viernes 09 de setiembre de 2016
OPINIÓN
Un blanco elegido
Por Martín Granovsky
Promover, auspiciar o firmar solicitadas es parte de la política. Desentrañarlas también.
La solicitada publicada ayer en La Nación pidiendo la destitución del juez Daniel Rafecas por presunto mal desempeño no tiene precedentes.
El carácter inédito puede significar que para los firmantes Rafecas es peor juez que, por ejemplo, Juan José Galeano, el magistrado de la causa AMIA desplazado en 2005 y bajo juicio por peculado y falso testimonio, entre otros cargos. Galeano es el mismo juez que no llegó a ningún resultado en su pesquisa por el atentado de 1994. Sin embargo, en todo momento tuvo el apoyo político de los dirigencias de la DAIA y el respaldo de la comunidad de inteligencia.
También una causa del carácter inédito puede ser la búsqueda de la novedad. Quizás la mayoría de los firmantes tienen reserva sobre Galeano, o sobre Norberto Oyarbide para hablar de otro famoso juez federal ya retirado, pero nunca pensó que Oyarbide o Galeano merecían una solicitada contundente.
El texto de la solicitada saca a la luz un tema (el acuerdo del Estado argentino con Irán) y asocia a Rafecas con dos personas: la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman.
Rafecas, obviamente, no fue quien promulgó la ratificación parlamentaria del acuerdo. Lo hizo la ex titular del Poder Ejecutivo.
Tampoco Rafecas impulsó el acuerdo con Irán que diseñaba un complejo mecanismo para buscar e interrogar a funcionarios o ex funcionarios iraníes en relación con el atentado a la AMIA. También ese impulso le correspondió al Poder Ejecutivo.
Sobre aquel pacto abundan las opiniones a favor y en contra. A favor decía la ex presidenta y argumentaban sus funcionarios que destrabaría un proceso judicial endiabladamente obturado. En contra sostuvieron sus críticos que la Argentina no debía negociar con Irán, que en verdad el acuerdo ocultaba un pacto espurio para que los perseguidos por Interpol nunca fuesen juzgados, que la transferencia de tecnología nuclear estaba detrás del arreglo, que campeaba la sombra diabólica de Hugo Chávez y que en el fondo el objetivo era vender más trigo.
Ninguno de los argumentos en contra fue probado jamás. Y tampoco los argumentos a favor, porque sencillamente ese pacto era inútil y absolutamente inviable. Tal como quedó confirmado en los hechos, Irán jamás avanzaría. Por eso en 2004 Néstor Kirchner rechazó un proyecto de pedir la realización de un juicio a los iraníes en un tercer país que no fuese ni la Argentina ni Irán. Le parecía, con razón, un objetivo de cumplimiento imposible. Y si era imposible, fue su análisis, ¿para qué meterse y pagar costos?
En su fallo sobre la denuncia del fiscal Alberto Nisman, Rafecas se abstuvo de opinar sobre la razonabilidad política del acuerdo. Simplemente argumentó que en la denuncia no había elementos suficientes como para abrir una investigación por supuesto encubrimiento contra Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman. Dijo, entre otras cosas, que la Argentina no había pedido en Interpol la caída de las alertas rojas con el reclamo de la detención prioritaria y que, encima, el pacto con Irán nunca había entrado en vigencia. ¿Existiría, entonces, un delito de encubrimiento mayúsculo en grado de tentativa? ¿Había en la denuncia hechos para investigar? Debate para especialistas. Entretanto, y con todo respeto por algunos respetables firmantes de la solicitada, la elección de Rafecas como el peor juez de la historia se parece mucho a la selección de Milagro Sala como el modelo de dirigente social a destruir. La diferencia es que con Milagro Sala comenzó a funcionar un mecanismo de estado de excepción y Rafecas está en la primera etapa, la del blanco elegido.
Rafecas es, además, el juez que ordenó como nadie desde el Juicio a las Juntas de 1985 la causa del Primer Cuerpo de Ejército y el investigador serio que escribió uno de los pocos ensayos en castellano sobre la solución final de los nazis. Se trata de uno de los magistrados que no formó parte de la promiscuidad entre servicios de inteligencia y operadores judiciales – los mismos que siguen hoy en actividad, de Javier Fernández a Antonio Stiuso pasando por Darío Richarte – a los que el kirchnerismo apostó equivocadamente hasta sufrir esa promiscuidad en carne propia cuando su poder menguaba. Tal vez también por ese motivo se haya convertido en un blanco: si no forma parte de alguna cadena de la felicidad no está en el mercado, y la gente que se ubica fuera del mercado desconcierta a los brokers de Tribunales.
En cuanto al proyecto de pacto con Irán, no hace falta judicializarlo de nuevo para generar daño político. A casi un año de las elecciones es tiempo de plantear algunas hipótesis para el debate. Quizás tanto el pacto como sus consecuencias hayan sido ya suficientemente dañinos para el peronismo y el kirchnerismo. Quizás el arreglo y sus derivados, como la polarizada discusión en el Congreso en 2013 y el revoleo de operaciones y contraoperaciones que de ahí en adelante enrarecieron el clima político en medio de problemas económicos, hayan contribuido entre muchos otros factores al desgaste del antiguo oficialismo y al triunfo de Mauricio Macri.
OPINIÓN
Sin derecho ni memoria
Eduardo Freiler. Jorge Ballestero.
Trabajar en el capítulo argentino del libro Guinness ha de ser una labor estresante: todos los días se baten records mundiales, no hay modo de dar abasto. Ayer se sumó la solicitada publicada a página entera en Clarín y a tres cuartos de página en la sábana de La Nación. Se titula "El juez Rafecas debe ser removido" y la adorna una fundamentación tan escueta como ruin, un ataque a la independencia del Poder Judicial (ver asimismo nota principal).
El fundamento del pedido, he ahí la rareza de nivel planetario, es una sentencia de primera instancia del juez federal Daniel Rafecas que fue confirmada por la Sala I de la Cámara. Es de por sí inusual sancionar a los magistrados por divergencias con sus fallos, eventualmente revocables por tribunales superiores. Pero derrocarlo por una decisión ratificada por un tribunal superior constituye un disparate.
Cualquier jurista internacional o persona de sentido común se asombraría aún más al percatarse de que la solicitada fustiga implacablemente a los camaristas que ratificaron la sentencia. Califican su intervención como "vergonzosa". Le atribuyen "igual o mayor ligereza" (que Rafecas). Pero no piden jury ni destitución en su contra.
La contradicción aparente es un rebusque táctico que desnudó ayer en este diario Raúl Kollmann en una contratapa notable. Los mencionados camaristas, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, citaron para el jueves próximo a una audiencia para analizar el pedido de reapertura de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman sobre el Memorándum de acuerdo entre Argentina e Irán. La inconsecuencia no es tal, hay una amenaza explícita: si Ballestero y Freiler convalidan el cierre del caso serán puestos en la picota, junto a Rafecas. La presión, apriete o chantaje (usted dirá) recae sobre dos hombres con convicciones menos firmes que las de Rafecas.
Este es un protagonista diferente a la mayoría de los magistrados que conviven en el serpentario de Comodoro Py. No el único, pero integra una selecta minoritaria. Es honesto, estudioso, de alto nivel académico, incorruptible. Vive a la altura de sus ingresos y no se alinea políticamente con el gobierno de turno. Su trayectoria es impecable y raya muy alto en materia de Derechos Humanos.
Es un personaje incómodo, no solo para el actual oficialismo. En 2012 instó la investigación contra el entonces vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone. Eso le valió una diatriba injusta de Boudou y el encono del kirchnerismo, que lo denunció ante el Consejo de la Magistratura. Casi en paralelo, en un prodigio del bipartidismo, los radicales iniciaron otro jury contra él porque hizo un estudio formidable del caso de las coimas en el Senado, que determinó el juzgamiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Este fue absuelto por un Tribunal Oral, compuesto por dos jueces boina blanca y uno procesista.
Las autoridades del multimedios Clarín, con su CEO Héctor Magnetto a la cabeza, lo odian por el modo impecable en que actuó en la causa en que se investiga si hubo delitos de lesa humanidad en la venta de Papel Prensa. También promovió jury contra Rafecas. Años atrás el juez tuvo sobre su cabeza esa espada (tridente) de Damocles durante un largo lapso. Finalmente, quedó dispensado de sanciones.
La vendetta radical se trasunta en la lista de firmantes: hay tres ministros del memorable Gabinete de De la Rúa: Graciela Fernández Meijide, Juan José Llach, Nicolás Gallo. También diputados del aliado menor de la coalición Cambiemos que le hacen un favor al Ejecutivo acaso esperando ser mejor tratados en el reparto de cargos.
La solicitada incurre en una elipsis remarcable. Según sus palabras "el encubrimiento de un delito de lesa humanidad, es también otro delito de lesa humanidad". Los firmantes nada dicen respecto del juicio por encubrimiento sobre el atentado de la AMIA que viene tramitando ante un Tribunal Oral. Están en el banquillo ex funcionarios menemistas, el ex juez Juan José Galeano, el comisario preferido del presidente Mauricio Macri, Jorge "el Fino" Palacios y un ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja.
Algún silencio es explicable fácilmente. El ex vicepresidente de la DAIA y diputado de Cambiemos, Waldo Wolf, prefiere gambetear el tema para no incursionar en la responsabilidad de su cofrade y de la entidad que integra.
Se sigue investigando la muerte violenta de Alberto Nisman. Las pruebas inducen a interpretar que fue suicidio, en cualquier caso la autoridad competente no ha resuelto que fue homicidio. Sí hubo seguro 85 personas asesinadas en el atentado contra la AMIA. El discurso de los apologistas de Nisman a menudo olvida que el atentado ocurrió en 1994. Y todo lo que sucedió después: complicidades del poder político, del judicial, de la SIDE, de la DAIA y la de las fuerzas de seguridad.
Memoria Activa, uno de los colectivos (que a diferencia de la AMIA y la DAIA) siempre bregó por el esclarecimiento, había pedido en 2014, al cumplirse veinte años del atentado, que se apartara a Nisman del caso por su manifiesta incompetencia.
Diana Wassner, una luchadora infatigable de Memoria Activa, tuiteó sobre la solicitada: "(Nisman) con el dinero para investigar la muerte de 85 personas compró propiedades y se rió de nosotros, sus familiares". Preguntó, irónicamente, sobre los firmantes: "¿Estas 'personalidades' firmaron algo contra Galeano, Beraja o Nisman que estafaron a los familiares de las víctimas?" Alejandro Rúa repasó la lista y respondió: "De la lista la única persona que recuerdo fue al juicio del encubrimiento en #AMIA, estaba del lado de los acusados". Deja abierta la puerta para que haya habido un par más en la caterva pero el doble standard es notorio.
No hay modo de irradiar tranquilidad a los compiladores del Guinness: nada garantiza que el reclamo sea rechazado en los órganos estatales competentes. Se inscribe en una ofensiva contra jueces o fiscales indóciles ante el gobierno y el establishment. La procuradora Alejandra Gils Carbó está en la lista de "destituibles". También ella fastidió al kirchnerismo gobernante cuando dictaminó contra la fusión de Multicanal y Cablevisión. Clarín la tiene en la mira desde entonces… ahora encuentra socios en la coalición oficialista.
Los detestables fundamentos de la decisión de la Corte Suprema rechazando una opinable remisión de expediente por parte de la jueza Martina Forns hacen sistema con la embestida. Le faltaron el respeto, la agredieron como tal vez jamás lo hizo ese Tribunal solo por una divergencia de procedimiento. La jueza Elena Highton de Nolasco se negó a firmar esa decisión, comprobando lo que venimos diciendo: hay magistrados dignos en el Poder Judicial. Pero son minoría. Una temible coalición político-judicial-mediática va por sus cabezas.
YASKY Y PALAZZO ANUNCIARON UNA MOVILIZACIÓN CONTRA EL
TARIFAZO EL PRÓXIMO VIERNES
Una marcha para acompañar la audiencia
La Corriente Federal de Trabajadores, la CTA y
asociaciones de usuarios convocaron la movilización
hasta la Usina del Arte.
Palazzo y Yasky coincidieron en su rechazo a las políticas económicas.
Imagen: Télam.
Por Miguel Jorquera
La Corriente Federal de Trabajadores que encabeza el bancario Sergio Palazzo y la CTA de los Trabajadores que lidera el docente Hugo Yasky ratificaron la convocatoria a una marcha de rechazo al tarifazo para el viernes 16, el día de la audiencia pública por el aumento del gas domiciliario. A la convocatoria también se sumaron organizaciones de usuarios y consumidores, y las que integran Articulación Popular –pymes, fábricas recuperadas, entidades sociales y culturales–. El colectivo de organizaciones volvió a reclamar un paro general contra la política socio-económica del gobierno de Mauricio Macri y la "reestatización" de las empresas de servicios privatizadas.
Las entidades que impulsan la iniciativa –que cuenta con la adhesión de la CTA Autónoma que lidera Pablo Micheli– se reunirán ahora con las organizaciones sociales que promovieron la masiva marcha del 7 de agosto desde San Cayetano a Plaza de Mayo, en busca de una convocatoria unificada. También intentarán concretar un encuentro con el flamante triunvirato que conduce la CGT, con el mismo objetivo.
La concentración del próximo viernes será a partir de las 11, en la esquina de Brasil y Azopardo para marchar hasta la Usina del Arte, donde se realizará la audiencia pública. Los convocantes coincidieron en señalar el fallo de la Corte Suprema sobre el acceso a la vivienda digna, que "incluye el acceso a los servicios como un derecho humano y ciudadano", el rechazo al tarifazo segmentado y la exclusión de las Pymes.
El dirigente bancario Eduardo Berrozpe explicó que la manifestación fue convocada por "la necesidad de luchar desde adentro de la audiencia pública con los técnicos propios y, desde afuera, con la movilización popular de los trabajadores en rechazo del aumento tarifario del Gobierno".
"No importa demasiado si el Gobierno redujo su propuesta inicial de aumentar la tarifa de gas del 400 al 300 o 200 por ciento. El tema es saber si el pueblo la puede abonar", dijo Palazzo. "A excepción de que las empresas depositen los salarios de los trabajadores en cuentas secretas que tengan en las Bahamas, el propio Banco Central (BCRA) reconoció que a mayo último se perdieron 507.500 cuentas sueldo, lo que es un hecho grave", dijo Palazzo y agregó que según los mismos datos del BCRA se "han caído 6021 cuentas sueldos de empresas", casi todas ellas Pymes.
Palazzo y Yasky también rechazaron "las políticas económicas en general y las estrategias laborales en particular que implementa el Ejecutivo", y cuestionaron la negativa a reabrir las paritarias ante la pérdida del poder adquisitivo del salario. También remarcaron la necesidad de que todas las centrales obreras convoquen de forma consensuada a "un gran paro nacional".
Del encuentro también participaron los dirigentes sindicales Héctor Amichetti (gráficos bonaerenses), Víctor Carricarte (farmacia), Walter Correa (cuero), Pedro Wasiejko (neumático), Roberto Baradel (docentes), así como referentes de entidades de usuarios y consumidores, entre otros.
EN LA REUNIÓN DE AYER DEL COMITÉ DIRECTIVO PRIMÓ LA IDEA
DE HACER UNA MEDIDA DE FUERZA
La CGT cada vez más cerca del paro
La convocatoria a la medida de fuerza se definirá el próximo 23 de septiembre y se realizaría en la primera quincena de octubre.
Los miembros del Consejo Directivo de la CGT estuvieron reunidos durante más de cuatro horas.
Imagen: DyN.
Por Santiago Rodríguez
Lo que hasta aquí los principales dirigentes de la CGT dejaron entrever en sus declaraciones de los últimos días quedó claramente a la vista ayer al cabo de la reunión del Comité Directivo de la central sindical: la convocatoria al paro es sólo una cuestión de tiempo. "Del tiempo que necesitamos para concientizar a la sociedad sobre el por qué de la acción directa", explicó a Página/12, uno de los sindicalistas que participó del encuentro. Allí se analizó la situación y hubo consenso en torno a que en la reunión del Comité Central Confederal del próximo 23 de septiembre se apruebe la convocatoria a una medida de fuerza y que luego la conducción cegetista ponga la fecha en que se llevará a cabo.
"Nos encontramos ante un panorama por demás complicado", dijo Héctor Daer al término del encuentro de ayer y agregó: "No vemos posibilidades concretas que esto se revierta en el corto y el mediano plazo". Antes del encuentro Juan Carlos Schmid, uno de sus compañeros en el triunvirato que conduce la CGT, había advertido que la "situación es muy compleja, principalmente en los cordones industriales, con caída de la actividad económica, con retracción del consumo y persistencia de la inflación" y que "al unísono" casi todos los gremios están reclamando medidas de fuerza.
La posición a favor plantarse con más dureza frente al Gobierno quedó expresada en la reunión del Consejo Directivo, que duró más de cuatro horas. Los sindicalistas presentes fueron dando su parecer sobre la situación y la idea que primó es –según confió uno de ellos– que "así como va la cosa una medida de fuerza es inevitable".
La conducción de la CGT acompañada por titulares de varios gremios se reunió el viernes pasado con funcionarios nacionales, a quienes les hicieron planteos por la inflación, la suba de tarifas, la caída de la actividad industrial y del empleo, la apertura de las importaciones y la situación de jubilados y beneficiarios de planes sociales. Además les reiteraron el pedido de modificación del Impuesto a las Ganancias y cuestionaron los cambios en la ley de ART y el proyecto de ley de empleo joven que impulsa la Casa Rosada. La CGT ve en esa iniciativa un primer paso hacia la flexibilización laboral y Schmid la definió ayer como "una amenaza sobre las actuales condiciones de trabajo de muchos compañeros".
A la salida de esa reunión, el mismo Schmid reconoció que no tuvo "resultados concretos". Esa impresión no varió desde entonces y en el medio hubo, además, dos hechos significativos: la masiva Marcha Federal convocada por las dos CTA contra las políticas de Macri, en la que se llamó a todas las centrales a confluir en un paro nacional, y el encuentro de la CGT con movimientos sociales, que también promueven un plan de lucha contra el ajuste.
"El Gobierno no da respuestas y no parece que vaya a darlas. Todos sabemos cómo termina la cosa, el tema es cuándo", fue la síntesis de un dirigente de un gremio de peso de la reunión del Consejo Directivo, donde se habló de que el próximo 23 de septiembre se definirá una medida de fuerza y se facultará a la conducción de la central a decidir el mejor momento para realizarla. "Al Gobierno hay que darle unos cuarenta días", se dijo ayer en la CGT. La cuenta da entonces algún día de la primera quincena de octubre.
La dirigencia de la CGT se dará tiempo hasta entonces para avanzar en su estrategia de acumular capital político. Para eso se reunió anteayer con movimientos sociales y la semana anterior con senadores del PJ. El próximo lunes a intendentes peronistas del conurbano y el miércoles verá a representantes de la Iglesia. Además, prepara encuentros con gobernadores del PJ e intendentes de otros distritos y volverá a reunirse con funcionarios nacionales en busca de respuestas a sus demandas. El viernes que viene dirigentes de gremios industriales serán recibidos por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y también está prevista una charla sobre los cambios en Ganancias con el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay.
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