domingo 09 de octubre de 2016
MODELO PARA DESARMAR
PLAN PRODUCTIVO NACIONAL DEL GOBIERNO, LOS FINES DEL
MODELO DE DESINDUSTRIALIZACIÓN NO REVELADOS
Volver al mundo, con pasajes para pocos
Cierre de plantas y suspensiones en la industria. El proyecto contempla que hay sectores industriales "inviables" que deberán reconvertirse.
El proyecto económico del Gobierno, el denominado Plan Productivo Nacional, no se presentó integralmente, pero Página/12 tuvo acceso a sus ejes principales. Las consecuencias, una brutal reprimarización económica, poco espacio para la industria y torniquete a los "costos laborales".
Por Raúl Dellatorre
Con palabras amables, los ministros de la Producción y de Trabajo van recorriendo diferentes ámbitos empresarios para invitarlos a discutir sobre "un nuevo modelo de desarrollo, que genere las condiciones para la creación de más y mejores empleos". Con propuestas vagas, muchas de ellas rayanas en la obviedad, simulan la búsqueda de definiciones consensuadas que, en realidad, encubren un esquema ya armado y delineado hasta en sus pasos de ejecución. El denominado "plan productivo nacional" no es un "modelo para armar" como se lo presenta, sino un proyecto que ya tiene calificados a los sectores según su "viabilidad" o "competitividad" y sobre los cuales trabajará: con los primeros, para convertirlos en "motores de la nueva economía", fundamentalmente los ligados a los agronegocios. Con los últimos, para su "reconversión", es decir transformar a las unidades económicas para que migren hacia otra actividad o, directamente, se conviertan en importadores. Con los testimonios recogidos en distintos encuentros entre gobierno y empresa, y a través del acceso a algún material oficial no publicado, Página/12 pudo conocer los ejes de la propuesta oficial que reconoce a Australia como su modelo económico de referencia. De dicho modelo, suelen mencionar los funcionarios que goza de un producto bruto per cápita que triplica al de Argentina. Lo que no mencionan es que es un país que abandonó todo perfil industrial manufacturero para concentrarse en la producción agrícola exportadora, la minería y los servicios. Y que Argentina no cuenta con los recursos mineros de Australia, pero sí con el doble de población que el país oceánico. Adoptar el modelo australiano exigiría definir qué hacer con los millones de trabajadores que se desempeñan en la industria mano de obra intensiva o dependen de ella.
En cada encuentro empresario que va organizando el gobierno, el plan productivo nacional se va lanzando en cuentagotas, nunca como una formulación integral. Existe, sin embargo, una hoja de ruta para alcanzar la aplicación ese plan que, de acuerdo al ámbito de que se trate, los integrantes del gabinete abren a la consideración en mayor o menor medida. Los elementos fundamentales de dicho proyecto se pueden resumir de la siguiente manera.
El "futuro productivo de nuestro país" estará definido según los resultados de "las políticas orientadas a aumentar la productividad, tanto mediante la reducción del costo del capital como en la mejora del capital humano y la productividad laboral". En este sentido, se afirma en la propuesta que "la Argentina está en la puerta de una verdadera revolución que comenzó con la salida del cepo y el arreglo del litigio de los holdouts", lo cual permitirá, según augura, "obtener el costo del financiamiento más bajo de la historia". En cuanto a la productividad laboral, se menciona explícitamente la necesidad de "reducir los costos del ausentismo y la litigiosidad laboral", una forma elíptica de referirse a la reducción de derechos del trabajo que ya había aparecido como la fórmula deseada en el reciente Foro de Inversiones realizado en el Centro Cultural Kirchner, con la presencia de CEO globales de algunas de las firmas más poderosas que operan en el país.
Uno de los aspectos no difundidos del proyecto es la estrategia que se manejará desde el gobierno con los diferentes sectores económicos, a los cuales se los segmenta de acuerdo al siguiente criterio:
* Sectores con alta competitividad, entre los que menciona a los agroexpoortadores, con eje en granos, aceites vegetales y molinería; y otros del rubro alimenticio.
* Sectores de media competitividad, como la biotecnología, el software y otros servicios profesionales.
* Sectores de baja competitividad, a su vez dividido en un subsector "latente, con posibilidades mínimas de crecimiento", entre los que se menciona la industria automotriz, de autopartes, maquinaria agrícola y medicamentos. Y otro subsector al que eufemísticamente señala como "sensibles a reconvertir", como serían los del calzado, el textil y la electrónica.
Los desplazados
Claramente, la definición sobre viabilidad o no de cada sector aparece en este esquema estrechamente ligada a sus condiciones de subsistir en una economía extremadamente abierta para el capital, los servicios y las mercancías. El resultado sería una reprimarización de la economía, en primera instancia, y luego la suma de aquellos sectores que sean elegidos por las transnacionales para hacer pie en el país como radicación para alguna de sus filiales, si los costos comparativos les resultan convenientes. Es decir, bajos costos laborales y ventajas impositivas atrayentes.
En este esquema, la industria manufacturera, fundamentalmente la vinculada a la pequeña y mediana empresa, quedaría en una situación relegada, no sólo porque no daría con los estándares de competitividad planteados, sino que además se trata de un modelo que no apuesta al consumo interno como impulsor (es un esquema de salarios bajos para la mayoría, y salarios altos para pocos "empleos de calidad"), sino que hace eje en el mercado externo. Explícitamente, el proyecto postula una "integración inteligente al mundo" consistente en la "atracción de nuevas inversiones productivas" y "la apertura de nuevos mercados internacionales" para los productos argentinos. La industria de la indumentaria, en general, y la electrónica son mencionados explícitamente como los rubros con un futuro difícil en este esquema.
La estrategia de crecimiento que plantea el plan productivo nacional de Cambiemos toma como ejemplo emblemático el caso de Australia, en cuanto a "generación de empleo de calidad por medio de una apertura gradual y una reconversión productiva". La meta alcanzada, según el proyecto, es poseer hoy un producto bruto per cápita que es tres veces el vigente en Argentina. Pero un modelo al cual Argentina sólo podría adaptarse barriendo con la mayor parte de su industria manufacturera, reduciendo salarios en dólares para "hacerlos competitivos" con el mundo y luego de pasar por el tamiz de la competencia de los importados.
Reacciones
La frase clave de la propuesta oficial es la "productividad laboral". Esta semana, Francisco Cabrera, ministro de Industria, participó de un encuentro con empresarios del sector de la indumentaria, textiles y calzados. Hizo un breve discurso, que quiso ser casi un saludo y que no demoró más de diez minutos. Pero algunos aspectos de su alocución, y sobre todo lo que no dijo, provocó una reacción fuera de programa, que inclusive siguió después que se retirara. Su intervención se refirió a los "logros" del gobierno en materia de eliminar "el cepo", el "regreso a los mercados de crédito" y a un futuro económico auspicioso. Al terminar, entre miradas cruzadas de empresarios que dudaban en intervenir o no, se hizo oir la voz de uno de los dirigentes sindicales presentes, que tras repasar las suspensiones de trabajadores, los cierres de plantas y la caída de la demanda para el sector, le reclamó al funcionario: "Hagan algo, las importaciones nos están matando". La respuesta de Cabrera descolocó aún más a los empresarios que lo rodeaban. "Usted qué quiere? Que volvamos a una economía totalmente cerrada como teníamos?".
Alguien, desde un lugar cercano al que ocupaba el sindicalista, comentó por lo bajo, en referencia al equipo económico: "estos son talibanes de la apertura". Uno de los dirigentes empresarios de la entidad organizadora le recordó al ministro, en tanto, que las importaciones crecieron este año un 20 por ciento, sobre cifras que ya el año pasado no estaban en cero. No existía un mercado totalmente cerrado, había importaciones, pero ahora con un mercado reducido la situación es mucho peor. Otro dirigente empresario, desde la platea, comentó en voz baja: "¿Por qué dice 20 por ciento? Si en indumentaria la importación subió más de un 40 por ciento". Quien estaba a su lado le respondió: "Le dio la cifra global de la industria textil, seguramente para no incomodarlo".
Cabrera, en tono amable, le pidió a su amable interlocutor que le acerque las cifras, que no eran las que él tenía y que las iba a revisar. Y que, por supuesto, se ocuparía del tema para volver a conversarlo. Prometió a los presentes, para clausurar el tema, que hacia fin de año la situación se irá equilibrando. Quienes lo siguen, aseguran que siempre recurre al mismo mecanismo: jamás discute ni se traba en posiciones irreductibles.
La discusión siguió luego entre empresarios. Hay quienes interpretan que la formulación del gobierno les preanuncia que ellos, los industriales de los llamados "sectores sensibles", ya están declarados fuera de juego. "Van a seguir entrando importaciones, les interesa más equilibrar los precios que mantener la producción o el empleo. Nos condenan a corto plazo", sostienen. Otros, en cambio, ven o quieren ver la situación como una tormenta pasajera, y que en todo caso las formulaciones del modelo industrial que proponen es un asunto de muy largo plazo. Esperan ver una recuperación a principios del año próximo, aunque no tienen en qué sustentarlo. Y no dejan de destacar "los buenos modales" de los actuales funcionarios, aunque el destino sea, para quienes así piensan, incierto.
CABRERA ANTE DISTINTOS FOROS EMPRESARIOS
Receta no accesible para todos
Por Raúl Dellatorre
En las últimas dos semanas, el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, participó en tres encuentros empresarios diferentes en los que se refirió al Plan Productivo Nacional, pero en los tres los abordó de diferente forma. Frente a empresarios pymes del sector textil e indumentaria –una de las franjas de actividad industrial que aparecen en el proyecto oficial con menos futuro–, planteó la propuesta en un horizonte de largo plazo, en un camino orientado fundamentalmente por la inversión en infraestructura "para reducir los costos logísticos", y la innovación y tecnología "para crear más y mejores empleos".
En una reunión con directivos de la Unión Industrial, Cabrera – en esa oportunidad acompañado por Jorge Triaca, de Trabajo – definió el plan a través de "Ocho pilares", compuesto de ideas generales de mejora de gestión en diferentes áreas, sin definir objetivos ni su implementación.
Ante el V Foro Nacional de Agronegocios, un evento convocado entre otros por Gustavo Grobocopatel, el ministro fue más directo. "Pusimos en marcha el Plan Productivo nacional, que tiene como meta la generación de nuevos puestos de trabajo de calidad", señaló, y apuntó como los primeros pasos del mismo "la eliminación de las retenciones a granos y carnes, y el anuncio del sendero para la reducción de las retenciones a la soja; sabemos que si el campo crece, también lo hace en paralelo la industria con sus productos asociados, y eso significa que crecemos todos los argentinos". Directos beneficiarios del plan, los presentes aplaudieron satisfechos.
ALFONSO PRAT-GAY, VISTO DESDE EL FONDO
"Valiente y progresista"
EL FMI celebró el cambio de hoja de ruta de Argentina y lo reflejó en sus documentos. El ministro de Hacienda ocupa el lugar que antes tuvieron Cavallo y Martínez de Hoz: el alumno ejemplar.
Alfonso Prat-Gay, un paso estelar por la Asamblea del FMI.
Por Federico Kucher
El Gobierno viajó esta semana a Washington para participar en la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, encabezó la comitiva y se llevó todos los elogios. Los directores de estas instituciones de crédito internacional lo calificaron de economista "brillante", "valiente" y "progresista". El FMI aprovechó el evento para festejar el cambio en la hoja de ruta económica del país en los últimos meses. Resaltó la enorme cooperación que recibió del nuevo Gobierno y celebró la devaluación, la apertura de importaciones y el ajuste sobre el gasto público aplicado a partir de diciembre pasado. Prat-Gay se comprometió ante Christine Lagarde, la titular del Fondo, a hacer público el resultado de la auditoria de las estadísticas en noviembre. La Argentina, al igual que en los ´90, volvió a ser un buen alumno del FMI, organismo que ya le empezó a dar consejos sobre cómo seguir el ajuste.
El FMI presentó una actualización de su informe Perspectivas Económicas para las Américas en los paneles de la asamblea anual y se concentró en subrayar el giro de la Argentina, poniendo al país de ejemplo para el resto de la región. "Marchan las reformas orientadas a corregir los persistentes desequilibrios macroeconómicos y las distorsiones microeconómicas que se heredaron del gobierno anterior. Se ha avanzado mucho desde que el nuevo gobierno entró en funciones en diciembre del año pasado, por ejemplo en la unificación del tipo de cambio, la normalización de las relaciones con los acreedores, la realineación de los precios de los servicios públicos (suba de tarifas) y la eliminación de otras distorsiones, incluidos impuestos a las exportaciones (quita de retenciones) y los controles de capital (permiso para compra irrestricta de dólares)".
Los técnicos del organismo, que en septiembre vinieron al país para armar la auditoría estadística, usaron el evento para repetir el relato de Cambiemos. "La nueva gestión tuvo que enfrentar una herencia con distorsiones económicas excesivas. La Argentina estaba ante un ajuste inevitable", dijo Alejandro Werner, economista jefe del FMI para el Hemisferio Occidental. Los indicadores macroeconómicos, pese a la aprobación del Fondo, no registraron cambios significativos respecto de años anteriores e, incluso, desde una perspectiva ortodoxa, empeoraron. El consenso de las consultoras del mercado indica que el déficit fiscal cerrará este año en 5 puntos del PIB, mientras que el desequilibrio de la cuenta corriente (salida neta de dólares comerciales y de servicios) será de 3 puntos, la inflación de 40 por ciento, contra el 26 de 2015, y la competitividad cambiaria (tipo de cambio real) finalizará en niveles idénticos a los del año pasado.
La diferencia notable en 2016, además del retroceso del salario real, el aumento de la desocupación y, por tanto, la caída del consumo de la población, es el regreso a un proceso de endeudamiento externo, que en lo que va del año implicó la suba de los pasivos en torno a 10 puntos del PIB. Un país endeudado, que lo limita para tomar decisiones autónomas en materia de política económica, es la situación ideal para el Fondo Monetario. "El FMI ayuda al mercado financiero internacional y a los bancos extranjeros a exprimir a los países hasta la última gota. Este gobierno va en la dirección de las políticas que siempre ha pedido el Fondo, que son las que nos llevaron a las peores crisis. Llaman la pesada herencia al desendeudamiento del país pero la verdadera pesada herencia es la que va a dejar Mauricio Macri", planteó el ex ministro de Economía Axel Kicillof.
El organismo a cargo de Christine Lagarde no sólo hizo un balance de los últimos meses de la gestión económica sino que marcó cuál debe ser la agenda, donde pidió redoblar los esfuerzos para achicar el gasto público y un Banco Central despreocupado por la marcha de la actividad económica y el empleo. "Para lograr un crecimiento fuerte, sostenible y equitativo, se requerirá reducir los desbalances fiscales y enfocar la política monetaria hacia una caída sostenida de la inflación", concluyó.
NI ERRORES NI EXCESOS, UNA POLÍTICA DE DISCIPLINAMIENTO
Estado Penitencia
Las torturas a dos adolescentes en una villa de la Capital son parte de una política que no busca combatir el delito sino disciplinar a los varones jóvenes de las clases subordinadas, ante la creciente desigualdad. Sólo en el 0,3 por ciento de los operativos de control poblacional que violan derechos y libertades aparece algún delito menor. Un estudio flamante muestra que se trata de prácticas sistemáticas y deliberadas.
El acto del jueves que forzó al gobierno a romper el mutismo y el rostro
conmovido de Ezequiel frente al pañuelo que evoca a otras víctimas de
otra forma del terror.
conmovido de Ezequiel frente al pañuelo que evoca a otras víctimas de
otra forma del terror.
Por Horacio Verbitsky
Los datos oficiales son incontrastables. En los primeros tres meses de los operativos de control poblacional las fuerzas de seguridad interceptaron a 150.000 personas, de las cuales 450 resultaron detenidas "por distintos motivos, en su mayoría evadidos de la Justicia que portaban documentación falsa y que tenían estupefacientes". Es decir que sólo dieron tan magro resultado el 0,3 por ciento. En el abrumador 99,7 por ciento restante esos procedimientos que vulneran derechos constitucionales como la libertad y la privacidad, además fueron ineficaces para cualquier finalidad útil y legítima. ¿Por qué se realizan, entonces? Esa práctica generó grandes polémicas en Estados Unidos, donde se denomina "stop and frisk", que significa parar y registrar. Ante una demanda del Center for Constitucional Rights la justicia encontró culpable a la policía de Nueva York de aplicar un modelo y de seguir una práctica inconstitucional de discriminación racial, lo que llevó a un proceso de reforma policial en curso. Suprimidos esos operativos, el delito disminuyó. El diario sensacionalista New York Daily News se disculpó: "Estábamos equivocados"."
Desde el gueto
Conviene atender a lo que las palabras dicen: "Operativos de Control Poblacional" es la denominación que el Ministerio de Seguridad ha dado a esos procedimientos. Y en eso consisten: no se trata de combatir la denominada inseguridad sino de controlar a la población mediante el empleo de todas las fuerzas federales y locales. Y no a cualquier población. Los operativos se concentran en los barrios populares y el objetivo principal son los varones jóvenes, en una versión light de la barbarie que caracteriza la relación de las policías de los Estados Unidos con los jóvenes afroamericanos y que ha generado como respuesta el movimiento Black Lives Matter (las vidas negras cuentan). Los criterios que utilizan las fuerzas argentinas se encubren bajo la denominación genérica de olfato policial. En Estados Unidos el cariz racial ofusca la percepción de su carácter clasista. En la Argentina no hay duda posible. En ambos lados, esas conductas acompañan una profundización de la desigualdad y la concentración del ingreso, el avance del Estado Penitencia que sucede al retiro del Estado Providencia, según la definición precisa del sociólogo francés radicado en Estados Unidos Loïc Wacquant.
El jueves, una gran concentración frente a la garita de Prefectura en la esquina de Osvaldo Cruz e Iguazú, en el complejo habitacional que comprende las villas 21 y 24 y el Barrio Zavaleta, protestó por las torturas que una docena de prefectos infligieron en ese mismo lugar a dos adolescentes que les entregó la Policía Federal, Ivan Navarro y Ezequiel Villanueva Moya. Es el asentamiento precario más grande de la ciudad, donde viven 33.000 personas. La garita estaba cerrada mientras se desarrolló el acto, pero un desmesurado contingente de gendarmes y policías federales recorrían el barrio, mientras móviles de Prefectura y de la Policía Metropolitana patrullaban su perímetro como si fuera un gigantesco gueto urbano. Sólo faltaba la Policía de la Ciudad, que se estaba reponiendo de las fatigas de la actuación del miércoles con sus uniformes y helicópteros de fantasía. Durante días, el Ministerio de Seguridad no se pronunció y delegó el manejo de la información en la propia Prefectura. Es lógico, porque los prefectos siguieron la luz verde que el Ministerio les dio, con su Protocolo de actuación en casos de protestas sociales (que no pudo poner en práctica dado que ni las jurisdicciones más afines lo tomaron en cuenta por disparatado) y con las actitudes de la ministra Patricia Bullrich ante episodios previos, como los escopetazos disparados contra los chicos de una murga que ensayaba en otra villa, la del Bajo Flores. Un comunicado de la Prefectura sostuvo que los siete agentes ya identificados y detenidos por orden judicial en el penal de Marcos Paz habían sido dados de baja. El comunicado fue leído desde el palco de la revista La Garganta Poderosa, cuya bandera lucía las imágenes de Rodolfo Walsh, Luciano Arruga y Juana Azurduy. El orador dijo que no había sido la Prefectura sino la movilización de todos los presentes la que había dado de baja a los prefectos. La rápida reacción de las víctimas y de la revista visibilizó lo sucedido y la inmediata presencia de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) no dejó otra salida a la jueza María Gabriela Lanz que ordenar las detenciones.
Realidad virtual
Pero fue necesario el acto del jueves, que alcanzó la tapa de este diario el viernes, para que recién ese día el Director de Seguimiento de Causas de Violencia Institucional y Delitos de Interés Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Daniel Barberis, emitiera una declaración según la cual los prefectos "involucrados en el aberrante suceso" (Leandro Antúnez, Eduardo Sandoval, Osvaldo Ertel, Ramón Falcón, Yamil Marsilli, Félix Demiranda y Orlando Benitez) fueron dados de baja. "Estas medidas son las más contundentes pues implican la desvinculación de la Fuerza y la pérdida de todos los beneficios" y constituirían "un mensaje claro a todos los miembros de las Fuerzas de Seguridad, para marcar una línea de conducta", agregó. Dar de baja es una expresión coloquial, que no figura en las leyes y reglamentos policiales, que van desde el apercibimiento hasta la exoneración, por supuesto luego de un cuidadoso procedimiento administrativo que en este caso no hay constancias de que se haya iniciado, lo cual puede ser un arma de doble filo. Esta reacción gubernativa ante la demanda social es la estrategia de sacar la manzana podrida, pero no se ha anunciado ninguna investigación sobre qué sucedió en el operativo, quién estaba a cargo, qué rol cumplió la Policía Federal y cuáles son las directivas oficiales al personal. Ni la Dirección de Barberis, ni la de Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Matías Garrido, tienen ningún trabajo de fondo ni poder para modificar las políticas vigentes ni cambiar las prácticas policiales. Todo lo que hicieron fue gestionar el escándalo político y mediático que se generó a raíz del Poder de la Garganta para visibilizar lo que no es más que un procedimiento de rutina.
Su ostensible propósito de disciplinamiento es parte integral del programa de gobierno de la Alianza Cambiemos, no para mejorar la seguridad sino para someter por el temor a la población más desaventajada, e impedir que reaccione ante las políticas oficiales que consisten en privarlos de derechos, bienes materiales y simbólicos. Para justificarlo fue necesario instalar la idea de una grave crisis de seguridad, de la cual el estereotipo con mayor aptitud sugestiva es el del narcotráfico. Sin desmayo desde el 10 de diciembre pasado, el presidente Maurizio Macrì incluye la lucha contra "ese flagelo" (denominación que ya connota una calamidad) como clave de su gestión, junto con la reducción a cero de la pobreza y la unión de los argentinos. Esos slogans proselitistas carecen de toda entidad. Lejos de disminuir, la pobreza va en acelerado aumento (cualquiera sea el instrumento de medición que se aplique); las confrontaciones políticas son tan nítidas y legítimas como siempre y fue el llamado zar antidrogas de Estados Unidos, William Brownfield, quien durante su primera visita para coordinar políticas, dijo que la Argentina sigue siendo un país de tránsito pero no productor de drogas. La emergencia de seguridad (que primero declaró el Hada Buena en Buenos Aires para comprar material sin licitación) es una realidad virtual creada por la política y los medios para justificar un dispositivo de represión, no al delito ni la droga, que no existirían sin la participación de las fuerzas, sino al conflicto social.
Texto y contexto
Un estudio flamante sobre hostigamiento policial a jóvenes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado por el CELS y por el Equipo de Antropología Jurídica que dirige Sofía Tiscornia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA*, centró la investigación en la Villa 21-24 de Barracas, por lo que sus datos son inapreciables para comprender lo que les sucedió a Ivan y Ezequiel el sábado de la semana anterior.
El informe analiza las construcciones ideológicas, las prácticas y las políticas públicas que hacen admisible que en la misma ciudad coexistan barrios y espacios sociales protegidos o vigilados. A los primeros se los presenta como merecedores de protección y cuidado mientras los otros son tenidos como peligrosos y fuente de ilegalidades y delitos. Así se confrontan también dos concepciones antagónicas de la seguridad: una, de raíz totalitaria, es la seguridad del Estado frente a la sociedad, la otra, democrática, la seguridad de las personas y grupos sociales para el ejercicio de sus derechos y libertades. Estas tendencias se despliegan en el marco de un crecimiento sostenido de las villas y asentamientos en la Capital Federal, que entre 1962 y 2010 crecieron un 50 por ciento en cantidad, casi duplicaron su superficie y multiplicaron por cuatro su población.
Con datos del programa de acceso a la justicia de la Procuración General de la Nación (Atajo), el informe sostiene que el operativo Cinturón Sur que el anterior gobierno puso en marcha en los barrios del sur de la ciudad, tuvo una recepción inicial positiva porque implicó el desplazamiento de los efectivos de la Policía Federal, autores de abusos sobre la población y/o de protección de grupos ligados a mercados ilegales. En cambio el trato de gendarmes y prefectos era amable y respetuoso y tanto los vecinos como distintos agentes estatales destacaban una mayor tranquilidad en el barrio en materia de libre circulación y una menor conflictividad. También se verificó una relativa disminución de homicidios en esa zona de la Ciudad, especialmente relevante ya que según los informes producidos entre 2010 y 2012 por la Corte Suprema de Justicia bajo la dirección de su ex ministro Raúl Zaffaroni en la denominada medialuna sur (que incluye las Comunas 1, 4, 7, 8 y 9) se produce el 63 por ciento de los homicidios, con una tasa de 10 por cada 100 mil habitantes, tres veces mayor a la de 3,05 cada 100 mil que presenta el resto de la Ciudad y que está entre las más bajas del mundo. Pero esa tendencia se revirtió a partir de 2013, con un número significativo de casos producidos por las propias fuerzas de seguridad. Entre 2013 y 2014, la participación de funcionarios policiales en homicidios dolosos creció de 9,1 a 12,2 por ciento. A ello se sumaron reclamos por maltratos, tan habituales que Atajo elaboró el material informativo "Jóvenes y Fuerzas de Seguridad" en el que se glosan derechos y se enumeran prácticas de las fuerzas de seguridad que son caracterizadas como violencia institucional y que deben ser denunciadas: detenciones reiteradas por averiguación de identidad, requisas sin motivo aparente, verdugueos, retención del documento de identidad, privación ilegítima de la libertad, armado de causas, obligar a los detenidos a subirse a móviles sin identificación o pasearlos en patrullero, tomarles declaración, mantenerlos incomunicados, hacerlos examinar por personal no médico, sacarles fotos y exhibirlas. También la Procuvin publicó el año pasado un informe sobre "Violencia policial sobre niños, niñas y adolescentes". La Policía Federal es la institución con mayor cantidad de denuncias (75 por ciento). Más de la mitad se concentran en las comisarías con jurisdicción en los barrios de la zona sur de la ciudad: Abasto (comisaría 9ª), Flores (38ª), Lugano (48ª), Constitución (16ª), San Cristóbal (8ª), Parque Avellaneda (40ª), Versalles (44ª), La Boca (24ª), Retiro (15ª), Barracas (28ª) y Lugano (37ª). Le sigue la Policía Metropolitana, con 14 por ciento de las denuncias y una concentración del 82 por ciento en la comisaría de la Comuna 4 (Parque Patricios, La Boca, Barracas y Nueva Pompeya). El restante 14 por ciento de las denuncias correspondió a los gendarmes y prefectos del Operativo Cinturón Sur. Cualquiera sea la fuerza, las denuncias se concentran en la zona sur de la ciudad. El 93 por ciento de las víctimas son varones (el más joven, de apenas 10 años) y dos tercios tienen entre 16 y 17 años. Casi todos (95 por ciento) denunciaron haber sido golpeados, 9 de cada 10 son argentinos y el 87 por ciento contaba con documento de identidad al momento de su detención, lo cual contradice los mitos circulantes. Con frecuencia se utilizan esposas como instrumento de hostigamiento y producción de dolor, se amedrenta con armas de fuego (culatazos, apuntar con el arma cargada, disparando al aire) También se mencionan acosos, toma de fotografías, requisas vejatorias, desvinculación familiar, negativa a explicar a los jóvenes sus derechos al momento de la detención. En cuatro casos se denunció la aplicación de picana eléctrica y en dos el empleo de gas pimienta.
Los investigadores descubrieron que el hostigamiento y la violencia policial articulan prácticas legales y procedimientos formales con otras arbitrarias, abusivas e ilegales, cuyas fronteras no son claras y evidentes. En su enumeración hay amenazas, abusos y violencia en distinto grado, que no dan lugar a ninguna intervención institucional ni repercusión porque se toman como parte del orden habitual. Las situaciones abusivas, violentas y/o de destrato y arbitrariedad, llegan hasta prácticas delictivas como golpes, malos tratos e insultos, rotura de objetos, amenazas y robo, con la presencia de funcionarios policiales en las casas. Incluye situaciones de riesgo y violencia entre vecinos en las que las fuerzas no intervienen o por el contrario, lo hacen en forma temeraria que incrementa los niveles de violencia y riesgo. Por ejemplo, gendarmes que ametralladora en mano ordenan a los adolescentes que después de las diez de la noche se recluyan en sus casas, los ponen contra la pared, los revisan, los patean. En algunos barrios, los relatos juveniles dan cuenta de la presencia de "la Brigada" de prevención de la Policía Federal, a la que describen como "delincuentes con uniforme" (aunque no lo usan y se desplazan en autos sin identificación y con vidrios polarizados). También abundan las provocaciones, amenazas y extorsiones policiales a grupos de jóvenes reunidos en placitas, canchas u otros espacios públicos. El relato más espectacular que recogieron fue un operativo masivo en la Villa 20. La policía detuvo a un grupo de menores de edad que jugaban al fútbol, los esposó y los subió a una camioneta para llevarlos a la comisaría. La reacción de los vecinos, que apedrearon a los policías y prendieron fuego a un auto para bloquear el paso impidió que se los llevaran. Jóvenes y vecinos de la Villa 21-24 refieren una "nueva moda" de la Prefectura: "Se llevan a los pibes por atrás de la cancha de Huracán. Les ponen un buzo en la cabeza, los re cagan a palos y los dejan tirados por el hospital". Los jóvenes asocian esa práctica con el fallo Vera del Tribunal Superior de la Ciudad, por el que, dicen, "te pueden parar sin DNI en la Capital".
El Programa Atajo es una de las oficinas del Estado que tiene mayor presencia en la villa 21-24. Desde que abrió sus puertas a mediados de 2014, su oficina tramitó, asesoró, derivó y/o articuló con otras dependencias 18 denuncias formales por amenazas, detenciones precedidas de golpes, exhibición y/o disparos de arma de fuego. La mayoría de las denuncias y consultas son por allanamientos del grupo GEOF y personal especializado en drogas de la Policía Federal, Prefectura Nacional y Policía Metropolitana e incluyen roturas, robos y malos tratos durante el procedimiento. Las prácticas de hostigamiento varían según la fuerza de seguridad. Prefectura y Gendarmería efectúan controles vehiculares, obligan a los jóvenes a bajar del vehículo, les piden documentos, los hacen parar contra la pared, los requisan y sacan fotos de sus pertenencias, los empujan y maltratan. La Policía Federal y en particular su Cuerpo de Prevención Barrial actúan sobre el uso y permanencia de los jóvenes en el espacio público (en plazas, esquinas y pasillos), que quieren siempre despejados. La Gendarmería hostiga en especial a los jóvenes en situación de calle con consumo de pasta base. Entre sus prácticas descriptas se destacan las requisas y pedidos reiterados de documentos, el constante verdugueo e inclusive golpes propinados dentro de las garitas donde, en palabras de los vecinos, "los encierran para molerlos a palos" o les inician causas; mientras "hacen la vista gorda con los transas y con los que roban, a quienes luego les piden plata". Un caso trascendió porque dos agentes institucionales (Nahuel y Eugenia, trabajadores de la Casa de la Cultura, militantes, docentes en el barrio, ligados a una trama de instituciones y organizaciones sociales con un fuerte asiento territorial) intervinieron en defensa de jóvenes del barrio y resultaron también víctimas. Un grupo de adolescentes escuchaba música frente a la casa de uno de ellos. Cuatro prefectos los abordaron en forma violenta, los pusieron contra las rejas y con golpes e insultos les ordenaron que se fueran a sus casas. "Cerrá el orto sindicalista de mierda, no te metás", fue la respuesta de un prefecto ante la intervención de Nahuel, a quien se sumó luego Eugenia. "¿Y cuando uno de estos villeros de mierda te robe el celular a vos o a ella?", dijo el prefecto como justificación de sus actos, mientras arribaban cerca de ochenta policías de la Federal. Cuando intentaron filmar ese despliegue desmesurado los sometieron a una requisa que no ahorró golpes, patadas, manoseos violentos, insultos y amenazas a Nahuel y Eugenia. Una práctica habitual devino así un caso testigo y su denuncia adquirió aún mayor visibilidad cuando fue relatado durante un acto en el barrio por el día de la Lucha contra la Violencia Institucional. El ejercicio arbitrario y violento del poder suele expresarse como conflicto interpersonal toda vez que la posibilidad de denuncia no ofrece para el joven que lo padeció más que un mayor riesgo y exposición a los arbitrios de ese agente. Y cuando desde el interior de alguna institución se intentan excluir los modos violentos de proceder en las rutinas policiales, puede ser el denunciante el que resulte excluido, como le ocurrió a un cabo del Cuerpo de Prevención Barrial de la policía. Por ello resulta indispensable contar con dispositivos y mecanismos en las fuerzas de seguridad para evitar la comisión de prácticas abusivas y violentas y con el control político de las fuerzas por parte del Ministerio de Seguridad, es decir aquello que la actual gestión desmanteló.
* El equipo de investigación está integrado por María Victoria Pita, Florencia Corbelle, Florencia Brescia, Ludmila Schoenle y Martín Locarnini.
OPINIÓN
Propaganda estatal contra la política
Por Edgardo Mocca
Hace un tiempo se levantaron las voces indignadas de siempre para impugnar la creación del cargo de secretario de Planificación Estratégica para el Pensamiento Nacional, nombre ciertamente desdichado para designar el propósito de sistematizar los grandes debates históricos que acompañaron el camino político que nos llevó a ser el país que somos. Claramente la acusación político-intelectual estaba dirigida contra el intervencionismo estatal dirigido, en este caso, a convertir en bien público el conocimiento y discusión sobre la historia del pensamiento argentino. Ahora tenemos un jefe de Contenidos y Estrategia Digital de Presidencia de la Nación. No estaría mal que se expusiera y fundamentara la existencia de esta tan particular responsabilidad que ha asumido el gobierno, porque a primera vista aparece como una versión posmoderna y neoliberal del añejo responsable de agitación y propaganda. Este es, sin duda, un tipo especial de intervencionismo estatal, el que interviene proactivamente en la formación de la conciencia social. En este caso, a pesar de las llamativas declaraciones que hicieron saber de la existencia de este cargo y de este funcionario, la pregunta por los fines de este peculiar organismo público no ha estremecido al "mundo cultural".
"Detectamos que la política no le interesa a nadie" soltó Julián Gallo, el funcionario del caso. La sola utilización del verbo "detectar" sugiere la existencia de una cierta investigación respecto del interés de las personas, o si se prefiere del público. Parece una tarea un poco ajena a los ámbitos en los que luce necesaria la acción del Estado. ¿Para qué se necesita esa acumulación de información? ¿No es esta, más bien, una tarea de las agencias de análisis de la opinión pública que asesoran a empresas y a partidos políticos y los pone en condiciones de conocer al mercado que pretenden conquistar? Está claro que el propósito –no rechazable en sí mismo– es orientar los modos de comunicación del gobierno. Hasta aquí se trataría de una forma interesante de averiguar cuáles son las formas y los contenidos de ejercicio de la obligación del gobierno de informar de su actividad al pueblo. Se pueden hacer múltiples objeciones a esa inocente explicación, a la vista de la activa intervención actual del Estado para averiguar la filiación política, los gustos y opiniones de muchas personas, particularmente la de los trabajadores del Estado. Sin embargo, las palabras recientes del estratega digital colocan la cuestión en otro plano. En efecto, la afirmación del desinterés popular por la política es, en sí misma, un acto político. No es una simple opinión que se pueda prestar a una discusión, porque la sola expresión "a nadie le interesa…" la excluye de antemano. Distintos tipos de investigaciones podrían arrojar resultados estadísticos diversos que nunca habilitarían una generalización como esa: en lugar de "nadie" habría un cierto porcentaje estadístico aproximativo. En esta imaginaria comprobación científica haría falta, eso sí, una operación de definición de su objeto: qué se entiende por "interés en la política". Sería, por ejemplo, muy diferente definirlo como la atracción del sujeto por las noticias que hablan de partidos, bloques parlamentarios o ministros, que hacerlo como el grado en que el sujeto se involucra en la discusión de cómo orientar diferentes aspectos de la convivencia social. Temas como la seguridad ciudadana, la familia, la situación económica, los problemas de género, la organización del fútbol, entre otros que ocupan un lugar indudable en la vida de los ciudadanos, serían excluidos del contenido del interés político en la primera definición, a no ser en la medida en que la política institucional los aborde práctica o declamativamente.
El funcionario que habló del bajo interés de las personas en la política es, claro está, ni más ni menos que un hombre que gana su sueldo organizando la propaganda política del presidente y su gobierno. Si no creemos que el hombre sea un ingenuo que conspira contra su propio empleo, hay que pensar que lo que quiso decir es una cosa distinta de lo que a primera vista se entiende. De lo que habló el hombre, lo que confesó, es un programa de acción psicológico-ideológico orientado a escindir lo más drásticamente que se pueda al mundo de las experiencias individuales y colectivas de todo orden explicativo y de toda actitud crítica. La operación disfrazada de descripción quiere convertir los "temas de la agenda" en retazos un poco caóticos imposibles de ser pensados en términos de una cierta concepción del bien común o del buen vivir. Cualquier sentido general sobre el mundo que vivimos cae bajo la etiqueta de ideología o de relato populista. Esa escisión entre mundo de la vida y política es el alma del neoliberalismo. Porque es lo que sustenta el encubrimiento sistemático y cada vez más violento y manipulador de las relaciones sociales de poder, bajo la forma de modos naturales, no históricos. La meritocracia, tan de moda en estos días, conforma un núcleo duro de la operación ideológica: en última instancia es la histórica apelación de las clases privilegiadas a sus méritos actuales y genealógicos como fundamento de la dominación, eso que Marx llama la "historia teologal" del capitalismo, que explica la existencia de ricos y pobres como resultado de un pecado original –el de los pobres que no trabajan, ni desarrollan su "capital humano"– y de una virtud original –la de los ricos que lo son porque han trabajado, estudiado, innovado y ahorrado–. Esa teología capitalista ha cobrado una intensidad y una violencia notable en su etapa neoliberal, esa es la explicación del ataque a la política que es, en última instancia, la única sede desde la que se puede confrontar con esa naturalización de la injusticia social. A la política hay que erradicarla porque el proyecto político del neoliberalismo no es otra cosa que la resignada conformidad de muchos al poder crecientemente concentrado de pocos o, lo que es lo mismo, el temor reverencial a las respuestas del orden a cualquier proyecto emancipador. Ese no es un rasgo secundario del neoliberalismo sino su corazón.
El programa de la antipolítica en los tiempos que estamos viviendo intenta separar dos planos igualmente políticos que se cruzan en esta etapa del país. Por un lado está la cuestión de la respuesta social a las políticas regresivas del macrismo: el campo de la disputa entre los que quieren colaborar con el macrismo –o por lo menos darle un tiempo de espera– y quienes impulsan la protesta activa y organizada se ha ido inclinando lenta pero sostenidamente a favor de estos últimos. La decisión que deberá tomar el triunvirato dirigente de la CGT sobre el paro general que importantes sectores de su conducción alientan abiertamente en estos días será un caso testigo de la evolución de esta puja, que podrá o no sumarse al proceso que recorren un conjunto de organizaciones sociales que ya se vienen inclinando en la dirección de la protesta. El otro plano es el de la activación de los movimientos político-partidarios en preparación para las elecciones legislativas del próximo año. La antipolítica procura generar entre quienes protestan la desconfianza en la capacidad de la política institucional para hacerse cargo de la agravada situación social. Y, por su parte, buena parte de la política partidaria procura separar la mirada de los alineamientos electorales de los conflictos sociales en desarrollo. El ideal antipolítico neoliberal es el encierro de los conflictos en el plano circunstancial y corporativo desvinculándolos de la cuestión del poder y la reducción de los movimientos electorales a un cálculo de intereses inmediatos de unos y otros grupos apartado de toda discusión de fondo sobre la realidad actual y el futuro del país.
Un factor importante para la ajustada victoria electoral del macrismo el año pasado fue la fatiga, mediáticamente fogoneada, de una parte importante de la población por lo que se logró presentar como una hiperpolitización de la sociedad adjudicada a un modo de gobernar en los años anteriores. Con el atractivo slogan de la reconciliación y la pacificación de los ánimos se logró pavimentar el triunfo de una nueva fórmula publicitaria sustentada sobre vagas promesas de felicidad que tenían como requisito central la despolitización de la sociedad argentina. Es muy importante para quienes rechazan este proyecto la reconstrucción de la historia política argentina. El último jueves asistimos a una experiencia de este tipo alrededor del acto organizado por el espacio radical que se define como parte del campo nacional-popular en conmemoración al centésimo aniversario del triunfo electoral de Hipólito Yrigoyen, cuya oradora central fue Cristina Kirchner. Flotó todo el tiempo en el ambiente discursivo de la reunión la necesidad de evitar que el relato neoliberal consiga su objetivo de borrar de la mente de los argentinos su propia historia como comunidad política, de presentar el actual presente nacional como una automática disolución del pasado político, desde la cual una élite de tecnócratas, gerentes y especialistas en la manipulación y la mentira construyen mágicamente desde la nada histórica un nuevo mundo reconciliado por la magia de la antipolítica. Justamente la historia nos dice cuánto de repetición cíclica tiene este intento. Es el mismo del golpe del 55, de la revolución "argentina" de Onganía, del terrorismo de Estado y de ese último "fin de la historia" que vendió mundialmente el neoliberalismo de los noventa. Una vez más: apena que las voces supuestamente progresistas que condenaban la intervención estatal de los gobiernos anteriores hagan silencio frente a que este proyecto de despolitización y despolitización sea coordinado desde una agencia gubernamental.
LA DISPUTA ENTRE LOS MACRISTAS Y CANO POR EL PLAN
BELGRANO
Socios que andan a los codazos
Cano está a cargo del plan de infraestructura para el norte, pero no le asignaron partidas en el presupuesto y las obras se reparten entre ministros PRO. El hecho molestó al radicalismo, relegado otra vez al rol de aliado menor.
Cano no fue respaldado por la Casa Rosada en su pelea con Urtubey.
Por Werner Pertot
La presentación del proyecto de Presupuesto 2017 dejó expuesto lo que se rumoreaba: no hay una partida abultada para el Plan Belgrano, que sea manejada por el radical José Cano. Las obras se reparten entre distintos ministerios y al aliado macrista le queda la tarea del seguimiento. La distribución de recursos y de cargos vuelve a poner a la UCR en el rol de aliado menor. En el entorno de Cano niegan que haya malestar, ni internas con los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich, y del Interior, Rogelio Frigerio. Tras una pelea con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que no fue muy bienvenida en el oficialismo, Cano advirtió que no va a renunciar. De todas formas, podría dejar el cargo en 2017 para ser candidato en Tucumán. En el macrismo ni siquiera está seguro de que ocupará ese lugar. Hay quienes piensan en ponerlo a competir con el peronista Domingo Amaya, su ex compañero de fórmula y actual secretario de Vivienda.
El Plan Belgrano surgió como una de las promesas de campaña del presidente Mauricio Macri, luego de que los números le fueran adversos en el noroeste del país. Concretamente, el plan consisten en una inversión para subsanar inequidades en el NEA y NOA. El programa abarca las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero. La promesa inicial fue invertir 16.300 millones de dólares en infraestructura (rutas, vías, aeropuertos) en cuatro años y 50 mil millones de pesos en un fondo de reparación histórica de la región.
Esto hacía parecer que Cano iba a manejar un presupuesto fastuoso. Sin embargo, las obras recién serían presupuestadas en 2017, según aseguraron en el Gobierno a comienzos de este año. Con la aparición del detalle del presupuesto del año próximo, la realidad chocó con la promesa: no había una partida que reuniera esas obras bajo el ala de Cano. Estaban repartidas –se argumentó– en distintos ministerios. Sólo aparecían 86 millones del Plan Belgrano dentro de las partidas de jefatura de Gabinete.
Enojos y desmentidas
Tras la difusión de los datos, circuló la versión de que Cano estaba enojado por la poca participación que tenía en las inauguraciones. El malestar era, supuestamente, con Frigerio y Dietrich, que presentaban las obras junto a los gobernadores locales. La versión incluía una serie de actos en los que Dietrich le ganó de mano: en la reanudación de las obras del Belgrano Cargas, con tren troncal para el noroeste argentino y en el lanzamiento de un plan de conectividad en Chaco.
Desde el entorno de Cano hicieron lo posible por ahuyentar los rumores de internas. "No hay internas con Dietrich ni con Frigerio. No sabemos de dónde sale eso", insistieron. "La relación con Dietrich es inmejorable. Han viajado a hacer anuncios juntos. Lo mismo con Rogelio. Puede haber distintas miradas sobre diferentes temas. No quiere decir que haya internas", aseguraron.
Si bien no lo califican como una interna, en el macrismo ubican el malestar de Cano entre los reclamos habituales de los radicales. "Hace nueve meses que los radicales nos discuten cargos", dicen en la Rosada, con cierto fastidio. Sobre Cano, pesa un reproche puertas adentro que se puede resumir en la frase que un funcionario utilizó para describirlo: "Quiere estar en la foto, pero le escapa a la gestión."
Para despejar las dudas, en su visita al Congreso la semana pasada Frigerio se comprometió a presentar un anexo con la planilla de todos los recursos destinados al Plan Belgrano.
"En el Presupuesto 2017, más del 40 por ciento de la obra pública sobre hábitat y vivienda está destinada a las provincias del Plan Belgrano", aseguró. Defendió haber desguasado el Ministerio de Planificación y destacó que la tarea de Cano es hacer el "seguimiento de la obra pública".
Interna tucumana
"Puede ser que quiera más presupuesto y más cargos. Tendría que estar más recorriendo las obras", indican. En el entorno de Cano sostienen que el dirigente no tiene intención de licitar las obras ni manejar una mayor estructura. "El nunca quiso manejar los presupuesto de las obras. Uno a lo mejor siempre quiere tener más estructura para estar más suelto, pero es lo que se puede tener", sostuvieron. Y advierten que la relación con Macri es inmejorable: va todas las semanas a Olivos a jugar los picaditos de los funcionarios.
En la Rosada, indican que el Cano quiere candidatearse en Tucumán, adonde compitió por la gobernación y terminó denunciando fraude. "Su problema es que no tiene ordenada la tropa propia", advierten. Para sumar pesares, parte del PRO piensa en acompañar al peronista Amaya para que le dispute en internas a Cano. En el entorno del titular del Plan Belgrano no niegan sus aspiraciones electorales: "Si le piden, va. Hace una semana, ganó las internas con el 70 por ciento. Si hay un candidato que puede ser, es él", destacan.
Los Idus de Urtubey
Lo que claramente no cayó bien en la Rosada fue la pelea pública con Urtubey, a quien los negociadores parlamentarios del PRO consideran "un aliado estratégico". "Nadie lo acompañó en esa discusión. Se quedó solo", interpretan en Balcarce 50. Todo comenzó cuando Cano dijo que Urtubey "gobierna mal hace más de nueve años Salta". Le siguió una escalada de réplicas de sectores a los que el oficialismo cuenta entre los dialoguistas. "No entendemos por qué el Plan Belgrano no tiene imputación propia en el Presupuesto. Hasta ahora es una simple planilla de Excel", sostuvo el diputado salteño Pablo Kosiner. Luego fue más allá: "Cano no debería seguir al frente del Plan Belgrano. Se tiene que dedicar a hablar menos y trabajar más para que se lleven a cabo las obras. Hasta ahora en Salta no iniciaron una sola obra del Gobierno nacional". Cano, por supuesto, negó que vaya a renunciar. "Hubiera sido bueno que tenga la misma vehemencia con De Vido o con López, y muchas más obras estarían hechas", le retrucó Cano.
Por su parte, el diputado justicialista Diego Bossio se refirió a la "ineficiencia absoluta de quienes están a cargo del programa". La frutilla del postre fue la respuesta de Urtubey, quien lo acusó de tener "actitudes patoteriles". "Me veo en la obligación de responder a las declaraciones de Cano. Es lamentable su falta de información, pero no me sorprende ya que la ha demostrado en la planificación del Plan". "El Plan Belgrano no es un premio de los ricos a los pobres, es una obligación del Estado nacional respecto a las provincias postergadas. Existe un enorme problema de impericia para su ejecución. No se trata de demoras, se trata de errores importantes", remarcó. "De un hombre como Cano, que no respeta la opinión del pueblo salteño expresada en tres elecciones consecutivas, nada se puede esperar respecto a su trabajo por ese mismo pueblo", destacó.
En el oficialismo optaron por dejar enfriar la polémica. Hay quien dice que no hizo falta que Macri le llamara la atención por la disputa. En la fila, estaba antes el gobernador radical Gerardo Morales.
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