jueves 08 de setiembre de 2016
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, ANDRES IBARRA,
CONFIRMÓ QUE HABRÁ NUEVOS DESPIDOS EN EL
ESTADO
Un nuevo episodio del señor manos de tijera
Ibarra justificó la medida por lo que consideró un
"sobredimensionamiento" del Estado. Página/12 reveló
el domingo documentos oficiales que señalaban que hay
más de 114 contratos de trabajadores "bajo análisis".
El ministro Andrés Ibarra y los documentos internos de Planificación sobre los despidos.
El Gobierno admitió ayer que seguirá echando trabajadores del Estado. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, reconoció la puesta en marcha del plan de "dotación óptima de personal" revelado el domingo por Página/12, y blanqueó la intención de "no renovar ciertos contratos" que vencen a fin de año. A tono con el discurso que la plana mayor de Cambiemos repite desde la primera ola de despidos, Ibarra justificó la medida en lo que consideró un "sobredimensionamiento" del Estado y sostuvo que el proceso de revisión de contratos será "implacable" con aquellos estatales que supuestamente "no trabajan". En paralelo, confirmó además que se ofrecerán retiros voluntarios y jubilaciones a por lo menos 10 mil estatales.
"Buscan excusas para despedir trabajadores y no las están encontrando, entonces inventan eufemismos como 'dotación óptima'. A esta altura está claro que el gobierno quiere achicar el Estado y para eso intenta instalar en la opinión pública que los estatales somos ñoquis, pero ya resulta poco creíble", contestó el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano. "Durante la primera ola de despidos, echaron trabajadores con 20 años de trayectoria, que cumplían todos los días su tarea y lo hacían con orgullo. Esta vez la historia se repite y también se va a repetir la lucha de los trabajadores, que perdieron el miedo", dijo.
El domingo, Página/12 publicó una serie de documentos internos que Modernización giró a las direcciones de Recursos Humanos de los 20 ministerios y los cinco organismos descentralizados que conforman el Poder Ejecutivo, con fecha posterior a la primera ola de 11 mil cesantías. A través de una serie de instrucciones, Modernización explicitaba en uno de los papeles burocráticos su intención de convertir la "dotación inicial" de empleados de cada organismo a lo que el Gobierno considera una "dotación óptima". Otro de los documentos indicaba que los contratos de más de 114 mil trabajadores figuraban "bajo análisis".
Según denunciaron delegados de ATE Capital, el proceso de "análisis" implica la realización de encuestas en los ámbitos de trabajo, en algunos casos de la mano del desembarco de consultoras privadas y, en otros, a través de trabajadores despedidos en el primer trimestre que fueron luego reincorporados y son ahora obligados a entrevistar a sus propios compañeros. Ayer, Ibarra confirmó a la existencia de las encuestas y las adornó con el agregado de "un perfil de la estructura de valores" en el que los trabajadores, además de responder preguntas sobre sus tareas cotidianas, tienen permitido aportar opiniones personales.
Catalano calificó las encuestas como un acto de "hostigamiento". "De mínima es vergonzoso." – dijo – "Los trabajadores estatales somos evaluados todos los años y uno puede elegir capacitarse para hacer carrera en el Estado". Hasta ahora, la mayoría de los trabajadores se negaron a contestarlas.
Tras la filtración, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, salió el lunes a negar los despidos. "No hubo una primera tanda de despidos, por supuesto no va a haber otra. Lo que hubo fue ordenar el Estado desmantelado que encontramos", sostuvo. Ayer, el propio Ibarra lo contradijo. En declaraciones a La Nación, aclaró que será "implacable con los que no trabajen" y confirmó que habrá nuevas desvinculaciones a fin de año, sea a través de jubilaciones, retiros voluntarios o la no renovación de contratos. Lo dijo casi al mismo tiempo que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmaba en el Congreso que se perdieron 120 mil puestos de trabajo en lo que va del año (ver aparte).
Desde Modernización dieron ayer más precisiones sobre el proceso. "Vamos a ser implacables si a partir del análisis detectamos a un trabajador que no acude a su trabajo. En ese caso no se le va a renovar el contrato", dijeron a Página/12 y agregaron que esperan encontrarse con esa situación "en un montón de áreas que antes eran tenidas en cuenta y ahora no". Explicaron también que habrá una "migración de empleados" similar a la que Ibarra implementó al frente del ministerio de Modernización de la Ciudad, cuando ofreció traslados del Ejecutivo a los CGPs y las comunas.
Las áreas desmanteladas, que dejaron a muchos trabajadores sin funciones, son precisamente uno de los focos de conflicto. "Una cosa es detectar un vivo que no trabaja y otra cosa es un trabajador que ha quedado sin funciones porque este Gobierno se ocupó en achicar el Estado", aseguró Catalano, quien puso como ejemplo el desmantelamiento de programas en el ministerio de Educación y en el Renatea, paso previo para los despidos decretados recientemente.
"La dotación óptima de personal es la dotación óptima del Estado que ellos pretenden construir, no del Estado que necesita la sociedad argentina ni el que proponemos los trabajadores", sostuvo por su parte el secretario general de ATE nacional, Hugo "Cachorro" Godoy. "En la práctica, están hablando de reducir personal a través de jubilaciones obligatorias, retiros voluntarios y traslados de personal", afirmó. ATE nacional confirmó ayer que, previendo los despidos de fin de año, convocará a un paro nacional para el próximo 29 de septiembre.
En paralelo a los despidos de fin de año, los estatales plantean la reapertura de paritarias, algo que el propio Presidente dejó en claro que no está en el horizonte del gobierno para ninguna rama productiva. El acuerdo paritario de este año, que cerró UPCN, fue del 27 por ciento en tres cuotas.
La confirmación de los despidos tuvo eco en la CGT y la CTA. "Obviamente nosotros no vamos a acompañar un recorte de esa naturaleza", afirmó el secretario general de la CGT unificada Héctor Schmid. Consultado sobre el plan de ajuste en el Estado, Schmid señaló que si bien "no fue lo que nos informaron en la ronda de contacto con el Gobierno", los despidos podrían agrietar aún más las "posiciones encontradas" entre la Rosada y la central sindical.
"La eliminación de empleados públicos responde al plan de ajuste" apuntó por su parte el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. "Los parásitos que comieron históricamente de la teta del Estado son los que ahora persiguen y estigmatizan al empleado público", agregó.
Para fin de año, cuando vencen miles de contratos, Catalano vaticinó "un escenario mucho peor" que el que se vio en los ministerios durante la primera ola de despidos. "Los trabajadores perdieron el miedo", afirmó.
Informe: Matías Ferrari.
EL MINISTRO DE TRABAJO DEFENDIÓ EN DIPUTADOS
EL PROYECTO DE PRIMER EMPLEO
Hicieron fila para criticarlo
Los legisladores de origen sindical de las distintas bancadas opositoras rechazaron la iniciativa oficial y la emparentaron con la política de flexibilización laboral de los 90. Reclamaron volver a discutir la ley para frenar despidos que vetó Macri.
El ministro Jorge Triaca reconoció que se perdieron cerca de cien mil puestos de trabajo.
Por Miguel Jorquera
A pesar de su insistencia en replicar el discurso oficial de la "pesada herencia", el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, no sólo tuvo que reconocer ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que en los primeros nueve meses de la gestión del Gobierno de Mauricio Macri se perdieron 120 mil puestos de trabajo sino que vio como se desploma el proyecto "flexibilizador" de Primer Empleo que el Ejecutivo envió al Congreso. Los diputados de origen sindical de las distintas bancadas opositoras fueron los encargados de rechazar la iniciativa oficial: la emparentaron con la política de flexibilización laboral del menemismo en los 90, que apunta a que los empresarios reemplacen trabajadores calificados y mejor remunerados por jóvenes con empleos "precarizados", que con las exenciones impositivas que se ofrecen a las empresas se "premia a los evasores" y desfinancia el sistema provisional. Además, le reclamaron al ministro que se vuelva a discutir la ley para frenar despidos que vetó Macri y le advirtieron sobre el futuro de los más de 114 mil contratos de empleados públicos que el Gobierno tiene "bajo análisis", como reveló Página/12. Los diputados acordaron invitar la semana próxima a la CGT y las CTA, que ya adelantaron el rechazo al proyecto del Gobierno.
Aunque el diputado del Bloque Justicialista y dirigente petrolero Alberto Roberti, que presidió el plenario, volvió a recibir al ministro como un par (por su fallecido padre Jorge Triaca, sindicalista plástico y dirigente menemista), no fue una jornada feliz para Triaca hijo. "En los últimos meses se han creado alrededor de 35 mil puestos de trabajo y 120 mil se han perdido", admitió el funcionario y se refirió al proyecto oficial. La iniciativa apunta, según dijo, a crear, por año, a través de exenciones impositivas, 240 mil "oportunidades" de empleo para jóvenes de entre 18 y 24 años: "120 mil en NOA y NEA y 120 mil en el resto del país". Es el "sector más vulnerable de la población económicamente activa", remarcó Triaca.
"No están dadas las condiciones para aprobar el proyecto pero tampoco para rechazarlo in limine", sostuvo un conciliador Roberti.
Para Abel Furlán, diputado del Frente para la Victoria y dirigente de la UOM, el proyecto es una herramienta de los empresarios para "reemplazar trabajadores de mayor categoría, mayor experiencia y costo laboral, por uno dócil, para poder formarlo de acuerdo a sus necesidades". "Es parte del inicio de la flexibilidad laboral", sentenció y recordó que "alguna experiencia tenemos con estos proyectos de ley. En los noventa hemos sido castigados con estas mismas iniciativas con la excusa de darle oportunidad al trabajador joven". "Lo que va a darle oportunidad de trabajo al pueblo argentino y a los trabajadores jóvenes es si somos capaces de aumentar el consumo", insistió Furlán y propuso que para eso hay que modificar el modelo económico que propone Macri.
"Las decisiones políticas del Gobierno nacional son las que verdaderamente ponen palos en la rueda, son las que destruyen puestos de trabajo", dijo el diputado massista Facundo Moyano para referirse a la apertura de las importaciones, el tarifazo y el Impuesto a las Ganancias, además de asegurar que ese tributo ahora alcanza a más trabajadores pese a la promesa de Macri de eliminarlo. El líder del sindicato de peajes cuestionó el proclamado "dialogo" del oficialismo. "¿De qué sirvió todo ese diálogo, consenso, si la propia realidad nos termina dando la razón?", se preguntó Moyano para afirmar que a pesar que el ministro reconoce los despidos, Macri vetó la ley que los prohibía.
"Ministro, nos puede ayudar con una decisión: no despida más a ningún trabajador estatal", agregó el diputado del FpV y dirigente de ATE Edgardo Depetri y señaló que – como reveló Página/12 – "tiene en revisión 140 mil contratos".
El diputado Néstor Pitrola (FIT-PO) y dirigente del sindicato gráfico también cuestionó el proyecto: "Si fracasó la ley votada en 2014 impulsada por Cristina Kirchner y Kicillof de 'blanqueo laboral' en estos mismo términos de amnistía e incentivo al capital negrero ¿por qué insistir?", le dijo al ministro.
"Estamos en un momento donde se está perdiendo aceleradamente empleo; ese es un diagnóstico común. Hoy lo reconocen y vienen con esto. Yo lo que les propongo es volvamos a aprobar la ley anti-despidos y que Macri no la vete", le espetó ex ministro Axel Kicillof a Triaca.
Para la socialista Alicia Ciciliani el proyecto "no da respuestas a las soluciones complejas que necesitamos" y señalo que "en esta fase recesiva, lo que se impone es cuidar los empleos existentes".
Los diputados de Cambiemos salieron en auxilio del ministro. Y se destacaron sus aliados incondicionales. "No es verdad que este proyecto tiene el espíritu de precarizar", afirmó la diputada Myriam Juárez, del Frente Cívico catamarqueño y dirigente de UATRE, el gremio de los peones rurales que dirige el macrista Gerónimo "Momo" Venegas. "Está muy bien ministro que fomente la cultura del trabajo", dijo el diputado salteño Alfredo Olmedo y recordó que su padre de avanzada edad y su hijo trabajan el campo. "Hay una Argentina que trabaja y una que descansa", agregó empresario sojero acusado de "trabajo esclavo" en sus fincas riojanas, quien se jactó de haber sido "uno de los tres diputados" que votaron en contra de la ley antidespidos.
PRESENTARON UN PROYECTO DE LEY PARA QUE SE DECLARE LA
EMERGENCIA SOCIAL EN LA CAPITAL "LA REALIDAD SOCIAL ESTÁ
TOCANDO FONDO"
"La realidad social está tocando fondo"
Organizaciones sociales y políticas exigen "medidas concretas para paliar la emergencia en que se encuentra la población porteña".
Militantes de diversas organizaciones se manifestaron ayer frente a la Legislatura de la ciudad.
Con un proyecto de ley que lleva la firma de media docena de legisladores, organizaciones políticas y sociales le exigieron ayer al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que declare la emergencia social, habitacional y económica en la ciudad de Buenos Aires. "La realidad social de la ciudad está tocando fondo", advirtieron los responsables de la iniciativa, a la que entienden como "una herramienta imprescindible" para exigir un aumento del presupuesto para las áreas sociales y "medidas concretas para paliar la emergencia en que se encuentra la población porteña".
Militantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular que responde al Movimiento Evita, la CCC, Barrios de Pie, las dos CTA y agrupaciones barriales se concentraron ayer ante la Legislatura para acompañar desde la calle la presentación de un proyecto de ley que declara la "emergencia social" en materia laboral, habitacional, económica, impositiva, fiscal, de transporte, salud, educación, cultura y género. Además, la iniciativa exige que se conforme un comité de emergencia compuesto por representantes de los sectores involucrados.
Los legisladores firmantes del proyecto son Gabriel Fuks, del Frente para la Victoria; Gustavo Vera, de Bien Común; el socialista autónomo Adrián Camps; los peronistas María Rosa Muiños y Claudio Heredia; y Javier Gentilini, del Frente Renovador.
"Queremos soluciones reales", advirtió desde la calle Marta Yané, de la CTEP. Según el primer artículo del proyecto de ley, la "emergencia social, habitacional y económica" tendría vigencia por dos años, tiempo durante el cual el Ejecutivo debería cumplir con las medidas propuestas en el resto del articulado para proteger y, en algunos casos, incrementar, la intervención estatal en diferentes áreas. Se trata de una propuesta que "contempla políticas sociales para los sectores más humildes de la Capital Federal", resumió Walter Córdoba, de Barrios de Pie.
La iniciativa ordena al Ejecutivo porteño "asegurar" las raciones de alimentos asignadas a comedores comunitarios, así como duplicar el monto de los subsidios que se les brinda y abrir nuevos espacios. También exige la "suspensión de todo desalojo de inmuebles con fines de vivienda" así como de "los aumentos de tarifas de transporte" durante el plazo que rija la emergencia.
En los fundamentos del proyecto, las organizaciones advierten que en la ciudad hay "menor actividad económica y comercial, menor empleo, caída en las ventas y cierre de comercios, más despidos", lo que genera "el achique en diversas áreas del Estado nacional", hechos que "golpean a los sectores más humildes". ¿El resultado? "El aumento de la pobreza e indigencia, incremento de la gente en situación de calle", responden.
El proyecto de ley también plantea el incremento de la obra pública y la "elaboración de convenios con cooperativas de trabajo" para concretar las obras; la exención del pago de Ingresos Brutos a todos aquellos monotributistas sociales – los cooperativistas – y la creación de nuevas líneas de crédito para esos colectivos. Además, establece incrementos en partidas de salud, educación, urbanización y género, en donde denuncian "baja o subejecución" de fondos. "El hambre no espera." – advirtió Luciano Nardulli, de la CCC – "Si no se aprueba la emergencia social, será hora de un paro general de todas las centrales sindicales."
LA CGT ACORDÓ CON ORGANIZACIONES SOCIALES COMPARTIR UNA
ESTRATEGIA
Agenda común contra el ajuste
La central sindical recibió al Movimiento Evita, Barrios de Pie, la CCC y la CTEP. Coincidieron en que la defensa de los trabajadores no debe distinguir entre formales e informales y calificaron de "histórico" el encuentro.
Daer, como los otros sindicalistas y los dirigentes sociales, destacó la trascendencia de la reunión.
Por Santiago Rodríguez
La CGT dio ayer un paso completamente ajeno a su repertorio habitual: recibió a dirigentes de organizaciones sociales con los que acordó compartir una estrategia en defensa de los derechos del conjunto de los trabajadores. El encuentro se dio en un contexto de creciente malestar social por el ajuste y del cada vez más generalizado reclamo de convocatoria a un paro nacional y fue calificado de "histórico" por sus protagonistas. Sindicalistas y dirigentes sociales volverán a verse en el Encuentro de Movimientos Populares que se hará en la misma CGT el próximo 24 de septiembre, un día después de la reunión del Comité Central Confederal de la central sindical en la que ya se empieza a dar por hecho que se definirá algún tipo de acción contra el gobierno de Mauricio Macri.
La CGT le abrió las puertas de su sede de la calle Azopardo al Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Los dirigentes de esas organizaciones y los sindicalistas tuvieron que hacer memoria para determinar si era la primera vez que se concretaba allí un encuentro de esas características. "Siempre hubo contactos a nivel personal, pero nunca institucional", fue la primera conclusión, pero algunos recordaron los lazos más formales que en los 90 se establecieron entre los movimientos sociales, la CTA y los gremios del MTA que comandaba el camionero Hugo Moyano. Los más memoriosos aseguraron que sí hubo una reunión similar cuando la CGT, al comando de Saúl Ubaldini, convocó a un paro nacional y a la recordada marcha del 30 de marzo de 1982 a Plaza de Mayo bajo la consigna "Paz, pan y trabajo".
"Estamos en la casa de todos los trabajadores", abrió la conferencia posterior al encuentro Héctor Daer, como un modo de remarcar lo que junto a Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña se proponen desde la conducción cegetista: que la central sindical amplíe su representación e incluya a los trabajadores informales y desocupados. "La representación social debe pasar por la CGT. No hay diferencias entre los trabajadores que tuvimos la suerte de estar en la formalidad y los que sufren la injusticia de estar en la informalidad", explicó Daer a Página/12.
Ese fue el espíritu que hubo puertas adentro del tradicional Salón Felipe Vallese, donde se desarrolló la reunión. Allí estuvieron, entre otros, Emilio Pérsico, del Evita; Juan Carlos Alderete, de la CCC; Daniel Menéndez, de Barrios de Pie; y Esteban Castro, de la CTEP. De la CGT participaron secretarios generales de 16 gremios. "Estuvo casi todo el Consejo Directivo", destacaron en las organizaciones sociales, donde saben que los gremialistas nunca los quisieron demasiado.
Daer, como sus compañeros del triunvirato que conduce la CGT, calificaron de "histórica" la jornada. Para los referentes de los movimientos sociales no fue exagerado. "Es histórico que en la casa de los trabajadores piensen institucionalizar la relación con el sector de la economía popular, en el que están fuera de convenio el 40 por ciento de los trabajadores y son los que más están sufriendo las consecuencias de las políticas de este gobierno", analizó Pérsico.
Al cabo de más de dos horas y media de charla, hubo unanimidad en la visión de que "la dinámica del capitalismo a nivel mundial llevó a que haya una amplia franja de trabajadores en la informalidad y que la CGT debe ser parte de la respuesta a ese problema". También hubo coincidencia la necesidad de salir a refutar la idea que se pretende instalar acerca de que las protestas tienen la finalidad de desestabilizar al Gobierno. "Los trabajadores no somos desestabilizadores", enfatizó Alderete y Castro completó la idea: "La clase trabajadora en su conjunto genera estabilidad. Por el contrario, la desestabilización se produce cuando se fragmenta a los trabajadores y el conflicto social no encuentra un cauce de representación."
Los dirigentes sociales manifestaron, entre otras cosas, su preocupación por la falta de cobertura social de los trabajadores precarizados y hablaron de buscar la manera de que tengan alguna obra social. También pidieron apoyo concreto para el proyecto de ley de emergencia social que están impulsando en el Congreso para atender las necesidades del sector de la economía popular y que incluye otorgar a esos trabajadores un salario social complementario.
Los sindicalistas, por su parte, expusieron su inquietud por la pérdida de puestos de trabajo, el atraso de la paritaria, la entrada indiscriminada de productos del exterior y la posible flexibilización laboral.
Son los mismos planteos que la CGT le hizo al Gobierno y de los que espera alguna respuesta antes del próximo 23 de septiembre. "Nunca hemos descartado la acción de una medida de protesta frente a la situación", dijo Schmid y agregó que ese día tomarán una decisión en función de las consultas que vayan recogiendo en reuniones como la de ayer. Más allá de mostrarse respetuosos de las decisiones y los tiempos de la CGT, los dirigentes de las organizaciones sociales transmitieron su deseo de confluir también en un plan de lucha. "Definición va a haber, no fecha", les adelantó a propósito del Confederal un sindicalista que volverá a recibirlos en la sede de la calle Azopardo un día después de ese decisivo encuentro.
LUEGO DEL ACTO DE LA RENOVACIÓN, OTRO GRUPO DE
INTENDENTES PLANEA PRESENTARSE EN PÚBLICO
Después del Esmeralda, asoma el Fénix
Algunos de ellos participaron del acto del martes en el que un sector de gobernadores e intendentes bonaerenses homenajearon a Antonio Cafiero. Pero los intendentes del grupo Fénix plantean que "no es momento para dejar a nadie afuera", en referencia al kirchnerismo.
Gobernadores e intendentes lanzaron el martes la "nueva renovación".
Por Julián Bruschtein
El peronismo continúa con su reacomodamiento interno para enfrentar el 2017. "No es el momento de dejar a nadie afuera. Es la hora de unificar el partido para ser cada vez más fuertes", señaló a Página/12 uno de los intendentes que integran el grupo Fénix, que se presentará formalmente la semana próxima. Se diferencian del grupo Esmeralda que integran los jefes comunales de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y de San Martín, Gabriel Katopodis, entre otros, y que insisten con dejar atrás al kirchnerismo.
"La renovación es un hecho, el peronismo siempre se renueva. Pero a diferencia de otros espacios internos estamos convencidos de que primero hay que debatir y acordar el contenido y después viene todo lo demás", destacó el dirigente peronista. El grupo Fénix iba a hacer su presentación hoy, pero decidieron postergarla una semana. "Podemos renovarnos sin tirar a nadie por la ventana", agregó trazando una línea con quienes plantean que el kirchnerismo tendría que dar un paso al costado del rearmado justicialista.
La reunión del martes en la que se encontraron dirigentes del justicialismo para recordar el aniversario en el que Antonio Cafiero ganó la provincia de Buenos Aires con su propuesta de renovación agitó las aguas del peronismo y los Esmeralda capitalizaron el acto. Además de Insaurralde y Katopodis, el grupo lo integran el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, y el de Almirante Brown, Mariano Cascallares, entre otros. Katopodis explicó ayer desde donde se para su nuevo agrupamiento al despegarse del líder del Frente Renovador, Sergio Massa. "Nosotros tenemos la decisión de producir este proceso de renovación, construir desde adentro del peronismo. Hay otros dirigentes que entienden que eso pasa por construir otras fuerzas políticas y otro espacio político", dijo el jefe comunal de San Martín al programa Te quiero que emite la 750.
"Nosotros no queremos enfrentarnos con nadie. Nos agrupamos para conformar un espacio en el que se puedan reunir y contener a todos los compañeros peronistas", aseguró el intendente del grupo Fénix bajando los decibeles de la interna con que tradicionalmente transita el justicialismo bonaerense. "Nos parece que nunca un compañero puede ser más rival que un gobierno que ataca a los trabajadores y los humildes que son la base de nuestro movimiento", agregó el dirigente delineando algunas de las diferencias con sus pares.
"Pretendemos una renovación conceptual, renovar el proceso político en las próximas elecciones", destacó el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, en declaraciones radiales y agregó que "la renovación también es cambiar muchos métodos de los gobiernos de Cristina Kirchner, Daniel Scioli y del actual". Los Fénix esperarán la vuelta del intendente de Navarro, Santiago Maggiotti, para presentar el grupo en sociedad. La intendenta de La Matanza, Verónica Magario, junto a Gustavo Menéndez de Merlo, Sujarchuk, Walter Festa de Moreno, Leonardo Nardini de Malvinas Argentina y Juan Ignacio Ustarroz de Mercedes, son algunos de los integrantes del agrupamiento.
"No nos hace falta hacer grandes actos para presentarnos", destacó el dirigente peronista que aclaró que tenía una "gran relación con los compañeros Esmeralda. Tenemos casi la misma agenda política, pero no estamos de acuerdo con quienes quieren tomar distancia del kirchnerismo".
OPINIÓN
¿Volver adónde, compañeros?
Por Gerardro Adrogué *
A volver, a volver, vamos a volver. En más de una ocasión me descubrí cantando esta consigna. Hace unos meses con cierta mesura, incómodo tal vez. Hoy con manifiesto entusiasmo. Es un canto potente y ordenador. A veces surge de forma espontánea, hermanando a personas que sólo pretendían escuchar música en un recital. Otras veces fluye en una plaza repleta de vecinos. Con mayor frecuencia lo escuchamos en los actos y encuentros que se suceden a lo largo y a lo ancho del país. A volver, a volver, vamos a volver. Verdadero santo y seña con el que reconocemos a quienes (intuimos) piensan como nosotros.
Por la fuerza de su instalación cabe preguntarse ¿Adónde queremos volver compañeros?
Si volver significa retornar a un momento específico de la historia argentina, cualquiera sea éste, erramos el camino. Se equivocan quienes sostienen que volver es volver a los primeros gobiernos de Juan D. Perón, o a los tiempos de la resistencia peronista, o a los años '70 y la lucha contra las dictaduras cívico militares, o incluso a los mejores años de los gobiernos de Néstor o Cristina. Todos estos momentos históricos son, qué duda cabe, constitutivos de nuestra identidad política. En todos ellos reconocemos la búsqueda constante de un pueblo por construir un destino mejor y más justo contra la voluntad de los poderosos. Definen quiénes somos y de dónde venimos. Pero el error consiste en pretender volver a ellos literalmente, sin metáfora. El problema no es fáctico (volver al pasado es aún materialmente imposible) sino político. Pensar de esta manera condiciona la acción política, perjudicando las posibilidades de volver al gobierno y, peor aún, obturando la reflexión sobre cómo ser mejores la próxima vez. Si volver es restaurar, volver es reaccionario.
Dos ejemplos para ilustrarlo. Suponer que volver significa volver a ser los que fuimos inhibe la capacidad de construir nuevas mayorías político-electorales, necesarias para ganar las elecciones y volver al poder. No volveremos a ser lo que fuimos porque la vida (nos) sucede y si nos ponemos tercos en querer replicar el pasado nos condenamos al fracaso. Segundo ejemplo. Sostener que volver significa – lisa y llanamente – reinstaurar las formas de asignación y distribución del bienestar que rigieron durante un gobierno popular (como si se tratase de una situación ideal a la que debemos retornar) desalienta la voluntad de pensar qué debemos hacer distinto y mejor la próxima vez que el campo popular gobierne en la Argentina.
Por eso, volver no puede suponer, implícita o explícitamente, que hay cambios y transformaciones que no podemos hacer. Si volver es resignarse, volver es reaccionario. Sostener que la única forma de volver es aceptar ser una versión digerible de la patota de CEOs que hoy gobierna el país no es volver sino es alejarse aun más.
¿Y entonces adónde queremos volver? (porque cantar, lo cantamos) No a un lugar en el tiempo, no al poder por el poder mismo, sino a una idea fuerza que los atraviesa. Se trata de volver a encarnar la promesa del campo popular en la Argentina. Esa promesa que convoco a nuestros padres, nos convoca a nosotros y convocara a nuestros hijos. Promesa de inclusión y ampliación de derechos en todos los planos de la vida, de construcción de un orden social justo y equitativo. Promesa de democracia plena y de instituciones legitimas al servicio del bien común. Promesa de paz y tolerancia, donde la convivencia no suponga la negación del otro ni de los conflictos. Promesa fundada tanto en la vocación de poder como en la voluntad transformadora. Volvemos si logramos volver a encarnar esta promesa, como lo hicieron Perón, Néstor y Cristina.
Así, necesariamente, volver significa volver mejores. Mejores respecto de nuestra capacidad para apartar del proyecto a los "presupuestívoros de Obras Públicas", como los llamo Leopoldo Marechal en su memorable Adan Buenosayres. Los Josecitos de siempre, personajes sin valor ni creencias políticas que se cuelan en cualquier parte con el único propósito enriquecerse sin que se les mueva un pelo por el inmenso daño que causan al proyecto nacional y popular.
También debemos volver mejores en la gestión de lo público. Sin duda, existe más de un área de gestión en la que debemos ser más eficientes la próxima vez. La eficiencia no es un atributo de la derecha ni de sus gerentes, aunque es evidente que la evaluaremos con otros parámetros (menos en la tasa de rentabilidad de las grandes corporaciones y más en la distribución del ingreso y la reducción de la pobreza).
Finalmente, es claro que la próxima experiencia de un gobierno nacional y popular en la Argentina debe avanzar más y mejor en la transformación del orden social. No conformarnos nunca con lo obtenido si existen ámbitos o relaciones sociales donde imperan la injusticia y la inequidad. Eso significó "ir por más" siempre. Deberemos invertir mucho tiempo y esfuerzo en reconstruir todo aquello que el odio gorila hoy destruye con voracidad inimaginable. Pero nuestra promesa no debe detenerse en reparar el daño sino en avanzar mucho más y mejor en la búsqueda de bienestar para todos.
Por eso, la próxima vez que lo cantemos, también pensemos adónde queremos volver.
¡A volver, a volver, vamos a volver!
* Sociólogo, UBA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario