viernes 07 de octubre de 2016
ORGANIZACIONES SOCIALES Y DE DD.HH. RESPALDARON A LOS
JÓVENES APREMIADOS POR PREFECTOS EN LA VILLA 21 DE
BARRACAS
Cuando la tortura cuenta con un paraguas oficial
En un acto en el mismo lugar de las torturas hubo repudios a la violencia institucional y advertencias por las políticas oficiales.
El centro del acto estuvieron Iván y Ezequiel, los dos jóvenes de
La Garganta Poderosa torturados por miembros de la Prefectura.
Ezequiel e Iván son los dos jóvenes de la Villa 21, integrantes de la revista La Garganta Poderosa, que hace diez días denunciaron a más de diez prefectos por someterlos a torturas en la garita que tiene esa fuerza en Osvaldo Cruz e Iguazú, Barracas. Ayer, ambos volvieron al lugar, aunque esta vez acompañados por curas villeros, una multitud de vecinos de la villa Zavaleta y decenas de organizaciones sociales y de Derechos Humanos. Todos confluyeron en un acto que repudió el accionar de las fuerzas de seguridad, exigió el cese de la represión en los barrios populares y rechazó las torturas y la violencia institucional. "Es la primera vez en muchas décadas que desde la cúspide del poder baja un discurso de aval a la represión", advirtió el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, presente junto a Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y otros referentes de DD.HH. Horas antes del acto –y 12 días después del episodio–, la Prefectura había informado la baja a seis de los siete efectivos presos por el hecho.
"Antes que nada quería agradecer a toda la gente que me dio el apoyo y que se juntó acá", dijo Iván (18) y desató los aplausos y las muestras más cálidas de solidaridad. Junto a él estaba Ezequiel (15), la otra víctima. Iván mencionó a los maestros y compañeros de colegio que lo apoyaron. Y resaltó las muestras de familiares de chicos desaparecidos que "les paso lo que a mí, y no la pudieron contar". Luego contó la nueva persecución y amenaza que sufrió esta semana después de relatar las torturas en un programa de televisión. Terminó con la voz quebrada, consolado por su madre.
El escenario estaba montado a solo unos metros de la garita de Prefectura donde fueron torturados Ezequiel e Iván. Las banderas de La Poderosa tapaban la vista de lo que, tal vez, tenía que ser expuesto. La calle frente al escenario se fue llenando de agrupaciones sociales y vecinales, algunos bombos y muchos carteles.
Entre las adhesiones, una que resaltó y que incluyó la transmisión de un audio fue la del Indio Solari (ver aparte). Después, una interminable lista entre las que estaban ATE, Colina, Pelota de Trapo, Frente Telefónico Foetra, Agrupación Pingüinos, Barrios de Pie, La Cámpora, Cetep, Corriente Clasista y Combativa, Mugica Vive, Unidos y Organizados, Movimiento Campesino Indígena, Aníbal Verón y seguían las firmas.
Mezcladas entre la multitud estaban, ahora, como tantas otras veces, las madres de víctimas de la violencia institucional: Rosa Bru, la mamá de Miguel Bru; Dolores Sigampa, la de Ezequiel Demonty, y Gumersinda Giménez, la de Judith Giménez, entre otras. También dieron el presente Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, y Pablo Pimentel, de la APDH de La Matanza.
Pasadas las cuatro y media de la tarde, los curas villeros oficiaron una misa en el lugar (ver aparte). Luego, Nacho Levy, de LGP abrió la mesa y cargó contra el comunicado de Prefectura. "Es una burla, qué casualidad que lo emiten hoy (por ayer), dicen que ellos dieron de baja a estos prefectos que están enjaulados en Marcos Paz, pero quienes los dieron de baja fueron los gritos de todos ustedes", arengó y resaltó que "fueron los huevos de Iván y de Ezequiel los que dieron la baja a esos prefectos, la lucha y la organización popular".
El miembro de la revista que visibiliza la situación de las villas en la ciudad puso en evidencia que "a diez días de las denuncias ni la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ni el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, se pronunciaron. No dijeron una sola palabra". Y contó que los vecinos de la Zavaleta se tuvieron que organizar, a través de una comisión que trabaja en contacto con los organismos de derechos humanos, para "cuidarnos de quienes vienen a cuidarnos". "Para que no haya allanamientos sin órdenes judiciales, para que no decomisen la droga y no la registren, para que no armen causas. Todo eso lo regula la comisión de vecinos, y necesita de sustentabilidad. Queremos que esta lucha se transforme en un proyecto legislativo para combatir la violencia institucional y nos permita frenar, por ejemplo, la barrabasada de la ministra Bullrich de crear una nueva oficina del Ministerio de Seguridad que controlará a las fuerzas federales. ¿Y quién las controlará? Los mismos que las vienen patrocinando", aseguró.
Finalmente, remarcó que "necesitamos más participación, la posibilidad de asomar la cabeza. Hay panelistas rubios y morochos, altos y bajos, flacos y gordos, pero panelistas pobres no hay. Y se tiene que empezar a escuchar la voz de los vecinos que hicieron de estos barrios la dignidad".
Luego, Verbitsky aclaró de entrada que "el comunicado de Prefectura es una expresión que no significa nada, es como decir que les tiramos de las orejas. No existe dar de baja, hay otras sanciones, que van desde el apercibimiento a la exoneración luego de un sumario y una investigación interna. Y no han hecho nada". Subrayó que "el Ministerio de Seguridad no da la cara para informar, es la Prefectura la que informa" y argumentó que "no hay mejor demostración de la absoluta falta de control del Gobierno nacional, que les suelta las riendas para que hagan lo que ellos quieran y los respaldan hagan lo que hagan". "Es una vergüenza que el Ministerio no haya dicho una palabra –sostuvo–, pero es coherente con ese Ministerio que inició su gestión con un protocolo de la protesta social que no pudieron aplicar, porque fue rechazado masivamente en todo el país". Si bien recordó que "esto no comenzó ahora" y para ejemplos estaban los casos de Bru, Demonty y Arruga, entre otros, resaltó que "en los últimos diez meses esta política de estigmatización de los jóvenes de los barrios pobres, de hostigamiento, de verdugueo, torturas y humillación ha sido redoblada porque es la primera vez en muchas décadas que desde la cúspide del poder baja un discurso de aval a esta represión".
A su turno, Nora Cortiñas agradeció "poder compartir este momento con Iván y Ezequiel, que nos devuelven el valor que tuvieron nuestros hijos e hijas. En la dictadura nos preguntábamos por qué habían secuestrado a nuestros hijos: fue porque eran luchadores populares como estos jóvenes de La Poderosa. Durante 40 años, las madres salimos a la calle y ahora debemos seguir peleando como nos enseñan estos chicos".
El público aplaudió, una vez más. En toda la zona, en la propia garita de las torturas, ayer los prefectos desaparecieron. Quienes estaban a cargo de la seguridad del acto fueron los docentes. "Porque en esta seguridad creemos, en la de los guardapolvos blancos", dijo desde el palco uno de los organizadores.
Una misa frente a la villa
"Esta es una injusticia que hay que acompañar", dijo el diácono Ricardo, de la diócesis de Quilmes, del movimiento de Curas en opción por los pobres, antes de comenzar la misa que organizaron para acompañar a La Poderosa. A las cuatro y media de la tarde, el diácono, el padre Toto y el padre Charly, ambos de la Villa 21, el padre Adrián del barrio Ramón Carrillo, y el obispo auxiliar de la Vicaría-centro, José María Baliña, dieron comienzo al oficio religioso.
"Hablamos con el cardenal Poli y nos pusimos de acuerdo para que Baliña nos pudiera acompañar en esta misa en la cual repudiamos la brutal golpiza que sufrieron dos vecinos jóvenes de nuestro barrios, acompañada de lesiones torturas y amenazas", dijo el padre Toto.
Con su prédica, el padre Toto llamó "a la unión de todos más allá de sus creencias" y aclaró que "sabemos que no son hechos aislados, sabemos que forman parte de varios abusos de las fuerza de seguridad que debieran cuidar a la gente del barrio y, en lugar de eso, la castigó. Sobre todo en un barrio donde ya la realidad los castigó, los torturó, los lesionó, los amenazó".
DIPUTADOS DEL FpV PRESENTARON UN PROYECTO DE LEY PARA
IMPEDIR LA CEOCRACIA
Freno a los CEO en defensa del interés público
Legisladores de la oposición impulsan una iniciativa para reimplantar las regulaciones que existían antes del menemismo, las cuales evitaban la puerta giratoria de ejecutivos de empresas que entraban y salían del Estado.
Francisco Cabrera, Mauricio Macri y Mario Quintana, Presidente y ministros dentro de un gobierno de empresarios.
Frente a la avanzada de los grupos económicos en la incorporación de altos directivos como funcionarios en distintos estratos del gobierno, diputados del bloque FpV-PJ impulsan un proyecto de ley para limitar el acceso de CEOs a la administración pública. Un grupo de legisladores encabezado por el mendocino Guillermo Carmona elevó una propuesta para modificar la ley 25.188 de Etica en el Ejercicio de la Función Pública, con el objetivo de regular situaciones en las que hubiese presunción de conflicto de intereses e incompatibilidades para la asunción, permanencia y egreso. La iniciativa estipula que todo funcionario con rango de jefe de Gabinete, ministro, secretario o subsecretario que se haya desempeñado previamente en la dirección o gestión privada o tenga participación accionaria en empresas relacionadas con sus nuevas funciones deberá esperar al menos tres años para la posesión del cargo. Para funcionarios de menor rango el plazo propuesto es de dos años. La prohibición alcanzará al cónyuge, conviviente y familiares. Además se definen criterios para un funcionario que vuelve a la actividad privada en la misma actividad en la que se desempeñó en la esfera pública. En este caso, también deberán aguardar tres años para ingresar a una empresa.
En esencia, el proyecto de Carmona, que acompañan once diputados del mismo bloque, es volver a establecer las condiciones que existían en la ley 25.188 de Etica previo a las modificaciones que se implementaron en los '90 de la mano del ex ministro de Economía Domingo Cavallo. En esa normativa había criterios claros para el desempeño de todo particular en el ámbito público, sea cual fuere el medio de acceso a dicha función. Sin embargo, a través del decreto 862, en 2001, en pleno gobierno de la Alianza, se modificaron dos artículos que relajaron esas condiciones sobre una ley que ya era bastante flexible. De esta manera, el nuevo marco jurídico redujo el tema del conflicto de interés a la mera incompatibilidad patrimonial o de cargos. Se minimizan los intereses del funcionario por superposición de cargos o participación accionaria, lo cual fue aprovechado por los CEO-funcionarios del macrismo que ocupan áreas clave. "De encontrarse vigente la ley 25.188 en su redacción original, la mitad del gabinete no hubiese podido asumir", dijo Carmona a Página/12.
La idea que justificó los cambios de Cavallo y la fuerte incorporación de CEOs en el gabinete de Mauricio Macri es una supuesta superioridad de la actividad privada empresarial sobre la tarea estatal. "Lo único que queda en evidencia es que estamos en un gobierno que hace del conflicto de intereses la nueva forma de corrupción", aseguró el diputado. El proyecto forma parte de un paquete que incluye una iniciativa complementaria para crear una comisión bicameral que controle a la Oficina Anticorrupción actualmente dirigida por Laura Alonso, quien de acuerdo a los legisladores se ha mostrado proclive a cubrir y dejar pasar los conflictos de intereses y las incompatibilidades que presenta una gran parte del gabinete de Mauricio Macri.
Además de los plazos previstos para el ingreso a la función pública desde la actividad privada y viceversa –cuando se trate de un mismo sector–, se incluye un artículo que establece que todo funcionario que haya tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios. Tal incompatibilidad se extiende a cónyuges, convivientes o familiares.
Con los cambios propuestos, la declaración jurada patrimonial que se obliga a presentar a los funcionarios públicos será mucho más estricta y deberá incluir participación en empresas offshore, en títulos, acciones y demás valores cotizables o no en bolsa, y en empresas radicadas en el país o el exterior, aun cuando la legislación extranjera prevea el secreto bancario. Además deberá presentarse una declaración jurada que deberá contener todas las actividades profesionales o de gestión, dirección, consultoría, asesoramiento o cualquier otro tipo de participación en empresas u organizaciones de la sociedad civil, remuneradas o no, desarrolladas durante los últimos cuatro años anteriores a la asunción del cargo público.
Pese a que el oficialismo buscará evitar su tratamiento, Carmona sostuvo que se transitará todo el camino legal para cumplir con su tratamiento en comisión. El proyecto ya fue presentado en las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, donde el bloque FpV-PJ cuenta con la cantidad de diputados necesarios para darle trámite a la iniciativa. El autor del proyecto sostuvo que, si no se debate en comisión, se pedirá tratamiento sobre tablas.
Si bien es poco probable que el gobierno dé marcha atrás respecto a la enorme cantidad de CEOs en puestos clave (ver aparte), será importante definir criterios para cuando vuelvan a la función privada. Esos criterios buscarán establecer condiciones de reinserción de quienes hayan sido funcionarios, de "manera de preservar los intereses públicos frente al posible aprovechamiento por parte de actores del sector privado de la información y relaciones que brinda la función pública". También permite evitar la compensación de decisiones adoptadas en favor de determinados grupos de interés mediante la garantía de empleos u otros beneficios por parte de los favorecidos por aquellas decisiones.
EL GABINETE DE MACRI, LLENO DE EJECUTIVOS
Reunión de directorio
Una de las prácticas más habituales de intervención o influencia de los grandes grupos económicos en la Argentina y en América latina consiste en la incorporación masiva de gerentes o CEOs en los gobiernos. El de Mauricio Macri ha hecho gala de esa tendencia y actualmente mantiene una amplia nómina de CEOs (por sus siglas en inglés, Chief Executive Officer) de grandes empresas en puestos claves de la función pública.
Los casos más conocidos y elocuentes, por haber pasado de manera directa de un lado al otro del mostrador, son el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien hasta el año pasado se desempeñó como CEO de Shell en la Argentina y se mantuvo como accionista hasta hace pocas semanas de Shell Internacional. Otro caso es José Luis Sureda, actual secretario de Recursos Hidrocarburíferos, quien fue vicepresidente de Ventas de Gas Natural de Pan American Energy, o David Tezanos, interventor de Enargas y anteriormente presidente de Metrogas. Tezanos, al igual que Aranguren, se justificaron diciendo que no firmarán resoluciones que impacten directamente en las empresas en las que trabajaron. No obstante, sus decisiones generales también pueden derivar en beneficios directos o indirectos para las firmas que comandaron.
Otro caso en el que un empresario pasó a ocupar el rol de regulador de la actividad en la que se desempeñaba es el de Juan Garade, presidente del ENRE y ex director de Planificación, Control y Regulación de Edesur. El secretario de Finanzas, Luis Caputo, es uno de los más llamativos, porque fue presidente del Deutsche Bank Argentina y administró el Fondo de Inversión Axis. El director del Banco Central Horacio Liendo previamente había sido responsable legal del Industrial and Commercial Bank of China al que ahora debe regular desde la autoridad monetaria.
El secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui, fue CEO de la aerolínea chilena LAN desde 2009 y fundador de la desaparecida cadena de supermercados Eki. Actualmente, define la estrategia aerocomercial de Aerolíneas Argentinas, principal competidora de LAN. En Aerolíneas, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, hijo del dueño de una importante concesionaria de autos homónima, designó a la brasileña Isela Constantini, ex CEO de General Motors.
La lista es extensa e incluye a ex gerentes de Shell, Techint, General Motors, HSBC, Telecom, Grupo Clarín, LAN, Banco Galicia, Pan American Energy, JP Morgan, Citibank, Telefónica, Coca-Cola, Deutsche Bank, Farmacity y Axion, entre otras empresas.
AUTORIZAN OTROS DOS SATÉLITES EXTRANJEROS A OPERAR EN EL
PAÍS
Más competencia para Arsat
Como anticipó Página/12, el Gobierno habilitó a la francesa Eutelsat a operar con los satélites Eutelsat 115 WA y Eutelsat 117 WA. Con esos satélites, la compañía apunta a los mercados de datos, video y movilidad.
Con los dos que autorizó ayer, el Gobierno ya les dio luz verde a tres
satélites controlados por Eutelsat.
El Ministerio de Comunicaciones autorizó ayer a la francesa Eutelsat a operar con los satélites Eutelsat 115 WA y Eutelsat 117 WA, tal como había anticipado Página/12 el pasado 12 de septiembre. Estos permisos se suman a los que el gobierno otorgó recientemente a Eutelsat 113 WA y al satélite holandés NSS-806, el cual fue habilitado a migrar de la posición orbital 40,5 a la 47.5 Oeste. Además, recientemente también se le dio luz verde a DirecTV para comercializar banda ancha directa al hogar en banda Ka con Spaceway 2. Con esos satélites, las compañías extranjeras apuntan a los mercados de datos, video y movilidad. Todo este combo de autorizaciones son consecuencia de una fuerte presión que vienen ejerciendo desde el sector privado e incluso desde adentro del propio gobierno para avanzar hacia una política de cielos abiertos satelitales, que pondría en jaque a la estatal Arsat y a gran parte de la industria área espacial que se desarrollo en torno de la empresa.
A partir de los compromisos asumidos por el gobierno de Carlos Menen en la Organización Mundial del Comercio, ratificados por las leyes 24.495 de diciembre de 1994 y 25.000 de julio de 1998, Argentina liberalizó sus servicios de telecomunicaciones en noviembre de 2000. La única excepción fue la provisión de facilidades satelitales ya que en febrero de 1993 el gobierno le había adjudicado a un consorcio extranjero un contrato para la provisión, puesta en servicio y operación del sistema satelital nacional y en el contrato se aclaró expresamente que el Estado argentino no autorizaría a terceros prestadores de satélites extranjeros si no existía un convenio de reciprocidad de tratamiento por parte del Estado al que pertenecía dicho prestador.
La liberalización en parte se produjo porque el gobierno incorporó las condiciones para la firma de acuerdos de reciprocidad en el Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales y luego cerró convenios con Estados Unidos, Canadá, México, España, Brasil y Holanda. De ese modo, el andamiaje jurídico quedó armado en la década del 90 para facilitar el desembarco de los satélites extranjeros, aunque cada vez que un operador extranjero quiere ingresar en el país necesita que el regulador le autorice los derechos de aterrizaje.
Tanto los Eutelsat 115 WA (ex Satmex 7) y Eutelsat 117 WA (ex Satmex 8) autorizados ayer, como el Eutelsat 113 WA (ex Satmex 6) habilitado el viernes 19 de agosto son satélites mayorista que operan en las bandas C y Ku, las mismas en las que brinda servicio el Arsat 2, el cual todavía no tiene vendida toda su capacidad en ambas bandas. Igual aunque esa capacidad terminase de ser vendida, la ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital aprobada en noviembre del año pasado contempla la construcción de nuevos satélites argentinos, situación que evidentemente se complica si la competencia extranjera se incrementa. Otro tema polémico es que Satmex era una empresa mexicana, pero en enero de 2014 pasó a ser controlada íntegramente por la francesa Eutelsat, país con el que no hay convenio de reciprocidad satelital vigente. Igual en enero el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, y el embajador francés Jean-Michel Casa ratificaron la decisión de reforzar y ampliar los vínculos de cooperación entre Argentina y Francia en materia satelital, lo cual se reforzó el mes siguiente cuando el presidente francés François Hollande visitó el país.
CRISTINA KIRCHNER HABLÓ SOBRE QUE ROL ESPERA CUMPLIR EN
EL ESCENARIO POLÍTICO DURANTE UN ACTO CON DIRIGENTES
RADICALES
"Por la construcción de una nueva mayoría"
La ex presidenta cerró un homenaje a Yrigoyen en un microestadio de Atlanta colmado y con gente afuera. Aseguró que no tomará ninguna decisión que perjudique la construcción de un gran frente popular y que no es tiempo para distraerse hablando de candidaturas.
Cristina Kirchner se probó una boina blanca que le obsequiaron Leopoldo Moreau,
Gustavo López, Sergio Palazzo y Leandro Santoro.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cerró anoche un homenaje por el centenario del "primer gobierno popular" de la historia argentina, el que encabezó el radical Hipólito Yrigoyen, con una nueva definición política de cara a las elecciones del año que viene: "El rol de esta ciudadana argentina estará orientado a la construcción de una nueva mayoría popular que le devuelva a los compatriotas un gobierno que respete sus derechos y reinstaure la esperanza", dijo. El acto tuvo lugar en el microestadio de Atlanta, en Villa Crespo, convocado por los dirigentes de extracción radical Leopoldo Moreau, Gustavo López, Sergio Palazzo y Leandro Santoro, quienes trazaron una continuidad histórica entre los postulados de los gobiernos radicales de Irigoyen y Raúl Alfonsín con el primer peronismo, la lucha revolucionaria de los 70 y los doce años de kirchnerismo.
"No voy a tomar una sola decisión que perjudique la construcción de ese frente, que es mi compromiso esencial", definió la ex presidenta para luego citar a Moreau, quien había sostenido en su mensaje que "no es tiempo para distraerse hablando de candidaturas", sino de "representar y defender los derechos de los trabajadores y de todos los sectores agredidos por el ajuste".
La puesta en escena, sin embargo, fue la de un acto de campaña. El microestadio estuvo repleto de militancia y se colocaron dos pantallas gigantes sobre la calle Humboldt para que los autoconvocados, que fueron muchos, pudieran seguir los discursos. En la previa, fueron presentados desde el escenario y recibidos con cantos al estilo "vamos a volver" el ex jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; los intendentes de Ensenada, Mario Secco, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi; el presidente del PJ Capital, Víctor Santa María; los legisladores porteños del FpV encabezados por Carlos Tomada y Paula Penacca, la ex ministra Teresa Parodi; el ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra; el diputado Juan Pereyra, de Forja; la presidenta de Madres, Hebe de Bonafini, y el humorista Dady Brieva.
"Estamos viviendo una nueva restauración conservadora", afirmó Moreau, quien dedicó varias críticas a la oposición "dialoguista" que realiza un sector del peronismo. "Es peligrosa la idea de este oposición favorable que fogonea el Gobierno y en la que algunos caen, porque la derecha siempre generó crisis sociales y las políticas sociales van hacia ese lugar", dijo. "El Gobierno quiere jugar con las blancas y las negras", apuntó para luego disparar contra los dirigentes de la UCR que forman parte del Gobierno. "Así como cooptaron al peronismo en los 90, ahora el poder económico ha cooptado el radicalismo también", dijo.
Luego de repasar los logros de Yrigoyen, como la creación de YPF, la reforma universitaria y la oposición a la invasión norteamericana a Nicaragua, Moreau pidió "sancionar una nueva constitución" que "garantice un nuevo piso de derechos", idea con la que insistió el escritor Mempo Giardinelli durante su discurso.
"Quiero hablarle a los radicales", dijo a su turno el ex candidato a vicejefe de Gobierno, Leandro Santoro. "A los que se quedaron en las puertas de la convención de Gualeguaychú, llorando, les recuerdo que la UCR no nació para oponerse a los peronistas sino a los conservadores", apuntó. "El kirchnerismo es la síntesis histórica de los movimientos populares que inauguró Yrigoyen", siguió y agregó que "la única división política que existe en la argentina es sobre qué intereses se representan, si los de la embajada norteamericana, como lo hacen los radicales de este gobierno, o al conjunto del pueblo, como lo hicieron Yrigoyen, Alfonsín, Perón, Néstor y Cristina".
El titular de Forja, Gustavo López, recordó el llamado de Néstor Kirchner a la Concertación Plural en 2005, cuando una primera fractura de radicales se incorporó al FpV. "Nadie nos preguntó de dónde veníamos, cuál era el color de la bandera que llevábamos, sino cuáles eran las políticas que iban a sacar al país del pozo. En eso hubo una coincidencia histórica", remarcó. López, Moreau y Santoro lanzaron en octubre pasado la confluencia entre los tres espacios representados: el Movimiento Nacional Alfonsinista, La Concertación-Forja y la pata juvenil Los Irrompibles. Los discursos de ayer estuvieron enfocados en la pertenencia identitaria al radicalismo, pero enmarcaron esa tradición política dentro de lo que llamaron "gobiernos populares, democráticos y latinoamericanistas". La militancia presente, de hecho, cantó la marcha peronista y estribillos de La Cámpora como el que sostiene "con la jefa los soldados de Perón".
"Yrigoyen fue el primer movimentista, porque generó una síntesis de todos los movimientos policlasistas presentes en ese momento en el país", caracterizó el titular de la Bancaria, Sergio Palazzo. "Por eso nosotros planteamos que la salida es nacional, popular y democrática, con los trabajadores al frente. Porque la única forma de garantizar que un Gobierno esté de nuestro lado es un movimiento obrero integrado a la construcción política, no sólo desde lo gremial", afirmó. El pasaje fue resaltado por la ex presidenta, quien elogió al sindicalista "por entender que no sólo hay que pelear por el salario sino también por todo lo que pasa en un país".
CFK subió al escenario pasadas las 19. Lo recorrió de un extremo a otro, improvisando pasos de baile, para saludar a la militancia, que deliró cuando les dedicó el clásico saludo de Alfonsín con las dos manos. Desde allí agradeció "a los radicales, peronistas y socialistas, en fin, a todas y a todos los presentes" y recordó su reciente paso por la Asamblea Nacional de Ecuador. El miércoles próximo recibirá el premio Honoris Causa de dos universidades de Quilmes y Avellaneda, tras lo cual viajará al sur para luego retomar su agenda en Buenos Aires.
Informe: Matías Ferrari.
LA INTENDENTA DE LA MATANZA FUE ELECTA EN LA FEDERACIÓN DE
MUNICIPIOS
Magario se quedó con la FAM
En el encuentro no participaron los jefes comunales de Cambiemos ni del massismo, desde donde cuestionaron la elección. Magario, que reemplazará en el cargo a Julio Pereyra, convocó al resto de los intendentes a "trabajar en políticas de Estado".
En el centro, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, luego del
respaldo de sus pares.
La Federación Argentina de Municipios (FAM) quedó en manos de la intendenta peronista de La Matanza, Verónica Magario. "La FAM los convoca a todos los intendentes de todos los partidos políticos a trabajar acá en función de las políticas de Estado que hay que concretar en función del bienestar de la Argentina", señaló la flamante titular de la federación en un llamado a los intendentes que no participaron del encuentro como los representantes de Cambiemos, los del Frente Renovador y los que responden al delasotismo cordobés. Magario recibió un fuerte respaldo partidario frente a los intentos del macrismo y de sus aliados por dividir su distrito.
"En Tecnópolis hubo una gran foto, pero no se habló de soluciones. Nosotros queremos trabajar, queremos que haya soluciones de conjunto", aseguró Magario apenas fue electa por los cientos de intendentes de distintas provincias que la eligieron para que presida la FAM junto al jefe comunal de Villa Mercedes, San Luis, Mario Merlo. La referencia iba hacia la reunión con el presidente Mauricio Macri la semana pasada en la que alrededor de mil intendentes de todo el país asistieron para escucharlo. "Esta es una federación con muchos peronistas, pero abierto a todos los espadcios políticos y sus intendentes para discutir las políticas y llevar adelante el municipalismo", agregó la dirigente que conduce el municipio más grande del país.
La FAM era un espacio codiciado por Cambiemos que, con la gobernadora María Eugenia Vidal a la cabeza, intentan reducir el poder territorial del peronismo bonaerense y uno de los objetivos era arrebatarle la federación que fue conducida durante el kirchnerismo por el intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra. La arremetida macrista tiene como objetivo a Magario, quien no reniega del kirchnerismo como sí lo hicieron otros dirigentes justicialistas como los integrantes del Grupo Esmeralda que encabezan Martín Insaurralde de Lomas de Zamora y Gabriel Katopodis. Los Esmeralda no participaron del acto, pero confiaron a Página/12 que apoyaban a la intendenta de La Matanza al frente de la FAM.
Los radicales y macristas de Cambiemos y del Frente Renovador no participaron, siempre en la misma intención de bajarle representatividad al acto. El intendente de Salta capital y ex compañero de fórmula de Sergio Massa, Gustavo Sáenz, había anticipado la renuncia a su candidatura en un comunicado en el que aseguró que "la FAM debe ser una institución que le sirva a todos los intendentes y no a un espacio de un partido político", y agregó que "lo que se necesita es un espacio de trabajo que supere intereses electorales y divisiones mezquinas, no es uno contra otros, es todos juntos". Por su parte el subsecretario de Gestión Municipal del Ministerio del Interior, Lucas Delfino, cuestionó la designación de Magario y descalificó a la entidad al señalar que "quedó reducida a los intendentes kirchneristas". El funcionario de la cartera que conduce Rogelio Frigerio apuntó que "en vez de institucionalizar la FAM a favor de los dos mil municipios de la Argentina, institucionalizaron la FAM kirchnerista que mantienen desde hace años", y agregó que la entidad debía volver "a ser una herramienta al servicio de los barones del Conurbano".
Magario resaltó el respaldo recibido de parte de sus pares y señaló: "Asumo una gran responsabilidad, pero necesito construirla con cada uno. Si la FAM sirve para que todos podamos trabajar juntos en los tiempos difíciles de la Argentina, habremos tomado el camino correcto", poniendo sobre la mesa la crisis económica y social producto de las políticas del macrismo y sus aliados desde que llegaron al gobierno en diciembre. "La FAM los convoca a todos los intendentes de todos los partidos políticos a trabajar acá en función de las políticas de Estado que hay que concretar en función del bienestar de la Argentina", aseguró luego afianzando sus dichos.
Expulsaron a los atacantes de La Boca
El Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires expulsó ayer a los acusados de atacar a otros dos afiliados a ese partido, Fernando Abal Medina y Matías Scinica, el pasado 4 de mayo durante una asamblea de vecinos de la Comuna 4 cuando se debatía la cesión de los terrenos de Casa Amarilla al club Boca Juniors. Así lo decidió ayer el Tribunal de Etica y Disciplina del PJ porteño, según informó el senador del PJ-FpV Juan Manuel Abal Medina, hermano de uno de los agredidos, en un comunicado en el que indicó que los agresores, padre e hijo de apellido Corzo, fueron expulsados por considerar que su accionar "redunda en el desprestigio para el Partido Justicialista como para la política toda".
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