jueves 27 de octubre de 2016
"AEROLÍNEAS NOS CUESTA DOS JARDINES DE
INFANTES POR SEMANA", DIJO MACRI.
Preparando el aterrizaje forzoso
El presidente aseguró que el objetivo es que la firma deje de perder plata en dos años. La gestión anterior iba en esa dirección, pero con la recesión actual y la desregulación del mercado, será difícil cumplir sin recortar rutas y echar gente. El deseo de privatizar.
Por Fernando Krakowiak
"Aerolíneas Argentinas nos cuesta dos jardines de infantes por semana", aseguró ayer el presidente Mauricio Macri al cuestionar el reclamo salarial de los pilotos. De este modo, el mandatario comenzó a instalar la idea de que el dinero que se utiliza para garantizar su funcionamiento podría destinarse a otros objetivos supuestamente prioritarios. Un discurso similar se utilizó en la década del 90 para justificar la privatización de los ferrocarriles e incluso de la propia Aerolíneas Argentinas. En los últimos tiempos, esa lógica también se aplicó para explicar porque no habrá más dinero público para Fútbol para Todos. En el caso de la aerolínea de bandera, Macri ya había dicho cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que su intención era poner la compañía en venta, pero como gran parte de la sociedad no estaba de acuerdo en la última campaña electoral modificó su discurso. Ahora, apuesta a que deje de perder plata o incluso a que sea superavitaria, un objetivo difícil de cumplir en el contexto económico actual, sobre todo para una firma que no solo compite por la crema del negocio sino que también vuela a destinos no rentables para integrar el territorio nacional.
"Nos hemos comprometido a que esa empresa, que es nacional por decisión de los argentinos, tiene que funcionar dando el mejor servicio y en un período de dos años lograr que no le cueste nada a los cordobeses, tucumanos, chubutenses, como nos ha costado", sostuvo el mandatario durante un acto en la Quinta de Olivos convocado para firmar el acuerdo con la provincia de Córdoba para la devolución de los fondos de la Anses. Enseguida, agregó: "Aerolíneas Argentinas nos cuesta dos jardines de infantes por semana. Tenemos que construir tres mil jardines para que todos los chicos de tres a cinco años tengan la posibilidad de recibir la mejor preparación antes de entrar al colegio".
"Lo grave de las declaraciones de Macri es que él ve al transporte aéreo como un gasto y en ningún momento toma en cuenta el impacto positivo que genera la aerolínea de bandera en el producto bruto interno, al incentivar el turismo y la actividad económica en general", aseguró a Página/12 Mariano Recalde, ex presidente de Aerolíneas Argentinas.
El objetivo de que Aerolíneas deje de perder plata en un período de dos años no es imposible de cumplir. De hecho, el año pasado los vuelos de cabotaje de la firma ya habían arrojado superávit y el déficit, una vez contabilizados los vuelos internacionales, se redujo a 160 millones de dólares. Las proyecciones de la gestión de Recalde para este año preveían achicar el rojo a 40 millones y alcanzar un superávit operativo a partir de 2017. Sin embargo, en la actualidad la situación se complicó por la recesión económica que viene generando la política económica del propio gobierno de Macri, la cual llevó, por ejemplo, a que en septiembre la cantidad de pasajeros en los vuelos de cabotaje se redujera un 4,4 por ciento, según un informe reciente difundido por Aeropuertos Argentina 2000. Por otra parte, la política de desregulación que se viene impulsando generó un escenario de mayor competencia que le resta mercado a Aerolíneas en las plazas más rentables. "Lan, por ejemplo, sólo viaja a 14 ciudades y Aerolíneas a 37 ciudades, además de hacer vuelos interprovinciales", sostuvo Recalde.
La combinación de recesión económica y desregulación del sector llevó a que este año el déficit de Aerolíneas crezca, aún con la baja del precio del combustible, lo que hace que sea muy difícil lograr superávit en el plazo que señaló el presidente, a no ser que se decida recortar rutas y despedir gente, situación que reinstalaría definitivamente el conflicto con los trabajadores. No obstante, en un escenario de crisis como ese sería más fácil para el gobierno proponer la privatización, cumpliendo con un viejo anhelo de Macri, quien el 14 de mayo de 2009 se había manifestado en contra de la gestión estatal de la compañía, dejando en claro que su deseo era volver a venderla. "No nos hagamos cargo de lo que no podemos hacer con la plata de los contribuyentes. El Estado sólo debe dar educación, salud, seguridad y justicia", aseguró entonces.
SUBE LA CARGA DE INTERESES EN EL PRESUPUESTO 2017
Lo que la deuda se llevó y
llevará
De acuerdo a las cifras del presupuesto de Recursos y Gastos para el año 2017 enviado al Congreso, el gobierno destinará casi 248 mil millones de pesos el año próximo al pago de intereses de la deuda. Esa cifra representa el 24 por ciento de los recursos tributarios previstos para el mismo año, la proporción más alta registrada desde el Presupuesto 2003 a la fecha, de acuerdo a un análisis efectuado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Además, de aquella cifra de 248 mil millones, la tercera parte (83 mil millones de pesos) corresponden a intereses de deuda emitida después del 10 de diciembre de 2015. Es decir, el extraordinario proceso de endeudamiento del gobierno de Cambiemos en sus primeros meses ya le aportó, al Presupuesto 2017, un aumento de la partida necesaria para el pago de intereses de la deuda del 50 por ciento.
Según el análisis del CEPA, "para 2017 los servicios de deuda se incrementan un 137 por ciento respecto del presupuesto 2016 aprobado por el Congreso", al pasar de 104 mil a 248 mil millones de pesos de un año a otro. Pero la política de "súper endeudamiento" ya repercutió en los números de este año, destaca el trabajo. Dadas las numerosas emisiones de deuda, muchas de ellas de corto plazo, el pago de servicios de la deuda para el corriente período se amplió a 203 mil millones de pesos hasta la fecha. Es decir, con un aumento del 95 por ciento respecto de la partida presupuestada.
La investigación de CEPA sobre los servicios de la deuda en el presupuesto hace un seguimiento desde 2001 hasta el último presupuesto presentado al Congreso, correspondiente a 2017. Dicha serie muestra una tendencia declinante de la incidencia de los intereses tanto en relación al gasto total, como con respecto a los recursos totales y los ingresos tributarios. Pero esa tendencia se revierte a partir de 2017, si se toman en cuenta sólo los presupuestos presentados al Congreso, o desde 2016, considerando la modificación de las partidas presupuestarias. Con respecto al Gasto Total, los intereses representaban en 2001 el 21,5 por ciento, subió al 22,6 para 2003, y descendió hasta el 7,7 por ciento para 2015. "De no ser por las nuevas emisiones de títulos públicos, los servicios de deuda hubieran representado en 2017 un 6,95 por ciento de los Gastos Totales del Presupuesto", advierte CEPA. "Es decir, se hubiera mantenido la tendencia declinante del peso de los servicios de deuda sobre las erogaciones del Tesoro nacional, permitiendo atender otros gastos", concluye.
EL FUNDADOR DE WIKILEAKS, JULIAN ASSANGE,
CRITICÓ LA ADOPCIÓN DEL SISTEMA DEL VOTO
ELECTRÓNICO
"Es un suicidio para las elecciones"
"Es una locura absoluta, ya que es muy fácil de manipular", aseguró Assange en una videoconferencia con especialistas argentinos. Dijo que los controles no dan certezas.
La videoconferencia con Assange se hizo desde la sede la UMET.
El creador de Wikileaks, Julian Assange, sostuvo que la utilización del voto electrónico – que en nuestro país ya obtuvo media sanción en el Congreso – para unas elecciones presidenciales es "una locura absoluta ya que es muy fácil de manipular". En una videoconferencia organizada por la Conferencia Internacional de Software Libre (CISL), el exiliado en la Embajada de Ecuador en Londres afirmó que "como experto en seguridad, el voto electrónico es un suicidio para elecciones nacionales. La criptografía es fácilmente modificable".
"Además, la gente que votará en los comicios no puede saber si los controles que supuestamente existen, realmente se establecerán. Para una votación presidencial, es una locura absoluta establecer el voto electrónico", explicó el informático australiano.
Entre interrupciones y cortes de transmisión, Assange también trató de esclarecer por qué es tan complejo generar una comunicación desde la Embajada donde se encuentra recluido desde hace más de cuatro años. "Hace ya unas semanas, se desconectó el servicio de Internet por pedido del gobierno de Ecuador hasta que terminen las elecciones de Trump contra Clinton. Lo que sucede es que Estados Unidos, junto con Gran Bretaña y Suecia, presionan a Ecuador, país sumamente pequeño, sabiendo además que las publicaciones de Wikileaks no se generan en aquel país sino en Francia, Alemania y Noruega. Por eso, el presidente (Rafael Correa) y sus ministros decidieron cortar el servicio, para que no se los acuse de influir parcialmente en el sufragio norteamericano. No me gusta para nada, ni comparto la decisión, pero la entiendo".
"Wikileaks es un animal de caza. Nuestra organización se construyó para luchar. Por más que se nos desconecte con Internet, seguiré con mi equipo dando a conocer nuevos cables. Batallaremos, como siempre lo hemos hecho, contra las agencias de seguridad y los grandes oligopolios tecnológicos, como Google y Yahoo", sentenció.
La videoconferencia de Julian Assange, invitado estelar de la séptima Conferencia Internacional de Software Libre, se realizó en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) en una mesa de la que participaron el rector de la Universidad, Nicolás Trotta, el presidente de la CISL, Jorge Cabezas, el especialista en ciberseguridad Diógenes Moreira y el decano de la Facultad de Informática en UMET, Ricardo Bosco. Además, se pudo sintonizar en simultáneo en más de veinte universidades nacionales y existió la posibilidad de hacer preguntas a través de Twitter. Una de las consultas se refirió al papel que emplearon algunos medios de comunicación en la conformación del poder, especialmente en el caso de Argentina. El programador consideró que a raíz de las redes sociales "se pudo visualizar mejor las relaciones que siempre existieron entre los distintos partidos políticos y los medios en América Latina. Existe un libro ("WikiMediaLeaks") que exhibe cómo medios masivos como CNN y Clarín participaron activamente del armado de estrategias políticas. Pero nunca se verán esas publicaciones ya que enterarse de aquello cambiaría la perspectiva de las personas ante quienes les informan las noticias", argumentó Assange.
Explicativo y con predisposición, defendió el desarrollo del software libre – objetivo central del CISL – pero alertó sobre los enemigos que enfrentan al sistema operativo democrático. "Se reconfiguró la estructura del poder, pasando ésta a ser totalmente computarizada. Y nosotros (los programadores) somos quienes configuran aquel sistema. Entonces la pregunta es: ¿seremos los idiotas que quieren las corporaciones y sólo haremos el trabajo por el cual nos contratan? ¿O nos enfrentaremos a ellos, a partir de generar un sistema que no centre el poder en muy pocas personas?", se preguntó.
Assange concluyó: "El problema es que todos los avances que hemos tenidos desde el software libre fueron absorbidos por la NSA – Agencia de Seguridad Norteamericana – o Google, por caso. Wikileaks fue mi manera de poder enfrentarme contra esas injusticias. No quiere decir que no haya otras. Por eso, es muy importante tanto estas conferencias y como el compromiso de todos los programadores informáticos".
Informe: Jeremías Batagelj.
EL PROYECTO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
VUELVE A COMISIÓN, TRAS REBOTAR EN EL RECINTO
El intento privatizador dio un mal paso
El oficialismo no pudo convertir en ley el régimen de participación privada en obra pública, con garantías de resultado y otras prebendas que rechazó la oposición en Diputados. Fue rechazado por dos votos y volverá a comisión. Un radical quiso cambiar su voto y no pudo.
Tras varios cambios de opinión, ganó por dos votos la propuesta de
devolver el proyecto a comisión.
Por Cristian Carrillo
El Gobierno sufrió ayer un importante revés legislativo en el tratamiento en Diputados del proyecto de régimen de participación público-privada en obras de infraestructura, el cual es resistido por la oposición por considerar que abre la puerta a un proceso privatizador y cede la jurisdicción a tribunales extranjeros en caso de diferendos legales entre el Estado y los inversores. En medio de un debate que no encontraba puntos de encuentro, el Frente para la Victoria presentó una moción para que el proyecto vuelva a comisión y sea discutido con más rigurosidad. La propuesta fue aprobada por 107 votos a favor, 105 negativos y 9 abstenciones y, ante un oficialismo perplejo por del desarrollo de la jornada, el proyecto volvió a comisión. La iniciativa original presentada por Cambiemos ya había recibido modificaciones durante la discusión en la Cámara alta y en el trabajo en Diputados se habían incorporados algunos puntos adicionales, aunque insuficientes, para hacer la ley menos benevolente para las grandes empresas extranjeras y darle mayor protección al Estado.
El oficialismo contaba con los votos necesarios para la aprobación del proyecto con modificaciones y devolverlo al Senado a partir del apoyo del Frente Renovador y el Bloque Justicialista. Estos últimos dos bloques consideraban suficientes los cambios introducidos hasta el momento. Sin embargo, el diputado y sindicalista Abel Furlán (FpV) presentó una moción para que la iniciativa volviera a ser tratada en comisiones de la Cámara baja y el massismo y parte del justicialismo lo respaldaron. Tras la votación a favor de la moción, el radical Hugo Marcucci pidió la palabra para aclarar que su voto era en realidad negativo, con lo que la votación quedaba empatada en 106, pero ya se habían retirado los diputados del Frente Renovador y el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, dio por levantada la sesión.
El gobierno publicitó el proyecto como una herramienta para potenciar la inversión en proyectos de infraestructura, vivienda, servicios e investigación, para lo cual privilegiaba la posición del sector privado hasta asegurar incluso márgenes de ganancias. "El proyecto incuba la posibilidad de privatizar los servicios públicos, a través del subterfugio de las asociaciones público-privadas", cuestionó el diputado Axel Kicillof (FpV), quien consideró insuficientes los cambios introducidos en Senado antes de ser girado a la Cámara baja. "¡No podemos ser un Parlamento cipayo! ¡Basta de entrega!", se sumó su compañero de bloque, el chaqueño Juan Manuel Pedrini.
Entre los principales cambios que se habían realizado en la Cámara alta, previo al tratamiento en Diputados, se destacaba un apartado que aseguraba el Compre Nacional, ya que pequeñas y medianas empresas reclamaban que quedaban afuera de la obra pública. El proyecto original no establecía ninguna obligación para contratar proveedoras y mano de obra local, lo que se contradecía con el supuesto espíritu del proyecto que, según el gobierno, era fomentar el empleo.
Como en tantos otros temas, el macrismo justifica con la promesa de la creación de empleo todas las facilidades que otorga al sector privado. En este caso, la ley contemplaba en su artículo cuarto "permitir recuperar la inversión y el repago del financiamiento", con el objetivo de "reducir el riesgo empresario". Este artículo se propuso que fuera eliminado durante el tratamiento en Diputados, debido a que subordina al Estado a garantizar el resultado del socio privado. Además, la empresa que considere que la situación no haga viable su inversión podrá retirarse de la obra sin ningún tipo de penalización, pero en caso de un diferendo con el Estado podrá litigar en el exterior. "Está lleno de generalidades y ambigüedades, como hablar de rentabilidad razonable. ¿Quién determina la rentabilidad razonable?", señalo a este diario el diputado nacional Carlos Heller (Partido Solidario), quien junto con el FpV solicitó que se reenvíe el proyecto a comisión de Diputados. Según explicó, estas garantías al sector privado "atentan contra la soberanía del país y el rol del Estado como garante del bienestar de toda la sociedad, dejándoles la posibilidad a los capitales privados de aplicar sus criterios de rentabilidad empresaria en bienes de dominio público".
Tampoco se destaca la transparencia de los procesos licitatorios, otro de los slogans de promoción de la iniciativa. Por ejemplo, el proyecto no obliga al Estado a publicar en el Boletín Oficial los procesos licitatorios de obra pública, lo que impide poder relevar si existe concentración en la adjudicación al no haber un registro público. "Vamos a contramano de los países centrales, planteando una apertura irracional como en los 90; un Estado bobo que se va a ocupar de garantizar a las corporaciones rentabilidad mínimas sin riesgo empresario y asumiendo los costos ambientales", criticó la diputada Alcira Argumedo (Proyecto Sur). Desde el oficialismo, el radical Luis Pastori sostuvo que "no se está privatizando absolutamente nada, sino que se cambia la lógica (de contratación)".
LA CGT Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES ACORDARON
UNA MOVILIZACIÓN CONJUNTA EL 18 DE NOVIEMBRE
Con la decisión de salir a la calle
La manifestación será en reclamo de la declaración de la emergencia social y el cese de los despidos. Las organizaciones sociales barajan marchar desde Liniers. Resta definir si irán a Plaza de Mayo o al Congreso.
Los movimientos sociales estuvieron ayer en la CGT y allí acordaron con los sindicalistas movilizarse.
Imagen: DyN.
En el caso de la CGT, será la primera movilización desde abril, cuando las por entonces tres fracciones en proceso de unidad movilizaron junto a las dos CTA previo a la anulación, por decreto, de la ley de emergencia laboral, que prohibía los despidos durante 120 días. Precisamente ese es el reclamo que, mientras participa de la mesa de diálogo con empresarios y el Gobierno, la central decidió recuperar. "La CGT va a volver a insistir con el tema del empleo, de los despidos", precisó ayer Schmid tras la reunión. Y dejó en claro que el bono acordado es "apenas un puente, un parche para llegar a fin de año".
La decisión de volver a las calles terminará de cerrarse hoy, cuando el Consejo Directivo de la CGT sesione en pleno. Resta definir aún si la movilización será a Plaza de Mayo o a Congreso. La organizaciones barajan la posibilidad de marchar desde Liniers, tal como lo hicieron el 7 de agosto. Es seguro que habrá un acto central, con oradores de las organizaciones y de los sindicatos. Si bien la medida no implica romper el diálogo con el Ejecutivo, desde las organizaciones resaltaron a este diario que "no hay ninguna medida" que pueda tomar el Gobierno en los próximos días que pueda desalentarla, tal como pasó con el anunciado paro de la CGT.
El planteo fundamental de la CTEP, la CCC y Barrios de Pie es la sanción del proyecto de ley que declara la emergencia social y establece un salario universal complementario "para que trabajadores de la economía popular puedan alcanzar el salario mínimo, vital y móvil". Ayer, diputados de todos los bloques de la oposición respaldaron la iniciativa en un acto en el Congreso (ver aparte). Desde la CTEP dicen tener los números suficientes para su aprobación en ambas Cámaras, pese a que hasta ahora los legisladores del oficialismo lo tratan con indiferencia. La semana que viene sesionará la comisión de Trabajo del Senado, donde podría obtener dictamen favorable y quedar a tiro de entrar al recinto. La reunión de ayer sirvió para sellar la presencia del propio Schmid durante la sesión, para transmitir el apoyo de la CGT a la iniciativa.
"Ayer hubo un nuevo reconocimiento por parte del Consejo Directivo de la CGT a la agenda de los movimientos sociales y los trabajadores informales, producto de un proceso de construcción de unidad en el movimiento obrero", describió a este diario el dirigente de la CTEP y del Movimiento Evita, Gildo Onorato. A la agenda de la emergencia social, dijo, le seguirá el año que viene "la discusión sobre el modelo de país".
En paralelo a la negociación de la CGT con el Gobierno, el bloque tienen su propia ventanilla con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, cuyo interlocutor principal dentro el bloque piquetero es el Movimiento Evita. La última reunión fue la semana pasada. De allí se fueron con la promesa de que Stanley "reverá" la decisión de otorgar el bono de mil pesos por familia con beneficiarios de AUH y no por cada uno de los menores beneficiados. "Venimos de un muy mal año, el Gobierno debería dejar el marketing y dar soluciones", resumió en diálogo con este diario el dirigente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.
Informe: Matias Ferrari.
OPINIÓN
A SEIS AÑOS DE LA MUERTE DE NÉSTOR KIRCHNER
Siete años de vértigo y pasión
Por Mario Wainfeld
Los imponderables, lo inesperado, el azar, la "fortuna" como expresaba Maquiavelo signaron la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia. Fue una carambola dichosa de la historia, pudo ocurrir de otro modo.
La ecuación se invirtió en el prematuro y abrupto fallecimiento, que hoy se recuerda. Constituyó un golpe tremendo, la privación de un líder que tenía mucho para ofrecer. La desdicha se agravó con la partida del presidente venezolano Hugo Chávez. Los impactos en la política nacional y regional fueron y son rotundos.
A la suerte, dicen con razón, hay que ayudarla. Kirchner lo hizo desde el primer momento, concibiendo el golpe de fortuna como una gran oportunidad. Cuando recaló en la Casa Rosada no lo conocía la mayoría de los argentinos, incluyendo muchas personas que lo habían votado, en procura del mal menor.
En mayo de 2003 Lula da Silva llevaba cinco meses como presidente de Brasil. Ambos se recelaban, pensaban que el otro era demasiado reformista o tibio o no confiable o todo junto. Kirchner apenas conocía a Chávez y pensaba que la sociedad venezolana se asemejaba más a la Argentina de 1955 y no a la del siglo XXI. Demasiado antagonismo de clases, un esquema productivo muy primario. Por si hace falta aclarar: creía que era un estadio a evitar y no a imitar.
Evo Morales, Tabaré Vázquez y Rafael Correa no eran, aún, presidentes estables de Bolivia, Uruguay y Ecuador. Kirchner y Lula, en su primera acción regional conjunta enviaron una misión a Bolivia para lubricar la salida del poder del cipayo y sanguinario presidente Gonzalo Sánchez de Losada y posibilitar elecciones libres en las que Evo ganaría por primera vez. Luego, Argentina y Brasil, con los dos mandatarios ya nombrados y la continuidad de sus sucesoras Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff defendieron la estabilidad en Bolivia, reaccionando de conjunto contra tentativas golpistas. Correa recibió apoyos similares, en dos ocasiones ante un conato de golpe de Estado policial y una agresión armada de Colombia.
La política económica y social del primer kirchnerismo promovió millones de puestos de trabajo, redujo la pobreza y la indigencia, amplió la cobertura jubilatoria.
En la despedida a Kirchner, seis años ha, cientos de miles o millones de personas que no lo conocían ni se prendaron de él velozmente lo lloraron y homenajearon.
Todos los presidentes de América del Sur (comprendiendo a los de derecha como el colombiano Juan Manuel Santos) lo honraron y, rara avis, también lo lloraron.
Lo que hizo Kirchner en ese ínterin fue aprender, persistir en sus principios e ideas fuerza, reacomodándolas a las circunstancias.
El hombre había viajado al exterior mucho menos que casi cualquier otro argentino de clase media o alta. La política internacional, se le antojaba, era un perdedero de tiempo entre diplomáticos de carrera frívolos o protocolares. No le atraían las tratativas con intendentes del Conurbano, un pantano de roscas o reuniones también distractivas.
Prestamente, captó que "todo era política", funcional (si se hacía bien) al objetivo de ampliar el poder del estado, de construir autonomía nacional. Amplió la agenda, se capacitó en la gestión, sin renegar del juego que mejor jugaba y más le gustaba: las medidas laborales y sociales, la economía política de un gobierno nacional y popular.
Intendente de Río Gallegos, gobernador de Santa Cruz…este cronista le escuchó reconocer con franqueza que desconocía la pobreza del NOA y el NEA, tan diferente a la de su Patagonia. La percibió en campaña y luego en "n" viajes y visitas.
No paraba nunca, se despertaba al alba, leía los diarios de pe a pa, llamaba sus ministros en horarios madrugadores (para ellos) novedosos. Trabajaba 24 x24, generaba emulación por el ejemplo y porque lo transmitía cotidianamente.
Se acusa a Kirchner de haber aplicado el teorema de Raúl Baglini al revés. Extraño cargo, desde ya. Los dirigentes, teorizó el agudo y posibilista legislador radical, van corriéndose a derecha a medida que se acercan al poder. Kirchner, se indignan muchos de sus adversarios, hizo lo contrario. Se le imputa haber defendido con más consistencia los derechos humanos en su momento nacional o haberse implicado con ampliaciones de derechos (matrimonio igualitario, por nombrar una restallante) que menoscababa antes. Hay dos reparos evidentes, pongámosle previos. Uno, que en competencia comunal o provincial es imposible hacer tanto como en la nacional.
Dos, que es inexacto. Kirchner siempre sostuvo su empatía política y emocional con las víctimas del terrorismo de estado. Y con el tiempo se conocieron pronunciamientos suyos sobre la igualdad de géneros y la tolerancia, anteriores al 25 de mayo de 2003. Uno, muy repetido en la ahora denostada televisión oficial, fue un reportaje con el periodista Juan Castro.
Esas observaciones, empero, no van al núcleo. Kirchner refutó de hecho el teorema de Baglini: en la cima del poder fue más progresista, más abierto a la diversidad, y a nuevos derechos cuando el manual de los presidentes predicaba lo contrario. A este cronista se le debe escapar algo porque en su escala de valores se trata de una virtud.
Los razonamientos contra fácticos son imprescindibles e incorroborables. Propongamos uno, sencillo: una reseña sintética e incompleta de lo que no hubiera pasado si Carlos Reutemann hubiera aceptado ser candidato en 2003 y hubiera ganado.
Hubiera dejado intactas las leyes de la impunidad sin reabrir jamás los juicios por crímenes de lesa humanidad. Tales eran la prédica y los pactos anudados entre el ex presidente Eduardo Duhalde, el radicalismo y la Corte Suprema menemista.
Esta habría quedado a salvo del juicio político masivo. Por ahí, alguno de sus impresentables miembros podría haber renunciado. Jamás los hubieran relevado dos juezas y tampoco un magistrado de los quilates de Raúl Eugenio Zaffaroni.
El canje de deuda era ineludible pero la capacidad de tensar la cuerda de Kirchner jamás habría sido alcanzada por Lole Reutemann.
Las jubilaciones ampliadas a quienes no cumplieron con los aportes o las de las amas de casa estaban a años luz del ideario del pejotismo tradicional.
Un patrón de estancia jamás hubiera tutelado a los peones de campo. Ni reconocido derechos a las empleadas de casas particulares, caramba.
Desafiar al presidente norteamericano George W. Bush en la Cumbre de Mar del Plata contradecía la lógica del centro derecha peronista.
Y eso solo para empezar, sin mencionar los cambios institucionales profundos consagrados por ley durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner.
El presidente hiper quinético era un tipo emocional, que buscaba el afecto de las personas de a pie. Se zambullía (literalmente) entre ellas, se emocionaba visiblemente. No es novedad porque el peronismo provoca adhesiones racionales y genera pasiones. Quienes no las comparten tienen severas dificultades para entenderlas, ni qué decir admitirlas.
Kirchner comenzó a recibir pruebas de la pasión popular tras largo andar. Primero fueron los jóvenes, luego personas del común.
No pudo participar a pleno en un acto convocado por La Cámpora en el Luna Park donde el afecto se hacía oleada. Pero claro que lo percibió.
Se fue como siempre anduvo, a toda velocidad. Poco tiempo antes había jurado como titular de Unasur en Campana y salió carpiendo al Congreso para buscar voto a voto la aprobación de la ley de Matrimonio Igualitario. Una síntesis de sus aciertos, su vocación, el modo en que puso el cuerpo.
Quienes lo despidieron y lo lloraron le reconocieron legitimidad por lo hecho, lo construido, las reformas, los avances. Desconocido al asumir, le dijeron adiós como a Perón y Evita. Se lo había ganado a pulso.
Por eso, básicamente, la derecha argentina lo quiere reducir a una parodia, una caricatura intentando evitar la discusión política y negar la historia.
OPINIÓN
Sin límites
Por Héctor Recalde *
Si tuviera que definir el gobierno de Mauricio Macri en pocas palabras elegiría, sin dudar, dos: sin límites.
Sin límites para endeudar nuevamente al país. Sin límites para destruir puestos de trabajo. Sin límites para provocar el cierre de comercios y empresas. Sin límites para castigar con tarifazos e inflación. Sin límites para el avasallamiento de las instituciones: el ministerio público fiscal, el ejemplo más acabado y reciente. Sin límites para mentir: desde el debate presidencial hasta el inolvidable paseo en colectivo por descampados de Pilar. Sin límites también para la persecución política de que es objeto Cristina Fernández de Kirchner, a través del permanente hostigamiento mediático-judicial del cual da cuenta el antológico título del diario La Nación en su portada del domingo: "Cristina estará todo 2017 de recorrida por los tribunales".
Desde su procesamiento, el de Kicillof y la totalidad del directorio del BCRA de nuestro gobierno, por contratos de "dólar futuro", cuando los únicos funcionarios que cobraron esos contratos y que además fijaron el precio de los mismos no fueron los procesados, sino los colaboradores del actual presidente, que además fue quien decidió la devaluación; hasta el llamado a indagatoria el 31 de octubre de la ex presidenta, por parte de un juez cuya esposa es la vocera del Ministerio de Justicia actual y a pedido de dos fiscales, uno de los cuales es el hermano del actual Subsecretario de Justicia, quien además representa al Ejecutivo y cumple sus órdenes en lo que hace a votar la destitución o no de jueces. ¿No sería mejor que además del "sinceramiento" fiscal hubiera "sinceramiento judicial" y juzgaran a Cristina en el Patio de las Palmeras, para que quien la persigue pudiera verlo en vivo y en directo?
Este fin de semana conocimos un capítulo más de la saga persecutoria, esta vez firmado por el procurador del Tesoro Carlos Balbín "un jurista y catedrático especializado en derecho administrativo", según informa La Nación en la misma edición bajo el título condenatorio de: "El Gobierno prohíbe que la ex presidenta cobre doble asignación", refiriéndose al derecho a una asignación mensual vitalicia que la ley 24.018 reconoce en su Art. 1º a quienes hayan desempeñado el cargo de presidente, vicepresidente de la Nación y jueces de la Corte Suprema de la Nación, a partir del cese en sus funciones.
Desde el 27 de octubre del 2010, por conocidas y tristes razones, Cristina percibe una pensión en virtud de lo dispuesto por la ley 24.018,. A partir del 10 de diciembre del 2015 comenzó a cobrar, la asignación que le corresponde, en carácter de titular, como ex presidenta de la Nación. El Dr. Balbín sostuvo en su dictamen que no le correspondía y que debía optar por la pensión de Néstor Kirchner o la asignación que le corresponde como ex presidenta, en virtud "que estamos en un régimen especial de privilegio y que como tal debe ser interpretado de forma restrictiva y excepcional", y que la ley 24.018 prohíbe expresamente a quien cobra esa asignación vitalicia a acumularla con la percepción de una pensión.
Bastaría, para demostrar que el Procurador del Tesoro se ha sumado a la persecución a Cristina, con mencionar que Isabel Perón cobra la misma asignación vitalicia como ex presidenta de la Nación y a la vez la pensión del retiro militar de Juan Perón. O a Carlos Fayt, ex juez de la Corte, que cobra la misma asignación vitalicia y a la vez una pensión graciable otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de un premio literario. Curiosamente en el mismo artículo periodístico La Nación dice exactamente lo contrario en relación a Isabel Perón, ¿Será mala información o mala fé?
Como dije bastaría solo con los casos enunciados para demostrar que el gobierno no tiene límites para nada. Sin embargo, no puedo sustraerme a mi condición de abogado y por lo tanto recordar la inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema en cuanto establece que la primera regla de interpretación de un texto legal es la de asignar pleno efecto a la voluntad del legislador. Es por ello también que la jurisprudencia advierte que debe indagarse el verdadero alcance de la norma mediante un examen de sus términos que consulte su racionalidad, no de una manera aislada o literal, sino computando la totalidad de sus preceptos de manera que guarden debida coherencia y atendiendo a la finalidad que se tuvo en miras con su sanción.
En este sentido el ingreso económico que recibe el Presidente, el Vicepresidente de la Nación y los jueces de la Corte en concepto de "asignación mensual vitalicia" no está vinculado al sistema de la seguridad social. Estamos en presencia de un régimen especial, que surge del reconocimiento, por parte de la ley, al ejercicio de las más altas magistraturas del país.
Así se ha expresado la Corte Suprema al rechazar la impugnación del acto administrativo que revocó el beneficio de los Artículos 2° y 3° de la Ley 24018 al juez de la Corte que fue removido por juicio político. Entendió en ese caso el alto Tribunal que el rechazo del beneficio al juez que fue removido por juicio político no priva al actor de los beneficios de la seguridad social, que puede solicitar conforme al régimen correspondiente, sino de la aplicación del sistema diferenciado (16 de marzo de 2016, B. 793. XLVIII. Rex Boggiano Antonio c/ Estado Nacional - Ministerio de Desarrollo Social).
En síntesis: el Presidente, el Vicepresidente de la Nación y los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del cese de sus funciones, no reciben un beneficio de la seguridad social sino una asignación mensual vitalicia que tiene un régimen específico. Por lo tanto la calificación de "régimen de privilegio", esgrimida por el Dr. Balbín no solo es incorrecta sino que además no tiene sustento constitucional, dado que nuestra constitución prohíbe la existencia de privilegios, siendo su antecedente más antiguo la Asamblea del año XIII.
En tal comprensión, una sistemática, razonable y discreta hermenéutica de la norma examinada, que responda a su espíritu y observe y precise la voluntad del legislador, permite colegir que lo que resulta prohibido es la acumulación de los beneficios del régimen especial y los beneficios de la seguridad social.
En cuanto aquí interesa, lo que se trata es la acumulación de dos aportes económicos que tienen su fuente de legitimidad en un régimen especial. En ese sentido, va de suyo que el legislador siquiera contempló la particular situación que un matrimonio ocupase tan altas funciones.
En el mismo sentido corresponde hacer notar que la ex presidenta siempre cobró su remuneración durante el ejercicio de sus funciones al frente del Ejecutivo sin que la alcance la incompatibilidad entre el cobro de un haber provisional y la percepción de la remuneración por cargo de la función pública, prevista por el Decreto 894/2001.
Por lo tanto la solución que propicia la Procuración del Tesoro de la Nación resultaría lesiva del principio jurídico de legítima confianza: o sea el sujeto que actuó de buena fe conforme con lo normado por la ley y goza ya, en tal carácter, de una situación jurídica consolidada. Por situaciones jurídicas consolidadas hay que entender todas aquellas que importan la incorporación de derechos –de cualquier naturaleza– dentro del patrimonio jurídico del sujeto, siempre en su calidad de tercero con respecto a cualquier organización gubernamental.
En ese orden de ideas, la administración no puede volver sobre sus propios actos y frustrar la legítima confianza de una persona, aun cuando esa persona se trate de Cristina Fernández, a quien el Gobierno se encarga de perseguir. Debe hacerse hincapié en que la seguridad jurídica es uno de los elementos fundamentales del principio del Estado de Derecho. Los ciudadanos tienen que ser capaces de prever posibles injerencias de parte del Estado que les pueden afectar y de comportarse de manera adecuada. Los individuos tienen que poder fiarse de que sus acciones que son lícitas bajo el derecho actual y de las que siguen determinadas consecuencias jurídicas también pueden ser consideradas lícitas en el futuro.
En ese derrotero no podemos dejar de mencionar las conclusiones del Profesor Carlos Balbín, al comentar el caso "Carman de Cartón" (Fallos:125:368). En ese caso, la administración pretendía revocar en sede administrativa el otorgamiento de una pensión. La Corte Suprema consideró que la administración no contaba con facultades legales para revocar en su sede el beneficio. El profesor Balbín consideró al comentar dicho fallo: que el criterio judicial en ese antecedente es razonable porque mediando derechos consolidados, sólo es posible desconocerlo si interviene el juez en su carácter de tercero respecto de las partes del caso (cfr. Tratado de Derecho Administrativo, La Ley tomo III - p.115).
Lamentablemente una cosa es lo que se dice en la tribuna de doctrina y otra muy distinta en la actuación de la función pública, sobre todo cuando en esta prima lo partidario sobre el cumplimiento de la ley. Una vez más, sin límites.
* Abogado.
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