lunes 31 de octubre de 2016
EL ESTADO ARGENTINO RENDIRÁ CUENTAS ANTE
LAS NACIONES UNIDAS POR LOS DERECHOS
VULNERADOS DE LAS MUJERES
A examen por los retrocesos en cuestiones de género
Argentina deberá responder sobre el acceso a la Justicia, la violencia de todo tipo, el aborto seguro, entre otros reclamos.
La discriminación económica fue uno de los reclamos del paro y de la reciente y
masiva marcha de #Ni Una Menos.
Por Mariana Carbajal
Mariana Condorí tenía 20 años cuando fue encontrada muerta en su precaria vivienda donde convivía con su pareja Gabriel Maldonado y sus tres hijos. Maldonado ejercía contra ella violencia física, psicológica, obstrucción de su autonomía económica y agresión a sus hijos por lo que Mariana lo denunció ante la policía. Cuando el fiscal recibió la denuncia inició un proceso de mediación sin otorgarle ninguna medida de protección a la víctima. A los pocos días Mariana se suicidó. Su familia y vecinos testimoniaron que el contexto de agresión contra ella se intensificó después de la denuncia. La familia de Mariana denunció al fiscal de la causa ante la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense por no haber adoptado medidas de protección eficaces ante el alto riesgo invocado por la víctima en su denuncia policial (antecedentes de violencia y posesión de armas de fuego de la pareja) y por haber habilitado la instancia de mediación. La denuncia fue desestimada porque en la provincia de Buenos Aires los conflictos familiares deben someterse al mecanismo de mediación penal previa. La defensora de la familia de Mariana, la abogada Sofía Caravelos, fue denunciada por la fiscal a cargo de la causa. El caso está detallado en uno de los informes "sombra" que presentó una amplia coalición de organizaciones de mujeres y de derechos humanos – entre ellas Cels, Cladem, Cedes, ELA, FEIM – ante el Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), que el martes examinará la situación de los derechos de las mujeres en la Argentina. La delegación del Gobierno, encabezada por Fabiana Tuñez, titular del Consejo Nacional de las Mujeres, tendrá que rendir cuentas sobre los retrocesos, falencias y omisiones del Estado argentino en cuanto a su obligación de respetar, garantizar y hacer efectivos los derechos contenidos en la Convención Cedaw y que básicamente se refieren a la vida de las mujeres en el país.
Entre los ejes que probablemente el Comité Cedaw le planteará a la delegación argentina se encuentran los siguientes:
- Las medidas para aumentar el acceso de las mujeres a la justicia y la conciencia de sus propios derechos, para evitar todas las formas de violencia basada en género contra las mujeres, incluyendo la violencia sexual contra mujeres y niñas y los femicidios/feminicidios; y para prevenir los embarazos precoces, para garantizar el acceso al aborto seguro y para combatir la mortalidad de mujeres por gestación.
- Las formas múltiples de discriminación que persisten contra las mujeres, incluyendo contra las mujeres indígenas y afrodescendiente, LBTI, con discapacidad y rurales.
- Medidas que se han puesto en marcha para combatir los estereotipos culturales contra las mujeres, inclusive en los medios de comunicación.
- Los obstáculos en el combate a la trata de personas, y la ausencia de prestación de servicios sociales a víctimas.
- Las dificultades de acceso para las mujeres indígenas y afrodescendientes a la educación y a la salud sexual y reproductiva.
Se trata de la revisión periódica – en general es cada cuatro o cinco años – a la que deben someterse los países que ratificaron la Convención Cedaw, como ocurre con otros tratados. Puntualmente, la delegación argentina tiene que dar explicaciones sobre cómo cumplió el país con las obligaciones gubernamentales de respetar, promover y garantizar los derechos consagrados en el Tratado (artículos 1 al 16), referidos a la no discriminación hacia las mujeres en distintos ámbitos. El período de análisis va del 2010 al 2016, es decir, la mayor parte se refiere al gobierno de CFK. Pero la enorme repercusión internacional que tuvo la marcha y el paro del miércoles 19 de octubre, ante la creciente escalada de femicidios, será el telón de fondo con el que el Comité examinará al país. Forma parte de la delegación oficial, entre otras funcionarias, la subsecretaria de Acceso de Justicia, María Fernanda Rodríguez; también la titular de la Oficina de Violencia de Género de la Corte, Analía Monferrer.
La revisión tendrá lugar en la Sala XVI del Palacio de las Naciones en Ginebra, entre las 10 y las 13 hora local (5 a 8, en Buenos Aires) y de las 15 a las 17 (10 a 12, en Buenos Aires), y será transmitida en vivo por Internet en <http://webtv.un.org/>. Los comentarios del Comité – conocidos oficialmente como observaciones finales– sobre Argentina y los demás Estados examinados en esta sesión – Canadá, Burundi, Bután, Bielorrusia, Suiza, Honduras, Armenia, Bangladés, Estonia, Holanda y Antigua y Barbuda –, se publicarán el 21 de noviembre.
El Comité recibió además del informe oficial, una serie de contra-informes, elaborados por coaliciones de ONG, sobre distintas temáticas: la situación en general, haciendo eje en las violencias machistas contra las mujeres en distintos ámbitos, el impacto de la criminalización del aborto, la situación de las mujeres trans –es la primera vez que se incluye un documento de estas características–, de las migrantes, y de las mujeres de pueblos originarios, entre otras miradas. El lunes está previsto que las expertas reciban a referentes de las ONG que participaron en la redacción de los informes "sombra" y de los organismos de control estatal como el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires (ver aparte).
El Comité Cedaw está compuesto por 23 expertas y expertos independientes en derechos humanos procedentes de todo el mundo. Sirven a título personal y no como representantes de los Estados miembros.
Preguntas y cuestionamientos
Entre las aspectos que probablemente el Comité Cedaw pregunte a la delegación argentina figuran los siguientes, que surgen de los informes "sombra" elaborados por las ONG especializadas en la temática:
- El Plan Nacional contra la Violencia de Género, anunciado meses atrás por el presidente Mauricio Macri enuncia un presupuesto a 3 años, el 80 por ciento del cual está destinado a la construcción de 36 Hogares de Protección Integral (HPI) en lugares todavía no identificados. No se ha publicado la información sobre los recursos que aportarán los diversos ministerios nacionales involucrados en las acciones que contempla el Plan, así como los mecanismos para garantizar tales acciones.
- Existe una gran disparidad en la cantidad de recursos disponibles en la capital de las provincias en contraposición a las localidades del interior.
- La falta de acceso al patrocinio jurídico gratuito es una de las mayores dificultades que encuentran las mujeres para la tramitación de las causas a partir de la denuncia. A fines de 2015 se sancionó la Ley 27.210 que crea el Cuerpo de Abogados en el ámbito de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con el fin de brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a personas víctimas de violencia de género, así como la ejercida por razones de identidad de género u orientación sexual. Pero todavía no se reglamentó: hace falta avanzar en su asignación presupuestal y pronta implementación.
- Aunque en distintas jurisdicciones existen programas tanto en las áreas de justicia, salud o desarrollo social que atienden a mujeres víctimas de violencia, se encuentran desarticulados o superpuestos; se desconocen las funciones y tareas que desarrollan y la asignación presupuestaria con que cuentan; no garantizan los mecanismos (en términos de recursos humanos, equipos interdisciplinarios, subsidios, licencias, guarderías, acompañamiento y continuidad en los tratamientos) suficientes para la atención de la demanda ni producen estadísticas públicas de las situaciones y casos de violencia de género que concurren y/o son atendidos en los diferentes servicios.
- El déficit en el abordaje integral también se ve en la falta de políticas de apoyo económico para las mujeres. El programa de transferencia de ingresos denominado "Ellas Hacen", implementado por el Estado Nacional en el territorio de diversas provincias, no ha brindado información que pudiera dar cuenta de la llegada de ese recurso a las mujeres en situación de violencia.
- Uno de los problemas que se constata en la Justicia es la falta de conexidad entre las causas iniciadas por una misma mujer contra el mismo agresor. En general, una mujer realiza varias denuncias por diferentes hechos de violencia familiar que promueven causas judiciales que se tramitan en uno o varios fueros (el de Familia, en los Juzgados de Paz para el cese de las situaciones de violencia y/o el dictado de medidas de protección, o en el Fuero Penal cuando aparecen delitos como amenazas, lesiones, intentos de homicidios, homicidios) sin que necesariamente las causas se conecten entre sí. Al mismo tiempo, la falta de articulación entre los poderes judicial y ejecutivo se verifica en la gran cantidad de casos de mujeres asesinadas en todo el país aunque tenían dictadas medidas de protección.
- La mayoría de los esfuerzos públicos se han concentrado largamente en la violencia doméstica, en particular, en la que se produce en el marco de las relaciones de pareja. El acoso sexual en el ámbito del empleo solo cuenta con una regulación parcial en el ámbito de la administración pública, y a pesar de ser un fenómeno extendido es ampliamente naturalizado y se conocen pocas denuncias. En un sentido similar, el acoso sexual en ámbitos educativos ha sido silenciado tradicionalmente por los ámbitos universitarios a pesar de que las mujeres constituyen más del 60 por ciento de las egresadas de las universidades nacionales.
UN INFORME PRESENTADO POR LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES
La criminalización del aborto
Por Mariana Carbajal
El impacto de la criminalización del aborto sobre el cuerpo y la vida de las mujeres será uno de los ejes sobre el que deberá, seguramente, rendir cuentas la delegación oficial, en su examen ante el Comité de la ONU sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés). Las expertas del Comité saben que pese al marco legal argentino, la realidad en el país se acerca mucho a la de los contextos legales en que el aborto está totalmente prohibido. Lo dice el informe "sombra" que aborda esta problemática, presentado en Ginebra, y que fue elaborado, entre otras ONG, por el CELS, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), y el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
El documento señala que "a lo largo de los años, la práctica del aborto legal ha sido sistemáticamente inaccesible para miles de mujeres, adolescentes y niñas que habitan la Argentina, violando sus derechos humanos a la privacidad, salud, de ser libre de trato cruel, inhumano y degradante, y de no ser sujeta a discriminación y, en algunos casos, hasta el derecho a la vida".
Son "muchos y diversos" los obstáculos que enfrentan mujeres y niñas para ejercer sus derechos, enumeran las ONG: el uso abusivo de la objeción de conciencia de los efectores de salud; la excesiva judicialización de una práctica sanitaria para dilatar y obstaculizar los abortos; los requerimientos dilatorios previstos en protocolos dictados en cumplimiento de la exhortación de la Corte Suprema en su fallo FAL de 2012, pero que no cumplen con los estándares fijados por el máximo tribunal; los sistemas de salud discriminatorios que repelen a mujeres y niñas a través de comentarios reprobatorios del personal hospitalario, la mala fe de los proveedores de salud y funcionarios públicos; la violación de la garantía del secreto profesional; el hostigamiento y persecución a mujeres y niñas; la influencia de la Iglesia sobre los gobiernos nacional y locales; la falta de reconocimiento normativo expreso de las prestaciones sanitarias que demandan los casos de aborto no punible como prácticas esenciales del servicio de salud. "Todas éstas son estrategias dilatorias que operan en contra del derecho al aborto legal y someten a las mujeres y niñas a situaciones de violencia institucional", apuntaron las ONG.
EL RECLAMO QUE LAS ONG LLEVAN A GINEBRA
Políticas integrales
Por Mariana Carbajal
"Sabemos que el paro y la movilización tuvieron un fuerte impacto en la comunidad internacional. Creemos que eso generará presión internacional al Estado argentino para la definición de políticas públicas no solo enfocadas a las mujeres en su condición de víctimas de violencias. Lo que pretendemos subrayar además, es que existe un conjunto de desigualdades estructurales –económicas, sociales, políticas – entre varones y mujeres que explican cada nuevo hecho de violencia de género", señaló a Página/12 Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de la Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, una de las especialistas argentinas que viajó a Ginebra para participar el lunes de la reunión con las expertas del Comité de la ONU sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), que al día siguiente examinarán la situación de los derechos de las mujeres en la Argentina. "Por eso, reclamamos políticas integrales es decir, garantizar el acceso de las mujeres a la tierra, a la vivienda y al empleo formal. O medidas que equiparen la responsabilidad en las tareas de cuidado entre varones y mujeres, por ejemplo, en las licencias laborales, en la creación de lugares públicos para garantizar el cuidado de lxs niñxs. En la provincia de Buenos Aires la reglamentación de la ley de cupo trans se lleva a cabo en un contexto de despidos de empleadas y empleados públicos y de congelamiento de vacantes definido por decreto de la gobernadora", agregó Malacalza. El OVG junto a otras 17 ONG que trabajan por los derechos de las mujeres, elaboraron uno de los informes "sombra", de 26 páginas, que tienen en sus manos las integrantes del Comité.
– ¿Cuáles son los principales cuestionamientos en relación al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia?
– Insistimos en que deben existir áreas especializadas en el Poder Judicial. A contramano de este reiterado reclamo, el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que impulsa el gobierno nacional no contempla a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Está áreas son fundamentales para cumplir desde el Estado con la obligación de investigar y sancionar los delitos con perspectiva de género. Al no existir áreas específicas ni directrices claras, nos encontramos con situaciones como las de la provincia de Buenos Aires, donde los funcionarios judiciales se resisten a caratular como femicidios las investigaciones por homicidios de mujeres en contextos de violencia de género. También las mujeres encarceladas tienen serios problemas en el acceso a la justicia, porque hay resistencia de parte de los funcionarios judiciales de otorgar medidas alternativas a la prisión y cuando las otorgan no son acompañadas por políticas sociales. Este conjunto de medidas requiere de un fuerte compromiso presupuestario del Estado nacional y las provincias. Confiamos que estos señalamientos que haremos en el plano internacional sean considerados también por los y las legisladoras que están evaluando el presupuesto del año próximo.
Embarazo y discriminación
Por Mariana Carbajal
Entre los temas signados por los estereotipos sociales de funcionarios/as públicos/as, las ONG que elaboraron los informes "sombra" eligieron "dos ejemplos de gravedad" por los impactos que provocan en la vida de las mujeres y niñas. Por un lado, el embarazo y maternidad infantil forzada y por otro, la fuerte discriminación persistente en los operadores judiciales. Según cifras de los últimos 5 años de registros oficiales, más de 3 mil niñas menores de 15 años, por año, en el país afrontan embarazos y partos. En promedio 9 niñas por día acuden al sistema de salud con ocasión de parto. Los embarazos en este rango de edad son en su gran mayoría resultado de abusos sexuales padecidos por las niñas por parte de varones cercanos del círculo familiar. "Las niñas de 14, 13, 12 y menos años que se ven obligadas a continuar los embarazos y parir por decisión de otras personas, basándose en el mandato de ser madres, ven limitados su derecho a la educación y a largo plazo, sus posibilidades laborales y socio-económicas en general", señalaron las ONG.
El segundo ejemplo es la mirada discriminatoria de los agentes judiciales frente a mujeres criminalizadas o co-imputadas junto con sus parejas por delitos que tienen por víctimas a sus hijos (homicidios, abuso sexual) fundadas en estereotipos vinculados al ejercicio de su maternidad. "En general en estos casos" –advirtieron las ONG – "se sigue el precedente fijado por la Corte Suprema que resolvió por mayoría confirmar la sentencia de cadena perpetua de una mujer por cometer, por omisión, el homicidio de su hija. Entendemos que para las mujeres acusadas de cometer estos delitos la consideración prioritaria de su historia de violencia resulta determinante para asegurar la garantía de su derecho a la defensa en juicio. El desconocimiento de las particularidades de la violencia en el marco de fuertes relaciones de dominación en el ámbito intrafamiliar, sumado a los prejuicios que definen y refuerzan prácticas discriminatorias por parte de los/as funcionarios/as judiciales promueven procesos de criminalización contra mujeres víctimas de violencia", indicaron en uno de los informes "sombra" elevado al Comité Cedaw.
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