martes 25 de octubre de 2016
EL ESTABLISHMENT JUDICIAL MARCÓ FUERTES
CRÍTICAS AL PROYECTO DE REFORMA DEL
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Cuando no te bancan ni tus mejores amigos
La diputada y aliada del Gobierno Elisa Carrió señaló que la iniciativa es inconstitucional. Coincidieron la tradicional Asociación de Magistrados y los fiscales federales. "Va en contra de lo que pregonaba el oficialismo cuando era oposición", señaló el fiscal Jorge Di Lello.
Elisa Carrió aseguró que si el objetivo es desplazar a Alejandra Gils Carbó
el camino debe ser el juicio político
Por Irina Hauser
Ni el establishment del Poder Judicial, ni los fiscales históricos de Comodoro Py, ni los fiscales federales de juicio oral, ni las organizaciones de un amplio espectro ideológico, ni la socia política del oficialismo Elisa Carrió aceptan el proyecto de reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal que impulsan Cambiemos y el Frente Renovador con el objetivo de desplazar a la titular de la Procuración, Alejandra Gils Carbó. Todos ellos difundieron ayer su rechazo al dictamen votado la semana pasada en un plenario de comisiones: la principal coincidencia es que lo consideran inconstitucional porque, tal como publicó Página12, habilita la intromisión del poder político a través de una Comisión Bicameral, en el diseño de la política criminal, la creación de unidades especializadas de fiscales y la designación de sus titulares así como los de las procuradurías temáticas, cuando la Constitución define al Ministerio Público como órgano independiente y autónomo. Algunos también objetan el plazo de cinco años para el cargo del/la procurador/a, ahora vitalicio. Están los que dicen que si la cuestión es echar a Gils Carbó, le hagan juicio político (para lo cual el Gobierno no tiene los votos).
La primera que salió a plantear ayer la inconstitucionalidad fue Carrió y última hora presentó una "objeción" al dictamen del martes pasado. Ella no pertenece a ninguna de las comisiones que se reunieron (Justicia, Legislación Penal y Presupuesto), por eso su presentación se incluirá en el debate en el recinto. Carrió discrepa con un mandato de cinco años porque considera que su duración debería exceder la de un gobierno. Ese punto es coherente con su oposición en la convención constituyente de 1994, donde se opuso a un dictamen del Frente Grande que proponía el límite de cinco años. La "objeción" presentada dice: "debo advertir al resto del cuerpo de esta Honorable Cámara de Diputados que la reforma propuesta en algunas de sus disposiciones contempla la posibilidad de vulnerar el principio de autonomía funcional que garantiza la Constitución" al Ministerio Público Fiscal. Otro tramo alienta el juicio político a Gils Carbó a quien acusa de haber favorecido al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de hacer nombramientos irregulares.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios (AMFJN), la entidad tradicional de la corporación judicial, que preside el camarista civil antikirchnerista Ricardo Recondo, emitió un comunicado para dar a conocer su "preocupación ante la posibilidad de que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (…) pueda atentar contra la independencia que garantiza a esa institución" la Constitución Nacional, por lo que "exhorta a los legisladores a que obren con la mayor prudencia a la hora de decidir la participación de la Comisión Bicameral (…) en las decisiones del organismo". Al final dice que "los fundamentos de la iniciativa parecen reposar básicamente en cuestiones que tienen que ver con la persona de la Sra. Procurador General de la Nación, que deberían ser planteadas en el ámbito del pertinente proceso disciplinario".
Un dato notable es que en las fiscalías de Comodoro Py hay un ánimo compartido contra la ley de Cambiemos y el massismo. El fiscal federal y electoral Jorge Di Lello entregó a varios diputados un documento suyo, crítico. Según explicó Di Lello a Página/12, el dictamen votado, además de ser inconstitucional, "va en contra de lo que pregonaba el oficialismo cuando era oposición y cuestionaba la ley anterior porque daba poderes omnímodos al procurador y sometía la independencia de los miembros del MPF, su autonomía y su autarquía financiera". El documento del fiscal señala una paradoja: "El proyecto conserva los aspectos que desnaturalizan la esencia y el sentido del Ministerio Público Fiscal sometiéndolo a la voluntad de los otros dos poderes que se reparten su conducción de manera que todos sus miembros puedan ser perseguidos y extorsionados".
El fiscal federal Carlos Rívolo señaló a este diario que "por echar a una persona no se puede implosionar una institución constitucional. Aunque no comparta la gestión de Gils Carbó, no puede retrocederse con los preceptos que establecieron los constituyentes del 94". Otro fiscal, Federico Delgado, reflexionó: "el proyecto se inscribe en esta lógica que condensa el drama ontológico del estado argentino: es capturado tras cada período electoral por intereses particulares y, en consecuencia, se resiente la calidad de nuestras instituciones". También enviaron un oficio a ambas Cámaras del Congreso los siete fiscales federales de juicio. "Resulta un imperativo a inherente a nuestra función velar por que no se vean menoscabados" la "independencia orgánica y la autonomía funcional" que explican que les permite ejercer su función.
El fin de semana el oficialismo deslizó ante las primeras críticas su voluntad de hacer modificaciones, como quitar una exigencia de antigüedad de cinco años como fiscal para encabezar una procuraduría, o mantener las unidades que investigan AMIA y la de violencia contra las mujeres. También admitía revisar la obligación de retornar en 48 horas a su lugar de origen a fiscales trasladados. Pero nada dijo sobre las funciones otorgadas a la bicameral ni del mandato de cinco años, que forman el eje central del proyecto.
Una coalición de ONG también postuló sus reproches. Su documento cuestiona: las "funciones inconstitucionales de la comisión bicameral" al recibir "funciones de gestión y cogobierno" del MPF; si bien acuerda con un mandato limitado para el procurador, cinco años le parece poco para desarrollar políticas; la exigencia de cinco años de antigüedad es señalada como el modo de desplazar a los actuales titulares de procuradurías y unidades; la facultad del procurador de reasignar causas podría habilitar "su manipulación" y alerta sobre la injerencia del Poder Ejecutivo en los concursos de fiscales. Firman el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Pensamiento Penal (APP), Poder Ciudadano y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
La propia Gils Carbó dijo que la reforma en danza "sería claramente inconstitucional" al facilitar la injerencia de otros poderes. "Estaría dada porque 16 legisladores tendrían la facultad de designar fiscales, titulares de procuradurías, unidades especializadas, traslados y hasta aprobar o rechazar instrucciones generales".
Opinión
Bajo presión
Por Adolfo Pérez Esquivel *
La división de poderes como forma de organización de nuestro país, vigente desde el nacimiento de nuestra República, es uno de los pilares constitucionales más importantes. Cada poder debe funcionar como contrapeso del otro, siendo esta una de las garantías para evitar la concentración de poder que lleva irremediablemente al autoritarismo y la pérdida de la democracia. Por este motivo, es necesario fortalecer las instituciones del Estado y mejorarlas para su funcionamiento, en vez de someterla a los intereses del gobierno de turno.
Lamentablemente el país se encuentra bajo presión del Poder Ejecutivo que busca la forma de controlar el Poder Judicial y el Legislativo, debilitando nuestras instituciones. Uno de los objetivos preocupantes que se propone el gobierno de Cambiemos, y que afecta al Poder Judicial, es lograr la remoción de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sometida a fuerte presión para lograr su renuncia o la separación del cargo, sin respetar los tiempos e instancias legales. En esta línea, el gobierno busca sancionar en estas semanas la Ley de Reforma orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF), un proyecto de ley claramente inconstitucional para limitar y someter a la justicia.
En primer lugar se observa un tratamiento desigual de leyes orgánicas del MPF y con respecto a la del Ministerio Público de Defensa. Si bien tienen el mismo rango, sólo se busca acortar el mandato de la Procuradora, y no se busca reformar ningún aspecto de la justicia federal o nacional, tan cuestionadas por su lentitud e ineficiencia. Esto muestra la animosidad que inspira esta reforma, dirigida claramente contra la gestión de la actual Procuradora General, lo cual vulnera la autonomía e independencia constitucional del Ministerio Público (art.120), y por lo tanto, la independencia judicial.
La actual procuradora fue elegida en un cargo vitalicio. Pretender sancionar una ley que límite su mandato y que se aplique de manera retroactiva claramente es un absurdo jurídico gravísimo. En todo caso la limitación se podrá aplicar a quien la suceda en el cargo. Este caso es comparable al del Juez Carlos Fayt, a quien no se le aplicó la ley que disponía la jubilación de los jueces de la Corte Suprema a los 75 años, porque era posterior a su designación.
En segundo lugar, es peligrosa y preocupante la creación de una procuraduría especializada en terrorismo, al mismo tiempo que suprimen la procuraduría de defensa de la Constitución Nacional y la dirección de derechos humanos. Esto no es una coincidencia, insinúan la creación de un campo fértil para el desvío de las investigaciones y la persecución penal de pueblos originarios, organizaciones sociales, sindicales.
En tercer lugar, también es muy grave que el Poder Ejecutivo quiera fijar la política criminal del MPF, permitiendo que el Consejo de Seguridad Interior (integrado en su mayoría por ministerios del Ejecutivo) pueda determinar los lineamientos de su política de persecución penal.
A lo que debemos agregar la intención del gobierno de Cambiemos de intervenir como jurado en los concursos para fiscales, y de habilitar el traslado de empleados y funcionarios fuera de su lugar de trabajo, en clara afectación de los derechos adquiridos por los trabajadores.
Esta reforma es la intervención directa del Poder Ejecutivo sobre el Poder judicial, dirigido a lograr la remoción de la actual Procuradora General, y a imponer condiciones para manipular el organismo en un claro atentando contra la autonomía de poderes.
Si se permite este avance del gobierno de Macri estaremos ante un serio peligro para la salud de la democracia en el país. Por eso reclamamos al gobierno respetar las disidencias políticas, el pluralismo ideológico y dejar sin efecto las medidas que dañan al pueblo argentino.
* Premio Nobel de la Paz
MALESTAR EN EL FRENTE RENOVADOR POR LAS CRÍTICAS DE
CARRIÓ
Un proyecto que tambalea
"Nosotros trabajamos sobre la base de que ellos tienen consenso. Si no lo tienen, es problema de ellos", dijo la diputada del FR Graciela Camaño. Su bloque se reunirá hoy para analizar su posición. Proponen modificaciones.
Graciela Camaño encabeza la comisión bicameral que controlará a la Procuración
Por Miguel Jorquera
Elisa Carrió pateó el tablero oficialista y puso en riesgo el proyecto del Gobierno para reformar le ley del Ministerio Público Fiscal que apunta a ponerle fin con retroactividad al mandato de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó. La líder de la CC-ARI y socia menor de la alianza oficialista Cambiemos sostuvo que el proyecto oficial "desnaturaliza" la institución – como sostienen magistrados, fiscales y abogados – e insiste en que la procuradora debe "ser destituida por juicio político". La postura de Carrió desató el malhumor del massista Frente Renovador, que negoció con el oficialismo el respaldo al proyecto y que tendrá a cargo la conducción de la comisión Bicameral que asumiría con una suma de poderes que limitaría el poder de Gils Carbó y – eventualmente a su sucesor – a cambio de aportar los votos necesarios para que la iniciativa atraviese sin obstáculos su aprobación en la Cámara de Diputados.
Sergio Massa reunirá a su tropa hoy para definir su postura. No menos irascibles se mostraron en Cambiemos, que de todas maneras afirmaban que la sesión de mañana – donde se tratará el proyecto oficial – no se caerá por la resistencia de Carrió, al tiempo que buscaban ratificar el acuerdo previo con el massismo.
La postura expuesta por Carrió fue tan escueta como el tuit que posteó en la red social. "Carrió rechaza la ley para desplazar a Gils Carbó: quiere llevarla a juicio político", dice el texto en su cuenta oficial de Twitter con la firma de Prensa de CC-ARI.
En el entorno de Carrió confirmaron el planteo. Afirmaron que la diputada le expuso su postura al Presidente antes de hacerla pública y que si Mauricio Macri quiere deshacerse de Gils Carbó debería haber optado por el camino del juicio político, que ella impulsa.
Ratificaron que Carrió cuestiona que el mandato del Procurador sea de cinco años porque de esa manera permite que cada presidente pueda realizar un nuevo nombramiento y reclama que "como mínimo" el mandato debe ser de diez años". Los planteos de la diputada llegan hasta las funciones que el proyecto le asigna a la Bicameral de Seguimiento porque considera que "hay intromisión" del Poder Legislativo en la Justicia. Sus diputados Fernando Sánchez y Alicia Terada, habían firmado en "disidencia" el dictamen de mayoría para modificar la estructura de la Procuración.
La noticia corrió raudamente por los pasillos del Palacio Legislativo. Pero la primera reacción pública fue del massismo. "En este nivel de confusión, es muy difícil trabajar. Nosotros trabajamos sobre la base de que ellos tienen consenso. Si no lo tienen, es problema de ellos", remarcó ofuscada la jefa del bloque renovador, Graciela Camaño, en un encuentro con periodistas parlamentarios.
"Nosotros tuvimos una actitud de colaborar y nos bancamos el costo político de que nos dijeran que defendíamos a Gils Carbó. Pero somos conscientes de que el Gobierno tiene que gobernar", agregó Camaño para justificar el apoyo de su bancada al proyecto que apunta a terminar anticipadamente con el mandato de la procuradora.
Igual, Camaño recordó que firmaron el dictamen con disidencias y que propondrá modificaciones en el recinto a las facultades de la bicameral que ella preside, como parte del acuerdo con el oficialismo. Entre los cambios, sostiene que el traslado de fiscales sólo debe ser notificado a la bicameral, sin requerir – como dice el proyecto – de su aprobación, y que se elimine la cláusula transitoria que establece que "todos los magistrados a los que se les hayan asignado funciones que impliquen un traslado de la jurisdicción para la que recibieron acuerdo (…) deberán retornar a su cargo dentro del plazo de 48 horas".
Para Camaño, el acuerdo con el oficialismo no está caído, aunque anticipó que hoy por la tarde-noche habrá reunión de bloque para terminar de definir la postura.
En Cambiemos reconocieron la grieta que abrió Carrió al interior de la alianza oficialista en un tema que el Gobierno no está dispuesto a retroceder. Pero sus legisladores más fieles sostienen que la sesión de mañana donde la reforma a la ley del Ministerio Público es el eje de la agenda oficialista "no se cayó". Al tiempo que insistirán en que la fisura no alcance a los acuerdos sellados con el massismo.
El Senado no pudo ser ajeno a las repercusiones del cimbronazo con que Carrió sacudió a Cambiemos. "Es un problema del oficialismo", respondieron desde el bloque del FpV y ratificaron que no adelantarán opinión sobre el trabajo en Diputados. "Vamos a opinar sobre el proyecto cuando llegue al Senado", coincidieron casi calcado cerca de varios senadores peronistas consultados por Página/12.
ENCUENTRO DEL JUSTICIALISMO BONAERENSE
Una señal hacia adentro
Por Luis Bruschtein
El peronismo bonaerense se reunirá hoy en Lobos para intentar llegar a una posición consensuada ante el proyecto de Presupuesto 2017 de la gobernadora macrista María Eugenia Vidal, con la mira puesta entre otros temas en la seguridad y la descentralización de recursos. Será el primer encuentro de la mayoría de los intendentes que representan distintos sectores internos del justicialismo de la provincia y un gesto de unidad frente a las políticas del oficialismo. "Va a ser una señal fuerte hacia adentro, que es lo importante", dijo a Página/12 Gustavo Menéndez, intendente de Merlo.
"La idea es confluir, quienes integramos el peronismo sabemos que tenemos que juntarnos", destacó Menéndez horas antes del encuentro de los intendentes y dirigentes del peronismo bonaerense, que se realizará en Lobos a partir de las 11. Allí se espera la participación de casi todos los sectores internos, como los grupos Fénix y Esmeralda, los kirchneristas, algún que otro díscolo, además del presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Fernando Espinosa.
El justicialismo de la provincia de Buenos Aires se encuentra en medio de un debate para reacomodarse después de la derrota electoral en su territorio y a nivel nacional a manos del macrismo. En el nuevo rol de oposición del PJ, tras casi treinta años de gobernar la provincia, la búsqueda de la unidad se transformó en el objetivo de la mayoría de los grupos, más de allá de su posicionamiento acerca del kirchnerismo, que los mantenía enfrentados hasta ahora. La idea central es mostrar la unidad del peronismo bonaerense y fortalecer y afianzar el partido frente a un año electoral que cada día está más cerca.
Como preparación para el encuentro, los distintos grupos de dirigentes se fueron reuniendo para llegar con las posiciones políticas más aceitadas. El fin de semana viajaron hasta Sierra de la Ventana Espinosa y otros dirigentes, como el ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez y ex ministros bonaerenses como Silvina Batakis y Mario Oporto, además del intendente local y otros dirigentes. El encuentro contó con centenares de participantes de todos los colores internos que mostraron el primer escalón de la unidad.
En la misma línea, la presidenta de la Federación Argentina de Municipios, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, se reunió ayer con el presidente da la Cámara de Diputados, el macrista Emilio Monzó, a quien le acercó junto a sus pares de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, su mirada sobre el presupuesto. "Estamos construyendo confianza y vinimos en representación de los 54 intendentes peronistas", explicó la titular de la FAM, entidad a la que el macrismo intenta bajarle el nivel de representatividad. "Tanto en el presupuesto nacional como en el provincial se solicitó que los fondos destinados a los municipios sean coparticipables", destacó Magario que llevará al encuentro en Lobos el resultado de su cita con Monzó.
"Lo que tenemos en claro es que nos tenemos que preocupar por nuestro equipo ahora, no por el equipo de enfrente", aseguró Menéndez usando una metáfora futbolera para mostrar que "ordenarnos adentro es más importante" que enviar una señal hacia el macrismo. "Cada vez que el peronismo logró ordenarse y confluir, después no tuvo problemas para enfrentar procesos electorales ni gestiones", agregó el intendente de Merlo, sintetizando la idea que tiene entre ceja y ceja la dirigencia justicialista.
MENOS PUESTOS DE TRABAJO EN LA
CONSTRUCCIÓN EN AGOSTO
Novena caída para el empleo
Desde que asumió Mauricio Macri, la ocupación en el sector de la construcción registró caídas interanuales todos los meses. En agosto fue del 12 por ciento y acumula una baja del 11 por ciento en el año.
La pérdida de puestos en la construcción fue de 50.491 en agosto respecto de 2015.
El empleo de la construcción cayó 12,0 por ciento en agosto respecto del mismo mes del año pasado y marcó una suba del 1,8 por ciento contra julio. El retroceso interanual de la ocupación fue una figurita repetida desde diciembre pasado, cuando asumió la gestión de Cambiemos. La actividad de la edificación atraviesa una fase de fuerte estancamiento que se refleja en los despachos de cemento al mercado interno. Las ventas del material sufrieron una contracción del 11,5 por ciento en septiembre y acumulan en el año el peor retroceso desde la crisis de 2002, tras el estallido de la convertibilidad. Aumento de costos, tasas de interés elevadas que estimulan el negocio financiero en lugar de la producción e incertidumbre respecto del futuro de la economía frenaron la construcción.
El Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) computó en su último informe de coyuntura que el empleo de la construcción se ubicó en 371.888 individuos en agosto, cuando era de 422.379 trabajadores en igual mes del año pasado, lo que equivale a un retroceso del 12 por ciento. La disminución en la plantilla de personal de las constructoras fue una constante de los últimos nueve meses. En diciembre, marcó una merma del 0,9 por ciento, en tanto que en enero lo hizo al 5,0 por ciento, en febrero al 6,8, en marzo al 9,8, en abril al 11,9, en mayo al 12,7, en junio al 14,3 y en julio al 14,2. El sector perdió 50.491 empleos en el último año, cifra que no considera las desafectaciones de trabajadores informales, quienes ante situaciones de crisis sufren el mayor impacto. Hasta agosto, la baja acumulada del empleo formal es del 11 por ciento respecto a igual período de 2015.
El informe de IERIC dejó en evidencia el apuro del Gobierno por mostrar los primeros "brotes verdes" de la economía en el segundo semestre. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, había asegurado que la suba del 6,8 por ciento en la venta de cemento de agosto era la primera señal del repunte del mercado interno y que esos indicadores se seguirían repitiendo con el correr de los meses. Pero los despachos de cemento en septiembre marcaron un desplome a tasas de dos dígitos (-11,5 por ciento) evidenciando la continuidad del ciclo recesivo. "La reversión de los guarismos de agosto estuvo en parte vinculada a factores estadísticos. Cabe apuntar que agosto de 2015 fue un mes con abundantes precipitaciones, que dieron lugar a una caída interanual del 1,6 por ciento en el consumo de cemento, la única de 2015 hasta noviembre", se precisó en el documento del instituto de la construcción.
De enero a septiembre, la demanda de cemento marcó un retroceso del 12,4 por ciento respecto del mismo período del año pasado. Esta fue la baja más importante desde la crisis de 2002, al superar incluso la caída del sector en 2009, con el estallido de la crisis financiera internacional. Ese año el Estado nacional realizó un fuerte esfuerzo en las obras de infraestructura, elemento que en 2016 se frenó por el programa de ajuste de Cambiemos, que incluyó recortes de subsidios a servicios públicos y transferencia de recursos, principalmente, al campo.
Otro insumo conectado con la obra pública que marcó una fuerte contracción entre enero y agosto fue asfalto, al retroceder 30,1 por ciento en relación con el mismo período del año pasado. A su vez, hierro redondo para hormigón bajó 19,0 por ciento, ladrillos huecos mermó 9,7 por ciento y pinturas para la construcción se contrajo 5,1 por ciento.
REINSTAURARIAN REINTEGROS A LA EXPORTACIÓN DE CARNE
Que consuman afuera
Luego de haber eliminado las retenciones a la exportación de carne, el Gobierno tiene previsto redoblar la apuesta y promover reintegros a las ventas de carne vacuna al exterior.
Buscan promover las exportaciones, mientras el consumo interno sigue cayendo
Luego de haber eliminado las retenciones a la exportación de carne, el Gobierno tiene previsto redoblar la apuesta y promover reintegros a las ventas de carne vacuna al exterior. Así lo adelantó el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, en la muestra de alimentación SIAL 2016 que se realizó la semana pasada en París. Los reintegros volverían a regir desde el año próximo por primera vez en 15 años para "promover el desarrollo del sector cárnico". De este modo, se busca seguir estimulando la exportación de carne vacuna al mismo tiempo que su consumo en el mercado interno continúa cayendo.
En noviembre de 2005, el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, le quitó a la industria el reintegro del cinco por ciento a las exportaciones de carne para desincentivar las ventas al exterior y de ese modo tratar de contener la suba de precios. Ahora, en cambio, pese a la fuerte suba que registró el precio de la carne a comienzos de año, luego de la eliminación de las retenciones, se decide reinstaurar los reintegros, dejando en claro que promover el consumo interno de carne no aparece estar entre las prioridades oficiales. De hecho, el consumo de carne vacuna registró una caída del 8,7 por ciento durante los primeros nueve meses del año. La reducción hasta 54,8 kilos anuales consumidos por los argentinos está explicada por la fuerte contracción en el poder adquisitivo del salario. Las cifras relevadas por la Cámara de la industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra) representan los niveles más bajos desde 2011, cuando el consumo anual por habitante se ubicó en 54,5 kilos entre enero y septiembre.
La restauración del beneficio de los reintegros había sido solicitada en varias oportunidades por los frigoríficos, como medida para mejorar la competitividad del sector. "Para la (exportación de) carne bovina, es una medida concreta y efectiva que redundará en beneficio de toda la cadena, mejorando de manera inmediata la competitividad de la industria frigorífica exportadora", aseguró ayer Daniel Urcía, de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA). Para Urcía, la medida que promueve Buryaile ante sus pares del gabinete "es un paliativo importante que sirve para mejorar la performance de las empresas que se vieron afectadas por el aumento de costos internos y el valor de la materia prima que hoy se les hace difícil competir en el mercado internacional".
Desde el sector privado también se descuenta que se dispondrá una prórroga respecto a la normativa que establece el sistema de registro de los operadores de la cadena de producción y comercialización de hacienda y carne bovina, impulsada a través de la resolución 3873 de la AFIP, de mayo pasado.
A esto también se le suma el trabajo que realizó la Nación con la provincia de Buenos Aires para mejorarle al sector la situación impositiva: con el objeto de definir una reducción al 0,5 por ciento desde el actual 1,75 por ciento en Ingresos Brutos para el sector frigorífico bonaerense.
Si bien aún la medida no se oficializó, el trámite está muy avanzado y forma parte de las conversaciones que actualmente están manteniendo al respecto Agroindustria, Hacienda y la Jefatura de Gabinete. Actualmente las exportaciones de cárnicas rondan los 100 millones de dólares mensuales y se entiende que se podría aplicar un reintegro promedio del cinco por ciento; mientras que se avanza con el acuerdo también del sector privado para que no se modifiquen los precios minoristas durante el primer semestre de 2017, algo difícil de garantizar ya que históricamente cuando los precios de la carne sube los distintos eslabones de la cadena se echan la culpa mutuamente y nadie se hace responsable. Otra apuesta oficial sería promover también el esquema de reintegros en las ventas externas de menudencias y carne avícola, para dar impulso a los frigoríficos.
EL SISTEMA EDUCATIVO Y EL OPERATIVO APRENDER
DEBATE EN LAS AULAS I
Aprender 2016: mi voto es no positivo
Dos hechos recientes generaron polémica en el ámbito educativo: la definición de Bullrich respecto de que el sistema "no sirve más" y el operativo de evaluación Aprender. Hay un hilo conductor en ellos, una visión común sobre el trabajo en las escuelas. Aquí, dos especialistas desmenuzan sus significados.
Por Emilio Tenti Fanfani *
No me convencen los argumentos ofrecidos por las autoridades para justificar este operativo. Estas son mis principales razones.
Si bien creo que es una obviedad decir que, tanto en el ámbito público como privado, es necesario contar con información confiable al momento de tomar decisiones, no considero que el Ministerio de Educación no cuente con información sobre la distribución de los aprendizajes en las instituciones educativas argentinas. Es más, considero que tanto las evaluaciones de rendimiento escolar nacionales (Operativos Nacionales de Evaluación), como los internacionales (PISA, Unesco y otros) han producido una gran cantidad de datos y que estos que están subutilizados. Como me dijo una vez un reconocido experto en estadística, siempre hay más información disponible que capacidad para hacer un uso productivo y creativo de la misma. Por lo tanto hay datos acerca de quiénes aprenden más y quienes menos, dónde (en qué instituciones, territorios, temas) son más frecuentes los fracasos, etc. como para desarrollar políticas de formación docente inicial y continua, orientar recursos en el territorio y definir reglas adecuadas para regular el sistema educativo nacional.
El gobierno afirma que la información producida durante los últimos años por los ONE (Operativos Nacionales de Evaluación) no es técnicamente confiable. Pero esta no es más que una opinión de funcionarios políticos, que por supuesto se opone a la opinión de los funcionarios políticos del gobierno anterior. Si se considera que hay dudas al respecto, hubiera sido oportuno convocar a una comisión de expertos reconocidos en estadísticas y evaluación educativa para que revisara los datos y pronunciara un dictamen fundamentado acerca de su validez y confiabilidad. Esto es lo que se debería haber hecho y no se hizo.
Por otro lado, si se quiere tener un diagnóstico acerca del estado de los aprendizajes en el país no es necesario hacer operativos censales. Simplemente porque se puede lograr ese objetivo de un modo mucho más ágil y barato mediante una muestra. Se alega que el censo permitirá "devolver" la información a los docentes para que puedan reorientar sus prácticas en función de los problemas detectados. Pero cuando el docente reciba la información sus alumnos ya han terminado la primaria o la secundaria. Es útil reiterar que no se puede considerar a los docentes como simples usuarios de evaluaciones hechas por otros. Evaluar está en su adn como profesional de la educación. No hay promedio de rendimiento que provea mejor información que la que puede tener un buen maestro acerca de sus alumnos. El promedio de rendimiento en una prueba es como una fotografía lavada y en blanco y negro acerca de lo que un alumno sabe, de sus dificultades y progresos en el aprendizaje, etc. El buen docente evalúa sistemáticamente a sus alumnos. Decir que "se le devolverá" a cada uno de ellos el resultado que obtuvieron sus alumnos en la evaluación nacional es minimizar y despreciar el conocimiento que él tiene de los alumnos con quienes convive en forma intensa y cotidiana durante todo un año escolar. En síntesis, las evaluaciones nacionales deberían tener como usuario privilegiado no a los docentes sino a quienes tienen que tomar decisiones de política educativa a nivel nacional y provincial y a todos aquellos que están interesados en conocer cómo se distribuyen los promedios de rendimientos según el territorio, el tipo de establecimiento o las características socioculturales de los alumnos.
Tampoco tiene sentido realizar evaluaciones con una frecuencia anual. Los promedios de rendimiento escolar varían en el tiempo largo y no son como los índices de precios o de inflación que lo hacen en el tiempo corto de una semana o un mes. Es más, hasta sería sospechoso que lo hicieran de un año a otro porque dependen de un conjunto complejo de factores que actúan a lo largo de toda una trayectoria escolar y sobre los cuales se puede actuar si se dispone de un tiempo largo, que se pude medir en períodos de por los menos 3 o 5 años.
Por último, la evaluación del aprendizaje (al igual que la evaluación en general) es un instrumento que puede tener usos virtuosos (conocer los problemas para resolverlos mejor) o perversos, como por ejemplo, institucionalizar jerarquías entre establecimientos, docentes, territorios y formalizar diferencias, etiquetar, controlar, premiar y castigar, fomentar la competencia, etc. Para evitar suspicacias es preciso generar confianza. Nadie se deja tomar la fiebre por alguien en quien no confía o que usa un termómetro inadecuado. Más allá de la creencia en las buenas intenciones de los gobiernos, hubiera sido deseable poner en funcionamiento el Consejo Nacional de Calidad de la Educación instituido por el artículo 98 de la Ley Nacional de Educación vigente. Cabe recordar que el mismo está conformado por "miembros de la comunidad académica y científica de reconocida trayectoria en la materia, representantes de dicho Ministerio, del Consejo Federal de Educación, del Congreso Nacional, de las organizaciones del trabajo y la producción, y de las organizaciones gremiales docentes con personería nacional" (destacado por mí). La experiencia indica que las políticas públicas son más legítimas y por lo tanto más eficaces cuando han sido elaboradas reconociendo y escuchando la diversidad de puntos de vista que existen en las sociedades complejas que deciden recorrer el camino de la democracia social y participativa.
* Consultor de la OEI en la Universidad Pedagógica de la provincia de Buenos Aires.
EL SISTEMA EDUCATIVO Y EL OPERATIVO APRENDER
DEBATE EN LAS AULAS II
La disputa por el sentido
Dos hechos recientes generaron polémica en el ámbito educativo: la definición de Bullrich respecto de que el sistema "no sirve más" y el operativo de evaluación Aprender. Hay un hilo conductor en ellos, una visión común sobre el trabajo en las escuelas. Aquí, dos especialistas desmenuzan sus significados.
Por Mariano Molina *
Las recientes declaraciones del principal responsable del Ministerio de Educación en la Argentina son preocupantes ("El sistema educativo argentino no sirve más (…) Está diseñado para hacer chorizos, todos iguales"). Podemos enojarnos, indignarnos, refutar mentiras o rechazar miserias, pero hay una pregunta que persiste ¿qué hace el docente frente a este tipo de dichos? Tendremos que afrontar – una vez más – los desafíos y conversar con nuestros estudiantes, madres y padres, con colegas y la comunidad educativa. La batalla cultural no se gana ni se pierde, es permanente y debemos ser insistentes, poner el tema sobre la mesa, asumir el conflicto posible, reconstruir la densidad de las ideas y de las controversias, que son esenciales para cualquier sociedad que aspire a vivir bajo cierto aire democrático.
Los que transitamos por el mundo de la comunicación y la educación tenemos la obligación de preguntarnos por estos dichos, por los dispositivos sociales que los permiten y por el sentido común construido. Y también pensar estrategias que puedan contrarrestar la avalancha propagandística que encabezan las corporaciones de medios en pos de erosionar la educación pública, y correrse de la mera crítica o del lamento por lo que "ocultan" y seguirán ocultando.
No vamos ahora a enumerar los logros del sistema educativo que construimos como sociedad, de la inmensa cantidad de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que lograron incorporarse al sistema y continuar sus estudios. No vemos el vaso semivacío porque sabemos de nuestras historias y del esfuerzo de amplios sectores de nuestro pueblo por estudiar y educarse. No hay posibilidad de discutir cifras o estadísticas porque no alcanza – en este caso particular – cierto debate por la verdad y porque no hay sujeto de la estadística, sino sujetos que ven modificar sus oportunidades, si la educación en la que se enmarcan (y que también aportan a construir), es buena. Como se dijo en este diario hace un tiempo, pareciera que vivimos un momento posfáctico. Entonces, la disputa por el sentido es un gran desafío que debemos atravesar desde nuestra práctica cotidiana y concreta, sin trampas ni ninguneos.
Los docentes tenemos un enorme valor, que es al mismo tiempo una preocupación para quienes nos pretenden como mero reproductores: recorremos las calles de los barrios, pueblos y ciudades, compartimos sus alegrías y dolores, sus preocupaciones y aspiraciones, conocemos sus estados de ánimo, los colores, aromas y sensaciones que recorren las escuelas y comunidades en las que trabajamos. Probablemente no tengamos la solución comunicativa necesaria que pueda refutar la construcción de la falsedad permanente e interesada que se esparce sobre el sistema educativo, el trabajo docente y las comunidades involucradas. Pero tenemos la palabra, nuestra presencia cotidiana, los valores compartidos con los alumnos, las alumnas y sus familias sobre los horizontes que aspiramos a construir. Trabajamos en realidades que son contradictorias y difíciles, pero sin lugar a dudas son territorios que no podemos abandonar y en los que habrá que seguir interviniendo. Quizás allí radique nuestro mayor potencial.
Una de las actuales necesidades del capitalismo contemporáneo es la construcción de subjetividades con amplitud de adaptación y permeables a los cambios que requieran las corporaciones económicas. Estas prioridades reproductivistas se disfrazan con cierta estética progresista, en discursos que, amparados en las ideas de diversidad e individualización de las perspectivas de vida, intentan presentarse superadores de la metáfora de la "fábrica de chorizos", pero que implican, por el contrario, que cada cual sea torne el exclusivo responsable de la educación privatista de sus hijos e hijas. El actual modelo educativo, inclusivo y deudor de una concepción igualitaria, molesta a los principales grupos económicos del país porque no cumple con sus necesidades y expectativas: hiperindividualización de las opciones, autorresponsabilidad por la educación, educación pública como opción secundaria frente caminos mejores y supuestamente más "libres", léase privados y especializados.
Hoy quiere repetirse el viejo dilema de la modernidad y mostrar a los docentes como meros defensores de lo viejo, de lo vetusto, de lo ineficiente. Pero bien sabemos que lo que quiere imponerse como nuevo o moderno no necesariamente es lo que necesita la mayoría de una sociedad. A veces, conservar lo establecido puede ser una acción progresista, popular y revolucionaria.
Podrán seguir ocultando a los docentes desaparecidos, difamando nuestra tarea y denigrando a nuestras comunidades educativas, que en definitiva es el pueblo que habitamos y nos constituye. Pero lo que no podemos permitirnos es la quietud, el miedo o el silencio cómplice y temeroso. Aunque bajen cuadros y nos silencien, nuestra memoria es indestructible, así como nuestro compromiso como trabajadores y trabajadoras de la educación. Ser educador y educadora nunca se limitó a la mera enseñanza de contenidos curriculares. Peleamos por nuestros derechos y en el mismo acto, por una educación pública, de calidad, democrática y comprometida con una igualdad radical para la sociedad presente y del futuro.
* Docente y periodista.
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