domingo, 2 de octubre de 2016

EDUCACIÓN CERO

domingo 02 de octubre de 2016




LAS ÁREAS DESTINADAS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE 

APRENDIZAJE SON LAS MAS POSTERGADAS POR EL GOBIERNO


Macri hace escuela con el ajuste



Los datos de la propia administración PRO dan cuenta de que la educación no es una prioridad. Los programas de atención a los sectores más vulnerables y la mejora de la enseñanza tuvieron en lo que va del año un bajísimo nivel de ejecución.


Por       Nora Veiras




"La solución a la pobreza pasa por la generación de puestos de trabajo de calidad. Todos sabemos que eso no se logra mágicamente, se alcanza con la educación, algo central", dijo el presidente Mauricio Macri la semana pasada al entregar el galardón "Maestros Argentinos", un día después de anunciar un índice de pobreza del 32,4 por ciento. La realidad muestra que la prioridad discursiva del líder de Cambiemos no se refleja en la ejecución del presupuesto educativo. El año pasado se habían incorporado 150 mil jóvenes adultos a la educación formal y 29 mil se habían alfabetizado, en este primer semestre ninguno. En el nivel universitario las casi 20 mil becas destinadas a estudiantes de bajos recursos no se pagaron durante los primeros seis meses del año. Los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda de la Nación dan cuenta de que las áreas destinadas a mejorar las condiciones de aprendizaje son las más postergadas. Al 30 de septiembre, se usó apenas el 10,94 por ciento de los fondos previstos para el programa de Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica; el 19,16 por ciento de lo pautado para Infraestructura y Equipamiento; el 31,35 por ciento en Acciones Compensatorias y el 30,94 por ciento en Formación Docente. La fórmula del recorte combina inoperancia con ajuste en proporciones equivalentes. En los últimos tres meses del año, los tiempos del Estado tornan imposible hacer lo que no se hizo en nueve.

La información surge del Sitio del Ciudadano de la Secretaría de Hacienda de la Nación que releva mes a mes la eficiencia de cada dependencia del Ejecutivo y del informe de ejecución física financiera trimestral de la misma cartera. Educación tiene un promedio de ejecución presupuestaria del 63,98 por ciento. La media logra elevarse por el cumplimiento de lo pautado para el pago de salarios: el Fondo de Incentivo Docente se ejecutó en un 83,55 por ciento y el presupuesto de las universidades en el 69,52. El compromiso en la liquidación de haberes limita el margen de maniobra para el recorte o la dilación en el cumplimiento de lo pautado. En cambio, en todo lo que tiene que ver con políticas compensatorias y mejoramiento de las condiciones de educabilidad se hace evidente la discrecionalidad de la concepción de política educativa.


Del dicho al hecho

"Se necesita que cada uno de los niveles educativos logre sus objetivos, es decir que se invierta en capacitación docente, en herramientas tecnológicas o de didáctica, o lo que haga falta, porque la verdad es que todos los chicos pueden aprender", suele repetir el ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich. Como en otras áreas de gobierno, en Educación es notorio el contraste entre lo que se hace y lo que se declama. Hace diez días, el secretario de Gestión Educativa, Max Gulmanelli, posteó en Facebook: "Feliz Día de las Bibliotecas Populares. Los libros son fuente de inspiración. Nos hacen pensar y sentir." Es el mismo funcionario que a principios de agosto declaró: "Visitando establecimientos de todo el país, notamos que se han repartido muchos libros, pero se ha leído poco de ese material." Consecuencia: para 2016 se había previsto distribuir 5 millones de ejemplares pero no se compraron libros. Informaron además que se decidió no comprar más literatura para las escuelas secundarias.

En el informe periódico sobre "Presupuesto en educación: ajuste y subejecución", el Instituto Marina Vilte de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), advirtió a principios de septiembre que "la redefinición de políticas" se está dando a través del desmantelamiento de los equipos técnicos, de los despidos masivos y del cierre de importantes planes y programas que se encontraban en ejecución: como por ejemplo, el Plan de Finalización de Estudios Secundarios (Plan Fines), y el Plan Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), así como también la discontinuidad de las obras de infraestructura escolar y de la compra y distribución gratuita de millones de libros a todas las escuelas del país"



En el análisis basado en los datos oficiales se advirtió que "también se observa una virtual paralización del Plan Conectar Igualdad, por el cual se distribuían netbooks a estudiantes secundarios de todo el territorio nacional". Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación y miembro de la conducción de Ctera, explicó a Página/12 que "el gobierno anterior repartió cinco millones de netbooks, había universalizado la distribución. Este año sólo había que repartir a 600 mil estudiantes de primer año. Se entregaron 100 mil que eran el remanente del año anterior, es decir que 500 mil chicos de primer año se quedaron sin computadora. Si esto sigue, el año próximo serán los de primero y segundo año los que no tengan este recurso tecnológico".

El programa Conectar-Igualdad que se articuló en forma conjunta entre la Anses y Educación es uno de los que se están "redefiniendo" en la cartera de Bullrich. Funcionarios del área se reunieron con empresas informáticas multinacionales para pedirles que financien la instalación de polos tecnológicos en dos ciudades por provincia con el objetivo de que los alumnos tengan allí los recursos para utilizar. La idea sufrió un primer revés porque las empresas estadounidenses no pueden financiar en forma directa inversiones públicas. El sondeo muestra que la universalización de los recursos tecnológicos para los estudiantes no figura entre las prioridades de política pública de Cambiemos.

La subejecución presupuestaria en las áreas que el Ministerio de Educación puede desarrollar acciones compensatorias y pedagógicas se da en un contexto de disminución de hecho de los recursos del sector. El informe elaborado por la Ctera destacó que "agrava la situación que el Presupuesto 2016 estuvo elaborado con una pauta inflacionaria esperada del 21 por ciento. En el actual marco macroeconómico, donde la inflación estimada para todo el año llega al 42 por ciento – de acuerdo a expresiones del mismo ministro de Hacienda y Finanzas – el monto previsto para el sector educativo debería incrementarse en términos nominales en esa magnitud para mantener el valor real de las distintas acciones en materia de políticas educativas (formación docente, infraestructura escolar, becas) y poder cumplir con las metas de la Ley de Educación Nacional".

"En la ciudad tuvieron la misma forma de operar, van subejecutanto el presupuesto y lo van reduciendo año a año. En ocho años, lo bajaron del 30 al 20 por ciento", dijo López.

Las planillas del Ministerio de Finanzas son elocuentes sobre la línea de conducta que define los hechos más allá del discurso.























PAÍS


Becas que ya no son





Durante el 2016, los distintos programas de becas destinados a estudiantes universitarios recibieron, en el mejor de los casos, meses de atraso en el cumplimiento de los pagos. El presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo para el 2017 manifiesta, además, una reducción de 17.443 becas, de acuerdo al apartado "Metas de Desarrollo para la Educación Superior del Ministerio de Educación". Para este año se habían previsto 19.334 becas para estudiantes de bajos recursos que al 30 de junio no se habían pagado. Para el 2017 se pautaron 14.350 es decir cinco mil menos. En el caso de las carreras prioritarias, aquellas que se decidieron incentivar en función del desarrollo del país, en 2016 se presupuestaron 31.394, que tampoco se liquidaron durante el primer semestre. Para el 2017 se reducen a 20.935. El caso más llamativo se pone de manifiesto en el programa "Otorgamiento de incentivos para la finalización de la carrera de ingeniería": este año se previeron 2000 beneficiarios, para el 2017 ninguno.























PAÍS



La deuda educativa




La administración de los recursos supone la fijación de prioridades: lo que se pone en un lado se saca de otro, máxime cuando se parte de una concepción de achicamiento de la inversión pública. El proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2017 prevé una partida para el pago de intereses de la deuda externa de 247.632 millones de pesos. La inversión en Educación y Cultura para 2017, por su parte, asciende a 160.155,2 millones y en Ciencia y Técnica a 31.728,2 millones. El Instituto "Marina Vilte" de la Ctera señaló que "esto significa que se prevé un pago de Servicios de la Deuda un 30 por ciento mayor a lo que se piensa invertir en Educación, Cultura y Ciencia y Técnica en conjunto (191.883,4 millones) y un 54 por ciento más que lo se destinará a Educación y Cultura en forma independiente (160.155,2 millones)".
"En términos de composición del presupuesto, esto implica que el pago de Intereses pasará a demandar el 10,5 por ciento de la totalidad de gastos (corrientes y de capital) del Estado Nacional cuando en 2015 representaba sólo el 7,7 por ciento. Y que la inversión en Educación, Cultura y Ciencia y Técnica pasará a recibir sólo el 8,1 por ciento del presupuesto, cuando en 2015 recibía el 8,4 por ciento", advirtió el trabajo de la central docente.
















 RECORTAN FONDOS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA


Al cerebro menos plata




Investigadores de renombre advirtieron que el Presupuesto 2017 "asesta un duro golpe al corazón de la ciencia". Fija una baja de 200 millones de dólares para el sector.
La comunidad científica renovó sus críticas a Mauricio Macri.

A la ciencia y la tecnología también le llegó la hora del ajuste. A contramano de lo prometido por Macri durante la campaña, el presupuesto para el año que viene prevé un recorte en el sector de alrededor de 200 millones de dólares, lo que retrotrae la participación de la ciencia en el PBI al nivel de hace cinco años. El Grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA), integrado por investigadores de renombre de todas las disciplinas, denunció que el ajuste "asesta un duro golpe al corazón de la ciencia argentina y pone en riesgo los logros de la última década". La preocupación ya llegó al Congreso, donde diputados y senadores del PJ-FpV buscarán torcerle el brazo al Gobierno esta semana, en la que el presupuesto seguirá en discusión. En diálogo con Página/12, el ministro Lino Barañao, nombrado por Cristina Kirchner y refrendado por Macri, admitió que "la preocupación es lógica", aunque se mostró confiado en "revertir la situación".
"Los números muestran que el presidente Macri no sólo se encamina a incumplir la promesa electoral de llevar la inversión en ciencia y tecnología al 1,5 por ciento del PBI sino que, peor aún, propone reducir significativamente la participación del sector en el presupuesto nacional", advirtió CyTA, grupo que integran, entre otros, el biólogo (premio Konex 2013) Alberto Kornblihtt, el ex decano de Exactas Jorge Aliaga, la directora del Conicet Dora Barrancos, el ex presidente del Conicet Roberto Salvarezza, el diputado del Parlasur y ex directivo de Flacso Daniel Filmus y el matemático Adrián Paenza.
"La preocupación es lógica, los números son elocuentes", reconoció Barañao, aunque justificó que "muchos ministerios afrontan la misma situación", dentro de lo que describió como "un panorama difícil". El ministro, que aseguró durante la transición haber aceptado la continuidad para garantizar la inversión en el sector, explicó además que dos préstamos del BID por 150 y 120 millones de dólares se concretaron con fecha posterior a la redacción del proyecto. Dijo apostar, también, a que el Congreso pueda introducir modificaciones.
En ese sentido, aunque en otros términos, se expresó el biólogo Alberto Kornblihtt, quien pidió "a los diputados y senadores que garantizaron leyes a Cambiemos en nombre de la gobernabilidad" que, a la hora de votar, "no sean cómplices del ajuste". El senador por Santa Fe Omar Perotti y la diputada Daniela Castro (FpV) son los titulares de la comisiones de Ciencia y Tecnología de ambas Cámaras. Juntos firmaron una declaración en la que critican "la abrupta caída de los recursos presupuestarios" en el área.

El ajuste en números

El presupuesto para el sector – si se analiza al Ministerio de Ciencia, al Conicet y a la Conae como un todo – retrocedió a los niveles de inversión de previos al 2011, luego de varios años de crecimiento. Según un informe elaborado por el profesor Fernando Stefani, vicedirector del Centro de Investigaciones en Bionanociencias del Conicet, la inversión en el área pasó del 0,8 por ciento del PBI durante los años de gestión kirchnerista al 0,59 por ciento para el año próximo, su "mínimo histórico".
Si se pone el foco únicamente el ministerio, el presupuesto 2017 "plantea una reducción aún mayor, llevándolo a un nivel mínimo sin precedentes", que contrasta, según el informe, con el aumento de un 70 por ciento entre 2013 y 2014. Los recortes se dieron también en Fabricaciones Militares, el INTI y el INTA, donde podría haber despidos.
"El modelo de Cambiemos no apuesta a la innovación con tecnología en la industria nacional. Hasta ahora, todas las señales van en sentido contrario: más primarización de la economía, donde la ciencia es poco más que decorativa", sostuvo Salvarezza. Lo que completa el panorama, afirmó, es la caída de los salarios y el freno a la expansión del Conicet, que "producirá la quinta fuga de cerebros en la argentina". "La comunidad científica se debe hacer oír", afirmó.

Informe: Matias Ferrari.




















DATOS QUE REVELAN LA UTILIZACIÓN POLÍTICA DEL INDEC DE 

MACRI PARA DEFINIR UNA SOBREESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE 

POBRES


Más pero no tantos



La política económica hundió en la pobreza por ingresos a muchos en apenas diez meses, pero el 32,2 por ciento de la población es una exageración que responde a la estrategia de mostrar una eventual caída en el próximo año, cuando hay una elección que marcará la suerte del macrismo.

Por      Alfredo Zaiat

La nueva canasta básica para definir el umbral de pobreza del Indec de Macri es de 11.321 pesos para un hogar tipo de abril pasado, monto que sube a 12.489 pesos en agosto. La encuesta de la UCA que infla la cantidad de pobres calcula una canasta de 7877 pesos para ese mismo mes. La del Indec es 44 por ciento más elevada. Es superior también en un 14 por ciento respecto a la cesta de agosto elaborada con el Índice Barrial de Precios coordinado por el economista Isaac Rudnik, que en estos años siempre anotaba valores superiores a cualquier otra estimación. Esta base de información de diverso origen es esencial para comprender la sobreestimación plus del índice de pobreza decidida por la conducción macrista del Indec, comparada con indicadores que ya lo sobreestimaba. La controvertida metodología de un indicador que de por sí es bastante limitado para evaluar la situación social (línea de pobreza por ingresos) distorsiona la realidad anterior y actual, continuando así con la debilidad de la producción de estadísticas públicas, aunque esta vez con el apoyo del FMI y de profesionales muy críticos del Indec kirchnerista y que ahora no se animan o no quieren observar las manipulaciones del Indec macrista. Son los mismos que hablaban de diálogo y respeto a las instituciones y que ahora con ese mismo espíritu democrático censuran a aquellos que cuestionan el Indec de Macri. Vale reiterar para esos grupos de Síndrome CCLD (Capacidad de Comprensión Lectora Diferente), que se manifiesta en síntomas que impiden incorporar contextos y diversidad de opiniones, que la cuestión de la calidad de las estadísticas públicas no fue ignorada en escritos publicados en esta columna.
Que Argentina tenga uno de los niveles de pobreza más elevados de América latina, según la última medición que entusiasma a los fanáticos de cuánto más pobres mejor, no resiste el mínimo análisis riguroso de las condiciones sociales y materiales de la población en la región. El 32,2 por ciento de personas pobres que publicó el Indec está por encima del promedio latinoamericano (28,2, según la Cepal), casi igual a la pobreza de Bolivia (32,7) y sólo por debajo de la de México (41,2) y Paraguay (42,3). Ninguna correlación de variables sociales, económicas y laborales, como índices de violencia social, de acceso a servicios básicos, a la educación, a los alimentos y al esparcimiento, como así también la cobertura laboral (sindicatos y paritarias), previsional (universalización de jubilaciones) y social (AUH), permiten ubicar a la Argentina en una posición socioeconómica tan vulnerable. Los índices de Desarrollo Humano del PNUD y de las condiciones de vida de la población y en especial de los niños de Unicef ubican a la Argentina en lugares de privilegio a nivel regional, que desmienten el actual cuadro de pobreza dibujado por el Indec. Como la producción estadística surge de la metodología para elaborarla, la elegida por el Indec macrista tiene un inocultable sesgo político alejada de criterios técnicos básicos y de sentido común analítico en términos relativos.

Bajo la alfombra
El macrismo como representante de las elites locales tiene la pretensión de reescribir la historia reciente pasada para construir su propio relato épico. Para ello la manipulación de las estadísticas es una de las principales armas. El manejo del Indec por el kirchnerismo ha facilitado esa tarea, pero eso no debería inhibir el señalamiento de las incongruencias y falacias que el macrismo y su numerosa agencia de voceros va repitiendo tras ese objetivo político. Aseguran que el aumento del PIB no fue tan importante en el ciclo del kirchnerismo, que no se creó empleo y no hubo crecimiento desde hace cuatro años, que la tasa de desocupación era más elevada, que no hubo industrialización, y así siguen con cada uno de las principales variables económicas. Ninguna de esas afirmaciones se puede respaldar con cifras e incluso ni con información oficial de este gobierno, pero en el mar de confusiones alimentado por los grandes medios en el marco de una intensa disputa política poco importan los datos.
La cadena nacional pública y privada del macrismo se tiene que poner de acuerdo para no tropezar con sus propias palabras. Si el kirchnerismo promovió que la población viviera por encima de sus posibilidades, en un estado de consumo masivo artificial por nivel de ingresos y tarifas subsidiadas, ahora el kirchnersimo no puede ser también responsable de la existencia de tantos pobres. Es una línea argumental inconsistente que violenta el sentido común.
La estrategia oficial ha sido la de intentar convencer a la sociedad de la existencia de una crisis cuando no la había, con el desvarío de que la economía iba rumbo a un 2001, como discurrió el jefe de gabinete Marcos Peña, o que culminaría en desbordes similares a los de 1989, como ilustró a sus interlocutores en Buenos Aires el jefe de la misión del FMI, Alejandro Werner, y bien se sabe que los diagnósticos de los miembros del Fondo son infalibles. La política económica del kirchnerismo no estaba recibiendo muchos elogios en estos meses de restauración conservadora, y Werner le regaló uno contundente al criticarla con dureza. Uno de los grandes misterios de estos años es cómo logra mantener legitimidad política y mediática Fracasos Múltiples Internacionales.
Para completar ese cuadro de estadísticas estrujadas por el oficialismo, aparecieron las cifras de pobreza. La verdad macrista asegura que no hubo mejoras de las condiciones sociales en los últimos doce años y que la situación es como la del peor país latinoamericano. Dice que todo era una mentira y ahora aparece la verdad oculta. Es casi el único argumento que esgrimen los funcionarios para enfrentar críticas fundadas al proceso sociolaboral regresivo precipitado por la actual política económica.
Cada proyecto político tiene legitimidad de origen para edificar su propio relato. No hay puros en el manejo de las cifras. Hubo utilización política antes y la hay ahora con los números que ofrecen diferentes fotos de la evolución de variables económicas, laborales y sociales. La diferencia en estos momentos es que el oficialismo cuenta con la estrecha colaboración de la corporación mediática para avanzar en el objetivo de enterrar el ciclo político que denominan despectivamente populista, misión con la que se presenta Mauricio Macri en el escenario internacional y local. También hace su aporte en ese sentido una red homogénea de economistas conservadores y otra dispersa que se define de izquierda, coincidiendo ambas en denostar la experiencia kirchnerista apelando también al manejo caprichoso de las estadísticas.
No hay que ser muy perspicaz para descubrir cuál es la estrategia política-comunicacional del macrismo con el último informe del Indec: fijar un tasa de pobreza exageradamente sobreestimada, apostando a una desaceleración de la inflación por la recesión con paritarias igual o unos puntos por encima del alza de precios, lo que les permitiría mostrar índices de pobreza retrocediendo justo antes de las elecciones de octubre próximo. Esta es la jugada político-electoral cazabobos a la que está subordinada la manipulación de los indicadores del Indec. Es una apuesta que no necesariamente saldrá bien, pero es una jugada política al fin. El 32,2 por ciento es la foto que muestra Macri, dice que ese número es la verdad y brinda una insólita sentencia de que "este es el punto de partida desde el cual acepto ser evaluado". De ese modo oculta bajo la alfombra el ejército de pobres por ingresos que ha sumado desde el inicio de su gobierno.

Deterioro social
No había 5 por ciento de pobres como ahora no hay 32 por ciento. Una y otra cifra es una distorsión estadística a partir de muy cuestionables criterios metodológicos para la elaboración de índices. El sociólogo Daniel Schteingart, uno de los tantos cientistas sociales que ha sido crítico de la producción estadística del Indec durante el kirchnerismo, explica que la nueva medición del Indec se basa en otra canasta de consumo, bastante más exigente en lo monetario (50 kilogramos de comida ahora, 45 antes; 57 artículos contra 50 antes). El especialista Diego Born estimó que esa diferencia resulta una canasta 20 a 30 por ciento más cara que la anterior, y por tanto implica una incidencia de 9 puntos más de pobres. Es decir, con la vieja canasta, la pobreza se hubiera ubicado en el 23 por ciento, porcentaje similar al elaborado por estudios alternativos en tiempos del anterior Indec. Si no se tiene en cuenta ese cambio de canastas se estaría comparando peras con manzanas. Schteingart indica que con la nueva canasta, en 2006 la pobreza no hubiera sido del 26 por ciento, sino del 35 por ciento aproximadamente. Y la de la UCA daría 44 por ciento en lugar de 34. "El Indec debiera mostrar también cuánto habría sido la pobreza si se hubiese mantenido la metodología de antes, para así 'empalmar' la serie vieja con la nueva", aconseja.
Antes había más pobres que los informados por el Indec hasta el 2013. Después siguió habiendo pobres pese a que se discontinúo la provisión de datos. Ahora hay más pobres que al final del anterior gobierno. Estas descripciones analíticas tienen la dificultad de traducirse en números por el vacío estadístico generado por la crisis del Indec a partir del 2007. De todos, se puede hacer algunas inferencias sencillas acerca de cuál era y cuál es el cuadro social. Antes había pobres, pero también había una política para mejorar las condiciones materiales de esa población, objetivo que a veces se alcanzaba y otras no. En cambio ahora sólo hay marketing electoral de pobreza cero, aumento de la marginación social por el shock inflacionario y el mayor desempleo y escasa y poco efectivas iniciativas para mejorar la situación de los pobres. No es una diferencia menor, y eludirla en el análisis cualitativo del cuadro de pobreza forma parte de la táctica de diferentes satélites de propaganda del macrismo.
El Indec no publicó números referidos ni al primer trimestre de este año ni al último de 2015, lo que no permite cuantificar con rigurosidad el impacto de las políticas macristas en la población vulnerable a la pobreza. Puede haber aproximaciones numéricas. Sin embargo es indudable que el panorama social ha empeorado sustancialmente respecto al existente a comienzos de diciembre pasado. El sociólogo Artemio López explicó que la AUH aumentó apenas 30 por ciento, ingresos que en su totalidad se destina al gasto en alimentos. Indicó a la vez que este rubro subió en promedio 55 por ciento. Con un ajuste del principal instrumento de abordaje sobre la pobreza por ingresos (AUH) de casi la mitad de la evolución de precios de alimentos, con caída de la actividad económica y pérdida de trabajos, el resultado no puede ser otro que el incremento de la pobreza durante los primeros diez meses del gobierno de Macri.





















OPINIÓN


La pobreza y el autoindulto



El nuevo índice de inflación, el aporte del actual gobierno. Macri elige ser evaluado a partir del segundo semestre. Comparaciones con la etapa kirchnerista. Las cifras desoladoras de la economía real. Despidos, comedores comunitarios: el regreso de vivencias dolorosas. Las demandas de la CGT, con sabor a poco.


Jorge Todesca, titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), anunció los nuevos índices de pobreza e indigencia. La aceitada maquinaria de propaganda y comunicación oficial predispuso una conferencia de prensa inmediata. Suelto de cuerpo y guionado de lengua, el presidente Mauricio Macri auto indultó al Gobierno de cualquier impacto sobre esos indicadores, medidos para el primer semestre de 2016.
Es sabido que el macrismo maneja los semestres y su narrativa en base a falacias, hipótesis descabelladas o ilusiones. De cualquier forma, otra vez batió sus propios records. Según Macri "su" historia acaba de empezar. Nada aconteció desde el 10 de diciembre de 2015. Han sido inocuos la devaluación, las transferencias de ingresos, la recesión, la inflación, los despidos y la consiguiente pérdida de capacidad adquisitiva de los sueldos desde entonces. Fatiga tener que señalar tamañas obviedades, es forzoso hacerlo porque la negativa no es pueril sino deliberada y encuentra ecos en el elenco oficial y (en este caso) parte de sus voceros mediáticos.
El mandatario puso fin al objetivo de "pobreza cero", que le sirvió de caballito de batalla más de un año, en el llano y en la gestión. Siempre fue imposible, ahora lo registra aunque carga el embuste en la mochila de la pesada herencia. De rondón, añadamos que la "lucha contra la pobreza", así formulada, enmascara la falta de libido por los derechos de los trabajadores, que jamás se mencionan.
La nueva "serie" estadística, por definición, es distinta a las anteriores. Por lo tanto, no se puede "empalmar" o equiparar de modo lineal. Los especialistas ya debaten las correspondencias o proporciones… lo cierto es que los índices nuevos servirán para comparaciones futuras, precisas. Para atrás, es más complicado.
Es innegable que en estos meses la clase trabajadora ha sufrido embates variados, de los que el aumento de la pobreza e indigencia es una de las peores derivaciones. Pero no la única, ni incoherente con el resto.

De ayer a hoy: El kirchnerismo redujo radicalmente la pobreza y la indigencia, en particular durante sus primeros ocho años y velozmente durante el mandato de Néstor Kirchner. Creó millones de puestos de trabajo, bajando el índice de desempleo y la proporción de trabajadores informales. Amplió la cobertura jubilatoria a millones de personas desprotegidas hasta entonces. Y fogoneó la elevación del salario real.
Este escriba no es un experto en la materia para hablar sobre guarismos. Pero sí conoce lo sucedido como para compartir las líneas que propone un informe flamante del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO). Medida con la metodología actual del INDEC "el 60,8 por ciento de la población se encontraba bajo la línea de pobreza en el segundo semestre de 2003" (cuando Kirchner llegó a la Casa Rosada). Para el mismo semestre de 2015 – calcula el CESO – el 27,3 por ciento de la población tenía ingresos por debajo de la línea de pobreza. De esa manera, entre 2003 y 2015, el 33 por ciento de los habitantes del país salieron de la pobreza.
Por su parte, la población bajo línea de indigencia pasó del 22,5 por ciento al 4,7 por ciento en el mismo período. Esto es, el 17,8 por ciento de la población salió de la indigencia entre 2003 y 2015.
Según el estudio del CESO la pobreza no se mantuvo incólume en la era macrista. "Se incrementó en 5 puntos porcentuales entre el segundo semestre de 2015 y el segundo trimestre de 2016: aproximadamente 2.157.531 habitantes pasaron a ser pobres. En el mismo período la población bajo línea de indigencia se incrementó en 1,5 puntos porcentuales, es decir, aproximadamente 670.594 habitantes pasaron a ser indigentes.
Queda para los especialistas compartir total o parcialmente esos cálculos. Nadie en sus cabales o de buena fe puede controvertir su lógica plasmada en casi diez meses de política económica devastadora, sesgada a favor de las clases dominantes. El equipo de gobierno está en sus cabales, sabe lo que hace busca. La buena fe es (muy) otra cosa.
Nada dispensa al kirchnerismo de la responsabilidad por el desquicio que produjo en el INDEC, por abolir la credibilidad del índice de precios al consumidor, por discontinuar otras mediciones. Pero esa falla, tal vez el mayor error de sus tres mandatos, no convalida versos ulteriores.
La reseña que aceptamos como indicativa comprueba que la pobreza preexistía al macrismo. Inevitable con un tercio de los laburantes no registrados y un porcentual bajo pero no inexistente de desocupados. También es un dato que el "modelo" K topó con límites para seguir creando empleo en cantidades deseables. Para sostener sus premisas era imprescindibles cambios en la estructura productiva, tal vez en el esquema impositivo y en otras variables. Ante las dificultades, los gobiernos del Frente para la Victoria (FpV) defendieron con ahínco los empleos existentes. Tanto que para muchos argentinos, los entrados al mundo del trabajo desde 2003, era ignota la experiencia de despidos masivos. El macrismo reinstaló la vieja costumbre, que se venía prolongando durante toda la restauración democrática y se exacerbó, adrede, en la etapa neoconservadora (1991-2001).
Las proyecciones meten pavor. Entre los objetivos declamados del Gobierno está mejorar la competitividad que en su ideario depende de la baja del "costo salarial". Los ejemplos a seguir son países con legislaciones laborales menos avanzadas o aún parajes del planeta con condiciones semi esclavas.

Microescenas de la vida cotidiana: La determinación de la "pobreza por ingresos", como cualquier cálculo cuantitativo, es útil pero insuficiente para calibrar un fenómeno complejo. Un análisis más fino debería computar los bienes y servicios públicos disponibles para los ciudadanos argentinos. Con todas sus falencias y límites, la educación es gratuita en todos sus niveles, muchas personas tienen acceso a atención médica sin pagar y, con cierta frecuencia, a medicamentos gratuitos o abaratados. El Plan Conectar Igualdad o hasta el Fútbol para Todos permiten acceso masivo a bienes materiales o culturales. Por eso el macrismo los asfixia presupuestariamente o, llanamente, elimina.
El incremento de la pobreza se palpa, para percatarse basta una mirada costumbrista. La concurrencia a comedores comunitarios crece, la provincia de Buenos Aires amplía su número cotidianamente sin alcanzar a cubrir la demanda.
Pibas y pibes en edad escolar "vuelven" (por así decir) a los comedores escolares. A fin del siglo pasado y a principios de éste fueron salvavidas para paliar necesidades extremas, a partir del 2003 se fue recuperando la comensalidad familiar. La Asignación Universal por Hijo acentuó la tendencia. Un estudio cualitativo realizado por varias universidades públicas, divulgado en 2011, reseñó que los chicos elegían ir a sus hogares porque el menú familiar era más rico que el de la escuela… altri tempi.
Intendentes, políticos, militantes sociales, docentes registran el retroceso. Un cura que recorre el Conurbano bonaerense le comentó a este cronista otro penoso revival: los alumnos piden llevarse algo del almuerzo para sus casas, en las que falta comida.
Una trabajadora social que se desempeña en Tribunales en la misma zona contó que jefas de hogar que tenían a su cargo personas mayores o pibes institucionalizados las trasladaron a sus casas mientras podían "parar la olla". Ahora acuden al Poder Judicial para re institucionalizarlos, con pena y culpa: no están en condiciones de bancar su subsistencia.
La reseña de casos incluye la de mujeres golpeadas que, ante un primer rechazo judicial de pedidos de exclusión de hogar, se resignan a quedarse junto al varón violento. Años ha, tenían el rebusque de irse a otro domicilio mientras esperaban resolución favorable. Hoy día les es imposible hacerse cargo de los costos y se exponen a lo peor.
Los casos individuales son, bien mirados, muestras de una realidad social que se agrava en consonancia con el cierre de pequeños negocios, la pérdida de changas, la consunción del "de- sarrollo local".
El desmantelamiento de ramas de la producción no será reparado con un virtual "rebote" de la economía. En su informe de octubre la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) concluye que "la proyección de crecimiento del 3,5 por ciento para el año que viene continúa exclusivamente en el terreno de las esperanzas". Aunque el milagro se cumpliera, repercutiría de modo dispar. Dicho de modo impresionista: una fábrica que se mantiene abierta, aun suspendiendo personal, podría reactivarse en un contexto más propicio. Pero las que cerraron, las actividades destruidas por la importación alocada, los nuevos emprendedores PyME necesitan mucho más para resucitar.
El panorama es oscuro. El macrismo se auto indulta de las consecuencias de sus acciones. Y niega que, ya, esté auto heredando los frutos de su propia siembra. El problema es que esos alegatos indulgentes deben pasar por la prueba ácida del voto popular, dentro de un año.
Curándose en salud, el oficialismo ralenta parcialmente la escalada de sus medidas más impopulares (nueva baja de las retenciones, reducción machaza del "gasto social"), encara tratativas con gobernadores y con la Confederación General del Trabajo (CGT). Más allá de la transigencia de los interlocutores (ver asimismo nota aparte) es positivo que la dinámica del sistema democrático marque límites a un proyecto neoconservador, ínsitamente minoritario.
Queda por develarse cuándo se auto controla el oficialismo y hasta qué punto pueden ponerse curitas en daños atroces causados durante un puñado de meses. El último trimestre, la llegada del verano, irán despejando incógnitas.





















Un parate medio embarazoso


Por         Mario Wainfeld

La Confederación General del Trabajo (CGT) dejó "pendiente" el paro que había anunciado, tras reunirse con varios ministros nacionales. El Gobierno motorizó el encuentro para desactivar la huelga. La conversación fue cordial, la conducción cegetista formuló demandas, el oficialismo prometió considerarlas y se acordó un interregno de diez días.
Los reclamos fundamentales son un pago extra de fin de año para los trabajadores, un aumento de emergencia para los jubilados, la exención del impuesto a las ganancias sobre el medio aguinaldo de diciembre, la reapertura de las paritarias.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, expresó luego que se está estudiando el pago de un "bono" para los estatales y la supresión transitoria de Ganancias.
Aceptar el convite oficial es una decisión inobjetable: no hay razones para cerrarse al diálogo, patear la mesa o tirar del mantel.
Mucho más opinable es el pliego propuesto por la flamante conducción cegetista, que sabe a poco.
La quita en Ganancias es una bandera recurrente del movimiento obrero, para el oficialismo será sencillo complacerla por esta vez, la administración kirchnerista también lo hizo.
En los otros rubros CGT expresó un reclamo de máxima, a partir de ahí comienza el regateo, dicho sin la menor connotación peyorativa. El techo cegetista es bajo, choca que se haya omitido toda alusión a los despidos. La CGT convocó a un acto exitoso el 29 de abril y coadyuvó a promover una ley "anti despidos" poco después. La oposición política, aunada, consiguió aprobarla en ambas Cámaras. El presidente Mauricio Macri la vetó, desafiando las demandas gremiales y políticas. Es un retroceso que el tema se sustraiga a las tratativas, una primera abdicación.
Habrá que evaluar si hay otras, si el Gobierno concede solo contra el levantamiento de la medida de fuerza. Da toda la impresión de que pedirá, a su turno, más contrapartidas. Hay varias leyes laborales regresivas en pre embarque, los jefes sindicales las conocen. Flexibilizaciones de todo tipo, una modificación de la ley de Accidentes de Trabajo concebida solo en clave de reducir los costos patronales y los de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). La concepción es perversa pues prioriza las finanzas empresarias sobre la salud de los laburantes. Nada se dijo en público sobre esas potenciales leyes, que están en el horizonte macrista.

Lo que falta es importante, lo que está sobre la mesa acaso sea concedido de modo parcial. El quantum es importante, sumas exiguas desnaturalizarían el pacto. Es aventurado bartolear cifras, pero todo indica que, en el tira y afloja, el gobierno buscará dilatar los tiempos y cerrar "a la baja".
Queda pendiente de dilucidación si el Gobierno, poco intervencionista, se ingenia para imponer exigencias al sector privado. Y en su caso, cómo reaccionarían las patronales.
A la salida del cónclave, Héctor Daer (uno de los triunviros que conducen la central obrera) conversó con periodistas. Cuando se le preguntó si se estaba más cerca o más lejos del paro se valió de una clásica imagen organicista: "no se está más cerca o más lejos porque no se puede estar medio embarazado. O decimos que sí o decimos que no". Gambeteó lo mejor que pudo, expresando una media verdad: su comparación vale para cuestiones binarias, reducibles a blanco o negro. En una negociación de varias cuestiones, priman los grises.
Es prematuro evaluar con la mesa tendida, mientras se negocia. Pero por la "prudencia" de las demandas y por las omisiones de aspectos tremendos de la política laboral el parate de la huelga dejó a la cúpula cegetista en situación medio embarazosa, dicho con delicadeza.

















EL GOBIERNO NO PUEDE CONCLUIR EL AJUSTE PORQUE EN 2017 SE 

JUEGA SU ROL HISTÓRICO


Bisagra o paréntesis



Por el año electoral que decidirá su rol histórico, Macrì no pudo concluir el ajuste. Lo frenó la resistencia colectiva: empresarios que trasladaron la devaluación a precios, trabajadores, pymes y usuarios de servicios que no se resignan a la pérdida de ingresos o la quiebra. La cita electoral también será decisiva para CFK, cuyo carisma no es transferible a ningún delegado y debe decidir si será candidata. Masividad o marginalidad, dilema para organizaciones sindicales, sociales y políticas.

 Por      Horacio Verbitsky

El análisis del Fondo Monetario Internacional es en este punto objetivo: durante los últimos años, la economía se basó demasiado en el consumo y muy poco en la inversión. Nada indica que el alabado presidente Maurizio Macrì esté avanzando en la corrección de ese desequilibrio entre los factores de la demanda agregada. El consumo disminuyó pero la inversión no se ha recuperado ni lo hará pronto, por decirlo en términos amables. A este cuadro hay que completarlo con las exportaciones, entre las más escuálidas en lo que va del siglo, y el gasto público, que el gobierno quiere y no puede reducir, por la fuerte resistencia social a la pérdida de empleos y salarios y por sus necesidades electorales.

Ajuste o deuda
El gobierno inició su gestión con ímpetu y consiguió para varias de sus primeras medidas la condescendencia política y gremial o incluso el apoyo legislativo, tanto en la convalidación de decretos como en la sanción de leyes. Pero cuando los formadores de precios desairaron las predicciones oficiales de que la devaluación no se trasladaría a las góndolas, la inflación trepó hasta duplicar en forma holgada el cálculo del ministro Alfonso de Prat-Gay. La crioterapia escogida por el Banco Central para contenerla profundizó la recesión. Los sindicatos en las paritarias y los usuarios de los servicios públicos cuyas tarifas se multiplicaron por diez, no se resignaron a esa pérdida abrupta de poder adquisitivo y lo hicieron saber en las calles, igual que los universitarios enojados con el recorte de su presupuesto. La imponente Marcha Federal de hace un mes, la reunificación de la CGT y el Congreso Central Confederal en el que anunció un paro general cuya fecha debe poner el triunvirato directivo, el nulo resultado que hasta ahora ha obtenido el blanqueo y la caída de la inversión pese a los sucesivos road shows fuera y dentro del país, contrariaron los objetivos del gobierno. Para suplir el ajuste y la inversión, ha decidido recurrir sin frenos al crédito externo que, si todo sale como se lo propone, sumará el año próximo otros 40.000 millones de dólares a la deuda en divisas, que de inmediato comenzarán a devengar intereses. La misión del Fondo encabezada por el italiano Roberto Cardarelli repite que la inflación del denostado kirchnerismo se originó en la emisión para cubrir el déficit fiscal, que a su vez se debía a un insostenible nivel de consumo. Nadie le preguntó durante el retorno triunfal del Fondo a Buenos Aires por qué entonces la caída del consumo no redundó en una disminución del déficit y la menor emisión no hizo mermar la inflación en los diez meses del actual gobierno (con excepción del anómalo agosto, que se explica por la anulación judicial del tarifazo energético). En cualquiera de esos casos, debería haber analizado las fuerzas sociales y las relaciones de poder, ¡Dios no lo permita que el FMI es un organismo técnico que aplica una ciencia exacta sin contaminaciones políticas ni sociales!

Los mercados entienden
El gestor de ese endeudamiento es el Secretario de Finanzas Luis Caputo, ex directivo de JP Morgan y Deutsche Bank. Al hablar ante el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) reconoció que la deuda causaba preocupación pero aseveró que no era problemática, ya que en otros países de la región es hasta un 50 por ciento mayor, porque este año es un cuarto del PIB y al terminar el mandato de Macrì será un tercio, en ambos casos manejable. Caputo agregó que hay margen para financiar de este modo "una convergencia gradual al equilibrio fiscal".
Antes de salir de Washington el ministro de Economía de Estados Unidos, Jack Lew, se mostró comprensivo de la gradualidad del ajuste argentino contemplada en el proyecto de ley de presupuesto. Ya en Buenos Aires, advirtió que si bien no es posible suprimir el déficit de inmediato, también hay que estar prevenido sobre el riesgo de un sobreendeudamiento, ya que "los mercados de capitales entienden cuando el déficit es sustentable y cuando no". El ritmo de las reformas debería ser el más rápido posible sin desgarrar el tejido social, prescribió. En la misma lógica, la agencia calificadora Moody's explicó que no mejora la nota que asigna a la deuda argentina porque sus reservas son escasas en comparación con "la cantidad de dinero que ha tomado prestado en dólares". Y este mes han sufrido una caída fuerte. Por eso, más allá de la euforia declarativa, Caputo también anunció varios proyectos de ley tendientes a desarrollar un mercado de capitales doméstico que permita reducir el endeudamiento futuro, y el gobierno no se resigna al fracaso que hasta ahora ha tenido su apuesta principal, el blanqueo de capitales: el primer plazo, para comprar un bono a tres años, sin descuento alguno, acaba de vencer con mucho menor éxito que los Cedin de CFK y Axel Kicillof.
Caputo y De Prat-Gay recibieron con alivio las promesas de Lew de un acuerdo fiscal sobre intercambio de datos, lo que haría menos seguro el refugio en Miami y Nueva York de los capitales argentinos fugitivos, aunque es improbable que esto afecte a las guaridas fiscales de Wyoming, Delaware, South Dakota, Alaska y Nevada. Además ese acuerdo fiscal requiere de una ley del Congreso, de sanción incierta en el momento de mayor debilidad del gobierno de Barack Obama, quien acaba de padecer la primera insistencia de ambas cámaras contra un veto presidencial en sus ocho años de gobierno (97 a 1 en el Senado, 348 a 77 en la Cámara de Representantes).

Gestión de crisis
Cada contratiempo el gobierno lo atribuye a la pesada herencia, de cuyos efectos reales se beneficia, como el sostenido desendeudamiento del anterior gobierno, que hoy le da margen para acudir a los mercados voluntarios de deuda en procura de los recursos que no genera su propia política, tan elogiada por gobiernos y organismos de los países centrales. Entre ellos está el Banco Mundial, cuyo director para la Argentina, Jesko Hentschel, sostiene que, pese al aumento de la pobreza y del desempleo, no se vive una situación de crisis social. Esto es discutible para determinados sectores cuyos padecimientos se han incrementado, pero debe considerarse cuando se intenta conformar un cuadro predictivo sobre el futuro cercano. Según los estudios de Cifra-CTA, la devaluación, la quita de retenciones y el aumento de las tarifas provocaron el nivel de inflación más significativo desde las hiperinflaciones de 1989-1990, que en julio de 2016 contrajo un 10,3 por ciento los salarios reales de los trabajadores registrados del sector privado respecto al mismo mes del año anterior. El cuadro, confeccionado por Cifra con datos de Mariana González sobre patrones de crecimiento y mercado de trabajo indica que hay que remontarse a los peores momentos del último cuarto de siglo para encontrar una caída más pronunciada de los salarios reales, del 20 por ciento en 1988, 14,5 por ciento al año siguiente y 18,9 por ciento en el tremendo 2002. Pese a la posible desaceleración del IPC a partir de agosto, la inflación anual se ubicará en torno al 43 por ciento y el salario real anual de los trabajadores registrados perderá al menos 7 por ciento en el año. La caída sería superior si se dispusiera de datos fiables también para los trabajadores informales, que son los más vulnerables.
Los dilemas que hoy enfrenta el primer gobierno neoliberal electo por el voto popular tienen un aire de familia con los que se le presentaron al último gobierno neoliberal que colonizó a un partido de tradición popular para que aplicara su política. En aquel momento las privatizaciones fueron la fuente alternativa de recursos, a la espera de que el financiamiento genuino y la inversión privada productiva sustentaran la viabilidad de un modelo que acabó con la que hace siete décadas fuera la sociedad más desarrollada e integrada de América Latina. El capital social acumulado por generaciones de argentinos en las empresas del Estado se malvendió a precio vil, como quien quema los muebles para calentarse a la espera de que termine el invierno. Hoy ese rol lo cumple el endeudamiento externo, posible por la inmejorable ratio sobre el PIB recibida del gobierno de CFK. Aquel proceso pudo afirmarse durante un lustro porque concilió los intereses hasta entonces divergentes de distintas facciones del capital: los bancos trasnacionales acreedores, los operadores internacionales de servicios públicos y los grupos económicos locales (expertos en apertura y lubricación de puertas oficiales), agrupados en Uniones Transitorias de Empresas para aprovechar la rentabilidad extraordinaria de un negocio único. El punto de unidad de ese acuerdo fue avanzar a expensas de los intereses del conjunto de la sociedad, despojada de un activo histórico, y de los trabajadores que, en esos años posteriores a la caída del muro y el hundimiento del socialismo real, perdieron los derechos que ni siquiera la dictadura había podido arrancarles, por temor a que se volcaran hacia la guerrilla.
La Alianza que sucedió a aquel experimento también recorrió el atajo del endeudamiento, pero hoy sabemos que fue apenas un espejismo. Los dictámenes del FMI y los créditos que Fernando de la Rúa presentó como prueba de confianza en su gobierno fueron en realidad el financiamiento, con cargo al pueblo argentino, para que las grandes empresas y bancos retiraran sus recursos del país y miraran desde lejos y a buen seguro el gran resplandor. Pero hoy esos bancos y empresas están en el poder y tienen una conciencia del cuadro político de la que careció aquel desdichado gobierno. De la Rúa no prestó mayor atención al proceso electoral de octubre de 2001 y cuando se conocieron sus horribles resultados se desentendió aduciendo que él no había sido candidato. Dos meses después estaba en su casa, empujado tanto por la sublevación social que siguió al congelamiento de cuentas bancarias en el corralito como al pacto Alfonsín-Duhalde, que promovió su juicio político con la bendición del cardenal Jorge Bergoglio, el único de los tres que sigue actuando en la política argentina, a varias puntas como de costumbre. A diferencia de entonces, el actual gobierno es hiperactivo en el toma y daca de prestaciones recíprocas con gobernadores, intendentes, legisladores y sindicalistas. Tiene para ello personal idóneo, comenzando por el ministro de Obras Públicas, Rogelio Frigerio (n), quien se ofende cuando escucha que el gobierno de los ricos es el gobierno de los ricos. Las concesiones que el gobierno ofrece son menores en relación con los retrocesos que los trabajadores han padecido: un bono de fin de año, una exención impositiva sobre el aguinaldo, la actualización de planes sociales en una magnitud que recién será comunicada la semana próxima y la convocatoria a la mesa de diálogo con sindicalistas patronales y obreros que desde Roma reclama su obispo, el papa Francisco. Los obispos argentinos pidieron a la CGT que agotara todas las instancias de diálogo antes de parar y sus plegarias fueron atendidas. En la misma conferencia de prensa en la que anunció esa convocatoria tripartita, Macrì mencionó tres puntos posibles de agenda: bajar las indemnizaciones por despido, reducir el costo para las empresas de la ley de accidentes de trabajo y los aportes patronales al sistema previsional, como hicieron Menem y Cavallo a partir de 1993, lo cual condujo a su desfinanciamiento y ruinosa privatización. Pero aún así, la Proactividad oficial coloca a la oposición sindical y política en un dilema, porque no sólo el gobierno sabe lo que se juega en los comicios del año próximo. La resistencia al programa oficial partió de un piso mucho más alto que en los años 90 frente al menemismo, y la imagen presidencial está sujeta a un proceso de corrosión lento pero constante. Sin embargo, sectores sociales significativos no adherirían a ninguna postura confrontativa. Tanto la convocatoria cegetista de abril como la Marcha Federal de septiembre, en la que ambas CTA coincidieron con sectores significativos de la CGT, desde los camioneros de la familia Moyano a los bancarios de Sergio Palazzo y la Corriente Federal de Trabajadores, encontraron un punto justo de contundencia y masividad del reclamo, sin desatender el estado de ánimo de quienes conservan simpatía por el gobierno o, al menos, desean que le vaya bien. En cambio, la rala Marcha de la Resistencia que Hebe de Bonafini cerró con un insulto a Macrì, repetido el jueves, o los grupos que fantasearon con voltear las vallas policiales el día de la audiencia pública por el tarifazo en la Usina del Arte, se recluyen en la marginalidad y terminan por favorecer al gobierno que con sobradas razones aborrecen.

¿Y Cristina?
La acertada convocatoria de CFK a reunir en un frente ciudadano a todos los afectados por las políticas oficiales, con independencia de su origen, es de difícil concreción sin instrumentos organizativos adicionales a La Cámpora y el Instituto Patria, cuya verticalidad no es el método óptimo para esta etapa. Esto podría cambiar en caso de un estallido, que unos pocos anhelan pero cuya probabilidad hoy parece baja, aunque en el país del 17 de octubre, el Cordobazo y el 19 y 20 de diciembre no puede descartarse. Cristina ha dicho varias veces que no será ella sino el pueblo, dentro de ese conjunto los jóvenes y en especial los muy jóvenes, quienes deberán tomar la posta. Como lectura histórica es tan exacta como la frase célebre de Perón acerca de quién sería su heredero. Con una diferencia no menor: la pronunció a los 78 años, desde la presidencia y dos semanas antes de su muerte, cuya inminencia conocía. La prueba decisiva serán las elecciones de medio término, que definirán si Macrì coloca una bisagra entre dos épocas, como se ilusionaron en su primer año casi todos los presidentes postdictatoriales, o es sólo un paréntesis en el bipartidismo histórico. Las apariciones públicas de Cristina provocan encuentros masivos y de alta emotividad, pero es ostensible que su carisma intacto no es transferible a ningún delegado, por lo que será ineludible que defina si será candidata bonaerense. La inscripción para las primarias vence dentro de apenas ocho meses, en junio de 2017. La ex presidente medita que hará y el último indicio que dejó traslucir es que no tomará ninguna decisión por motivos personales sino en función de los intereses del conjunto, lo cual es lo más parecido a una admisión de esa posibilidad que haya dado hasta ahora. Si bien es prematura cualquier medición, es obvio que tanto para el gobierno como para las distintas tribus del panperonismo no sería lo mismo una elección con o sin CFK en el menú. Quienes pretenden excluir a Cristina del PJ y desde los cargos electivos votan todos los proyectos que envía el gobierno, meditan una posible alianza con Sergio Massa, con quien disputan la conducción del opoficialismo. La principal discusión entre ellos es acumular para fortalecerse antes de sentarse a la mesa de negociaciones o correr ya hacia Tigre. Esta arquitectura de palitos chinos sólo podría sostenerse si la ex presidente decidiera no bajar al ruedo electoral, algo que tendría un costo en la valoración póstuma de la historia.




















LOS MOTIVOS DETRAS DE LA PROPUESTA PARA CONVERTIR A 

LA MATANZA EN CUATRO MUNICIPIOS


Una división para destronar al PJ




La propuesta es del GEN pero cuenta con respaldo del macrismo, que ya encargó un sondeo telefónico y en redes sociales. Con el aval del massismo avanza una audiencia pública en la Legislatura para el 19 de octubre. La resistencia del FpV-PJ.

Por        Miguel Jorquera

Los propios la bautizaron "la quinta provincia". El municipio bonaerense de La Matanza tiene en 325 kilómetros cuadrados, una población de 1.775.000 habitantes – creció el 41 por ciento entre los censos de 2001 y 2010 – y solo la superan demográficamente las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero tiene un exiguo presupuesto de 4125 millones de pesos, una cuarta parte de lo que cuenta anualmente la provincia de Tierra del Fuego (la menos populosa de la Argentina) y a la que supera 14 veces en cantidad de habitantes. Con más motivaciones políticas-electorales que administrativas, un proyecto del GEN propone dividir La Matanza – el principal bastión peronista de la provincia – en cuatro municipios y ya le pusieron fecha (el 19 de octubre) a una audiencia pública en la Legislatura provincial para avanzar con la iniciativa. La gobernadora María Eugenia Vidal lanzó un sondeo telefónico y en las redes sociales para auscultar la opinión de los matanceros sobre un proyecto que no avala públicamente pero que tampoco obstruye, en medio de la especulación política del massismo y la resistencia del PJ.

Reedición

La disputa arrastra ya varios meses. Desde que el diputado bonaerense Marcelo "Oso" Díaz del GEN (el partido de Margarita Stolbizer) volvió a desempolvar y presentar este año en la Cámara de Diputados provincial un viejo proyecto de la ex legisladora radical Liliana de Miguel para dividir La Matanza en cuatro municipios: uno que conservará el nombre de La Matanza (conformado por las localidades de San Justo, Ramos Mejía y Villa Luzuriaga); Los Tapiales (Lomas del Mirador, La Tablada, Ciudad Evita, Aldo Bonzi y Villa Madero); Gregorio de Laferrere (Isidro Casanova, Rafael Castillo y Laferrere); y Juan Manuel de Rosas (González Catán, Virrey del Pino y 20 de Junio).

Enlodados

La intendenta de La Matanza, la peronista Verónica Magario (FpV-PJ), calificó ante Página/12 el intento de desguase comunal como "botín político" y aseguró que con el presupuesto que se destinaría a la creación de tres nuevas comunas "inviables" desde lo económico-social, "en cuatro años extendería las redes de agua potable y gas a todos los rincones del municipio, asfaltaría todas sus calles, duplicaría los centros de salud y los efectivos y patrulleros de la policía local".
Incluso promovió junto al ex intendente matancero y actual presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, una declaración de "rechazo" del Concejo Deliberante local, al tiempo que los ediles de Cambiemos y algunos del massismo promovían la convocatoria a una consulta popular para definir si dividir o no el distrito.
Ante la dualidad del Frente Renovador, Magario se mostró en los festejos del día del Empleado de Comercio con el dirigente gremial y concejal massista Julio Ledesma, que fijó postura: "Entre todos tenemos que pujar para que no cometan torpezas con La Matanza. Es peronista, es grande y hay que solucionar muchos problemas antes de llegar a lo que quiere el oficialismo, que es dividirla para reinar", afirmó el dirigente mercantil.
Pero en esta oportunidad, la iniciativa cuenta por primera vez con el respaldo del oficialismo provincial. El diputado macrista y vicepresidente de la Cámara baja provincial, Manuel Mosca, se convirtió en un ferviente impulsor del proyecto. Ante la resistencia de Magario y las dudas que hasta entonces expresaba el líder renovador Sergio Massa –principal sostén político de Vidal en la Legislatura bonaerense–, Mosca recurrió a una de las herramientas predilectas de PRO: "un plan de acercamiento con los vecinos de la Matanza a través de herramientas de vinculación directa".
"¿Sabías que existe un proyecto para dividir La Matanza en cuatro partidos diferentes? El proyecto dice que si vivís en Virrey del Pino, González Catán o 20 de Junio, éstas se separarían de La Matanza y pasarían a ser parte de un nuevo partido llamado Juan Manuel de Rosas. ¿Qué opinás? Si estás a favor de la división marcá uno y si estás en contra marcá dos", dicen los llamados grabados que comenzaron a saturar los teléfonos de los matanceros desde los primeros días de septiembre. La campaña se completó a través whatsapp y las redes sociales.
La gobernación trató de despegarse de la campaña, aunque sigue de cerca los resultados. Los voceros de Vidal afirmaron a Página/12 que la división de La Matanza no está entre sus prioridades, pero reconocieron que Vidal pidió a distintos organismos – los ministerios de Economía y de Producción y ARBA – que analicen la iniciativa y que el proyecto podría cobrar impulso "después de las elecciones legislativas" del año próximo.
"No podemos someter a la gente de La Matanza a una discusión política electoral de ver con qué se queda con cada uno. Hay que discutirlo, analizarlo técnicamente, esto va a llevar varias semanas", había dicho la gobernadora.
Mosca, en tanto, no modificó su postura. Envió una misiva a la intendenta para "invitarla" a una audiencia en al Legislatura para debatir el tema. Magario respondió también por carta que esperaba que la gobernadora la convocara para dialogar sobre "los temas importantes del municipio".
Un cambio de rumbo del massismo volvió a alentar las aspiraciones del oficialismo provincial. A pesar de las dudas que había expresado Massa sobre la división y las posiciones encontradas en su propia tropa, el jefe del Frente Renovador habilitó a que el diputado Juan Andreotti, presidente la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara baja provincial, avanzara con el proyecto de Díaz. Con la venia de Massa, Andreotti reunió a la comisión en su propio distrito (San Fernando, que conduce su padre), elaboró un programa para la audiencia sobre la división de La Matanza y le puso fecha y lugar: el próximo 19 de octubre en el auditorio del edificio anexo de la Cámara de Diputados bonaerense en La Plata. Aunque todavía no está claro quienes serán los invitados ni quienes acudirán.
La aceleración que el oficialismo y sus aliados provinciales le imprimieron a la medida tuvo su reacción. "La foto de todos está muy bien pero necesitamos respuestas", dijo Magario el viernes tras participar del llamado "Primer Encuentro Nacional de Intendentes" que el presidente Mauricio Macri armó en Tecnópolis. Pero la jefa comunal le apuntó a Vidal, a quien ve detrás de la fragmentación de su distrito y aseguró que "no me atiende el teléfono desde hace dos meses". "La Matanza es un municipio populoso. Si la gobernadora atiende a mis pares de otros distritos y no a mí, lo único que hace es postergar las necesidades de miles de vecinos matanceros", agregó la jefa comunal peronista.

Botín

"La moderna organización del régimen municipal se orienta hacia la existencia de distritos de reducida superficie territorial y con bajo índice de población, con el fin de llevar adelante políticas eficientes y transparentes", dice el proyecto de Díaz en sus fundamentos. Aunque detrás se esconde una dura puja política-electoral.
La Matanza es un bastión electoral del peronismo bonaerense tras la recuperación democrática: ganó allí todas las elecciones desde el '83. El único sobresalto fue cuando logró retener por poco la intendencia a pesar que en 1999 la Alianza llevó al radical Fernando De la Rúa a la presidencia. Su creciente incidencia en el padrón electoral provincial colaboró en el sostenimiento del peronismo en la gobernación desde 1987, pero no pudo evitar la llegada de Vidal al sillón de Dardo Rocha. Para la elección presidencial del año pasado, el FpV-PJ cosechó en el distrito el 48,2 por ciento de los votos en la primera vuelta y el 64,4 en el ballotage, sobre un total de 1.040.535 electores.
La división del distrito cambiaría también el mapa electoral. Así lo revela un análisis del politólogo y especialista en estadísticas electorales Andy Tow. En su blog (www.andytow.com) detalla qué hubiera pasado en la última elección de autoridades municipales si La Matanza ya estuviera dividida en esos cuatro distritos. En La Matanza se habría impuesto el PRO por menos de un punto sobre el FpV-PJ: 34,7 a 33,9 por ciento. En Los Tapiales, el FpV habría mantenido la comuna con el 40,1 frente al 28,6 del PRO y el 23,5 del FR. Lo mismo habría sucedido en Gregorio de Laferrere, donde el FpV habría obtenido el 55 por ciento de los votos, pero donde el FR (21,1) desplazó al PRO (16,8) del segundo lugar. El mismo orden que se habría dado en Juan Manuel de Rosas: FpV (61,9), FR (18,7) y PRO (13,4).
El politólogo también traza la historia de las elecciones desde 2003 a 2015 en cada una de las cuatro partes en la que se quiere dividir el distrito. En Laferrere y Rosas, el voto del FpV siempre estuvo por arriba del 50 por ciento de los votos salvo en las dos elecciones legislativas en las que fue derrotado a nivel provincial: 2009 y 2013, aunque igual conservó el voto mayoritario. En Matanza y Tapiales, en cambio, el FpV siempre estuvo por debajo del 50 por ciento de los votos con la única excepción de 2011 – en la elección presidencial en la CFK arrasó con el 54 por ciento de los votos a nivel nacional – donde apenas superó esa línea. Mientras que en esa misma elección, en Laferrere y Rosas, el FpV superaba el 75 por ciento de los votos.
Mucho de estos cálculos estarán en juego a la hora de definir si la Matanza finalmente será o no partida en cuatro o más nuevas comunas.
















EL PAÍS



Una historia de fragmentaciones


Por       Miguel Jorquera

Hace 22 años, tras conseguir la reforma de la constitución provincial para habilitar su reelección, el gobernador bonaerense Eduardo Duhalde impuso en diciembre de 1994 la división de algunos municipios bonaerenses con la propuesta de terminar con los megamunicipios. En su enfrentamiento político con el presidente Carlos Menem, Duhalde le apuntó a dos populosos municipios en especial: Morón cuyo intendente era Juan Carlos Rousselot y a General Sarmiento donde el jefe comunal era Luis Ortega. Ambos enrolados en el menemismo y desafiaban la condición de mandamás del PJ bonaerense que ostentaba Duhalde. Morón dio lugar a la creación de los municipios de Hurlingham e Ituzaingó. General Sarmiento se dividió en tres municipios con grandes diferencias socioeconómicas: San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas. Pero Duhalde tampoco pudo avanzar con La Matanza (ya el municipio más poblado de la provincia), también dominada por el menemista Miguel Angel Pierri a través del intendente Héctor Cozzi, destituido a mediados del '99. Entre los municipios que comenzaron a funcionar a partir del 10 de diciembre de 1995, figuran Presidente Perón (desprendimiento de San Vicente, Esteban Echeverría y una porción menor de Florencio Varela); Ezeiza (antes Esteban Echeverría) y Punta Indio (de Magdalena). El último municipio creado en la provincia, fue Lezama en 2009, que logró consumar una vieja disputa para separarse de Chascomús. Entonces, los únicos partidos que se opusieron a su creación fueron la UCR y el GEN.


















REPORTAJE A ADRIÁN GRÜNBERG, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL QUE 

JUZGÓ LA COORDINACIÓN DE LA REPRESIÓN


"Con el Cóndor, el país fue un coto de caza."




Con sus dos colegas, acaba de publicar cinco mil páginas con los fundamentos del fallo. Son la prueba legal de la existencia de un plan, del rol de los Estados Unidos y de por qué los crímenes cometidos en esos años se concentraron en Argentina.



Por        Alejandra Dandan

En 38 meses de audiencias del Juicio Cóndor, Adrián Grünberg llenó doce cuadernos con notas sobre los 222 testimonios. "Nelly Reneé Méndez de Vattino, viejita de 81 años", dice una anotación. "Madre de un colimba secuestrado que se estaba por casar. Lo secuestraron a él y después fueron a la casa a buscar a su futura esposa". Luego figura la hermana del colimba, un ex general de brigada de la Escuela Superior de Guerra, de los pocos testigos de los militares, que dice que "la guerra sigue abierta", el director de cine Andrés Habegger. "Otras personas escuchan del terrorismo de Estado, de miles de desaparecidos, encarcelados, torturados. Pero dicen que miles de muertos son una estadística, pero uno es una tragedia. Esto es lo que pasa en estos juicios: nosotros escuchamos tragedias. La tragedia traducida en palabras".
Grünberg encabezó el Tribunal Oral Federal 1 integrado por Oscar Amirante y Pablo Laufer en un juicio cuya primera denuncia se presentó en 1998, bajo las leyes de impunidad. El 27 de mayo de este año condenaron a quince de los 17 acusados y dieron por probada la existencia del Plan Cóndor como una asociación ilícita para matar. Para el fallo, Jorge Rafael Videla estaba muerto, pero alcanzó a ser juzgado por última vez. Los jueces acaban de publicar cinco mil páginas de fundamentos de la sentencia que definen como "un trabajo conjunto de los jueces y del equipo, secretarios y letrados". Ahí dicen que el acuerdo criminal "se insertó dentro de la Doctrina de la Seguridad Nacional y en una política de contrainsurgencia. Tomando las bases teóricas enseñadas desde la sede del Comando Sur de Estados Unidos, en el Canal de Panamá, y de la Escuela Francesa".
La sentencia aclara que EE.UU. no fue objeto de juicio y que no obtuvieron elementos para probar que desde allí se "digitó" o se "coordinó" el Cóndor. Pero luego de revisar la enorme cantidad de documentos desclasificados y enumerar el tipo de participación que tuvo, Grünberg declara: "Hay algunos cables que tienen sólo dos renglones que pueden leerse porque está todo tachado. Hay cientos de documentos así. Por eso, si algún día desclasifican los cables sacando todo lo negro y todas las tachaduras, tal vez haya elementos para una acusación".

 –La sentencia prueba una asociación criminal que se conocía hace cuarenta años. ¿Para ustedes dónde radica la novedad?
– Esto es un juicio. Llegamos a una conclusión después de evaluar pruebas. Mucho ya estaba relevado en libros de investigación. La Comisión Argentina de Derechos Humanos (Cadhu) lo menciona en marzo de 1977. Por eso, la novedad es que un órgano de justicia de uno de esos países del Cono Sur tuvo por probada la asociación ilícita o acuerdo represivo regional. La importancia es esa. Queda subrayado, además, por comparación: porque ante otros países que han sufrido, son los tribunales argentinos quienes lo probaron mientras el resto tiene investigaciones no resueltas.

 –El juicio se pensó como escenario de reparación para víctimas de la región. Las querellas hablaron de una justicia universal.
– Creemos que pudo ser reparatorio para otros. En Brasil, por ejemplo, había –aunque no sé ahora– intención de reabrir el proceso. El fallo es un elemento de prueba importante. No conozco detalles procesales de otros países, pero aquí tomamos como prueba dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Agustín Goiburú y María Claudia García Iruretagoyena de Gelman. Los fallos ya decían en qué consistió Cóndor.

– Ustedes discuten si fue plan, operativo o sistema.
– Cada experto convocado como Stella Calloni, John Dinges, Carlos Osorio o Alvaro Hugo Rico Fernández lo nombraron de distintas maneras. Calloni, como Operativo. No le gustaba hablar de Plan porque sugería que puede quedar en la nada. Los cables de Estados Unidos hablan de "Cóndor Operation". Si bien citamos todo, hablamos de "Plan" aunque es sólo una cuestión semántica. La lógica política o castrense habla de táctica y estrategia. Creemos que Plan apunta a algo más estratégico, el que Plan Cóndor fue una gran estrategia o gran plan a nivel regional con fines determinados.

– ¿Cómo los definen?
– Cóndor fue ese acuerdo regional para intercambiar datos, perseguir y ejecutar acciones por fuera de todo tipo de control jurisdiccional legal y de toda normativa internacional diplomática. El traslado ilegal de prisioneros secuestrados de un país a otro estaba totalmente fuera de control. Hay tratados de extradición, pero fue todo arrasado. Por eso hablamos de asociación ilícita en la que no sólo intervinieron aparatos militares y fuerzas de seguridad, sino organismos civiles como cancillerías, migraciones, embajadas. Cada país tenía presencia activa de agentes extranjeros en territorio nacional que intervenían en los secuestros e interrogatorios generalmente realizados bajo tormentos. Traspaso de agentes de las fuerzas armadas y de seguridad en las fronteras juntamente con los detenidos o secuestrados que eran entregados a las autoridades de otros Estados de manera clandestina, sin intervención judicial alguna, ni requisito legal. Y hubo intercambio de información sobre actividades de los miembros de las organizaciones políticas de cada país de la región. Usamos la figura del Leviatán para describirlo, como ese gran monstruo castigador de un Estado todo poderoso que puede hacer lo que quiere.

– ¿Cómo pensaron a las víctimas?
– Los documentos de Cóndor ubican a la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) como objetivo, pero cada país tenia como objetivo acabar con los opositores políticos a las dictaduras propias. Hubo casos de grandes personalidades víctimas, claro. El general Carlos Prats en 1974, Orlando Letelier en 1976, el general Juan José Torres de Bolivia asesinado acá. Los uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, senador y presidente de la Cámara de Diputados. El atentado contra Bernardo Leigthon en Roma. Cóndor se encargó de hacer el trabajo sucio de las dictaduras, codo a codo, entre ellas, de todo lo que eran militantes, pero nosotros reiteramos varias veces la idea de "opositores políticos actuales o potenciales" porque la represión regional tuvo características semejantes a la de cada país.

Cazar en el zoológico
– En el juicio, el Plan fue pensado como proceso en evolución. Ustedes fijan fecha de inicio y de "pactos de caballeros".
– Cuando uno enseña o aprende el delito de asociación ilícita, según lo describe el código penal – que es formar parte de una asociación o banda destinada a cometer delitos determinados – generalmente dice: nunca vamos encontrar un acta fundacional que diga que tales personas se ponen de acuerdo para cometer delitos tal día de tal año. Bueno, acá existió. Existió una reunión celebrada en Santiago de Chile el 28 de noviembre de 1975 en la que Pinochet a través de Manuel Contreras, jefe de la DINA chilena, convoca a autoridades represivas de los otros países para organizase. Nosotros acreditamos esa reunión como acta de nacimiento del Plan Cóndor. No olvidemos que en Argentina había gobierno democrático. Esta invitación no fue cursada a una autoridad política, sino a autoridades militares o policiales. Antes hubo conferencias interamericanas de militares o de seguridad. Había – los cables hablan de "pactos de caballeros" – acuerdos binacionales o multilaterales de Ejércitos de los países que después integraron Cóndor. Al período previo, lo llamamos Pre-Cóndor, ya es de colaboración represiva y hubo asesinatos políticos. En 1974, fue clave la actuación del agente de la DINA chilena Arancibia Clavel que reportaba a la DINA exterior desde Argentina, en colaboración con el agente del Batallón 601 José Osvaldo Riveiro alias Rawson, prófugo todavía. Pese a la democracia, el agente chileno tenía contactos con la inteligencia argentina para detectar o perseguir chilenos en el extranjero. Nosotros tomamos esa fechas hasta por menos 1980 con los últimos casos en Brasil durante la llamada contraofensiva montonera.

– ¿Cada país tuvo roles distintos? Diferencian a Brasil.
– Brasil formó parte de la primera reunión pero no como miembro de Cóndor, aún así prometió apoyo logístico y más tarde se incorpora. Tenemos allí los secuestros de Norberto Armando Habegger primero y luego Mónica Pinus de Binstock y Horacio Domingo Campiglia. No analizamos a fondo por qué Brasil no quedó incluido. Pero creemos que no estaba de acuerdo con la llamada "tercera fase del Cóndor": aquello de operar fuera de la región, tanto en Estados Unidos como en Europa. Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia estuvieron al comienzo. Después ingresaron Ecuador y Perú. Venezuela no participó como miembro porque el presidente Carlos Andrés Pérez vetó la iniciativa. Pero el papel protagónico – y esto surge de los cables norteamericanos – lo ocupó Argentina, Chile y Uruguay. También Paraguay, pero venía de una dictadura larga del '54. Los otros golpes fueron casi simultáneos. Junio de 1973 en Uruguay y septiembre en Chile.

– Por esa sucesión, ¿Argentina fue el central?
– Eso surgió de los testimonios. Muchas víctimas secuestradas acá eran uruguayos y chilenos porque iban escapando de las represiones en sus países. Los uruguayos en 1973 se van a Chile y luego a Argentina. Por eso muchos uruguayos, chilenos y paraguayos vinieron acá a fines de 1973. Y ya en 74 y 75 estaban todos acá. Fue como cazar en el zoológico. Hablamos de una dialéctica en la que el país pasa de ser refugio a ser "coto de caza". Por eso decimos que no fue casual que aquí se hayan realizado muchas de las acciones Cóndor.

El autor detrás de las acciones
– Ustedes hablan de Estados Unidos en el fallo.
– Primero y principal, no había acá ningún imputado norteamericano. Un juicio es analizar datos históricos, pruebas, pero no como un periodista sino porque tenemos que atribuir responsabilidades a personas. No estamos juzgando ni países ni organismos. El interés primordial es sobre las pruebas que acercan las partes. O sea, no es nuestra tarea ver en detalle el rol de Estados Unidos o Rusia, pero surgieron de la prueba muchos elementos que llevaron a que Estados Unidos sea mencionado. Creo que indudablemente, y lo decimos al hablar de la doctrina de Seguridad Nacional, el por qué del Cóndor es porque estábamos en los 70, en la Guerra Fría. Estados Unidos entrenó a cientos y cientos de oficiales de todos los países que después formaron Cóndor. Y llevaron a cabo los golpes de Estado. No conozco el detalle de la instrucción ideológica, pero en cuanto a lo operativo podemos decir que fueron entrenados muchos en Estados Unidos. Esto quedó claro por los investigadores, por las obras históricas y por la realidad: los legajos militares. Mencionamos cada imputado que iba a Estados Unidos a dictar cursos, a tomar cursos o a intercambios durante sus carreras o como oficiales. Entonces, el tema de Estados Unidos surgió a través de la prueba. Pero no fue materia nuestra ver qué participación tuvo.

 – Ustedes citan innumerable cantidad de cables. La discusión parece centrada en si Estados Unidos sabía o no sabía.
– Que conocía, conocía, porque surgió de los cables también. Estados Unidos conocía. No sólo había entrenado militares sino que conocía lo que pasaba porque tenia su embajadas en cada país con agregados legales que era el nombre de cobertura de los agentes del FBI. El intercambio de cables sobre todo hacia el Departamento de Estado, donde estaba Kissinger, surgió de la prueba. Hay cables muy tempranos de Estados Unidos hablando de detenidos o cárceles ocultas. Así, como la Cadhu habla de un acuerdo en marzo del '77, Estados Unidos lo menciona antes. El experto Osorio del National Security Archive aportó un dato importante de los cables. Por un lado, la famosa reunión entre Kissinger y Pinochet en la que aparece como palmeándole la espalda y dice: nosotros los apoyamos, pero tenemos que hacer como que les tiramos las orejeas por los derechos humanos. Al poco tiempo, se hizo la reunión con el canciller argentino (César Augusto) Guzzetti de la Armada. Kissinger dice aquello de que lo que tengan que hacer, háganlo rápido. Así admitía que los procedimientos no eran normales. Esos procedimientos no normales, eran los que aprendieron los militares argentinos de los instructores franceses y norteamericanos. Pero de los documentos desclasificados, hay cientos en los que sólo se puede leer una frase o dos, el resto está todo con negro. Si algún día desclasifican los cables sacando todo lo negro y todas las tachaduras, tal vez haya elementos. Por eso, no puedo decir que EE.UU. fue el organizador de todo, pero puedo decir que fue a partir de la Guerra Fría cuando tomó la región como área de influencia, por eso entrenó, por eso capacitó. Por eso hubo dos elementos claves de intervención: entrenamiento y apoyo tecnológico con pertrechos militares, armamentos y demás. Era el anzuelo que Estados Unidos mostraba. Lo mencionamos en las pruebas. Con el interés de mantener la hegemonía sobre la región en el contexto de la Guerra Fría, por eso la doctrina de seguridad nacional.



















Sobre Justicia Legítima


Grünberg hizo voto aparte para responder a un abogado que cuestionó su participación en Justicia Legítima. El abogado había dicho: "Ustedes, los jueces, son el instrumento de ese bando para juzgar al otro". También que existía una "división del país y del Poder Judicial con esa justicia legítima, que no es ni justicia ni legítima". Y que "todo se paga, al contado o en cuotas, pero se paga... y los autores de estas maniobras que señalo lo van a pagar". Como respuesta, el magistrado señaló que ha "fallado rotundamente en su encendida elucubración".
El defendido en cuestión, Horacio Tragant, resultó uno de los dos absueltos. El juez explicó que "no hemos sido instrumento de nadie y hemos actuado con absoluta buena fe". Pero agregó: "Con respecto a la afiliación de este juzgador a la Asociación Civil Justicia Legítima, de la que efectivamente formo parte (no así mis colegas) sólo debe remarcar nuevamente el equívoco del defensor pues lejos de hallarse dicha asociación consustanciada con alguna ideología o partido político, son pristínos sus estatus al sostener como propósitos universales promover un sistema de justicia más plural e independiente. Tanto de los otros poderes del Estado como de los poderes fácticos, así como fomentar la transparencia en los procesos y las decisiones de los jueces".
Y sobre esto, quiere una aclaración. "Cuando en mi voto personal dije que la Asociación no está "consustanciada con alguna ideología", ello no significa que un juez no tenga ideología, ¡todos la tenemos! Obviamente si bien esa ideología o cosmovisión hace las veces de "anteojo" o cristal con que se observan los datos de la realidad, de ningún modo pueden llevar al magistrado a fallar o a decidir contra derecho o arbitrariamente.







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