un calzoncillo boxer, un teléfono celular iPhone y una pulsera de papel roja con la inscripción de acceso "VIP" de un boliche.
El abogado Fernando Soto, quien representa como querellante a la víctima, afirmó que los informes médicos son "compatibles con una violación". Finalmente, afirmó que la chica tendrá que ampliar su declaración porque en el momento que denunció el hecho "estaba muy shockeada" y "hay algunas cosas que ella, en esa situación, no explicó, como sí podría hacer ahora".
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