domingo, 2 de octubre de 2016

Vivir Hackeados



domingo 02 de octubre de 2016



Vivir Hackeados



Por        OSCAR FINKELSTEIN 



Periodista y politóloga, Natalia Zuazo dedicó dos años de su vida a estudiar a fondo el mundo web, y dejó asentado por escrito esa investigación en "Las guerras de internet. Un viaje al centro de la Red para entender cómo afecta tu vida" (Editorial Debate), un libro que revela los vericuetos de esa trama compleja en la que todos estamos fatalmente involucrados. Nuestras Voces conversó con ella sobre la privacidad en internet, el uso que hace el gobierno de los datos personales y el voto electrónico.

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Fotos: Joaquín Salguero

Especializada en el ancho universo digital, Natalia Zuazo habla de la necesidad de ser prudentes respecto de los datos que se comparten, a la vez que considera inevitable que haya un uso cotidiano de los mismos, aunque no siempre sea respetada la privacidad individual. "Los estados tienen que modernizarse, pero respetando los derechos de los ciudadanos", dice, y advierte que "no es lo mismo compartir datos sensibles que datos personales".
Sobre el cuestionado acuerdo, aún en instancia judicial, entre la AdministraciónNacional de la Seguridad Social (Anses) y la Jefatura de Gabinete, que permite compartir la base de datos más completa y actualizada de toda la poblaciónpresuntamente para establecer una comunicación más personalizada, se pregunta: "¿Por qué la Anses, mediante sus propios equipos de prensa, no hace ese trabajo?".
¿Qué se puede hacer para que nuestros datos personales no estén al alcance de cualquiera?
Los datos que uno deja los cede por propia voluntad. En general, en los formularios hay que tildar una cajita para aceptar los términos y condiciones. Ahí está el primer tema: nadie lee los términos y condiciones.
¿Por qué?
Se hizo hace algunos años en los Estados Unidos un estudio muy exhaustivo. Dos investigadores copiaron y pegaron en un documento de texto los términos y condiciones de los 30 sitios más usados por los estadounidenses en un año. Eran en total entre 200 y 300 páginas de texto. Uno tendría que dedicarle mucho tiempo a leer todo lo que firma en un año, pero como cada año cambia (incluso los términos y condiciones de Facebook, por ejemplo), habría que estar leyéndolos permanentemente. Hacemos ese intercambio de nuestra privacidad sin desconfiar lo suficiente.
¿En qué otros casos sucede?
El subte de la ciudad de Buenos Aires tiene una aplicación que es BA WiFi, a la que cuando uno está en el subte y no tiene señal, se puede conectar. Invito a leer los términos y condiciones de esa aplicación. Uno pone 'aceptar', pero está compartiendo una gran cantidad de datos personales por solo 15 o 20 minutos de wi-fi. ¿Puedo evitar ceder mis datos, hacer ese intercambio? Tal vez sí, se trata de pensarlo antes. ¿Quiero hacerlo? Esa es una pregunta que nos vamos a tener que hacer cada vez más en lo cotidiano, porque los datos son el petróleo de la vida.
"El subte de la ciudad de Buenos Aires tiene una aplicación que es BA WiFi. Uno pone 'aceptar', pero está compartiendo una gran cantidad de datos personales por solo 15 o 20 minutos de wi-fi".
Y en muchos casos, más allá de los datos oficiales de identificación personal, son voluntarios.
Siempre son voluntarios. Siempre hay un momento en el que nos preguntan si estamos de acuerdo en ceder esos datos.
¿Cuál es el uso más frecuente que se da a esos datos?
Toda la información que suministramos va a bases de datos que se usan para marketing. Fuera o dentro de internet, se segmentan perfiles de grandes usuarios de consumidores para venderles exactamente lo que necesitan en base a sus gustos. Este es el modelo de negocios de Google y de Facebook, por ejemplo. Cada cosa que tipeamos en el buscador, en el mail, son actividades que dejan un registro, que se puede consultar. Si uno va a su perfil de Google, ahí está todo.
El fantasma, o la realidad, es que esa información puede ser comprada o puede ser facilitada a los gobiernos. ¿Es algo que existe?
Si la comparten es ilegal. Pero lo hacen. Edward Snowden (ex empleado de la CIA), en 2013 denunció que había un mecanismo de cooperación entre Google, Facebook, Yahoo! y grandes empresas, que compartían la información con la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Porque esas empresas tienen la base de datos actualizada segundo a segundo de toda la población, es un trabajo que ya está hecho. Y es una gran tentación para los gobiernos hacerse de esa información, que fue lo que reveló Snowden y que generó todo el escándalo.
¿Los estados deberían poder hacerlo?
Los estados tienen que administrar las vidas de las personas. Sería necio decir que tenemos que seguir haciendo cola una hora cuando podemos hacer un trámite por internet. Los estados tienen que modernizarse, pero respetando los derechos de los ciudadanos. Esto, que suena a obviedad, a veces no es tan así. Entonces, cuando un estado necesita modernizar su gestión está utilizando datos personales, y está bien que lo haga.
¿Aun cuando resulta sospechoso, como el acuerdo de Anses con la Jefatura de Gabinete?
Cuando surgió el convenio entre Marcos Peña y la Anses para usar esos datos, actualizadísimos en todos los sectores de la población (gente que no tiene trabajo, jubilada, niños, jóvenes), una de las preguntas que surgió fue: ¿este convenio podía hacerse? Sí, porque hay una cláusula en la Ley de Protección de Datos Personales que dice que los organismos públicos pueden compartir información con el consentimiento de los ciudadanos si van a cumplir con una función específica.
Pero no era el caso, no había un argumento sólido sobre el uso que se le iba a dar.
Lo que declaró Peña es que iban a utilizar los datos para temas importantes para la ciudadanía, que iban a segmentar el territorio de la Argentina porque no era lo mismo, por ejemplo, brindar información sobre el dengue a una persona que vive en Formosa que a otra que vive en Chubut. Entonces, para llegar con el mensaje correcto a las personas que lo necesitan, tenían que tener esa base de datos. Pero más allá de la intención, ¿por qué la Anses, mediante sus propios equipos de prensa, no hace ese trabajo?
¿Por qué?
Ahí hay algo que podemos por lo menos preguntar, cuando además no es una novedad que alguno de los datos que uno entrega para hacer un trámite luego es información que se utiliza para propaganda política. Caso concreto: yo soy vecina de la ciudad de Buenos Aires y por hacer un trámite durante un año para reparar un bache que había en mi calle, empecé a recibir mails de la Secretaría de Ambiente, y luego mensajes de campaña electoral. Entonces no es que estemos dudando porque nunca sucedió. Estamos dudando y pidiendo que se informe porque alguna vez sucedió.
"No es una novedad que alguno de los datos que uno entrega para hacer un trámite luego es información que se utiliza para propaganda política".
¿Qué otros usos se podría dar a esa información, además de la propaganda electoral?
No lo sabemos. Y por eso es muy importante que preguntemos para saberlo mejor. Por eso es importante que un fiscal o un ciudadano presente un pedido de informes para que se explique cómo va a ser utilizado. La primera presentación fue desestimada, pero enseguida llegó una apelación del fiscal Federico Delgado, que dijo que el juez Sebastián Casanello había cerrado muy rápido ese pedido y que tenían que continuar para establecer efectivamente cómo se iban a notificar esos datos. Cuando surgió todo este tema, el caso que reapareció como ejemplo fue el de la SUBE. Tuvo un problema de seguridad por la cual se podía ver una parte de la base de datos de los usuarios. Por supuesto eso tiene que ser arreglado, pero también tenemos que tener nuestros datos en una relación de confianza con el Estado porque necesitamos los servicios del Estado, de la misma forma que necesitamos, cuando vamos a hacernos un análisis de sangre, dejar nuestros datos. Y esos son datos sensibles. No es lo mismo compartir datos sensibles que datos personales.
Los datos que maneja la Anses son sensibles.
Habría que ver qué pasa con el tema de los datos de la Anses. Porque hay preocupación, por ejemplo en el ámbito de los periodistas. Hubo un cuestionamiento también de medios más oficialistas. Además, los políticos también son espiados. Y son ciudadanos. Esto tiene que, no digo preocupar, pero sí llamar la atención de todos los partidos políticos. Y además, cada vez más van a suceder estas cuestiones relacionadas con los datos personales, la información en internet, etc. Es importante que también los políticos manejen información, porque no hay una solución única. Para eso hay que elegir, porque si no las grandes empresas tecnológicas van a estar en la puerta de todos los despachos.Microsoft va a decir siempre que tiene el mejor software para Conectar Igualdad. Ellos hacen su trabajo, ganan plata. Pero de eso se trata la soberanía tecnológica, de pensar: ¿tenemos otra opción? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos antes de comprarle al primero que venga.
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¿Puede haber algún tipo de manipulación de la información de la Anses?
Con esa base de datos se le puede mandar un mensaje a quien uno quiera. Después, importa qué se va a hacer y para qué. No tengo esa respuesta. Hay una estrategia clara de este gobierno de llegar a la población a través de internet. Un informe de pauta señaló que los dos grandes lugares donde fueron son Google y Facebook. En la Secretaría de Comunicación Pública (que depende de la Jefatura de Gabinete) está trabajando mucha gente. Se nota. El tema es cómo controlar eso. Sabemos que cuando asumió este gobierno echó empleados públicos según lo que publicaban en las redes sociales. Lo sabemos. Nos consta. Esa información está ahí, el asunto es cómo se usa. Probablemente puedan utilizarla para llevar determinados mensajes a distintas zonas. Estamos hablando de buena fe, pero no hay que ser ingenuos, y no solo con este gobierno. Pero tenemos que confiar.
"Sabemos que cuando asumió este gobierno echó empleados públicos según lo que publicaban en las redes sociales. Lo sabemos. Nos consta".
¿Da para confiar?
Tenemos que ser conscientes de que tienen que respetar nuestros derechos, y también tenemos que saber cómo se usa esa información. No podemos seguir pagando con monedas en lugar de la SUBE, sería ridículo. El tema es que eso esté protegido y se use para lo que se nos dice que se va a usar. Y si un estado es moderno y hace uso de la tecnología, tendría que respetarlo, porque es la forma moderna de hacer las cosas. Antes, para sacar el DNI se completaban los papeles en el mismo momento y te ponían un sello. Era una información que probablemente no se compartiera. Hoy, completamos la información y en tres minutos tenemos un DNI nuevo. Esa información está ahí, circula y se comparte entre dependencias del Estado. Y está bien, porque facilita hacer los trámites en menos tiempo.
Pero también aportamos nuestros datos biométricos.
El tema de Sibios, que es un programa que se creó durante el gobierno anterior, tendría que ser evaluado. Pero todas estas cuestiones no van a avanzar si no hay una conciencia más clara. Es difícil, porque aunque uno no tenga nada que esconder, la privacidad es la base primera de la libre expresión. Sin una privacidad que no va a ser resguardada, la gente no se va a exponer. Hoy vivimos en una democracia, pero lo vemos en otros países con gobiernos totalitarios, o donde cambia el régimen, y esa información que antes era utilizada con un fin específico puede ser utilizada para otro. Tenemos que confiar que esa información va a seguir siendo privada. Si no, tenemos que cuidar nosotros nuestra privacidad. Podemos ocultar información. Si no queremos dar un dato podemos mentir, tenemos ese derecho. No a un organismo oficial, pero podemos elegir. Si no podemos asegurarnos de que haya transparencia, podemos ser más oscuros. Y eso es un derecho, es proteger la información.
Además, hay una ley.
Sí, la Ley de Protección de Datos Personales, es del año 2000.
¿No quedó obsoleta?
Lo que cambió es la cantidad de información que podemos tener digitalizada y también la cantidad de cosas que el Estado puede hacer para facilitarnos la vida. La ley está más orientada a las empresas privadas, que tienen que registrar sus bases de datos periódicamente, son controladas, tienen que decir que información utilizan, pero desde el Estado quizá se tendría que hacer alguna modificación. También hay una Defensoría de Protección de Datos Personales en la Ciudad.
Otro tema sensible es el sistema de voto electrónico. ¿Es confiable?
Decimos que queremos voto electrónico en todo el país en 2017 porque es rápido y seguro. Pero la rapidez no figura en la Ley Electoral como un requisito. El requisito del voto es que sea secreto y obligatorio, que resguarde la identidad. Y eso los sistemas del voto electrónico no lo garantizan. Nadie dice que en algún momento no vamos a poder llegar a un sistema de voto electrónico, pero hoy, en la Argentina, y en el mundo, el voto electrónico no es seguro. Todo sistema de voto electrónico es vulnerable. Está comprobado. No lo digo yo, lo dicen los especialistas.
"El requisito del voto es que sea secreto y obligatorio, que resguarde la identidad. Y eso los sistemas del voto electrónico no lo garantizan".
Hubo países que lo utilizaron y volvieron al voto manual.
Sí, por ejemplo Alemania, donde se dejó de usar. Si un país como Alemania, con gran capacidad de inversión en tecnología e innovación, porque tiene la capacidad económica y técnica, volvió para atrás y no lo utiliza… O Inglaterra, o los países nórdicos… Deberíamos preguntarnos por qué dejaron de usarlo. Pensemos que de los más de doscientos países que hay en el mundo, solo siete lo usan.





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